Convergencia contra el Continuismo movilizada por un nuevo orden constitucional (Video)
Este 30 de agosto, miles de ciudadanos y ciudadanas provenientes de todo el país respondieron al llamado de la Convergencia contra el Continuismo (CCC) y se movilizaron por las calles de la capital, para protestar contra la profundización del modelo neoliberal y expresar su repudio a un gobierno que es hijo de un colosal fraude electoral.
https://youtu.be/Ooz3VsuxLmI
En su planteamiento la CCC, instancia aglutinadora de organizaciones, personalidades independientes, movimientos sociales, populares, sindicales, estudiantiles y de mujeres, busca arreciar la lucha para la construcción de un nuevo orden constitucional, un verdadero Estado de Derecho y una nueva institucionalidad.
LOS MENSAJES SECRETOS DE LA MOVILIZACIÓN DEL JUEVES
La Convergencia contra el Continuismo puso sobre las calles de Tegucigalpa un actor que estaba invisibilizado en el debate nacional: el pueblo organizado.
De inmediato, la llegada de este nuevo sujeto social que reemplaza al Frente Nacional de Resistencia, provocó reacciones en el tablero público.
El bipartidismo responsable de la crisis, que había abandonado la mascarada del diálogo político, decidió retomarlo bajo la intimidación de la teniente Fulton.
También el partido Libre retomó su dinámica de diálogo interno para analizar las consecuencias del divorcio con Salvador Nasrralla y reflexionar su futuro electoral en medio de una campaña contra la coordinación nacional.
Lamentablemente, la gigantesca manifestación de los distintos actores sociales de los cuatro puntos cardinales de Honduras, también activó la maquinaria terrorista que opera desde las tinieblas al amparo de la dictadura que destruye el país.
La tarde del mismo jueves un escuadrón de la muerte, utilizando indumentaria idéntica al uniforme de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, la ATIC, secuestró dos estudiantes del Instituto Técnico Honduras cuyos cadáveres aparecieron el viernes en La Montañita, uno de los sitios predilectos de los asesinos del 3-16 que ahora integran la Mesa de Crisis del crimen organizado.
Los estudiantes asesinados participaban activamente en las manifestaciones que sus colegas organizan para exigir un bono al transporte colectivo y resistían contra la brutalidad policiaca que lanzó ataques contra las instalaciones del ITH, en la capital.
Así mismo, la noche del jueves después de finalizada la contundente movilización de la Convergencia contra el Continuismo, volvió a activarse una campaña sucia contra el sacerdote jesuita Ismael Moreno, director de Radio Progreso, quien venía de lanzar las líneas estratégicas para recuperar el Diálogo Social en las calles.
Aunque todos los sectores hicieron por separado su propia lista de problemas y demandas, a la vieja usanza de la diversidad caótica de los 8 puntos, de los 10 puntos y hasta de los 13 puntos, lo cierto es que el jueves 30 hubo un solo punto. Y el padre Melo lo comunicó.
Un plebiscito con tres preguntas solamente. Construimos un nuevo orden constitucional? Seguimos con el extractivismo y la privatización como modelo económico? Permitimos a Juan Orlando Hernández continuar en control del Estado de Honduras?
Este fue el mensaje claro y provocador de la movilización del jueves que comunicó el padre Melo en nombre de la Convergencia Nacional contra el Continuismo, destacando que el Plebiscito ya ha comenzado. Y que hará las preguntas a todos los sectores.
La reacción inmediata fue desproporcionada contra el religioso jesuita, teólogo y profeta social encarnado en nuestro tiempo. Los anonimistas atacan sin escrúpulos su condición humana y, a la vez, lo responsabilizan de la crisis nacional. Sus atacantes están en las tinieblas, disfrazados como los asesinos de los estudiantes, protegidos por la dictadura.
Por la gravedad de la campaña, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con oficinas en Tegucigalpa, ha pedido de emergencia la protección de este liderazgo social amenazado. También para todo el equipo de Radio Progreso.
Todo el pueblo hondureño movilizado reconoce que el diálogo en Honduras ha sido un valor que nos ha permitido resolver en lo cotidiano los conflictos. De gratis nuestros ancestros han enseñado siempre el valor de la palabra.
Pero la población sabe que en este momento hay un sector interesado en utilizar la mesa para otros propósitos.
Concretamente el diálogo político es utilizado por la embajada de Estados Unidos para abrirle al impostor Hernández una ventana de legitimación.
Con la instrumentalización de Luis Zelaya, Ebal Díaz y Salvador Nasrralla, Washington está logrando tres propósitos adicionales en la pizarra.
El primero ya ha sido concretado. Romper la relación empática que había entre las mayorías opositoras al golpismo y el carismático Salvador Nasrralla. Y concretamente cortar la conexión entre el sombrero de Manuel Zelaya y el micrófono de Salvador.
Esta jugada por supuesto tiene consecuencias políticas, una de las cuales es afianzar el bipartidismo Liberal-Nacional – no importa el peso de su corrupción compartida con el crimen organizado — y algo muy importante: destruir la presencia simbólica de Zelaya en la oposición política nacional. Un objetivo que está en curso.
Además, el carácter instrumental del diálogo político cumple un segundo propósito, que es darle oxígeno al impostor a quien la teniente Fulton tiene órdenes de prepararle una salida negociada, previo a realizar algunas reformas electorales cosméticas en el Congreso de Oliva.
Y el tercer propósito de este diálogo instrumental es apartar del consenso político a la verdadera víctima del conflicto, al verdadero actor con poder de decisión y cambio estructural: el pueblo organizado en el territorio nacional.
Por eso la coordinadora del COFADEH, Bertha Oliva, durante su discurso durante la movilización del 30 de agosto lo dijo bien: la presencia del pueblo organizado es el testimonio de la esperanza que nos hacía falta, el reflejo vivo de la voluntad que nos invita a seguir cada vez con más fuerza.
Y por eso el padre Melo lanzó la tarea del Plebiscito que arrojará respuestas desde los 18 departamentos sobre la conveniencia del modelo económico, la continuación de la dictadura de JOH y la decisión sobre el orden constitucional.
Por eso los escuadrones de la muerte, por eso la penetración e infiltración del aparato de inteligencia, por eso la gamarra al sistema de comunicación y a las iglesias vendidas. Y por eso los ataques a las personas defensoras de derechos humanos, a la iglesia del cristo vivo, y a los liderazgos sociales.
Pero este país, que goza de una nación viva, de una ciudadanía en movimiento, de un pueblo inteligente y bravo, va a continuar venciendo a los canallas.
Editorial Voces contra El Olvido, sábado 1 de septiembre 2018
Acorralados, pero no vencidos
Por: Hugo Noé Pino
La
marcha de los indignados en 2015 ha rendido frutos. Pese a la renuencia
gubernamental de crear una comisión como la CICIG en Guatemala, la
Maccih ha mostrado que el nivel de corrupción en Honduras es tan grande,
que en poco tiempo se pudo detectar casos como los que se encuentran en
los tribunales: la red de diputados, la caja chica de la dama, Pandora y
otros. Una mínima parte del sistema de impunidad y corrupción ha salido
a flote.
Avances
institucionales han permitido que esto sea posible, entre ellos: la
creación de los juzgados anticorrupción, la certificación de sus jueces y
la UFECIC. El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) también ha hecho
aportes importantes para documentar casos que puedan ser judicializados.
El papel de Estados Unidos y de la cooperación internacional en apoyo a
la Maccih ha sido, asimismo, claro. Estados Unidos lo hace desde el
punto de vista de su seguridad nacional; por lo tanto, tiene una agenda
de reducción de la corrupción que muchas veces choca con sus otros
objetivos estratégicos de reducir la migración y el narcotráfico. De ahí
su apoyo a prácticas antidemocráticas del gobierno actual.
Pese
a las acusaciones presentadas, no se podría decir que la lucha contra
la corrupción ha obtenido importantes victorias. Estamos en pleno inicio
de las batallas, la estructura de impunidad es tan fuerte que está
desplegando todas sus armas para impedir que se castigue a los corruptos
y prevenir acusaciones futuras contra responsables de muchos casos más.
Una
de las primeras armas ha sido expuesta públicamente: reformas a leyes
en el Congreso Nacional. Reducción de penas en casos de corrupción, el
pacto de impunidad y la fe de erratas, la no aprobación de la ley de
colaboración eficaz, la discusión nuevamente de leyes aprobadas en el
pleno, y otros. En los próximos meses se verán más intentos en esta
dirección con el objetivo de “blindar” a funcionarios y diputados.
Un
segundo frente de defensa de la corrupción lo plantea la Corte Suprema
de Justicia a través de los jueces naturales, esto debido a que muchos
casos involucran a altos funcionarios. A diferencia de lo establecido
ahora, cuando se trata de redes de corrupción, deberían ser los juzgados
anticorrupción los que llevaron estos casos. Se imaginan ustedes, la
mayoría de los magistrados actuales de la CSJ, que en sus más remotos
sueños pensaron llegar a esas posiciones, el agradecimiento a los
diputados que hace menos de dos años los eligió irregularmente. Ejemplos
claros son el de la red de diputados en donde una juez natural espero a
la aprobación del pacto de impunidad, vía normas establecidas en el
Presupuesto General de la República (inaudito) para archivar el caso, o
en otras situaciones, la eliminación de cargos que establecen prisión
preventiva.
Un
tercer nivel de defensa son las tradicionales “campañas” para
deslegitimar y hacer perder credibilidad a las instancias judiciales que
presentan los casos. Así, Ufecic está llena de gente incompetente que
no sabe presentar un caso o lo hace a la carrera y la Maccih no conoce
la legislación hondureña y comete errores que los abogados defensores
fácilmente refutan. En el fondo no es la discusión real de temas
jurídicos a profundidad, sino suposiciones derivadas de juicios
superficiales. Lo que da presencia a estos argumentos es que se repiten
ampliamente en algunos medios de comunicación como guión de cine o
telenovelas.
Un
cuarto nivel es el de la simetría; para evitar que estos casos
evidentes develen la red de políticos, empresarios, ONGs, religiosos y
otros sectores para aprovecharse de la impunidad y corrupción en el
país, hay que señalar con fuerza y energía que ésta se ha dado en todo
tiempo y lugar. El argumento preferido es “después no vayan a alegar
persecución política”, porque ustedes son iguales que nosotros de
corruptos. De esta forma desaparecen de los medios de comunicación
tradicionales, el financiamiento de la “cachureca”, el pago de un
préstamo a otro partido después del proceso electoral con fondos
públicos, y los recursos que llegaron a cuentas personales. Una
estrategia bien montada que se convierte en una cortina de humo.
Recientemente un alto funcionarios de las instituciones de justicia
señalaba que no hay duda, en el país ha habido corrupción en el pasado,
pero que el surgimiento de redes de corrupción para sustraer recursos
del presupuesto público era una modalidad de la presente década.
Si
la ciudadanía no se moviliza como en 2015 y se deja influir por la
estructura de impunidad y corrupción existentes, estos leves avances
reflejados en judicialización de casos habrán servido para acorralar a
los corruptos, pero éstos a través de los mecanismos descritos no se
dejarán vencer y todo seguirá como antes.
En medio de amenazas y persecución continúa toma de colegios públicos en San Pedro Sula
Exigiendo el bono de transporte,
estudiantes de seis colegios públicos de San Pedro Sula, al norte de
Honduras, continúan con la toma de los centros educativos de manera
indefinida. Las acciones iniciaron desde el jueves de la semana
anterior, debido a que el gobierno de Juan Orlando Hernández, no dio
respuestas positivas a su demanda.
Las clases están paralizadas en los
colegios: José Trinidad Reyes, Primero de Mayo, Instituto Tecnológico de
Administración de Empresas (INTAE), Centro Técnico Hondureño Alemán y
Manuel Pagan Lozano de Choloma. La demanda es para que se apruebe un
bono de transporte de 2 mil lempiras mensuales, a todos los estudiantes
de los colegios públicos de Honduras.
El aumento al pasaje que se aplicó desde
inicios de agosto, ha provocado malestar en el sector estudiantil,
quien con estas tomas buscan el pago de un bono mensual que les ayude a
costear el alto costo del transporte. “Hay estudiantes que ya no pueden
costear los pasajes porque hay que pagar 15 o 20 lempiras más que
antes”, manifestó una estudiante del Primero de Mayo.
A renglón seguido dijo que hay algunos
estudiantes que hoy tienen que caminar grandes distancias porque no les
ajusta el dinero para pagar el transporte. Hay quienes pagan cuatro
pasajes porque toman dos buses para llegar hasta el colegio, pero hoy no
les queda de otra que caminar. Otros alumnos no les queda para comprar
ni una bolsita de agua porque el dinero se les va en los pasajes.
“La lucha la iniciamos desde mediados
del mes de agosto. Tanto en Progreso, Yoro, como aquí en San Pedro Sula,
desarrollamos manifestaciones y tomas de carreteras exigiendo el bono
de transporte. Esto obligó que desde nivel central enviaran una comisión
encabezada por el viceministro de Educación, el ministro del Trabajo y
dos diputados nacionalistas del departamento de Cortés, con quienes los
reunimos en dos ocasiones”, indicó una estudiante del instituto Reyes.
La dirigente estudiantil aseguró que la
propuesta de la comisión fue insultante. “Nos dijeron que se nos
otorgaría un bono de mil lempiras al año, a un promedio de 100 mil
estudiantes del país. Desde luego ésta fue rechazada por toda la
representación de los colegios de San Pedro Sula”, indicó.
Dijo que ellos hicieron una contrapuesta
para que el bono fuera de mil lempiras mensuales para todos los
estudiantes y las estudiantes de secundaria a nivel nacional. Sin
embargo, fue rechazada por los integrantes de la comisión gubernamental y
desde entonces no se ha dado otro acercamiento.
“En la mayoría de los colegios se han
suspendido las clases, mismas se están restableciendo hasta obtener
alguna respuesta positiva a nuestras exigencias de parte de las
autoridades de educación. Nosotros estamos dispuestos a negociar, pero
no aceptaremos propuestas insultantes”, indicó.
Persecución y amenazas
El estudiantado denuncia que hay casos
de persecución e intimidación de líderes estudiantiles por parte de la
fuerza pública, que está llegando a las instituciones educativas, para
averiguar el nombre de los estudiantes que están encabezando las
acciones.
“Por ejemplo, están llegando vehículos
sin placas a toda hora del día y la noche, se parquean en las cercanías
de los colegios. Hay otros vehículos que tienen placas que corresponden a
camiones o vehículos con placas que no existen. Nosotros les tómanos
fotos y luego investigamos a quién pertenecen los vehículos y por
supuesto no tienen dueño”, indicó un líder estudiantil.
El viernes de la semana anterior un el
líder estudiantil, recibió de un número desconocido una serie llamadas
amenazadoras en los que se expresan frases como “Sé dónde vive, sé quién
es su familia, podrías morir si seguís en los mismos pasos”.
En tono preocupado el líder estudiantil
dijo que temen por sus vidas, tomando en cuenta que la semana anterior
fueron asesinados dos estudiantes de secundaria en Tegucigalpa, y esta
semana dos estudiantes en el Valle de Sula.
En este contexto preocupante, los
estudiantes exigen al Gobierno, entre otras demandas, que se garantice
el derecho a la vida y la integridad física y psicológica de quienes
ejercen su derecho constitucional de organización y protesta.
“Frente a los anteriores hechos, como
dirigencia estudiantil exigimos se nos garantice la vida de quienes
optamos por la organización gremial al interior de los colegios del
país, y la exigencia de nuestros derechos mediante la movilización
social, sin que esto sea causante de persecución, estigmatización,
amenazas o la peor de todas; de asesinatos”, concluyó un dirigente
estudiantil.
CON BERTA EN EL TRIBUNAL
Hoy hemos llegado hasta La Merced excepcionalmente con esperanza, como casi siempre con propuesta y absolutamente como siempre, con denuncia.
La esperanza radica en las coherencias políticas del COPINH, la creatura institucional de Berta Cáceres heredada por sus hijas Isabel y Laura, y la solidaridad que con su sangre han tejido en el territorio nacional y en el mundo.
Es imposible no escuchar la voz potente que comunica el pueblo lenca desde los confines del Tata Lempira y de nuestra ancestra Berta Isabel.
Por ello, el juicio oral del próximo 17 de septiembre en Tegucigalpa no será en solitario. Tenemos la certeza que la indómita lenca de La Esperanza estará acompañada por la humanidad que reclama verdad y justicia.
La esperanza del Cofadeh, precisamente, radica en la resistencia milenaria del pueblo indígena de Occidente, que ha señalado directamente a los autores intelectuales del crimen. Ha puesto el dedo sobre los hermanos José Eduardo, Jacobo y Pedro Atala Zablah, y sobre Daniel Atala Midence, directivos de la empresa DESA al momento del asesinato de Berta.
La campaña DESA CULPABLE busca sin vacilar dirigir el foco hacia la cúspide jerárquica de la abusiva empresa que financió el asesinato de la lideresa indígena lenca, y aunque el tribunal se niegue a citar a juicio a los intelectuales el próximo 17, la humanidad de Berta Cáceres no callará en este empeño.
Los 8 autores materiales del crimen que serán juzgados la próxima semana, deberán pagar su pena por la participación material en el acto, pero lamentablemente en la sala del juicio oral estarán ausentes los instigadores, aquellos que financiaron la operación, los mismos que inspiraron la muerte desde las entrañas del modelo extractivo y abusivo de las represas sin consulta.
Los Atala de FICHOSA, que son los mismos de DESA CULPABLE, han sido señalados por la familia Cáceres y el COPINH. Estos inversionistas conectados directamente a la banda del golpismo y a la Red de Pandora fueron pedidos como testigos en un primer momento. Ahora, después del 19 de septiembre deberán escuchar el Yo Acuso de la Humanidad entera.
Con esperanza, igualmente, estamos hoy aquí porque la juventud hondureña a pesar del diseño de muerte trazado por los escuadroneros de La Montañita, no cesa en su afán de reconstruir la Patria robada por esa banda de canallas golpistas, dictadores saqueadores, miserables narcos disfrazados de políticos, responsables de casi 20 mil asesinatos de jóvenes en 9 años.
El diputado Jorge Cálix, la comisionada María Luisa Borjas, el policía Henry Osorto y los seis estudiantes sobrevivientes de 1983, no se equivocan. El asesino con el hocico de zorro anda suelto, el torturador maestro del disfraz sigue operando desde la miseria de sus sicarios a sueldo, al servicio de la dictadura perversa.
Hoy nuestra propuesta es apoyar el plebiscito de la Convergencia contra el Continuismo, que concluirá el 26 de noviembre con los resultados divulgados en una segunda gigantesca movilización nacional en esta capital.
Ese día sabremos si Honduras quiere seguir o no con el extractivismo como modelo económico, con el golpismo como sistema de gobierno y con Juan Orlando como dictador.
También es nuestra propuesta apoyar las acciones de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU para liberar a los presos políticos que aún permanecen en cárceles bajo control militar, y limpiar los expedientes de todas las personas criminalizadas por ejercer el derecho constitucional a la insurrección contra un régimen ilegítimo e ilegal como el presente.
La amnistía que hemos demandado al Congreso Nacional junto al Comité por la liberación de los Presos Políticos NO debe ser asaltada por los militares asesinos para incluirse entre los beneficiarios del perdón, como suelen hacer cada vez que sus víctimas son liberadas de la persecución penal.
La amnistía incondicional es para los hombres y mujeres que ejercieron el derecho a insurreccionarse contra la usurpación del poder por la fuerza y el fraude, nunca será para militares y paramilitares que usaron recursos públicos para perseguir, herir, torturar y matar.
Hoy nos sumamos a la determinación de los pueblos de Tela, Arizona, San Juan Pueblo y Guapinol, para defender su cordillera de los narco inversionistas que destruyen sus fuentes de agua. La voz del pueblo debe ser respetada, cueste lo que cueste.
Y nos sumamos a la actitud valiente, decidida y ejemplar del pueblo de Azacualpa, la Unión Copán, por impedir la destrucción de su cementerio ancestral. Ninguna veta de oro justifica la ruptura sagrada de la memoria. Y por la defensa de un Campo Santo ofrendar la vida está permitido.
Y otros pueblos como Arenales, Reitoca, San Ignacio, Río Blanco, Locomapa, etc, etc, nos enseñan que cuando un pueblo dice no, es no. Y si insisten en imponer la voluntad con chafas, sicarios y escuadroneros de la muerte, van a perder su tiempo y su dinero.
En el mes de la bandera azul maya, de la independencia de la monarquía lavadora de dinero en paraísos fiscales y en el tiempo de la niñez y juventud que deben estar a salvo de los asesinos, decimos: ni olvido ni perdón.
De los hechos y de los hechores
ni olvido ni perdón COFADEH
Tegucigalpa, M.D.C., 7 de septiembre de 2018
“JUICIO SERÁ UNA GRAN BATALLA”: FAMILIA DE BERTA CÁCERES
La
Sala I del Tribunal de Sentencia, reprogramó para el 17 de septiembre
el inicio del juicio oral y público contra los supuestos autores
materiales del asesinato de la dirigente indígena, Berta Cáceres. Ante
esta situación sus familiares y miembros del COPINH, prevén que cada
audiencia “será una gran batalla”.
Para informar a la sociedad nacional e internacional, las organizaciones populares han creado el sitio web berta.copinh.org, donde se publicará noticias relacionadas al caso.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El
Poder Judicial de Honduras, a través de la Sala I del Tribunal de
Sentencia, reprogramó para el 17 de septiembre el inicio del juicio oral
y público para los imputados en el crimen contra la mundialmente
reconocida ambientalista, Berta Cáceres.
El
juicio estaba programado para el próximo lunes 10 de septiembre, pero
la fecha se modificó porque según la defensora de los implicados, Ritza
Antúnez, el Ministerio Público no ha presentado el esquema de evacuación
después de la audiencia.
“No
se ha entregado las pericias por el Ministerio Público generando
incomodidades con los acusadores privados”, recalcó Antúnez. En este
caso, están siendo juzgados: Mariano Díaz Chávez, Douglas Geovanny
Bustillo, Sergio Ramón Rodríguez Orellana, Elvin Heriberto Rápalo, Henry
Javier Hernández, Edilson Duarte Meza, Emerson Duarte Meza y Óscar
Arnaldo Torres.
Ante
esta situación, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e
Indígenas de Honduras (COPINH), en conjunto con los familiares de
Cáceres y el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), han
iniciado una campaña para que el crimen que apagó la vida de la
activista social, no quede en impunidad.
Este
día las organizaciones mencionadas, realizaron un plantón en el centro
de la capital Tegucigalpa, para lanzar la campaña “DESA culpable”, en
referencia a la responsabilidad de la empresa Desarrollos Energéticos
Sociedad Anónima.
Además,
este día se realizó la audiencia de proposición de pruebas para los
supuestos ocho autores materiales del crimen; no obstante, los camaradas
de la extinga dirigente indígena, rechazan el testimonio dado por los
miembros de la junta directiva de DESA, conformada por Pedro, José
Eduardo y Jacobo Atala Zablah, y de Daniel Atala Midence, según un
comunicado del COPINH.
“La
justicia hondureña sigue sin tener agallas de sentar en tribunal a la
poderosa voz de mando de la empresa”. Además denuncian que el tribunal
ha rechazado la pericia de contexto social y político, realizada por
expertos y que el Poder Judicial está desconociendo para omitir que
Cáceres fue asesinada por ejercer su trabajo como defensora de derechos
humanos.
“Se
ha modificado la fecha de inicio del juicio para este 17 de septiembre
en clima de mucha hostilidad, dejando claro que el juicio será una gran
batalla en todos los ámbitos y por eso pedimos el fuerte acompañamiento
nacional e internacional que de manera concreta acompañe al COPINH
durante estos días”, sentenció el documento.
Para informar a la sociedad nacional e internacional, las organizaciones populares han creado el sitio web berta.copinh.org, donde se publicará noticias relacionadas al caso.
Berta
Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016, a la fecha se ha logrado
capturar a ocho supuestos asesinos, pero, la justicia aun no da con los
autores intelectuales del crimen. El crimen trascendió a nivel global,
ya que Berta era un símbolo de defensa de la vida.
A pocos días de juicio oral y público: Organizaciones denuncian obstáculos e ilegalidades en caso Berta Cáceres
Friday, 07 September 2018 07:32 Written by Salvador Monroy Published in Bertha Caceres
Diversas organizaciones aglutinadas en la Coalición Contra la
Impunidad se pronunciaron este 06 de septiembre de 2018, contra
obstáculos e ilegalidades que se han evidenciado en el proceso penal
contra los culpables del asesinato de Berta Cáceres.
Cáceres fue asesinada en su casa en colonia El Líbano, en La
Esperanza, Intibucá , el 02 de marzo de 2018, a pesar de contar con
medidas de protección que el Estado de Honduras estaba obligado a
cumplir. El crimen quiso ser presentado al inicio como pasional o de
disputas internas dentro del COPINH, pero la presión internacional logro
que se iniciara un proceso judicial. A la fecha solo ocho autores
materiales están como imputados, pero faltan los autores intelectuales.
La familia de Berta Cáceres acompañada por organizaciones nacionales e
internacionales señalan que directivos de la empresa hidroeléctrica
DESA, deben estar en el banquillo de los acusados.
El juicio se programó para iniciar el 17 de septiembre de 2018 y en conferencia de prensa las organizaciones que componen a la Coalición, dieron su respaldo para el acompañamiento, señalando que el Ministerio Público oculta una variedad de pruebas que podrían ser contundentes al momento de pronunciar el fallo.
Guilermo López Lone en representación de la Coalición Contra la Impunidad indicó que “estamos con mucha espectativa por el juicio que se va a realizar en la causa de Berta Cáceres, en contra de los autores materiales e intermedios, pero también con algunas preocupaciones, particularmente en una de ellas, donde no se ha podido tener acceso al expediente”.
Destacó que “el Ministerio Público se ha negado reiteradamente a que las víctimas y los apoderados legales pudieran tener acceso a las investigaciones y a los medios de prueba, en el sentido de que el Ministerio Público teniendo la posibilidad de recabar, preparar y presentar más medios de prueba, no lo ha hecho”.
Para López Lone “esas son algunas de las cuestiones que nosotros desde la Coalición Contra la Impunidad nos están marcando, en el sentido de que debemos estar presentes en este debate, en este juicio oral y público, para complementar esfuerzos y aportar a la causa de Berta Cáceres, para que estas personas, puedan ser debidamente juzgadas y sancionadas”.
Poderosos
Sobre los autores intelectuales donde se ha mencionado a empresarios banqueros como los Atala Zablah, López Lone afirmó que “más que declarar, el juicio pudiera dar elementos de carácter probatorio, procesal, para que posteriormente se puedan abrir nuevas acusaciones, en contra de personajes que están ligados a la junta directiva de DESA (Desarrollos Energéticos, S. A.), podrían estar otros personajes que son o tienen algún nivel de decisión o vinculados en alguna de las decisiones que trajeron como consecuencia la planificación y la muerte de Berta Cáceres”.
Este es el documento entregado en conferencia de prensa:
PRIMERO: La Coalición Contra la Impunidad mantendrá el rol de acompañante durante el desarrollo del juicio, en el cual ya se observan una serie de obstáculos e ilegalidades que han viciado el proceso.
SEGUNDO: Valoramos como un factor negativo determinante la falta y negación de acceso a la información relacionada a la causa a las víctimas y sus apoderados legales, como parte de la debida diligencia en la realización de peritajes y la denegación por parte del Tribunal para que el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) se incorporara como víctima en el proceso.
TERCERO: Demandamos el esclarecimiento real de los hechos y el derecho de acceso a la justicia que incluye la citación como testigos de varios miembros de la familia Atala Zablah, dueños de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA).
CUARTO: Denunciamos que el Ministerio Público, aún contando con la información necesaria, no ha acusado a los autores intelectuales de alto nivel pues hasta el momento sólo se enjuician como autores materiales a: Emerson Duarte Meza, Edilson Atilio Duarte Meza, Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Henrry Javier Hernández, Oscar Aroldo Torres Velásquez y como autores intermediarios a: Mariano Díaz Chávez, militar activo al momento del asesinato, Douglas Geovanny Bustillo, exjefe de seguridad de DESA, Sergio Ramón Rodríguez Orellana Gerente del área social, ambiental y de comunicaciones de DESA.
QUINTO: Condenamos la campaña de desprestigio y desinformación realizada por un bufete privado en representación de la empresa DESA en contra del COPINH.
SEXTO: Lamentamos la falta de esclarecimiento en que se encuentran las decenas de denuncias interpuestas por Berta Cáceres por las agresiones ejercidas en su contra previas a su asesinato.
SÉPTIMO: Instamos al Ministerio Público a que aporte todos los elementos de prueba que están en su poder contra los acusados y que presente las acusaciones pendientes contra los autores intelectuales como parte de una participación diligente como representante de la sociedad hondureña en el juicio que se llevará a cabo este mes de septiembre.
FINALMENTE: Instamos al Tribunal de Sentencia a que realice un efectivo control jurisdiccional independiente que garantice una participación real de las víctimas en el proceso y que emita una sentencia coherente con las pruebas que el Ministerio Público y las acusaciones privadas han propuesto y evacuaran, cumpliendo así la obligación del Estado de sancionar a los responsables de los hechos.
Tegucigalpa, Honduras, 06 de septiembre de 2018
El juicio se programó para iniciar el 17 de septiembre de 2018 y en conferencia de prensa las organizaciones que componen a la Coalición, dieron su respaldo para el acompañamiento, señalando que el Ministerio Público oculta una variedad de pruebas que podrían ser contundentes al momento de pronunciar el fallo.
Guilermo López Lone en representación de la Coalición Contra la Impunidad indicó que “estamos con mucha espectativa por el juicio que se va a realizar en la causa de Berta Cáceres, en contra de los autores materiales e intermedios, pero también con algunas preocupaciones, particularmente en una de ellas, donde no se ha podido tener acceso al expediente”.
Destacó que “el Ministerio Público se ha negado reiteradamente a que las víctimas y los apoderados legales pudieran tener acceso a las investigaciones y a los medios de prueba, en el sentido de que el Ministerio Público teniendo la posibilidad de recabar, preparar y presentar más medios de prueba, no lo ha hecho”.
Para López Lone “esas son algunas de las cuestiones que nosotros desde la Coalición Contra la Impunidad nos están marcando, en el sentido de que debemos estar presentes en este debate, en este juicio oral y público, para complementar esfuerzos y aportar a la causa de Berta Cáceres, para que estas personas, puedan ser debidamente juzgadas y sancionadas”.
Poderosos
Sobre los autores intelectuales donde se ha mencionado a empresarios banqueros como los Atala Zablah, López Lone afirmó que “más que declarar, el juicio pudiera dar elementos de carácter probatorio, procesal, para que posteriormente se puedan abrir nuevas acusaciones, en contra de personajes que están ligados a la junta directiva de DESA (Desarrollos Energéticos, S. A.), podrían estar otros personajes que son o tienen algún nivel de decisión o vinculados en alguna de las decisiones que trajeron como consecuencia la planificación y la muerte de Berta Cáceres”.
Este es el documento entregado en conferencia de prensa:
PRONUNCIAMIENTO DE LA COALICIÓN CONTRA LA IMPUNIDAD ANTE EL JUICIO DE LA CAUSA BERTA CÁCERES
La Coalición contra la Impunidad, frente al inicio del juicio de la
causa Berta Cáceres, programada para el 10 de septiembre de este año,
ante la opinión pública nacional e internacional, se pronuncia de la
siguiente manera:PRIMERO: La Coalición Contra la Impunidad mantendrá el rol de acompañante durante el desarrollo del juicio, en el cual ya se observan una serie de obstáculos e ilegalidades que han viciado el proceso.
SEGUNDO: Valoramos como un factor negativo determinante la falta y negación de acceso a la información relacionada a la causa a las víctimas y sus apoderados legales, como parte de la debida diligencia en la realización de peritajes y la denegación por parte del Tribunal para que el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) se incorporara como víctima en el proceso.
TERCERO: Demandamos el esclarecimiento real de los hechos y el derecho de acceso a la justicia que incluye la citación como testigos de varios miembros de la familia Atala Zablah, dueños de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA).
CUARTO: Denunciamos que el Ministerio Público, aún contando con la información necesaria, no ha acusado a los autores intelectuales de alto nivel pues hasta el momento sólo se enjuician como autores materiales a: Emerson Duarte Meza, Edilson Atilio Duarte Meza, Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Henrry Javier Hernández, Oscar Aroldo Torres Velásquez y como autores intermediarios a: Mariano Díaz Chávez, militar activo al momento del asesinato, Douglas Geovanny Bustillo, exjefe de seguridad de DESA, Sergio Ramón Rodríguez Orellana Gerente del área social, ambiental y de comunicaciones de DESA.
QUINTO: Condenamos la campaña de desprestigio y desinformación realizada por un bufete privado en representación de la empresa DESA en contra del COPINH.
SEXTO: Lamentamos la falta de esclarecimiento en que se encuentran las decenas de denuncias interpuestas por Berta Cáceres por las agresiones ejercidas en su contra previas a su asesinato.
SÉPTIMO: Instamos al Ministerio Público a que aporte todos los elementos de prueba que están en su poder contra los acusados y que presente las acusaciones pendientes contra los autores intelectuales como parte de una participación diligente como representante de la sociedad hondureña en el juicio que se llevará a cabo este mes de septiembre.
FINALMENTE: Instamos al Tribunal de Sentencia a que realice un efectivo control jurisdiccional independiente que garantice una participación real de las víctimas en el proceso y que emita una sentencia coherente con las pruebas que el Ministerio Público y las acusaciones privadas han propuesto y evacuaran, cumpliendo así la obligación del Estado de sancionar a los responsables de los hechos.
Tegucigalpa, Honduras, 06 de septiembre de 2018
Copinh lanza campaña mediática que exige justicia para Berta Cáceres
Fotos y texto: Sandra Rodríguez
Tegucigalpa, Honduras (defensoresenlinea.com).-
A 12 días que dé inicio el primer juicio contra ocho supuestos autores
materiales del crimen de la defensora de derechos indígenas Lenca, Berta
Isabel Cáceres Flores, se lanzó una campaña que pretende romper el
cerco mediático en torno al caso.
El lanzamiento de la campaña “Desa
Culpable” fue presentada en el parque central de Tegucigalpa, acompañada
de música, poesia, carteles y calcomanías mediante las cuales se exige
castigo para los responsables materiales e intelectuales del crimen
ejecutado el 02 de marzo del 2016, en la casa de habitación de Cáceres,
ubicada en La Esperanza, Intibucá.
La información en torno al asesinato de
la Nobel Verde del planeta, acreedora del premio Goldman al
medioambiente 2015, está disponible en el sitio web www.berta.copinh.org.
La página muestra una galería de
imágenes con el perfil de los hasta ahora nueve capturados, apenas uno
como autor intelectual, explicó Bertha Zúniga Cáceres, coordinadora del
Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH),
Así como los directivos de la empresa Desarrollos Energéticos S.A.
(DESA), encargada de la construcción del Proyecto Hidroeléctrico “Agua
Zarca” (PHAZ), sobre el río Gualcarque, en la comunidad de Río Blanco,
Intibucá.
Hay un apartado que muestra un línea de
tiempo, que contiene información desde 2007 cuando la Empresa Nacional
de Energía Electrónica (ENEE), realizó una exploración en el Río
Gualcarque. Así va detallando la llegada de la empresa privada, permisos
de operación sin consultar al pueblo, de parte de la Secretaria de
Recursos Naturales (SERNA), a cargo entonces de Rigoberto Cuéllar, quién
fungió después como Fiscal Adjunto del Ministerio Público (2013-2018).
Movilización, protestas, tomas y
denuncias, se dieron para evitar la instalación de la hidroeléctrica.
Está lucha por la defensa de los bienes comunes de la naturaleza, ha
dejado al menos cinco defensores indígenas del COPINH asesinados, según
detalla el sitio web.
Con esta campaña se pretende demostrar
que el crimen contra Berta Cáceres y el atentado contra la vida del
ambientalista mexicano Gustavo Castro, que se hospedaba esa noche dónde
Bertita, tiene su orígen desde la empresa DESA -obviamente- vinculada
con el Estado de Honduras que facilitó las condiciones para operar en
el crimen, afirmó la coordinadora del COPINH.
La hija de Cáceres Flores, afirmó que no
se van a conformar con que se juzgue a estas ocho personas, porque hay
más (autores intelectuales) sin ser requeridos, y falta el juicio contra
David Castillo, el único hasta ahora privado de libertad como hechor
intelectual. Éste era el presidente de la junta directiva de la empresa
DESA.
Son dos años y medio de silencio de
parte del Ministerio Público, no se brinda información a la familia ni a
los apoderados legales de la parte acusadora, el 20 de octubre del
2016, un nutrido grupo del COPINH, defensores y defensoras de derechos
humanos realizaron un plantón fentre a dicho edificio en Tegucigalpa, y
concluyó con una de las más fuertes represiones policiales. Óscar
Chinchilla, impuesto ilegalmente en un segundo periodo cómo Fiscal
General, no da respuesta.
Zúniga denunció en el parque central,
que entre las anomalías esta que, no se ha visto a COPINH cómo víctima
formal al tratarse del asesinato de su principal líder, el Ministerio
Público ha mostrado un gran desprecio y marginado a la familia y
organización para informar sobre la investigación.
El caso se ha mantenido en
“secretividad”, pese a que, hasta el expediente fue robado del vehículo
de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, María Luisa Ramos, el
30 de septiembre del 2016, por lo que esta campaña pretende informar
cada detalle, audiencias, resoluciones y las muestras de solidaridad que
la población mundial quiera emitir.
El 17 de septiembre sera el juicio oral y
público contra los primeros ocho imputados en el crimen contra Berta
Cáceres. Zúniga instó a la comunidad nacional e internacional para estar
alertas y acompañen este proceso que se desarrollará en Tegucigalpa.
En Audiencia de Proposición de Pruebas: Tribunal de sentencia protegió a los autores intelectuales del crimen contra Berta Cáceres
Thursday, 06 September 2018 05:12 Written by Dina Meza Published in Bertha Caceres
El Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional Territorial en
Materia Penal, que tiene a cargo el juicio contra nueve imputados en el
crimen contra de Berta Cáceres, denegó este 04 de septiembre de 2018,
pruebas que abogados acusadores propusieron con el fin de enjuiciar a
los autores intelectuales agrupados en una estructura criminal donde
confluyen diferentes actores estatales, empresariales y militares.
En la etapa de proposición de pruebas que tuvo lugar del 31 de agosto
al 04 de septiembre de este año, el tribunal antes mencionado, escuchó
la argumentación de 11 abogados de los imputados que se opusieron a
pruebas importantes que podrían haber enjuiciado a quienes planificaron
el asesinato.
Ante la falta de justicia para los familiares de Berta Cáceres y el COPINH, se ha constituido el Grupo Internacional de Personal Expertas, GAIPE, que en un informe investigativo sobre el crimen y difundido en noviembre de 2017, ha concluido que "pese a la secretividad con que se ha manejado la investigación, el GAIPE ha logrado establecer la participación de directivos, gerentes y empleados de DESA; de personal de seguridad privada contratado por la empresa; de agentes estatales y de estructuras paralelas a las fuerzas de seguridad del Estado en actos delictivos anteriores, concomitantes y posteriores al asesinato del 2 de marzo de 2016. Esos hechos aún permanecen impunes".
La Audiencia de Proposición de Pruebas
Entre las pruebas propuestas por los acusadores privados para que se
inicie un proceso contra los autores intelectuales, estaban que
testificaran integrantes de la familia Atala Zablah y partes en la Junta
directiva de la empresa hidroeléctrica Desarrollos Energéticos, S.A.,
DESA.
En la Sala del Tribunal de Sentencia, donde se desarrollaba la audiencia, se respiraba un ambiente de complicidad con la defensa de los imputados pues casi todas las demandas de los abogados defensores fueron aceptadas para aplastar la estrategia legal de la parte acusadora de entrarle no solo a los autores materiales sino a los autores intelectuales que fueron quienes planificaron y ordenaron el crimen, de acuerdo a reiteradas denuncias de la familia y distintas organizaciones nacionales e internacionales.
El abogado Ronis Rodil Vásquez, también de los abogados acusadores expresó en el tribunal que “el asesinato corresponde a una maquinación que trasciende al 02 de marzo, hemos señalado una estructura que tenía como propósito la implementación de estrategias contra Berta Cáceres “.
Entre los testigos rechazados por el tribunal está Luís Díaz de Terán, un defensor internacional que acompañaba constantemente a Berta Cáceres y al COPINH, pero que fue expulsado del país después de ser retenido por varias cuando ingresaba al país a través del aeropuerto Toncontín, en la capital hondureña, el 25 de octubre de 2016, y a quien se le decomisó un disco duro y una cámara digital, después de ser sometido con violencia.
Por su parte la abogada Kenia Oliva, también parte del equipo legal privado acusador, denunció que el Ministerio Público no ha hecho la diligencia de tomar declaración anticipada a Gustavo Castro, quien estaba en la misma casa donde fue asesinada Berta Cáceres y contra quien dispararon los atacantes, según lo dijo en su momento.
Castro fue mantenido en detención en las horas posteriores al crimen, sometido a vejámenes y su abogada defensora fue objeto de amonestación del tribunal de La Esperanza, Intibucá, para que no pudiera defenderlo. Él debió salir del país por la inseguridad para su vida y en la actualidad está bajo protección internacional, informó la aboga, que es su representante legal.
Aunque Castro está en el juicio como testigo protegido, Oliva denunció que nunca recibió protección y es un testigo vital en el caso, pero la pretensión es que venga a rendir declaración a Honduras cuando es un deber del Ministerio Público hacer la diligencia de declaración anticipada.
Kilométricas audiencias para desechar las pruebas más importantes
El Tribunal estaba integrado por dos mujeres y un hombre, quienes denegaron la petición de los abogados acusadores privados que representan a la familia de Berta Cáceres, para que se llamara a declarar a los Atala Zablah.
El COPINH señaló este 05 de septiembre de 2018 en una nota de prensa que “después de varios días, finaliza audiencia de proposición de pruebas en el caso de Berta Cáceres, luego de la inadmisión de varios medios de prueba presentados por la acusación privada, como la del llamado a testificar de varios miembros de la familia Atala Zablah, con esto se cierra una importante posibilidad de vincular el papel de los imputados en el crimen y determinar el papel de autores intelectuales en el mismo”.
Tribunal afectó el derecho a la verdad al no admitir pruebas
Ariel Madrid, del equipo de la acusación privada expresó que fueron inadmitidos los medios de prueba testificales de la familia Atala que están vinculados con funcionarios públicos que recibieron favores para desarrollar campañas de descrédito internacional en contra de Berta Cáceres, así como medios de prueba que acreditaba de manera estadística los patrones de llamadas de los imputados y otro de contexto que intenta colocar el modelo extractivo y los ataques de que fue objeto la defensora y que culminaron con el asesinato.
“El asesinato se da porque toda la estrategia de la empresa DESA y todos sus directivos no tuvo efecto en la lucha que emprendía el COPINH y decidieron como último recurso asesinar a la compañera, ahora el juzgado inadmitió las pruebas testificales aun cuando las personas propuestas como testigos forman parte de los chat en los que están los imputados y dan órdenes y directrices que ejecutan los imputados momentos previos, en contra del COPINH y Berta Cáceres, según los dictámenes que nosotros presentamos”, denunció Madrid.
El crimen tuvo como escenario previo la persecución e infiltración del COPINH, organización de la cual Cáceres era su Coordinadora General, agregó.
A estas alturas se está dejando sin la oportunidad a la acusación privada de los medios de prueba que fueron inadmitidos, la totalidad de la pretensión probatoria, “nuestra tesis acusatoria no la vamos a poder acreditar con los medios de prueba que nos admitieron, incluso no se va a dejar apertura para que en posteriores acusaciones se pueda imputar a los autores intelectuales del crimen, reiteró el profesional del derecho.
Asimismo destacó que es un mal precedente que está dejando el tribunal, lo que afecta el derecho de las víctimas a la verdad y a la justicia, “lo cual no ha visualizado el tribunal que tiene una visión reduccionista de lo que puede ser el proceso penal encaminado a probar los hechos puntuales del asesinato, pero previo a eso le precede un universo de ataques contra el COPINH, dijo.
La abogada Heidy Alachán, que integra el equipo de defensa legal del COPINH se preguntó ¿por qué el tribunal no permite que Daniel Atala, José Eduardo Atala, Jacobo Atala y Pedro Atala, todos Zablah, vengan y declaren, y lean sus propios chats dónde coordinaron la infiltración al COPINH, la permanente persecución a Berta, el pago de empleados del SERNA para defender defender a Agua Zarca ante la CIDH?
¿A quién protege el Tribunal y ha protegido durante 2 años 4 meses el Ministero Público quien negó la información a las víctimas en más de 38 ocasiones?. Está claro y lo sabemos, los empleados de DESA cumplieron órdenes, así que, queremos que quienes maquinaron el crimen den cuentas de sus hechos criminales,prosiguió.
Ya no hay sillas, no pueden entrar
Durante todos los días en que se llevó a cabo la Audiencia de Proposición de Pruebas, por medio de la guardia de seguridad de la Corte Suprema de Justicia se boicoteó la presencia de miembros y miembras del COPINH a la sala del tribunal , se les hicieron registros minuciosos indebidos y se les argumentaba que no podían entrar porque no había asiento en la sala de las audiencias, a pesar que habían varios espacios vacíos.
A las audiencias han acudido delegados internacionales de diferentes misiones en el país, entre ellas de la Unión Europea y representantes de embajadas acreditadas en el país.
El tribunal a cargo de la causa no ha resuelto una petición de los abogados acusadores de permitir la transmisión en vivo de las audiencias del juicio, por ser un caso de impacto nacional e internacional, según han argumentado en un documento presentado desde el 27 de agosto de este año.
El juicio oral y público ente este caso inicia el 17 de septiembre y finaliza el 19 de octubre, de este año. El tribunal había anunciado que previamente que el inicio sería el 10 de septiembre.
COPINH emprende campaña "DESA Culpable"
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras -COPINH- lanza campaña #DESACulpable, previo al inicio del juicio oral y público cotra 8 personas acusadas por el asesinato de la defensora y lideresa del pueblo lenca, Berta Cáceres, según informó en su página de Facebook la organización indígena.
La campaña inició este miércoles 05 de sepriembre y se instaló en el Parque Central de Tegucigalpa, para recaudar firmas de condena contra la empresa hidroeléctrica DESA.
Berta y Laura, hijas de la asesinada defensora de los derechos indígenas, lideran la campaña que es apoyada por diferentes sectores nacionales e internacionales.
Link de Interés
1.-Vea Informe GAIPE donde se desenmascara a los autores intelectuales y materiales del crimen contra Berta Cáceres. Haga click Aquí
2.-Sitio web del COPINH donde puede leer acerca del asesinato de Berta Cáceres Aquí en este link
Ante la falta de justicia para los familiares de Berta Cáceres y el COPINH, se ha constituido el Grupo Internacional de Personal Expertas, GAIPE, que en un informe investigativo sobre el crimen y difundido en noviembre de 2017, ha concluido que "pese a la secretividad con que se ha manejado la investigación, el GAIPE ha logrado establecer la participación de directivos, gerentes y empleados de DESA; de personal de seguridad privada contratado por la empresa; de agentes estatales y de estructuras paralelas a las fuerzas de seguridad del Estado en actos delictivos anteriores, concomitantes y posteriores al asesinato del 2 de marzo de 2016. Esos hechos aún permanecen impunes".
La Audiencia de Proposición de Pruebas
De izquierda a derecha acusadores privados que
estuvieron en la audiencia:
Ronis Rodil Vásquez,Kenia Oliva y Ariel Madrid
|
En la Sala del Tribunal de Sentencia, donde se desarrollaba la audiencia, se respiraba un ambiente de complicidad con la defensa de los imputados pues casi todas las demandas de los abogados defensores fueron aceptadas para aplastar la estrategia legal de la parte acusadora de entrarle no solo a los autores materiales sino a los autores intelectuales que fueron quienes planificaron y ordenaron el crimen, de acuerdo a reiteradas denuncias de la familia y distintas organizaciones nacionales e internacionales.
El abogado Ronis Rodil Vásquez, también de los abogados acusadores expresó en el tribunal que “el asesinato corresponde a una maquinación que trasciende al 02 de marzo, hemos señalado una estructura que tenía como propósito la implementación de estrategias contra Berta Cáceres “.
Entre los testigos rechazados por el tribunal está Luís Díaz de Terán, un defensor internacional que acompañaba constantemente a Berta Cáceres y al COPINH, pero que fue expulsado del país después de ser retenido por varias cuando ingresaba al país a través del aeropuerto Toncontín, en la capital hondureña, el 25 de octubre de 2016, y a quien se le decomisó un disco duro y una cámara digital, después de ser sometido con violencia.
Por su parte la abogada Kenia Oliva, también parte del equipo legal privado acusador, denunció que el Ministerio Público no ha hecho la diligencia de tomar declaración anticipada a Gustavo Castro, quien estaba en la misma casa donde fue asesinada Berta Cáceres y contra quien dispararon los atacantes, según lo dijo en su momento.
Castro fue mantenido en detención en las horas posteriores al crimen, sometido a vejámenes y su abogada defensora fue objeto de amonestación del tribunal de La Esperanza, Intibucá, para que no pudiera defenderlo. Él debió salir del país por la inseguridad para su vida y en la actualidad está bajo protección internacional, informó la aboga, que es su representante legal.
Aunque Castro está en el juicio como testigo protegido, Oliva denunció que nunca recibió protección y es un testigo vital en el caso, pero la pretensión es que venga a rendir declaración a Honduras cuando es un deber del Ministerio Público hacer la diligencia de declaración anticipada.
Kilométricas audiencias para desechar las pruebas más importantes
El Tribunal estaba integrado por dos mujeres y un hombre, quienes denegaron la petición de los abogados acusadores privados que representan a la familia de Berta Cáceres, para que se llamara a declarar a los Atala Zablah.
El COPINH señaló este 05 de septiembre de 2018 en una nota de prensa que “después de varios días, finaliza audiencia de proposición de pruebas en el caso de Berta Cáceres, luego de la inadmisión de varios medios de prueba presentados por la acusación privada, como la del llamado a testificar de varios miembros de la familia Atala Zablah, con esto se cierra una importante posibilidad de vincular el papel de los imputados en el crimen y determinar el papel de autores intelectuales en el mismo”.
Tribunal afectó el derecho a la verdad al no admitir pruebas
Ariel Madrid, del equipo de la acusación privada expresó que fueron inadmitidos los medios de prueba testificales de la familia Atala que están vinculados con funcionarios públicos que recibieron favores para desarrollar campañas de descrédito internacional en contra de Berta Cáceres, así como medios de prueba que acreditaba de manera estadística los patrones de llamadas de los imputados y otro de contexto que intenta colocar el modelo extractivo y los ataques de que fue objeto la defensora y que culminaron con el asesinato.
“El asesinato se da porque toda la estrategia de la empresa DESA y todos sus directivos no tuvo efecto en la lucha que emprendía el COPINH y decidieron como último recurso asesinar a la compañera, ahora el juzgado inadmitió las pruebas testificales aun cuando las personas propuestas como testigos forman parte de los chat en los que están los imputados y dan órdenes y directrices que ejecutan los imputados momentos previos, en contra del COPINH y Berta Cáceres, según los dictámenes que nosotros presentamos”, denunció Madrid.
El crimen tuvo como escenario previo la persecución e infiltración del COPINH, organización de la cual Cáceres era su Coordinadora General, agregó.
A estas alturas se está dejando sin la oportunidad a la acusación privada de los medios de prueba que fueron inadmitidos, la totalidad de la pretensión probatoria, “nuestra tesis acusatoria no la vamos a poder acreditar con los medios de prueba que nos admitieron, incluso no se va a dejar apertura para que en posteriores acusaciones se pueda imputar a los autores intelectuales del crimen, reiteró el profesional del derecho.
Asimismo destacó que es un mal precedente que está dejando el tribunal, lo que afecta el derecho de las víctimas a la verdad y a la justicia, “lo cual no ha visualizado el tribunal que tiene una visión reduccionista de lo que puede ser el proceso penal encaminado a probar los hechos puntuales del asesinato, pero previo a eso le precede un universo de ataques contra el COPINH, dijo.
La abogada Heidy Alachán, que integra el equipo de defensa legal del COPINH se preguntó ¿por qué el tribunal no permite que Daniel Atala, José Eduardo Atala, Jacobo Atala y Pedro Atala, todos Zablah, vengan y declaren, y lean sus propios chats dónde coordinaron la infiltración al COPINH, la permanente persecución a Berta, el pago de empleados del SERNA para defender defender a Agua Zarca ante la CIDH?
¿A quién protege el Tribunal y ha protegido durante 2 años 4 meses el Ministero Público quien negó la información a las víctimas en más de 38 ocasiones?. Está claro y lo sabemos, los empleados de DESA cumplieron órdenes, así que, queremos que quienes maquinaron el crimen den cuentas de sus hechos criminales,prosiguió.
Ya no hay sillas, no pueden entrar
Durante todos los días en que se llevó a cabo la Audiencia de Proposición de Pruebas, por medio de la guardia de seguridad de la Corte Suprema de Justicia se boicoteó la presencia de miembros y miembras del COPINH a la sala del tribunal , se les hicieron registros minuciosos indebidos y se les argumentaba que no podían entrar porque no había asiento en la sala de las audiencias, a pesar que habían varios espacios vacíos.
A las audiencias han acudido delegados internacionales de diferentes misiones en el país, entre ellas de la Unión Europea y representantes de embajadas acreditadas en el país.
El tribunal a cargo de la causa no ha resuelto una petición de los abogados acusadores de permitir la transmisión en vivo de las audiencias del juicio, por ser un caso de impacto nacional e internacional, según han argumentado en un documento presentado desde el 27 de agosto de este año.
El juicio oral y público ente este caso inicia el 17 de septiembre y finaliza el 19 de octubre, de este año. El tribunal había anunciado que previamente que el inicio sería el 10 de septiembre.
COPINH emprende campaña "DESA Culpable"
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras -COPINH- lanza campaña #DESACulpable, previo al inicio del juicio oral y público cotra 8 personas acusadas por el asesinato de la defensora y lideresa del pueblo lenca, Berta Cáceres, según informó en su página de Facebook la organización indígena.
La campaña inició este miércoles 05 de sepriembre y se instaló en el Parque Central de Tegucigalpa, para recaudar firmas de condena contra la empresa hidroeléctrica DESA.
Berta y Laura, hijas de la asesinada defensora de los derechos indígenas, lideran la campaña que es apoyada por diferentes sectores nacionales e internacionales.
Link de Interés
1.-Vea Informe GAIPE donde se desenmascara a los autores intelectuales y materiales del crimen contra Berta Cáceres. Haga click Aquí
2.-Sitio web del COPINH donde puede leer acerca del asesinato de Berta Cáceres Aquí en este link
PRONUNCIAMIENTO DE LA COALICIÓN CONTRA LA IMPUNIDAD ANTE EL JUICIO DE LA CAUSA BERTA CÁCERES
Tegucigalpa, Honduras.-
La Coalición contra la Impunidad, frente al inicio del juicio de la
causa Berta Cáceres, programada para el 17 de septiembre de este año,
ante la opinión pública nacional e internacional, se pronuncia de la
siguiente manera:
PRIMERO: La Coalición
Contra la Impunidad mantendrá el rol de acompañante durante el
desarrollo del juicio, en el cual ya se observan una serie de obstáculos
e ilegalidades que han viciado el proceso.
SEGUNDO: Valoramos como
un factor negativo determinante la falta y negación de acceso a la
información relacionada a la causa a las víctimas y sus apoderados
legales, como parte de la debida diligencia en la realización de
peritajes y la denegación por parte del Tribunal para que el Consejo
Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) se
incorporara como víctima en el proceso.
TERCERO: Demandamos el
esclarecimiento real de los hechos y el derecho de acceso a la justicia
que incluye la citación como testigos de varios miembros de la familia
Atala Zablah, dueños de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA).
CUARTO: Denunciamos que
el Ministerio Público, aun contando con la información necesaria, no ha
acusado a los autores intelectuales de alto nivel pues hasta el momento
sólo se enjuician como autores materiales a: Emerson Duarte Meza,
Edilson Atilio Duarte Meza, Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Henrry
Javier Hernández, Oscar Aroldo Torres Velásquez y como autores
intermediarios a: Mariano Díaz Chávez, militar activo al momento del
asesinato, Douglas Geovanny Bustillo, exjefe de seguridad de DESA,
Sergio Ramón Rodríguez Orellana Gerente del área social, ambiental y de
comunicaciones de DESA.
QUINTO: Condenamos la
campaña de desprestigio y desinformación realizada por un bufete privado
en representación de la empresa DESA en contra del COPINH.
SEXTO: Lamentamos la
falta de esclarecimiento en que se encuentran las decenas de denuncias
interpuestas por Berta Cáceres por las agresiones ejercidas en su contra
previas a su asesinato.
SÉPTIMO: Instamos al
Ministerio Público a que aporte todos los elementos de prueba que están
en su poder contra los acusados y que presente las acusaciones
pendientes contra los autores intelectuales como parte de una
participación diligente como representante de la sociedad hondureña en
el juicio que se llevará a cabo este mes de septiembre.
FINALMENTE: Instamos al
Tribunal de Sentencia a que realice un efectivo control jurisdiccional
independiente que garantice una participación real de las víctimas en el
proceso y que emita una sentencia coherente con las pruebas que el
Ministerio Público y las acusaciones privadas han propuesto y evacuaran,
cumpliendo así la obligación del Estado de sancionar a los responsables
de los hechos.
Tegucigalpa, Honduras, 06 de septiembre de 2018
Los diputados del Partido Libertad y Refundación,(LIBRE),
interpelarán ante el Congreso Nacional al ministro de la Secretaría de
Mi Ambiente, José Galdámez, por la publicación de un acuerdo ministerial
que prohibe la divulgación de información sobre las licencias
ambientales emitidas por esa dependencia del Estado y las eleva a
secretividad ante el Instituto de Acceso a la Información
Pública,(IAIP).
El Acuerdo Ministerial número 1402-2018 fue publicado el 08 de agosto
de 2018 y de ejecución inmediata, su contenido empezó a circular hace
pocos días debido a que se hizo en las sombras, sin informar a la
ciudadanía.
La diputada Patricia Murillo de LIBRE indicó a
pasosdeanimalgrande.com que tienen conocimiento de la publicación de la
ley y la misma es lesiva a la libertad de información, por lo cual es
necesario llamar al funcionario a que explique los alcances de la misma
ante el hemiciclo legislativo.
“Hay mucho interés de parte de los diputados de LIBRE de interpelar esa decisión porque nos parece que va contra todos los derechos de los ciudadanos y estrictamente de las comunidades en donde van a ser instalados los proyectos extractivistas y de otro tipo. Para emitir una licencia ambiental es todo un procedimiento en donde debe prevalecer la transparencia”, indicó.
Para la parlamentaria así como para la Comisión de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes del Congreso Nacional, lo más importante de una ley es que los sectores afectados o en donde se van a instalar los proyectos, sepan de la transparencia del mismo, por lo que deben estar informados de todo el proceso.
“Se necesita saber en qué va a afectar a las comunidades, sus costumbres, su calidad de vida y sus intereses, y al mantener la emisión de las licencias ambientales así en secreto y en reserva esa información en nada abona a un cielo abierto, como lo declaró el actual jefe de Estado”, agregó Murillo.
Según la congresista no se puede llegar a una comunidad e instalar un proyecto sin antes conocer cuáles serán los impactos ambientales que el mismo generará en el sector.
“Cualquier proyecto debe llevar una licencia ambiental que aborde entre otras cosas la mitigación, de cómo se va a elaborar un plan de recuperación de las zonas afectadas, pero debe de enterarse la comunidad, debe socializarse y no afectar la vida de la comunidad”, destacó.
A criterio de Murillo “ahora aunque ya esté afectada la persona, la comunidad y el país, ni se va a dar cuenta la gente si la empresa o el proyecto cuenta o no con la licencia ambiental, de acuerdo a esta ley”.
Miambiente asegura que hay acceso a la información pero....
En tanto las autoridades de la Secretaría de MiAmbiente a través de la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información Pública, explicó que la ley ya había estado vigente durante más de 10 años, pero debía de actualizarse o aprobar un nuevo acuerdo ministerial, ya que la misma vencía en el presente año.
Sara Velásquez, encargada de la Oficina de Transparencia en MiAmbiente indicó que “Hay un acuerdo el No. 1402 al cual se le está haciendo una renovación para seguir manteniendo la información reservada porque desde el 2008 se ha estado trabajando con el Instituto de Acceso a la Información Pública, IAIP, en este tema de garantizar el acceso a la información a toda la ciudadanía en general y se ha venido haciendo de la siguiente manera: aquí en el proceso que llevamos de licenciamiento ambiental, la persona o el ciudadano en general, el proponente o los representantes de las comunidades que vienen a pedir información de x o y proyecto, aquí se les brinda el acceso a ver el expediente completo, no hay restricción”.
Señaló que “el acuerdo tiene los fundamentos legales, sobre todo de la Constitución de la República y de la Ley de Acceso a la Información Pública, que el proponente viene a dejar información de la solicitud de una licencia ambiental, donde ellos pagan para la realización del estudio de factibilidad y esa es declarada en reserva para evitar el plagio de esa información, clonar la misma información, pero el hecho que se haya renovado el tema de acceso a la información, el acuerdo permite velar por ambas partes la información”.
Destacó que “aquí la gente puede venir a ver la información sin ningún problema, solamente que no se le puede facilitar una copia, se protege a través de la Ley de Derechos de Autor, pero eso no significa que las personas interesadas no puedan venir a ver las licencias ambientales a esta institución e informarse de los alcances de las mismas”, finalizó.
Sin embargo lo dicho por Velásquez es refutado por las comunidades donde silenciosamente se instalan proyectos extractivistas, los defensores y defensoras de los territorios han denunciado que no tienen acceso a esa información la cual desde siempre está reservada.
A continuación el contenido del Acuerdo Ministerial en donde se solicita el blindaje de la información.
ACUERDO MINISTERIAL No. 1402-2018
EL SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS
DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
CONSIDERANDO: Que los Secretarios de Estado son colaboradores del Presidente de la República en la orientación, coordinación, dirección y supervisión de los órganos y entidades de la administración pública nacional, en el área de su competencia.
CONSIDERANDO: Que la Secretaría de Estado, otorgará Licencias Ambientales así como otros trámites ambientales, de todo proyecto sometido a su consideración, previo a la verificación del cumplimiento de todos los requisitos técnicos y administrativos que tal solicitud amerite.
CONSIDERANDO: Que es atribución de la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente, garantizar la protección, clasificación y seguridad de la información pública y el respeto a las restricciones de acceso en los casos tipificados por la ley.
CONSIDERANDO: Que el Artículo 108 de la Constitución de la República establece que: “Todo autor, inventor, productor o comerciante gozará de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial con arreglo a ley”.
CONSIDERANDO: Que el Estado de Honduras es signatario de Convenios Internacionales que protegen los derechos de producción exclusivos del autor de la obra, entendiéndose claramente la confidencialidad con respecto a la divulgación de información referente a Estudios Técnicos.
CONSIDERANDO: Que conforme a las atribuciones legales establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y habiendo seguido los procesos administrativos establecidos por la Ley para la clasificación correspondiente.
POR TANTO:
En uso de las facultades que le confiere la Ley y en aplicación de los Artículos: 72, 80, 108 de la Constitución de la República; 36 numeral 8, 116 y el Artículo 122 de la Ley General de la Administración Pública; 1, 2 numeral 6), 3 numerales 5), 6), y 9), 16 numeral 1), 17, 18 y 19 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 2, 3, 4, 8 del Decreto Legislativo No. 185-2001 de la Adhesión al Tratado de la OMPI, sobre Derechos de Autor; 2, 9, 11 del Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas, Acuerdo Ministerial No. 188-2004.
ACUERDA:
PRIMERO: Declarar como Información Reservada lo relativo a los Estudios de carácter Técnico contenida en las solicitudes de Licencias Ambientales, al igual que otros trámites ambientales presentadas ante esta Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE), así como la ubicación de los mismos, garantizando la protección de la información técnica entregada por los particulares.
SEGUNDO: Transcribir el presente Acuerdo al Instituto de Acceso a la Información Pública y a la Unidad de Transparencia de esta Secretaría de Estado, para los fines legales pertinentes.
TERCERO: El presente Acuerdo de clasificación es de ejecución inmediata y deberá publicarse en el Diario Oficial La Gaceta. Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los ocho (08) días del mes de agosto del año dos mil dieciocho.
 Diputada Patricia Murillo: el Acuerdo es lesivo a la libertad de información |
“Hay mucho interés de parte de los diputados de LIBRE de interpelar esa decisión porque nos parece que va contra todos los derechos de los ciudadanos y estrictamente de las comunidades en donde van a ser instalados los proyectos extractivistas y de otro tipo. Para emitir una licencia ambiental es todo un procedimiento en donde debe prevalecer la transparencia”, indicó.
Para la parlamentaria así como para la Comisión de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes del Congreso Nacional, lo más importante de una ley es que los sectores afectados o en donde se van a instalar los proyectos, sepan de la transparencia del mismo, por lo que deben estar informados de todo el proceso.
“Se necesita saber en qué va a afectar a las comunidades, sus costumbres, su calidad de vida y sus intereses, y al mantener la emisión de las licencias ambientales así en secreto y en reserva esa información en nada abona a un cielo abierto, como lo declaró el actual jefe de Estado”, agregó Murillo.
Según la congresista no se puede llegar a una comunidad e instalar un proyecto sin antes conocer cuáles serán los impactos ambientales que el mismo generará en el sector.
“Cualquier proyecto debe llevar una licencia ambiental que aborde entre otras cosas la mitigación, de cómo se va a elaborar un plan de recuperación de las zonas afectadas, pero debe de enterarse la comunidad, debe socializarse y no afectar la vida de la comunidad”, destacó.
A criterio de Murillo “ahora aunque ya esté afectada la persona, la comunidad y el país, ni se va a dar cuenta la gente si la empresa o el proyecto cuenta o no con la licencia ambiental, de acuerdo a esta ley”.
Miambiente asegura que hay acceso a la información pero....
En tanto las autoridades de la Secretaría de MiAmbiente a través de la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información Pública, explicó que la ley ya había estado vigente durante más de 10 años, pero debía de actualizarse o aprobar un nuevo acuerdo ministerial, ya que la misma vencía en el presente año.
Sara Velásquez, encargada de la Oficina de Transparencia en MiAmbiente indicó que “Hay un acuerdo el No. 1402 al cual se le está haciendo una renovación para seguir manteniendo la información reservada porque desde el 2008 se ha estado trabajando con el Instituto de Acceso a la Información Pública, IAIP, en este tema de garantizar el acceso a la información a toda la ciudadanía en general y se ha venido haciendo de la siguiente manera: aquí en el proceso que llevamos de licenciamiento ambiental, la persona o el ciudadano en general, el proponente o los representantes de las comunidades que vienen a pedir información de x o y proyecto, aquí se les brinda el acceso a ver el expediente completo, no hay restricción”.
Señaló que “el acuerdo tiene los fundamentos legales, sobre todo de la Constitución de la República y de la Ley de Acceso a la Información Pública, que el proponente viene a dejar información de la solicitud de una licencia ambiental, donde ellos pagan para la realización del estudio de factibilidad y esa es declarada en reserva para evitar el plagio de esa información, clonar la misma información, pero el hecho que se haya renovado el tema de acceso a la información, el acuerdo permite velar por ambas partes la información”.
Destacó que “aquí la gente puede venir a ver la información sin ningún problema, solamente que no se le puede facilitar una copia, se protege a través de la Ley de Derechos de Autor, pero eso no significa que las personas interesadas no puedan venir a ver las licencias ambientales a esta institución e informarse de los alcances de las mismas”, finalizó.
Sin embargo lo dicho por Velásquez es refutado por las comunidades donde silenciosamente se instalan proyectos extractivistas, los defensores y defensoras de los territorios han denunciado que no tienen acceso a esa información la cual desde siempre está reservada.
A continuación el contenido del Acuerdo Ministerial en donde se solicita el blindaje de la información.
ACUERDO MINISTERIAL No. 1402-2018
EL SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS
DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
CONSIDERANDO: Que los Secretarios de Estado son colaboradores del Presidente de la República en la orientación, coordinación, dirección y supervisión de los órganos y entidades de la administración pública nacional, en el área de su competencia.
CONSIDERANDO: Que la Secretaría de Estado, otorgará Licencias Ambientales así como otros trámites ambientales, de todo proyecto sometido a su consideración, previo a la verificación del cumplimiento de todos los requisitos técnicos y administrativos que tal solicitud amerite.
CONSIDERANDO: Que es atribución de la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente, garantizar la protección, clasificación y seguridad de la información pública y el respeto a las restricciones de acceso en los casos tipificados por la ley.
CONSIDERANDO: Que el Artículo 108 de la Constitución de la República establece que: “Todo autor, inventor, productor o comerciante gozará de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial con arreglo a ley”.
CONSIDERANDO: Que el Estado de Honduras es signatario de Convenios Internacionales que protegen los derechos de producción exclusivos del autor de la obra, entendiéndose claramente la confidencialidad con respecto a la divulgación de información referente a Estudios Técnicos.
CONSIDERANDO: Que conforme a las atribuciones legales establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y habiendo seguido los procesos administrativos establecidos por la Ley para la clasificación correspondiente.
POR TANTO:
En uso de las facultades que le confiere la Ley y en aplicación de los Artículos: 72, 80, 108 de la Constitución de la República; 36 numeral 8, 116 y el Artículo 122 de la Ley General de la Administración Pública; 1, 2 numeral 6), 3 numerales 5), 6), y 9), 16 numeral 1), 17, 18 y 19 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 2, 3, 4, 8 del Decreto Legislativo No. 185-2001 de la Adhesión al Tratado de la OMPI, sobre Derechos de Autor; 2, 9, 11 del Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas, Acuerdo Ministerial No. 188-2004.
ACUERDA:
PRIMERO: Declarar como Información Reservada lo relativo a los Estudios de carácter Técnico contenida en las solicitudes de Licencias Ambientales, al igual que otros trámites ambientales presentadas ante esta Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE), así como la ubicación de los mismos, garantizando la protección de la información técnica entregada por los particulares.
SEGUNDO: Transcribir el presente Acuerdo al Instituto de Acceso a la Información Pública y a la Unidad de Transparencia de esta Secretaría de Estado, para los fines legales pertinentes.
TERCERO: El presente Acuerdo de clasificación es de ejecución inmediata y deberá publicarse en el Diario Oficial La Gaceta. Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los ocho (08) días del mes de agosto del año dos mil dieciocho.
EE.UU.: La ley contra los niños y jóvenes
Por:
| CUBADEBATE
La
corrupción, la ineptitud y el abuso de menores es un fenómeno
generalizado que no excluye a los centros de detención estatales. Foto
tomada de diario90.com.
A comienzos de la década de 1980, los medios ultraconservadores generaron el mito del “superpredator” (superdepredador), utilizado para amedrentar a la población y abrir de este modo el camino a una nueva filosofía de la justicia juvenil.
Hasta esa fecha, los menores eran considerados la parte más vulnerable de la sociedad, víctimas con frecuencia de la inestabilidad familiar que, en caso de presentar problemas graves de conducta, podían ser reeducados en centros especiales de rehabilitación, pero el supuesto peligro de pandillas de menores asesinos asolando las calles de todas las ciudades de Estados Unidos fue sobredimensionado a increíbles niveles de irracionalidad.
La propaganda hizo creer que hasta los niños de las escuelas primarias estaban fuera de control. Todo ello para crear una histeria colectiva que permitiese abandonar la filosofía de la rehabilitación y allanar el camino hacia la filosofía del castigo. Esta filosofía y la presión de los cabilderos conquistaron muchos adeptos entre los congresistas y se aprobaron leyes en casi todos los estados que facilitaron juzgar a los menores como adultos, crearon nuevas figuras delictivas y pusieron en práctica procedimientos y castigos más severos mientras se intentaba suavizar la barbarie mediante toda una serie de términos eufemísticos.
Por ejemplo, cuando un acusado es hallado culpable se le llama, si es adulto, “convict” (convicto), si es menor “adjudicated” (sin equivalente en español), pero es exactamente lo mismo.
Estas leyes crearon toda una nueva clase de menores criminales para los cuales no había capacidades en los centros de detención existentes y fue necesario crearlas con urgencia. Al calor de esta nueva situación surgió la privatización del sistema penitenciario, negocio multibillonario que comenzó, precisamente, lucrando con el encarcelamiento de menores y también de inmigrantes indocumentados y se extendió en corto tiempo por todo el país y para todas las categorías de presos.
Los pronósticos de oleadas de crímenes, por supuesto, no se produjeron, pero el fantasma del joven criminal sirvió para justificar las redadas en los ghettos negros e hispanos y para que la industria del castigo se asentase sólidamente en el país.
El slogan -para consumo interno- de esta industria era: “If we build it, they will come” (si las construimos [las cárceles] ellos [los jóvenes] las llenarán). Actualmente, alrededor de 100 mil menores están encerrados en centros de detención de diverso tipo, un tercio de ellos en instalaciones privadas, y más de 400 mil son arrestados cada año, en su inmensa mayoría por contravenciones no violentas.
Los pocos programas de prevención que sobrevivieron desaparecen ahora golpeados por los masivos cortes presupuestarios (1).
Las principales corporaciones con intereses en el sector juvenil son Correctional Corporation of America (CCA), Youth Services International (YSI), Children’s Comprehensive Services, Cornell, Res-Care, Ramsey Youth Services y Wackenhut. Sin embargo, para cambiar de imagen y diluir responsabilidades, debido a repetidos escándalos por ineficiencias y maltratos, estas corporaciones realizan cada cierto tiempo las metamorfosis correspondientes: Children Comprehensive Services se llama ahora Ameris; Premier es el nuevo nombre de Ramsey Youth Services, y Wackenhut es ahora GEO Group.
Las acciones de YSI fueron compradas por Correctional Services cuando en Louisiana y Florida cancelaron múltiples contratos a la primera por causa de graves irregularidades en su desempeño. Estados Unidos se convirtió rápidamente en el líder mundial de la represión contra niños y adolescentes y, en lo que es más vergonzoso aún, en líder mundial de la aplicación de la pena de muerte a menores.
A mediados de 2003 había 78 reos en los corredores de la muerte por delitos cometidos cuando eran niños, pero, además, hay que ser cautos con las estadísticas de Estados Unidos porque el horror se diluye cuando se toman los cincuenta estados de la nación en su conjunto.
Es en los estados del Sur donde la vieja meretriz del sistema se presenta desnuda y el colorete no logra disimular las verrugas. Por ejemplo, de estos 78 niños condenados a la silla eléctrica o a la inyección letal, 28 (el 36 %) correspondían a un solo estado, Texas.
Aunque la corrupción, la ineptitud y el abuso de menores es un fenómeno generalizado que no excluye a los centros de detención estatales, tomaremos tres ejemplos bien documentados que en modo alguno son excepcionales. Tallulah, uno de los centros correccionales de Luisiana, fue inaugurado en 1994 y era propiedad de un grupo de políticos de la esfera íntima del gobernador Edwin Edwards, sentenciado en 2001 a diez años en una prisión federal por delitos mafiosos (“racketeering”). Edwards ya había sido acusado en 1985 por el mismo delito pero los cargos fueron retirados. No obstante, logró que lo eligieran gobernador en 1991.
En realidad, el pueblo de Luisiana no tuvo de dónde escoger, pues el adversario de Edwards era David Duke, un miembro notorio del Ku Klux Klan (2). La pandilla de políticos propietarios, con el nombre de Trans-American Development Association (TADA), construyó la instalación carcelaria de 700 camas a un costo de $122.5 millones con el respaldo financiero del Estado. Hacia 1998, la corrupción y la violencia extrema de Tallulah llamaron la atención de organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch y del Departamento de Justicia federal.
Los niños en Tallulah permanecían en confinamiento solitario durante extensos periodos de tiempo y eran golpeados y abusados; los guardias, para entretenerse, incitaban a los menores a luchar unos contra otros (Human Rights Watch llamó a Tallulah “escuela de gladiadores”) y no les suministraban adecuadamente alimentos, ropas, zapatos y mantas.
El presupuesto de Tallulah no contemplaba partidas para el tratamiento psicológico de los niños ni para la mínima recreación que exigen las leyes federales.
Pero lo que determinó seguramente el cierre de Tallulah fue la conmoción que se produjo cuando los niños, en su desesperación, aprovecharon la visita del senador Pavel Wellstone, de Minnesota, y escaparon todos al techo del edificio para gritar desde allí sus acusaciones contra la dirección y los guardias del centro. Sin embargo, en este caso, como en incontables otros, ninguno de los responsables de las infamias cometidas tuvo que pagar por ello.
Los dueños de Tallulah negociaron la fusión con la firma privada FBA LLC, que se hizo cargo de la instalación y la convirtió en un centro de desintoxicación de adultos adictos a las drogas. Para añadir insulto a la injuria, FBA comenzó a recibir pagos por $3.4 millones al año por los bonos de construcción respaldados y asegurados por el Estado, truco magistral del gobernador Edwards. TADA, fusionada con FBA, continuará recibiendo anualmente sumas millonarias hasta el año 2020 (3).
La filosofía del castigo y su principal engendro, las cárceles privadas, ocultan el hecho de que todos los adolescentes condenados, prácticamente sin excepción, fueron primero víctimas antes de ser victimarios. Datos de la organización Lauren’s Kid revelan que actualmente en Estados Unidos se estima en alrededor de 39 millones el número de personas que han sufrido abusos sexuales en la infancia.
Uno de cada cinco niños y una de cada tres niñas sufren abuso sexual antes de cumplir los 18 años. Y los datos se refieren a uno solo de los aspectos del abuso contra menores. La ultraderecha identifica la rehabilitación con el “liberalismo”. Reeducar a los niños presos, sostiene, obliga a realizar gastos enormes y, en consecuencia, a elevar los impuestos.
Los programas recreacionales, que incluyen la práctica de deportes, se contemplan simplemente como un ofrecimiento de vacaciones a los “niños malos” a costa del contribuyente (4). Los mismos problemas de Tallulah fueron identificados en Jena, otro centro de detención privado de menores, manejado por la organización Wackenhut (GEO), en Luisiana.
Muy poco tiempo después de su inauguración, los jóvenes reclusos, hambrientos y desesperados, se amotinaron y fueron reprimidos utilizando ilegalmente gases lacrimógenos. Se descubrió luego que la administración de Jena, para aumentar sus ganancias, había minimizado las raciones de alimentos, así como de otros insumos.
Se sustanciaron además numerosos casos de maltratos, uso frecuente de epítetos racistas y excesos en la utilización de celdas de aislamiento. También aquí estuvo involucrado el gobernador Edwards. Se comprobó que en 1996 había recibido un millón de dólares como soborno del alcalde de Houston, Fred Hofheinz, quien obtuvo el contrato para construir Jena.
Cuando se produjo la crisis, Wackenhut trató de apropiarse del negocio pero fracasó y la instalación actualmente permanece vacía. Ninguno de los niños abusados ha recibido compensación alguna.
Ningún guardián ni funcionario ha sido procesado. Hofheinz pagó una ridícula multa de cinco mil dólares y recibió un año de probatoria. No fue a la cárcel. En todo caso, Edwards y Hofheinz fueron procesados como estafadores, no por su responsabilidad en los abusos criminales contra los menores. El tercer ejemplo lo tomaré de la Florida, donde existen alrededor de 200 entidades privadas para el encierro de menores.
Una buena parte está constituida por los boot camps o shock incarceration units, llamados así porque son campamentos con régimen de tipo militar, de intenso ejercicio físico y rígidas y crueles medidas reglamentarias. La idea que subyace en la creación de estos campos es la creencia errónea en las bondades de un shock de férrea disciplina. Los boot camps, al igual que otros experimentos de mentes calenturientas, han resultado un fracaso.
Lo peor es que de las ruinas del sistema de justicia juvenil emergen métodos aún más alucinantes, como el de “three strikes and you’re out”, muy usado en California, que consiste en la imposición de largas condenas al menor que comete un tercer delito, aunque los tres sean de menor cuantía. Todo parece indicar que los peores boot camps de la Florida están administrados por Premier Behavioral Solutions (PBS, antes Ramsay Youth Services).
No quiero cansar al lector con letanías de los horrores cometidos en el Institute for Girls de West Palm Beach, que salieron a la luz en el año 2003, o en Okaloosa Youth Academy o en Southern Glades Youth Camp, en Florida City, en el mismo año, pues la perversidad se repite de manera parecida en los diversos centros.
Creo, además, que sería una redundancia señalar que los abusos e ilegalidades de todo tipo cometidos por propietarios, dirigentes, guardias o empleados de PBS no tuvieron consecuencias legales. El principal promotor de las privatizaciones en la Florida fue, sin duda, el exgobernador Jeb Bush, émulo de su hermano George.
Cuando este último era gobernador de Texas se convirtió en el hombre que más sentencias de muerte (¡152!) ha firmado en toda la historia de Estados Unidos, y años más tarde conquistaría otro título infamante: sería el primer presidente en autorizar, de manera explícita, la tortura como método de interrogatorio de prisioneros. Con Jeb Bush se produce una simbiosis entre el poder político del Estado y el poder económico de las corporaciones.
PBS y su predecesora, Ramsay Youth, consolidaron su posición dominante en el negocio de encarcelar y castigar menores con el apoyo del gobernador y congresistas republicanos del sur de la Florida y, a cambio, contribuyeron sustancialmente al financiamiento del Partido Republicano del estado y de las campañas electorales de los congresistas de ese partido (5).
El juez de tribunales de menores Frank A. Orlando comentó que sin estas contribuciones PBS no hubiera conseguido que le confiaran las vidas de tantos niños (6). La privatización es incompatible con la rehabilitación de los menores. Se trata de niños traumatizados, muchos de ellos con discapacidades físicas y mentales y con desventajas económicas y culturales. Su atención requiere personal bien entrenado y competente, y programas de educación, salud y reinserción en la sociedad que exigen abundantes recursos.
Si la finalidad fuese la rehabilitación, no hay nada más ajeno a este objetivo que el manejo de los centros por empresas cuya finalidad es el lucro. El más reciente escándalo en estos centros comenzó a fines de mayo en la Florida y continuó en desarrollo durante el mes de junio, revelando lo extenso y profundo de la corrupción, tanto en los centros que administra el estado como en los que están a cargo de corporaciones privadas.
Las instalaciones juveniles, sin los recursos ni el personal necesarios, no son otra cosa que almacenes de niños y adolescentes donde las drogas psicotrópicas, en particular las antipsicóticas del grupo llamado “artillería pesada” de la psiquiatría (Seroquel, Abilify, Risperdal, etc.) se utilizan cotidianamente como esposas y grilletes químicos para mantener bajo control a los menores.
El método ilegal, inmoral y criminal de sedación con potentes drogas es, por supuesto, el más directo, rápido y, sobre todo, el más barato, de terapia juvenil, sin tener que preocuparse por diagnosticar los problemas (7).
Por nuevas revelaciones del Palm Beach Post se ha conocido de una fuerte correlación entre pagos y regalos de las compañías fabricantes de las drogas a por lo menos un tercio de los médicos que trabajan para el Departamento de Justicia Juvenil, por una parte, y las cantidades de drogas administradas a los menores, por la otra; y el olor de la olla podrida no solo se siente ya en la Florida sino también en otros estados.
Un capítulo que es de esperar se haya cerrado para siempre es el de las ejecuciones de menores. En marzo de 2005, en decisión muy cerrada de cinco a cuatro, en el caso “Roper v. Simmons”, la Corte Suprema de Justicia abolió la pena de muerte por delitos cometidos antes de cumplir la edad de 18 años. Sin embargo, es una vergüenza que Estados Unidos haya tomado esta decisión muchos años después que sus aliados europeos y que prácticamente todo el resto del mundo.
Entre 1990 y enero de 2000, Estados Unidos ejecutó más menores (once) que el resto de los países tomados en conjunto (nueve). Las cinco ejecuciones de menores que tuvieron lugar en el mundo entre 1997 y 2000 tuvieron lugar, todas, en Estados Unidos. Este país ha tenido más menores en los corredores de la muerte que ningún otro país (8).
La Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (Art. 37a) establece: “Ni la pena capital ni la prisión de por vida pueden ser impuestas por delitos cometidos por menores de 18 años”. Estados Unidos es el único país que no ratificó esta convención. De igual modo, fue muy tardía la decisión de la Corte Suprema de Justicia (“Atkins v. Virginia, 2002) de prohibir las ejecuciones de personas con muy bajo cociente de inteligencia. Entre 1984 y 2002 fueron ejecutados en Estados Unidos 44 retrasados mentales.
Durante más de veinte años, Ronald Reagan y sus colaboradores, en particular el fiscal general Edwin Meese, apoyaron abiertamente la pena de muerte y fueron responsables en gran parte de que el Partido Republicano adoptara esta política y que la opinión pública la favoreciera. Meese defendía el supuesto derecho a ejecutar a un niño de 14 años (9).
Las leyes que autorizaban la ejecución de menores entraban en contradicción con otras leyes destinadas a protegerlos, creando situaciones de dualidad legal irónicamente crueles. Algunos estados permitían la ejecución de niños de 15 años pero, al mismo tiempo, prohibían que niños de esta edad presenciasen ejecuciones.
También existían crueles desigualdades entre los estados; por ejemplo, si un niño de 14 años cometía un crimen en Idaho podía ser ejecutado, pero no si vivía en el vecino estado de Oregón, donde el mínimo era 18 años. Una caricatura terrible de Sargent (10) muestra una cámara de ejecuciones en Texas. Un letrero reza: “Corredor de la muerte”.
El local está ocupado por artefactos para administrar la inyección letal a los reos y dos camillas, una grande para ejecutar adultos y otra, mitad del tamaño, para ejecutar menores. En esta última se ve una pequeña almohada y, sobre ella, un detalle estremecedor: un osito de peluche que nos mira con ojos asombrados. La discriminación racial en la aplicación de la pena de muerte ha sido patentemente clara. De 455 convictos (de todas las edades) ejecutados por el delito de violación, 405 eran negros.
La abrumadora mayoría de las ejecuciones tuvieron lugar en el Sur (11). También eran negros el 69 % de los menores ejecutados (12). A estas cifras habría que añadir las que corresponden a hispanos y a otras minorías. La pobreza en Estados Unidos es también otro factor importante de desigualdad ante la ley.
El niño de familia rica se presentará ante el juez del tribunal juvenil acompañado de sus padres, del mejor abogado de la ciudad, del maestro de la escuela privada donde estudia, del pastor de la iglesia a que pertenece y de un consejero comunitario; presentará, además, un documento de alguna respetada institución de psicología o psiquiatría infantil, que certifica que el niño se encuentra recibiendo de buen grado un tratamiento exitoso, amén de otros trucos para influir sobre las decisiones del tribunal.
El niño de familia pobre -casi siempre negro o hispano-, tal vez ni siquiera tenga familia y lo presentarán ante el juez solo, desvalido y asustado.
