Más de 60 presos políticos habría en El Progreso
Por: Sandra Rodríguez
El Progreso, Yoro.- Más de 60 personas en El Progreso, Yoro, fueron judicializadas en el marco de protestas post fraude electoral del 2017, aunque la mayoría de los casos no salieron a luz pública, la criminalización fue documentada por defensores de derechos humanos de la ciudad ubicada al norte del país.
El Progreso, Yoro.- Más de 60 personas en El Progreso, Yoro, fueron judicializadas en el marco de protestas post fraude electoral del 2017, aunque la mayoría de los casos no salieron a luz pública, la criminalización fue documentada por defensores de derechos humanos de la ciudad ubicada al norte del país.
Las procuradoras del Área de Acceso a la
Justicia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en
Honduras (COFADEH), Karol Cárdenas y Dora Oliva, acompañadas del abogado
y defensor de derechos humanos, Merlin Bonilla, tuvieron acceso a
algunos de los expedientes de presos políticos, que en su mayoría gozan
medidas sustitutivas a la prisión, y dos permanecen privados de
libertad.
También se tuvo acceso al libro de
entradas correspondiente al año 2017 del Juzgado de Letras de lo Penal
de El Progreso, en el que se corroboró la existencia de números
expedientes en los cuales se inició procesos penales contra quienes se
manifestaron contra el fraude y régimen de JOH.
El monitoreo se realizó el martes 25,
previo a la Audiencia otorgada por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), sobre faltas al debido proceso en casos de
presos políticos en Honduras, a realizarse el 03 de octubre en el Salón
“Wittemyer Courtroom”, University al Colorado Law School, de 9:00 a
10:00 de la mañana, en Colorado, EEUU.
La la audiencia “Situación de personas
criminalizadas y privadas de la libertad en el contexto de conflicto
postelectoral en Honduras” fue concedida ante la petición de Amnistía
Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional
(CEJIL), el Comité Nacional por la Liberación de los Presos Políticos y
la Coalición contra la Impunidad.
La crisis post electoral dejó en
Honduras a 22 presos políticos, pero el 30 de agosto Día Nacional del
Detenido Desaparecido, la cifra aumentó luego que un juez enviara a
prisión a 12 ciudadanos acusados de incendiar el Palacio Municipal de
Las Vegas, Santa Bárbara, supuestamente durante las protestas que se
dieron post fraude que mantiene en el poder a Juan Orlando Hernández.
Estas personas fueron enviadas a la cárcel de máxima seguridad conocida
como El Pozo, sumando así 17 privadas de libertad.
Ya que permanecen recluidos Edwin Robelo
Espinal y Raúl Eduardo Álvarez, en la cárcel de máxima seguridad
situada en La Tolva, Morocelí, El Paraíso; Gustavo Adolfo Cáceres y José
Gabriel Godínez privados de libertad en El Centro Penal de El Progreso,
Yoro; y Edy Gonzalo Valle recluido en El Pozo, ahora son 13 presos
políticos recluidos en Ilama.
El defensor Merlin Bonilla, detalló a
defensoresenlinea.com, que en la ciudad de El Progreso es donde más
criminalizados hubo por oponerse al fraude al electoral, al menos 65
personas estuvieron en prisión y por diferentes razones Gustavo Adolfo
Cáceres y José Gabriel Godínez no siguen tras las rejas.
Las abogadas del COFADEH y el abogado Bonilla en la revisión de expedientes
Cabe señalar que a ninguno se le imputan
delitos políticos, sino que se les tipifica en otro tipo, de ese modo
el régimen puede negar la existencia de ellos en la cárcel de esa
ciudad. Hay un expediente que contiene a 25 personas acusadas de
incendiar la municipalidad, y el alcalde Alexander López Orellana, del
Partido Liberal, ha manifestado que él no va a conciliar.
Bonilla representa a Jonhy Salgado, uno
de los primero presos políticos en obtener libertad bajo medidas
contrarias a la prisión, es un caso emblemático, afirmó, ya que está
inmerso en dos procesos judiciales, uno en su cintra donde lo tachan de
portación ilegal de armas y uso indebido de indumentaria
militar/policial; y otro caso en que se logró acusar a los policías que
lo sacaron de su vivienda violando sus derechos humanos para arrestarlo,
ambos son con la finalidad de buscar justicia.
El Progreso es una de las ciudades que
constantemente realiza acciones de resistencia contra la dictadura
histórica en Honduras. Del Golpe de Estado del 2009 a la fecha, los y
las progreseñas realizan protestas por la situación de país, y con ello
hay imposiciones gubernamentales para retenerlos hasta con la
instalación de casetas de cobro de peaje que los dejaría incomunicados a
menos que paguen un coste económico para circular hacia San Pedro Sula,
Comayagua y posiblemente la ciudad de Tela, Atlántida.
Es este lugar vive el dictador Roberto
Micheletti Bahin, presidente de facto tras el golpe contra Manuel
Zelaya, eso no impide que la población continúe en las calles exigiendo
el respeto a los derechos humanos, detalló Bonilla, quien es padre de un
joven víctima de ejecución extrajudicial en el año 2011.
Dato: Los
jóvenes Nahúm Murillo, Neptaly Galeano y Narzy Bonilla, fueron
ejecutados de varios balazos el uno de febrero del 2011 en el balneario
Los Encuentros, Agua Blanca Sur, El Progreso, Yoro. Los policías
señalados en el triple crimen son: Santos Fidencio Pérez Corea, Mario
Alexis Corea Hernández y Glendi Georgina Rosales Martínez, quienes
estaban asignados para ese entonces a la posta policial de dicha
comunidad.
Los tres jóvenes salieron el martes 1 de
febrero del 2011, en horas de mañana con la intención de trasladarse a
un balneario ubicado en la parte alta de la comunidad. Horas más tarde
fueron encontrados asesinados. Cerca de los cadáveres se encontró un
casquillo de fusil y uno posiblemente de arma calibre 22.
Además,
se encontró a la par de los pies del cadáver de Narcy un radio de
comunicación, este aparato fue decomisado por el Sargento Rosales, Jefa
de la Policía de Agua Blanca, declaró en su momento Bonilla.
Posteriormente, se encontraron más
evidencias que implican como ejecutores del crimen a la y los policías
Glendi Georgina Rosales, Santos Fidencio Pérez Corea y Mario Alexis
Hernández Corea, mientras que a un policía de apellido “Ponce” en el
transcurso del juicio, no se logró identificar como implicado, denunció
Merlín Bonilla.
Don Merlin, como es llamado en el
COFADEH, y a quien se le ha acompañado en la búsqueda de justicia,
lamenta que en dicha ciudad exista impunidad y se criminalice -en este
caso- a quienes se oponen al régimen hondureño, y que haya personas
presas políticas por su forma de pensar.
Corte de Apelaciones niega derecho de transmisión en vivo del juicio contra asesinos de Berta Cáceres
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-
“Inadmisible”, declaran el recurso de amparo interpuesto por la
acusación privada que representa al copinh y la familia de Berta
Cáceres, dicho recurso consiste en la solicitud para transmitir en
tiempo real las audiencias que se desarrollen durante el primer juicio
contra 8 de los imputados en el crimen, esta notificación fue dada a
conocer a los abogados el día de ayer 28 de septiembre.
Es
condenable que la justicia de nuestro país no quiera que se conozca la
verdad de lo que ocurrió con nuestra compañera Berta y que pese a ser
este uno de los casos más relevantes a nivel nacional e incluso
internacional, dice el Consejo de Organcizaciones Populares e Indigenas
(COPINH).
Agrega
que, es de vital importancia que la población en general pueda seguir
de cerca lo que suceda en este primer juicio, la corte de apelaciones de
lo penal nos niega este derecho aduciendo entre otros considerandos que
lo hacen como medida de seguridad, pero lo que quieren asegurar es que
las ilegalidades que realicen no salgan al público.
Cualquier
argumento que este tribunal intente plantear es violatorio de los
derechos a la verdad. La transmisión en vivo es la posibilidad de que el
pueblo en general entienda lo que sucedió en este crimen para que no
vuelva a suceder, el grito de #JusticiaParaBerta ha resonado en todo el
mundo, por esta razón el tribunal debe garantizar la publicidad de las
audiencias, señala la organizacióm creada por Berta Cáceres.
Las
experiencias de transmisión de los juicios contra militares
guatemaltecos durante el mandato de Ríos Montt por genocidio contra el
pueblo Ixil ha sido el ejercicio de reparación y de acceso a la verdad,
algo que se intenta entorpecer por este tribunal y por esta corte de
apelación.
¿Qué
esconde el Tribunal al limitar la publicidad del juicio? Esta debe ser
la oportunidad para que esta institucionalidad pueda limpiar la imagen
impune que han dejado ver a toda la sociedad y por la que constantemente
son cuestionados.
Nota relacionada Suspenden juicio de asesinato de Berta Cáceres por violaciones al debido proceso
Para
el COPINH la transmisión en tiempo real de las audiencias significa que
el pueblo Lenca pueda ser parte del proceso, mismo que ha estado lleno
de practicas racistas y clasistas en todo su desarrollo, queremos
conocer cada uno de los detalles que implicó el plan que pretendía
acabar con la lucha por la defensa del río Gualcarque, concretada con el
asesinato de la coordinadora general Berta Cáceres.
Exigen
se realice un verdadero juicio público en el que podamos ver cada una
de las posiciones del tribunal y las partes implicadas, el pueblo
hondureño merece ser parte conocer la verdad del asesinato de Berta
Cáceres.
Justicia para Berta Cáceres es justicia feminista y territorial
Han
pasado 30 meses del asesinato de Berta Cáceres; dos años de escuchar el
grito incansable de justicia y verla presente en cada una de las luchas
territoriales contra el extractivismo y despojo.
Berta Cáceres no solamente peleaba por
los pajaritos o por los árboles, Berta Cáceres era una mujer feminista y
luchaba contra el patriarcado y el sistema capitalista, recuerda Miriam
Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras
–OFRANEH-, luego de dirigir una ceremonia garífuna frente a la Corte
Suprema de Justicia en Tegucigalpa.
Frente al palacio judicial también
estaban mujeres lencas, pech, tolupanes y feministas; todas se
encontraron para unir sus fuerzas y voz de justicia en una vigilia,
horas antes de iniciar la primera audiencia del juicio oral y público
contra 8 de los 9 imputados por el asesinato de Berta Cáceres.
“Este es un sistema que no funciona,
machista y sumamente racista, pero nosotras creemos que es importante
seguir luchando para visibilizar la falta de aplicación de justicia”,
afirma Miriam, recordando su caminar junto a Berta Cáceres por las
comunidades en resistencia y lucha por la emancipación de las mujeres.
Justicia Territorial
Mientras se continúa en la exigencia de
justicia en los tribunales, los que deberán llegar hasta los autores
intelectuales del asesinato de Berta Cáceres, las mujeres y feministas
tienen que organizarse para demandar que se cancele la concesión a la
Empresa Desarrollos Energéticos S.A –DESA-, indica Yessica Trinidad de
la Red Nacional de Defensoras.
“Porque hasta que no cierren esa
concesión no vamos a tener justicia en éste país”, reitera Trinidad,
comentando que justicia para Berta Cáceres es justicia feminista y
territorial.
“Llegamos –al juicio-con mucha rabia,
con mucha rebeldía a hacer presente esa Berta que nosotras conocimos, a
la Berta que siempre tenía un sonrisa y que ponía toda su fuerza, su
alma en la lucha”, agrega.
Jueces acusados
El juicio oral y público contra 8 de los
9 imputados por asesinar a Berta Cáceres se programó para dar inicio el
17 de septiembre, sin embargo, luego de conocer una denuncia y
recusación contra la Sala Primera, el Tribunal de Sentencia determinó
suspender la primera audiencia.
Antes de conocerse la determinación, en
la Sala I esperaban los 8 imputados, siete de ellos vestidos con
camisetas blancas, mientras que el ex gerente de la Empresa DESA, Sergio
Ramón Rodríguez, portaba una camisa de vestir a cuadros y estaba
rodeado de tres abogados, a quienes se les considera de los penalistas
contratados por clase política hondureña: Juan Carlos Sánchez, Jair
López y Celeste Cerrato.
“Nosotros hemos dialogado con miembros
del COPINH, de la familia, este es un momento difícil, saber que ahí
están parte de las personas que ya conocíamos allá en Río Blanco, que
vimos como la amenazaron, ver parte de los sicarios”, expresaba Berta
Zúniga, tras ver que los 8 acusados bajaron de un camión del Instituto
Nacional Penitenciario, antes de entrar a la sala de juicios.
El abogado Víctor Fernández,
representante legal del COPINH y la familia Cáceres, explica que la
denuncia fue presentada por abuso de autoridad y violación a los deberes
de los funcionarios: “encontramos una serie de comportamientos dentro
del Tribual de Sentencias que son contrarias a derechos, una de ellas es
que estamos entrando a la etapa de juicio oral y público sin tener
acceso a la investigación del caso ni a las diligencias que se ordenó al
Ministerio Público se nos entregara, las órdenes judiciales no se
discuten se cumplen”.
Contrario a la realidad, Carlos Morazán,
portavoz del Ministerio Público, calificó la acción de recusación como
una dilatación del proceso, y asegura que la Fiscalía ha cumplido las
órdenes del Tribunal de Sentencia en materia de medios probatorios.
“Eran más de 100 medios probatorios, 104
en específico, los que el Ministerio Público traía, estos ya han sido
admitidos; hay una estrategia del Ministerio Público de cómo va a
sustentar su tesis acusatoria, eso es atinente únicamente a los
fiscales”, aseveró Morazán.
Pese a que el juicio es oral y público,
el Tribunal de Sentencia se ha negado a la posibilidad que el mismo sea
transmitido a través de los medios de comunicación del COPINH. En ese
sentido, Laura Zúniga Cáceres, hija de Berta Cáceres, comenta que una de
las estrategias para la participación de las comunidades en las
audiencias será la instalación de un campamento permanente de las
afueras de la Corte Suprema en Tegucigalpa.
“Se busca traer la justicia desde los
pueblos y la participación en estas instituciones que son inaccesibles
para las comunidades, y después traer la palabra colectiva de demanda de
un debido proceso”, decía Laura, minutos antes de notificarse la
suspensión de la primera audiencia del Juicio.
Respecto a la participación del Consejo
Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras como un
afectado directo por el asesinato de su coordinadora, Berta Cáceres, el
abogado Omar Menjivar apunta que no están argumentando un delito contra
la organización: “es un delito que afecta a la organización y la muerte
de Berta afectó significativamente al COPINH, al punto que casi lo
desintegra porque era como el alma, era la líder indiscutible de esa
organización”.
El juicio oral y público deberá dar
inicio hasta que la Corte de Apelaciones resuelva la recusación contra
los jueces de la Sala Primera, y los cinco recursos interpuesto por la
defensa privada de la Familia Cáceres, entre ellos permitir la
transmisión de las audiencias.
A la espera de que ese momento llegue, y
los acusados se sienten nuevamente en los banquillos de los Tribunales,
con ceremonias de los pueblos indígenas y negros, las mujeres seguirán
gritando: Justicia para Berta es Justicia Feminista y Territorial.
Después de siete años acusados de sedición, maestros son absueltos
Por Sandra Rodríguez
Tegucigalpa, Honduras.- Un grupo de 18 maestros
estuvieron en el banquillo de los acusados, tras ser encarcelados por
manifestaciones ilicitas, cuándo ejercían su derecho a la protesta
social, el 24 de marzo del 2011.
Por siete años debieron cumplir con
medidas sustitutivas a la prisión, ya que se les suponía responsable del
delito de sedición, pero en el proceso de este juicio oral y público,
se demostró su inocencia, incluso se les señaló de tener odio contra los
policías, y eso sería desvirtuado, expresó uno de los abogados de la
defensa al iniciar el juicio el miércoles 26 de septiembre.
La sala IV del Tribunal de Sentencia en
la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en Tegucigalpa, por unanimidad dejó
en libertad a los docentes que en su momento ejercían manifestaciones
pacíficas por la defensa de sus derechos, y a eso de las nueve de la
mañana empezó una represión a mansalva de parte de agentes policiales.
En los hechos, al parecer
salieron con quemaduras varios militares entre 19 y 21 años de edad,
ninguno con peligro de muerte. Daños en un restaurante de comida rápida
en el bulevar Juan Pablo II de Tegucigalpa, y daños en vehículos. De
ninguno se estableció la cuantía, declararon agentes del Ministerio
Público llevados por la parte acusadora.
Para los y las docentes acusadas, este
proceso ha sido de mucha afectación emocional y económica. Más cuándo
cumplian medidas sustituvas a la prisión, y no todos son de Tegucigalpa.
Afiche realizado en el momento de la detención de los docentes,
Comité por la Libre Expresión (C-Libre).-
Miembros del equipo de prensa de Radio Progreso, fueron agredidos este
viernes mientras daban cobertura a una protesta estudiantil que terminó
en represión policial, en la carretera que conduce de la Ciudad de El
progreso hacia el municipio de Tela, departamento de Atlántida.
De
ese modo López Lone retomará su cargo al Tribunal de Sentencia en San
Pedro Sula, y Flores Lanza hará lo propio en la Corte de Apelaciones de
esa misma ciudad. En junio de 2017, el presidente de la Corte Suprema de
Justicia (CSJ), Rolando Argueta, dijo que ambos abogados, ya habían
recibido un 80 por ciento de sus derechos laborales.
Marco Antonio Melgar, expresó que las
medidas impuestas eran muy fuertes, como si hubieran cometido delitos
muy graves, cuando solo defendían suS derechos, específicamente la
derogación de la nueva ley del Instituto de Previsión del Magisterio
(IMPREMA).
El profesor Denis Núñez, participaba en
la manifestación pacífica cuando lo capturaron en en una gasolinera
cerca del bulervar antes mencionado, le amarraron las manos, lo juntaron
a otro grupo de compañeros y los llevaron al comando Cobras, después a
la Jefatura Metropolitana # 1 (core 7), y después de la audiencia de
presentación de imputado, estuvieron seis días en la Penitenciaría
Nacional “Marco Aurelio Soto”.
El maltrato policial fue igual para las
profesoras, una de ellas –omitió su nombre- expresó que, hasta el
momento del juicio oral y público seguía desconociendo por que ha habían
capturado y porque seguía en un proceso injusto, ya que, cuando ella
llegó a la manifestación esta se había dispersado, y los uniformados la
sacaron de una gasolinera y la apresaron.
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras
(COFADEH) acompaña solidariamente al gremio magisterial en la búsqueda
de justicia, así como cuando sucedieron estos hechos, los docentes se
manifestaban por la defensora de sus derechos.
Desde entonces nos han callado, y fue
así con golpes y procesos penales, declaró una de las víctimas del
sistema, por que este régimen no quiere que exijamos nuestros derechos.
Fuerzas policiales golpean y lanzan gas pimienta a Periodistas de Radio Progreso
sábado, 8 de septiembre de 2018
En
una transmisión por la red social de Facebook de la radio, se observa
como los policías golpean y pretenden evitar que la Periodista Lesly
Banegas informase la detención de tres estudiantes Andrés Diaz, Gerson
Hernández y Jorge Zavala.
La
acción de protesta fue realizada por estudiantes de los institutos
Perla del Ulua, Instituto “Eduardo Hernández Chevez” y el José Trinidad
Reyes, a la altura del puente “Quebrada Seca”. De acuerdo con Radio
Progreso, los jóvenes de secundaria están tomados de los brazos en señal
de protestas por el asesinato de cuatro jóvenes entre el viernes y el
domingo de la semana anterior.
Efectivos
policiales, además de las tres capturas, hicieron revisión de unidades
de transporte y casas aledañas al sector, esto con el objetivo de
realizar mas capturas contra los y las jóvenes de los institutos en
mención.
En
el lugar, el Periodista Inmer Gerardo Chevez fue a monitorear el
momento de la represión y un policía le roció gas pimienta en la cara,
provocándole irritación en su rostro e impedimento para respirar durante
varios minutos. Su colega Karen Paredes también resultó afectada con el
gas lacrimogeno, mientras documentaba la represión contra las y los
estudiantes de secundaria.
La
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, en su
documento “Violencia contra Periodistas y trabajadores de medios”, llama
a los Estados a “instruir a las fuerzas de seguridad del Estado
sobre el rol de la prensa en una sociedad democrática constituye un paso
importante para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores
de medios de comunicación”.
En Honduras, Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), en las ultimas dos semanas, se ha pronunciado contra campañas de desprestigio y amenazas contra el director de Radio Progreso, el sacerdote Ismael Moreno y la Periodista Sandra Marybel Sánchez, quien dirige el programa “Mas que Dos”, trasmitido en la radioemisora desde Tegucigalpa
C-Libre
conoció que, al recibir atención, Chevez procedió a realizar la
denuncia ante el Ministerio Publico de la ciudad de El Progreso.
Gerardo
Chevez es beneficiario de Medidas Cautelares, otorgadas por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desde el año 2010, tras
recibir amenazas de muerte a su teléfono móvil, en aquel momento por su
cobertura contra el golpe de Estado de 2009.
A
inicios de esta semana, Héctor Maradiaga, periodista de la radioemisora
en Tegucigalpa, denunció haber sido objeto de seguimiento por parte de
desconocidos, justo al salir de la sede del medio de comunicación en
Tegucigalpa.
El
mismo documento señala que la Relatoría de Libertad de Expresión
recomienda a los Estados para evitar actos violentos contra quienes
ejercen la labor periodística. Incluso recomienda “la capacitación
de funcionarios públicos, en especial las fuerzas policiacas y de
seguridad y la adopción de guías de conducta o directrices sobre el
respeto a la libertad de expresión”.
En Honduras, Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), en las ultimas dos semanas, se ha pronunciado contra campañas de desprestigio y amenazas contra el director de Radio Progreso, el sacerdote Ismael Moreno y la Periodista Sandra Marybel Sánchez, quien dirige el programa “Mas que Dos”, trasmitido en la radioemisora desde Tegucigalpa
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CORTE HONDUREÑA RESTITUYE JUECES QUE SE OPUSIERON AL GOLPE
- Publicado: 25 Septiembre 2018
Los
jueces Tirza Flores Lanza y Guillermo López Lone (foto en texto),
fueron restituidos a sus cargos dentro del Poder Judicial, según el
informe del coordinador de los Tribunales de Sentencia, Mario Díaz.
Ambos togados fueron destituidos por oponerse al golpe de Estado en
contra del presidente Manuel Zelaya en 2009.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa.
El Poder Judicial ordenó la reintegración de los jueces Tirza Flores
Lanza y Guillermo López Lone, quienes fueron destituidos en 2009 por
negarse a apoyar el derrocamiento del presidente Manuel Zelaya en el
golpe de Estado de 2009.
Lo
anterior lo confirmó el coordinador de los Tribunales de Sentencia,
Mario Díaz, quien mencionó que ambos togados fueron restituidos a sus
funciones a raíz de una orden de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH).
La
CIDH había condenado desde 2009 la destitución de cuatro jueces que se
negaron a apoyar el golpe de Estado, seguidamente ordenó la restitución
de tres de ellos: Flores Lanza, López Lone y Luis Alonzo Chéves, quien
decidió no retomar su puesto; el otro juez destituido fue Osman Fajardo.
De
ese modo López Lone retomará su cargo al Tribunal de Sentencia en San
Pedro Sula, y Flores Lanza hará lo propio en la Corte de Apelaciones de
esa misma ciudad. En junio de 2017, el presidente de la Corte Suprema de
Justicia (CSJ), Rolando Argueta, dijo que ambos abogados, ya habían
recibido un 80 por ciento de sus derechos laborales.
El
15 de mayo de 2010, Tirza Flores Lanza, declaró para el periódico “El
País” de España, que “la decisión de expulsarnos manda un mensaje claro a
los jueces: que no podemos ser independientes y que debemos
subordinarnos a la jerarquía de la Corte Suprema”.
Agregó
que el despido “es incomprensible teniendo en cuenta, entre otras
cosas, que el propio Poder Judicial animó a los jueces a manifestarse.
Eso sí, a favor del golpe”.
Revocan libertad definitiva a policías torturadores en el golpe de Estado del 2009
Víctimas de policías en el marco de protetsas contra el golpe de Estado del 2009. Al fondo uno de los torturadores.
Tegucigalpa, Honduras. (defensoresenlinea.com)-
La Corte de Apelaciones revocó la libertad definitiva en favor de cinco
agentes policiales que capturaron y torturaron a 24 manifestantes,
comunicadores sociales y transeúntes en el marco de movilizaciones
sociales contra el Golpe de Estado que derrocó al presidente Manuel
Zelaya Rosales.
Los hechos ocurridos el 12 de agosto del
2009, cuando concluía una movilización social en defensa de la
Constitucionalidad, ha llevado un largo proceso legal en búsqueda de
justicia, dónde a las víctimas se le trató cómo delincuentes desde el
momento que fueron arbitrariamente detenidos en el entorno del Congreso
Nacional. Después llevados a la cárcel clandestina del Comando Cobras,
que en ese entonces estaba dirigido por el -ya fallecido- comisionado
Elder Madrid Guerra.
Los imputados son:
José Ventura Ramos
Carlos Isaías Polanco
Suyapa Marina Elvir
Juana María Alvarado
Esther Esperanza Ramos (única en servicio)
Las víctimas de los ataques y furia
policial son: Gerardo Arturo Flores Valeriano, Mabel Carolina López,
Nelson Gustavo Rivera López, José Natividad Pérez Lorenzo, Oscar Manuel
Murillo, Santos Ricardo Peña Pavón, Darwin Isaac Amaya Alvarado, Alba
Leticia Ochoa Camacho, Sergio Raúl Jerezano, Darwin Said Hernández
Carbajal, Oslin George Cantillano, Rosario Vásquez, Emerson Rosicler
Barahona y Daniel Ángel Cárcamo Sánchez y otras nueve personas más,
sumando en total 24 personas, no pueden olvidar lo que vivieron esos
días, por lo que relatar los hechos ante un juez, es con el objetivo que
se haga justicia y se responsabilice a los culpables.
JuanaAlvarado, una de las policías imputadas, ahora fuera de la institución armada.
Desde ese día la vida les cambio, para
algunos era imposible encontrar empleo porque quedaron con antecedentes
policiales, otros perdieron su trabajo ya que tenían que cumplir con
medidas sustitutivas a la prisión, así mismo hubo repercusiones físicas,
psicológicas y emocionales, debido a las torturas sufridas. Por lo que
se procedió contra estos cinco policías y Madrid Guerra, quien murió
amparado en la impunidad.
Pero el 12 de diciembre del 2013, el
juez Víctor Meza firmó carta de libertad definitiva en favor de los
uniformados, pero el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en
Honduras (COFADEH), que es parte de la acusación junto al Ministerio
Público, apeló dicha decisión, detalló la abogada Karol Cárdenas.
Y hoy la juez 16 del Juzgado de Letras
de Francisco Morazán leyó la notificación, de la revocación, quedando
los y las acusadas por vejámenes, como única medida cautelar, bajo
cuidado y vigilancia de sus representantes. Agregó la procuradora de
derechos humanos del COFADEH, organización que acompaña a las víctimas
desde el momento de la captura.
Cabe señalar que Cárdenas y el
Ministerio Público, solicitaron medidas sustitutivas a la prisión, como
ir a firmar el libro de registro en Los Juzgados, no salir del país, no
tener comunicación con las víctimas y en el caso de los aun activos en
la Policía, que sean removidos de su cargo, pero la jueza acató la
petición de la defensa, quedar bajo su tutela presentando un informe
mensual.
La audiencia preliminar será el 24 de
octubre del 2018, para formalizar la acusación previo a Juicio Oral y
Público. De no llegar a una conciliación, como lo presumieron los
representantes de las y los policías en este caso de violaciones a los
derechos humanos en el marco del Golpe de Estado del 2009, podría ser el
segundo caso elevado a esta instancia, después del que sigue la
profesora Agustina Flores, detenida y torturada el 22 de septiembre de
ese mismo año y que el lunes 24 se pospuso para junio del 2019. Ambos
casos son acompañados y representados legalmente por este Comité.
Entre dichos, y por revertir la libertad
de los entonces policías activos, uno de los abogados expresó que
“alguno de los de arriba es resistencia”, refiriéndose a los opositores
al Golpe de Estado. Por su parte las víctimas que son de diferentes
partes del país, continúan este proceso en búsqueda de justicia y no
repetición de los hechos.
José Natividad Pérez Lorenzo, (La Paz)
“Fui capturado en los bajos del Congreso Nacional, un soldado se me paró
sobre los pies, y vi que capturaban a otras personas, a horas de
mediodía, nos llevaron a un sótano del Congreso, y después llevados al
cuartel del comando COBRAS, en la colonia 21 de octubre de Tegucigalpa”.
Mabel López, (Choluteca) desde aquel 12
de agosto del 2009, la vida le cambió, se siente temor, e incluso
impotencia al ver policías y militares que en lugar de proteger a la
población, más bien los agreden.
Justo Pastor Maradiaga, (Comayagua), lo
detuvieron porque le dijo a los policías que dejaran de golpear a un
niño, entonces los uniformados lo trataron mal y lo empezaron a golpear,
uniéndolo al grupo que nueve años después no encuentra justcia.
Alba Ochoa (Tegucigalpa), es un proceso
largo, donde lo que buscan es cansarlos, pero no lo van a lograr, no es
fácil estar recordando todo lo que vivieron, pero es parte de este
camino, en el que, cuando se enfrenta a los policías acusados, sin
uniformes, armas, ni toletes, “no pueden sostener la mirada”.
Partido Liberal se retira del diálogo nacional
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-Ante
el nombramiento de la Junta Interventora en el Registro Nacional de las
Personas (RNP), el Partido Liberal anunció anoche su retiro del diálogo
nacional arbitrado por las Naciones Unidas.
Maribel Espinoza
Noticia Relacionada: Expulsan 17 diputados del Partido Liberal
Mediante
tres tuits, la representante del Partido Liberal en el diálogo, Maribel
Espinoza, argumentó que esa institución partidaria se retira en virtud
de la falta de voluntad política por pate del partido de gobierno, que
optó por intervenir el RNP a través del Congreso Nacional cuando ese es
un tema establecido en el diálogo.
Espinosa
informó, además, que tampoco hay voluntad política del gobierno para
decretar una amnistía a favor de las personas que fueron detenidas en el
marco de la crisis post electoral, que figuran en el informe de la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos en Honduras.
“El
Partido Liberal apostó por evitar una crisis mayor; que mediante el
diálogo lográsemos retornar pacíficamente al orden Constitucional que
fue quebrantado por la ilegal Reelección. Negaron esa posibilidad. El PL
le ha cumplido a Honduras y otros deberán asumir su responsabilidad”,
escribió Espinoza.
Luis Zelaya, presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras.
Por
su parte el excandidato presidencial y presidente del Partido Liberal,
Luis Zelaya, escribió siembre en el Twitter y mientras en el Parlamento
se llevaba a cabo la votación sobre la intervención del RNP que, “temas
de la mesa del diálogo como el RNP están siendo negociados en el CN con
el lado oscuro del PL (Partido Liberal), LIBRE y PN (Partido Nacional”.
Zelaya
apuntó que la Comisión Interventora del RNP es ilegal, un golpe técnico
al diálogo, y un irrespeto a las Naciones Unidas y a los acuerdos del
mismo diálogo. Finalmente responsabilizó sobre sus señalamientos al
expresidente, Carlos Flores Facussé; al coordinador de Libre y
expresidende, Manuel Zelaya y al actual jefe de gobierno, Juan
Hernández.
Ha
trascendido que Luis Zelaya se encuentra molesto porque él propuso la
candidatura de Otto Pineda, pero éste no fue aceptado porque se impuso
el expresidente Flores Faccussé con la designación de Norman Roy
Hernández.
La
Junta Interventora se nombró anoche en el Congreso Nacional, tras una
negociación de los partidos Nacional, Libre y un sector del Partido
Liberal comandado por el expresidente Carlos Flores Facussé. Los
integrantes de la Interventora son: Rolando Kattán (Partido Nacional),
Óscar Rivera Inestroza (Libre) y Norman Roy Hernández (Partido Liberal).
Honduras necesita de una prensa independiente: Efraín Díaz Arrivillaga
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-Los
medios de comunicación en Honduras deben promover la participación
ciudadana necesaria para que realmente exista democracia, pero
lamentablemente en la actualidad lo que existe es desinformación y
manipulación, dijo a CRITERIO el analista político, Efraín Díaz Arrivillaga.
A
juicio de Díaz Arrivillaga en Honduras existe una ciudadanía inactiva
ante la corrupción y los demás problemas que afectan a la sociedad,
porque existen muchos temores, indiferencia, desconfianza, incredulidad,
ya sea por costumbre o por “todo lo que se da en el país”.
Noticia Relacionada: Jiménez Mayor dice que los medios de comunicación no deben estar al servicio del poder
“Desde
la sociedad hay que concientizar y movilizar a la ciudadanía y en esto
los medios de comunicación tienen un papel fundamental”, apuntó el
analista, quien lamentó el papel que están ejerciendo los medios de
comunicación.
Señaló
que así como queremos luchar por un Poder Judicial independiente,
tenemos que luchar por una prensa realmente independiente, que garantice
una verdadera libertad de pensamiento y expresión
Actualmente
en Honduras existe un control mediático que se deriva de la aplicación
de la Ley del Programa Voluntariado de Rescate, Promoción y Fomento del
Sector de las Comunicaciones y su reglamento, que faculta al presidente
de la República a negociar con los medios de comunicación el no pago de
obligaciones fiscales, servicios públicos y todo tipo de impuestos,
pasados, presentes y futuros, mediante el canje de publicidad.
La
normativa es tan ventajosa y antidemocrática que permite que los medios
de comunicación puedan trasladar los créditos fiscales que adquieran
con el Estado, a empresas o sociedades relacionadas al operador, y
podrán usarse para el pago del Impuesto Sobre la Renta o cualquier otro
impuesto que deba pagarse al Estado.
Ante
lo antes expuesto, Efraín Díaz Arrivillga, consideró oportuno el
surgimiento de nuevos medios de comunicación digital y redes sociales a
quienes instó permear ante la sociedad, especialmente en las nuevas
generaciones que constituyen casi el 60 % de la población y que son los
que pueden cambiar la forma de ver las cosas en Honduras.
Recordó
que los medios de comunicación tienen una enorme influencia en lo que
piensan y sienten los hondureños, por lo que tienen la responsabilidad
de concientizar organizar y movilizar a la sociedad, para contrarrestar
lo que no se está haciendo bien.
Aquí
se ha creído que la democracia solo es ir a votar y hasta ahí terminó
el papel de los ciudadanos. Esa visión no es correcta, entonces tenemos
que promover la participación ciudadana, necesaria para que realmente
pueda haber una verdadera democracia: Efraín Díaz Arrivillaga, analista
político.
Finalmente,
apuntó que se espera que los medios corporativos abran espacios para
los criterios independientes y las posiciones distintas, de tal manera
que, el pueblo tenga una visión plural de lo qué es lo que pasa en el
país y no una opinión sesgada.
¡ADIÓS AMIGOS!
Tegucigalpa.-Agosto
resultó ser un mes trágico. Dos amigos y compañeros, valiosos y
especiales en mi recuerdo y corazón, emprendieron la llamada marcha sin
retorno. Virgilio Carías, académico, economista y valiente luchador
social murió hace algunos días. Lo mismo hizo, a finales de agosto,
Pompeyo del Valle, escritor y poeta, viejo militante de las causas
justas. Ambos, por diferentes razones y caminos, abrieron un espacio en
mi memoria y conmovieron de alguna manera mi corazón.
Virgilio
fue director por muchos años del Instituto de Investigaciones
Económicas y Sociales (IIES) de la Universidad Nacional, un lugar en
donde él mismo, generosamente, me abrió un primer espacio laboral a mi
regreso a estas honduras. Franco y disciplinado, Virgilio había impuesto
en el IIES una mística de trabajo que, además de la puntualidad y el
buen desempeño, aseguraba también la camaradería y la solidaridad
humana. Durante su periodo universitario se desempeñó también como
Vicerrector de la UNAH y, por momentos, como Rector interino. Escribió
mucho, aunque publicó poco. Uno de sus libros de mayor impacto y
circulación fue el análisis del conflicto entre Honduras y El Salvador
del año 1969, que la editorial universitaria EDUCA publicó en Costa Rica
con el sugestivo título de “La guerra inútil”.
Fue
autor de varias monografías que trataban temas relacionados con la
agricultura, la reforma agraria, el enclave bananero y la capacitación
del movimiento campesino, entre otros. Académico riguroso, investigador
pertinaz y analista atento de la realidad nacional, sufrió persecución y
acoso por sus ideas políticas y su lucha revolucionaria. En la negra
noche de los años ochentas, un aciago día fue secuestrado y mantenido en
régimen de “desaparecido” durante varias semanas, hasta que la presión
nacional e internacional logró arrancarlo de las manos de sus verdugos.
Apareció, abandonado y golpeado, en la profundidad de una montaña
fronteriza con Nicaragua. Luego pasó largos años de exilio en el vecino
país.
Su
muerte me ha conmovido y he lamentado mucho haberme enterado un día
después, ya sin tiempo suficiente para decirle in situ el último adiós.
Lo hago aquí, en el espacio de esta columna de opinión, con la tristeza
en el alma y el pesar de no haberle acompañado en su sepelio.
La
otra muerte que también me ha conmovido es la de Pompeyo. Poeta a carta
cabal, militante en sus mejores años en una izquierda que todavía
conservaba el romanticismo de la aventura y la leyenda del idealismo,
del Valle supo expresar en sus versos la calidez humana que le
caracterizaba, la fuerza de sus convicciones políticas y la fe
inquebrantable en un futuro mejor para esta “tierra de fusil y caza/ de
asfixiado color y amarga vena/ se oye gemir el mapa de la pena/ que en
murallas de sal se despedaza…”. Le conocí en los entresijos de una
incipiente clandestinidad en Honduras, luego de un golpe militar, y le
volví a ver, esa vez sin los prejuicios válidos del clandestino, en un
cómodo hotel de Moscú en donde leí y comenté para él poemas inolvidables
de Alejandro Pushkin. Fue seguramente el único poeta revolucionario que
estuvo preso por sus ideas comunistas en las cárceles de Honduras
durante el siglo XX.
Ambas
muertes, la de Virgilio y la de Pompeyo, me han impactado
profundamente. Dos hondureños valiosos y valientes, enamorados de la
vida y de la acción, convencidos de la necesidad de transformar el país,
liberándolo para siempre de las cadenas y el infortunio en que lo
tienen atado y sepultado las élites conservadoras y corruptas, que
durante tantos años lo han desgobernado.
Ambos
murieron sin haber tenido la oportunidad de ver la patria finalmente
liberada. Pero, estoy seguro, lo hicieron con la convicción profunda de
haber luchado por ella y haber dado lo mejor de sí, de sus fuerzas
físicas y de su intelecto, para cambiar el rumbo de esta tierra “de
fusil y caza…” Que a los dos, la tierra les sea leve…
Campañas prematuras son una grosería contra el pueblo
Son unos bárbaros; en medio de la simultaneidad de crisis que vive el país, es una monumental grosería que ya anden politiqueando sin decir claramente que son los nacionalistas los que ya anunciaron candidaturas prematuras
Tegucigalpa.-
Dirigentes de la sociedad civil censuran ampliamente el inicio
tempranero de la campaña electoral. Es criterio generalizado de líderes
sociales que el proselitismo prematuro es “perjudicial” para el país y
que este pronto comienzo de la carrera presidencial no genera nada
“beneficioso” a la población.
Omar Rivera
¿A
quién le beneficia el arranque anticipado del proselitismo político en
Honduras? se preguntó el dirigente de la sociedad civil Omar Rivera
Pacheco, para renglón seguido autoresponderse: “a nadie”.
El
coordinador de advocacy e incidencia de la Asociación para una Sociedad
más Justa (ASJ), manifestó que “los fuegos electorales se han encendido
en forma prematura por parte de dirigentes de los partidos oficialistas
y de oposición, y esto es digno de cuestionar pues en lugar de andar
arengando a la gente, armando cuadros y pidiendo el voto de frente a las
próximas elecciones internas, primarias y general del 2021, deberían
estar buscando soluciones a los problemas sociales y económicos que
afectan a la gente”.
“Son
unos bárbaros; en medio de la simultaneidad de crisis que vive el país,
es una monumental grosería que ya anden politiqueando; comen ansias y
se precipitan, mientras la gente no tiene un bocado que llevarse a la
boca, mientras los hondureños están sin empleo y azotados por la
violencia, estos políticos andan pensando en sus intereses y no en los
colectivos. Da la impresión que los políticos transitan en una órbita
diferente que el ciudadano común” criticó.
Rivera
Pacheco, consideró “desafortunada” la decisión de políticos de “dar
temprano arranque a la fiesta proselitista cuando aún no se enfrían la
cenizas de los accidentados comicios de noviembre de 2017 y apenas
asoman los primeros visos de solución a la conflictividad imperante
luego del concurso electoral”.
“Deberían
invertir las energías para ver como las diferentes fuerzas políticas y
los más relevantes líderes buscan soluciones a los problemas económicos y
sociales que afectan a la gente; poner especial empeño en encontrar
consensos y acuerdos para enfrentar los retos en materia de seguridad,
salud, educación y empleo; los hondureños queremos dedicación, esfuerzo y
entrega alineados al noble propósito de construir un mejor país, no al
de teñirlo de propaganda política u saturarlo de mítines partidarios”
indicó.
Omar
Rivera, instó a las dirigencias de los diferentes partidos políticos
aprovechar el espacio de diálogo que se ha instaurado en la Mesa de
Diálogo Político auspiciado por el Sistema de las Naciones Unidas en
Honduras. “Ahí -en ese espacio patrocinado por las Naciones Unidas- hay
una extraordinaria oportunidad de demostrar el enorme amor que le
tenemos a la Patria; estar ahí es mejor que andar haciendo campaña de
forma apresurada” subrayó.
“Estos
políticos del patio nacional como que tuvieran eyaculación precoz
electoral; andan mal, pareciera que tiene una especie de incontinencia
proselitista que a nadie beneficia. Deben comprender, los del
oficialismo y los de la oposición que es hora de trabajar por Honduras,
de resolver los problemas que nos afectan a todos, y no de andar en
poliquitería, cuando -apenas- el actual gobierno no lleva ni al primer
año de gestión” finalizó expresando.
INICIA REPRESALIA, EE.UU. CASTIGA A EL SALVADOR
Luego
de que El Salvador estableciera relaciones con la República Popular
China, el gobierno de Estados Unidos inició represalias cancelando una
reunión de cancilleres y funcionarios de seguridad con los países del
“Triángulo Norte”.
En la gráfica, el presidente salvadoreño Salvador Sánchez, estrecha la mano de la embajadora de EE.UU. Jean Manes.
Agencias / EL LIBERTADOR
El Salvador. El
gobierno de Estados Unidos, empezó las represalias contra El Salvador,
luego de que este anunciara que estableciera relaciones con la República
Popular China y rompiera tratados con Taiwan.
En
ese sentido, EE.UU., suspendió la reunión que estaba prevista para los
próximos días con los cancilleres y máximos funcionarios de seguridad de
los países del denominado “Triángulo Norte”.
Al
respecto, la presidencia salvadoreña informó que lamenta la suspensión,
y, aunque no brindó mayores detalles, alegó de una notificación
oficial, donde se daba la noticia.
Según
lo entendido, los funcionarios de El Salvador, Guatemala y Honduras,
compartirían con sus homólogos estadounidenses aspectos de la Alianza
para la Prosperidad, mediante la cual EE.UU. brinda ayuda financiera
para mejorar las condiciones de seguridad y crear oportunidades de
desarrollo.
El
gobierno de El Salvador aseguró que estaba listo para participar, con
miras a que la conferencia “sea reprogramada”. Cabe destacar que el
pasado viernes, el gobierno norteamericano decidió retirar a sus
representantes de tres países latinoamericanos, entre ellos El Salvador.
El
mes pasado, Washington acusó a Pekín de desestabilizar las relaciones
entre China y Taiwán, además de participar en una “interferencia
política” luego de intentar separar a Taipéi de varios de sus aliados en
el hemisferio occidental.
Las 5 fuentes de financiación de la Mara Salvatrucha
Publicado: 20 sep 2018 18:01 GMT - RT
La organización delictiva, que actúa
principalmente en Centroamérica, ha ido incrementando sus ingresos y su
estructura con el correr de los años.
Integrante de la Mara Salvatrucha
JOSE CABEZAS / AFP
La
Mara Salvatrucha, también conocida como MS-13, es una organización
delictiva que opera principalmente en América Central, concretamente en
Honduras, Guatemala y El Salvador, países que conforman el llamado Triángulo Norte de la región.
Surgida a finales de la década de 1980 en Los Ángeles, EE.UU., con el correr de los años fue extendiendo sus redes. A sus tradicionales fuentes de ingresos como la extorsión, sumaron otras actividades ilegales y ahora han llegado al punto de tener suficiente capital como para insertarlo en el mercado legal.
Una investigación del portal Insight Crimes enumera las cinco formas con que la MS-13 lava su dinero.
Este sistema sufrió un duro golpe en 2016, cuando el Gobierno salvadoreño llevó a cabo con éxito la llamada "Operación Jaque". Según reseña la agencia EFE, en esa ocasión fueron incautados 106 autobuses, automóviles, camiones y motocicletas, además de 34.500 dólares en efectivo. También resultaron arrestados varios líderes de la organización.
Además de viviendas, estas propiedades muchas veces son utilizadas para emprendimientos comerciales como restaurantes, hoteles, bares, etc.
Al no concentrar este tipo de operaciones, sino diversificarlas y manejar siempre pequeñas cantidades, resulta muy difícil descubrir quienes están involucrados.
Surgida a finales de la década de 1980 en Los Ángeles, EE.UU., con el correr de los años fue extendiendo sus redes. A sus tradicionales fuentes de ingresos como la extorsión, sumaron otras actividades ilegales y ahora han llegado al punto de tener suficiente capital como para insertarlo en el mercado legal.
Una investigación del portal Insight Crimes enumera las cinco formas con que la MS-13 lava su dinero.
1. Robo, importación y venta de vehículos
Una de sus modalidades más antiguas, el hurto de automóviles y su "legalización" en el mercado de vehículos usados de El Salvador, sigue siendo una de las formas con las que la organización recauda más dinero.Este sistema sufrió un duro golpe en 2016, cuando el Gobierno salvadoreño llevó a cabo con éxito la llamada "Operación Jaque". Según reseña la agencia EFE, en esa ocasión fueron incautados 106 autobuses, automóviles, camiones y motocicletas, además de 34.500 dólares en efectivo. También resultaron arrestados varios líderes de la organización.
2. Bienes raíces
Entre las formas más comunes para "blanquear" dinero obtenido de manera ilegal está la compra de inmuebles a través de testaferros. Esta práctica se ve facilitada por la falta de regulaciones en la región para las transacciones financieras.Además de viviendas, estas propiedades muchas veces son utilizadas para emprendimientos comerciales como restaurantes, hoteles, bares, etc.
3. Proveedores comerciales
Lo que comenzó como un mecanismo de extorsión, en el que se le pedía a un comerciante dinero a cambio de garantizar su seguridad, derivó en una red de lavado. Ahora la MS-13, además de cobrar por el uso de un local o puesto en una feria, también proveé los productos a quienes los venden con un enorme margen de ganancia que va, en su mayor parte, a la organización.4. Prestamistas
Al manejar tanto dinero, en algunas ciudades de Honduras la Mara Salvatrucha ha adoptado un rol de prestamista. Al no exigir ningún tipo de requisito, lo hace con una enorme tasa de interés que puede llegar a ser del 30% diario. Si la persona no devuelve el dinero sabe que puede llegar a pagar hasta con su propia vida.5. Transferencias bancarias
Por último, gracias a su despliegue, obligan a sus víctimas a ingresar o a transferir dinero obtenido de manera ilegal a distintas cuentas bancarias. Incluso han utilizado sencillos sistemas de envío de remesas para mover recursos entre distintos países.Al no concentrar este tipo de operaciones, sino diversificarlas y manejar siempre pequeñas cantidades, resulta muy difícil descubrir quienes están involucrados.
Investigadora salvadoreña: “El Ejército en tareas de seguridad interna fue funcional al crimen organizado”
Pese
a la resistencia social y política a una inminente militarización de la
seguridad interior, el gobierno nacional de Mauricio Macri defendió una
vez más la reforma de las Fuerzas Armadas impulsada por el decreto
638/18, violatorio de la legislación vigente, al reivindicar la
importancia de que los militares colaboren con la seguridad interior.
Aunque anclado en un pasado distinto –una guerra civil que duró más de diez años–, también en El Salvador el proceso de militarización agravó los niveles de violencia existente al tiempo que la participación del Ejército en tareas de seguridad interna fue funcional al crimen organizado, afirma Amparo Marroquín Parducci, profesora de la Universidad Centroamericana (UCA) de El Salvador. En la base social, las pandillas cambiaron su composición y afinaron sus prácticas delictivas. A nivel político, gobiernos de diverso tinte ideológico impulsaron políticas de seguridad de tolerancia cero y conminaron a los jóvenes a abandonar los barrios y pasar a la clandestinidad. Los medios de comunicación tuvieron un rol clave: “antes de que la violencia alcanzara esos niveles, ya habían construido al gran monstruo”, concluye la investigadora salvadoreña.
–¿En qué situación se encuentra actualmente el conflicto entre pandillas en El Salvador?
–Mirar El Salvador sirve para entender lo que no hay que hacer en políticas de seguridad. “Vean lo que nos pasó, no repitan esa estrategia”, sería el mensaje. Tanto los gobiernos de izquierda como los de derecha han apostado de manera sistemática a medidas de seguridad de tolerancia cero; lo único que lograron es aumentar la violencia. Las pandillas son grupos juveniles de los barrios, que nacieron en la década de los ‘80 en El Salvador, durante el conflicto armado. Cuando finalizó la guerra civil y se firmaron los acuerdos de paz sufrieron una transformación.
–¿En qué consiste esa transformación?
–En ese momento, mucha gente volvió a El Salvador y también hubo una primera ola de deportaciones desde Estados Unidos, entre estos deportados había algunos pandilleros que habían construido su práctica allá. Las organizaciones se mezclaron entre sí, entre los años ‘90 y los 2000, otros grupos barriales desaparecieron y se consolidaron dos pandillas que habían nacido en Estados Unidos: La Mara Salvatrucha y El Barrio 18. Una vez que esas dos pandillas tomaron protagonismo, las políticas de mano dura provocaron que los chicos dejaran los barrios y se clandestinizaran. Eso complicó la situación: en los últimos años, las prácticas de la violencia dentro de las pandillas se afinaron cada vez más, con la consecuente degradación del tejido social que se traduce en un incremento de homicidios y amenazas a la seguridad en los barrios.
–¿Qué formas concretas toman las amenazas a la seguridad en los barrios?
–Uno de los modos de extorsionar a las personas es pedir una cantidad de dinero mensual, cuando las personas ya no pueden pagar se tienen que mover del lugar. En el año 2009, la izquierda llegó al poder y el presidente Mauricio Funes decidió construir un espacio de negociación, que posteriormente se conoció como “La Tregua”. Para mí, el mayor problema de esa negociación es que no se hizo de manera abierta y de cara a la sociedad. Se prometió a los pandilleros cosas que no son las mejores, como aminorar el tipo de castigo en las cárceles de máxima seguridad y otra serie de prerrogativas que terminaron generando malestar entre los pandilleros que no estaban en las cárceles y, por supuesto, con la población salvadoreña.
–¿Qué consecuencias trajo ese malestar?
–En lugar de debilitar la fuerza de las pandillas, esa tregua produjo nuevas escisiones entre las pandillas. Los que están en las cárceles perdieron su liderazgo y se produjo una atomización muy particular. Considero que la única salida posible ahora sería un proceso de negociación de cara a la sociedad.
–¿Qué características distintivas habría tenido una negociación de cara a la sociedad?
–Una tregua es simplemente un cese momentáneo del enfrentamiento violento. Una negociación donde la sociedad intervenga no debería ser un cese momentáneo de la violencia. La tregua es: yo necesito que me bajes la cantidad de homicidio porque eso me está jodiendo, entonces bájamelos y yo te doy algo… y después veremos qué hacer. La negociación implica una estrategia a largo plazo: un proceso de reincorporación de los jóvenes y generación de puestos de trabajo, implica buscar otros medios de subsistencia que no sean la pandilla misma. Una negociación requiere, además, procesos claros en los que los líderes que hayan cometido crímenes contra la sociedad se sometan a juicio; son los elementos de base de una negociación con cualquier otro actor que esté por fuera de los procesos legales de un gobierno. La tregua termina dando un respiro en el cual las dos partes se rearman y el enfrentamiento continúa de una manera más violenta.
–En forma paralela a esta tregua, se aprovecharon los altos niveles de enfrentamiento y violencia para impulsar una política crecientemente punitiva.
–Antes de que la violencia alcanzara esos niveles, los medios de comunicación ya habían construido al gran monstruo. La sociedad salvadoreña siempre ha necesitado un otro a quien culpar de lo que las mismas élites no hacen. Las élites, los dirigentes políticos de izquierda y de derecha, no se han preocupado por construir un país; entonces es muy cómodo tener a quien echarle la culpa de que el asunto no funcione. Primero, el culpable del problema del desarrollo fue el indígena, posteriormente se echó la culpa a los comunistas y a los estudiantes revoltosos, durante la guerra civil fue por culpa de la guerrilla salvadoreña… y cuando se firmaron los acuerdos de paz, se quedaron sin nadie a quien culpar. Es allí donde quizá algún creativo del marketing político inventó a los nuevos culpables: los pandilleros.
–¿Qué hay detrás de crear al nuevo responsable/culpable de que la sociedad no avance?
–En El Salvador tenemos un capitalismo neoliberal muy voraz, extractivista, que le apostó a la tercerización de la economía y debilitó profundamente la agricultura. El Salvador es, además, una economía dolarizada.
–¿Qué sector o sectores son responsables del crimen organizado en El Salvador?
–Muchos sectores. La diferencia con otro tipo de lógicas violentas es que el crimen organizado debe tener complicidad del Estado. El Salvador es fundamentalmente una zona de paso, como lo es Centroamérica en general: la droga que viene del Sur hacia los Estados Unidos pasa por allí. Entonces, la pelea mayor es el control de los territorios y las rutas. Ahora, ¿eso lo hacen las pandillas? Depende, algunas sí, otras se dedican a otro tipo de negocios criminales (tráfico de armas, extorsión, narcomenudeo, etc.).
–¿Qué implicancias sociales tiene el proceso de militarización en El Salvador, frente a un enemigo definido como “omnipresente”, y cuán legal es esa intervención de las fuerzas armadas en las políticas de seguridad?
–El proceso de militarización empieza con las políticas de mano dura. Con los acuerdos de paz en El Salvador –proceso que culminó en 1992–, parte de las discusiones consistieron en desmantelar algunas instancias coercitivas que habían sido violatorias de los derechos humanos, habían cometido desapariciones, torturas y asesinatos. Desaparecieron algunas estructuras y se crearon otras que garantizaran la seguridad, como la Policía Nacional Civil, al tiempo que el Ejército dejó de estar vinculado a tareas de seguridad. Pero los niveles de violencia empezaron a aumentar y en 2001 resurgió la política de mano dura.
–¿En qué consistió esa política de mano dura?
–Es una política de tolerancia cero a la delincuencia y de régimen de excepción. Con el argumento de que con los efectivos de la Policía Nacional Civil no era suficiente para cubrir todo el territorio, se pidió la excepcionalidad para que el Ejército saliera a las calles e hiciera tareas de apoyo. Independientemente de la historia que se ha vivido, en El Salvador la autoridad militar tiene legitimidad en la visión popular: se cree que con el Ejército estaremos más seguros. Los medios de comunicación también juegan un papel importante en la construcción de esa imagen del militar como una institución que verdaderamente nos puede salvar, que es incorruptible. En los últimos ochos años, la remilitarización ha sido mucho mayor. El agravante de la militarización es que el Ejército, al igual que otras estructuras del Estado, se infiltra y termina sirviendo al crimen organizado.
–¿En qué medida la política de mano dura, impulsada con el argumento de circunscribir y combatir a las pandillas, se expande hacia la coerción de otros sectores de la sociedad?
–En este último período gubernamental que terminará en mayo de 2019, se impulsaron medidas extraordinarias que permiten apresar más fácilmente a un sospechoso y tenerlo detenido durante un tiempo largo sin que hubiera empezado necesariamente una investigación o el juicio. Estas medidas son violatorias de los derechos humanos de los encarcelados, tanto los que están con condena como los que no, cuyos derechos no se respetan. Y el mayor peligro es que volvemos a presenciar una judicialización y una condena de la pobreza a priori. Cada vez más la policía local apresa a los chicos porque sí: porque son skaters, porque tienen tatuajes, porque “parecen pandilleros”, porque son pobres.
–¿Hay algún tipo de resistencia frente a estas violaciones a los derechos humanos?
–Hay un movimiento que se llama “Azul originario”, encabezado por Wendy Morales, una chica que estuvo encarcelada tres meses y le dijeron: “ups perdone, usted tiene razón, no es culpable”. “Azul originario” y “Los siempre sospechosos de todo” son movimientos que nacen de condenas injustas y ayudan a jóvenes que están encarcelados esperando un juicio sin ninguna prueba que muestre que ellos son pandilleros o que han cometido algún tipo de ilícito. En algunos casos se probó que la policía sembró droga en la mochila de algunos jóvenes para apresarlos. Volvemos a encontrar fuerzas armadas y policiales terriblemente coercitivas. Más que la pobreza, el problema en El Salvador es la desigualdad que lleva a estos altos niveles de violencia.
–¿En qué medida logra colarse la palabra oficial, gubernamental, en el discurso mediático?
–Hay allí, al menos, tres cuestiones. La primera tiene que ver con una sociedad profundamente autoritaria de la cual el periodista forma parte y, por ende, está acostumbrado a multiplicar ese discurso oficial. Es complejo también exigirle al periodista que salga de esa lógica social en la cual está inmerso, donde además, probablemente viva en zonas controladas por pandillas y también sea extorsionado. La segunda cuestión se refiere a la lógica perversa de muchos medios de comunicación que hacen que un mismo reportero tenga que cubrir cinco notas en un día, de temas muy distintos y en espacios muy distintos. Eso te crea una aproximación muy básica al tema que estás cubriendo. Entonces, imagínate la siguiente escena. El presidente dice: “Llevamos 1500 homicidios pero no te preocupes que 1000 de esos son pandilleros. Esos, que se maten”. El periodista alcanza a tomar nota, no tiene datos para hacer una repregunta y sabe que dentro de media hora debe estar cubriendo otra nota. La propia lógica mediática nos impide construir discursos más articulados. La tercera cuestión es la compra de periodistas por parte del Estado.
–¿Cómo se llega a esa cooptación de los periodistas?
–Hay periodistas que prácticamente son comunicadores institucionales cuidando la imagen estatal, que en lugar de hacer preguntas de fondo a un funcionario reproducen lo que el funcionario está diciendo. En ciertos casos, se sabe que hubo sobresueldos cobrados por periodistas desde distintos espacios por determinados favores.
–¿Es posible establecer continuidades entre el derrotero de la guerra civil en El Salvador y la forma que tomaron los acuerdos de paz con el rasgo autoritario que usted asigna a la sociedad salvadoreña?
–La guerra civil en El Salvador forma parte de estos procesos latinoamericanos en donde grupos de campesinos, grupos de estudiantes, obreros de fábricas entre otros, se dan cuenta de que nuestros Estados, que en casi toda América Latina estaban liderados por militares, eran autoritarios y promovían una profunda desigualdad socioeconómica. Frente a ello, deciden emprender una lucha revolucionaria para intentar cambiar el sistema. La terrible represión de los años ‘70 no logra bajar los niveles de lucha. Por el contrario, el slogan del momento era: “a más represión, más lucha, más organización”. El 15 de octubre de 1979 llega al poder la Junta Revolucionaria de Gobierno que da un golpe de Estado al general Carlos Humberto Romero, el presidente de entonces. Pero a los seis meses nuevamente se le da un golpe a la Junta Revolucionaria y se vuelve otra vez a los procesos represivos. A principios de 1980 matan a Mario Zamora, uno de los grandes dirigentes de la Democracia Cristiana y asesinan también a Oscar Arnulfo Romero, un arzobispo muy famoso en El Salvador que denunciaba las injusticias cometidas por el gobierno militar.
–El asesinato del arzobispo Romero fue un punto de inflexión para la sociedad salvadoreña, durante la dictadura.
–Sí. En ese momento, la sociedad tomó conciencia de que ese asunto no iba a mejorar mediante pequeñas reformas y mucha gente decidió tomar las armas. El 10 de octubre de 1980, cinco organizaciones guerrilleras militares –provenientes de distintas perspectivas político-sociales que, además, estaban dispersas en distintos puntos del país– decidieron crear el Frente Farabundo Martí por la Liberación Nacional (FMNL). Esa lucha se prolongó diez años y después vinieron los acuerdos de paz. Yo destacaría dos cuestiones. Una, que los dos partidos políticos que han estado en el poder nacen de una guerra militar y sus dirigentes tienden a reproducir estrategias político-militares; eso se mantiene.
–¿Y la segunda cuestión?
–Una de las grandes deudas de los acuerdos de paz en El Salvador es no haber trabajado con la víctima ni con el proceso de reconciliación. En una sociedad autoritaria, al igual que en una familia autoritaria, se dice: “nos callamos y no se vuelve a hablar del asunto”. En El Salvador no hubo un proceso de diálogo, de ver cómo nos sentimos, qué fue lo que pasó.
–¿Los acuerdos de paz no incluyeron un proceso de diálogo?
–No incluyeron trabajar la reconciliación. Cuando se firman esos acuerdos, después de crear una comisión de la verdad que investiga crímenes, se produce una amnistía general para todos… y borrón y cuenta nueva. Entonces, veinticinco años después de los acuerdos de paz, la gente empieza a preguntarse si no tendríamos que hablar de esos temas, si no se tendría que hablar de las masacres que han pasado, si no habría que reconocer a la víctima.
–El que no haya habido una política de memoria se traduce en avances tibios por parte de los gobiernos de izquierda. En forma paralela, hay batallones que mantienen el nombre de los generales que encabezaron masacres a la población durante la dictadura.
–Sí. Al mismo tiempo, en la sociedad salvadoreña se está creando mayor conciencia de la importancia de trabajar la memoria. Surgen nuevas propuestas y peticiones de la sociedad civil, como el año pasado, durante la celebración de los 25 años de los acuerdos de paz, el gobierno se comprometió a construir un Museo de la Memoria. Los Museos de la Memoria que tenemos han sido creados y administrados por la sociedad civil; lo que el Estado no hace lo va construyendo la gente. En materia de memoria, destaco el trabajo del Museo de la Palabra y la Imagen, pero también hay museos en sitios donde hubo masacres, pequeños espacios donde la gente intenta mantener la memoria de su historia.
–En su estudio sobre las migraciones de ciudadanos salvadoreños hacia Estados Unidos, describe los rasgos de una “cultura nómada”. ¿De qué se tratan esos rasgos?
–En El Salvador subyace un discurso construido desde los medios de comunicación según el cual la migración es la gran posibilidad de movilidad social. El último informe de desarrollo humano, realizado hace aproximadamente seis años, afirma que de cada tres salvadoreños que consiguen trabajo, dos están fuera del país. Esto da una pauta de la problemática a la que se enfrenta cualquier salvadoreño que está intentando construir un proyecto de vida en el país. Esta cultura migrante asume que El Salvador es un lugar que te cierra las puertas. Actualmente, los jóvenes de clases populares tienen dos opciones como posibilidad de defensa: ingresar a la pandilla o migrar.
–¿Entrar a la pandilla supone una suerte de ascenso social?
–Si entras a la pandilla, aunque te maten muy joven, te aseguras que al menos tu mamá y tus hermanos tendrán casa o posibilidades de estudiar. Más que ascenso, hay una suerte de protección de la propiedad. La pandilla y la migración llegan a donde el Estado no llega. Aunque el Estado salvadoreño se comprometa a decir: “Los vamos a convencer y no van a migrar más”, la gente seguirá migrando. Y además, la reunificación familiar se vuelve muy importante. En este momento, la primera causa de migración es la reunificación familiar, la segunda causa de migración es la violencia: la pandilla te amenaza y te tienes que ir. En Centroamérica, la sociedad civil está muy sola. Vemos estrategias de supervivencia en esta moderna soledad que se habita.
Aunque anclado en un pasado distinto –una guerra civil que duró más de diez años–, también en El Salvador el proceso de militarización agravó los niveles de violencia existente al tiempo que la participación del Ejército en tareas de seguridad interna fue funcional al crimen organizado, afirma Amparo Marroquín Parducci, profesora de la Universidad Centroamericana (UCA) de El Salvador. En la base social, las pandillas cambiaron su composición y afinaron sus prácticas delictivas. A nivel político, gobiernos de diverso tinte ideológico impulsaron políticas de seguridad de tolerancia cero y conminaron a los jóvenes a abandonar los barrios y pasar a la clandestinidad. Los medios de comunicación tuvieron un rol clave: “antes de que la violencia alcanzara esos niveles, ya habían construido al gran monstruo”, concluye la investigadora salvadoreña.
–¿En qué situación se encuentra actualmente el conflicto entre pandillas en El Salvador?
–Mirar El Salvador sirve para entender lo que no hay que hacer en políticas de seguridad. “Vean lo que nos pasó, no repitan esa estrategia”, sería el mensaje. Tanto los gobiernos de izquierda como los de derecha han apostado de manera sistemática a medidas de seguridad de tolerancia cero; lo único que lograron es aumentar la violencia. Las pandillas son grupos juveniles de los barrios, que nacieron en la década de los ‘80 en El Salvador, durante el conflicto armado. Cuando finalizó la guerra civil y se firmaron los acuerdos de paz sufrieron una transformación.
–¿En qué consiste esa transformación?
–En ese momento, mucha gente volvió a El Salvador y también hubo una primera ola de deportaciones desde Estados Unidos, entre estos deportados había algunos pandilleros que habían construido su práctica allá. Las organizaciones se mezclaron entre sí, entre los años ‘90 y los 2000, otros grupos barriales desaparecieron y se consolidaron dos pandillas que habían nacido en Estados Unidos: La Mara Salvatrucha y El Barrio 18. Una vez que esas dos pandillas tomaron protagonismo, las políticas de mano dura provocaron que los chicos dejaran los barrios y se clandestinizaran. Eso complicó la situación: en los últimos años, las prácticas de la violencia dentro de las pandillas se afinaron cada vez más, con la consecuente degradación del tejido social que se traduce en un incremento de homicidios y amenazas a la seguridad en los barrios.
–¿Qué formas concretas toman las amenazas a la seguridad en los barrios?
–Uno de los modos de extorsionar a las personas es pedir una cantidad de dinero mensual, cuando las personas ya no pueden pagar se tienen que mover del lugar. En el año 2009, la izquierda llegó al poder y el presidente Mauricio Funes decidió construir un espacio de negociación, que posteriormente se conoció como “La Tregua”. Para mí, el mayor problema de esa negociación es que no se hizo de manera abierta y de cara a la sociedad. Se prometió a los pandilleros cosas que no son las mejores, como aminorar el tipo de castigo en las cárceles de máxima seguridad y otra serie de prerrogativas que terminaron generando malestar entre los pandilleros que no estaban en las cárceles y, por supuesto, con la población salvadoreña.
–¿Qué consecuencias trajo ese malestar?
–En lugar de debilitar la fuerza de las pandillas, esa tregua produjo nuevas escisiones entre las pandillas. Los que están en las cárceles perdieron su liderazgo y se produjo una atomización muy particular. Considero que la única salida posible ahora sería un proceso de negociación de cara a la sociedad.
–¿Qué características distintivas habría tenido una negociación de cara a la sociedad?
–Una tregua es simplemente un cese momentáneo del enfrentamiento violento. Una negociación donde la sociedad intervenga no debería ser un cese momentáneo de la violencia. La tregua es: yo necesito que me bajes la cantidad de homicidio porque eso me está jodiendo, entonces bájamelos y yo te doy algo… y después veremos qué hacer. La negociación implica una estrategia a largo plazo: un proceso de reincorporación de los jóvenes y generación de puestos de trabajo, implica buscar otros medios de subsistencia que no sean la pandilla misma. Una negociación requiere, además, procesos claros en los que los líderes que hayan cometido crímenes contra la sociedad se sometan a juicio; son los elementos de base de una negociación con cualquier otro actor que esté por fuera de los procesos legales de un gobierno. La tregua termina dando un respiro en el cual las dos partes se rearman y el enfrentamiento continúa de una manera más violenta.
–En forma paralela a esta tregua, se aprovecharon los altos niveles de enfrentamiento y violencia para impulsar una política crecientemente punitiva.
–Antes de que la violencia alcanzara esos niveles, los medios de comunicación ya habían construido al gran monstruo. La sociedad salvadoreña siempre ha necesitado un otro a quien culpar de lo que las mismas élites no hacen. Las élites, los dirigentes políticos de izquierda y de derecha, no se han preocupado por construir un país; entonces es muy cómodo tener a quien echarle la culpa de que el asunto no funcione. Primero, el culpable del problema del desarrollo fue el indígena, posteriormente se echó la culpa a los comunistas y a los estudiantes revoltosos, durante la guerra civil fue por culpa de la guerrilla salvadoreña… y cuando se firmaron los acuerdos de paz, se quedaron sin nadie a quien culpar. Es allí donde quizá algún creativo del marketing político inventó a los nuevos culpables: los pandilleros.
–¿Qué hay detrás de crear al nuevo responsable/culpable de que la sociedad no avance?
–En El Salvador tenemos un capitalismo neoliberal muy voraz, extractivista, que le apostó a la tercerización de la economía y debilitó profundamente la agricultura. El Salvador es, además, una economía dolarizada.
–¿Qué sector o sectores son responsables del crimen organizado en El Salvador?
–Muchos sectores. La diferencia con otro tipo de lógicas violentas es que el crimen organizado debe tener complicidad del Estado. El Salvador es fundamentalmente una zona de paso, como lo es Centroamérica en general: la droga que viene del Sur hacia los Estados Unidos pasa por allí. Entonces, la pelea mayor es el control de los territorios y las rutas. Ahora, ¿eso lo hacen las pandillas? Depende, algunas sí, otras se dedican a otro tipo de negocios criminales (tráfico de armas, extorsión, narcomenudeo, etc.).
–¿Qué implicancias sociales tiene el proceso de militarización en El Salvador, frente a un enemigo definido como “omnipresente”, y cuán legal es esa intervención de las fuerzas armadas en las políticas de seguridad?
–El proceso de militarización empieza con las políticas de mano dura. Con los acuerdos de paz en El Salvador –proceso que culminó en 1992–, parte de las discusiones consistieron en desmantelar algunas instancias coercitivas que habían sido violatorias de los derechos humanos, habían cometido desapariciones, torturas y asesinatos. Desaparecieron algunas estructuras y se crearon otras que garantizaran la seguridad, como la Policía Nacional Civil, al tiempo que el Ejército dejó de estar vinculado a tareas de seguridad. Pero los niveles de violencia empezaron a aumentar y en 2001 resurgió la política de mano dura.
–¿En qué consistió esa política de mano dura?
–Es una política de tolerancia cero a la delincuencia y de régimen de excepción. Con el argumento de que con los efectivos de la Policía Nacional Civil no era suficiente para cubrir todo el territorio, se pidió la excepcionalidad para que el Ejército saliera a las calles e hiciera tareas de apoyo. Independientemente de la historia que se ha vivido, en El Salvador la autoridad militar tiene legitimidad en la visión popular: se cree que con el Ejército estaremos más seguros. Los medios de comunicación también juegan un papel importante en la construcción de esa imagen del militar como una institución que verdaderamente nos puede salvar, que es incorruptible. En los últimos ochos años, la remilitarización ha sido mucho mayor. El agravante de la militarización es que el Ejército, al igual que otras estructuras del Estado, se infiltra y termina sirviendo al crimen organizado.
–¿En qué medida la política de mano dura, impulsada con el argumento de circunscribir y combatir a las pandillas, se expande hacia la coerción de otros sectores de la sociedad?
–En este último período gubernamental que terminará en mayo de 2019, se impulsaron medidas extraordinarias que permiten apresar más fácilmente a un sospechoso y tenerlo detenido durante un tiempo largo sin que hubiera empezado necesariamente una investigación o el juicio. Estas medidas son violatorias de los derechos humanos de los encarcelados, tanto los que están con condena como los que no, cuyos derechos no se respetan. Y el mayor peligro es que volvemos a presenciar una judicialización y una condena de la pobreza a priori. Cada vez más la policía local apresa a los chicos porque sí: porque son skaters, porque tienen tatuajes, porque “parecen pandilleros”, porque son pobres.
–¿Hay algún tipo de resistencia frente a estas violaciones a los derechos humanos?
–Hay un movimiento que se llama “Azul originario”, encabezado por Wendy Morales, una chica que estuvo encarcelada tres meses y le dijeron: “ups perdone, usted tiene razón, no es culpable”. “Azul originario” y “Los siempre sospechosos de todo” son movimientos que nacen de condenas injustas y ayudan a jóvenes que están encarcelados esperando un juicio sin ninguna prueba que muestre que ellos son pandilleros o que han cometido algún tipo de ilícito. En algunos casos se probó que la policía sembró droga en la mochila de algunos jóvenes para apresarlos. Volvemos a encontrar fuerzas armadas y policiales terriblemente coercitivas. Más que la pobreza, el problema en El Salvador es la desigualdad que lleva a estos altos niveles de violencia.
–¿En qué medida logra colarse la palabra oficial, gubernamental, en el discurso mediático?
–Hay allí, al menos, tres cuestiones. La primera tiene que ver con una sociedad profundamente autoritaria de la cual el periodista forma parte y, por ende, está acostumbrado a multiplicar ese discurso oficial. Es complejo también exigirle al periodista que salga de esa lógica social en la cual está inmerso, donde además, probablemente viva en zonas controladas por pandillas y también sea extorsionado. La segunda cuestión se refiere a la lógica perversa de muchos medios de comunicación que hacen que un mismo reportero tenga que cubrir cinco notas en un día, de temas muy distintos y en espacios muy distintos. Eso te crea una aproximación muy básica al tema que estás cubriendo. Entonces, imagínate la siguiente escena. El presidente dice: “Llevamos 1500 homicidios pero no te preocupes que 1000 de esos son pandilleros. Esos, que se maten”. El periodista alcanza a tomar nota, no tiene datos para hacer una repregunta y sabe que dentro de media hora debe estar cubriendo otra nota. La propia lógica mediática nos impide construir discursos más articulados. La tercera cuestión es la compra de periodistas por parte del Estado.
–¿Cómo se llega a esa cooptación de los periodistas?
–Hay periodistas que prácticamente son comunicadores institucionales cuidando la imagen estatal, que en lugar de hacer preguntas de fondo a un funcionario reproducen lo que el funcionario está diciendo. En ciertos casos, se sabe que hubo sobresueldos cobrados por periodistas desde distintos espacios por determinados favores.
–¿Es posible establecer continuidades entre el derrotero de la guerra civil en El Salvador y la forma que tomaron los acuerdos de paz con el rasgo autoritario que usted asigna a la sociedad salvadoreña?
–La guerra civil en El Salvador forma parte de estos procesos latinoamericanos en donde grupos de campesinos, grupos de estudiantes, obreros de fábricas entre otros, se dan cuenta de que nuestros Estados, que en casi toda América Latina estaban liderados por militares, eran autoritarios y promovían una profunda desigualdad socioeconómica. Frente a ello, deciden emprender una lucha revolucionaria para intentar cambiar el sistema. La terrible represión de los años ‘70 no logra bajar los niveles de lucha. Por el contrario, el slogan del momento era: “a más represión, más lucha, más organización”. El 15 de octubre de 1979 llega al poder la Junta Revolucionaria de Gobierno que da un golpe de Estado al general Carlos Humberto Romero, el presidente de entonces. Pero a los seis meses nuevamente se le da un golpe a la Junta Revolucionaria y se vuelve otra vez a los procesos represivos. A principios de 1980 matan a Mario Zamora, uno de los grandes dirigentes de la Democracia Cristiana y asesinan también a Oscar Arnulfo Romero, un arzobispo muy famoso en El Salvador que denunciaba las injusticias cometidas por el gobierno militar.
–El asesinato del arzobispo Romero fue un punto de inflexión para la sociedad salvadoreña, durante la dictadura.
–Sí. En ese momento, la sociedad tomó conciencia de que ese asunto no iba a mejorar mediante pequeñas reformas y mucha gente decidió tomar las armas. El 10 de octubre de 1980, cinco organizaciones guerrilleras militares –provenientes de distintas perspectivas político-sociales que, además, estaban dispersas en distintos puntos del país– decidieron crear el Frente Farabundo Martí por la Liberación Nacional (FMNL). Esa lucha se prolongó diez años y después vinieron los acuerdos de paz. Yo destacaría dos cuestiones. Una, que los dos partidos políticos que han estado en el poder nacen de una guerra militar y sus dirigentes tienden a reproducir estrategias político-militares; eso se mantiene.
–¿Y la segunda cuestión?
–Una de las grandes deudas de los acuerdos de paz en El Salvador es no haber trabajado con la víctima ni con el proceso de reconciliación. En una sociedad autoritaria, al igual que en una familia autoritaria, se dice: “nos callamos y no se vuelve a hablar del asunto”. En El Salvador no hubo un proceso de diálogo, de ver cómo nos sentimos, qué fue lo que pasó.
–¿Los acuerdos de paz no incluyeron un proceso de diálogo?
–No incluyeron trabajar la reconciliación. Cuando se firman esos acuerdos, después de crear una comisión de la verdad que investiga crímenes, se produce una amnistía general para todos… y borrón y cuenta nueva. Entonces, veinticinco años después de los acuerdos de paz, la gente empieza a preguntarse si no tendríamos que hablar de esos temas, si no se tendría que hablar de las masacres que han pasado, si no habría que reconocer a la víctima.
–El que no haya habido una política de memoria se traduce en avances tibios por parte de los gobiernos de izquierda. En forma paralela, hay batallones que mantienen el nombre de los generales que encabezaron masacres a la población durante la dictadura.
–Sí. Al mismo tiempo, en la sociedad salvadoreña se está creando mayor conciencia de la importancia de trabajar la memoria. Surgen nuevas propuestas y peticiones de la sociedad civil, como el año pasado, durante la celebración de los 25 años de los acuerdos de paz, el gobierno se comprometió a construir un Museo de la Memoria. Los Museos de la Memoria que tenemos han sido creados y administrados por la sociedad civil; lo que el Estado no hace lo va construyendo la gente. En materia de memoria, destaco el trabajo del Museo de la Palabra y la Imagen, pero también hay museos en sitios donde hubo masacres, pequeños espacios donde la gente intenta mantener la memoria de su historia.
–En su estudio sobre las migraciones de ciudadanos salvadoreños hacia Estados Unidos, describe los rasgos de una “cultura nómada”. ¿De qué se tratan esos rasgos?
–En El Salvador subyace un discurso construido desde los medios de comunicación según el cual la migración es la gran posibilidad de movilidad social. El último informe de desarrollo humano, realizado hace aproximadamente seis años, afirma que de cada tres salvadoreños que consiguen trabajo, dos están fuera del país. Esto da una pauta de la problemática a la que se enfrenta cualquier salvadoreño que está intentando construir un proyecto de vida en el país. Esta cultura migrante asume que El Salvador es un lugar que te cierra las puertas. Actualmente, los jóvenes de clases populares tienen dos opciones como posibilidad de defensa: ingresar a la pandilla o migrar.
–¿Entrar a la pandilla supone una suerte de ascenso social?
–Si entras a la pandilla, aunque te maten muy joven, te aseguras que al menos tu mamá y tus hermanos tendrán casa o posibilidades de estudiar. Más que ascenso, hay una suerte de protección de la propiedad. La pandilla y la migración llegan a donde el Estado no llega. Aunque el Estado salvadoreño se comprometa a decir: “Los vamos a convencer y no van a migrar más”, la gente seguirá migrando. Y además, la reunificación familiar se vuelve muy importante. En este momento, la primera causa de migración es la reunificación familiar, la segunda causa de migración es la violencia: la pandilla te amenaza y te tienes que ir. En Centroamérica, la sociedad civil está muy sola. Vemos estrategias de supervivencia en esta moderna soledad que se habita.
