Juicio Berta Cáceres: Familia desafiará al sistema judicial
Por: Sandra Rodríguez
Tegucigalpa, Honduras (defensoresenlinea.com).- Como un
desafío, califica Laura Zúniga Cáceres, hija de Berta Cáceres, el
primer juicio oral y público contra ocho imputados señalados como
autores materiales e intermedios por el asesinato de la lideresa
indígena lenca y coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones
Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), el 02 de marzo del 2016.
A lo largo de estos dos años y medio, la
familia de Berta Cáceres Flores, el COPINH y el equipo de legal, ha
denunciado constantemente la falta de información en torno a las
investigaciones de parte del Ministerio Público, que representa por
segundo periodo y el Fiscal General impuesto, Óscar Chinchilla.
Asimismo, a la familia e integrantes del
COPINH les niegan el acceso a instituciones públicas, cuando se
apersonan con la intención de saber como va el caso, las investigaciones
o audiencias. Teniendo pleno conocimiento de quienes se trata, los
operadores de justicia o empleados públicos no toman en cuenta a las
víctimas de este crimen.
Berta Cáceres, la defensora de derechos
humanos, indígena, antimperialista, antipatriarcal, antimilitarista, le
fue arrebatada a la humanidad. Todo este proceso, su familia lo enfrenta
con el recuerdo de “esa Berta Cáceres irreverente, rebelde, alegre, que
nos incitaba y que ella misma desafiaba esas estructuras, la frialdad y
naturalidad de los poderes económicos y políticos”.
Y es justo eso lo que “nos ha tocado
hacer en este proceso de justicia, enfrentarnos a las instituciones que
se supone deberían impartir justicia, y nos ha tocado ver esa realidad
de las instituciones sumamente racista y patriarcales que nos niegan la
entrada a esas instituciones por el hecho de nuestra forma de vestir,
color de piel y nuestra procedencia”.
Detalló que, en este primer proceso ha
sido un debate poder entrar a los tribunales, les dicen que la sala está
llena, aunque está vacía, y en casos extremos “nos dicen que con
pañuelos lencas no podemos ingresar, cuando hemos visto como se utiliza
nuestros pañuelos (típicos) como forma de lucrarse, pero nosotros no lo
podemos utilizar”.
-Hace unas semanas, una campaña del
régimen del ilegal presidente Juan Orlando Hernández utilizó una frase
de Berta Cáceres, días después su esposa, Ana García, apareció con
atuendo alusivos a la cultura Lenca, ambos eventos fueron condenados por
organizaciones sociales, indígenas y población-.
“la cancillería de la República ha
tenido el cinismo de usar el pensamiento de Berta para hacerse los
democráticos mientras legalizan proyectos de muerte para los pueblos
indígenas y la entrega de sus territorios mediante la ley de consulta
previa…” Expresó un comunicado dela Red Nacional de Defensoras de DDHH.
La menor de las hijas de Berta Cáceres
declaró que “Nos ha tocado en los más profundo de la indignación, pelear
para entrar a esas salas donde después nos prohíben que digamos lo que
sucede, porque si hacemos citas textuales de lo que ahí sucede, nos
dicen que es una amenaza, cuándo somos nosotras los que constantemente
vivimos amenazas”.
Entonces, estamos en unas instituciones en las que es tan desgastante y constante la violencia a la que nos someten y volvemos a tomar perspectiva para decir que estamos desafiando a esas instituciones y a la justicia hondureña que está empequeñeciendo este caso y solo dejándolo en el hecho del 02 de marzo y esas balas que se encañonaron en el pecho de Berta Cáceres; pero que no toman en cuenta todo el contexto del rededor en el asesinato. Laura Zúniga
Tomar en cuenta el contexto en el que se
da el asesinato, el acumulado de hechos, negar eso es generar impunidad
por eso solicitamos que la familia Atala Zablah (directivos de la
empresa Desarrollos Energéticos S.A.) fuera atestiguar, pero nos dicen
que eso no se puede, declaró Zúniga Cáceres, en el marco de una
conferencia de prensa donde la Coalición Contra la Impunidad, anunció su
acompañamiento de observación durante este primer juicio.
DESA era la empresa encargada de la
construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca, que afectaría el
cauce del Río Gualcarque, en la comunidad de Río Blanco, Intibucá.
Cáceres y el COPINH, denunciaron constantemente ese proyecto, y por ello
fue amenazada, según indica la línea de tiempo que se puede consultar
en el sitio web Berta.copinh.org lanzado en el marco de una campaña para romper el cerco mediático y exigir justicia en esta causa.
Reiteró que “Seguimos desafiando a la
autoridad, nos han dicho que ese juicio se va a aquedar dentro de cuatro
paredes y que no vamos a poder sacarlo, que la justicia entonces es
exclusiva para cierto grupo de personas porque nosotros tampoco podemos
acceder a esa sala, por eso los volvemos a desafiar, estamos cansadas y
cansados de que se someta al pueblo hondureño a situaciones como esas,
estamos cansadas de que sólo sea siempre los ricos los que pueden
acceder a esos lugares, y nosotras estar ahí mendigando justicia, desde
ese desafío nos paramos frente a la institucionalidad”.
Además, afirmó que no están solas, no
sólo es la familia de Berta Cáceres, es el COPINH y todas las personas
que lloraron y se indignaron y siguieron adelante, son el pueblo
hondureño que se indigna y enfrenta un sistema de muerte, por lo que
desde este escenario “seguiremos luchando y vamos a seguir hasta que
todo sea como lo soñamos”.
Para el lunes se tiene previsto el
inicio del juicio contra Emerson Duarte Meza, Edilson Atilio Duarte
Meza, Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Henrry Javier Hernández, Oscar
Aroldo Torres Velásquez, acusados de autores materiales y como autores
intermediarios a: Mariano Díaz Chávez, militar activo al momento del
asesinato, Douglas Geovanny Bustillo, exjefe de seguridad de DESA,
Sergio Ramón Rodríguez Orellana Gerente del área social, ambiental y de
comunicaciones de DESA.
Consejo Civico de Organizaciones Populares e Indigenas de Honduras - COPINH
Caso Berta Cáceres
Por COPINH
KAOS EN LA RED - Publicado en: 2 septiembre, 2018
* “Se quiere que el señor Atala venga a declarar sobre cómo financiaron la muerte de Berta Cáceres”
* Denuncia Pública.
* Audiencia de proposición de pruebas, sin pruebas.
* Denuncia Pública.
* Audiencia de proposición de pruebas, sin pruebas.
“Se quiere que el señor Atala venga a declarar sobre cómo financiaron la muerte de Berta Cáceres”
“Quieren que vengan testigos a auto incriminarse”
“Haciendo uso al derecho de reserva de la información y la secretividad en las investigaciones, no podemos pronunciarnos sobre posibles investigaciones a Daniel Atala, porque no estamos autorizados para hablar sobre investigaciones de AUTORÍA INTELECTUAL en el caso”
Estas fueron las palabras de la abogada
Ritza Antúnez apoderada legal del mayor de las fuerzas armadas Mariano
Díaz Chávez, imputado en la causa Berta Cáceres, al oponerse a la
solicitud de la acusación privada que solicitó se llame a declarar a
varios miembros de la familia Atala Zablah, directivos de la empresa
DESA, señalada como autor intelectual en el asesinato de nuestra compañera.
¿Qué sabe la abogada sobre las implicaciones de los Atala en el caso?
La defensa de Sergio Rodríguez(Gerente
de la empresa DESA), se está oponiendo a la proposición de prueba como
testigo de Daniel Atala Midence ya que existen líneas de investigación
en su contra por parte del Ministro Público y traerlo a declarar
violenta el derecho de reserva a no incriminarse.
Ante lo anterior planteado por la defensa, el tribunal preguntó a los
fiscales si esta información es cierta, a lo que respondieron:“Haciendo uso al derecho de reserva de la información y la secretividad en las investigaciones, no podemos pronunciarnos sobre posibles investigaciones a Daniel Atala, porque no estamos autorizados para hablar sobre investigaciones de AUTORÍA INTELECTUAL en el caso”
¿Qué otra información mantiene en secreto el Ministerio Público?
¿Cuándo las víctimas tendremos acceso a todas las investigaciones hechas por el Ministerio Público?
#AQuienProtegeElMP #DESACulpable #JusticiaParaBerta
¿Cuándo las víctimas tendremos acceso a todas las investigaciones hechas por el Ministerio Público?
#AQuienProtegeElMP #DESACulpable #JusticiaParaBerta
“Se quiere que el señor Atala venga a declarar sobre cómo financiaron la muerte de Berta Cáceres”
Denuncia Pública
Denunciamos
a los encargados de seguridad en la Corte Suprema de Justicia por
limitar el acceso a nuestros compañeros y compañeras del COPINH. Desde
el día de ayer han habido una serie de incidentes en los que se quiere
obligar a que gente de las comunidades se quiten su pañuelo Lenca, entre
otros. Vemos una actitud sistemática de prácticas racistas y
discriminatorias por parte de estos oficiales que obstaculizan el paso a
las víctimas.
Desde el inicio de las audiencias hemos
visto la forma en que los miembros y miembras del COPINH son sometidos a
revisión de sus pertenencias antes de entrar a la sala, no así a otras
personas que no pertenecen al pueblo Lenca, los comentarios del cuerpo
de seguridad son “Esto no es un potrero” “La sala está llena”
Estos hechos fueron denunciados ante el
tribunal el día de ayer 31 de agosto, pero la jueza ha dicho que ellos
no tienen ninguna autoridad sobre la seguridad de la corte.
Es repudiable que la institución
encargada de impartir justicia en este país tenga un personal tan
cargado de racismo y discriminación para con los y las compañeras que
asisten a obtener verdad como mecanismo de justicia.
#DESACulpable
#JusticiaParaBerta
#AQuienProtegeElMP
#JusticiaParaBerta
#AQuienProtegeElMP
Denuncia Pública
Audiencia de proposición de pruebas, sin pruebas.
A
pocas horas de la audiencia de proposición de pruebas en el caso de
Berta las víctimas siguen sin tener certeza de la información del caso
por culpa del Ministerio Público.
En una clara falta de interés por parte
de los fiscales y a las autoridades del Ministerio Público de no
esclarecer el asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres, a dos años y
cinco meses el análisis de la información concerniente al caso, se hace
debido a la presión y trabajo de las víctimas y no del Ministerio
Público.
Esta es una semana ha sido de suma importancia en el proceso ya que el tribunal ordenó realizar todas las pericias necesarias para que la audiencia de proposición de pruebas se lleve a cabo los días 31 de agosto y 1 de septiembre, lo lamentable de esto es que no existen las condiciones para analizar toda esta información en tan poco tiempo, y por ende no existen las condiciones para desarrollar esta audiencia ni el juicio.
Ahora el mismo Ministerio Público pone a disposición 4 peritos, cosa que no hizo cuando lo debía. ¿Cuál es la respuesta del Fiscal General, Óscar Chinchilla a esta situación? Ninguna.
Esta es una semana ha sido de suma importancia en el proceso ya que el tribunal ordenó realizar todas las pericias necesarias para que la audiencia de proposición de pruebas se lleve a cabo los días 31 de agosto y 1 de septiembre, lo lamentable de esto es que no existen las condiciones para analizar toda esta información en tan poco tiempo, y por ende no existen las condiciones para desarrollar esta audiencia ni el juicio.
Ahora el mismo Ministerio Público pone a disposición 4 peritos, cosa que no hizo cuando lo debía. ¿Cuál es la respuesta del Fiscal General, Óscar Chinchilla a esta situación? Ninguna.
El equipo legal que representa al COPINH
y los familiares de Berta, presentó una ampliación que consiste el
análisis de los aparatos con información de Douglas Bustillo, Mariano
Díaz Chávez y de la que se decomisó en los allanamientos a las
instalaciones de DESA y también a Sergio Rodríguez.
Es importante evidenciar que la defensa
tiene un enorme interés en todo lo relacionado con Berta, teléfonos y
demás aparatos, sus peritos de origen estadounidenses, al declarar sin
lugar el recurso de reposición, solicitaron también pudieran periciar
toda la información solicitada por la acusación privada relacionada con
la empresa de DESA, podemos entonces asumir que quieren asegurarse por
sí mismos, al no poder frenar que obtuvieramos la información, tener
acceso a la misma y conocer con los medios probatorios que cuenta la
acusación privada.
Por otra parte, el día miércoles 29 de
agosto se podía trabajar en la sala de sentencias, pero el tribunal dijo
que no, porque los empleados se iban a las 4:30pm y no podían asegurar
que estuviera custodiando a los peritos, pese a que son ya dos años y
medio de negarse la información a las víctimas, el sistema de justicia
no puede hacer un esfuerzo mínimo para garantizar que las víctimas
tengan acceso a la información y que hasta ahora está siendo periciada.
Además de esto el tribunal tenía la
pretensión de hacer entrega de los aparatos a los peritos, obviando las
condiciones del juicio y la relevancia del caso, los aparatos podrían
estar expuestos a cualquier mecanismo malintencionado por los enemigos
de la verdad en este caso.
Nos preguntamos ¿Qué clase de justicia
es la que pretende llevar a cabo un juicio oral y público sin la
revisión de la totalidad de las pruebas? El COPINH no va a parar en su
exigencia de justicia, como Berta lo dijo “Continuamos con esta causa
por la soberanía, no sólo del Pueblo Lenca, sino de todo el pueblo
hondureño”.
Audiencia de proposición de pruebas, sin pruebas.
Orgs forman misión de expertos para observar juicio por caso Berta Cáceres
“La adecuada administración de la justicia es un componente esencial del Estado de derecho, y un sistema legal que funcione y demuestre su capacidad para actuar con independencia e imparcialidad es fundamental para una sociedad democrática basada en el respeto de los derechos humanos” señalaron las organizaciones que conforman este grupo. Estas valoraciones se hicieron llegar al Presidente de la Corte Suprema de Honduras, anunciando la conformación de dicha misión.
Berta Cáceres Flores, coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), fue asesinada el 2 de marzo de 2016, en su casa en La Esperanza, en el departamento de Intibucá.
Además del territorio, ella defendía los derechos culturales de los pueblos indígenas, y el campesinado, así como los derechos de las mujeres. Fue una destacada lideresa social, que en 2015 recibió el Premio Goldman, máximo galardón para quienes buscan preservar el medio ambiente.
A raíz de su lucha y su labor de defensa, Berta Cáceres fue víctima de numerosas amenazas y campañas de estigmatización y criminalización, lo que llevó a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgara medidas cautelares desde el año 2009.
“En numerosas ocasiones la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha identificado una situación de impunidad estructural en Honduras, por lo tanto nuestra misión de observación es un esfuerzo oportuno para monitorear si el proceso judicial cumpla con los estándares internacionales”, agregaron las organizaciones que conforman la Misión.
Durante la misión de observación, los miembros del equipo se reunirán con funcionarios y funcionarias judiciales; fiscales, misiones diplomáticas, organismos internacionales de derechos humanos, abogadas y abogados defensores y de las víctimas, en un esfuerzo por obtener una amplia perspectiva del juicio.
En este sentido, las organizaciones que formamos la Misión de Observación hacemos un llamado a las autoridades judiciales para que permitan un correcto desarrollo del proceso, apegado a derecho y en consonancia con las responsabilidades internacionales en materia de derechos humanos que ha asumido Honduras. Esto es particularmente relevante en un contexto en el que la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras está en el foco de atención de la comunidad internacional.
Contactos:
Canadá: NOMBRE Abogados Sin Fronteras Canadá
Canadá: Amanda Ghahremani, Centro Canadiense Para la Justicia Internacional
Colombia: Reynaldo Villalba, Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
Regional: Francisca Stuardo: fstuardo@cejil.org, CEJIL
España/Francia/: Mikel Cordoba, Observatoire International des Avocats
Estados Unidos: Annie Bird, Guatemala Human Rights Commission – USA
Estados Unidos: Katharine Valencia, Due Process of Law Foundation
Estados Unidos: Joseph Berra, El Instituto de Promesa, Universidad de California Los Angeles
Estados Unidos: Lauren Carasik, National Lawyers Guild
Francia: Natalia Yaya, Federación Internacional de los Derechos Humanos
Guatemala: Francisco Soto, Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos
Guatemala: Denis Martinez, Impunity Watch
Guatemala: Anabella Sibrián, Plataforma Internacional contra la Impunidad
Honduras: Dunia Pérez, Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación
Honduras: Wilfredo Méndez, Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos
Afirmando el fundamento en el derecho fundamental a un juicio justo consagrado en el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; y constatando la Resolución 60/147 de la ONU sobre el derecho de las víctimas de violaciones graves de las normas internacionales de derechos humanos a un recurso y reparaciones; invocamos, el Artículo 9 (3) (b) de la Declaración de los Defensores de los Derechos Humanos de la ONU que reconoce el derecho de los observadores de los juicios: “[a] asistir a audiencias públicas, procedimientos y juicios para formarse una opinión sobre su cumplimiento con la legislación nacional y las obligaciones y compromisos internacionales aplicables “.
Llega a Honduras delegación internacional para observar el juicio del crimen contra Berta Cáceres
Thursday, 13 September 2018 16:18 Written by Salvador Monroy Published in Bertha Caceres
Una delegación de 17 organizaciones internacionales que están
preocupadas por el respeto a los derechos humanos y por una correcta
aplicación de justicia, arribaron al país y participarán en la
observación del juicio que se les realizará a los imputados de la muerte
de Berta Cáceres, defensora de derechos humanos y Coordinadora General
del COPINH, según lo dieron a conocer en conferencia de prensa este 13
de septiembre de 2017.
El asesinato de Cáceres ocurrió el 02 de marzo de 2016 cuando ella se
encontraba en su casa en Residencial El Líbano, en La Esperanza,
Intibucá, hasta donde llegaron varios hombres armados a matarla. En la
actualidad ocho imputados guardan prisión y están vinculados con las
Fuerzas Armadas, la empresa hidroeléctrica y otros actores individuales
que supuestamente fueron los gatilleros. Aun no hay un juicio en contra
de los autores intelectuales.
Pese a tener referencias del alto grado de impunidad que se manifiesta en los tribunales de justicia a favor de los violadores de derechos humanos , la delegación observará todo el proceso del juicio que inicia el próximo 17 de septiembre y al finalizar el mismo, darán a conocer sus conclusiones.
Los representantes de las organizaciones internacionales puntearon sus puntos de vista sobre el proceso penal a través de un comunicado, donde muestran sus preocupaciones y esperan reunirse con diferentes sectores para obtener una mayor perspectiva en el desarrollo del juicio.
Delegación
Joseph Berra de la delegación internacional y representante del
Instituto La Promesa de los Derechos Humanos, señaló que “el Tribunal de
Sentencia ha ordenado a la Fiscalía del Ministerio Público, entregar la
información del caso pedido por las partes, tanto la parte defensora
como de la acusación privada y esto es importante porque no solo asegura
la transparencia en el juicio, sino también el acceso en igualdad de
las partes a la justicia”.
Afirmó que “este caso ha llamado la atención internacional y esto significa una oportunidad y una posibilidad a la justicia integral , para garantizar eso debe haber igualdad de las partes en el proceso y respetar el derecho a la verdad como parte de esta justicia transicional, donde el acceso a la información es básica para eso”.
Sobre qué se puede esperar de la institucionalidad hondureña en cuanto al contexto político que se vive en el país, Berra expresó que “todo eso lo vamos a estar analizando, sabemos que eso no es como cualquier otro juicio, esto tiene lugar en un contexto bastante complejo, como lo hemos mencionado, lo citamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hay un problema de impunidad estructural, pero por el momento tenemos una perspectiva abierta, para observar el proceso, tomar todos los elementos que podamos y después hacer nuestro análisis”.
Describió que el grupo de organizaciones internacionales que observará el juicio se especializan en derechos humanos, le han dado seguimiento al proceso y siendo un caso que ha sonado a nivel internacional, las organizaciones fuera de Honduras se mantienen a la espera de ver si se cumple la justicia en el país.
“Nuestra misión está velando por el cumplimiento de los estándares internacionales, aunque no hemos formulado un juicio sobre el proceso, pero sí hay unas preocupaciones al entrar a la etapa de juicio oral y público que esperamos sean resueltas, sobre todo el acceso a la información y la capacidad de las partes en participar en igualdad”, destacó.
Justicia
Por su parte Olivia Zúniga Cáceres, hija de la víctima, espera que en
el juicio se haga justicia y se castigue a los culpables.“Hemos tenido
la esperanza que en este país habrá justicia para Berta Cáceres, sin
embargo, la realidad es otra y se ha demostrado que el sistema judicial
de nuestro país no está procurando la justicia para Berta Cáceres y lo
que está haciendo es procurar la impunidad para los grupos económicos
que hay detrás de este asesinato y proteger a toda costa a la junta
directiva de la empresa Desarrollos Energéticos, S. A. (DESA) y por eso
nosotros estamos en la responsabilidad de señalar esto como familia”.
Zúniga Cáceres dijo que si ellos no denuncian las inconsistencias del proceso, “como COPINH, como familia y pueblo lenca, quién más lo va hace, el señalar a los autores intelectuales de este asesinato?”.
Como evidencia destacó que “el Tribunal de Sentencia rechazó que los hermanos Atala Zablah y el señor Miguel Atala Midence, testificaran en el proceso judicial que se está llevando con estos primeros ocho imputados por el asesinato de Berta Cáceres y por el intento de asesinato de Gustavo Castro”.
Ante el reclamo de justicia de la familia Zúniga-Cáceres, indicó que “nos sentimos acompañados por la comunidad internacional quien va a estar observando todo este proceso, rindiendo informes a nivel internacional, realizando acciones para procurar la justicia para Berta y ante el cerco mediático que se ha impuesto en este país, ellos van a estar informando, tanto a nivel nacional como internacional”, concluyó.
A continuación el comunicado de prensa leído por los representantes de las organizaciones que observarán el juicio:
Honduras: Organizaciones conforman Misión de expertos para observar el primer juicio por el asesinato de Berta Cáceres
Madrid/París/ Ottawa/ Ciudad de Quebec/ Washington/ Los Ángeles/ Ciudad de Guatemala/ San José/ Tegucigalpa/El Progreso, 12 de septiembre de 2018.-
Diecisiete organizaciones internacionales y nacionales; personas expertas en derechos humanos, derecho internacional y derecho nacional han formado una misión para observar el respeto del derecho a un debido proceso, la tutela judicial efectiva y el derecho de acceso a la justicia de las víctimas por el asesinato de la defensora de derechos humanos Berta Cáceres. Esto, para garantizar que el primer juicio contra ocho imputados por el asesinato de la líder indígena Lenca, y el intento de asesinato del activista ambiental mexicano Gustavo Castro, se desarrollen de acuerdo con los mejores estándares internacionales y la normativa interna. Este primer juicio tendrá lugar del 17 de septiembre al 19 de octubre de 2018 en el Tribunal de Sentencia en Tegucigalpa.
“La adecuada administración de la justicia es un componente esencial del Estado de derecho, y un sistema legal que funcione y demuestre su capacidad para actuar con independencia e imparcialidad es fundamental para una sociedad democrática basada en el respeto de los derechos humanos,” señalaron las organizaciones que conforman este grupo. Estas valoraciones se hicieron llegar al Presidente de la Corte Suprema de Honduras, anunciando la conformación de dicha misión.
Además del territorio, ella defendía los derechos culturales de los pueblos indígenas, y el campesinado, así como los derechos de las mujeres. Fue una destacada lideresa social, que en 2015 recibió el Premio Goldman, máximo galardón para quienes buscan preservar el medio ambiente.
A raíz de su lucha y su labor de defensa, Berta Cáceres, fue víctima de numerosas amenazas y campañas de estigmatización y criminalización, lo que llevó a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,(CIDH), le otorgara medidas cautelares desde el año 2009.
"En numerosas ocasiones la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha identificado una situación de impunidad estructural en Honduras, por lo tanto nuestra misión de observación es un esfuerzo oportuno para monitorear si el proceso judicial cumpla con los estándares internacionales", agregaron las organizaciones que conforman la Misión.
Durante la misión de observación, los miembros del equipo se reunirán con funcionarios y funcionarias judiciales, fiscales, misiones diplomáticas, organismos internacionales de derechos humanos, abogadas y abogados defensores y de las víctimas, en un esfuerzo por obtener una amplia perspectiva del juicio.
En este sentido, las organizaciones que forman la Misión de
Observación hacen un llamado a las autoridades judiciales para que
permitan un correcto desarrollo del proceso, apegado a derecho y en
consonancia con las responsabilidades internacionales en materia de
derechos humanos que ha asumido Honduras. Esto es particularmente
relevante en un contexto en el que la situación de los defensores y
defensoras de derechos humanos en Honduras está en el foco de atención
de la comunidad internacional.
Canadá: Geneviève Morency, Abogados Sin Fronteras Canadá.
Canadá: Amanda Ghahremani, Centro Canadiense Para la Justicia Internacional
Colombia: Reynaldo Villalba, Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
España/Francia/: Mikel Cordoba, Observatoire International des Avocats
Estados Unidos: Annie Bird, Guatemala Human Rights Commission – USA
Estados Unidos: Katharine Valencia, Due Process of Law Foundation
Estados Unidos: Joseph Berra, The Promise Institute for Human Rights, UCLA School of Law
Estados Unidos: Lauren Carasik, National Lawyers Guild
Francia: Natalia Yaya, Federación Internacional de los Derechos Humanos
Guatemala: Francisco Soto, Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos
Guatemala: Denis Martinez, Impunity Watch
Guatemala: Anabella Sibrián, Plataforma Internacional contra la Impunidad
Honduras: Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC)
Honduras: Wilfredo Méndez, Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, (CIPRODEH)
Mundial: La Comisión Internacional de Juristas
Nicaragua: El Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas
Regional: Francisca Stuardo, CEJIL
Afirmando el fundamento en el derecho fundamental a un juicio justo consagrado en el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; y constatando la Resolución 60/147 de la ONU sobre el derecho de las víctimas de violaciones graves de las normas internacionales de derechos humanos a un recurso y reparaciones; invocamos, el Artículo 9 (3) (b) de la Declaración de los Defensores de los Derechos Humanos de la ONU que reconoce el derecho de los observadores de los juicios: "[a] asistir a audiencias públicas, procedimientos y juicios para formarse una opinión sobre su cumplimiento con la legislación nacional y las obligaciones y compromisos internacionales aplicables ".
Pese a tener referencias del alto grado de impunidad que se manifiesta en los tribunales de justicia a favor de los violadores de derechos humanos , la delegación observará todo el proceso del juicio que inicia el próximo 17 de septiembre y al finalizar el mismo, darán a conocer sus conclusiones.
Los representantes de las organizaciones internacionales puntearon sus puntos de vista sobre el proceso penal a través de un comunicado, donde muestran sus preocupaciones y esperan reunirse con diferentes sectores para obtener una mayor perspectiva en el desarrollo del juicio.
Delegación
 Joseph Berra, integra la delegación internacional |
Afirmó que “este caso ha llamado la atención internacional y esto significa una oportunidad y una posibilidad a la justicia integral , para garantizar eso debe haber igualdad de las partes en el proceso y respetar el derecho a la verdad como parte de esta justicia transicional, donde el acceso a la información es básica para eso”.
Sobre qué se puede esperar de la institucionalidad hondureña en cuanto al contexto político que se vive en el país, Berra expresó que “todo eso lo vamos a estar analizando, sabemos que eso no es como cualquier otro juicio, esto tiene lugar en un contexto bastante complejo, como lo hemos mencionado, lo citamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hay un problema de impunidad estructural, pero por el momento tenemos una perspectiva abierta, para observar el proceso, tomar todos los elementos que podamos y después hacer nuestro análisis”.
Describió que el grupo de organizaciones internacionales que observará el juicio se especializan en derechos humanos, le han dado seguimiento al proceso y siendo un caso que ha sonado a nivel internacional, las organizaciones fuera de Honduras se mantienen a la espera de ver si se cumple la justicia en el país.
“Nuestra misión está velando por el cumplimiento de los estándares internacionales, aunque no hemos formulado un juicio sobre el proceso, pero sí hay unas preocupaciones al entrar a la etapa de juicio oral y público que esperamos sean resueltas, sobre todo el acceso a la información y la capacidad de las partes en participar en igualdad”, destacó.
Justicia
 Oliva, hija de Berta Cáceres:Sistema de justicia procura la impunidad |
Zúniga Cáceres dijo que si ellos no denuncian las inconsistencias del proceso, “como COPINH, como familia y pueblo lenca, quién más lo va hace, el señalar a los autores intelectuales de este asesinato?”.
Como evidencia destacó que “el Tribunal de Sentencia rechazó que los hermanos Atala Zablah y el señor Miguel Atala Midence, testificaran en el proceso judicial que se está llevando con estos primeros ocho imputados por el asesinato de Berta Cáceres y por el intento de asesinato de Gustavo Castro”.
Ante el reclamo de justicia de la familia Zúniga-Cáceres, indicó que “nos sentimos acompañados por la comunidad internacional quien va a estar observando todo este proceso, rindiendo informes a nivel internacional, realizando acciones para procurar la justicia para Berta y ante el cerco mediático que se ha impuesto en este país, ellos van a estar informando, tanto a nivel nacional como internacional”, concluyó.
A continuación el comunicado de prensa leído por los representantes de las organizaciones que observarán el juicio:
Honduras: Organizaciones conforman Misión de expertos para observar el primer juicio por el asesinato de Berta Cáceres
Madrid/París/ Ottawa/ Ciudad de Quebec/ Washington/ Los Ángeles/ Ciudad de Guatemala/ San José/ Tegucigalpa/El Progreso, 12 de septiembre de 2018.-
Diecisiete organizaciones internacionales y nacionales; personas expertas en derechos humanos, derecho internacional y derecho nacional han formado una misión para observar el respeto del derecho a un debido proceso, la tutela judicial efectiva y el derecho de acceso a la justicia de las víctimas por el asesinato de la defensora de derechos humanos Berta Cáceres. Esto, para garantizar que el primer juicio contra ocho imputados por el asesinato de la líder indígena Lenca, y el intento de asesinato del activista ambiental mexicano Gustavo Castro, se desarrollen de acuerdo con los mejores estándares internacionales y la normativa interna. Este primer juicio tendrá lugar del 17 de septiembre al 19 de octubre de 2018 en el Tribunal de Sentencia en Tegucigalpa.
“La adecuada administración de la justicia es un componente esencial del Estado de derecho, y un sistema legal que funcione y demuestre su capacidad para actuar con independencia e imparcialidad es fundamental para una sociedad democrática basada en el respeto de los derechos humanos,” señalaron las organizaciones que conforman este grupo. Estas valoraciones se hicieron llegar al Presidente de la Corte Suprema de Honduras, anunciando la conformación de dicha misión.
Además del territorio, ella defendía los derechos culturales de los pueblos indígenas, y el campesinado, así como los derechos de las mujeres. Fue una destacada lideresa social, que en 2015 recibió el Premio Goldman, máximo galardón para quienes buscan preservar el medio ambiente.
A raíz de su lucha y su labor de defensa, Berta Cáceres, fue víctima de numerosas amenazas y campañas de estigmatización y criminalización, lo que llevó a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,(CIDH), le otorgara medidas cautelares desde el año 2009.
"En numerosas ocasiones la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha identificado una situación de impunidad estructural en Honduras, por lo tanto nuestra misión de observación es un esfuerzo oportuno para monitorear si el proceso judicial cumpla con los estándares internacionales", agregaron las organizaciones que conforman la Misión.
Durante la misión de observación, los miembros del equipo se reunirán con funcionarios y funcionarias judiciales, fiscales, misiones diplomáticas, organismos internacionales de derechos humanos, abogadas y abogados defensores y de las víctimas, en un esfuerzo por obtener una amplia perspectiva del juicio.
 Periodistas que asistieron a la conferencia de prensa |
Canadá: Geneviève Morency, Abogados Sin Fronteras Canadá.
Canadá: Amanda Ghahremani, Centro Canadiense Para la Justicia Internacional
Colombia: Reynaldo Villalba, Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
España/Francia/: Mikel Cordoba, Observatoire International des Avocats
Estados Unidos: Annie Bird, Guatemala Human Rights Commission – USA
Estados Unidos: Katharine Valencia, Due Process of Law Foundation
Estados Unidos: Joseph Berra, The Promise Institute for Human Rights, UCLA School of Law
Estados Unidos: Lauren Carasik, National Lawyers Guild
Francia: Natalia Yaya, Federación Internacional de los Derechos Humanos
Guatemala: Francisco Soto, Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos
Guatemala: Denis Martinez, Impunity Watch
Guatemala: Anabella Sibrián, Plataforma Internacional contra la Impunidad
Honduras: Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC)
Honduras: Wilfredo Méndez, Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, (CIPRODEH)
Mundial: La Comisión Internacional de Juristas
Nicaragua: El Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas
Regional: Francisca Stuardo, CEJIL
Afirmando el fundamento en el derecho fundamental a un juicio justo consagrado en el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; y constatando la Resolución 60/147 de la ONU sobre el derecho de las víctimas de violaciones graves de las normas internacionales de derechos humanos a un recurso y reparaciones; invocamos, el Artículo 9 (3) (b) de la Declaración de los Defensores de los Derechos Humanos de la ONU que reconoce el derecho de los observadores de los juicios: "[a] asistir a audiencias públicas, procedimientos y juicios para formarse una opinión sobre su cumplimiento con la legislación nacional y las obligaciones y compromisos internacionales aplicables ".
JOH AMENAZA A FIGURAS “CACHURECAS” QUE BUSCAN REEMPLAZARLO
El
gobernante de Honduras, Juan Orlando Hernández (JOH), amenazó a sus
correligionarios del Partido Nacional por empezar la carrera política en
el primer año de su segundo mandato. El presidente fue “rudo” con sus
camaradas, pues siente que este no es el momento de buscar su reemplazo,
quienes lo insistan en el tema serán expulsados de ese instituto
político.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Con
ser “desterrados”, amenaza el reelecto Juan Hernández a sus
correligionarios, ya que en el primer año de su segundo mandato, las
“figuras” del Partido Nacional ya iniciaron la carrera política para
reemplazarlo en Casa Presidencial.
En
tal sentido, el mandatario dijo que de seguir con esas pretensiones,
serán expulsados de ese instituto político. Según Hernández, este no es
el momento porque no se puede de “dejar de atender a un nacionalista”,
refiriéndose a que su partido debe cumplir con las promesas de campaña.
De
igual manera, mencionó que tampoco va a permitir que los dirigentes
“cachurecos” beneficien únicamente a los de su grupo, “al primero que yo
agarre haciendo eso, lo pongo afuera”.
Semanas
atrás la controversia se desató en el partido de la estrella solitaria,
por trascender varios rumores de candidaturas que buscan ser el
“elegido” de los cachurecos de cara al próximo proceso electoral.
Luego
de que Hernández, a través de su mano derecha Ebal Díaz, anunciara que
no buscará un tercer proceso electoral, el nacionalismo quedó sin un
candidato potencial. Con relación a lo anterior el designado
presidencial, Ricardo Álvarez, fue el primero en lanzarse a inscribir su
movimiento interno.
“Solidaridad”
es el nombre del nuevo movimiento del funcionario, quien confirmó que
varios lo han pedido para que considere el camino a la presidencia,
mismo que en el pasado fue “trancado” por Hernández, en elecciones
primarias muy cuestionadas, tanto que Álvarez pidió “voto por voto”, ya
que no aceptaba los resultados.
Otros
nombres que resuenan son el alcalde de Tegucigalpa, Nasry Asfura; el
presidente del Congreso, Mauricio Oliva; la designada presidencial, Olga
Alvarado; los diputados Reynaldo Sánchez y David Chávez, entre otras
caras reconocidas del partido. Hasta ahora, nadie ha confirmado el deseo
de ocupar la silla de “el hombre”.
Odir Fernández- jefe de la Unidad de Investigación del CNA
Para el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) no es nada nuevo que
la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) siga
emitiendo recursos de amparo a favor de sectores privilegiados en el
país.
El CNA ya ha entablado acciones para que la CSJ responda varios
escritos enviados por parte de este organismo sobre diferentes fallos
emitidos por esta dependencia, que dejan de manifiesto su parcialidad
con sectores políticos y económicos en el país.
Ayer jueves 13 de septiembre de 2018, la Sala Constitucional emitió un fallo sobre un Recurso de Amparo a favor del presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, el cual le permite conocer sobre qué delitos lo está investigando la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción,(UFECIC), y además parar las investigaciones.
Esperan el fallo
Pasosdeanimalgrande.com consultó a las autoridades del Consejo Nacional Anticorrupción sobre el fallo emitido por la CSJ que beneficia al presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, pero el ente prefirió conocer primero del fallo para dar su versión colegiada posteriormente.
El jefe de la Unidad de Investigación del CNA, Odir Fernández , indicó que “hasta el momento desconocemos específicamente la resolución que se dictó a favor del presidente del Congreso Nacional Mauricio Oliva, por lo tanto sería irresponsable de nuestra parte hacer un pronunciamiento directo, ya que no sabemos cuáles fueron los argumentos y los fundamentos jurídicos para haber adoptado dicha decisión”.
Sala Constitucional
Fernández se refirió más bien a lo actuado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, al señalar que “lo que sí podemos mencionar y de acuerdo a nuestra experiencia es que desde ya días venimos observando la ejecución y consumación del pacto de impunidad en colaboración de la Sala de lo Constitucional”.
Agregó que “De hecho el Consejo Nacional Anticorrupción, meses atrás, presentó una denuncia en contra de los cinco magistrados de la Sala Constitucional, en donde se puede sobreentender de que cada una de las resoluciones que emiten no son apegadas a derecho y uno de los ejemplos más claros que nosotros pedimos analizar, denunciar y evidenciar, fue el caso cuando la Sala Constitucional declaró la inconstitucionalidad del convenio suscrito entre el Estado de Honduras y la Organización de los Estados Americanos para el establecimiento de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, (MACCIH), apartándose de lo que en toda norma se presume que es la constitucionalidad de las normas”.
Destacó que “en otros momentos hemos podido observar algunas resoluciones de esta sala van encaminadas permanentemente a generar impunidad en el sector justicia”.
A su criterio “se están resolviendo amparos, muchos de reciente presentación, cuando hay otros que tienen años de haberse presentado y que no se han resuelto. Desde el punto de vista práctico le puedo mencionar que el Consejo Nacional Anticorrupción con el tema de la Ley Orgánica del Presupuesto presentó un recurso de Inconstitucionalidad y la Sala Constitucional resolvió casi de manera inmediata en donde establecía que el CNA no tenía un interés legítimo”.
Señaló que “esta sala en algunos aspectos es tendiente a beneficiar algunas personas y en otros a generar impunidad en el país”.
Privilegios
Con el fallo emitido por el pleno de magistrados de la Corte Suprema
de Justicia (CSJ), el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva,
gozará de privilegios que otros no tienen, en torno a las
investigaciones que realiza en su contra la Unidad Fiscal Contra la
Impunidad de la Corrupción,(UFECIC), dijo.
Aunque el Consejo Nacional Anticorrupción necesita ver los fundamentos del fallo de la Sala Constitucional, la información procedió directamente de la oficina de relaciones públicas de la CSJ, a través de su voceero Melvin Duarte.
“La acción fue admitida con suspensión del acto reclamado, por lo que la UFECIC deberá de dar a conocer la información requerida por el presidente del Congreso Nacional”, señaló Duarte.
Los altos jueces ordenaron que se suspendan las investigaciones contra el jefe del Legislativo, en tanto primero no sea informado de qué tratan las diligencias de UFECIC.
En el informe de la unidad de comunicación de la CSJ se destaca que Mauricio Oliva, presidente del Congreso hondureño, interpuso el Recurso de Amparo aduciendo que como todo hondureño debe de conocer los delitos por los que se le investigan.
La decisión fue unánime de parte del pleno de magistrados, quienes votaron a favor del recurso, admitiendo el mismo.
Defensores
La reacción de sus defensores no tardó en llegar y el propio secretario del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, salió a su paso, al afirmar que Oliva tiene derecho constitucional de saber en qué se le investiga.
“Cuando se lleva a una investigación a cualquier persona tiene el derecho constitucional, derecho a la defensa y el estado de inocencia de que se le informe de que se le está investigando”, dijo el parlamentario.
“Lo que está diciendo la Corte es que si alguien lo investiga le tienen que informar sobre qué hecho especifico es la investigación”, apuntó Zambrano.
El diputado nacionalista argumentó que el derecho de Oliva “está basado en los tratados internacionales, la Constitución de la República y la Ley de Justicia Constitucional”, finalizó.
Ayer jueves 13 de septiembre de 2018, la Sala Constitucional emitió un fallo sobre un Recurso de Amparo a favor del presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, el cual le permite conocer sobre qué delitos lo está investigando la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción,(UFECIC), y además parar las investigaciones.
Esperan el fallo
Pasosdeanimalgrande.com consultó a las autoridades del Consejo Nacional Anticorrupción sobre el fallo emitido por la CSJ que beneficia al presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, pero el ente prefirió conocer primero del fallo para dar su versión colegiada posteriormente.
El jefe de la Unidad de Investigación del CNA, Odir Fernández , indicó que “hasta el momento desconocemos específicamente la resolución que se dictó a favor del presidente del Congreso Nacional Mauricio Oliva, por lo tanto sería irresponsable de nuestra parte hacer un pronunciamiento directo, ya que no sabemos cuáles fueron los argumentos y los fundamentos jurídicos para haber adoptado dicha decisión”.
Sala Constitucional
Fernández se refirió más bien a lo actuado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, al señalar que “lo que sí podemos mencionar y de acuerdo a nuestra experiencia es que desde ya días venimos observando la ejecución y consumación del pacto de impunidad en colaboración de la Sala de lo Constitucional”.
Agregó que “De hecho el Consejo Nacional Anticorrupción, meses atrás, presentó una denuncia en contra de los cinco magistrados de la Sala Constitucional, en donde se puede sobreentender de que cada una de las resoluciones que emiten no son apegadas a derecho y uno de los ejemplos más claros que nosotros pedimos analizar, denunciar y evidenciar, fue el caso cuando la Sala Constitucional declaró la inconstitucionalidad del convenio suscrito entre el Estado de Honduras y la Organización de los Estados Americanos para el establecimiento de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, (MACCIH), apartándose de lo que en toda norma se presume que es la constitucionalidad de las normas”.
Destacó que “en otros momentos hemos podido observar algunas resoluciones de esta sala van encaminadas permanentemente a generar impunidad en el sector justicia”.
A su criterio “se están resolviendo amparos, muchos de reciente presentación, cuando hay otros que tienen años de haberse presentado y que no se han resuelto. Desde el punto de vista práctico le puedo mencionar que el Consejo Nacional Anticorrupción con el tema de la Ley Orgánica del Presupuesto presentó un recurso de Inconstitucionalidad y la Sala Constitucional resolvió casi de manera inmediata en donde establecía que el CNA no tenía un interés legítimo”.
Señaló que “esta sala en algunos aspectos es tendiente a beneficiar algunas personas y en otros a generar impunidad en el país”.
Privilegios
 Mauricio Oliva, presidente del parlamento hondureño, logró su objetivo de saber de qué lo están investigando algo vedado para las demás personas en Honduras. Foto latribuna.hn |
Aunque el Consejo Nacional Anticorrupción necesita ver los fundamentos del fallo de la Sala Constitucional, la información procedió directamente de la oficina de relaciones públicas de la CSJ, a través de su voceero Melvin Duarte.
“La acción fue admitida con suspensión del acto reclamado, por lo que la UFECIC deberá de dar a conocer la información requerida por el presidente del Congreso Nacional”, señaló Duarte.
Los altos jueces ordenaron que se suspendan las investigaciones contra el jefe del Legislativo, en tanto primero no sea informado de qué tratan las diligencias de UFECIC.
En el informe de la unidad de comunicación de la CSJ se destaca que Mauricio Oliva, presidente del Congreso hondureño, interpuso el Recurso de Amparo aduciendo que como todo hondureño debe de conocer los delitos por los que se le investigan.
La decisión fue unánime de parte del pleno de magistrados, quienes votaron a favor del recurso, admitiendo el mismo.
Defensores
La reacción de sus defensores no tardó en llegar y el propio secretario del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, salió a su paso, al afirmar que Oliva tiene derecho constitucional de saber en qué se le investiga.
“Cuando se lleva a una investigación a cualquier persona tiene el derecho constitucional, derecho a la defensa y el estado de inocencia de que se le informe de que se le está investigando”, dijo el parlamentario.
“Lo que está diciendo la Corte es que si alguien lo investiga le tienen que informar sobre qué hecho especifico es la investigación”, apuntó Zambrano.
El diputado nacionalista argumentó que el derecho de Oliva “está basado en los tratados internacionales, la Constitución de la República y la Ley de Justicia Constitucional”, finalizó.
Dejan en libertad a Benjamín Bográn, acusado por el saqueo al Seguro Social
El Tribunal de Sentencia la absolvió por el delito de lavado de activos y le cambió la medida de prisión preventiva por medidas cautelares
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-El
expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep),
Benjamín Bográn, ha quedado en libertad, en virtud que este viernes la
Sala II del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional lo absolvió
por el delito de activos en la causa del saqueo del Instituto Hondureño
de Seguridad Social (IHSS).
Asimismo,
a solicitud de la defensa privada, el Tribunal le modificó la medida de
prisión preventiva por las medidas cautelares establecidas en el
artículo 173 del Código Procesal Penal, entre ellas: No salir del país y
presentarse periódicamente ante la autoridad que designe el Tribunal,
por lo que automáticamente el imputado ha quedado en libertad.
Noticia Relacionada: Corte ordena suspender investigación contra Mauricio Oliva
El
Tribunal determinó a la vez declararlo culpable por el delito de
cohecho impropio en perjuicio del IHSS, que implica una pena que oscila
entre uno a cuatro años más la inhabilitación especial por el doble del
tiempo que dure la reclusión. La pena por este delito puede ser
conmutable con el pago de una fianza.
El
Tribunal de Sentencia por mayoría de votos determinó absolver a Bográn
por el delito de lavado de activos, argumentando que con la prueba
evacuada durante el debate, no se logró acreditar su participación en el
ilícito.
Por el delito de lavado de activos se establece una pena de seis a 15 años de reclusión.
A
criterio del Tribunal no se acreditó el delito de lavado de activos
porque lo que se advirtió con la prueba evacuada durante el juicio oral y
público fue la intención del expresidente de los empresarios, de
recibir una coima de una empresa que había obtenido mediante licitación
pública un contrato con el IHSS. Las acciones al margen de la ley fueron
cometidas por Bográn en su calidad de directivo del Seguro Social en
representación del Cohep.
Paradójicamente,
el Tribunal admitió que Bográn se puso de acuerdo con los socios de la
empresa Compañía de Servicios Múltiples (COSEM) para recibir los fondos,
mismos que fueron transferidos en una cuenta bancaria en el extranjero a
nombre de la Sociedad Mercantil Inversiones Naco, por un monto de 692
mil dólares americanos, equivalentes a 13 millones 741 mil 937 lempiras,
sin embargo ese dinero no fue estratificado, convertido o introducido
al sistema financiero o a la economía nacional, ya que el mismo se
encuentra congelado en una institución bancaria en la república de
Panamá.
La
Fiscalía en su requerimiento fiscal acusó a Bográn, de haber recibido
en concepto de pago de coimas para beneficiar a la empresa COSEM—cuyos
socios propietarios son los señores Oscar Roberto Reina y Jorge Daniel
Herrera—quienes en el año 2010 suscribieron un contrato para la puesta
en vigencia de un sistema de gestión para la digitalización del Sistema
de Invalidez, Vejez y Muerte(IVM), mismo que entró en vigencia, para
lograr que los pagos a dicha empresa fueran agilizados, siguiendo la
recomendación del entonces director del Seguro Social, Mario Zelaya
Rojas. Los socios de dicha empresa tenían acercamiento con Benjamín
Bográn quien, según el Ministerio Público, habría recibido un supuesto
provecho económico para beneficiar a la empresa antes referida.
El
Tribunal convocó a las partes para la petición de pena concreta para el
día 15 de octubre del año en curso a la 1:30 de la tarde
Henry Rodriguez, defensor de los derechos humanos, denunció este
07 de septiembre de 2018 que hombres armados entraron a su apartamento y
le robaron computadora y expedientes sobre casos que ha estado
documentando. El miércoles recién pasado fue amenazado por policías del
comando COBRAS, cuando monitoreaba junto a otro defensor la situación de
derechos humanos en el marco de las protestas pacíficas en Choluteca,
al Sur de Honduras. "Los vamos a matar y a desaparecer", les dijeron
mientras los uniformados tocaban sus armas.
Rodriguez ha sido objeto de constantes amenazas , ataques y
criminalización por la defensa de los derechos estudiantiles que ha
realizado desde hace varios años en la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras, UNAH.
En el marco de las protestas contra el fraude electoral, el 29 de noviembre de 2017 cuando él y Kevhin Ramos de la ASOPODEHU, estaban tratando de evitar que manifestantes fueran reprimidos, la policía les atacó a ambos, quebrándole los lentes a Rodríguez y a Ramos su teléfono.
La Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos junto a Brigadas Internacionales de Paz, PBI, llegaron al apartamento del afectado para indagar sobre este nuevo incidente que pone en precario la vida del defensor de los derechos humanos.Allí se encontraban agentes de la dirección Policial de Investigaciones, DPI, en una inspección sobre los hechos ocurridos.
La denuncia de este nuevo ataque contra el defensor fue publicada en primicia por periódico digital reporterosdeinvestigación.com que relata los hechos a continuación:
Hombres encapuchados entran en la madrugada a vivienda para atacar equipo de ACI PARTICIPA
Choluteca, Honduras (Reporteros de Investigación). Un hecho con un modo de operar similar al crimen padecido por Berta Cáceres sufrió un equipo de la organización defensora de derechos humanos, ACI PARTICIPA, atacado la madrugada de este viernes en Choluteca por hombres encapuchados y armados que ingresaron a robar información al apartamento donde estaban los defensores.
El defensor Henry Rodríguez contó que habían llevado la información al apartamento como un mecanismo de resguardo, como a las 2 de la mañana se levantaron de la cama, junto a otra defensora que habita el apartamento, porque escucharon ruidos.
Vieron hombres armados y encapuchados que ingresaron al departamento y se llevaron carpetas con evidencias documentales de las y los defensores de territorios.
“Estábamos dormidos y nos levantamos, ellos estaban armados, tuvimos miedo. Andaban encapuchados”.
La evidencia robada mostraba que las operaciones están amparado en ley, que la extracción de Orocuina no se puede hacer y, ahí estaba documentado todo el cabildo abierto para demostrar la oposición ciudadana, había información, sobre Namasigüe sobre un proyecto fotovoltaico, evidencias de supuestos actos de corrupción de la Secretaría de Educación.
De acuerdo con el testimonio, la oficina regional de ACI PARTICIPA en Choluteca trabaja, en este momento, un estudio sobre la situación de riesgo de las y los defensores y por eso estaban recopilando evidencia.
En el marco de las protestas contra el fraude electoral, el 29 de noviembre de 2017 cuando él y Kevhin Ramos de la ASOPODEHU, estaban tratando de evitar que manifestantes fueran reprimidos, la policía les atacó a ambos, quebrándole los lentes a Rodríguez y a Ramos su teléfono.
La Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos junto a Brigadas Internacionales de Paz, PBI, llegaron al apartamento del afectado para indagar sobre este nuevo incidente que pone en precario la vida del defensor de los derechos humanos.Allí se encontraban agentes de la dirección Policial de Investigaciones, DPI, en una inspección sobre los hechos ocurridos.
La denuncia de este nuevo ataque contra el defensor fue publicada en primicia por periódico digital reporterosdeinvestigación.com que relata los hechos a continuación:
Hombres encapuchados entran en la madrugada a vivienda para atacar equipo de ACI PARTICIPA
Choluteca, Honduras (Reporteros de Investigación). Un hecho con un modo de operar similar al crimen padecido por Berta Cáceres sufrió un equipo de la organización defensora de derechos humanos, ACI PARTICIPA, atacado la madrugada de este viernes en Choluteca por hombres encapuchados y armados que ingresaron a robar información al apartamento donde estaban los defensores.
El defensor Henry Rodríguez contó que habían llevado la información al apartamento como un mecanismo de resguardo, como a las 2 de la mañana se levantaron de la cama, junto a otra defensora que habita el apartamento, porque escucharon ruidos.
Vieron hombres armados y encapuchados que ingresaron al departamento y se llevaron carpetas con evidencias documentales de las y los defensores de territorios.
“Estábamos dormidos y nos levantamos, ellos estaban armados, tuvimos miedo. Andaban encapuchados”.
La evidencia robada mostraba que las operaciones están amparado en ley, que la extracción de Orocuina no se puede hacer y, ahí estaba documentado todo el cabildo abierto para demostrar la oposición ciudadana, había información, sobre Namasigüe sobre un proyecto fotovoltaico, evidencias de supuestos actos de corrupción de la Secretaría de Educación.
De acuerdo con el testimonio, la oficina regional de ACI PARTICIPA en Choluteca trabaja, en este momento, un estudio sobre la situación de riesgo de las y los defensores y por eso estaban recopilando evidencia.
El
contexto actual en este departamento es de conflictividad por la
oposición ciudadana a la instalación de mineras y empresas generadoras
de energía fotovoltaica sin consultarlo a la población.
Este
hecho se denunció ante la Dirección Policial de Investigación y la
policía local que levantaron evidencias, mientras tanto la mañana de
este viernes ninguna autoridad había protegido de oficio a los
defensores ante el peligro que les acecha.
El político más conocido mediáticamente en la zona es el presidente del Poder Legislativo, Mauricio Oliva.
Una nueva brutalidad se registró por parte de la policía en contra
del periodista Inmer Gerardo Chévez, de Radio Progreso, quien el pasado
viernes 07 de septiembre de 2018 cuando daba cobertura a una
manifestación estudiantil, fue atacado por dos policías, quienes le
rociaron gas pimienta en su cara, el químico era tan potente que lo dejó
inconsciente y derritió sus lentes, si no los hubiere andado ahora
estaría ciego.
No es una película de ficción,
es la vida real para los periodistas y comunicadores sociales en
Honduras, en especial quienes hacen cobertura de manifestaciones en el
marco de la crisis postelectoral, en un país catalogado como uno de los
más peligrosos para ejercer la profesión.
Esta no es la primera vez que Chévez es reprimido por los cuerpos policiales y militares cuando realiza su labor periodística, el enfoque hacia él es tan deliberado que peligra su vida. La mirada del comunicador social que relata las represiones contra los sectores que se manifiestan en El Progreso, Yoro, parece que desconcierta y desestabiliza a los policías, debido a que sus acciones ilegales no quedan escondidas.
El ataque del 07 de septiembre de este año se produjo en la ciudad de El Progreso ,Yoro, cuando le daba cobertura a una manifestación de protesta de estudiantes, en horas de la mañana, pero luego de haber concluido la misma se llevó a cabo el ataque por los dos policías, quienes sin mediar palabra se avalanzaron al periodista para golpearlo brutalmente.
Ataques frecuentes sin castigo
En entrevista realizada por pasosdeanimalgrande.com a Inmer Gerardo Chévez , relató la horrible experiencia vivida donde recibió de parte de la policía la descarga de gas pimienta en su cara que lo dejó además de inconsciente, sin visión por varias horas, afortunadamente, sus lentes le protegieron de gran parte del químico .
“Luego de que la policía antimotines capturó a uno de los estudiantes, yo le dije, no lo golpeen, segundos después se me avalanzaron y me rociaron con gas pimienta la cara, sentí que se me incendiaba la cara, la vista no la podía abrir, el pecho me ardía, sentí que me estaba prendiendo fuego, luego me llevaron a los Bomberos, me echaron agua, jabón y cuando ya medio abrí los ojos pude sentir un poco de paz. Eso pasó como a las 11 de la mañana y todavía a las diez de la noche podía sentir el ardor en los brazos y cara. Afortunadamente la mayoría de líquido cayó en mis lentes, los cuales explotaron segundos después, vale más que ya me los había quitado”, afirmó.
Según Chévez el ataque a su persona ya había sido planificado, ya que sintió que el mismo estaba dirigido a él , precisamente porque no es el primero que recibe de parte de la policía, a pesar de gozar de medidas de protección a través del Mecanismo Nacional de Protección para Periodistas y Comunicadores Sociales Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y Operadores de Justicia.
Aunque ya puso la denuncia ante la Fiscalía de los Derechos Humanos del Ministerio Público, Chévez indicó que éste no es el primer ataque que recibe. Las demás denuncias no se ha resuelto ninguna de parte de los entes investigativos del país.
“En el 2015 cuando golpearon a la compañera Dunia Montoya, a mí me arrebataron el carnet de prensa, me golpearon e insultaron, puse la denuncia pero no ha procedido la investigación. Luego en el 2016 fui víctima de golpes de parte de la policía, aquí por el puente La Democracia, presenté la denuncia y hasta videos y no ha pasado nada y ya en el 2017, fui amenazado por policías, eso pasó el 03 de diciembre después del proceso electoral y nuevamente pusimos la denuncia y no ha pasado nada. Ahora sucedió esto el viernes pasado (7 de septiembre de 2018) y no creo que pase nada”, destacó.
El periodista ha sufrido persecuciones y hasta le han lanzado vehículos contra la motocicleta que conducía rumbo a su casa.
Chévez puso en conocimiento su caso del Mecanismo Nacional de Protección y espera respuestas.
Solidaridad
El periodista con 14 años de laborar en Radio Progreso, recibió la solidaridad de diferentes sectores, entre ellos sus compañeros de trabajo y de organizaciones de derechos humanos.
Entra las acciones solidarias se cuenta la de la Convergencia contra el continuismo que emitió un pronunciamiento Público donde señala que “La Convergencia Contra el Continuismo en el departamento de Cortés, manifiesta su repudio, indignación y condena al atentado contra el periodista Inmer Gerardo Chévez de Radio Progreso, a quien con alevosía, maldad e Intolerancia la fuerzas represivas del régimen usurpador del poder de nuestro país, le rociaron su cara y ojos con gases tan nocivos que hasta le destruyeron sus lentes, durante el violento desalojo de estudiantes que se manifestaban en la ciudad de El Progreso, Yoro a la altura de Quebrada Seca.
Hacemos el llamado a todos(as) las patriotas y organizaciones defensoras de la vida y de los derechos humanos a pronunciarse ante tan condenable hecho de represión en contra del compañero Inmer.
Fuera Gobierno usurpador y represivo de la libre expresión!!!”.
Relato del periodista en su cuenta de facebook
“La bestialidad policial se hizo presente nuevamente en contra mía, en el momento que desarrollaba una cobertura periodística. Mientras un efectivo policial arrebató mi carnet, de manera inesperada otro policía roció gas pimienta por aproximadamente 30 segundos en mi rostro y pecho.
Mis lentes no soportaron el poderoso químico color naranja y se derritieron segundos después. No me quiero ni imaginar lo que hubiera pasado con mis ojos si yo no hubiera andado los lentes. Tardé una hora para poder abrir mis ojos, mientras en mi rostro, brazos y pecho sentía que una llama de fuego los devoraba. Fue un completo infierno.
Este hecho se dio mientras daba cobertura periodística a un desalojo que ejecutaban efectivos de la policía, a estudiantes de secundaria. Los chavos y chavas protestaron ayer viernes en la salida de El Progreso, en el Atlántico hondureño, exigiendo “no más asesinatos de estudiantes y un bono de transporte”.
Lamentablemente estos hechos contra mi persona no son casos aislados. En los últimos tres años he sido víctima de amenazas, insultos, y fuertes ataques que me han dejado lesiones en diferentes partes del cuerpo. Las denuncias están documentadas en la Fiscalía de Derechos Humanos, sin embargo, poco o nada se ha hecho. ESTE ES EL PAÍS DE LA IMPUNIDAD.
Se supone que vivimos en un país democrático y la función democrática de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado es garantizar el disfrute de libertades fundamentales, sin embargo, resulta enormemente grave, que sus actuaciones tengan la finalidad contraria: impedir, obstaculizar y amenazar el ejercicio periodístico, un derecho básico y esencial como es la libertad de información.
Cualquier cosa que pase contra mi persona o contra mi familia… ya saben de dónde podría venir”.
Esta no es la primera vez que Chévez es reprimido por los cuerpos policiales y militares cuando realiza su labor periodística, el enfoque hacia él es tan deliberado que peligra su vida. La mirada del comunicador social que relata las represiones contra los sectores que se manifiestan en El Progreso, Yoro, parece que desconcierta y desestabiliza a los policías, debido a que sus acciones ilegales no quedan escondidas.
El ataque del 07 de septiembre de este año se produjo en la ciudad de El Progreso ,Yoro, cuando le daba cobertura a una manifestación de protesta de estudiantes, en horas de la mañana, pero luego de haber concluido la misma se llevó a cabo el ataque por los dos policías, quienes sin mediar palabra se avalanzaron al periodista para golpearlo brutalmente.
Ataques frecuentes sin castigo
En entrevista realizada por pasosdeanimalgrande.com a Inmer Gerardo Chévez , relató la horrible experiencia vivida donde recibió de parte de la policía la descarga de gas pimienta en su cara que lo dejó además de inconsciente, sin visión por varias horas, afortunadamente, sus lentes le protegieron de gran parte del químico .
“Luego de que la policía antimotines capturó a uno de los estudiantes, yo le dije, no lo golpeen, segundos después se me avalanzaron y me rociaron con gas pimienta la cara, sentí que se me incendiaba la cara, la vista no la podía abrir, el pecho me ardía, sentí que me estaba prendiendo fuego, luego me llevaron a los Bomberos, me echaron agua, jabón y cuando ya medio abrí los ojos pude sentir un poco de paz. Eso pasó como a las 11 de la mañana y todavía a las diez de la noche podía sentir el ardor en los brazos y cara. Afortunadamente la mayoría de líquido cayó en mis lentes, los cuales explotaron segundos después, vale más que ya me los había quitado”, afirmó.
Según Chévez el ataque a su persona ya había sido planificado, ya que sintió que el mismo estaba dirigido a él , precisamente porque no es el primero que recibe de parte de la policía, a pesar de gozar de medidas de protección a través del Mecanismo Nacional de Protección para Periodistas y Comunicadores Sociales Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y Operadores de Justicia.
Aunque ya puso la denuncia ante la Fiscalía de los Derechos Humanos del Ministerio Público, Chévez indicó que éste no es el primer ataque que recibe. Las demás denuncias no se ha resuelto ninguna de parte de los entes investigativos del país.
“En el 2015 cuando golpearon a la compañera Dunia Montoya, a mí me arrebataron el carnet de prensa, me golpearon e insultaron, puse la denuncia pero no ha procedido la investigación. Luego en el 2016 fui víctima de golpes de parte de la policía, aquí por el puente La Democracia, presenté la denuncia y hasta videos y no ha pasado nada y ya en el 2017, fui amenazado por policías, eso pasó el 03 de diciembre después del proceso electoral y nuevamente pusimos la denuncia y no ha pasado nada. Ahora sucedió esto el viernes pasado (7 de septiembre de 2018) y no creo que pase nada”, destacó.
El periodista ha sufrido persecuciones y hasta le han lanzado vehículos contra la motocicleta que conducía rumbo a su casa.
Chévez puso en conocimiento su caso del Mecanismo Nacional de Protección y espera respuestas.
Solidaridad
El periodista con 14 años de laborar en Radio Progreso, recibió la solidaridad de diferentes sectores, entre ellos sus compañeros de trabajo y de organizaciones de derechos humanos.
Entra las acciones solidarias se cuenta la de la Convergencia contra el continuismo que emitió un pronunciamiento Público donde señala que “La Convergencia Contra el Continuismo en el departamento de Cortés, manifiesta su repudio, indignación y condena al atentado contra el periodista Inmer Gerardo Chévez de Radio Progreso, a quien con alevosía, maldad e Intolerancia la fuerzas represivas del régimen usurpador del poder de nuestro país, le rociaron su cara y ojos con gases tan nocivos que hasta le destruyeron sus lentes, durante el violento desalojo de estudiantes que se manifestaban en la ciudad de El Progreso, Yoro a la altura de Quebrada Seca.
Hacemos el llamado a todos(as) las patriotas y organizaciones defensoras de la vida y de los derechos humanos a pronunciarse ante tan condenable hecho de represión en contra del compañero Inmer.
Fuera Gobierno usurpador y represivo de la libre expresión!!!”.
Relato del periodista en su cuenta de facebook
“La bestialidad policial se hizo presente nuevamente en contra mía, en el momento que desarrollaba una cobertura periodística. Mientras un efectivo policial arrebató mi carnet, de manera inesperada otro policía roció gas pimienta por aproximadamente 30 segundos en mi rostro y pecho.
Mis lentes no soportaron el poderoso químico color naranja y se derritieron segundos después. No me quiero ni imaginar lo que hubiera pasado con mis ojos si yo no hubiera andado los lentes. Tardé una hora para poder abrir mis ojos, mientras en mi rostro, brazos y pecho sentía que una llama de fuego los devoraba. Fue un completo infierno.
Este hecho se dio mientras daba cobertura periodística a un desalojo que ejecutaban efectivos de la policía, a estudiantes de secundaria. Los chavos y chavas protestaron ayer viernes en la salida de El Progreso, en el Atlántico hondureño, exigiendo “no más asesinatos de estudiantes y un bono de transporte”.
Lamentablemente estos hechos contra mi persona no son casos aislados. En los últimos tres años he sido víctima de amenazas, insultos, y fuertes ataques que me han dejado lesiones en diferentes partes del cuerpo. Las denuncias están documentadas en la Fiscalía de Derechos Humanos, sin embargo, poco o nada se ha hecho. ESTE ES EL PAÍS DE LA IMPUNIDAD.
Se supone que vivimos en un país democrático y la función democrática de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado es garantizar el disfrute de libertades fundamentales, sin embargo, resulta enormemente grave, que sus actuaciones tengan la finalidad contraria: impedir, obstaculizar y amenazar el ejercicio periodístico, un derecho básico y esencial como es la libertad de información.
Cualquier cosa que pase contra mi persona o contra mi familia… ya saben de dónde podría venir”.
Gasto en Defensa aumentó en 60 por ciento: alerta Noé Pino
La voz del economista se suma a la del presidente de la Cámara de Comercio Industria de Cortés, Jorge Faraj
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
En Honduras cada año disminuye el presupuesto asignado a Educación y
Salud, mientras que lo asignado a Seguridad va en aumento progresivo.
Actualmente
el presupuesto es de 243 mil millones de lempiras. Y, para el próximo
año el monto podría crecer en 260 mil millones de lempiras.
Según
varios economistas nacionales, el Presupuesto General de Ingresos y
Egresos de Honduras para el próximo año se incrementará en 14 mil
millones de lempiras.
Es preciso señalar que la mayoría de los sectores coinciden en que se debería incrementar el presupuesto en Salud y Educación.
Según
Hugo Pino dijo se debe hacer un cambio en el presupuesto. Eso, porque
no se puede seguir con instrumento donde predomina el gasto en Defensa y
Seguridad. Así como también continúan financiando los programas del
presidente de la república. Los cuales son programas de carácter
populista, y que no ayudan a la reducción de la pobreza.
Asimismo,
coincidió que se le debe asignar los recursos a Salud, Educación y
Seguridad Social. El presupuesto debe servir para la generación de
empleo para los hondureños, remarcó.
Según la ley, el ante proyecto deberá ser enviado al Congreso Nacional en los primeros diez días.
En
los últimos años la asignación de presupuesto al sector Salud en
Honduras bajó de un 15 a 10 por ciento, mientras que el de Educación
cayó de un 32 a un 20%, según el economista Hugo Noé Pino.
Por
lo anterior, Pino cuestionó que las autoridades gubernamentales no han
hecho suficientes esfuerzos para lograr una asignación equitativa de los
recursos.
Asimismo, el Fondo
Monetario Internacional (FMI) ha señalado que el gasto en Defensa
aumentó en 60%. En el caso de la Seguridad el alza llegó a 20%.
“Todo
esto lleva a una conclusión y es que la pobreza persiste. A pesar de
que en los últimos años los ingresos por pago de impuestos han crecido”,
puntualizó el economista.
Por
tal razón, criticó que la carga tributaria se movió de 14% en 2012 y
2013, a 18% en 2017. De igual forma, dijo que es urgente revisar las
políticas, en busca de un alivio social efectivo en Honduras.
“La
apuesta debe ir dirigida a un pacto social y fiscal. Antes, es
absolutamente necesario concretar un acuerdo político”, finalizó el
expresidente del Banco Central.
Presupuesto aprobado para este año fue de Lps. 224 mil millones
Es
preciso recordar que el monto del presupuesto aprobado para este año
fue de 224 mil millones de lempiras. Wilfredo Cerrato, extitular de
Finanzas, informó en su momento que el presupuesto incrementó 27 mil 900
millones de lempiras.
En ese
sentido, Cerrato detalló que “el Presupuesto General pasó de 214 mil
ocho millones de lempiras a 242 mil 700 millones de lempiras”.
El
economista, Hugo Noé Pino, indicó que el presupuesto debe aumentar bajo
dos factores. En función de expectativa de inflación del año siguiente y
la tasa de crecimiento económico.
De
ese modo, Pino dijo que se habla que el instrumento fiscal aumentará
entre un 7 y 9%. Lo que significaría un aumento de alrededor de 14 mil
millones de lempiras para el próximo año.
Otra opinión
La voz del economista se suma a la del presidente de la Cámara de Comercio Industria de Cortés, Jorge Faraj. El pasado 28 de agosto la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) mostró su preocupación por el aumento previsto en el Presupuesto de la República para el próximo año.
Para
el expresidente de la CCIC, Jorge Faraj, sorprende que se pretenda
incrementar un 6% en el nuevo presupuesto, lo cual equivale a más de 15
mil millones de lempiras.
“Como
sector privado insistimos que se deben buscar ahorros contundentes en el
presupuesto de 2019. Vemos con sorpresa que se esté considerando
aumentarlo. Es contrario a lo que el país necesita”, señaló Faraj.
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
Honduras: licencias ambientales instantáneas protegidas por la ley del silencio
La Ceiba, 11 de septiembre de 2018.- El Ministerio del Ambiente
(MIAMBIENTE) manifestó a los medios de comunicación nacional, la
apertura de una plataforma que realizara los estudios técnicos de las
licencias ambientales en 25 segundos y en 24 horas entregará las
licencias ambientales; dando a entender que se aproxima una avalancha de
emisiones de licencias, en el marco de la piñata que pretende efectuar
el régimen de Juan Orlando Hernández
Con un escueto comunicado el Ministerio del Ambiente (MIAMBIENTE), dio a conocer el pasado 8 de agosto el Acuerdo Ministerial 1402-2018 -el cual fue publicado el 17 de agosto en la Gaceta No 34- el Estado logra la imposición de revocar el derecho al acceso a la información en relación con las licencias ambientales otorgadas por dicho ministerio.
Para el 30 de agosto, ante el asombro causado por la determinación ministerial, MIAMBIENTE publicó un comunicado en el cual aduce que la medida está destinada a proteger el derecho de propiedad intelectual de los aspirantes a obtener licencias; además de reafirmar supestamente su apego a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.
Agrega además que “se considera información reservada: los levantamientos de estudios geofísicos, planos, bosquejos, mapas obras tridimensionales relativas a la geografía, topografía y arquitectura o las ciencias y toda aquellas documentación en la cual el proponente o dueño de un proyecto que haya solicitado una licencia ambiental y demás solicitudes administrativas que considere de su propiedad’.
El pingüe negocio que ha desatado la entrega masiva de licencias ambientales ha dejado réditos por 55 millones de lempiras en el primer semestre de 2018, siendo la mayoría de ellas destinadas a licencias agrícolas y proyectos energéticos.
La simplificación de trámites que pretende MIAMBIENTE, reduciendo el lapso para expedir una licencia que actualmente se supone es de dos años, a un proceso en línea que tardaría supuestamente 24 horas, a través de una plataforma que según MIAMBIENTE tomará 25 segundos para determinar el impacto ambiental de un proyecto. ; es evidente que MIAMBIENTE se apresta a una emisión masiva de ciencias ambientales destinadas a la piñata de la biodiversidad existente en el país, colocando los bienes comunes en una subasta pública.
Honduras se ha destacado por una ingobernabilidad en materia ambiental, recrudeciéndose el saqueo a partir del golpe de estado del 2009, conllevando a la entronización de un estado fallido, que hasta la fecha continúa imperando en el país. El otorgamiento de licencias ambientales en la última década a cuestionados proyectos energéticos, demuestra la ausencia de un política de protección a la madre tierra.
Los decretos de energía limpia, convirtieron los ríos en patrimonio de familias insertadas dentro del régimen del poder, lo que ha generado como resultado asesinatos y conflictos sociales que tienden a recrudecerse, al mismo tiempo que las disparidades económicas han aumentado en la última década.
En el caso de la omerta -ley del silencio siciliana- que pretende instaurar MIAMBIENTE con el Acuerdo Ministerial 1402-2018, está dirigida a callar la avalancha de reclamos que surgirán de la masificación de licencias ambientales que surgirán de la plataforma “25 segundos”.
El año pasado con la aprobación de la Ley de Incentivos al Turismo, promovida por la Consultora Mckinsey en la que en su TIITULO II.3.3 señala la inclusión de áreas protegidas de interés turístico (Reservas Biológicas, Parques Nacionales, Refugios de Vida Silvestre, Reservas Naturales) indicando que Sistema Nacional de Áreas Protegidas se convertirá posiblemente en un escenario de proyectos que tendrán una enorme repercusión en cuanto a la conservación de la biodiversidad.
En los últimos dos meses MIAMBIENTE ha demostrado su inoperancia y distorsión de las leyes con el caso de la termoeléctrica de La Ensenada que pretenden instalar de forma inconsulta entre las comunidades Garífunas de Sambo y Corozal. La termoelectrica inicio su construcción sin contar con una licencia ambiental y mucho menos haberse apegado al Convenio 169 de la OIT, efectuando una consulta previa libre e informada con las comunidades Garífunas que serán afectadas por la contaminación de la termoeléctrica de 70 Megavatios.
Es de temer que la “Plataforma 25 Segundos” que instalará mi AMBIENTE será una fuente de reclamos que serán silenciados por el actual gobierno en base al recientemente aprobado acuerdo ministerial que sobrepone el derecho a la propiedad intelectual de los solicitantes sobre el derecho a la información que poseemos los afectados de los proyectos de “desarrollo”.
Nos parece inaudito que en un país como Honduras con una enorme iniquidad, considerado uno de los países mas vulnerables ante los efectos del cambio climático, donde la siembra de palma aceitera se ha insertado, afectando no solo el ecosistema además la soberanía alimentaria. la e´lite donde persiste en un visión desfasada de desarrollo, basada en la lógica de la acumulación, mientras el planeta se encuentra en un grave crisis ante el cambio el climático y sus consecuencias
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
Con un escueto comunicado el Ministerio del Ambiente (MIAMBIENTE), dio a conocer el pasado 8 de agosto el Acuerdo Ministerial 1402-2018 -el cual fue publicado el 17 de agosto en la Gaceta No 34- el Estado logra la imposición de revocar el derecho al acceso a la información en relación con las licencias ambientales otorgadas por dicho ministerio.
Para el 30 de agosto, ante el asombro causado por la determinación ministerial, MIAMBIENTE publicó un comunicado en el cual aduce que la medida está destinada a proteger el derecho de propiedad intelectual de los aspirantes a obtener licencias; además de reafirmar supestamente su apego a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.
Agrega además que “se considera información reservada: los levantamientos de estudios geofísicos, planos, bosquejos, mapas obras tridimensionales relativas a la geografía, topografía y arquitectura o las ciencias y toda aquellas documentación en la cual el proponente o dueño de un proyecto que haya solicitado una licencia ambiental y demás solicitudes administrativas que considere de su propiedad’.
El pingüe negocio que ha desatado la entrega masiva de licencias ambientales ha dejado réditos por 55 millones de lempiras en el primer semestre de 2018, siendo la mayoría de ellas destinadas a licencias agrícolas y proyectos energéticos.
La simplificación de trámites que pretende MIAMBIENTE, reduciendo el lapso para expedir una licencia que actualmente se supone es de dos años, a un proceso en línea que tardaría supuestamente 24 horas, a través de una plataforma que según MIAMBIENTE tomará 25 segundos para determinar el impacto ambiental de un proyecto. ; es evidente que MIAMBIENTE se apresta a una emisión masiva de ciencias ambientales destinadas a la piñata de la biodiversidad existente en el país, colocando los bienes comunes en una subasta pública.
Honduras se ha destacado por una ingobernabilidad en materia ambiental, recrudeciéndose el saqueo a partir del golpe de estado del 2009, conllevando a la entronización de un estado fallido, que hasta la fecha continúa imperando en el país. El otorgamiento de licencias ambientales en la última década a cuestionados proyectos energéticos, demuestra la ausencia de un política de protección a la madre tierra.
Los decretos de energía limpia, convirtieron los ríos en patrimonio de familias insertadas dentro del régimen del poder, lo que ha generado como resultado asesinatos y conflictos sociales que tienden a recrudecerse, al mismo tiempo que las disparidades económicas han aumentado en la última década.
En el caso de la omerta -ley del silencio siciliana- que pretende instaurar MIAMBIENTE con el Acuerdo Ministerial 1402-2018, está dirigida a callar la avalancha de reclamos que surgirán de la masificación de licencias ambientales que surgirán de la plataforma “25 segundos”.
El año pasado con la aprobación de la Ley de Incentivos al Turismo, promovida por la Consultora Mckinsey en la que en su TIITULO II.3.3 señala la inclusión de áreas protegidas de interés turístico (Reservas Biológicas, Parques Nacionales, Refugios de Vida Silvestre, Reservas Naturales) indicando que Sistema Nacional de Áreas Protegidas se convertirá posiblemente en un escenario de proyectos que tendrán una enorme repercusión en cuanto a la conservación de la biodiversidad.
En los últimos dos meses MIAMBIENTE ha demostrado su inoperancia y distorsión de las leyes con el caso de la termoeléctrica de La Ensenada que pretenden instalar de forma inconsulta entre las comunidades Garífunas de Sambo y Corozal. La termoelectrica inicio su construcción sin contar con una licencia ambiental y mucho menos haberse apegado al Convenio 169 de la OIT, efectuando una consulta previa libre e informada con las comunidades Garífunas que serán afectadas por la contaminación de la termoeléctrica de 70 Megavatios.
Es de temer que la “Plataforma 25 Segundos” que instalará mi AMBIENTE será una fuente de reclamos que serán silenciados por el actual gobierno en base al recientemente aprobado acuerdo ministerial que sobrepone el derecho a la propiedad intelectual de los solicitantes sobre el derecho a la información que poseemos los afectados de los proyectos de “desarrollo”.
Nos parece inaudito que en un país como Honduras con una enorme iniquidad, considerado uno de los países mas vulnerables ante los efectos del cambio climático, donde la siembra de palma aceitera se ha insertado, afectando no solo el ecosistema además la soberanía alimentaria. la e´lite donde persiste en un visión desfasada de desarrollo, basada en la lógica de la acumulación, mientras el planeta se encuentra en un grave crisis ante el cambio el climático y sus consecuencias
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
ARGENTINA
12S: Jornada Nacional de Lucha de la CTA Autónoma
Miles de trabajadores y trabajadoras se movilizaron en todo el país por trabajo, producción y soberanía
Miércoles 12 de septiembre de 2018, por ,
*
En
Argentina, donde se producen alimentos para dar de comer a millones de
personas, el 62,5% de los niños y las niñas es pobre. Según un informe
de la UCA, 17 millones de trabajadores y trabajadoras (57% de la clase)
están precarizadxs. Con una inflación que ronda el 45%, la caída del
salario real es altísima. Por eso hoy fueron miles y miles de
trabajadores y trabajadoras de todo el país que encabezadxs por la CTA
Autónoma, junto a otras organizaciones sociales, políticas y
territoriales, se movilizaron con cortes, ollas populares y paros para
exigir trabajo, producción y soberanía.
Desde Ushuaia a La Quiaca se multiplicaron las ollas populares, los cortes de rutas y las movilizaciones a las plazas centrales y a los organismos neurálgicos en las principales ciudades del país para denunciar que el hambre es un crimen y que la riqueza, generada por los y las trabajadorxs, está siendo saqueada en beneficio de los organismos multilaterales de crédito y las empresas multinacionales.
Bajo la consigna "Trabajo, Producción y Soberanía Nacional", la CTA Autónoma volvió a denunciar el ajuste, los despidos, los topes salariales y movilizó en defensa del trabajo, la producción y la soberanía nacional. Desde muy temprano, los principales accesos a la Capital Federal y de las principales ciudades del país estuvieron bloqueados por miles y miles de trabajadores y trabajadoras.
Desde el Puente Pueyrredón, uno de los cortes principales de la Jornada Nacional de Lucha, la secretaria Adjunta de la Central, Claudia Baigorria, repudió la presencia policial: "Como siempre, la Policía cuida los intereses de cualquiera menos los de la clase trabajadora. Y en este día de protestas en todo el país, las fuerzas de seguridad de Macri y Larreta no nos deja cruzar el puente, por lo cual vamos a seguir esperando para cruzar caminando y llegar al acto donde vamos a confluir con todas las demás columnas".
"No van a poder detener el ingreso a la Ciudad de Buenos Aires de miles y miles de trabajadores que vienen a reclamar el legítimo derecho a un presupuesto que contemple las necesidades de la gente y no de los grupos económicos. Porque queremos un país con soberanía, porque no queremos el cierre de áreas estratégicas como son el INTI, el SENASA, la CNEA, Fabricaciones Militares. Hoy el pueblo de pie le dice a Macri y a los gobernadores ¡Basta de ajuste y no al presupuesto del Fondo Monetario Internacional!", remarcó Baigorria.
Por su parte, Hugo "Cachorro" Godoy, Secretario Adjunto de la Central, participó de las acciones frente al Ministerio de Agroindustria, cuyo ministro despidió a más de 600 trabajadorxs. Desde allí, dijo: "Tenemos que estar muy orgullosos y orgullosas de nuestra ATE y CTA-A por esta capacidad de dignidad de los compañeros y compañeras que se instalaron y permanecieron en esta sede, como también lo hacen a lo largo y ancho del país".
"Si estamos abriendo el camino a un paro activo el 24 y 25 de septiembre, es porque esta lucha de Agricultura Familiar y todas las luchas de trabajadores y trabajadoras dignas lo están haciendo posible. Y vamos a quebrar el acuerdo de Macri con el Fondo Monetario Internacional porque hay una clase trabajadora digna dispuesta a luchar.", sentenció Godoy.
También
hubo tensión en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI),
que amaneció absolutamente militarizado para impedir la movilización
popular. Este también es un escenario de lucha desde enero de este año,
cuando la nueva dirección de ese Instituto despidió a cientos de
trabajadores para avanzar en la privatización de ese organismo.Acto en la 9 de Julio
Para cerrar la jornada de lucha en el área metropolitana, las columnas de compañeros y compañeras de la Central confluyeron, desde distintos puntos de la Ciudad donde se llevaron adelante medidas de lucha, en la intersección de la Avenida de Mayo y la 9 de Julio. Allí también llegaron columnas de los movimientos sociales con quienes la Central viene construyendo unidad en la lucha: CTEP, CCC, Barrios de Pie, Frente Darío Santillán, el Frente de Organizaciones en Lucha, y el Movimiento Evita.
El secretario General de la CTA Autónoma, Ricardo Peidro, saludó a la movilización: "A lo largo y ancho del país ha habido paros, movilizaciones y cortes que han expresado el nivel de organización, pero también el espíritu de resistencia que tiene nuestra clase trabajadora. Esta acción es además preparatoria de ese paro nacional activo que vamos a realizar el 24 y 25 para seguir repudiando el plan social y económico de este gobierno que implica menos derechos para los trabajadores y trabajadoras".
"No hay ninguna duda que en este camino vamos a poder decirle a este gobierno que no pasarán, que no vamos a ceder y que el nivel de organización y resistencia va a lograr revertir esta situación. Más temprano que tarde vamos a triunfar y vivir en el país que soñamos", sentenció Peidro.
Contra el saqueo, por trabajo, producción y soberanía nacional
Desde que asumió el Gobierno de Cambiemos, cerraron 7.500 pymes: entre diciembre de 2015 y marzo de 2017, en la Argentina cerraron 3198 empresas, siete por día.En el país de las espigas de oro, más de 8 millones de chicos viven en la pobreza y la mitad de ellos pasa hambre. Sólo en la Ciudad de Buenos Aires, 7 niños mueren por cada mil nacidos vivos antes de su primer cumpleaños. Según Unicef, el 66% de los niños y las niñas mueren en su primer mes de vida: “Las probabilidades de morir antes de cumplir un año son tres veces superiores en Formosa que en la Ciudad de Buenos Aires. En las Provincias de Jujuy o Chaco, la probabilidad de muerte duplica a las jurisdicciones más favorecidas”.
En la Ciudad de Buenos Aires, la tasa de mortalidad es de 6,7 por mil nacidos vivos; incluso en la orgullosa, rica y poderosa Capital Federal, el índice supera al de Cuba. Y también depende del barrio en el que se nace: mientras que en barrios como Recoleta, Palermo, Caballito, Belgrano, Núñez y Colegiales la tasa va de 3,7 a 4,7, en Lugano, Soldati, Parque Patricios, Pompeya, La Boca y Barracas llega a 8,9, justamente el doble. En 2017, 234 bebés murieron antes de cumplir un año en la Ciudad de Buenos Aires mientras que en 2016, fueron 282 y en 2015, 246.
El territorio de la República Argentina es el segundo más grande de América del Sur y el octavo en extensión de la Tierra. Aquí, las compañías transnacionales saqueen los recursos naturales: la renta que se llevan es superior a los 20 mil millones de dólares anuales, cifra que supera ampliamente lo que se necesitaría para acabar con el hambre en el granero del mundo.
Argentina produce alimentos suficientes como para dar de comer a varios cientos de millones de personas, posee un alto índice de PBI per capita y un elevado desarrollo científico-tecnológico. En las entrañas de su tierra hay petróleo, gas, oro y plata. El acuífero Guaraní, compartido con Brasil, Paraguay y Uruguay, es una de las reservas de agua potable más importantes del mundo.
El territorio de la República Argentina es el segundo más grande de América del Sur y el octavo en extensión de la Tierra. Tiene 3.694 kilómetros de largo de Norte a Sur y 1.423 kilómetros de Este a Oeste. Además posee 4.665 kilómetros de costa. La zona del Océano Atlántico sobre la plataforma continental es inusualmente ancha y se la denomina Mar Argentino; bajo su superficie hay importantes recursos pesqueros e hidrocarburíferos. En la actualidad, Argentina es la tercera potencia en materia económica de América Latina, superada por Brasil y México. La producción de alimentos provenientes de la agricultura y la ganadería es uno de los ejes de la economía argentina.
En total la producción rural, incluido el sector forestal, representó en 2017 el 5,61% del PBI total. Por otra parte, el país posee una considerable riqueza petrolera, minera y gasífera. Los principales yacimientos de petróleo se encuentran en la Provincia de Neuquén y los recursos mineros se concentran en las provincias cordilleranas a lo largo de 4.500 Kilómetros. Sin embargo, mediante reformas constitucionales, leyes y decretos, los sucesivos gobiernos nacionales desde 1880 a esta parte, han permitido y continúan permitiendo que las compañías transnacionales saqueen los recursos naturales. La renta que se llevan es superior a los 20 mil millones de dólares anuales, cifra que supera ampliamente lo que se necesitaría para acabar con el hambre en el granero del mundo.
Fotos: Luciano Dico, César Garzón, Fabián Piedras, CTA Santa Cruz
* Periodista. Integrante del Equipo de Comunicación de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma)
Buenos Aires
La CTA Autónoma movilizó masivamente en la región capital
Jueves 13 de septiembre de 2018, por *
La CTA
Autónoma Provincia de Buenos Aires se movilizó a lo largo y ancho de
todo el territorio bonaerense con tres premisas fundamentales: trabajo,
producción y soberanía. Las acciones se enmarcaron en la Jornada de
Lucha Nacional definida por la Mesa Ejecutiva de la cual Ricardo Peidro
es el Secretario General, y en el Paro Nacional dispuesto por la
Asociación Trabajadores del Estado.
Oscar De Isasi, Secretario General de la CTA Autónoma y ATE en la Provincia de Buenos Aires valoró “los más de 150 cortes en todo el país y más de 50 en la provincia". "Estamos movilizados en defensa de la soberanía nacional que tiene que ver con la defensa en las áreas estratégicas; con la defensa de la producción con mirada hacia los argentinos y no a los especuladores y a quienes concentran la riqueza; y por la defensa de la fuente laboral”, definió.
“En la región de La Plata, Berisso y Ensenada toma forma concreta -continuó el dirigente- en lo que hace a la defensa de la soberanía nacional, peleamos por la industria naval. Tenemos enclavada en Ensenada una empresa que alguna vez fue estratégica para el desarrollo de la industria naval, la marina mercante, la marina de guerra, y que hoy está siendo vaciada por el gobierno nacional y el gobierno provincial. Entonces exigimos inversión en tecnología, seguridad laboral, que se financie la construcción de embarcaciones que ya están comprometidas por el Estado nacional y provincial y que si no se terminan a tiempo vamos a terminar en un juicio y lo vamos a perder, la provincia va a pedir dinero y recursos por no cumplir compromisos y eso no es culpa de los trabajadores sino del gobierno que desinvierte”, completó el dirigente.
De Isasi agregó: “Queremos el fin de los despidos y la reincorporación de todxs lxs despedidxs; queremos el fin de las suspensiones y que se abran las paritarias para que se concrete un aumento salarial que tenga que ver con recuperar el poder adquisitivo tan seriamente lesionado para todos los argentinos, el pase a planta permanente y que termine con la precarización laboral en el estado”.
El Secretario General de ATE bonaerense opinó que “es necesario construir fuerza organizada consciente que nos permita derrotarlos en la política de ajuste para poder recuperar el futuro de los argentinos”. En ese sentido, afirmó que desde el gremio y desde la CTA Autónoma de la provincia de Buenos Aires, “queremos caminar juntos el 24 y 25 a la Casa de Gobierno, con masividad y unidad para derrotar el ajuste”.
Y para finalizar expresó: “Además de ser todos los trabajadores
estatales juntos, marchemos con las organizaciones sociales y
convoquemos a los pequeños sectores productivos, como el comerciante que
antes vendía 20 chocolates y ahora vende 2. Tenemos que avanzar en
medidas comunitarias porque cuando tuvimos unidad y masividad
retrocedieron, como pasó con el intento de 2×1 a los genocidas, la
reforma laboral, el IPS y con el Astillero Río Santiago que lo iban a
privatizar y tuvieron que salir a decir que no se privatizaba, no se
cerraba y no se echaba gente. Ese es el desafío compañeras y
compañeros”.Por su parte el Secretario General de ATE Nacional y Adjunto de la CTA Autónoma Hugo “Cachorro” Godoy, dijo que “los trabajadores tenemos que ganas las calles para exigirle al gobierno que genere trabajo, producción y soberanía, porque lo único que está generando son despidos, desocupación, cierre de fábricas, expulsión de hermanas y hermanos del campo hacia la ciudad, y pérdida de soberanía subordinándose al FMI, que condiciona cada vez más los ingresos de préstamos en el país obligando a más cambios estructurales. Y esos cambios que plantean se traducen en acciones como el vaciamiento del INTI, el cierre de Fanazul, la privatización de la producción de satélites que estaban en manos del Estado. También el vaciamiento del Astillero Río Santiago. No queremos eso para la Argentina. Queremos tener capacidad de decidir nuestras propias políticas económicas, cosa que este gobierno no hace. Por eso hoy con estatales, trabajadorxs del Astillero, estudiantes, profesionales de la Salud, campesinos, y organizaciones sociales realizamos esta acción en unidad”.
Francisco “Pancho” Banegas, Secretario General de ATE Ensenada y Secretario de Relaciones Institucionales de la CTA-A bonaerense, agradeció “a todos aquellos que hoy están en unidad para defender el Astillero Río Santiago, así como todas nuestras fuentes de trabajo y nuestros derechos enfrentando este plan de ajuste. La gobernadora de la provincia busca fortalecerse a futuro para cerrar el Astillero, pero no se lo vamos a permitir porque estamos dispuestos a luchar, a pelear y a defender el Astillero con nuestros cuerpos”.
“Iniciamos un camino de lucha y vamos a seguir por este camino, no vamos a bajar los brazos. Estamos convencidos que tenemos razón, que tenemos derecho a tener y defender nuestra fuente de trabajo. No vamos a permitir que la gobernadora Vidal a través de sus funcionarios nos sigan metiendo la mano en el bolsillo y robando el salario de nuestras familias”.
Fernando Corsiglia de CICOP expresó: “Los profesionales de la salud estamos en el contexto de un paro de 48 horas que venimos realizando desde ayer. Absolutamente convencidos de que esta pelea la ganamos si la libramos todos juntos, si deponemos las diferencias y ponemos en el centro los consensos bien amplios que tenemos. Ese es el camino para derrotar las políticas de ajuste que llevan adelante los gobiernos nacional y provincial”.
Romina del Pla, de SUTEBA La Matanza, manifestó: “Seguimos diciendo que el Astillero no se toca, como decimos en Télam no sobra nadie, como no sobra nadie en agroindustria, ni en salud, ni en cada uno de los lugares donde este plan de ajuste de Macri, de los gobernadores y del FMI está intentando destruir las condiciones de las y los trabajadorxs”.
Seguidamente, Rodolfo Luna, trabajador despedido de TELAM, celebró la unidad en la acción de las organizaciones: “Hoy cumplimos 78 días de paro y ocupación pacífica de las plantas. Traemos la solidaridad como lo hicimos desde el primer día. Decimos a los que vienen a deguello por la salud, la educación, la soberanía informativa, por la soberanía naval, que no van a poder porque vamos a seguir organizándonos para vencer y torcer el rumbo”.
Desde la Corriente Clasista Combativa, reafirmaron el compromiso de “la CCC que dice lo que piensa y hace lo que dice. En el Plenario Regional de Punta Lara, el compañero Juan Carlos Alderete se comprometió a cortar todas las rutas del país, desde Ushuaia hasta La Quiaca, y eso está ocurriendo. La unidad y la multisectorialidad es la única forma de ganarle a esta política de ajuste y represión de Macri y los gobernadores”.
Buenos Aires
Con paros y movilizaciones en toda la Provincia se manifiesta el contundente descontento popular contra el ajuste
Miércoles 12 de septiembre de 2018, por *
Desde
tempranas horas de la mañana la Jornada Nacional de Lucha definida por
la CTA Autónoma se siente fuerte en escuelas, hospitales, sectores de la
administración central, fábricas y territorios movilizados.
En la provincia de Buenos Aires, la medida se desarrolla en todo el territorio con más de 20 cortes programados y epicentro en tres lugares claves de la producción estatal, como son: Astillero Río Santiago, ATUCHA y FANAZUL.
Oscar de Isasi, Secretario General de la CTA Autónoma y de ATE bonaerense, comentó que “en la provincia de Buenos Aires hay tres lugares emblemáticos que estamos dispuestos a defender desde ATE y la CTA Autónoma como lo son ATUCHA, porque estamos convencidos que se debe reactivar el proyecto de ATUCHA III ya que deja a 7.500 familias sin trabajo y avanza sobre la soberanía energética. O la energía la manejan las multinacionales con tarifazos infinitos o la manejamos los argentinos a través de un Estado que controle y distribuya la energía.
La Fábrica Militar de Azul, cuyo cierre definitivo se dio tiempo atrás,
es fundamental para la autonomía en la fabricación de explosivos para
áreas tan importantes como la minería. Y el Astillero Río Santiago que
implica la soberanía sobre la industria naval. La necesidad de una
marina mercante, de una marina de guerra, de una flota pesquera con
barcos modernos hechos en el país, hace evidente la necesidad de
reactivar el ARS con inversión en tecnología, en salud laboral y con
financiamiento para construir embarcaciones”.En la capital de la provincia de Buenos Aires, las acciones regionales confluirán en 7 y 50 a las 11 horas donde se hará un acto, para luego movilizar a Plaza de Mayo luego de confluir en la Avenida 9 de Julio donde junto a las organizaciones sociales de la CTEP, la CCC y Barrios de Pie realizarán un acto desde las 15 horas.
