En un sistema de justicia desigual, se realizará primer juicio del Golpe de Estado

22 septiembre, 2018

Agustina Flores, acompañada de su hermana Berta Cáceres Flores, durante su detención

Por: Sandra Rodríguez Tegucigalpa, Honduras.- Una histórica familia defensora de derechos humanos enfrenta al sistema de justicia hondureño al llegar a juicios orales y públicos, donde, entre los acusados hay policías y militares.
Los casos se tratan de la detención ilegal y torturas contra la primera presa política durante el golpe de Estado del 2009, Agustina Flores; y el asesinato de la dirigente indígena lenca, Berta Cáceres Flores, el 02 de marzo del 2016. Ambas hijas de la lideresa social y política Austraberta Flores, quien desde su hogar en Intibucá, al occidente de Honduras realiza acciones para exigir justicia.
Por los lazos consanguíneos, ambos casos están unidos. La noche del 22 de septiembre del 2009, durante un desalojo violento en los alrededores de la Embajada de Brasil, en Tegucigalpa, donde se había refugiado un día antes el derrocado presidente José Manuel Zelaya, elementos de la Policía Nacional atacaron, torturaron y privaron de libertad a la profesora Agustina Flores, quien estaba en acciones por la defensa de la Constitucionalidad desde el 28 de junio, día del golpe político- militar- empresarial.
Berta Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas y Populares de Honduras (COPINH), llamó a Berta Oliva, coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), para alertarla sobre la detención ilegal de su hermana. De ese modo el Comité inició acciones para la protección y defensa de Agustina Flores.
Berta Oliva expresó que, si la historia se repite en la misma familia, y es porque hay familias entregadas a la plena tutela y defensa de los derechos humanos, y por esa razón es que el caso de Agustina Flores no es por casualidad “Yo sí creo que estaba focalizada, porque había que mandar mensajes fuertes de represión contra una persona valiosísima en este país” y se notaba su presencia, nivel organizativo, indignación y preocupación por la violación a la Constitución de la República, así como las acciones de Bertita.
La coordinadora del COFADEH no puede olvidar las constantes llamadas de Bertita por la preocupación que tenía ante lo que podía pasar con su hermana Agustina. En su valentía, la lideresa indígena del pueblo Lenca también estaba preocupada por lo que ocurría en el país y lo que se había vivido la noche de los ataque.
260px-Agustina_flores_lópez

Berta Cáceres Flores tenía la capacidad de identificar cuándo alguien estaba en peligro eminente, y advirtió que su hermana así lo estaba. Por lo que al recibir su llamada empezamos a realizar acciones para dar con su paradero. Cuando la encontramos estaba sumamente golpeada. Recuerdo que coincidimos con la visita del doctor Juan Almendares Bonilla, la encontramos en los separos de la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC). Mi sorpresa es que me encontré con una Agustina con su frente en alto, sí sumamente golpeada, pero con coraje, como el de su hermana, y ahí me dije “si son guerreras”, agregó Oliva.
“Mientras una me retorcía los brazos para atrás la otra me golpeaba la cara, me apretaban el cuello y me agredían—ya tenía las esposas puestas— reconocí a una de apellido García, durante los golpes me gritaban “USTEDES SON LOS PERROS DE LA RESISTENCIA, ESTA BUENO QUE LOS JODAN”. (Testimonio redactado por el doctor Juan Almendares Bonilla).
Estamos frente a una familia guerrera, me dije al verla, varias veces me había comunicado con doña Austraberta, la madre de ambas, es una relación que tenemos desde siempre con el COFADEH y de manera personal.
Los 22 días en prisión que estuvo Agustina, no fueron fáciles para su madre ni su hermana Berta Cáceres Flores. Se logró el 12 de octubre del 2009 la liberación bajo fianza.
En búsqueda de justicia
Familia Flores

Hoy se cumple nueve años de ese delito de lesa humanidad, y se ha recorrido varios procesos para buscar justicia. Primero ella fue acusada de sedición, la víctima era la criminal según el Tribunal de Justicia. Después se inició el proceso para que se castigue a los y las responsables de lo que sufrió Agustina Flores, por lo que el lunes próximo estarán en juicio oral y público las entonces policías Esther Ponce y Aracely García, por el delito de vejámenes.
Hubo un momento donde se propuso de parte de las victimarias para un “acuerdo amistoso” y Agustina dijo que no, ella no podía arreglar nada con las personas que la atacaron, le golpearon su cara y le propiciaron tratos crueles degradantes e inhumanos.
Se ha llegado al momento del juicio oral y público contra estas policías, y el tiempo coincide con el primer juicio contra ocho imputados como autores materiales e intermedios del asesinato de Berta Cáceres Flores. La Familia guerrera ocupa esos tribunales de justicia, lo que demuestra claramente una persecución total en su contra y la falta de justicia.
Si existió interés que de parte del sistema de justicia que se perdonara a las policías, lo que no nos da esperanza que se aplique la ley en favor de quienes defienden las causas justas, como es este caso. Lo más ausente en aplicación de verdad es la misma justicia. Por eso reiteramos que es difícil buscar justicia en medio de una dictadura.
Creemos que si el proceso se desarrolla en el tiempo establecido o se retrasa, el resultado es que van a ser sobreseídas, porque el sistema de justicia favorece a los violadores de derechos humanos y criminaliza a las víctimas, como ha sido la experiencia en otros casos que hemos representado, aseveró Berta Oliva.

Defensor de los bienes comunes de Chinacla vive bajo amenazas

Por defensores -

23 septiembre, 2018

Por Marvin Palacios
Chinacla, La Paz.- Según el informe de Global Witness titulado: “Honduras: El país más peligroso del mundo para el activismo ambiental”, señala que desde 2010 a 2016”, más de 120 personas han sido asesinadas en Honduras por enfrentarse a las empresas que acaparan la tierra y destruyen el medio ambiente.
Uno de los casos más emblemáticos fue el crimen contra la lideresa indígena lenca, Berta Cáceres perpetrado el 2 de marzo del 2016 en su vivienda localizada en La Esperanza , Intibucá.
“No hay ningún lugar en el que sea más probable morir asesinado por enfrentarse a las empresas que acaparan la tierra y destruyen el medio ambiente que en Honduras”, detalla el informe, que causó indignación en el régimen de Juan Orlando Hernández, que usurpa el poder desde el 27 de enero de 2018 en Honduras.
Los bosques y zonas hídricas de Chinacla, están en la mira de políticos, terratenientes y empresarios

Los bosques y zonas hídricas de Chinacla, están en la mira de políticos, terratenientes y empresarios Este régimen nacionalista de Hernández, a través de sus políticos más allegados han emprendido persecución y amenazas contra líderes indígenas lencas y defensores de derechos humanos, que como Felipe Benítez y Martín Vásquez, máximos representantes del Movimiento Indígena Independiente Lenca de La Paz- Honduras (MILPAH), han expresado su rechazo a los proyectos hidroeléctricos que impulsa Inversiones Aurora, propiedad de la diputada y vice presidenta del Congreso Nacional, Gladys Aurora López.
En el departamento de La Paz, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), acompaña a las comunidades indígenas en la defensa de sus derechos, brindando asesoría y representación legal, divulgando en sus propios medios de comunicación las denuncias recibidas y empoderando a las comunidades, a través del programa Euro-Justicia, auspiciado por la organización internacional Trocaire.
Es en este departamento donde se han registrado asesinatos, persecuciones, militarización y desalojos violentos acompañados de torturas, detenciones ilegales y abortos provocados por fuerzas policiales y militares. Uno de esos ejemplos, fue el caso del ataque perpetrado al líder indígena de la comunidad de Simpinula, Víctor Vásquez cuya rodilla fue severamente dañada por un proyectil de fusil policial, cuando daba acompañamiento y observación a un brutal desalojo protagonizado en la empresa campesina 9 de julio en el municipio de Tutule.
Esta vez, una delegación del COFADEH se trasladó recientemente al municipio de Chinacla, para dialogar con el defensor de los bienes comunes de la naturaleza, Ermin López que es miembro de MILPAH y que se desempeña como Comisionado Municipal en la Corporación del municipio de Chinacla.
Chinacla cuenta con 12 Consejos indígenas, y guarda con recelo títulos comunitarios de tierras ancestrales, como el de “El Llanón” y el de San Isidro, en donde habitan 21 comunidades indígenas lencas.
¿Quién es Ermin López?
Ermin López fui presidente de micro cuencas entre 2013 al 2016, y asesor de Juntas de Aguas, en los sectores de Arenales, Las Pilas y El Llanón. Más tarde se desempeñó como Presidente de la Comisión de Transparencia, en la municipalidad de Chinacla; pero sólo estuvo 6 meses, porque renunció al cargo.
La humilde casa de Ermin López se encuentra en las afueras de Chinacla.El sitio es vulnerable frente a un virtual ataque.

La humilde casa de Ermin López se encuentra en las afueras de Chinacla.El sitio es vulnerable frente a un virtual ataque. En 2016 el pueblo de Chinacla y las Juntas de Agua, lo nominan como Comisionado Municipal, tiempo en el que comenzó a organizar las comunidades indígenas y se involucra en la defensa del ambiente, especialmente en la preservación de las reservas hídricas y la amenaza que representó para el país “la plaga del gorgojo” que afectó cientos de hectáreas de pino.
Durante ese año presentó denuncias ante la Unidad Municipal Ambiental (UMA), relacionadas a la tala ilegal del bosque y el vertedero de las llamadas “aguas mieles” que hacen las empresas cafetaleras y que afectan la calidad del agua de los ríos.
En 2017 se inscribió en un diplomado de derechos humanos y pueblos indígenas que ofreció el Centro de Promoción para el Desarrollo Comunitario de Honduras (CEPRODECH), y concluyó con éxito otro diplomado con el COFADEH.
Como Comisionado Municipal, la Ley de Municipalidades lo faculta para ejercer la defensa de los derechos humanos, con atención especial a grupos vulnerables, velar porque la administración de los servicios públicos esté fundamentada en un mejor servicio a la ciudadanía.
Vigilar que se cumplan los plazos de Ley en la elaboración del presupuesto y la adecuada distribución de los recursos, presentar toda clase de peticiones a las autoridades municipales con derecho a obtener respuesta oportuna, solicitar a la Corporación Municipal, la celebración de plebiscitos o de cabildos abiertos en temas trascendentales para la vida del municipio.
Supervisar la ejecución de los subsidios que se otorguen a los patronatos y organizaciones civiles y supervisar el manejo de los fondos que perciben las Juntas de Agua, protección de los recursos y sus componentes, entre otras facultades con que cuenta un Comisionado Municipal.

“Pero una persona me dijo que tuviera cuidado, es bien escuchado que en Las Pilas habían buscado personas para que me fregaran”: Ermin López

La labor de un comisionado municipal no implica un salario, sino solo gastos de movilización, así que para sobrevivir López dijo que “yo vivo como maestro de construcción, a veces dedico 4 días para realizar ese trabajo. Hay días que dedico 4 días a la organización y un día de trabajo en la construcción, donde gano 300 lempiras por día y a veces trabajo 2 días, porque las demandas, las invitaciones o las solicitudes que me hacen las comunidades de representar al municipio, son muchas”.
En el período post electoral, luego del 26 de noviembre de 2017, cuando en Honduras se cometió el fraude más grande de la historia, que permitió que Juan Orlando Hernández, se quedara en el poder, cuando Ermin López acompañó y observó las manifestaciones que se produjeron en contra del continuismo, recibió el rechazo de algunas autoridades municipales de Chinacla.
“Me satanizaron como que yo andaba en política y como revolucionario, porque andaba dando acompañamiento cuando se hicieron tomas de calles, entonces ellos me dijeron que no podía, que un comisionado no podía hacer eso; me quisieron limitar pero yo salí adelante. Me ligaron con LIBRE, pero un defensor de derechos humanos tiene que salir a la calle para que no se violenten los derechos”, afirmó.
Añadió que cuando uno es muy exigente y se apega a la ley, y no lo pueden verlo como que uno agarra dinero del pueblo, entonces se molestan y empiezan con hostigamientos, desde el alcalde, vice alcaldesa, porque nosotros solo es con el alcalde y la vice alcaldesa que tenemos hostigamientos, con los regidores no, entonces es que ellos le quitan la palabra, tal vez viene comenzando y le quitan la palabra, la misma ley le da la potestad, entonces uno tiene que hablarles duro a ellos.
Exigir transparencia, denunciar violaciones a los ddhh y demandar la preservación de los recursos naturales, le han traído serias amenazas.
Ermin López comentó que durante el tiempo de la campaña política de 2017, solicitó realizar una veeduría de las elecciones, pero que su intención fue saboteada por el alcalde que mandó a quitarle el carburador de su motocicleta.
“El señor alcalde (el nacionalista Jesús Aguilar) mandó a sacar el carburador de la moto que me iban a asignar, y la vice alcaldesa Benigna del Carmen Mejía (también nacionalista) hizo unos montajes de fotos inventándose algo, ella decía que yo me encapuchaba para salir a las calles, y andaba unos montajes de fotos, y yo le dije que iba a poner una denuncia en contra de ella, y le dije que yo me tiraba a la calle a acompañar, que era para dar acompañamiento y que era un derecho del pueblo”, explicó el defensor de derechos humanos.
municipalidad chinacla

En esa oportunidad el regidor Oscar Aguilar de la Alianza de Oposición (PINU), le dijo que tuviera cuidado, ya que había escuchado que se había ofrecido dinero para terminar con su vida.
López agregó que ha tenido problemas con personas que talan el bosque en su comunidad, para el caso mencionó al terrateniente Manuel García, quien al parecer, en la parte alta de Chinacla, en Brisas del Cerro, se ha dado a la tarea de comprar tierras, para después descombrar los bosques, afectando una reserva hídrica que se llama El Pacayal. Las investigaciones y las denuncias del Comisionado Municipal sobre las supuestas irregularidades ejercidas en la adquisición de terrenos, han irritado al terrateniente.
López dijo a www.defensoresenlinea.com que presentó las denuncias ante la Unidad Municipal Ambiental (UMA) de Chinacla, y que esa entidad las trasladó a la Fiscalía de Marcala, pero que tanto ahí como en la Fiscalía del Ambiente de Comayagua, no se ha hecho ninguna acción.
Por otro lado, “antes había hecho una denuncia a Marcafé porque tiró 2 veces “agua mieles” al río. El fiscal era el abogado Chinchilla, él llevó el caso, pero no hizo nada, pues un amigo del empresario llamó al hijo del alcalde de Chinacla, que se llama Ever Aguilar, diciéndole que ¿por qué no me paraban a mí?, ¿ que por què era tan “despije” el alcalde?. Yo no accioné por eso, pero la segunda denuncia la volvimos a poner y se durmió en la fiscalía. Pues este don Manuel tiene 3 denuncias en el Ministerio Público (MP), tiene una en Tegucigalpa. Ese don Manuel García es un terrateniente que trepó de aquí a una comunidad de Brisas del Cerro. En esa área, nos metimos ahí, y empecé a hacer denuncias”.

“Aquí se da un caso, que aquí pagan para hacer daño, aquí alguien por mucho que sienta odio, no se la va a quitar con uno, sino que aquí paga la gente. Yo creo que esto vino más, de la parte ambiental”: Ermin lópez

Ermin López también ha enfrentado amenazas, cuando denunció un caso en el que una maestra del Centro Educativo Juan Ramón Molina, fue señalada por castigar a los niños y niñas con mucha severidad.
“Llevé el caso que tuvimos que ir a la departamental, la mandamos para Tegucigalpa, la agarró CONADEH y nada. Entonces ella (la maestra) lo que tomó fue demandarme a mí, y ella tiene un hijo que le dijo al director distrital, que él era sicario, y que para él no le costaba desaparecer”, afirmó López.
Otra amenaza le vino cuando denunció la concesión de 1.8 kilómetros en el cerro El Pacayal en donde alertó de la situación a las Juntas de Agua de la zona. Más tarde convocó a un cabildo abierto donde el pueblo declaró a Chinacla, como una comunidad libre de minería, hidroeléctricas, tala de bosques, planes de manejo, y libre de la contaminación de aguas miel de las empresas cafetaleras . El cabildo abierto se realizó el 27 de octubre de 2017 y fue ratificado en mayo de 2018.
Al parecer, la decisión disgustó a la vice presidenta del Congreso Nacional y actual diputada Gladys Aurora López que ha estado en varias oportunidades en el municipio de Chinacla, con fuerte presencia policial y militar.
Cuando Gladys Aurora se enteró de la declaratoria de Chinacla, ella culpa al regidor Oscar Aguilar de la Alianza (partido PINU), de que él influyó para que se tomara la decisión, ya que es presidente de la Asociación de Juntas de Agua de Chinacla. Gladys Aurora lo hizo a través de una página de Facebook y medios locales.
Así quedó la moto luego que la rociaran de gasolina

Así quedó la moto luego que la rociaran de gasolina Pero Martìn Vâsquez Coordinador de MILPAH dijo en el cabildo que Gladys Aurora ha concesionado, y que a ella lo que le interesa es el dinero. Martin dijo que debía respetarse el convenio 169 y los títulos comunitarios, comentó al COFADEH, el defensor de los bienes comunes.
Ermín añadió que “yo a Gladys Aurora López la he tenido 3 veces en la alcaldía, la primera vez le reclamé por esta calle, y que lastimosamente ella como diputada nunca había hecho nada por el departamento. Y yo le dije: Me gustaría que usted se enferme, meterla en una ambulancia y que brinque cuando va a La Paz. Y ella me dijo que el costo del revestimiento de la carretera era carísimo. Le segunda vez le reclamé en una reunión de Corporación que la invitaron a ella, que dejaran de dañar al pueblo con “bolsas solidarias”. Lo mismo le dije en la parte alta, que dejaran la bolsa solidaria y que dieran empleo a las comunidades, pero sin dañar la parte ambiental. Esa vez solo andaba con 2 guardaespaldas. Ella sabe que yo soy de MILPAH y no me enfrenta”.
Un domingo del mes de junio de 2018, López recibió una llamada para que visitara en la comunidad Dulce Nombre, a una madre de familia que tenía problemas con su hija menor de 7 años, que por encontrarse mal de salud no podía ir a la escuela, y se le estaba requiriendo en el centro educativo.

“Por eso se arriesga la vida. Tengo 37 años y soy fiscal de la Coordinación de MILPAH, nací en Las Pilas, Chinacla en la parte alta. Y soy lenca”: Ermin López

Salió en su motocicleta como a las 3:00 pm de su casa, subió el cerro, llegó a la casa de la madre de la niña y luego pasó a saludar a un dirigente de patronato y presidente de Junta de Agua, afiliado a la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) de la zona.
Salió de la casa del dirigente patronal, yendo en su moto y como a 200 metros avistó a dos hombres que se conducía en otra moto, quienes le dieron persecución. Logró dejarlos atrás, llegó donde otro amigo al que tenía que visitar para traer una denuncia, pero al salir; pasadas las 9:00 de la noche, ya no encontró su motocicleta.
“Cuando entro para buscar la denuncia y regreso, ya no encontré la moto, yo tomé la denuncia como a las 9:00 de la noche, allá de Dulce Nombre me roban la moto, me la llevaron de la casa donde estaba tomando la denuncia y (los que se llevaron la moto) corrieron casi 2 kilómetros, y me la fueron a quemar hacia abajo. La hallé a orilla de la calle de tierra en la comunidad La Piedrona”, detalló el entrevistado.
“Aquí se da un caso, que aquí pagan para hacer daño, aquí alguien por mucho que sienta odio, no se la va a quitar con uno, sino que aquí paga la gente. Yo creo que esto vino más, de la parte ambiental”, aseguró López.
Luego añadió que de la Alcaldía tal vez podrá venir, de la vice alcaldesa Benigna del Carmen Mejìa, nacionalista, que me ha amenazado y se reía cuando me quemaron la moto. Dijo que estaba bueno, porque andaba de metido. A mí me estuvo hostigando para la elección del comisionado, y me dijo palabras groseras y yo le dije que en un momento nos íbamos a sentar bajo un tribunal. Ella me dijo que “vos parece que fueras marica, culero, porque te metes en lo que no te importa”.
El problema es que ahí yo denuncié, porque ella fue coordinadora de la mujer durante 4 años, y pedí que el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), viniera a auditar en una reunión de la sociedad civil. Entonces a uno la ley le obliga a pedir a cualquier institución y yo me imagino, que más por eso, porque agarran mucho dinero, gastan dinero, y un día se enojó conmigo porque ella quería que yo firmara un listado para el cumpleaños del alcalde, explicó.
López señaló que “el dolor es que nosotros exigimos que el fondo ambiental lo manejen las Juntas de Agua. Y yo dije que a Gladys Aurora le dan 250 mil dólares por cuidar la montaña. Y dije que ese dinero lo manejen las Juntas de Agua. La Unión Europea está pagando para que se conserve la parte ambiental, porque ella tiene la concesión y hay convenios con organizaciones”.
En la última amenaza que sufrió López, pudo haber muerto. Cuenta que hace 5 semanas mientras se aprestaba a cenar en su casa, en las afueras de Chinacla, a orillas de la carretera pavimentada, escuchó como que se estacionaba a pocos metros una patrulla policial, pensó que seguramente el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos del Estado, habría comunicado a los policías sobre las medidas de seguridad que había solicitado a través del COFADEH.

“COFADEH me ha apoyado en la exigencia con el mecanismo. COFADEH ha estado cerquita de mí y esa es la fuerza que a mí no me da, echarle para atrás”: Ermin López

Escuchó ruidos cerca de la puerta de su casa y salió al patio, donde se encontró con un hombre que llevaba un machete en mano al cual identificó como Ramón Amaya Aguilar, originario de las Pilas, al otro individuo que saltó al patio y que cayó espaldas a él, no lo identificó.
Los 2 me cayeron y uno iba y me dijo : ¡Ah vos sapo, ya vas a ver!, y cuando vi que se abalanzó sobre mí, lo que hice fue que agarré un leño. El que se abalanzó fue el que venía de la calle, o sea Ramón. En lo que tenía agarrado el leño, venía el otro muchacho a darme y me puso una pedrada en la mano y la otra pasó cerca del ojo.
“Y ese día eso fue en la casa. No hubo oportunidad para fregarme, ellos andaban armados con machete. Yo estaba en el corredor, como pude le enrollé la mano a uno y buscaba la manera de tirarlos en un hoyo de una fosa séptica que estamos haciendo en la casa, yo le gritaba a mi mamá María Inés López que llamara a la policía, porque yo los tenía a ellos, y mi mamá llamó al 911, le contestaron pero no le dieron respuesta, corrí adentro y oí que dijeron que me iban a picar”, detalló.
Tras escuchar que la madre de Ermin López llamó a la policía, los agresores se perdieron en la oscuridad de la noche.
“Pero una persona me dijo que tuviera cuidado, es bien escuchado que en Las Pilas habían buscado personas para que me fregaran. Eso me lo dijo una señora de Chinacla, es colaboradora en la parte ambiental, Elena se llama. Ella escuchó en una cooperativa de mujeres, que le habían dicho que a mí, en cualquier ratito me iban a fregar, dice que le dijeron que yo me estaba metiendo mucho a problemas con las cooperativas de café”, comentó el ambientalista.
Hace casi un año, El COFADEH conformó y sigue capacitando La red de Defensores de Derechos Humanos Indígena Lenca de La Paz (REDHIL–PAZ). Sus integrantes, hombres y mujeres proceden de los municipios de Marcala, Chinacla, Cabañas, Santa Elena, Tutule y San José.
Al recordar a REDHIL y a COFADEH, Ermin López comentó: “COFADEH me ha ayudado, y yo lo decía en una reunión sobre mecanismos de seguridad, COFADEH me ha apoyado en la exigencia con el mecanismo. COFADEH ha estado cerquita de mí y esa es la fuerza que a mí no me da, echarle para atrás”.
“REDHIL me ha formado y de esa forma he apoyado a gente, especialmente del Aguacatal en San José La Paz, donde gente que demanda el cumplimiento de proyectos prometidos por Gladys Aurora López, han sido amenazados”, subrayó.
Y concluyó diciendo: “Por eso se arriesga la vida. Tengo 37 años y soy fiscal de la Coordinación de MILPAH, nací en Las Pilas, Chinacla en la parte alta. Y soy lenca.

LAS CAMPAÑAS DE DESCRÉDITO Y DE ODIO SIEMPRE PRECEDEN LA MUERTE

Por defensores -

22 septiembre, 2018

Esta semana que está por finalizar ha sido intensa contra la comunidad defensora de derechos humanos a nivel nacional.
Hay reportes de ataques en Colón, Atlántida, Yoro, Copán, Santa Bárbara, Intibucá, La Paz, Choluteca y Francisco Morazán. En simultáneo, el mismo patrón.
En Colón, la inteligencia militar inventó la existencia de una organización campesina independiente para atacar a la periodista inglesa Nina Lakhani, quien investiga muertes violentas en el valle del Aguán y cubre el juicio contra los asesinos de Berta Cácares en Tegucigalpa.
La inexistente Asociación acusa a la periodista de suministrar armas a los campesinos para exterminar a la fuerza xatruch, destruir las inversiones de la estándar fruit companny y de la corporación de los Facussé en la región, y además de paralizar la explotación petrolera del grupo British Gas que viene de obtener un contrato leonino de la dictadura hondureña sobre todo el atlántico.
En el mismo departamento de Colón, un empresario satélite del emporio Facussé-Nasser, la empresa Los Pinares y la municipalidad de Adán Fúnes, son señalados como promotores de las campañas de odio contra las comunidades del sector San Pedro y Guapinol, que resisten contra sus proyectos de muerte en las montañas Nombre de Dios, barrera natural de todo el litoral caribe.
Más adelante, en Atlántida, los hermanos Victor y Martín Fernández, naturales de San Juan Pueblo, son objeto actualmente de una campaña de odio cuyos autores se reúnen alrededor de los Pérez, Hawit, Atalas y la familia MINOSA de Occidente, que insisten en destruir un cementerio ancestral para llevarse el oro a Canadá.
En el caso de Martín Fernández, abogado de profesión, defensor de la flora y fauna de la cordillera y humedales a tiempo completo, líder comunitario del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, es objeto de vigilancia, persecición y de agresión física directa.
Víctor, su hermano mayor, abogado de trayectoria como fiscal anticorrupción, líder territorial en Atlántida, Yoro, Cortés y Santa Bárbara, como defensor de los pueblos Tolupán, Pech y Lencas, igualmente sufre amenazas a muerte en medio de una campaña de odio en su contra.
Víctor fue abogado defensor de Berta Cácares en Santa Bárbara e Intibucá donde fue criminalizada en vida durante los años 2012 hasta su asesinato en marzo 2016, y actualmente Fernández representa al COPINH en el juicio contra los criminales de la lideresa indigena lenca.
Ambos hermanos, Víctor y Martín, son beneficiarios de dos resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que instruye medidas de protección por el alto riesgo que representa su trabajo de defensores ambientales, procuradores de justicia y acompañantes de pueblos indígenas y comunidades agrarias.
En el departamento de Copán, tanto el liderazgo del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, como de la Asociación ACI Participa y de ASONOG, sufren igualmente campañas de descalificación financiadas por la empresa MINOSA, tramitadora local de capital canadiense, que insiste en profanar el camposanto de la comunidad de Azacualpa en complicidad con alcaldes, forenses, fiscales y policías, en busca de oro alrededor de las osamentas.
En el departamento de Yoro el equipo periodistico de Radio Progreso, encabezado por el sacerdote jesuita Ismael Moreno, sufren igualmente una campaña de descalificación por su trabajo de acompañamiento a las comuidades que resisten el modelo extractivo de muerte que promueven en Honduras el COHEP, las cámaras de comercio y la Asociación de Mineros.
Más adelante en la geografía hacia el Occidente, el Movimiento Ambientalista Santabarbarense, el MAS, sufre igualmente una campaña de descrédito por acompañar a las comunidades de Gualala, opuestas a la explotación de un mineral que destruirá el 80 por ciento de la aldea Arenales.
En Santa Bárbara fueron autorizadas por los golpistas 86 concesiones mineras y 28 represas sobre ríos, que convierten el departamento en una bomba ambiental y social.
En todo Honduras la empresa American Pacific, comprada a los gringos por mineros canadienses, tiene 45 concesiones metálicas otorgadas en los departamentos de Santa Bárbara y Choluteca. La dictadura golpista los apoya, los extorsiona y los defiende.
Como vemos hasta aquí, sin olvidar lo que sucede en La Paz y en el sur de Francisco Morazán, en Reitoca concretamente, las comunidades, sus organizaciones y liderazgos defensores, enfrentan a personas y grupos con poder, siempre vinculados a sectores criminales, impunes, que gozan de la protección de representantes de la dictadura disfrazadas de autoridades, y de periodistas y medios que representan auténticas cloacas humanas.
Toda esta comunidad nacional de personas defensores de derechos humanos sufren la misma matriz de campaña impulsada por esa comunidad criminal: videos mal hechos con imágenes pirateadas, memes distorsionados y perfiles falsos en redes sociales, también declaraciones ocifiales de portavoces de la dictadura y de los gremios privados, comentarios inducidos de periodistas asalariados del cohep, la asociación de mineros y de las empresas particulares que violan los territorios sin consulta. Toda una mezcla perversa, de lógica criminal.
Los objetivos de las campañas son diversos, desde quitar influencia local a la resistencia comunitaria, generar dudas sobre la autenticidad del trabajo de defensoría, inducir el miedo, matar la moral colectiva y asesinar en físico a los liderazgos.
El peor ejemplo de esta afirmación es el crimen de Berta Cácares. La empresa DESA, cuyos máximos ejecutivos son militares activos, policías activos y ejecutivos del banco FICOHSA, es acusada por el COPINH de planificar y ejecutar el asesinato. Y antes de hacerlo persiguió a su víctima en medios, redes y pueblos.
Por eso las campañas no son bromas. Por eso el gobierno de Estados Unidos pide a sus ciudadanos no venir a Honduras, país peligroso por el control de los criminales en el poder. Por eso la oficina del alto comisionado de derechos humanos de la ONU en Honduras, está preocupada con esta campaña.
Pero no basta estar preocupados, tenemos que parar las campañas y detener a sus autores. Denunciar a los medios, a sus ejecutivos y financiadores que difunden los mensajes de odio, y castigarlos.
El dinero de las compañías y sus relaciones con el crimen organizado no pueden ser nunca superiores a la voluntad de los pueblos. Los pueblos no quieren explotación minera ni grandes represas ni destrucción del caribe por la petrolera inglesa.
Y el COHEP puede organizar las campañas que quiera y la dictadura puede apoyar todo lo que quiera, pero las comunidades dicen NO. Ese desarrollo no lo queremos, al carajo con él. Punto.
Editorial Voces contra El Olvido, sábado 22 septiembre 2018

Publicado: 25 Septiembre 2018

Un documento del Partido Liberal, al que tuvo acceso exclusivo EL LIBERTADOR, y que aborda la declaración de imputado del padre de la chilena Natalia Ciuffardi, confirma que el Partido Nacional tuvo nexos con el crimen organizado que desfalcó el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), para la compra de votos de cara a las elecciones generales de 2013.

En la declaración, Luis Alberto Ciuffardi, menciona que incluso Mario Zelaya, quien tuvo una relación romántica con su hija, se ofrece a dar ayuda monetaria a su familia, en la que incluye vacaciones pagadas, inmuebles y hasta un camión para trabajar.

Ante la vinculación del crimen organizado con el sistema electoral, el Partido Liberal ya admitió públicamente su preocupación y el documento fue mostrado a las partes que participan en el diálogo nacional.

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. Documentos en poder de EL LIBERTADOR y del Partido Liberal, confirman las denuncias de la población y de varios organismos de sociedad civil, que en 2013 y 2015 protestaron contra el fraude electoral y el descalabro del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) respectivamente.

El escrito, es la declaración de imputado de Luis Alberto Ciuffardi, padre de la examante del director del IHSS Mario Zelaya (foto más abajo), Natalia Ciuffardi. El documento expone que la familia conoció al exfuncionario en 2012, “él vino a mi casa a ver a mi hija. Él se quedó en mi casa con 2 guardaespaldas, uno de ellos se llamaba Celio Licona”.

Agrega “nos llevamos bien, yo conversé sobre mi hija, porque él era casado y decía que estaba en trámites de separación”. El documento describe que Zelaya le ofreció ayuda monetaria a Luis Alberto Ciuffardi, quien cotizó un camión de la marca Jac (parecido al de la gráfica) con caja refrigerante (termo frio), que asegura haberle costado unos 38 millones de pesos chilenos, alrededor de 1.4 millones de lempiras.

“Yo no sabía de donde sacaba la plata. A mí también me enviaba dinero vía Afex, a mi señora, a mi hija, varias veces”. Prosigue: “La primera vez que fui a Honduras fue en febrero de 2013. Estuve un mes allá. Viaje solo. Mi esposa y Natalia estaban allá. Llegue a Honduras y después me llevaron a la Isla Roatán”.

Luego de la visita a la exótica isla, donde narra haber pasado toda una semana, Ciuffardi cuenta que al llegar de nuevo a Tegucigalpa, visitó la clínica de Mario Zelaya, y al mismo tiempo, escuchó en las noticias sobre las deficiencias que tenía el Seguro Social.

“Allá vi las noticias y hablaban mal del Seguro, que faltaban medicamentos, y como él estaba a cargo, mi hija le preguntaba y él le decía que no faltaba nada”, argumenta.

En su declaración da fe de que Natalia compró propiedades en Honduras, y aunque él no las conoció “sé que las pago Mario”, añade que estas fueron arrendadas y que su hija no tenía dinero para comprarlas, “como tampoco tenía para comprar las casas que compró aquí en Chile”.

Una de las partes más agravantes de la declaración, surge cuando Luis Alberto revela que Mario Zelaya utilizó fondos del IHSS para invertirlos en política, aunque el Partido Nacional, como acto de “buena fe” ya devolvió el dinero, la mancha no se quita. El ciudadano chileno confirma, que el dinero se usó para comprar votos.

“Una vez Mario me contó que tenía que salir a comprar votos, con dinero, para que votaran por el presidente que hay ahora en Honduras. Ahí me di cuenta que el dinero que manejaba Mario Salía del Seguro Social, y que con eso compraba todo”, asegura.

Ciuffardi recalca que “él (Mario) habló con el jefe de las maras y que al día siguiente se iba a juntar con ellos para entrar a los barrios a pagar los votos. Luego volvió a la casa y yo le pregunté cómo le había ido y me dijo que todo había salido bien”.

El imputado cuenta a la corte chilena, que no había dicho nada y que después de eso su familia le siguió aceptando el dinero, que fue usado para comprar una casa en la playa, que siempre había sido el gran sueño de los padres de Natalia.

“Yo pensaba que no nos iban a pillar nunca”, comenta Luis Alberto, y amplía que una noche Mario lo llamó para anunciarle que había sido descubierto todo. “En un momento me dijo que vendiera todo”.

El documento finaliza “Yo sabía que estaba cometiendo un delito, pero esperaba que no nos pillaran. No devolví el camión porque estaba sin pega y necesitaba la plata. Sin más que agregar previa lectura, ratifica y firma Luis Ciuffardi Muñoz”.

El escrito ahonda que incluso la familia contrató a una fuente policial para saber si estaban seguros, éste les informo que eran investigados y procedieron a proteger los bienes adquiridos con fondos del Seguro Social.

De click aquí para ver la declaración completa.

Hoy Audiencia para notificar a las partes: Tribunal de Sentencia de Choluteca sobreseyó querella contra el periodista Jairo López

Tuesday, 25 September 2018 12:25 Written by Dina Meza Published in Amenazas a la Libertad de Expresión

Después de tres años de lidiar con una querella por difamación y calumnia, el periodista Jairo López recibirá por escrito el sobreseimiento definitivo de un Tribunal de Sentencia, en una audiencia programada para este martes 25 de septiembre de 2018, donde las partes estarán en la misma en Choluteca, al Sur de Honduras para su notificación.

Jairo López fue querellado por Alejandro Aguilar, dueño de MetroTV, según lo denunció el comunicador fue una instrumentalización desde el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, muy cercano al querellante, cuando el periodista denuncio que había un pegue ilegal de agua en el local donde funcionaba el medio de comunicación.
La asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEHU, ha acompañado a López desde la primera audiencia de conciliación y después en el juicio oral y público, donde se produjeron una serie de irregularidades, desde extravío de pruebas donde el periodista respaldaba su denuncia de la empresa Aguas de Choluteca que había emitido un informe al respecto.
La ASOPODEHU realizó las acciones legales correspondientes ante la Fiscalía de Enjuiciamiento a Funcionarios Públicos y a la Inspectora de Tribunales contra todos los jueces del Tribunal de Sentencia. Todos ellos renunciaron a seguir conociendo de la causa y la Corte de Apelaciones nombró nuevos jueces.
En el ínterin del juicio Jairo López ha sido objeto de campañas de desprestigio, persecución, seguimientos, amenazas a muerte, desprestigio de su familia, entre otras cosas que ha tenido que pasar por ser uno de los pocos periodistas críticos que quedan en la zona. En la actualidad tiene medidas del Mecanismo de Protección consistente en patrullajes y una escolta permanente, lo cual debe ser cumplido por la Policía Nacional, en la regional de Choluteca.
La última acción fue el querer imponerle una escolta a espaldas del beneficiario y del Mecanismo de Protección cuyas autoridades dijeron desconocer que el Comisionado Lorgio Mejida Tinoco había decidido unilateralmente enviarle una escolta de Tegucigalpa, a pesar que no ha sido una decisión del afectado y del Comité Técnico, integrado por instituciones del Estado entre ellas la Secretaría de Seguridad .
La sorpresa para Jairo López ocurrió el 14 de septiembre cuando unos supuestos agentes le llamaron para decirle debe cambiar escolta acá estamos , ni siquiera Mejía Tinoco le habló sino personas extrañas, lo que pareció muy sospechoso y más aún cuando el periodista había recibido información de que había una operación encubierta para generar el caos el 15 de septiembre y capturarle echándole la culpa de disturbios ese día.
Hilos del poder se mueven sin descanso
Quien podría creer que una simple medida de protección donde la policía solamente debe cumplir con la implementación ha sido duramente torpedeada. El Mecanismo de Protección se ha quedado a veces hasta corto para enfrentar la desobediencia a la Ley de Protección desde los altos mandos policiales.
Aquí confluyen muchos mandos, incluido el jefe regional de la policía que ha pretendido deslegitimar la labor periodística de Jairo López, junto a otras fuerzas de seguridad que se mueven en el sector.
No ha sido fácil para López enfrentar la presión , ejercer el periodismo en una región con problemas de corrupción y abusos desde el poder, la gente parece haberse cansado de eso y desde diciembre de 2017 con el fraude electoral renuncio a quedarse de brazos cruzados y ahora sale a las calles a protestar por toda esa situación religiosamente los miércoles y los sábados de todas las semanas.
Abogada de ASOPODEHU interpone Recurso por Desistimiento Tácito
Pasados más de tres meses que el querellante no accionó en la causa y a pesar de haber sido citado para el juicio oral y público no se hizo presente al mismo, la abogada Karla Escalante interpuso un acción por desistimiento tácito de acuerdo a lo que establece el Código de Procedimientos Penales para lo cual se realizó una audiencia Ad-Hoc, a principios de septiembre donde tampoco se presentó el querellante, realizándose otra el 20 de septiembre, donde la abogada de éste pretendía una conciliación , la cual ya era extemporánea.
Ese 20 de septiembre Alejandro Aguilar si se hizo presente y trato de justificar la falta de acción lo cual no logro acreditar ni convencer al juez, por lo que el togado declaro sobreseído el juicio porque se aplicaba el desistimiento tácito.
A la salida del tribunal ese 20 de septiembre, Aguilar llegó hasta donde Jairo López se encontraba junto a delegados de la ASOPODEHU y manifestó que para el era bueno lo que había ocurrido porque ya no quería seguir adelante, “ a veces uno comete errores, pero gracias a Dios se ha dado esto, estoy a la orden con mis tres programas que tengo en mi medio de comunicación”, dijo mirando a López quien tiene vedado ejercer el periodismo porque hay “orden “ desde el Congreso Nacional y Casa Presidencial de que no le alquilen un espacio en ningún medio para continuar difundiendo su programa El Informador.
Este 25 de septiembre de 2018 las partes a audiencia de notificación de la resolución por escrito
Hoy es un día muy importante para mi vida y para el periodismo, nunca me imaginé que iba a pasar por algo así , doy gracias a Dios por todo esto y al acompañamiento de la ASOPODEHU que ha sido vital junto con su periódico digital pasosdeanimalgrande.com” señaló el comunicador.
“Estoy muy contento porque hoy el juez dará el documento de sobreseimiento definitivo y aquí puedo ver la justicia de Dios manifestada. Dios siempre va a estar con el justo y aquel que busca la justicia. Va a ser de muchas lágrimas pero de alegría”, dijo el comunicador muy emocionado.
Mientras esto sucede, las investigaciones sobre las amenazas no han sido investigadas por el Ministerio Público , apenas un requerimiento fiscal contra una mujer que es activista del Partido Nacional y que lo amenazó de muerte llamando a su programa El Informador, la utilización de ella por parte d este partido fue notaria en una audiencia donde Jairo decidió conciliar con ella si cumple con una disculpa p[pública a través de medios de comunicación.
El Ministerio Publico saco esta carta en momentos en que se encontraba la Comisión Interamericana de Derechos Humanos , CIDH, en Honduras . Este organismo anuncio libramiento de 18 requerimiento fiscales contra agresores de periodistas, a la fecha solo fue pura campaña mediática, lo que deja de manifiesto que no hay voluntad política para terminar con la violencia contra periodistas. La joven mujer solo fue el chivo expiatorio del Partido Nacional y del Ministerio Público.

Alerta: Gobierno obstaculiza labor de organizaciones de derechos humanos en las cárceles de Honduras

Friday, 21 September 2018 21:29 Written by Webmaster Published in Contexto

Foto: ASJ Honduras

La Mesa de Derechos Humanos demandó del gobierno de la República que se abstenga de violentar la Ley del Sistema Penitenciario hondureño al no permitir el trabajo del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus familias,(CPTRT) y otros organismos de derechos humanos que atienden a los privados de libertad a nivel nacional, situación que podría acarrear condenas internacionales innecesarias, según lo dio a conocer en una carta pública este 20 de sepriembre de 2018.

Esta es la carta pública emitida por esta red de organizaciones:
CARTA PÚBLICA
La Mesa de Derechos Humanos demanda al Gobierno de Honduras el respeto al trabajo que realiza el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus familias(CPTRT) y demás organizaciones de derechos humanos que trabajan con el sistema carcelario de Honduras.
Abogada
Rosa Gudiel
Directora Nacional
Instituto Penitenciario.
Señora Directora Gudiel: Favor resuelva favorablemente en razón de las consideraciones siguientes:

Conocemos al CPTRT como una organización de derechos humanos que desde 1996 acompaña a personas privadas de libertad, personal técnico y de seguridad en procesos de capacitación, que permitan fortalecer la reintegración social segura y con estilos de vida basados en el principio de no hacer daño y haciendo el mayor bien posible en el marco familiar, interpersonal, comunitario y social.

El CPTRT además del trabajo en las cárceles del país ha contribuido a la par de otras organizaciones de DDHH y de organizaciones gubernamentales como el Ministerio Público, Jueces de Ejecución, Defensa Publica y el CONAPREV a la consecución de importantes herramientas legales como la Ley del Mecanismo Nacional de Prevención, Ley del Sistema Penitenciario, Reforma al Código Penal (cambio de multas por trabajo comunitario). Como ejemplo.

Actualmente, el CPTRT comparte con la Pastoral Penitenciaria, APUVIMEH, Paz y Justicia, ASHOPAZ, Fundación Becker, Cozumel Trans y el acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado, el espacio denominado Mesa Penitenciaria para realizar acciones de incidencia que fortalezcan la promoción y protección de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en nuestro país.
Una propuesta de la Ley de Redención de Penas se encuentra en proceso para ser presentada al Congreso Nacional. De igual manera se acompaña al CONAPREV en su demanda para que el Instituto Nacional Penitenciario reforme el Art.10 del Reglamento de Visitas pues actualmente más de 13,000 familiares no tienen acceso a la comunicación con sus parientes privados de libertad por la imposición de un sinnúmero (9) de requisitos que significan para los familiares un costo de más de 3,500 lempiras. La comisión interamericana en su reciente visita a nuestro país recomendó al Instituto Nacional Penitenciario proceder a la reforma de este artículo.
Según tenemos conocimiento al CPTRT se le está negando el ingreso a los centros penales en donde nuestros compañeros/as realizan importantes labores con el financiamiento de organizaciones de la Cooperación Internacional como la Unión Europea, MISEREOR de Alemania, OPCAT y localmente la Liga de la Lactancia Materna responsable de un programa educativo para personas privadas de libertad en prevención de VIH-SIDA.

La Mesa de Derechos Humanos demanda al Gobierno de Honduras el respeto al trabajo que realiza el CPTRT en las cárceles y brindarle todas las facilidades que necesita esta organización compañera para continuar un trabajo que muy pocos grupos realizan en nuestro país a favor de las personas privadas de libertad. Recordamos al Estado que el ingreso a las cárceles está previsto en la Ley del Sistema Penitenciario y que ignorar esta circunstancia podría acarrear condenas internacionales innecesarias.

Tegucigalpa, 20 de septiembre del 2018.
Mesa de Derechos Humanos, Honduras.
Copias a:
Pastoral Penitenciaria.
Asociación Para una Vida Mejor. APUVIMEH.
Paz y Justicia.
ASHOPAZ.
Fundación Becker.
Cozumel Trans.
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas.

OACNUDH expresa su preocupación por campañas de desprestigio contra defensores de DD.HH.

septiembre 21, 2018 Redaccion

Por: Redacción CRITERIO - redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.-La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) emitió este viernes un comunicado mediante el cual manifiesta su preocupación por las campañas de desprestigio emprendidos en los últimos días contra defensores de los derechos humanos.

De manera particular la OACNUDH reconoce como víctimas a los dirigentes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), Victor Fernández y Martin Fernández, y al sacerdote jesuita y director del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación y Radio Progreso, Ismael Moreno.

El texto señala que los tres defensores de los derechos humanos “han sido el objeto de campañas de difamación en redes sociales, con la intención de desacreditar su trabajo” y recuerda que todos ellos tienen medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Los ataques contra Ismael Moreno y contra Víctor y Martín Fernández, han surgido casualmente en medio de una cruzada mediática emprendida por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y la presidenta de la en Asociación Hondureña de Energía Renovable (AHER), Elsia Paz, en la que han acusado públicamente a los defensores del medio ambiente de generar violencia en aquellas comunidades donde se desarrollan proyectos de la industria extractiva.

Para la OACNUDH las campañas de difamación y desprestigio incitan al odio y suponen un grave riesgo para el derecho a la vida y la integridad personal de las y los defensores de derechos humanos, tal como señaló en su reciente visita el Relator Especial sobre la situación de los defensores Michel Forst.

La OACNUDH dice en el comunicado que reconoce los esfuerzos realizados por el Estado de Honduras para la creación de un Mecanismo Nacional de Protección y alienta al Gobierno a avanzar en la consolidación de una política pública integral para garantizar la labor de las personas que defienden derechos, incluso en la investigación penal de este tipo de incidentes, y a la vez reitera su disposición para acompañar técnicamente este proceso.

Finalmente, reitera que el trabajo que llevan a cabo las y los defensores de los derechos humanos y la sociedad civil contribuye al fortalecimiento del Estado de derecho, la rendición de cuentas y la democracia en Honduras.

COMUNICADO DE LA OACNUDH:

Delitos contra el honor creados para enmudecer a periodistas que denuncian ilegalidades y corrupción

Wednesday, 24 February 2016 19:00 Written by Webmaster Published in Investigacion

El Título III del Código Penal hondureño indica que la calumnia, la difamación y la injuria son delitos contra el honor, y pese a los esfuerzos de diversos organismos nacionales y extranjeros para despenalizarlos, esos preceptos siguen vigentes y mantienen bajo amenaza de ser encarcelados a periodistas, defensores de derechos humanos, la disidencia política y dirigentes populares, señalados de infringir la norma.

La comisión del ilícito y penalización, se establecen en quince artículos del Código Penal, comprendidos del 155 al 169, entre los cuales existen restricciones no solo para la ciudadanía sino también para la prensa.

“Los dueños, gerentes o directores de medios de publicidad están obligados a exhibir la firma que cubra el escrito original, o la cinta magnetofónica o película que contengan las grabaciones o imágenes, en cuyas publicaciones se hubiere calumniado, injuriado o difamado; y no haciéndolo, serán ellos responsables del delito de que se trate”, reza el artículo 164 del Código Penal.

Organismos nacionales y extranjeros que pugnan para que estos delitos sean despenalizados, sostienen que la tipificación de la calumnia, la difamación y la injuria, contraviene leyes nacionales y tratados internacionales, como la Constitución de la República de Honduras, la Ley de Emisión del Pensamiento, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre otros.
La Declaración de Principios de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), reafirma la necesidad que existe en el hemisferio de asegurar el respeto y la plena vigencia de las libertades y los derechos fundamentales de las personas. Según este organismo internacional, la democracia y el desarrollo de los pueblos dependen del aseguramiento de una verdadera libertad de expresión.
“La libertad de expresión no es una concesión de los Estados, sino un derecho fundamental”, que necesita protegerse, relata la Declaración, que más abajo, en el artículo 13, inciso segundo, continúa diciendo: “Toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente”. Asimismo, señala que los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y que deben prohibir la censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de los medio de comunicación.
En otro sentido, señala que todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales y que la protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles y no por la vía penal, como ocurre en Honduras. Sin embargo, aun ventilándose el caso en los tribunales de lo civil, “debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas”, establece esta Declaración, ratificada por el Estado de Honduras e incluida en su marco legal, pero irrespetada por funcionarios de los distintos poderes del Estado.

Julio Ernesto Alvarado

Un claro ejemplo de esa difícil situación lo encontramos en el caso de Julio Ernesto Alvarado, periodista a quién el Estado de Honduras, a través del Poder Judicial, le habría violentado su derecho a la libertad de expresión y para quien a solicitud de Kenia Veliza Oliva Cardona, Dina Meza y Pen Internacional, la CIDH ha requerido protección.
En octubre de 2014 la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Penal, dejó firme la sentencia condenatoria que el 29 de octubre de 2013 emitió un juzgado de lo penal, para inhabilitar por 16 meses en el ejercicio profesional del periodista Alvarado. El fallo se deriva de las acusaciones por supuestas expresiones constitutivas de injurias que interpuso en su contra la decana de Ciencias Económicas, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, (UNAH), Belinda Flores.
El 11 de junio de 2006 el programa televisivo “Mi Nación”, dirigido por Alvarado, transmitió la denuncia de los catedráticos de la UNAH, Guillermo Ayes y Gustavo Villela, acusando a la decana de Ciencias Económicas de cometer arbitrariedades y de haber estado implicada en el tráfico de títulos profesionales.
Flores demandó por difamación e injurias a Alvarado y la justicia hondureña lo inhabilitó de su profesión, pese a que el 05 de noviembre de 2014, la CIDH había emitido la Medida Cautelar 196/14, para requerir del Estado la adopción de medidas necesarias para garantizar los derechos del periodista.
La medida, desarrollada en un documento de 10 páginas, relata la situación del periodista y hace un análisis del caso y luego en su capítulo V, solicita al Estado de Honduras suspender la sentencia condenatoria de fecha 09 de diciembre de 2013 y abstenerse de realizar acciones para inhabilitar al periodista, hasta que la CIDH se haya pronunciado.
El fallo que inhabilita a Alvarado, no solo quebranta los preceptos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino también el Artículo 74 de la Constitución de la República, que indica: “no se puede restringir el derecho de emisión del pensamiento por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales. El artículo 2 de la Ley de Emisión del Pensamiento, que es casi una copia íntegra del 19 de la Declaración, señala que son inviolables las libertades de expresión, incluyendo “el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar, recibir informaciones y transmitirlas por cualquier medio”.
Entre tanto, el Pacto de San José, conocido también como Declaración Americana, en su Artículo 1, establece el compromiso que tienen los Estados con el respeto de los derechos y libertades, garantizando su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna.
El Artículo 13 de este Pacto, señala que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, comprendida “la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística”, indica.
Asimismo, prohíbe las restricciones a este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información.
En esa misma dirección, encontramos la Declaración de Chapultepec, que establece que solo con la libre expresión y circulación de ideas se puede mantener una sociedad libre. “Sólo mediante la discusión abierta y la información sin barreras será posible buscar respuestas a los grandes problemas colectivos, crear consensos, permitir que el desarrollo beneficie a todos los sectores, ejercer la justicia social y avanzar en el logro de la equidad”, indica.
Asimismo, expresa que la libertad de expresión y de búsqueda, difusión y recepción de informaciones sólo podrá ser ejercida si existe libertad de prensa, por lo que insta a que los medios surjan libremente.
En sus principios, la Declaración de Chapultepec señala que una prensa libre es condición fundamental para que las sociedades resuelvan sus conflictos, promuevan el bienestar, protejan su libertad. “Ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder”, detalla.
Por su parte, la Declaración de Principios de la CIDH reafirma el contenido de la Declaración de Chapultepec como constitutivo de las garantías de la libertad de expresión, la libertad de la prensa y el derecho a la información. Define la libertad de expresión como un derecho fundamental, inalienable e inherente a todas las personas.
Indica, que todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar y difundir información por cualquier medio de comunicación y que todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes, apuntes y archivos personales.

Los delitos

La calumnia consiste en la acusación falsa a una persona de la comisión de un hecho que la ley califica como delito a sabiendas de que el hecho no existe. La calumnia es penada por el Código Penal, con reclusión de dos a tres años.
Según el artículo 160 del Código Penal, se incurre en difamación, cuando las imputaciones constitutivas del delito se hicieren por medios de divulgación que puedan concitar en contra del ofendido el odio o el desprecio público.
Este Código en su artículo 161 también señala que incurre en calumnia o injuria quien divulgue o reproduzca acusaciones falsa inferidas por otra persona. Esta es la norma que mantiene con un pie en la cárcel a muchos periodistas y defensores de derechos humanos que son acusados por denunciar ilegalidades y corrupción.
“Se comete el delito de calumnia, injuria o difamación no sólo manifiestamente, sino también por medio de alegorías (símbolos o signos), caricaturas, emblemas o alusiones”, reseña el Código Penal, que, contrario a los tratados internacionales ya mencionados, obliga a los periodistas, dueños, gerentes o directores de medios de a exhibir la firma que cubra el escrito original, las imágenes, el video o grabación que contengan el material mediante el cual se ha calumniado, injuriado o difamado a una persona.

Vea infografia

Los delitos de calumnia, injuria o difamación sólo pueden ser perseguidos a petición de la parte agraviada, salvo cuando la ofensa sea dirigida en contra la autoridad pública o instituciones del Estado, y, en general, si constituyera otro delito.
De acuerdo al Código Penal, la injuria se penaliza con reclusión de uno a dos años, cuando se profirieran expresiones o ejecute acción en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona. La pena se incrementa en un tercio cuando la acción constitutiva del delito se realiza a través medios de comunicación que puedan provocar odio contra la persona agraviada.

Despenalización

Hasta hoy son muchas las ocasiones en que por recomendación de organismos internacionales se ha mencionado la necesidad de despenalizar los delitos de difamación, injuria y calumnia. Sin embargo, hay quienes, como el Cardenal Oscar Rodríguez, que son del criterio de mantener la tipificación o de incrementar sus penas.
A mediados de agosto del 2013, en un foro sobre la libertad de expresión, organizado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Asociación de Medios de Comunicación del país, el entonces Presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, propuso una reforma al Código Penal, para despenalizar la injuria, calumnia y difamación y así garantizar el ejercicio periodístico.
Ese mismo foro, contó con la participación del ex fiscal adjunto, Roy Urtecho, quien no propuso la despenalización, pero sí el desaparecimiento del artículo 161, que establece: “Quien publicare o reprodujere, por cualquier medio, injurias o calumnias inferidas por otro, será penado como autor de las injurias o calumnias de que se trate”.
Con esa reforma se pudo haber eximido de responsabilidad al medio de comunicación y al periodista que informe sobre una denuncia debidamente acreditada, pero todo quedó en papel mojado, porque quien tenía la última palabra era el actual presidente de la República, Juan Orlando Hernández, quien ya ha demostrado aversión por la crítica y en ese momento era presidente del Congreso Nacional que debió aprobar la reforma.
Cabe mencionar, que sobre este tema, de mucha trascendencia para el gremio periodístico, hasta hoy, el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), no ha asumido su rol manifiesto en el Artículo 60 de su Ley Orgánica para garantizar el libre ejercicio de la libertad de expresión, no solo de sus agremiados, sino también de los medios de comunicación donde laboran.
En su momento, el presidente del CPH, Ramón Mairena, en una posición gallo-gallina se limitó a decir, que la reforma había que analizarla, una posición contraria a la del cardenal Óscar Andrés Rodríguez, quien sí ha sido firme al rechazar la idea y argumentar que la Iglesia Católica, sufre por las acusaciones falsas que le acreditan.

“Con preocupación hemos escuchado un mensaje en que se quiere despenalizar delitos contra la fama de las personas; esto no es el camino adecuado”, expresó Rodríguez.

En otro sentido, nadie puede negar que desde el Poder Ejecutivo se impulsan acusaciones contra periodistas y defensores de los derechos humanos y que esas denuncias trascienden internacionalmente. La situación es tal, que el tres de mayo de 2015, en el marco de la celebración del Día Mundial de la Libertad Prensa, la relatoría especial llamó a los Estados, incluido Honduras, a abstenerse de utilizar el derecho penal para silenciar las voces críticas.
“El ejercicio de la libertad de expresión en el continente americano enfrenta diversos desafíos, como la violencia contra periodistas y comunicadores, aunque también siguen estando amenazados en muchos países por el uso del derecho penal para sancionar la expresión de opiniones y la difusión de información sobre asuntos de interés público o que involucran a funcionarios estatales”, señaló la Relatoría, que además ha advertido, que continúa recibiendo denuncias sobre la apertura de procesos penales contra comunicadores, periodistas, dirigentes políticos y sociales por la expresión de opiniones.
“En los últimos años, funcionarios públicos han llevado a la órbita penal a medios de comunicación y periodistas en Venezuela, Cuba, Ecuador, Honduras, Brasil y Guatemala”, sostiene el documento, señalando que en Honduras, el periodista Julio Ernesto Alvarado, fue condenado por varios delitos de difamación y que la defensora de los derechos humanos de las mujeres, Gladys Lanza, también recibió condena de un año y medio de prisión por acusaciones del mismo delito.
Tomando en consideración esas recomendaciones, el 30 de octubre de 2015, el diputado por el Partido Libertad y Refundación (Libre), Jorge Cálix, presentó en el Congreso Nacional un proyecto de ley para despenalizar los delitos contra el honor. No obstante, esta propuesta se disputa un lugar con la del nuevo Código Penal, que en vez de desaparecer la injuria, la calumnia y la difamación, como delito, crea nuevas figuras y endurece las penas.
La propuesta del nuevo Código Penal, redactada por consultores españoles y penalistas hondureños, fue presentada ante la sociedad, el 25 de agosto de 2015, por el mismo presidente de la Asamblea Legislativa, Mauricio Oliva, en un acto público, donde también participó el Procurador General de la República, Abraham Alvarenga; el embajador de España, Miguel Suárez; magistrados de la Corte Suprema de Justicia; representantes del Ministerio Público, miembros de la empresa privada, de las centrales obreras y de la sociedad civil, entre otros invitados.
El proyecto crea unas 30 figuras delictivas más, incluidas la suplantación de identidad, espionaje informático, instalación o propagación de malware (virus), sustitución de páginas electrónicas y la difusión de “información falsa”. Esta última, ligada a la difamación, injuria y calumnia, tipificados como delitos, en el Código Penal vigente y mediante las cuales muchos periodistas y defensores de derechos humanos han sido querellados en los tribunales de justicia.

Jairo López

El acceso a la información parte parte de la población en general está en detrimento con el retroceso en la legislación hacia figuras legales represivas cuando los comunicadores sociales publican denuncias, eso le ha pasado al periodista Jairo López, quien labora en un canal de TV en Choluteca, en la zona Sur de Honduras, está querellado por habler publicado que un dueño de un medio de comunicación af´pin al actual presidente del Congreso Nacional tenía un pegue ilegal de agua. López ha sido objeto de una campaña de desprestigio por el mismo querellante. El juicio oral y público está programado para el mes de Julio. La Iniciativa Periodismo y Democracia le apoya legalmente, porque la sociedad ha sido privada de información vital y las autoridades deben actuar.
Selvin Euceda periodista de otro canal de TV en Choluteca también fue querellado porque divulgó divulgó que en lal Dirección Policial de Investigaciones (DPI), hay una denuncia por supuesto desfalco en contra del señor Javier Amador. Presidente de la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras. Su caso va a juicio oral y público porque no hubo conciliación.
Entre otros de los acusados, encontramos al periodista Ulises Aguirre, querellado por la ex primera dama de la nación, Rosa Elena Bonilla de Lobo, tras haber divulgado parte de un informe, donde el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), la responsabiliza compras irregulares de un lote de zapatos que entre 2010 y 2012 fueron repartidos entre los alumnos de escuelas primarias del país.
La acusación, presentada por la esposa del ex presidente, Porfirio Lobo Sosa, el 03 de septiembre de 2015, también abarca a Televicentro, empresa para la cual labora el comunicador social. La ex primera dama, considera que el periodista y el medio de comunicación violaron sus derechos al honor, a la intimidad y su imagen.
Por un caso similar, el periodista Julio Ernesto Alvarado, director del noticiero Mi Nación se ha visto involucrado en situaciones difíciles derivadas de una querella por difamación interpuesta en su contra, por haber transmitido el 11 de junio de 2006, información de supuestas irregulares cometidas por la decana de la facultad de ciencias económicas de la UNAH, Belinda Flores.
Alvarado fue acusado de tres delitos de difamación, constitutivas de injurias y como ya es conocido, el 29 de octubre de 2015, un Juzgado de Ejecución lo suspendió del ejercicio de la profesión, sin tomar en cuenta que CIDH ya había solicitado medidas cautelares y la inaplicabilidad de la sentencia condenatoria.
El 20 de enero pasado, diversos medios de comunicación dieron a conocer que un grupo de abogados de Banco Atlántida, preparan una demanda para enjuiciar por difamación al periodista, David Romero Ellner, director de Radio Globo y Globo TV, querella que tendría como objetivo, obligarlo a revelar la fuente que le proporcionó un informe que vincula a esa institución bancaria con el crimen organizado.
El lunes 18 de enero, Romero Ellner, le dio lectura al contenido del expediente 084-2015 correspondiente a la investigación, que el Ministerio Publico le sigue por lavado de activos al Banco Atlántida. El periodista leyó documentación que la Fiscalía le aportó al Juzgado de Privación de Dominio para el aseguramiento de bienes, pero llama la atención, que inmediatamente, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, salió al paso y desmintió la noticia, contrario a la actuación que este ente regulador tuvo cuando ordenó la liquidación del Banco Continental, supuestamente vinculado con el mismo delito.
Sobre este mismo caso, de manera paralela, Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII), adscrita a las Fuerzas Armadas de Honduras, a través del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, también informó tener identificadas las personas que realizan las publicaciones, según ellos, para desinformar y causar temor en los cuentahabientes de varios bancos.

Rita Santamaría

La libertad de expresión es un derecho humano, establecido en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y concebido así en la Constitución de la República, permite la libre difusión de las ideas y de ella se deriva la libertad de prensa. Sin embargo, a juicio de Rita Santamaría, periodista del semanario, A Mecate Corto, este es un derecho restringido desde hace mucho tiempo, “por los gobiernos violadores”.
Santamaría dijo, que como producto de la agresión gubernamental contra quienes se atreven a denunciar los constantes casos de corrupción, “ahora tenemos un pueblo que prefiere vivir en el silencio, haciendo a un lado la denuncia y la protesta y dejando a que sea Dios, quien resuelva su situación”.
De igual manera, condenó la intención que tiene gobierno de tipificar como delitos las críticas que la población hace a través de las redes sociales, único medio que le queda a la población para expresar sus alegrías y descontentos. Santamaría es del criterio que el gobierno jamás despenalizará los delitos de difamación, calumnia e injuria, porque es una manera de mantener sometido al pueblo.

Gerardo Chevez

Su apreciación la comparte Gerardo Chevez, periodista de Radio Progreso, quien es del criterio que la injuria, la difamación y la calumnia, fueron orientados a enmudecer a los pocos y las pocas periodistas que están informando sobre las conductas dictatoriales, la corrupción y la impunidad de la clase política que gobierna el país.
Ante tal situación, el comunicador urge la despenalización de esos delitos porque solo así se puede garantizar un ejercicio del periodismo libre.
No obstante, a juicio de la periodista del Comité por la Libre Expresión C- libre y del diario digital, Conexión, Wendy Fúnez, es difícil que en este país se logre la despenalización de estos delitos, porque el gobierno no tiene voluntad de hacerlo, pese a las recomendaciones que le han realizado diversos estados y organismos defensores de derechos humanos de Europa, América y África, que le han advertido el peligro de que el Estado este utilizando el derecho penal para restringir la libertad de expresión.
“Honduras ha suscrito convenios, protocolos y convenciones que dicen que las querellas penales son una forma de atacar la libertad de expresión y que de esta forma se restringe la democracia, pero aun así, por primera vez en historia de Honduras se inhabilito un periodista que lo único que había hecho era denunciar irregularidades”, indicó Fúnez, refiriéndose al caso de Julio Ernesto Alvarado.
Agregó, que en el presente gobierno se han disparado la cantidad de querellas e intimidaciones en contra de los comunicadores sociales y fustigó el discurso promotor de la violencia y de estigmatización que últimamente utilizan contra los periodistas, el gobierno y los empresarios señalados por actos de corrupción o de crimen organizado. Aseveró que la mayoría de las acusaciones están relacionadas con denuncias de irregularidades en administración pública y que por tal razón no van a despenalizar la injuria, la difamación y la calumnia, porque a las autoridades no les conviene que haya libertad de expresión.

Redes Sociales

Wendy Fúnez

Según Fúnez, desde el año pasado, el gobierno inició un control de las redes sociales con propósitos de criminalizar a los usuarios que hagan críticas por la corrupción y la violencia que campea en el país. En el 2015 hubo dos querellas criminales contra usuarios del Facebook; Gilberto Gálvez y Lesbia Pacheco, mientras que a Jennifer Padilla, autoridades del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) le iniciaron un procedimiento administrativo por criticar en la red las debilidades de la justicia.
El 10 de junio de 2015, Jennifer, empleada del IHSS, criticó en su muro de Facebook la falta de justicia en el despilfarro de los recursos de esa institución.
“Laboro en el IHSS desde hace catorce años y jamás habíamos pasado por una situación de estas, ninguna de las administraciones pasadas robó tan descaradamente y en esta administración pasada, no es que nadie denunciaba por lo que estábamos pasando, yo fui una de las personas que junto a un grupo de compañeros decidimos denunciar las anomalías de nuestro departamento, pero ¿qué paso?, era como hablar con la pared”, expresó.
Su publicación, provocó que la Oficina de Relaciones Laborales del IHSS la citara a una audiencia de descargo para iniciarle un procedimiento administrativo.
Entre tanto, Gilberto Gálvez, fue acusado criminalmente por la alcaldesa de La Paz, Gilma Ondina Castillo, por haber publicado en su página de Facebook, críticas del mal uso que supuestamente hace la funcionaria de los fondos públicos, mientras que a Lesbia Pacheco, la querelló su jefe, Juan Carlos Reyes, por denunciarlo por acoso sexual, meses atrás hizo lo mismo con Gladys Lanza, defensora quien junto a su organización el Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, la la acompañó a un plantón frente a las oficinas del agresor, un Tribunal de Sentencia la condenó a un año y seis meses de prisión en el 2015.
A lo anterior se suma que el 29 de agosto de 2014, a pocos días de haberse instalado la Junta Nominadora de la Corte Suprema de Justicia, José Luis Valladares, presidente del Colegio de Abogados de Honduras y miembro de la Junta, amenazó con querellar a quienes vertieran denuncias en contra de los postulantes.
"No permitiremos que denigren a los abogados que optan a ser magistrados, quien lo haga será querellado", sentenció, este miembro de la Junta Nominadora, quien junto a sus demás compañeros enfrenta un proceso administrativo en el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) por ocultar información de los candidatos a magistrados.
Sobre el tema de las redes sociales, vale mencionar que el pasado 21 enero, en una clara violación a la libertad de expresión, la Policía Nacional capturó a Elvin Francisco Molina, acusado de atentar contra el sistema financiero nacional, por haber divulgado supuestas irregularidades cometidas por instituciones bancarias del país.

Elvin Francisco Molina es custodiado por la Policía Militar acusado de un delito financiero inexistente. Hubo un gran despliegue

de los cuerpos de seguridad del Estado, los cuales se quedan inmóviles a la hora de actuar contra la delincuencia organizada y los violadores de derechos humanos.

Ver artículo en Pasos de Animal Grande

Molina fue presentado a los juzgados de San Pedro Sula y de acuerdo a la acusación corre el riesgo de ser penado con 3 a 6 años de cárcel y multa de 20 a 50 mil lempiras.
El imputado era empleado de la Empresa Alimentos Continental y participó recientemente en una movilización de los indignados de San Pedro Sula, demandando de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) el pago de los derechos laborales para él y los ex trabajadores de esa empresa, asegurada por el Estado, cuando su propietario, Jaime Rosenthal Oliva, fuera señalado de lavado de activos, por el gobierno de Estados Unidos.
Irrespetándole su principio de inocencia, a Molina lo exhibieron como delincuente en los medios de comunicación, por el simple hecho de haber laborado para una empresa propiedad de los Rosenthal.

Giberto Gálvez

El caso de Gilberto Gálvez, periodista en el departamento de La Paz, en la zona Central del país no puede quedar desapercibido, él enfrentó las primeras acciones de una querella que impulsó la alcaldesa de ese sector Gilma Ondina Castillo, pero el Tribunal de Sentencia de Comayagua desestimó la misma después de que la abogada de la Iniciativa Periodismo y Democracia argumentó que el proceso estaba viciado de nulidades, entre ellas que la funcionaria edilicia estaba promoviendo el juicio usando como apoderado legal a un abogado de la Corporación Municipal de La Paz, o sea utilizó los dineros del pueblo paceño en una acción judicial de orden privado.
Doña Aurora de Pineda, integrante de la Alianza por la Paz y la Justicia, piensa que los delitos contra el honor no solo deben despenalizarse sino que además, cuando las denuncias dadas a conocer cuentan con las pruebas suficientes, deben ser objeto de investigación por parte del Ministerio Público (MP).
“Cuando se cuenta con información fidedigna, no debería penalizarse al comunicador, sino se debe abrirse un expediente en base a la denuncia de parte del MP, porque así como están las cosas, las personas dejarán de denunciar por miedo a ser castigados”, refiere Pineda.

Derecho internacional

Ante la difícil situación que atraviesa la libertad de expresión en Honduras, el abogado Joaquin Mejía, coordinador del departamento de Derechos Humanos del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), señala que pese a que la injuria, calumnia y difamación forman parte del derecho penal hondureño, la penalización de los delitos contra el honor es incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Mejía dice que la tipificación y aplicación de esos tres delitos no es necesarias en una sociedad democrática, es desproporcionada y constituye un medio indirecto de restricción a la libertad de expresión.
Según este jurista de reconocimiento internacional, el sometimiento de una persona a un proceso penal constituye un medio particularmente gravoso de restricción de sus derechos, no sólo por el riesgo de la pérdida de la libertad, sino también por el efecto estigmatizador que el proceso y la sanción penal le acarrean. “Por lo general, el mero procesamiento penal de una persona por este tipo de delitos genera en el conjunto de la sociedad, un efecto inhibidor que limita el debate abierto y democrático”, expresó.
Asimismo, dijo que tanto el derecho comparado como la propia Convención Americana dan cuenta de medios menos gravosos para proteger el honor y la reputación de las personas. Es decir, a través de acciones civiles y la garantía del derecho de rectificación o de respuesta, con las que se obtienen resultados similares a los de la vía penal, sin los riesgos y desventajas que esta presenta.
En este sentido, menciona que una sentencia civil genera por sí misma, una reparación consecuente con la necesidad de satisfacer el honor de quien reclama tutela judicial. Sin embargo, la solución civil no trae los problemas que suscita la penal ante las normas nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. Tampoco posee el carácter intimidante de la vía penal y que apareja, como lo ha visto la Corte Interamericana, un factor de inhibición para el ejercicio de la libertad de expresión.
Las recomendaciones de dirimir por la vía civil las acusaciones por delitos contra el honor apuntan a que ésta sería la forma menos gravosa para los imputados. No obstante, si no se regulan las cuantías que los jueces deben aplicar, no se descarta que continúen los abusos judiciales.

Delitos de honor por vía civil

Mejía señala, que a la luz del principio 10 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, la protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público, persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público.
A juicio propio, sostiene que en una sociedad democrática, las personalidades políticas y públicas deben estar más expuestas –y no menos expuestas- al escrutinio y la crítica del público. “Esto no significa que el honor de los funcionarios públicos o de las personas públicas no deba ser jurídicamente protegido, sino que este debe serlo de acuerdo con los principios del pluralismo democrático”, afirma Mejía.
Este jurista basa su teoría en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH, que en su artículo 11 expresa que las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. Indica que la protección a la reputación debe garantizarse sólo a través de sanciones civiles y que en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público, debe probarse que en la difusión de la noticia el comunicador tuvo intención provocar un daño.
“Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como “leyes de desacato” atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información" sostiene la CIDH. Sin embargo, Honduras, país que hace alarde de su democracia mantiene en su legislación la posibilidad doble enjuiciamiento para las personas que son declaradas culpables de injuria en un juzgado de lo penal.

Kenia Oliva

Para la abogada Kenia Oliva, experta en la defensa de este tipo de casos a través de la Iniciativa Periodismo y Democracia, el Código Procesal Penal le reconoce al supuesto agraviado, el derecho a recurrir a los juzgados de lo civil y reclamar a través de esa vía la reparación de los daños ocasionados a su honor.
"Hay doble juzgamiento porque lo condenan penalmente y va a tener que reparar económicamente porque la supuesta víctima ya probó el daño a su honor y de esa manera ya puede pedir la reparación por daños y perjuicios”, explica Oliva, añadiendo que cuando se trata de los delitos privados como la estafa, la difanación y la usurpación, los jueces casi siempre determinan responsabilidades civiles.
En tal sentido, Oliva considera que la sanción es demasiado grave con relación al supuesto daño provocado, sobre todo, porque el derecho penal moderno no debería concebir la cárcel para delitos de menor grado. “El derecho penal solo debería sancionar los delitos graves, como los que atentan contra la vida y la seguridad interior del Estado”, expresó la profesional del derecho.
Refirió, que en el 2003 al entrar en vigencia el Código Procesal Penal, Honduras inició con procesos más garantistas, que suponían como última instancia la cárcel, pero lamentablemente los legisladores incluyeron vicios del pasado y en esa legislación penal también plasmaron delitos de acción privada.
Según Oliva, es urgente derivar los delitos contra el honor de lo penal a la vía civil, porque la persona agraviada busca reparar el daño provocado, pero enviando a la cárcel al supuesto agresor . “Por la vía civil tiene la posibilidad de resarcir y reparar su honor, como que a la otra se disculpe públicamente y se retracte de lo dicho y si esa acusación le causó un perjuicio económico, tiene que compensarlo, pero también la otra parte tiene que probar que le causó un perjuicio económico”, reiteró.
En su análisis, sostiene que tanto el derecho al honor como el de la libertad de expresión son protegidos por el Estado, pero la libertad de expresión tiene el componente del derecho de información de otras personas y es un derecho de interés general, mientras que el de honor no es más que algo personal.

“Y al ponerlos en la balanza debería prevalecer uno sobre el otro, pero los juristas dicen que deben ser iguales y con igual trato, pero por la vía penal no se les da el mismo trato porque uno queda en libertad y el otro va preso y se restringen todos los derechos civiles, políticos y el de continuar su proyecto de vida”, reflexionó la abogada

Además dijo que para evitar abusos por parte de los jueces, la ley debe contemplar que las cuantías se deben establecer en base a la capacidad económica del imputado “y me parece que debe manejarse como se hace con los delitos son contra el Estado que usted va a conciliar con la Procuraduría General de la República y ellos le imponen la multa en base a su capacidad y lo mismo debe hacerse en lo civil, porque la otra parte puede decir que obtuvo un perjuicio millonario”, señaló.

Por su parte, el abogado Marco Sánchez, es del criterio, que la tipificación debe mantenerse en el Código Penal y que los jueces emitan las sentencias a titulo ejecutivo para que el afectado pueda demandar por daños y perjuicios en los tribunales de lo civil.
Sánchez, coincide en que las sentencias donde el juez declara que el imputado tiene responsabilidades civiles, abren las puertas para que el supuesto agraviado demande por daños y perjuicios en los juzgados de lo civil, tal como lo indica el Código Procesal Penal.

Marvin Espinal

El abogado Marvin Espinal, Director de Regularización Predial del Instituto de la Propiedad, también se inclina a favor de que estos delitos continúen tipificados en el Código Penal. Para él, es una protección al honor de las personas que debe continuar, porque en muchas ocasiones, utilizando la mala fe y bajo la bandera de la libertad de expresión se daña la imagen de gente que al final resulta ser inocente de las acusaciones que le hacen a través de medios de comunicación o de las redes sociales.
No obstante, reconoce que debe haber un balance en el tema de la libertad de expresión porque los medios de comunicación tienen el derecho de hacer las críticas que correspondan a los funcionarios públicos, “pero debemos acostumbrarnos a que se hagan con medios de prueba suficientes”, dijo Espinal.
Sostiene, que los periodistas y los ciudadanos que logren documentar denuncias contra funcionarios públicos, deben acudir a las instancias legales,” porque muchas veces nos desahogamos solo en las redes sociales y se queda en eso, se daña la imagen de la persona y talvez no era cierto lo que se le señalaba”, dice Espinal, reiterando que los delitos contra el honor deben seguir tipificados en el Código Penal.

Alexis Castillo

En la misma línea de pensamiento, encontramos al abogado Alexis Castillo, quien considera importante mantener la tipificación de los delitos contra el honor en el Código Penal. No obstante, afirma que debe modificarse, porque en la actualidad solo se persigue al que critica a un funcionario público, a manera de “escudo para los funcionarios”, indicó.
Asimismo, dijo que ya el Código Procesal Penal deja expedito el tratamiento de estos delitos por la vía civil y que una vez regulado por el Código Civil, debe desaparecer de la Ley penal. “Me parece más viable que se vaya por la vía de restitución pecuniaria”, indicó, Castillo, quien a pesar de ser funcionario público, vierte su opinión a de manera particular.

Señores empresarios basta de tanta violencia y mentira: MADJ

septiembre 18, 2018 Redaccion

Deploramos que ustedes como empresarios sigan teniendo una mentalidad sumamente obtusa creyendo y tratando de hacerle creer a las comunidades que una centena de empleos, mal pagados, constituye la base del desarrollo: MADJ

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.- El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), ha hecho un llamado enérgico a los empresarios de Honduras para que paren ya la campaña de odio, violencia y mentiras en torno a los proyectos extractivistas y de minería.

El MADJ señala que los proyectos hidroeléctricos y mineros no van a prosperar en Honduras porque existe una legítima y seria resistencia ante estos proyectos que son dañinos a las comunidades y sus bienes y porque están cargados de actos de corrupción.

Aclaran que las comunidades y las organizaciones que a nivel nacional estamos opuestas al saqueo de los bienes naturales y territoriales, trabajamos hoy sin improvisaciones y conocen como y donde funcionan y cuál es su relación con la institucionalidad estatal.

Señalan además que entienden que su escalada de agresiones se origina porque tenemos sistematizados y mapeados todos sus abusos y que próximamente denunciaremos a nivel nacional.

Comunicado MADJ

El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), ante la escalada de violaciones a derechos, las mentiras, amenazas, agresiones físicas y psicológicas y las campañas criminalizadoras impulsadas por los empresarios del sistema extractivo presentes en Honduras, aglutinados en instancias como el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y la Asociación Hondureña de Productores de Energía (AHPER), con el respaldo protector e impune de la institucionalidad pública local y nacional, nos dirigimos a ustedes señores y señoras empresarios para expresar lo siguiente:

Les reiteramos nuestra certera convicción en que ninguna inversión o proyecto financiado con fondos nacionales o internacionales, paridos desde la corrupción y con el ánimo de saquear el país, como lo son en su gran mayoría los proyectos hidroeléctricos y mineros, van a prosperar en nuestra Honduras, porque existe, cada vez más, una legítima, recia y determinada resistencia por parte las comunidades que ya no se deja engañar con sus viejos cuentos de “llevar el desarrollo” a cambio de sus bienes territoriales.
Les aclaramos que las comunidades y las organizaciones que a nivel nacional estamos opuestas al saqueo de los bienes naturales y territoriales, trabajamos hoy sin improvisaciones, sabemos con quién nos estamos enfrentando, conocemos sus empresas, comprendemos cómo funcionan, reconocemos los patrones de “relacionamiento” que tienen con la institucionalidad pública, es decir, que entendemos que su escalada de agresiones se originan porque tenemos sistematizados y mapeados todos sus abusos y que próximamente denunciaremos a nivel nacional, en los países desde se originan los capitales invertidos y en cualquier instancia que permita frenar y reparar las violaciones a derechos de que son víctimas las comunidades y el país en general.
Denunciamos públicamente que son ustedes los perpetuadores de una campaña criminal que pretende señalar como violentas a las comunidades y sus organizaciones y situar como víctimas a sus empresas. Señores empresarios: toda Honduras sabe que son ustedes los que de manera “legal” a través de la Policía Nacional, Militar, Rural, Tigres y el ejército tienen las armas y ejercen la violencia y también es conocido que cuando la institucionalidad no les funciona recurren a la contratación de sicarios para “eliminar” a los liderazgos sociales opuestos a sus intereses como ha sido el caso de Berta Cáceres.
De igual forma, denunciamos y los señalamos a ustedes como los responsables directos de la burda campaña, a través de la cual pretenden ubicar en el imaginario colectivo que quienes defienden los bienes naturales y territoriales se oponen al desarrollo y al progreso de las comunidades. Razón por la cual, también los señalamos a ustedes como los responsables por los atentados o asesinatos en contra de cualquier dirigente de las comunidades o de nuestras organizaciones.
Deploramos que ustedes como empresarios sigan teniendo una mentalidad sumamente obtusa creyendo y tratando de hacerle creer a las comunidades que una centena de empleos, mal pagados, constituye la base del desarrollo. Es decir, que su visión de progreso se sustenta en la riqueza que ustedes consiguen sobre la base de la contratación de mano de obra barata, la corrupción y en el saqueo de recursos. Indicar que nosotros como organización y como comunidades, creemos que es posible el desarrollo, pero sobre la base de la dignidad humana y el respeto a los derechos humanos individuales y colectivos. De igual forma, evidenciamos públicamente que no estamos enfrentados a los trabajadores de las empresas, todo lo contrario, entendemos la desesperación que produce la pobreza, sin embargo, les aseguramos que una comunidad puede sobrevivir sin la presencia de una empresa extractiva en su territorio, que deben valorar el costo presente y futuro de su salud y la de su familia, el costo que tiene vivir sin agua, con ríos y tierra contaminada que no sirve para hacerla producir, entre muchas otras cosas.

Señores empresarios resulta muy cínico de su parte, que ustedes pretendan desconocer los desastres ambientales que han provocado sus proyectos y de forma descarada aparezcan ante la opinión pública a pedir pruebas técnicas para probar los destrozos. Los ejemplos de comunidades arrasadas por las mineras como Azacualpa, Copán, o Pajuiles en Tela en donde la comunidad entera pasó de tomar agua a beber lodo con heces fecales, no son inventos de nuestras organizaciones, son ejemplos documentados técnicamente, que no han podido ser invalidados, ni siquiera por la institucionalidad pública nacional.

Nota relacionada En Honduras hay mas de 190 mil desplazados por violencia: Consejo Noruego

De igual forma, como organizaciones conocedoras de la realidad del país, sabemos que las cifras de inversión que muestra Honduras no son positivas, pese al discurso oficial, pero esto jamás, por ningún motivo puede entenderse como una licencia para el abuso de los empresarios y menos una responsabilidad atribuible a las comunidades en su legítimo derecho de defensa de sus bienes. La responsabilidad por la no inversión se debe precisamente a los niveles desbordados de la corrupción en todos sus ámbitos y en todos los niveles y que fomentan sectores como el suyo, porque esa es la forma de “hacer negocios”.

Señores empresarios y señores del gobierno un par de recomendaciones finales sobre este conflicto:

Paren el abuso en contra de las comunidades y sus bienes. Ustedes podrán seguir haciendo todas las campañas sucias y criminalizadoras posibles, utilizar todos los medios de comunicación que son de su propiedad o con los cuales tienen alianzas corruptas; podrán seguir fomentando el odio en los trabajadores de sus empresas o podrán seguir pagándoles para que hagan las protestas, incluso, podrán seguir contratando a organizaciones que supuestamente defienden los derechos humanos para que limpien su imagen, pero les aseguramos que nunca les ajustará el dinero para la contratación de sicarios, policías o militares que contengan la dignidad de la gente que defiende sus derechos y bienes naturales y territoriales.
Paren la criminalización/asesinato en contra de los líderes comunitarios. La docilidad institucionalidad que raya en una franca complicidad es producto de la configuración y consolidación de un marco normativo que pretende no solo garantizar estabilidad jurídica a la inversión transnacional en Honduras, sino que pretende también revestir de legalidad y supremacía los intereses de los sectores económicos, en detrimento de los intereses de las mayorías y de la dignidad humana. Repetimos, sus esquemas operativos ya están documentados y serán denunciados, el que ustedes, por ejemplo, mantengan a personas procesadas legalmente en comunidades como Pajuiles o Jilamito, por ejemplo, únicamente sigue incentivando un clima de violencia en las comunidades.
Respeten la autodeterminación de las comunidades sobre el uso de su territorio. Adicionalmente, por un poquito de decencia (sino es mucho pedir) eliminen la reserva de informativa sobre las licencias ambientales y los documentos técnicos de soporte para el otorgamiento de la misma. El acceso a la información también es un derecho humano y la base para reducir la conflictividad social en torno a estos proyectos.
Investiguen objetivamente el impacto de mineras e hidroeléctricas y reparen los daños. Concretamente exigir a la institucionalidad pública que recuerde que su finalidad es el bien público, el de las mayorías, no el de complacer o trabajar para los empresarios, por lo tanto, que realice evaluaciones objetivas del impacto de estas empresas y que desde ya empiece el proceso de reparación de daños en las comunidades.

Finalmente reiterarles, señores empresarios, que en Honduras, comunidades como Pajuiles, Jilamito, Reitoca, Guapinol, Los Prados, Chinda, Omoa y Azacualpa, entre otras, han mostrado una genuina y espontánea decisión de defender lo que les pertenece y con sus acciones han demostrado una y otra vez que no están dispuestas a ceder en su lucha, que son comunidades, junto a sus organizaciones, entre ellas el MADJ, formadas por hombres y mujeres que somos incorruptibles, y empeñados en recuperar la dignidad de Honduras.

Honduras. 17 de septiembre de 2018.

MOVIMIENTO AMPLIO POR LA DIGNIDAD Y LA JUSTICIA

Estados Unidos comienza a levantar tramo de muro fronterizo “más resistente” en Texas

22 septiembre 2018 | CUBADEBATE

Trump y el muro. Imagen tomada de 6sqft.com.

Autoridades de Estados Unidos confirmaron que este sábado comienza la construcción de un muro de más de cinco metros de altura en un tramo de 6.5 kilómetros en la frontera con México, parte de la política y las acciones que promueve la administración Trump para frenar la inmigración.
El muro que comienza cuya construcción se inicia este sábado en El Paso, Texas, “será mucho más resistente y eficaz para disuadir la entrada de probables clandestinos”, declaró en un comunicado Aaron Hull, responsable de la policía de fronteras en la zona de El Paso.
La valla existente en el sitio será retirada “y un muro de 5.5 metros con postes de acero” será levantado en su lugar. La estructura tendrá un costo de 22 millones de dólares y debe quedar concluida en abril próximo, según el comunicado emitido por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU.
Un muro que separe México y EE.UU a lo largo de la totalidad de la frontera entre ambos países fue una de las promesas de Donald Trump durante su campaña electoral, la cual ha mantenido posteriormente como parte de su política de tolerancia cero contra la inmigración ilegal, que ha generado escándalos como el de los niños separados de sus familias, un caso aún no totalmente resuelto.
La iniciativa ha sido frenada en el Congreso, algo que ha generado airadas reacciones del presidente estadounidense. En julio pasado, declaró en un tuit: “¡Estoy dispuesto al cierre de Gobierno si los demócratas no nos dan los votos para la seguridad fronteriza, lo que incluye el muro!”.
El jueves último, Trump amenazó en otro tuit con vetar el acuerdo entre republicanos y demócratas para evitar un cierre, la parálisis de las administraciones federales, porque no contempla la financiación del muro.
(Con información de AFP)

Reportan que México rechazó 20 millones de dólares de EE.UU. para deportar migrantes

Publicado: 13 sep 2018 23:41 GMT - RT

Tras presiones del equipo de López Obrador, el Gobierno de Peña Nieto no accedió a usar ese dinero para repatriar inmigrantes provenientes de regiones como Centroamérica.

Reportan que México rechazó 20 millones de dólares de EE.UU. para deportar migrantes

La valla fronteriza con México en Naco, Arizona (EE.UU.), el 29 de marzo de 2013.

Samantha Sais / Reuters

México se ha negado a utilizar 20 millones de dólares provistos por Washington para realizar deportaciones de miles de inmigrantes indocumentados antes de que ingresen al territorio de EE.UU, según reportes que citan a una fuente en el Gobierno mexicano.
En concreto, el entorno del mandatario electo de México, Andrés Manuel López Obrador, trabajó durante las últimas semanas para procurar que el Gobierno de Enrique Peña Nieto "no aceptara ni un solo centavo" para esos fines, indicó a Proceso un miembro del equipo de transición.
De acuerdo con ese medio mexicano, la presión ejercida por el futuro canciller, Marcelo Ebrard, logró su cometido. "El Gobierno mexicano no aceptó los 20 millones de dólares, están ahí en el fondo de la Iniciativa Mérida, pero no se aceptaron para realizar repatriaciones", aseguró un funcionario de la actual Administración Peña Nieto.

Familias migrantes intentan ingresar a EE.UU. a través de Tijuana, México, el 19 de junio de 2018

Por su parte, la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, había destinado esos fondos al pago de los pasajes de avión y de autobús de unos 17.000 migrantes indocumentados en México, en el proceso de repatriación hacia sus países de origen, mayoritariamente en Centroamérica, reportó The New York Times.
De acuerdo con datos oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU., en agosto pasado se incrementó en 38 % la cantidad de inmigrantes detenidos al intentar ingresar a ese país. Ese índice se ha triplicado en números absolutos, siendo ese mes el sexto con más detenciones en la historia estadounidense.

EEUU valora redistribuir presupuesto para mantener bajo custodia a niños indocumentados

21 septiembre 2018 | CUBADEBATE

Muchos niños están en un depósito en Texas, enjaulados como animales. Duermen en colchonetas en el piso, con la luz permanentemente encendida. Foto tomada de Clarín.

El portal BuzzFeed publica hoy que el gobierno de Estados Unidos valora reducir el financiamiento de la investigación sobre el cáncer y otros programas para poder permitirse el costo de mantener bajo custodia a una cifra récord de niños indocumentados.
En momentos en los que los menores migrantes ubicados en refugios del Gobierno suman casi 13 mil, el ejecutivo de Donald Trump busca fondos adicionales que le permitan alimentar y alojar a esos infantes.
Según el medio, tuvo acceso a una carta enviada el 5 de septiembre por el secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), Alex Azar, a la senadora demócrata Patty Murray, en la cual dijo que planea mover 266 millones de dólares al programa para niños no acompañados de la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR).
De acuerdo con la misiva, ese dinero provendría de otros proyectos, e incluiría 13,3 millones de dólares del Instituto Nacional del Cáncer, y 16,7 millones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.
Al mismo tiempo, se tomarían 5,7 millones del programa Ryan White VIH/SIDA, que brinda atención médica y apoyo a personas con VIH que carecen de seguro suficiente, y 6,3 millones de la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias, además de 80 millones de otras iniciativas de la ORR.
También perderían fondos programas que están vinculados con la salud materno-infantil y los residentes rurales de Estados Unidos.
En una declaración enviada a BuzzFeed, Eric Hargan, subsecretario del HHS, manifestó que la reasignación es necesaria debido “al aumento en el número de casos y los incrementos inesperados de los niños que necesitan atención de nuestro programa”.
La semana pasada el diario The New York Times dio a conocer que la cifra de niños indocumentados bajo custodia del Gobierno llegó este mes a 12 mil 800, la más alta registrada en la historia del país, y cinco veces mayor a la existente en mayo de 2017, cuando eran dos mil 400.
El periódico explicó que los enormes aumentos no se deben a una mayor afluencia de los infantes que ingresan al país, sino a una reducción en la cantidad de menores liberados para vivir con familiares y otros patrocinadores.
A decir del medio, sigue cruzando la frontera sur aproximadamente la misma cantidad de pequeños que en años anteriores.
La gran diferencia, sin embargo, radica en la burocracia y en el temor provocado por una aplicación más estricta de las leyes de inmigración, que desaniman a familiares y amigos interesados en patrocinar a los niños, estimó el Times.
De hecho, CNN informó ayer que oficiales federales arrestaron a 41 adultos indocumentados cuando solicitaron cuidar a niños que se encuentran bajo la custodia federal.
Activistas defensores de los derechos de los inmigrantes consideran que la administración realiza un examen más riguroso de quienes solicitan el patrocinio de menores con el propósito de rastrear y arrestar a más indocumentados.
(Con información de Prensa Latina)

Noticias Internacionales Independientes (EE.UU.)

NYT: Hay más menores inmigrantes actualmente detenidos que en cualquier otro momento en la historia de EE.UU.

13 Sep. 2018

En noticias relacionadas con la inmigración, el periódico The New York Times informa que actualmente hay más menores inmigrantes detenidos que en cualquier otro momento de la historia en Estados Unidos de la que se tiene registros. El periódico informa que al menos 12.800 menores inmigrantes están encarcelados en más de un centenar de instalaciones contratadas por el Gobierno federal en todo el país, lo que representa un aumento de cinco veces con respecto al año pasado. La mayoría de los menores llegaron a Estados Unidos sin sus padres y ahora se encuentran bajo la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos, ya que el Gobierno encabezado por el presidente Donald Trump se ha resistido a liberarlos para que vivan con sus familias o con otros patrocinadores en Estados Unidos.

Los padres inmigrantes separados por la fuerza de sus hijos, ganan una segunda oportunidad de solicitar asilo en EE.UU.

13 Sep. 2018

Mientras tanto, en una importante victoria para las familias inmigrantes que han sido separadas por la fuerza por funcionarios de inmigración en la frontera de Estados Unidos con México, hasta 1.000 de estos solicitantes de asilo recibirán una nueva oportunidad para que sus solicitudes sean escuchadas. El acuerdo se produjo después de que los solicitantes de asilo entablaron múltiples demandas alegando que se vieron obligados a llevar a cabo la solicitud de asilo mientras se encontraban traumatizados por el hecho de que las autoridades de inmigración acababan de separarlos de sus hijos por la fuerza.

Casi 500 menores migrantes siguen separados de sus padres en EE.UU.

05 Sep. 2018

En noticias relacionadas con la inmigración, casi 500 menores continúan separados de sus padres, más de un mes después de que se cumpliera el plazo límite que impuso un tribunal para que el Gobierno del presidente Donald Trump reuniera a todas las familias que fueron separadas por agentes de inmigración en la frontera de Estados Unidos con México. Documentos presentados en el tribunal el jueves revelan que 497 menores continúan bajo custodia gubernamental de Estados Unidos. De ellos, 22 tienen menos de cinco años. La congresista de California Barbara Lee criticó duramente al Gobierno por no haber reunido a los menores con sus padres mediante una publicación en Twitter: “Esto es abuso infantil autorizado por el Gobierno. Es una violación a los derechos humanos. Y es otra mancha en el alma de nuestra Nación”

El senador Jeff Merkley denuncia que el Gobierno de Trump desvió 10 millones de dólares de la Agencia de Emergencias para construir centros de detención para inmigrantes

12 Sep. 2018

Mientras el huracán Florence avanza hacia la costa este de Estados Unidos, el senador Jeff Merkley publicó documentos que muestran que el Gobierno del presidente Donald Trump tomó casi 10 millones de dólares de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por su sigla en inglés) para destinarlos al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés), con el fin de construir más centros de detención para migrantes. Las siguientes son palabras del senador Jeff Merkley en una entrevista con Rachel Maddow, de la cadena MSNBC.

El senador Jeff Merkley expresó: “El Gobierno trabaja arduamente para conseguir fondos para instalar más campos de detención. Por supuesto, todo esto es parte de los campos de separación de menores [migrantes de sus familias], y así es como esta información llegó a mis manos… por mi trabajo en torno al tema para intentar detener las separaciones de menores [de sus familias]. Pero el hecho es que se desviaron 10 millones de dólares de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias cuando enfrentamos una temporada de huracanes, sabiendo lo que sucedió el año pasado”.

Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. triplicará el tamaño de campamento de detención para menores migrantes

12 Sep. 2018

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos anunció que triplicará la capacidad de alojamiento del campamento en el que se encuentran detenidos menores migrantes que fueron separados de sus familias en la frontera sur del país. El campamento está ubicado en el desierto, en las afueras de la ciudad de El Paso, en el estado de Texas. El Gobierno encabezado por el presidente Donald Trump estableció el campamento en la localidad de Tornillo en junio como refugio provisorio en medio de su política de “tolerancia cero”, que incluía separar por la fuerza a los menores migrantes de sus padres. Las autoridades afirman que ampliarán el establecimiento para que pueda contener 3.800 camas para albergar a menores migrantes.

Ex rabino de Stephen Miller critica su política de separaciones familiares en misas de Rosh Hashanah

12 Sep. 2018

Mientras tanto, el ex rabino del asesor de la Casa Blanca Stephen Miller –el creador de la política de separación de las familias de migrantes que cruzan la frontera de Estados Unidos desde México– condenó a Miller en un encendido discurso durante las misas de Rosh Hashanah, el Año Nuevo Judío. El rabino Neil Comess-Daniels, del templo Beth Shir Shalom de la ciudad de Santa Monica, California, afirmó: “Desde el punto de vista de la religión judía, la relación entre padres e hijos es sacrosanta. Romper esa relación es algo cruel. Sr. Miller, la política que usted ayudó a concebir y a poner en práctica es cruel”.

La medida que podría afectar a millones de inmigrantes legales que buscan la 'green card' de EE.UU.

Publicado: 23 sep 2018 00:58 GMT - RT

El Gobierno norteamericano propone una nueva regulación que obstaculizará la obtención de la residencia a inmigrantes legales que han recibido asistencia del Estado.

La medida que podría afectar a millones de inmigrantes legales que buscan la 'green card' de EE.UU.

Mike Segar / Reuters

El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU (DHS) publicó este sábado una nueva regla migratoria propuesta por la Administración Trump, según la cual a los inmigrantes legales se les puede denegar la tarjeta de residencia permanente en EE.UU. (conocida popularmente como 'green card') si ellos o sus dependientes han obtenido ciertos beneficios o subsidios del Estado o si las autoridades consideran que puedan hacerlo en el futuro.
Los beneficios elegidos incluyen el Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (cupones de alimentos), Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (asistencia social), Medicaid y la Parte D de Medicare (subsidios de medicamentos recetados).

La medida afectará principalmente a los inmigrantes legales y sus familias, ya que los inmigrantes indocumentados no son elegibles para la mayoría de los beneficios federales.
De acuerdo con el periódico Politico, la iniciativa representa el último esfuerzo del asesor de la Casa Blanca, Stephen Miller, para reducir drásticamente la inmigración a EE.UU. Ahora, el DHS buscará comentarios públicos amplios sobre la regla, un proceso que generalmente toma un año.
Muchos tendrán que elegir
La regulación podría obligar a millones de familias de bajos ingresos a elegir entre la asistencia del Gobierno y la residencia permanente en Estados Unidos. Algunos activistas temen que en última instancia podría restringir el acceso de los niños a los alimentos y la atención médica.
Cuando aparecieron los primeros informes sobre los planes de la Administración Trump para cambiar las reglas de obtención de las tarjetas verdes, la noticia provocó ansiedad y desinformación en las comunidades de inmigrantes, según el medio.
Aunque la reglamentación aún no ha sido aprobada e implementada, los inmigrantes ya rechazan los subsidios del Gobierno para alimentos básicos y comida para bebés, por temor a que en el futuro les impida recibir la residencia permanente.
El diario informó a principios de este mes que los proveedores locales de salud pública en al menos 18 estados registraron caídas de hasta un 20 por ciento en la inscripción a beneficios, una señal de que la mera amenaza de una 'marca negra' de los servicios de inmigración puede alejar a las personas de la asistencia gubernamental.

miércoles, 26 de septiembre de 2018

En un sistema de justicia desigual, se realizará primer juicio del Golpe de Estado

Defensor de los bienes comunes de Chinacla vive bajo amenazas

“Pero una persona me dijo que tuviera cuidado, es bien escuchado que en Las Pilas habían buscado personas para que me fregaran”: Ermin López

“Aquí se da un caso, que aquí pagan para hacer daño, aquí alguien por mucho que sienta odio, no se la va a quitar con uno, sino que aquí paga la gente. Yo creo que esto vino más, de la parte ambiental”: Ermin lópez

“Por eso se arriesga la vida. Tengo 37 años y soy fiscal de la Coordinación de MILPAH, nací en Las Pilas, Chinacla en la parte alta. Y soy lenca”: Ermin López

“COFADEH me ha apoyado en la exigencia con el mecanismo. COFADEH ha estado cerquita de mí y esa es la fuerza que a mí no me da, echarle para atrás”: Ermin López

LAS CAMPAÑAS DE DESCRÉDITO Y DE ODIO SIEMPRE PRECEDEN LA MUERTE

Lujos, viajes y votos comprados con fondos del IHSS, confirma padre de chilena Ciuffardi