Demandas democráticas y escuadrones de la muerte (1)
Por: Oscar Miguel Marroquín
Antes
de iniciar con esta serie de artículos sobre los escuadrones de la
muerte y las demandas democráticas, me gustaría hacer una muy breve
acotación sobre la finalidad de la creación de estos grupos armados y
financiados de manera clandestina principalmente por el gobierno y con
el respaldo muchas veces de banqueros y empresarios que comulgan con la
ideología de la ultraderecha.
Generalmente
los denominados escuadrones de la muerte o grupos paramilitares son
organizados como un escudo de contención ante las diversas demandas de
la sociedad; el principal objetivo es desmovilizar la protesta social
mediante la intimidación, el secuestro, desaparecimiento o asesinato de
líderes de sindicales, asociaciones campesinas, estudiantiles,
medioambientalistas y magisteriales.
Muchas
de estas demandas democráticas nacen por el incumplimiento de la oferta
política que hacen los políticos previamente a la ascensión al poder y
otras son el producto del actual modelo económico neoliberal, como es el
caso de las privatizaciones de los diversos activos del Estado que
terminan por trastocar abusivamente servicios básicos para la sociedad
como la educación, salud, energía eléctrica y agua potable entre otros.
El
politólogo argentino Ernesto Laclau define esto de la demanda
democrática de la siguiente manera: “Cuando un grupo de individuos se
reúnen en torno a un problema concreto y específico que afecta sus vidas
y generar a partir de esto un reclamo que intentarán articular en forma
de demanda al poder político. Este tipo de demanda particular es lo que
se podría llamar demanda democrática, porque responde a un pedido
particular que se agota en sí misma”.
Vistas
las cosas a la luz de la definición de Ernesto Laclau tendríamos que
suponer que las demandas democráticas son impulsadas por la sociedad
ante gobiernos democráticos, en ese contexto seria casi un imposible
pensar en respuestas extremas como la creación de escuadrones de la
muerte e incremento de la fuerza policial y hasta del ejercito por parte
de los gobernantes a manera de cerrar toda vía de entendimiento
democrático y civilizado.
La
aparición de escuadrones de la muerte, el incremento de la fuerza
policial y hasta del ejercito es obviamente un mensaje en sentido
negativo para toda la sociedad y principalmente para aquellos sectores
que buscan mediante el entendimiento con los gobernantes que sus
demandas sean resueltas favorablemente.
Es
lógico pensar que ante un contexto del uso de la fuerza bruta por parte
del gobierno contra quienes buscan solución a sus problemas, el
aparecimiento de la convulsión social no se hace esperar; en poco tiempo
la sociedad pasa a incorporar demandas como el respeto a la integridad
física y de la vida, cabe aclarar que las demandas primigenias no
desaparecen sino más bien se tornan con el tiempo en verdaderos
problemas que pasan de ser de un sector social a una demanda de la
sociedad en su conjunto.
Demandas democráticas y escuadrones de la muerte (2)
Por: Oscar Miguel Marroquín
El
asesinato de Berta Cáceres se da en el contexto de la defensa a
recursos naturales como el agua y bosques en Honduras; pasados algunos
años vemos como el sistema de justicia no da señales claras que permitan
pensar que esta vez los autores intelectuales no gozaran de impunidad,
esto a pesar de los ingentes llamados hechos por organismos
internacionales como la Organización de las Naciones Unidas y otras para
el esclarecimiento de este asesinato.
Pero
de todos es conocido que existen otros crímenes contra ambientalistas,
antes y después del cometido contra Berta Cáceres, la dinámica en cuanto
a impunidad ha sido exactamente la misma, esto hace pensar que el
gobierno y algunos inversionistas extranjeros o nacionales mantienen una
estrecha vinculación para que estos casos no sean investigados.
La
eliminación física de todas estas personas no son acciones aisladas,
tienen estrecha relación y por lo tanto bien cabe intuir que detrás de
estos crímenes, existen personas organizadas que manejan logística
material y económica para la ejecución de estos crímenes.
Global
Witness una de las principales organizaciones internacionales
defensoras de los recursos naturales dio cuenta para el año 2017 que al
menos 120 ecologistas han sido asesinados en Honduras, según esta
organización “altos cargos políticos y élites empresariales” hondureños
están ligados a una violenta represión”.
El
caso de los asesinatos de todos estos ambientalistas, dejan ver a la
luz del día dos cosas quienes gobiernan no están dispuestos a aceptar
demandas de los ambientalistas para buscar posibles soluciones, en
segundo lugar, es claro que existe sistemáticamente toda una
organización con miras a eliminar casi por completo a quienes se atrevan
a defender los recursos naturales.
Hasta aquí quizá sea prudente preguntarse ¿Existen escuadrones de la muerte en Honduras?
La
respuesta creo sin lugar a equivocarme, que salta a la luz por si sola,
pues nadie en su sano juicio podría creer que 120 casos de
ambientalistas asesinados sean hechos aislados, sobre todo cuando de
todos estos casos no existe evidencia alguna que el Ministerio Publico y
el gobierno mismo tengan ni siquiera mínimamente voluntad de investigar
principalmente a los actores intelectuales.
Como
lo señale en la primera publicación de este artículo, las demandas de
los ambientalistas muy pronto terminaran en convertirse en demandas de
toda la sociedad dado que la falta de agua principalmente ya ha
comenzado a causar problemas en todo el territorio nacional, por lo que
tarde o temprano nuevos gobernantes tendrán en sus manos un problema
nacional, por cierto, bastante difícil de resolver.
Hasta
aquí bien podemos afirmar que las demandas hechas por los
ambientalistas solamente han recibido como respuesta muerte y
persecución, los 120 ambientalistas asesinados son nuestro sólido
argumento para afirmar que en Honduras existen escuadrones de la
muerte.
Lo demuestran con pruebas o fue la ATIC que ejecutó a los dos Estudiantes
Por: Jaime Flores
Hasta
ahora y con toda certeza se puede afirmar que fueron miembros de la
Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) los responsables de
sacar de sus casas, torturar y asesinar a los dos estudiantes, cuyos
cadáveres aparecieron en la emblemática y terrorífica “montañita”.
Y
seguiremos pensando así mientras el Fiscal General Oscar Fernando
Chinchilla, no demuestre lo contrario y mientras el Estado no aclare con
pruebas científicas e irrefutables que no fueron los agentes de la
ATIC.
La
juventud es la época de la rebeldía en busca de la esperanza, dice la
filósofa María Zambrano y estos jóvenes tenían la esperanza que a través
de las protestas iban a lograr mejores condiciones en sus escuelas y
colegios. Se les respondió: matándolos.
Las
pruebas que los señalan son casi irrefutables; así lo revelan las
fotografías (videos) tomadas en el momento en que ambos jóvenes eran
sacados de la vivienda. ¿Cómo negar que toda la parafernalia que
utilizaban esos individuos no es de esa agencia estatal?
Pero
lo que más los incrimina son las armas, ya que ese modelo sólo se
obtiene entre negociaciones de gobierno. Lo que hace suponer de entrada
que fue la ATIC o que esta agencia los presta o los alquila al crimen
organizado, práctica que no es nueva dentro de las fuerzas de seguridad
del Estado. ¡Qué lo nieguen los policías de la posta del gran post golpe
de Estado!
Otro
prueba que los acusa, se toman su tiempo para sacar a los estudiantes
de la vivienda, contrario a los criminales; llegan, matan y huyen, y
¿estos jóvenes serían tan importantes para el crimen organizado y que
este realizara un operativo de esas dimensiones? Si el único “delito”
fue su participación en las recientes manifestaciones estudiantiles.
Otro
factor que señala a la ATIC es que posterior al asesinato; una matriz
comunicacional en los medios tarifados y al servicio de la dictadura
exculpa a los agentes: “Falsos Agentes” secuestran y matan a dos
estudiantes, rezan los titulares. ¿Hubo una investigación previa para
afirmar si fueron o no fueron agentes?
Los
cadáveres fueron dejados en la montañita, un lugar terrorífico y a la
vez emblemático para las y los hondureños. En la década de los 80 los
escuadrones de la muerte, bajo el mando del Ejército, dejaban allí a los
asesinados; universitarios y líderes sociales.
¿Será
que hemos vuelto al pasado? Será que se han infiltrado los “carniceros”
de la década de los 80 a la ATIC”, miles de preguntas sin respuesta,
sólo Chinchilla y la institucionalidad del Estado tienen la respuesta.
Si
no presentan las pruebas, a otro perro con ese hueso, fue la ATIC,
ejecución extrajudicial que se da dentro de un contexto de ausencia de
un estado de derecho y la irresponsabilidad de una de organización de
la supuesta sociedad civil de prestarse al juego de la reelección de
Oscar Chinchilla.
Jhony Andrés Salgado: el rostro de la injusticia en Honduras
A pesar de la violencia con que
golpeaban la puerta de su casa y el efecto asfixiante del gas
lacrimógeno, Jhony, decidió salir del lugar donde se resguardaba con su
familia para investigar por qué la policía había invadido su propiedad.
Sin imaginar que allí comenzaría a vivir la peor pesadilla de su vida.
La mañana de ese 21 de diciembre de
2017, Jhony no asistió a la protesta que se ubicaba a siete minutos de
su casa. Más temprano escuchó en las noticias que la Secretaria de
Seguridad procedería a desalojar las carreteras tomadas a nivel nacional
por la gente que rechazó desde un primer momento los resultados de las
elecciones presidenciales.
El Progreso, Yoro, al norte de Honduras,
ya sumaba cinco días de estar sitiado, y las acciones de la ciudadanía
iban en aumento. Para desalojar la toma se necesitaron 600 elementos de
la policía y el ejército, según un coronel de apellido Flores que
comandó el operativo.
A las autoridades les urgía desalojar El
Progreso por su ubicación estratégica para la economía del país, y
porque días antes, un grupo de muchachos posaron para Facebook con unos
escudos policiales manchados con la leyenda “Fuera Joh”, burlándose de
la policía. Además, porque en un enfrentamiento el policía Maikin
Ramírez, resultó herido de gravedad al recibir el impacto de una bomba
molotov en su cabeza, falleciendo dos días después.
Jhony Andrés Salgado de 38 años de edad,
es uno de los 22 presos políticos en el marco de la crisis post
electoral, está siendo acusado por los delitos de portación ilegal de
arma comercial y uso indebido de indumentaria policial.
Cuando Jhony salió a su patio, dos
policías lo apresaron y otros dos entraron a su casa para registrarla.
Dentro estaba su esposa María Elena y sus dos hijos adolescentes.
“Andaban muchas bombas lacrimógenas y comenzaron a lanzarlas porque
pensaban que yo escondía manifestantes”, cuenta Jhony, que fue obligado a
subirse a la patrulla policial sin conocer de qué se le acusaba.
Jhony es un obrero de la construcción
reconocido en su colonia y miembro de la iglesia católica San Ignacio de
Loyola. Al momento de ser detenido no portaba arma ni indumentaria
policial, según testigos. Fue hasta después de su captura que la Policía
Nacional llevó las evidencias a la Unidad Metropolitana 11, y lo
presentó ante los medios de comunicación como un criminal.
Su esposa María Elena, cuenta que él es
un ser maravilloso y que nunca ha tenido violencia en su hogar, por eso
la gente del barrio y la iglesia les admira y respeta. -Es tan buen
padre que por proteger a sus hijos decidió abrir la puerta de la casa,
sin imaginar que se lo llevarían preso-. Ella sostiene que la policía se
aprovechó de la humildad e ignorancia de su esposo para culparlo.
En la estación policial Jhony fue
amenazado con ser golpeado sino posaba con un escudo policial y un arma
de fuego para los medios de comunicación. Se le obligó a firmar un
documento donde reconocía que esa evidencia se la habían decomisado al
momento de su captura.
Él no sabe leer ni escribir, únicamente
puede escribir su nombre y apellido. – Me dijeron apúrate, escribí eso
sino quieres que te demos duro-, dice que manchó el papel con su nombre
sin entender que decía el documento. Después de eso el tribunal de
sentencia le dictó auto de formal procesamiento, y fue trasladado al
centro penal progreseño.
A tribunales policías agresores
Por los delitos de allanamiento de
morada y abuso de autoridad en perjuicio de Jhony Salgado, serán
presentados ante los tribunales los policías: Rudy Ariel Brizuela Mejía
con el rango de subinspector, y los oficiales de escala básica: Sandro
Ezequiel Zavala, Santiago Rigoberto Mendoza Bonilla y Edwin Alberto
Rodríguez Casco.
Este nuevo requerimiento sirve a la
defensa de Jhony para demostrar que él fue sacado de su casa a la fuerza
para incriminarlo en los delitos que lo acusan. Hasta el momento el
Ministerio Público sostiene que Jhony fue capturando cuando huía de la
protesta del puente de Quebrada Seca en El Progreso.
Sin embargo, pruebas irrefutables
muestran que Jhony fue sacado de su casa a la fuerza, y que en ningún
momento portaba el arma de fuego y el escudo policial que la Fiscalía
usó de prueba para encarcelarlo por más de cuatro meses.
La audiencia inicial contra los policías
acusados se realizará en los juzgados de El Progreso, este 18 de
septiembre a partir de las 9 de la mañana. “Este caso se ha logrado
gracias a la denuncia que María Elena Almendarez, esposa de Jhony,
interpuso en la Fiscalía de Derechos Humanos, cuando detuvieron a
Jhony”, dice la abogada Dunia Pérez del Equipo de Reflexión,
Investigación y Comunicación Eric.
El actuar represivo de la policía
provocó que Jhony pasara más de cuatro meses privado de libertad en el
centro penal de El Progreso, Yoro, y que además, enfrente un proceso
judicial que lo priva de salir del país y de trabajar como antes lo
hacía para mantener a su familia.
Jhony ha tenido que enfrentar los
traumas psicológicos provocado por el encierro en prisión, y por los
malos tratos que recibió de otros privados de libertad, que los primeros
días lo obligaron a dormir en el puro suelo, debajo de la cama de
alguien más.
Él todavía está a la espera que se
realice la audiencia de proposición de medios probatorios en su caso,
donde el Ministerio Público buscará sostener la acusación para
regresarlo a prisión, y donde la defensa buscará que el tribunal acepte
las pruebas que demuestran su inocencia.
Mientras eso pasa, su familia, vecinos,
amigos y organizaciones de derechos humanos, lo acompañan convencidos
que Jhony, al igual que el resto de los presos políticos de la crisis
post electoral, son el rostro de la injusticia hondureña.
UNE-TV en la mira del gobierno de JOH dice Coordinador de Prensa
Monday, 17 September 2018 22:52 Written by Salvador Monroy Published in Amenazas a la Libertad de Expresión
El canal de televisión UNE-TV nuevamente fue víctima de ataques
contra periodistas y camarógrafos, este 15 de septiembre en la marcha de
protesta de los sectores de oposición al Gobierno. La policía les lanzó
bombas lacrimógenas y disparos de bala de goma directamente contra sus
cuerpos y equipo, cuando cubrían la represión hacia manifestantes por
parte de los agentes, en el centro de la capital.
Pasosdeanimalgrande.com entrevistó a uno de los directores de UNE-TV
quien coordina la prensa y todo el equipo de camarógrafos y estrategias
informativas del medio de comunicación, quien dio su punto de vista
sobre la actual crisis de hostigamiento y agresión que sufren de parte
de los entes represivos del Estado.
Ataques a la libertad de expresión
El coordinador de Prensa de UNE-TV, Mauricio Rivera, indicó que “no es la primera vez que UNE-TV ha sido afectado durante las acciones que realizamos en eventos y donde se moviliza la población. Nosotros condenamos enérgicamente cualquier atropello a la libertad de expresión sin importar cuál sea el medio de comunicación. Nosotros no tenemos ningún problema con el pueblo hondureño, ya que quien nos reprime es el Estado mismo”.
Señaló que “el Estado tiene un problema con la prensa independiente, con los defensores de la libertad de expresión y realmente condenamos también cualquier acción que venga a atentar contra la libertad de expresión, incluso contra los medios afines al Gobierno. Lamentamos profundamente y aprovecho este medio para llamar a la cordura, a la tolerancia, tanto al pueblo hondureño como al Estado mismo, al régimen de Juan Orlando Hernández, porque la libertad de expresión se debe de respetar sin importar de qué partido político sean, sin importar de qué medio de comunicación sea, el periodista, el camarógrafo, el comunicador social debe ser respetado y hacia eso tenemos que apostarle”.
Rivera relató que son la piedra en el zapato del régimen por contrarrestar y combatir el cerco mediático que manipula la información y censura lo que está pasando en el país, “ nosotros no nos vamos a detener por la destrucción de nuestros equipos, cámaras, micrófonos, cables, equipos de radio para transmisión en vivo que han sido destruidos, nos han golpeado nuestros camarógrafos, han querido atentar contra la vida de nuestros compañeros periodistas como César Silva, Rony Martínez, los camarógrafos han sido brutalmente golpeados en plena transmisión en vivo, han destruidos sus equipos de celular móvil, pero eso no nos amedrenta, al contrario, nos incita a seguir luchando y a hacer un llamado nacional e internacional a que se respete la libertad de expresión en el país”.
Política de Estado
Sobre la posibilidad de que el Canal y su personal sea víctima de ataques obedeciendo a una política de Estado, Rivera dejó abierta dicha posibilidad.
“Yo creo que hay políticas de Estado que han fracasado en la actualidad. Si nosotros hablamos de políticas de seguridad, las mismas han fracasado. Hay denuncias del propio expresidente Manuel Zelaya Rosales sobre la existencia de escuadrones de la muerte, donde no ha existido una explicación de parte de las autoridades gubernamentales que los mismos no existen o que no lo pueden confirmar, pero hay denuncias formales, hay hechos que lo demuestran como la muerte de jóvenes estudiantes, personas torturadas y nosotros hacemos eco de esas denuncias y por lo tanto, las políticas de terror, de infiltrar las movilizaciones, de un plan Colombia que está entronizado en este país y por eso no es descabellada la idea de darle seguimiento a estas denuncias, porque está reflejado y documentado que las políticas de terror de este régimen están vigentes”, argumentó.
El encargado de la prensa en UNE-TV, dijo que “no nos sorprendería a nosotros que exista un plan para afectar y atentar contra los medios de comunicación independientes ya que existe un interés de censurar, en callar la verdad, puesto que las evidencias están a la orden del día”.
Agregó que “los militares, los policías nos están destruyendo nuestros equipos, nuestras cámaras, nos están golpeando nuestra gente. Son ataques físicos, son ataques directos, nos disparan balas de goma, nos disparan a nuestros cuerpos y esas son situaciones que no están aisladas y que podrían existir las políticas de Estado, que podrían ser instrucción precisa del régimen, pero no sólo para UNE-TV, simplemente a todo aquel ciudadano que se levanta en contra del régimen”.
Actividad no ha mermado
Al consultarle si las acciones de violencia, ataques y daños que han sufrido ha servido para intimidarlos y mermar las actividades que realiza el canal, el representante de UNET-TV señaló que no.
“Yo creo que no, nosotros estamos más comprometidos que nunca, sabemos que somos un canal de televisión alternativo, estamos haciendo un trabajo histórico donde no solamente nos centramos en los hechos, sino que vamos al trasfondo, tratamos de descubrir y de evidenciar que hay una estrategia detrás de todo lo que ellos están armando y con el apoyo de los medios de comunicación que son oficialistas”, reiteró.
Rivera indicó que “ellos tienen una estrategia que sale desde las oficinas de la Presidencia, con la colaboración de algunos directores de los medios de comunicación, con la misma policía, asesores en materia de seguridad y al final construyen una estrategia, un plan oscuro, para poder hacerlo y desarrollarlo sobre la marcha”.
Relató que “cuando transmitimos en vivo, damos una lectura al entorno y nos damos cuenta que hacen cosas tan obvias como la destrucción del Hotel Marriot, como lo que paso el 15 de septiembre donde ellos mismos detonaron una bomba lacrimógena y crearon el caos en el Estadio Nacional y responsabilizaron a la oposición al decir que somos nosotros los que estamos al otro lado los que queremos destruir el país y eso es absurdo”.
Según Rivera la política del canal es construir un buen país, como medio de comunicación “como UNE-TV le apostamos a las transformaciones de este país y creemos que es urgente un cambio, es importante cambiar el sistema, porque con la corrupción que se está luchando el día de hoy, simplemente es una lucha superficial, ya que meter a la cárcel a un corrupto no significa que estás luchando contra la corrupción”.
Rivera señaló que “ayer en la noche mataron a dos estudiantes que conducían moto taxis y no nos sorprendería que las represalias se vayan agudizando, estamos en una dictadura y el que no quiere comprender o entender eso, que están dispuestos a matarnos. La ONU dice que más de 60 compatriotas fueron asesinados durante la crisis post electoral por instrucciones del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado”.
Con más de dos años de transmisión de noticias y programas de debates y anáilsis de la realidad del país, los ataques no han mermado contra UNETV, por el contrario, cada día se intensifican más, apuntó Rivera.
Ataque
El Comité por la Libre Expresión (C-Libre), en su página digital informó que Equipo informativo del canal UNE-TV fue víctima de varias agresiones por parte de policías y militares, mientras realizaban cobertura noticiosa a la represión contra manifestantes en el parque central de la ciudad de Tegucigalpa este 15 de septiembre.
La más violenta se produjo en contra del camarógrafo Albert Palacios quien fue agredido por los uniformados en consecuencia por haber documentado gráficamente una golpiza en contra de un joven.
“Iba por donde era Mendels y yo estaba grabando cuando estaban agrediendo a un chavalo y de repente me jalaron del cuello y me empezaron a golpear y a dañar mi cámara con las piedras que los manifestantes le tiraban a ellos mismos”, denunció entre lágrimas Palacios.
Según la defensora de derechos humanos Génesis Andino de la Asociación ASOPODEHU, “el camarógrafo únicamente realizaba su trabajo, yo presencié la agresión y les puedo afirmar que fue un ataque dirigido porque éste tenía en su cámara de video evidencias del abuso militar y policial en contra de manifestantes”.
El equipo de trabajo de Palacios fue dañado pero también el joven quedó afectado física y emocionalmente por los golpes a su persona de parte de los policías y militares.
De igual manera al también camarógrafo Mauricio Ordoñez, una supuesta bala de goma que le impactó directamente a su integridad física, le quebró la pantalla a su aparato celular, esto ocurrió en la misma cobertura de represión pero en un sector diferente al de Palacios, que su compañero de trabajo en el canal.
Ordoñez al igual que Palacios documentaba con su cámara el comportamiento agresivo-excesivo de los miembros de la policía y miliares en contra de las personas que a su criterio habrían participado en la movilización no oficial, es decir la auto convocada por el pueblo y no por el gobernante.
Otra vez
Siempre en el Parque Central, el 15 de septiembre de 2018, los periodistas Cesar Silva, Ivis Alvarado y Rony Martínez junto a camarógrafos, mientras trasmitían la detención y custodia del joven Meicke Bustillo fueron empujados con los escudos antimotines para obstruir su labor informativa. Los uniformados además les lanzaron una bomba lacrimógena a los pies de los periodistas justo en el momento que preguntaban el nombre al detenido.
Dictadura
Ataques a la libertad de expresión
El coordinador de Prensa de UNE-TV, Mauricio Rivera, indicó que “no es la primera vez que UNE-TV ha sido afectado durante las acciones que realizamos en eventos y donde se moviliza la población. Nosotros condenamos enérgicamente cualquier atropello a la libertad de expresión sin importar cuál sea el medio de comunicación. Nosotros no tenemos ningún problema con el pueblo hondureño, ya que quien nos reprime es el Estado mismo”.
Señaló que “el Estado tiene un problema con la prensa independiente, con los defensores de la libertad de expresión y realmente condenamos también cualquier acción que venga a atentar contra la libertad de expresión, incluso contra los medios afines al Gobierno. Lamentamos profundamente y aprovecho este medio para llamar a la cordura, a la tolerancia, tanto al pueblo hondureño como al Estado mismo, al régimen de Juan Orlando Hernández, porque la libertad de expresión se debe de respetar sin importar de qué partido político sean, sin importar de qué medio de comunicación sea, el periodista, el camarógrafo, el comunicador social debe ser respetado y hacia eso tenemos que apostarle”.
Rivera relató que son la piedra en el zapato del régimen por contrarrestar y combatir el cerco mediático que manipula la información y censura lo que está pasando en el país, “ nosotros no nos vamos a detener por la destrucción de nuestros equipos, cámaras, micrófonos, cables, equipos de radio para transmisión en vivo que han sido destruidos, nos han golpeado nuestros camarógrafos, han querido atentar contra la vida de nuestros compañeros periodistas como César Silva, Rony Martínez, los camarógrafos han sido brutalmente golpeados en plena transmisión en vivo, han destruidos sus equipos de celular móvil, pero eso no nos amedrenta, al contrario, nos incita a seguir luchando y a hacer un llamado nacional e internacional a que se respete la libertad de expresión en el país”.
Política de Estado
Sobre la posibilidad de que el Canal y su personal sea víctima de ataques obedeciendo a una política de Estado, Rivera dejó abierta dicha posibilidad.
“Yo creo que hay políticas de Estado que han fracasado en la actualidad. Si nosotros hablamos de políticas de seguridad, las mismas han fracasado. Hay denuncias del propio expresidente Manuel Zelaya Rosales sobre la existencia de escuadrones de la muerte, donde no ha existido una explicación de parte de las autoridades gubernamentales que los mismos no existen o que no lo pueden confirmar, pero hay denuncias formales, hay hechos que lo demuestran como la muerte de jóvenes estudiantes, personas torturadas y nosotros hacemos eco de esas denuncias y por lo tanto, las políticas de terror, de infiltrar las movilizaciones, de un plan Colombia que está entronizado en este país y por eso no es descabellada la idea de darle seguimiento a estas denuncias, porque está reflejado y documentado que las políticas de terror de este régimen están vigentes”, argumentó.
El encargado de la prensa en UNE-TV, dijo que “no nos sorprendería a nosotros que exista un plan para afectar y atentar contra los medios de comunicación independientes ya que existe un interés de censurar, en callar la verdad, puesto que las evidencias están a la orden del día”.
Agregó que “los militares, los policías nos están destruyendo nuestros equipos, nuestras cámaras, nos están golpeando nuestra gente. Son ataques físicos, son ataques directos, nos disparan balas de goma, nos disparan a nuestros cuerpos y esas son situaciones que no están aisladas y que podrían existir las políticas de Estado, que podrían ser instrucción precisa del régimen, pero no sólo para UNE-TV, simplemente a todo aquel ciudadano que se levanta en contra del régimen”.
Actividad no ha mermado
Al consultarle si las acciones de violencia, ataques y daños que han sufrido ha servido para intimidarlos y mermar las actividades que realiza el canal, el representante de UNET-TV señaló que no.
“Yo creo que no, nosotros estamos más comprometidos que nunca, sabemos que somos un canal de televisión alternativo, estamos haciendo un trabajo histórico donde no solamente nos centramos en los hechos, sino que vamos al trasfondo, tratamos de descubrir y de evidenciar que hay una estrategia detrás de todo lo que ellos están armando y con el apoyo de los medios de comunicación que son oficialistas”, reiteró.
Rivera indicó que “ellos tienen una estrategia que sale desde las oficinas de la Presidencia, con la colaboración de algunos directores de los medios de comunicación, con la misma policía, asesores en materia de seguridad y al final construyen una estrategia, un plan oscuro, para poder hacerlo y desarrollarlo sobre la marcha”.
Relató que “cuando transmitimos en vivo, damos una lectura al entorno y nos damos cuenta que hacen cosas tan obvias como la destrucción del Hotel Marriot, como lo que paso el 15 de septiembre donde ellos mismos detonaron una bomba lacrimógena y crearon el caos en el Estadio Nacional y responsabilizaron a la oposición al decir que somos nosotros los que estamos al otro lado los que queremos destruir el país y eso es absurdo”.
Según Rivera la política del canal es construir un buen país, como medio de comunicación “como UNE-TV le apostamos a las transformaciones de este país y creemos que es urgente un cambio, es importante cambiar el sistema, porque con la corrupción que se está luchando el día de hoy, simplemente es una lucha superficial, ya que meter a la cárcel a un corrupto no significa que estás luchando contra la corrupción”.
Rivera señaló que “ayer en la noche mataron a dos estudiantes que conducían moto taxis y no nos sorprendería que las represalias se vayan agudizando, estamos en una dictadura y el que no quiere comprender o entender eso, que están dispuestos a matarnos. La ONU dice que más de 60 compatriotas fueron asesinados durante la crisis post electoral por instrucciones del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado”.
Con más de dos años de transmisión de noticias y programas de debates y anáilsis de la realidad del país, los ataques no han mermado contra UNETV, por el contrario, cada día se intensifican más, apuntó Rivera.
Ataque
El Comité por la Libre Expresión (C-Libre), en su página digital informó que Equipo informativo del canal UNE-TV fue víctima de varias agresiones por parte de policías y militares, mientras realizaban cobertura noticiosa a la represión contra manifestantes en el parque central de la ciudad de Tegucigalpa este 15 de septiembre.
La más violenta se produjo en contra del camarógrafo Albert Palacios quien fue agredido por los uniformados en consecuencia por haber documentado gráficamente una golpiza en contra de un joven.
“Iba por donde era Mendels y yo estaba grabando cuando estaban agrediendo a un chavalo y de repente me jalaron del cuello y me empezaron a golpear y a dañar mi cámara con las piedras que los manifestantes le tiraban a ellos mismos”, denunció entre lágrimas Palacios.
Según la defensora de derechos humanos Génesis Andino de la Asociación ASOPODEHU, “el camarógrafo únicamente realizaba su trabajo, yo presencié la agresión y les puedo afirmar que fue un ataque dirigido porque éste tenía en su cámara de video evidencias del abuso militar y policial en contra de manifestantes”.
El equipo de trabajo de Palacios fue dañado pero también el joven quedó afectado física y emocionalmente por los golpes a su persona de parte de los policías y militares.
De igual manera al también camarógrafo Mauricio Ordoñez, una supuesta bala de goma que le impactó directamente a su integridad física, le quebró la pantalla a su aparato celular, esto ocurrió en la misma cobertura de represión pero en un sector diferente al de Palacios, que su compañero de trabajo en el canal.
Ordoñez al igual que Palacios documentaba con su cámara el comportamiento agresivo-excesivo de los miembros de la policía y miliares en contra de las personas que a su criterio habrían participado en la movilización no oficial, es decir la auto convocada por el pueblo y no por el gobernante.
Otra vez
Siempre en el Parque Central, el 15 de septiembre de 2018, los periodistas Cesar Silva, Ivis Alvarado y Rony Martínez junto a camarógrafos, mientras trasmitían la detención y custodia del joven Meicke Bustillo fueron empujados con los escudos antimotines para obstruir su labor informativa. Los uniformados además les lanzaron una bomba lacrimógena a los pies de los periodistas justo en el momento que preguntaban el nombre al detenido.
Dictadura
Para el diputado del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), Jari
Dixon, el pueblo hondureño no debe olvidar que está bajo el sometimiento
de una dictadura y que la represión que sufre el canal UNE-TV es parte
de una política de Estado para quitar de los medios a un canal que
denuncia lo que pasa en el país.
“Partiendo de que estamos en el marco de una dictadura vamos a
entender que la libertad de expresión está fuertemente golpeada y cuando
aparecen medios de comunicación como UNE-TV, sacando a la luz pública
lo que verdaderamente pasa en el país, es lógico que el ataque va a
venir de los sectores del Gobierno”.
Dixon citó que lo mismo le pasó a GLOBO TV, canal que muchos no quieren recordar o hacerse de la vista gorda, que fue sacado del aire por eso de denunciar lo que pasa en el país y nadie ha vuelto a sacar el tema de GLOBO TV a quien le cancelaron la frecuencia, su permiso de operación porque no les gustaba lo que salía en ese medio de comunicación. Así como Radio Globo y Canal 36que sufrieron ataques en el marco del Golpe de Estado”.
“Siempre que un medio de comunicación no está a tono o en línea con las políticas del Gobierno, le va a pasar lo que en la actualidad le pasa a UNE-TV y ojalá que no vayan a tomar las mismas decisiones que tomaron con otros medios de comunicación”, destacó.
Dixon citó que lo mismo le pasó a GLOBO TV, canal que muchos no quieren recordar o hacerse de la vista gorda, que fue sacado del aire por eso de denunciar lo que pasa en el país y nadie ha vuelto a sacar el tema de GLOBO TV a quien le cancelaron la frecuencia, su permiso de operación porque no les gustaba lo que salía en ese medio de comunicación. Así como Radio Globo y Canal 36que sufrieron ataques en el marco del Golpe de Estado”.
“Siempre que un medio de comunicación no está a tono o en línea con las políticas del Gobierno, le va a pasar lo que en la actualidad le pasa a UNE-TV y ojalá que no vayan a tomar las mismas decisiones que tomaron con otros medios de comunicación”, destacó.
CNA destapa nuevos actos de corrupción por mas de 3 mil millones de lempiras
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
También se habla de casos de corrupción de personas que se desempeñaron en DIGEPESCA, Derechos Humanos y Gobernación, Bono Diez Mil y de personas que fungieron en la Secretaría de Agricultura y ganadería (SAG).
Tegucigalpa.-
Esta mañana el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), realizó una
presentación, denominada “las redes de corrupción y sus modos de
operar”, en la ciudad de San Pedro Sula donde se habla de mas de 3 mil
millones de lempiras, según lo informó Gabriela Castellanos, titular de
la institución.
Este
evento consistía en la revelación de nombres y apellidos de las
personas que se desempeñaron en diferentes instituciones
gubernamentales, en sociedades mercantiles y organizaciones no
gubernamentales, que fueron creadas para contratar con el Estado de
Honduras, sustrayéndose fondos públicos en la no ejecución de las
actividades acordadas.
Se
mencionó cinco casos de corrupción que ya han sido denunciados ente el
Ministerio Público entre los años 2016 y 2018, algunos de ellos aún se
encuentran en proceso de investigación y otros que ya han sido
judicializados, se han pretendido distorsionar, con el objeto de
favorecer a las personas involucradas.
Dentro
de las instituciones afectadas por los corruptos se pudo identificar la
Secretaría de Estado en los Despachos de Salud (SESAL), el Programa de
Asignación Familiar (PRAF), Empresa Nacional de Energía Eléctrica
(ENEE), Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) y
Despacho de la Primera Dama.
Entre
estos casos se incluye el de la ex primera dama, Rosa Elena de Lobo,
por un desfalco adicional de 94 millones de lempiras, dijo Odir
Fernández, y que se utilizó dinero para gastos personales.
Además,
surgen nombres de hijos de funcionarios y funcionarios públicos
involucrados en el “Bono diez mil”. También obras de infraestructura que
no se terminaron, pero si se pagaron, incluyendo un contrato con “Los
Cachiros”.
La
titular del CNA, Gabriela Castellanos, manifestó que la red de
corrupción está a nivel nacional en todas las estructuras del Estado, y
por ende en funcionarios.
Odir
Fernández, jefe de investigación del CNA, dijo que los cinco casos
presentados hoy ya habían sido sacados a la luz pero ahora se esta
presentando nuevos elementos y señaló el caso de Rosa Elena de Lobo,
esposa del expresidente Porfirio Lobo Sosa que ahora se investiga por 94
millones y también la suscripción de contratos con una empresa
vinculada a Los Cachiros.También se habla de casos de corrupción de personas que se desempeñaron en DIGEPESCA, Derechos Humanos y Gobernación, Bono Diez Mil y de personas que fungieron en la Secretaría de Agricultura y ganadería (SAG).
Fernández
señaló que se habla de la malversación de fondos en dos organizaciones
no gubernamentales (ONGs) por más de 42 millones de lempiras.
En
lo que antes se llamó Secretaría Obras Públicas Transporte y Vivienda
(SOPTRAVI) se habla de 125 millones de lempiras en obras contratadas con
Los Cachiros donde se pagaron 104 millones y las obras no fueron
ejecutadas.
Según
los datos revelados durante el evento, los perjuicios identificados
entre los cinco casos emblemáticos de corrupción, los montos superan los
trescientos millones de lempiras, fondos que pudieron haberse ocupados
para el desarrollo de proyectos sociales y de interés público; sin
embargo, muchos de los recursos fueron a parar al patrimonio de los
denunciados.
Según
el CNA, los indicios reveladores de corrupción se manifiestan en el
fraccionamiento de los contratos para evadir las exigencias de las
determinadas en la Ley de Contratación del Estado y Disposiciones
Generales del Presupuesto, adjudicación de contratos a la misma empresa,
aumento desmedido de los productos vendidos al Estado, conformación de
comisiones técnicas que no tienen los mínimos conocimientos para lo que
fueron seleccionados, colusión por parte de altos funcionarios y
familiares para la adjudicación de los diferentes contratos, entre
otros.
Desde
el 2014 a la fecha el CNA ha entregado un total de 14 líneas de
investigación al Ministerio Público, en las cuales hay casos
emblemáticos y se está en proceso de entregar 10 líneas más.
“Pepe” Lobo está en lista de extraditables, pero el gobierno no lo entrega porque teme un escándalo político: Adolfo Facussé
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-Según
el expresidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi),
Adolfo Facussé, el expresidente hondureño, Porfirio “Pepe” Lobo Sosa ha
sido pedido en extradición por los Estados Unidos, pero el gobierno se
está negando a entregarlo porque teme un escándalo político que lo puede
afectar en los resultados de las elecciones de noviembre.
Noticia Relacionada: Fiscalía de EE.UU. vincula a “Pepe” Lobo con el narcotráfico
“Yo
me imagino por lo que trasciende de los juicios, por ejemplo en el
juicio de don Fabio Lobo sale en afirmación de la jueza que el señor
expresidente, don Porfirio Lobo está involucrado. Entonces, “yo me
imagino que él está en la lista, el problema es que si el gobierno lo
entrega, tramita la solicitud de extradición, va a hacer un escándalo
político porque es miembro prominente del partido de gobierno”, expresó
Facussé en una entrevista exclusiva brindada a Criterio.hn
Recriminó
que desde que se aprobó el decreto de extradición, el gobierno
hondureño ha entregado a la justicia norteamericana a 15 hondureños,
pero “hay 33 solicitudes de extradición que no las quiere procesar”.
Recordó
que entre los que ya están en manos de la justicia estadounidense se
encuentra, Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa
Facussé
apuntó que la jueza que ha llevado el caso de Fabio Lobo y Los
Cahiros”, Lorna Schofield, mencionó hace algunos meses que en Honduras
habían involucrados en el narcotráfico diputados al Congreso Nacional y
empresarios.
Insistió
en que el expresidente debe estar en la lista de los extraditables
porque es quien ha sido mencionado por Los Cachiros, específicamente por
Devis Leonel Rivera Maradiaga, uno de los integrantes de este cartel de
narcotraficantes que en el pasado reciente se afincó en la zona
atlántica hondureña.
“Ahí
salen declaraciones del Cachiro, en donde Los Cachiros le dieron
sobornos al Presidente (Lobo Sosa) y a consecuencia de eso les dio
grandes negocios en la ENEE, en la Empresa Nacional Portuaria y en el
Fondo Vial”, acotó.
El
exdirigente empresarial reprochó que hasta el momento las autoridades
hondureñas no hayan acusado a ninguno de los funcionarios que estaban al
frente de las instituciones del Estado con las que Los Cachiros
firmaron contratos.
Finalmente
dijo que hasta el momento no se está poniendo en práctica la frase del
presidente, Juan Hernández, de “caiga, quien caiga”.
Fiscalía de EE.UU. vincula a “Pepe” Lobo con el narcotráfico
Un documento de la Fiscalía en poder de la AFP refiere que el expresidente hondureño acordó proteger a narcotraficantes junto a su hijo Fabio a cambio de sobornos.
La
agencia internacional de noticias AFP, publicó este sábado un nuevo
artículo mediante el cual señala que la fiscalía de Nueva York asegura
que el expresidente hondureño Porfirio Lobo Sosa acordó proteger a
narcotraficantes junto a su hijo Fabio a cambio de sobornos.
La
AFP asegura tener en su poder un documento judicial con el que
sustenta dicha información. El documento, con fecha del 28 de febrero y
archivado el viernes, es un memorando del gobierno estadounidense previo
a la audiencia en la cual un exjefe de la banda de narcotraficantes Los
Cachiros aseguró que el expresidente nombró a su hijo Fabio como
“interlocutor” del cártel, refiere la agencia de noticias.
Las
explosivas acusaciones de este exjefe narco, Devis Leonel Rivera
Madariaga, testigo del gobierno en el caso contra Fabio Lobo, han
sacudido Honduras.
Fabio
Lobo es acusado por el gobierno estadounidense de conspiración para
enviar cocaína a Estados Unidos y está preso en Nueva York desde mayo de
2015.
Rivera
aseguró que además de Fabio Lobo, el expresidente Lobo, el actual
ministro de Seguridad, Julián Pacheco, dos diputados, un alcalde y el
hermano del actual presidente Juan Orlando Hernández tuvieron vínculos
con el narcotráfico. Todos niegan tajantemente las acusaciones.
El
documento se hace eco de sus denuncias. “Comenzando aproximadamente en
2009, cuando Lobo Sosa buscaba la presidencia de Honduras, el acusado
(Fabio Lobo) se unió a una conspiración para traficar drogas con su
padre y otros al aceptar sobornos a cambio de proteger y asistir a
traficantes en Honduras”, dice el memorando, firmado por el exfiscal del
distrito sur de Nueva York Preet Bharara -despedido este mes por el
gobierno de Donald Trump- y los fiscales adjuntos Emil Bove y Matthew
Laroche.
“Mientras
Lobo Sosa era candidato a presidente de Honduras en 2009, los líderes
de Los Cachiros le pagaron aproximadamente 500.000 dólares a cambio de,
inter allia, protección política de investigaciones policiales, impedir
la extradición a Estados Unidos y el otorgamiento de contratos de
agencias gubernamentales hondureñas a compañías fachada para lavar
dinero controladas por Los Cachiros”, añade.
Honduras
no autorizó la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos hasta
aproximadamente 2012, y “ninguna extradición ocurrió cuando el
presidente Lobo Sosa estaba en el cargo”, recordó.
Consultado
este sábado sobre si el gobierno estadounidense ha pedido o estudia
pedir a Honduras la extradición del expresidente Lobo, que vive en las
afueras de Tegucigalpa, un portavoz de la fiscalía del distrito sur de
Nueva York respondió: “No podemos comentar”.
“Mi
conciencia está limpia de todo acto ilícito que se señale contra mi
persona. Me someto a las indagaciones y cualquier investigación
minuciosa de las autoridades”, dijo el expresidente Lobo tras las
denuncias del excapo de Los Cachiros.
La
fiscalía hondureña anunció que investigará de oficio a las figuras
públicas señaladas por Rivera Maradiaga, que confesó provocar la muerte
de 78 personas y se enfrenta a una pena mínima de cadena perpetua más 30
años.
Fabio Lobo, que será sentenciado el 30 de mayo, enfrenta una pena mínima de 10 años y una máxima de cadena perpetua
Honduras: Plata sin Plan
Por: Javier Suazo
“La planificación
del desarrollo es un proceso de interacción entre el Estado y la
sociedad, que tiene como objetivo articular las políticas públicas y su
implementación en el territorio con las prioridades del país, para
administrar los recursos públicos en la perspectiva de alcanzar el
desarrollo sostenible”.
Honduras
sigue un patrón de gestión pública que asigna recursos financieros a
competencias, funciones, programas, proyectos y actividades ejecutadas
por instituciones y gabinetes sectoriales que, tradicionalmente, sus
funcionarios han sido cuestionados por actos de corrupción y/o
violaciones de los deberes al institucionalizarse una política de
represión a la ciudadanía que protesta por perdidas sistemáticas de sus
derechos más fundamentales como acceso a educación y salud gratuita,
pedazo de tierra y uso de recursos naturales y agua para beneficio de
comunidades y familias.
El
anteproyecto de presupuesto de ingresos y egresos de la República para
el ejercicio fiscal 2019 es un reflejo de lo anterior. El monto previsto
asciende a la cantidad de 261,557 millones de lempiras, superior en
17,777 millones que el presupuesto de 2018. El 20.6% corresponde a
Educación y Salud, un 18.8% corresponde a Infraestructura y Servicios
Públicos, el 7.1% a Seguridad Ciudadana y Defensa Nacional; que en
conjunto representan el 46.5% del total solicitado. A ello se suma, más
de 40,000 millones de lempiras por concepto de pago del servicio de la
deuda total, lo que representa el 15.6% del presupuesto total, con lo
cual estos rubros cubren el 62.1% del Presupuesto que “discutirá” el
Congreso de la República, donde los partidos tradicionales (liberal y
nacional) y los “chingaste” tienen mayoría calificada.
Desde
la perspectiva de organizaciones de sociedad civil, una de las
preguntas que surgen es ¿cuáles serán las medidas a ejecutar por el
gobierno para aumentar la productividad e impacto del gasto público en
sectores como salud y educación, a sabiendas que su monto es
insuficiente para cubrir las brechas de cobertura y equipamiento de
centros de salud, hospitales públicos, escuelas y colegios? En salud, la
respuesta del gobierno es la creación de una Comisión Burocrática
cuestionada por el Colegio Médico y otros gremios como el de las
enfermeras, ya que lo que buscan es acelerar la privatización de los
servicios de salud en detrimento de la endeble economía social; incluso
se habla de tapar la corrupción en salud.
En
Educación, el gobierno apuesta al Plan Nacional de Educación 2018-2030,
pero todavía no avanza y sigue siendo cuestionado por organizaciones
magisteriales ya que no participaron de su elaboración, pero, sobre
todo, por apoyar procesos de privatización de la educación media y
superior, la entrega de la provisión de insumos a empresas privadas y
bancos y la `profundización del desmantelamiento de las organizaciones
gremiales y captura de los fondos de previsión social.
En
infraestructura se apuesta a la aprobación de proyectos y suscripción
de contratos, aunque instituciones de gobierno y alcaldías (incluyendo
la Comisión de Alianzas-Público-Privada) han sido duramente cuestionadas
por la falta de transparencia y corrupción. Hay una opinión
generalizada que el aumento del presupuesto de Defensa y Seguridad,
sirve más a propósitos políticos que de “estabilidad democrática”, en
tanto es evidente las crecientes violaciones de derechos humanos, en su
mayor parte de jóvenes, mujeres y dirigentes ambientalistas; también,
además de la independencia y autonomía de las FFAA que no está obligada a
presentar en detalle su ejecución presupuestaria; se suman denuncias
por actos de corrupción en la compra de lanchas, reparación de aviones,
pago de viáticos, manejos de presupuesto de otras instituciones y
alquiler de vehículos sin licitación.
Otra
pregunta que, incluso expertos del Foro Social de la Deuda Externa
(FOSDEH), se han formulado es ¿qué monto de este sobreendeudamiento es
ilegítimo?, o sea que parte de la deuda contratada es deuda mala. De
acuerdo a cifras de CEPAL (2018), la participación de la deuda pública
total/PIB en 2017 fue de 43.5%, cuando en 2012, era de 30.2%/PIB, o sea
que aumentó en 13.3% es un periodo relativamente corto. En el caso de la
deuda pública externa el aumento fue de 11.5%, al pasar de representar
el 19.9%/PIB en 2012 a 31.4%/PIB en 2017.
Ojalá
que los diputados entiendan el problema que se avecina con este
creciente endeudamiento, en una economía que depende mucho de las
exportaciones de rubros como el café, aceite de palma, camarones,
bananos, frutas y legumbres, y de las remesas familiares, dos (2)
fuentes muy inestables, en la coyuntura actual, del crecimiento
económico. En tal sentido, puede ser de mucha ayuda para los
legisladores, sobre todos aquellos del Partido Liberal no contaminados
por la corrupción, LIBRE y PINU-SD, consultar a expertos nacionales y
externos sobre las alternativas para el manejo de la política de
creciente endeudamiento, y los pasos a seguir para eliminar o reducir la
deuda mala y deducir responsabilidades penales del caso.
Desde
la Academia, una pregunta aún sin respuesta es ¿acaso el anteproyecto
de Presupuesto de la República para 2019 se basa en prioridades de
desarrollo y de gasto establecidas en un Plan de Gobierno (2018-2022), o
Visión de Largo Plazo (2018-2030)? En el periodo anterior, el gobierno
contaba con un Plan Nacional (2014-2018), pero no ha sido actualizado
aun para el periodo (2018-2022), por lo que no se cuenta con un Plan y
Estrategia de Desarrollo de largo plazo; la Visión (2010-2038) del
gobierno de Pepe Lobo (2010-2013), fue desechada.
La
Secretaria de Coordinación General de Gobierno (SCGG) tiene la
competencia, funciones y recursos para elaborar o actualizar dichos
instrumentos, más allá de lo que piense la empresa privada, ministros y
el propio presidente de la República; es una función constitucional. Es
urgente que la ministra del ramo convoque al Consejo Nacional de
Planificación para que se discuta y aprueben los instrumentos de
planificación que dan soporte al Presupuesto, caso contrario las
prioridades de asignación de recursos serán exclusivamente de presidente
de la República, grupos corporativos y la Secretaria de Finanzas
(SEFIN), muy amiga de los que recomienda el FMI. En el caso de Plan de
gobierno, puede servir de base el avance que tiene la SCGG con la
elaboración del Plan Estratégico de Gobierno (PEG) para 2022, pero que
deber ser compatibilizado con otras iniciativas y propuestas de actores
privados y sociales.
El
Plan, si se elabora con un grado mínimo de responsabilidad técnica y
participación ciudadana, puede ayudar a priorizar el gasto de inversión
real, e incluso, a dotar a SEFIN de una estrategia financiera más
independiente sobre el endeudamiento del país. Más aun, a integrar
estrategias de desarrollo sueltas, como la economía familiar campesina,
seguridad alimentaria, niñez y adolescencia, protección ambiental y,
sobre todo, innovación para la competitividad. Pero también, alinear la
cooperación internacional donde hay fuga y pérdida de recursos
financieros.
Honduras
puede entrar en un fase de parálisis neoliberal, donde ya los impuestos
indirectos no sea una opción de política para aumentar ingresos
tributarios, exista una resistencia de la empresa privada para aceptar
impuestos directos, eliminar exoneraciones y regular fideicomisos, y el
endeudamiento llegue a porcentajes críticos; solo quedando privatizar
más la salud y educación, despedir empleados y bajar salarios, usar
todos los recursos de los fondos de pensiones y poner a flotar la tasa
de cambio o aceptar la devaluación acelerada del desplumado, tal como lo
ha venido exigiendo el FMI y sector exportador.
Una
discusión pública del anteproyecto de presupuesto 2019 por el Congreso
de la República, con la participación activa de la Academia, colegios
profesionales y organizaciones de sociedad civil, puede ayudar a
construir nuevas opciones de política pública alternativa al modelo de
corte neoliberal ejecutado después del madrugón de junio de 2009.
Ocotepeque, Honduras, 17 de septiembre de 2018.
Un total respaldo ofreció la Iglesia Católica a través de la
Parroquia San Isidro Labrador de Tocoa, a los pobladores de las
comunidades del sector San Pedro y Guapinol, quienes protestan por la
sedimentación en los ríos San Pedro, Guapinol, Cuaca, Tocoa y Taujica,
contaminados por la empresa minera Los Pinares.
Decenas de pobladores y pobladoras establecieron un campamento de
pacífica contra la minería y en defensa del agua y la vida en la región.
Fue instalado desde hace más de 40 días frente a las instalaciones de
la Empresa Minera Los Pinares, la cual ha destruido dos ríos en el
sector de Guapinol, según denunciaron pobladores y defensores de
derechos humanos que participan de la protesta. El 07 de septiembre de
este año guardias de dicha empresa llegaron a atacar a la gente, según
denunciaron organizaciones de derechos humanos de la zona.
Iglesia respalda lucha
A través de un comunicado los líderes católicos dieron a conocer su posición sobre el conflicto.
La empresa minera ha iniciado una campaña de desprestigio y señalamientos en contra de Juan López, un dirigente que lucha incansablemente por conservar los recursos naturales y en defensa del Parque Nacional Carlos Alfonso Escaleras Mejía, que pretende explotar la compañía Los Pinares con seis proyectos mineros.
Comunicado público de la Iglesia Católica ante el conflicto por la defensa del agua y la vida
La Iglesia Católica de la Parroquia San Isidro Labrador de Tocoa, ante el conflicto por la defensa del agua y la vida; ante la campaña mediática impulsada por la empresa minera Inversiones Los Pinares y los señalamientos, acusaciones e incriminaciones a líderes y organizaciones miembros del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, nos pronunciamos de la siguiente manera:
1. Las personas deben ser respetadas en todos los derechos que son inherentes a su dignidad humana: El derecho al agua, al ambiente habitable, a la salud, a la educación, a la seguridad física, moral y alimentaria, a la vivienda y al territorio. Estos derechos son fundamentales para el desarrollo sostenible que hace posible la paz.
2. Que la población en el Municipio de Tocoa está en alto riesgo por seis proyectos mineros en el Parque Nacional Carlos Alfonso Escaleras Mejía que suman tres mil quinientas hectáreas de territorio, ya tienen en grave peligro a las comunidades del sector San Pedro y Guapinol, por la sedimentación en los ríos San Pedro, Guapinol, corriendo la misma suerte los ríos Cuaca, Tocoa y Taujica.
3. Rechazamos los señalamientos y criminalizaciones directas de la empresa minera Inversiones Los Pinares, junto a algunos líderes de Ceibita y de San José García a fines a la minería, hacia la persona de Juan López, representante de la Iglesia Católica de la parroquia de Tocoa y coordinador del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos.
El hermano Juan López es miembro activo de la Iglesia Católica, reconocido por su integridad ética, moral, política, social y religiosa. Por tanto expresamos nuestra solidaridad y respaldo a la labor de Juan López como coordinador del Comité y se respete la integridad física y moral de todas las personas que participan en las manifestaciones pacíficas en defensa del agua y la vida.
Igualmente lamentamos y rechazamos las acusaciones y señalamientos hacia la Fundación San Alonso Rodríguez, de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), comunidades y sectores miembros del Comité. Ratificamos nuestra decisión en la defensa de la “casa común” a través del Comité Municipal de defensa de los Bienes Comunes y Públicos, expresión organizativa y democrática del pueblo.
4. Desde nuestra fe la Iglesia defiende la justicia y la vida; y en el espíritu del Evangelio no estamos de acuerdo con el quebrantamiento de derechos fundamentales como el agua y el ambiente habitable en nombre del desarrollo. Expresamos cristianamente nuestro rechazo a estos proyectos extractivos que han provocado la indignación de las comunidades desde el movimiento social en defensa de sus derechos Constitucionales.
5. Al gobierno Municipal de Tocoa y al Gobierno central les recordamos su obligación de escuchar y atender el pueblo al cual se deben y ser coherentes con sus obligaciones ante esta situación que está exigiendo justicia.
6. Retomando el último comunicado de la Diócesis de Trujillo (26/08/18) exigimos la cancelación de todos los proyectos extractivos del municipio de Tocoa “y, con la plena participación de toda la ciudadanía, se construya un proyecto de desarrollo integral en el cual la ecología y el ambiente estén en la base de dicho desarrollo”.
7. Llamamos a las Comunidades Eclesiales de Base, áreas pastorales y movimientos con sus agentes de pastoral y pueblo católico en general, así como las diversas iglesias cristianas y organizaciones comunitarias, a unirse a la lucha pacífica exigiendo espacios de participación ciudadana que lleven a solucionar de raíz el conflicto.
Igualmente profundizar en la formación y organización sólidas a través de asambleas informativas y formativas desde los comités locales de defensa de los bienes comunes y públicos. Proceso de formación y organización desde la fe que necesariamente lleva a la justicia social. Como señala nuestro Obispo Luis Solé: “Si vamos a defender el Bien Común no podemos hacerlo dejando de lado nuestra FE. Y es desde nuestra FE que queremos “hacernos cargo de la realidad”, “cargar con ella” y “encargarnos de ella”.
Qué la Palabra de Jesús sea alentadora en estos momentos: “Felices ustedes si los hombres los odian, los insultan y los consideran delincuentes a causa del Hijo del Hombre. Alégrense en ese momento y llénense de gozo, porque les espera una recompensa grande en el cielo” (Lc 6,22-23).
Parroquia San Isidro Labrador, Tocoa, Colón, 12 de septiembre, 2018.
Iglesia respalda lucha
A través de un comunicado los líderes católicos dieron a conocer su posición sobre el conflicto.
La empresa minera ha iniciado una campaña de desprestigio y señalamientos en contra de Juan López, un dirigente que lucha incansablemente por conservar los recursos naturales y en defensa del Parque Nacional Carlos Alfonso Escaleras Mejía, que pretende explotar la compañía Los Pinares con seis proyectos mineros.
Comunicado público de la Iglesia Católica ante el conflicto por la defensa del agua y la vida
La Iglesia Católica de la Parroquia San Isidro Labrador de Tocoa, ante el conflicto por la defensa del agua y la vida; ante la campaña mediática impulsada por la empresa minera Inversiones Los Pinares y los señalamientos, acusaciones e incriminaciones a líderes y organizaciones miembros del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, nos pronunciamos de la siguiente manera:
1. Las personas deben ser respetadas en todos los derechos que son inherentes a su dignidad humana: El derecho al agua, al ambiente habitable, a la salud, a la educación, a la seguridad física, moral y alimentaria, a la vivienda y al territorio. Estos derechos son fundamentales para el desarrollo sostenible que hace posible la paz.
2. Que la población en el Municipio de Tocoa está en alto riesgo por seis proyectos mineros en el Parque Nacional Carlos Alfonso Escaleras Mejía que suman tres mil quinientas hectáreas de territorio, ya tienen en grave peligro a las comunidades del sector San Pedro y Guapinol, por la sedimentación en los ríos San Pedro, Guapinol, corriendo la misma suerte los ríos Cuaca, Tocoa y Taujica.
3. Rechazamos los señalamientos y criminalizaciones directas de la empresa minera Inversiones Los Pinares, junto a algunos líderes de Ceibita y de San José García a fines a la minería, hacia la persona de Juan López, representante de la Iglesia Católica de la parroquia de Tocoa y coordinador del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos.
El hermano Juan López es miembro activo de la Iglesia Católica, reconocido por su integridad ética, moral, política, social y religiosa. Por tanto expresamos nuestra solidaridad y respaldo a la labor de Juan López como coordinador del Comité y se respete la integridad física y moral de todas las personas que participan en las manifestaciones pacíficas en defensa del agua y la vida.
Igualmente lamentamos y rechazamos las acusaciones y señalamientos hacia la Fundación San Alonso Rodríguez, de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), comunidades y sectores miembros del Comité. Ratificamos nuestra decisión en la defensa de la “casa común” a través del Comité Municipal de defensa de los Bienes Comunes y Públicos, expresión organizativa y democrática del pueblo.
4. Desde nuestra fe la Iglesia defiende la justicia y la vida; y en el espíritu del Evangelio no estamos de acuerdo con el quebrantamiento de derechos fundamentales como el agua y el ambiente habitable en nombre del desarrollo. Expresamos cristianamente nuestro rechazo a estos proyectos extractivos que han provocado la indignación de las comunidades desde el movimiento social en defensa de sus derechos Constitucionales.
5. Al gobierno Municipal de Tocoa y al Gobierno central les recordamos su obligación de escuchar y atender el pueblo al cual se deben y ser coherentes con sus obligaciones ante esta situación que está exigiendo justicia.
6. Retomando el último comunicado de la Diócesis de Trujillo (26/08/18) exigimos la cancelación de todos los proyectos extractivos del municipio de Tocoa “y, con la plena participación de toda la ciudadanía, se construya un proyecto de desarrollo integral en el cual la ecología y el ambiente estén en la base de dicho desarrollo”.
7. Llamamos a las Comunidades Eclesiales de Base, áreas pastorales y movimientos con sus agentes de pastoral y pueblo católico en general, así como las diversas iglesias cristianas y organizaciones comunitarias, a unirse a la lucha pacífica exigiendo espacios de participación ciudadana que lleven a solucionar de raíz el conflicto.
Igualmente profundizar en la formación y organización sólidas a través de asambleas informativas y formativas desde los comités locales de defensa de los bienes comunes y públicos. Proceso de formación y organización desde la fe que necesariamente lleva a la justicia social. Como señala nuestro Obispo Luis Solé: “Si vamos a defender el Bien Común no podemos hacerlo dejando de lado nuestra FE. Y es desde nuestra FE que queremos “hacernos cargo de la realidad”, “cargar con ella” y “encargarnos de ella”.
Qué la Palabra de Jesús sea alentadora en estos momentos: “Felices ustedes si los hombres los odian, los insultan y los consideran delincuentes a causa del Hijo del Hombre. Alégrense en ese momento y llénense de gozo, porque les espera una recompensa grande en el cielo” (Lc 6,22-23).
Parroquia San Isidro Labrador, Tocoa, Colón, 12 de septiembre, 2018.
POETA HONDUREÑA
Tania Claudina Alvarado
Tania Claudina Alvarado
CIUDADANA DE QUINTA
Me rehúso a seguir persiguiendo
la imagen de la perfecta
la que nunca se equivocó
la que es ejemplo
la que guarda un pedacito de Dios
en la cartera
para cuando los necesitados
le reclamen sus vísceras
y quieran obligarla
a entregarlo todo por amor
no quiero que me miren con piedad
porque el castillo de arena
se lo llevó la espuma
todos los siglos de ser
ciudadana de quinta clase
ya no pesarán en mis hombros
no guardaré más
estrellitas de porcelana
en la cajita de recuerdos.
la imagen de la perfecta
la que nunca se equivocó
la que es ejemplo
la que guarda un pedacito de Dios
en la cartera
para cuando los necesitados
le reclamen sus vísceras
y quieran obligarla
a entregarlo todo por amor
no quiero que me miren con piedad
porque el castillo de arena
se lo llevó la espuma
todos los siglos de ser
ciudadana de quinta clase
ya no pesarán en mis hombros
no guardaré más
estrellitas de porcelana
en la cajita de recuerdos.
COMPASES
He descifrado las voces
desnudas viajan bajo las sombras del día.
He descifrado las voces
desnudas viajan bajo las sombras del día.
He tejido en el silencio el hilo rojo
que une nuestras bocas
que une nuestras bocas
Basta un minuto para que
tus ojos recorran este valle de estrellas.
tus ojos recorran este valle de estrellas.
Para que vuelvan
a cantar las voces de tus manos.
a cantar las voces de tus manos.
ESPACIO MUERTO
Hoy no estás en el mismo espacio
¿Será porque el silencio
perdió la noche?
sólo se ve tu espalda
y
la lejanía
¿Será porque el silencio
perdió la noche?
sólo se ve tu espalda
y
la lejanía
INOCENTE REBELDE
A los quince años quise ser miliciana
pero la guerrilla estaba lejos
aunque al lado
en la aldea vecina
entonces sólo tenía
las lecturas y las canciones
la rebeldía la cortaba de los árboles
frutas maduras que
se daban a montones
han pasado otros quince años
me doy cuenta
que nunca
me salvaré de la muerte.
pero la guerrilla estaba lejos
aunque al lado
en la aldea vecina
entonces sólo tenía
las lecturas y las canciones
la rebeldía la cortaba de los árboles
frutas maduras que
se daban a montones
han pasado otros quince años
me doy cuenta
que nunca
me salvaré de la muerte.
'Chorompo Gutierrez' via por la refundacion de Honduras
La Confluencia fue lanzada con la presencia de diversos grupos de la lucha contra el neoliberalismo en la región y otros países distantes y según sus gestores,busca crear una gran movilización para hacer frente al capital representado en el G20
Nace en Argentina plataforma de movimientos sociales contra el G20
Cientos
de organizaciones sociales y políticas del mundo formaron la
Confluencia contra el G20 y el FMI, una gran plataforma lanzada para
contrarrestar la Cumbre de ese poderoso foro, cuyos líderes se reunirán
aquí en noviembre.
Desde el corazón de esta capital hasta Europa, en el espacio hay representaciones de movimientos que aúnan a millones de trabajadores, jubilados, indígenas, jóvenes, por solo citar algunos, quienes saldrán a marchar el 30 de noviembre próximo contra el G20, en medio del encuentro que tendrá, entre otros invitados, al presidente estadounidense, Donald Trump.
La Confluencia fue lanzada con la presencia de diversos grupos de la lucha contra el neoliberalismo en la región y otros países distantes y según sus gestores, busca crear una gran movilización para hacer frente al capital representado en el G20, juntar fuerzas sociales para demostrar desde Argentina que la lucha sigue en pie.
No aceptamos la forma agresiva como el capital está tratando la naturaleza, nuestros bienes sagrados y a nuestra gente. Los ataques homofóbicos, el saqueo de nuestras riquezas y contra los derechos laborales, sostuvo uno de los representantes brasileños de esta gran convocatoria, devenida resistencia de los pueblos contra el capital y el neoliberalismo.
Desde el 25 de noviembre hasta el 1 de diciembre venidero las organizaciones participantes saldrán a las calles de Buenos Aires y de manera simultánea en otros países para expresar su repudio al G20 y al Fondo Monetario Internacional en busca de demostrar al mundo ‘que es posible construir la unidad en la diversidad para enfrentar los ataques de las trasnacionales’.
En declaraciones a Prensa Latina, Beberly Keene, una de las representantes de la Confluencia fuera G20 y FMI (Fondo Monetario Internacional), afirmó que la gran movilización comenzó ya a tomar cuerpo y se espera una importante manifestación el 30 de noviembre, día en que comenzará la Cumbre.
Estamos consciente de que tiene que ser masiva y sabemos qué tendremos que hacer frente al operativo de seguridad que el Gobierno argentino empezó hace más de un año a planificar.
Tenemos un reto importante de llevar la expresión masiva del pueblo argentino, latinoamericano y del mundo frente a un club de amigos que como siempre busca ordenar el mundo de acuerdo a sus propios intereses, sostuvo.
Keene destacó la importancia de que en esta Confluencia estén representadas numerosas organizaciones argentinas, todas las centrales sindicales y un enorme caudal de representaciones sociales, de derechos humanos, feministas, jubilados, indígenas, estudiantes también en el exterior, con el compromiso común de enfrentar ese momento.
En la agenda de la Confluencia habrá también una Cumbre de los pueblos los días previos a la reunión de líderes del G20, donde los movimientos sociales de todo el mundo harán varios paneles y foros para demostrar que hay hoy alternativas a las políticas que promueve el foro instituido en 1999 y que agrupa a 19 países más la Unión Europea.
En el llamamiento puesto en marcha, la Confluencia señala que Argentina es hoy día un laboratorio concentrado de las políticas de liberalización, deuda y privatización que impulsan el G20 junto al FMI, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros y que han hipotecado el futuro del país y condenado a millones de trabajadoras a la exclusión y miseria.
‘Consideramos que esta Cumbre de los países más poderosos del mundo con otros llamados emergentes, servirá como una nueva plataforma de impulso a políticas públicas en contravía de los progresos alcanzados internacionalmente en materia de derechos humanos, paz y soberanía’, señala el texto.
Desde el corazón de esta capital hasta Europa, en el espacio hay representaciones de movimientos que aúnan a millones de trabajadores, jubilados, indígenas, jóvenes, por solo citar algunos, quienes saldrán a marchar el 30 de noviembre próximo contra el G20, en medio del encuentro que tendrá, entre otros invitados, al presidente estadounidense, Donald Trump.
La Confluencia fue lanzada con la presencia de diversos grupos de la lucha contra el neoliberalismo en la región y otros países distantes y según sus gestores, busca crear una gran movilización para hacer frente al capital representado en el G20, juntar fuerzas sociales para demostrar desde Argentina que la lucha sigue en pie.
No aceptamos la forma agresiva como el capital está tratando la naturaleza, nuestros bienes sagrados y a nuestra gente. Los ataques homofóbicos, el saqueo de nuestras riquezas y contra los derechos laborales, sostuvo uno de los representantes brasileños de esta gran convocatoria, devenida resistencia de los pueblos contra el capital y el neoliberalismo.
Desde el 25 de noviembre hasta el 1 de diciembre venidero las organizaciones participantes saldrán a las calles de Buenos Aires y de manera simultánea en otros países para expresar su repudio al G20 y al Fondo Monetario Internacional en busca de demostrar al mundo ‘que es posible construir la unidad en la diversidad para enfrentar los ataques de las trasnacionales’.
En declaraciones a Prensa Latina, Beberly Keene, una de las representantes de la Confluencia fuera G20 y FMI (Fondo Monetario Internacional), afirmó que la gran movilización comenzó ya a tomar cuerpo y se espera una importante manifestación el 30 de noviembre, día en que comenzará la Cumbre.
Estamos consciente de que tiene que ser masiva y sabemos qué tendremos que hacer frente al operativo de seguridad que el Gobierno argentino empezó hace más de un año a planificar.
Tenemos un reto importante de llevar la expresión masiva del pueblo argentino, latinoamericano y del mundo frente a un club de amigos que como siempre busca ordenar el mundo de acuerdo a sus propios intereses, sostuvo.
Keene destacó la importancia de que en esta Confluencia estén representadas numerosas organizaciones argentinas, todas las centrales sindicales y un enorme caudal de representaciones sociales, de derechos humanos, feministas, jubilados, indígenas, estudiantes también en el exterior, con el compromiso común de enfrentar ese momento.
En la agenda de la Confluencia habrá también una Cumbre de los pueblos los días previos a la reunión de líderes del G20, donde los movimientos sociales de todo el mundo harán varios paneles y foros para demostrar que hay hoy alternativas a las políticas que promueve el foro instituido en 1999 y que agrupa a 19 países más la Unión Europea.
En el llamamiento puesto en marcha, la Confluencia señala que Argentina es hoy día un laboratorio concentrado de las políticas de liberalización, deuda y privatización que impulsan el G20 junto al FMI, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros y que han hipotecado el futuro del país y condenado a millones de trabajadoras a la exclusión y miseria.
‘Consideramos que esta Cumbre de los países más poderosos del mundo con otros llamados emergentes, servirá como una nueva plataforma de impulso a políticas públicas en contravía de los progresos alcanzados internacionalmente en materia de derechos humanos, paz y soberanía’, señala el texto.
Llamamiento internacional a Movilizarnos frente al G20 y el FMI
LA HAINE - 17/09/2018
Por las soberanías política, ambiental, cultural y económica de nuestros pueblos y nuestros cuerpos
Como
organizaciones; procesos y movimientos internacionales; nacionales y
locales; del pueblo trabajador; campesino; originario; afrodescendiente;
feminista; de jubilados/as; migrantes; estudiantes; defensores de los
derechos de las personas y de los pueblos; del medio ambiente, los
bienes comunes y la justicia climática; de los derechos de la niñez, de
género, entre otros; que combatimos desde nuestras diversas expresiones
de organización y lucha al avance del Capital sobre nuestras vidas,
cuerpos y territorios, llamamos a los pueblos y movimientos del mundo a
movilizarnos en argentina y todos nuestros países el día 30 de noviembre
de este 2018 y también a sumarse en la Semana de acción del 25 de
noviembre al 1 de diciembre, contra el G20, el Fmi y su agenda de
dominación.
Entre el 30 de noviembre y el 1ero. de diciembre se realizará en el país suramericano la Cumbre del G20, en donde las Jefas y Jefes de Estado de los países y organismos miembros debatirán temas de enorme trascendencia, incluyendo el estado de la economía mundial, el futuro del trabajo y de la alimentación y la infraestructura para el desarrollo.
Conocedores de este tipo de enclaves para determinar nuevas formas de explotación en cada uno de los espacios de vida de nuestros pueblos, manifestaremos nuestro repudio a la realización de esta Cumbre, que viene a reafirmar el brutal retroceso que impone en su país el gobierno de Mauricio Macri y que pretenden extender a toda la región y mundo. Argentina es hoy día un laboratorio concentrado de las políticas de liberalización, deuda y privatización que impulsan el G20 junto al Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros y que han hipotecado el futuro del país y condenado a millones de trabajadoras/es y sus familias a una situación de exclusión y miseria.
Consideramos que esta Cumbre del G20, que agrupa a los países más poderosos del mundo con otros llamados "emergentes", sin mayor legitimidad que lo que pretende arrogarse en base a su tamaño y poderío, servirá como una nueva plataforma de impulso a políticas públicas en contravía de los progresos alcanzados internacionalmente en materia de derechos humanos, paz, soberanía de los pueblos, derechos ambientales, laborales, entre otros. La arremetida que el capitalismo neoliberal lleva adelante, empobreciendo, hambreando, excluyendo y reprimiendo a las mayorías populares, socavando las posibilidades de construcción democrática y perpetuando la arquitectura de la impunidad al servicio del corporativismo transnacional, se consolida a través de este foro. Es por eso que es nuestro deber manifestarnos de manera contundente, expresando nuestro rechazo absoluto y visibilizando la urgencia y posibilidad de alternativas reales.
No podemos permitir que el futuro de nuestros derechos al trabajo, la previsión social, a la educación y salud públicas y gratuitas, a la soberanía alimentaria, a nuestros territorios y su integridad, quede en manos de las élites que desprecian a nuestros pueblos y lucran con la precariedad a la que les someten sus decisiones. Es el futuro nuestro, de las nuevas generaciones de todos los pueblos y de la vida en este planeta lo que está en jaque.
Por estos motivos llamamos a la movilización. Convocamos a todos los pueblos y sus organizaciones, unidos en la diversidad, a demostrar que no aceptamos las políticas promovidas y aplicadas por el G20 y que trabajaremos solidariamente desde diferentes países y particularidades para autodeterminar nuestro futuro y enfrentar las imposiciones de las poderosas élites económicas y militares. Ante el feroz avance que pretende lograr el dominio total de nuestras vidas, nuestra respuesta global ha de ser contundente y amparada en el derecho a la protesta que sabemos ha querido ser desconocido y reprimido para negar la expresión legítima de nuestra resistencia.
Por un mundo sin el dominio del corporativismo transnacional y su modelo de liberalización comercial y deuda, con respeto a los derechos de los pueblos y de la naturaleza y a la posibilidad de construir alternativas democráticas en base a nuestra soberanía e integración como pueblos, llamamos a participar en una gran Semana de Acción del 25/11 al 1/12 y a movilizar en Argentina y todas partes del mundo el día 30 de Noviembre contra el G20 y el FMI.
Firman:
Confluencia Fuera G20-FMI
Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo
Entre el 30 de noviembre y el 1ero. de diciembre se realizará en el país suramericano la Cumbre del G20, en donde las Jefas y Jefes de Estado de los países y organismos miembros debatirán temas de enorme trascendencia, incluyendo el estado de la economía mundial, el futuro del trabajo y de la alimentación y la infraestructura para el desarrollo.
Conocedores de este tipo de enclaves para determinar nuevas formas de explotación en cada uno de los espacios de vida de nuestros pueblos, manifestaremos nuestro repudio a la realización de esta Cumbre, que viene a reafirmar el brutal retroceso que impone en su país el gobierno de Mauricio Macri y que pretenden extender a toda la región y mundo. Argentina es hoy día un laboratorio concentrado de las políticas de liberalización, deuda y privatización que impulsan el G20 junto al Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros y que han hipotecado el futuro del país y condenado a millones de trabajadoras/es y sus familias a una situación de exclusión y miseria.
Consideramos que esta Cumbre del G20, que agrupa a los países más poderosos del mundo con otros llamados "emergentes", sin mayor legitimidad que lo que pretende arrogarse en base a su tamaño y poderío, servirá como una nueva plataforma de impulso a políticas públicas en contravía de los progresos alcanzados internacionalmente en materia de derechos humanos, paz, soberanía de los pueblos, derechos ambientales, laborales, entre otros. La arremetida que el capitalismo neoliberal lleva adelante, empobreciendo, hambreando, excluyendo y reprimiendo a las mayorías populares, socavando las posibilidades de construcción democrática y perpetuando la arquitectura de la impunidad al servicio del corporativismo transnacional, se consolida a través de este foro. Es por eso que es nuestro deber manifestarnos de manera contundente, expresando nuestro rechazo absoluto y visibilizando la urgencia y posibilidad de alternativas reales.
No podemos permitir que el futuro de nuestros derechos al trabajo, la previsión social, a la educación y salud públicas y gratuitas, a la soberanía alimentaria, a nuestros territorios y su integridad, quede en manos de las élites que desprecian a nuestros pueblos y lucran con la precariedad a la que les someten sus decisiones. Es el futuro nuestro, de las nuevas generaciones de todos los pueblos y de la vida en este planeta lo que está en jaque.
Por estos motivos llamamos a la movilización. Convocamos a todos los pueblos y sus organizaciones, unidos en la diversidad, a demostrar que no aceptamos las políticas promovidas y aplicadas por el G20 y que trabajaremos solidariamente desde diferentes países y particularidades para autodeterminar nuestro futuro y enfrentar las imposiciones de las poderosas élites económicas y militares. Ante el feroz avance que pretende lograr el dominio total de nuestras vidas, nuestra respuesta global ha de ser contundente y amparada en el derecho a la protesta que sabemos ha querido ser desconocido y reprimido para negar la expresión legítima de nuestra resistencia.
Por un mundo sin el dominio del corporativismo transnacional y su modelo de liberalización comercial y deuda, con respeto a los derechos de los pueblos y de la naturaleza y a la posibilidad de construir alternativas democráticas en base a nuestra soberanía e integración como pueblos, llamamos a participar en una gran Semana de Acción del 25/11 al 1/12 y a movilizar en Argentina y todas partes del mundo el día 30 de Noviembre contra el G20 y el FMI.
Firman:
Confluencia Fuera G20-FMI
Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo
La CIA, de EEUU, contra Nuestra América y el mundo
Por:
Patricio Montesinos
| CUBADEBATE
Releyendo el conocido libro “El arte de la inteligencia”, escrito por uno de los más sádicos exdirectores de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Allan Dulles, se confirma que Estados Unidos repite en la actualidad, una vez más, sus inescrupulosos y agresivos planes contra el mundo y particularmente hacia Latinoamérica y el Caribe para ejercer su dominio en la región que siempre ha considerado su patio trasero.
Los métodos subversivos de Dulles, el quinto jefe en la historia macabra de la CIA, aplicados en la década del 50 y principios de los años 60 de la centuria pasada, son los mismos que Washington se empeña hoy en ejecutar a fondo en Nuestra América.
Detengámonos solo en algunas de las ideas maquiavélicas expuestas por ese “personaje”, las cuales no merecen comentario alguno porque se explican por sí solas, y las vemos además materializadas día a día, en este siglo XXI, desde el sur del Río Bravo hasta la Patagonia.
Dulles escribió en su libro que en la dirección de los Estados crearemos el caos y la confusión. “De manera imperceptible pero activa y constante propiciaremos el despotismo de los funcionarios, el soborno, la corrupción y la falta de principios”, apuntó.
Subrayó que “la honradez y la honestidad serán ridiculizadas como innecesarias y convertidas en vestigios del pasado”, mientras al mismo tiempo la CIA y Washington fomentarán el descaro, la insolencia, el engaño, la mentira, el alcoholismo, la drogadicción y el miedo irracional entre semejantes.
Remarcó que Estados Unidos apoyará y encumbrará por todos los medios a los denominados artistas para que siembren e inculquen en la conciencia humana el culto del sexo, de la violencia, el sadismo y la traición.
El exjefe de la CIA resaltó abiertamente en su texto que “nuestra principal apuesta será la juventud. La corromperemos, desmoralizaremos y pervertiremos.”
Pero fue más lejos aún cuando señaló que “debemos lograr que los agredidos nos reciban con los brazos abiertos… Antes que los portaviones y los misiles deben llegar los símbolos, los que venderemos como universales, glamorosos, modernos, heraldos de la eterna juventud y felicidad ilimitada.”
El objetivo final, según Dulles, es derrotar en el terreno de las ideas las alternativas al dominio de Estados Unidos, mediante el deslumbramiento, la persuasión, la manipulación del inconsciente, la usurpación del imaginario colectivo y la recolonización de las utopías redentoras y libertarias, para lograr un producto paradójico e inquietante: que las victimas lleguen a comprender y compartir la lógica de sus verdugos.
Pregunto ahora: ¿No son esas ideas las bases de los planes sediciosos que Washington ejecuta hoy contra América Latina y el Caribe, utilizando además las poderosas nuevas tecnologías?
La respuesta a esa interrogante “se cae de la mata”, como reza un refrán popular. Solo hay que observar el panorama invasivo y tenebroso al que se enfrentan actualmente los pueblos y las fuerzas progresistas de la Patria Grande.
Pero no olvidemos algo. Dulles fue obligado a renunciar como director de la CIA en septiembre de 1961, tras el revés que sufrió Estados Unidos en su frustrada invasión a Cuba por Bahía de Cochinos, en abril de ese mismo año, considerada la primera gran derrota del imperialismo en Nuestra América.
El otrora jefe del principal servicio secreto norteamericano, quien participó también en la preparación de planes de atentados contra el líder histórico de la Revolución cubana, no pudo acabar con la vida de Fidel Castro, lo que precipitó la dimisión de su cargo.
Cuba demostró entonces y lo ha hecho a lo largo de los últimos 60 años que ni Dulles, ni la CIA, ni Washington y ni inquilino alguno de la Casa Blanca son invencibles. La Patria Grande tiene y puede hacer lo mismo frente a la nueva ofensiva que desata hoy el decadente imperio del Norte en nuestra región.
