Fotos y texto: Sandra Rodríguez
Tegucigalpa, Honduras. –
A pocos días de celebrarse el primer juicio por el asesinato de la
defensora de derechos humanos, Berta Cáceres Flores, se realiza una
serie de acciones por demanda de justicia y alzar la voz contra el
régimen dictatorial e impune hondureño.
Berta Cáceres, fue cofundadora y, hasta
el día de su crimen el 02 de marzo del 2016, coordinadora del Consejo
Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH),
ahora a cargo de su hija, Bertha Zúniga Cáceres.
“Es por ello que desde los diferentes
espacios tenemos el compromiso de acompañar a la familia y COPINH de
Berta Cáceres, es el momento de hacer causa común para empezar a exigir
con mucha claridad: verdad y justicia”, expresó Berta Oliva,
coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos
en Honduras (COFADEH) e integrante de la coordinación nacional de la
Convergencia Contra el Continuismo (CCC).
Lo anterior, fue expresado en una
conferencia de prensa, convocada por la Coalición Contra la Impunidad el
pasado jueves, de la cual el COFADEH forma parte, junto a medio
centenar de organizaciones civiles y sociales en defensa de los derechos
humanos.
Oliva destacó el estar consciente que
esa verdad y justicia que apelan, desde ya podría no convertirse en la
demanda real de los integrantes del COPINH.
Otra cosa -a criterio de Oliva- es que
Berta Cáceres no sólo le hace falta a sus hijas e hijo, madre, al
COPINH, sino que le hace falta al pueblo hondureño, al pueblo organizado
y por esa falta física y por esa falta de memoria es necesario que
iniciemos una búsqueda clara de demandar con mucha energía y fuerza el
mejor manejo en el juicio.
“Estamos clarísimas que se nos va a
negar ese derecho que tenemos como defensores y defensoras de derechos
humanos, como seres humanos, pero hay que insistir por lo menos para
evidenciar el régimen actual que tenemos, que estamos buscando justicia en medio de una dictadura,
y que las dictaduras debemos dejarlas muy esclarecidas, por la demanda y
voluntad del pueblo hondureño de justicia es clarísima, ya que todos y
todas nos sentimos heridas y lesionadas”
Por lo que es necesario ya no callar, de
expresar, de decir, de demandar, no tener en ningún momento terror
porque que si hablamos nos pueden enjuiciar, nos pueden matar, no
tengamos temor -insistió la coordinadora del COFADEH- sólo la verdad y
la exigencia de la verdad es que nos va a llevar a cambiar este sistema
injusto y corrupto.
“Si aprendemos a callar por temor, mejor
ya no sigamos diciendo absolutamente nada, les pido que es el momento
de no acomodarnos, es el momento de salir, de organizarnos, de no
olvidar y de no perdonar”, puntualizó Berta Oliva.
El juicio oral y pública está programado
para dar inicio el próximo lunes 17 de septiembre en los Juzgados de
Letras Penal de la Sección de Tegucigalpa, donde comparecerán ocho
hombres, entre ellos los acusados como hechores materiales del crimen
contra Berta Cáceres: Emerson Duarte Meza, Edilson Atilio Duarte Meza,
Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Henrry Javier Hernández, Oscar Aroldo
Torres Velásquez; y como autores intermediarios: Mariano Díaz Chávez,
militar activo al momento del asesinato, Douglas Geovanny Bustillo,
exjefe de seguridad de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA),
Sergio Ramón Rodríguez Orellana Gerente del área social, ambiental y de
comunicaciones de DESA, empresa a cargo de la construcción de la represa
hidroeléctrica Agua Zarca, sobre el Río Gualcarque, en la comunidad
indígena de Río Blanco, Intibucá.
La Coalición Contra la Impunidad afirmó
que mantendrá el rol de acompañante durante el desarrollo del juicio, en
el cual ya se observan una serie de obstáculos e ilegalidades que han
viciado el proceso.
Mientras se sigue denunciando la
negatividad de parte del Ministerio Público para el acceso a la
información relacionada a la causa a las víctimas y sus apoderados
legales, como parte de la debida diligencia en la realización de
peritajes y la denegación por parte del Tribunal para que el Consejo
Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), se
incorporara como víctima en el proceso, denunció la coalición, a través
de la lectura del comunicado realizado por las defensoras feministas
Gilda Rivera y Jessica Trinidad, del Centro de Derechos de la Mujer
(CDM) y la Red Nacional de Defensoras- Honduras, respectivamente.
Berta Cáceres, la novel verde el
planeta, como la llama Oliva, desde años atrás denunciaba amenazas y
ataques contra su vida, por la defensa de los bienes comunes de la
naturaleza, es por ello, que la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), le otorgó medidas cautelares de las que -supuestamente-
gozaba el día del asesinato, ejecutado dentro de su vivienda, en La
Esperanza, Intibucá.
La semana pasada, el COPINH lanzó una campaña con información y muestras de solidaridad plasmada en la página de internet https://berta.copinh.org/
donde detalla acciones de la lucha que emprendió la defensora de los
bienes indígenas, para proteger el Río Gualcarque, y por ello fue
merecedora del reconociendo “premio Goldman al medioambiente 2015”.
La campaña es para romper el cerco
mediático sobre la desinformación de parte del Ministerio Público, y que
toda la población pueda acceder a lo que pasa en torno al caso, las
audiencias, imputados y demás hechores, declaró en el lanzamiento Bertha
Zúniga, coordinadora del COPINH, el miércoles 12 de septiembre.
Se espera acompañamiento nacional e
internacional durante el primer juicio previsto del 17 de septiembre al
19 de octubre en Tegucigalpa. El siguiente juicio sería contra Roberto
David Castillo Mejía, que, al momento del asesinato de Berta, era el
presidente de la junta directiva de DESA, hasta el momento es el único
privado de libertad como autor intelectual.
CON BERTA EN EL TRIBUNAL
Con sus mantas pintadas de rostros históricos y sus pañuelos blancos, llegaron con una hermosa frase de esas que sólo trae septiembre: “estamos aquí excepcionalmente con esperanza, como casi siempre con propuesta y absolutamente como siempre, con denuncia”.
El Cofadeh explicó en un comunicado que su esperanza radica en las coherencias políticas del COPINH, la creatura institucional de Berta Cáceres heredada por sus hijas Isabel y Laura, que han tejido con su sangre la solidaridad planetaria hacia las luchas indígenas en Honduras.
Es imposible no escuchar la voz potente que comunica el pueblo lenca desde los confines del Tata Lempira y de nuestra ancestra Berta Isabel, dice la publicación.
El texto recuerda que el próximo 17 de septiembre comenzará el juicio oral por el crimen contra Berta, un evento que no ocurrirá en solitario porque esa humanidad que reclama verdad y justicia estará presente.
La esperanza del Cofadeh, precisamente, radica en la resistencia milenaria del pueblo indígena de Occidente, que ha señalado directamente a los autores intelectuales del crimen. Ha puesto el dedo sobre los hermanos José Eduardo, Jacobo y Pedro Atala Zabla, y sobre Daniel Atala Midence, directivos de la empresa DESA al momento del asesinato de Berta.
La campaña DESA CULPABLE, dijo el Comité de víctimas de la desaparición forzada, busca señalar la cúspide jerárquica de la abusiva empresa que financió el asesinato de Berta, y aunque el tribunal se negó a citar a juicio a los intelectuales el próximo 17, la opinión pública internacional no callará en este empeño.
Los 7 autores materiales del crimen que serán juzgados la próxima semana, deberán pagar su pena por la participación material en el acto, pero los instigadores, aquellos que financiaron la operación, los mismos que inspiraron la muerte desde las entrañas del modelo extractivo y abusivo de la empresa DESA, esos seguirán esperando su turno.
Los Atala de FICOHSA, que son los mismos de DESA CULPABLE, han sido señalados por la familia Cáceres y el COPINH. Estos inversionistas, conectados directamente a la banda del golpismo y a la Red de Pandora, fueron pedidos como testigos en un primer momento. Ahora, después del 19 de septiembre deberán escuchar el Yo Acuso de la Humanidad entera..
El Cofadeh dijo, también, que llegaba al centro histórico de Tegucigalpa a rendir tributo a la juventud hondureña, que a pesar del diseño de muerte trazado por los escuadroneros de La Montañita, no cesa en su afán de reconstruir la Patria robada por esa banda de canallas golpistas, dictadores saqueadores, miserables narcos disfrazados de políticos, responsables de casi 20 mil asesinatos de jóvenes en 9 años.
La organización aprovechó para destacar que el diputado Jorge Cálix, la comisionada María Luisa Borjas, el policía Henrry Osorto y los seis estudiantes sobrevivientes de 1983, entre otros, no están equivocados al señalar a un asesino maestro del disfraz como el responsable de la activación de los escuadrones de la muerte en el país.
Los familiares de los desaparecidos por razones políticas, hombres y mujeres que permanecen en nuestra memoria, anunciaron también que participarán junto a la Convergencia contra el Continuismo en el plebiscito nacional cuyos resultados serán divulgados el 26 de noviembre próximo en una nueva mega manifestación en la capital.
Ese día, dijo el Cofadeh, sabremos con cifras si Honduras quiere seguir o no con el extractivismo como modelo económico, con el golpismo como sistema de gobierno y con Juan Orlando como dictador.
También la organización informó que apoya las acciones de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU para liberar a los presos políticos que aún permanecen en cárceles bajo control militar.
Igualmente, solicitó que la ONU promueva la limpieza de los expedientes de todas las personas criminalizadas por ejercer el derecho constitucional a la insurrección contra un régimen ilegítimo e ilegal como el presente.
Recordó que, paralelamente, la Convergencia contra el Continuismo y las familias de los presos políticos han pedido al Congreso Nacional aprobar un decreto de amnistía que no debe incluir a los militares como beneficiarios, una lamentable reincidencia de los últimos años en el país.
La amnistía incondicional es para los hombres y mujeres que ejercieron el derecho a insurreccionarse contra la usurpación del poder por la fuerza y el fraude, nunca para militares y paramilitares que usaron recursos públicos para perseguir, herir, torturar y matar, aclara el Comité.
Al cierre del plantón de ayer, la organización humanitaria saludó la determinación de los pueblos de Tela, Arizona, San Juan Pueblo y Guapinol, para defender su cordillera de los narco inversionistas que destruyen sus fuentes de agua. Y subrayó que la voz del pueblo debe ser respetada, cueste lo que cueste.
Al mismo tiempo, se sumó el Cofadeh a a la actitud valiente, decidida y ejemplar del pueblo de Azacualpa, la Unión Copán, por impedir la destrucción de su cementerio ancestral. Ninguna veta de oro justifica la ruptura sagrada de la memoria, dice el documento, y agrega que por la defensa de un Campo Santo ofrendar la vida está permitido.
El texto entregado a la población en el centro de Tegucigalpa, asimismo, reconoce a los pueblos de Arenales, Reitoca, San Ignacio, Río Blanco, Locomapa, y otros, por enseñarle a toda Honduras que cuando un pueblo dice no, es no. Y si los inversionistas insisten en imponer la voluntad con chafas, sicarios y escuadroneros de la muerte, entonces perderán su tiempo y su dinero.
El Cofadeh apoyó la iniciativa de la diputada María Luisa Borjas de recuperar los colores originales de la bandera nacional, que ha sufrido la imposición del color azul del Partido Nacional golpista, y elevó intenciones por el respeto a la niñez y juventud a nivel nacional.
Este es el resumen del comunicado del Cofadeh emitido ayer viernes 7 de septiembre, en el cual suma su voz a la campaña DESA CULPABLE lanzada por el COPINH una semana antes del juicio oral y público contra los asesinos de Berta Caceres.
HONDURAS: CASI 500 MIL MENORES NO CELEBRARON “DÍA DEL NIÑO”
De
acuerdo con el informe del Fondo de las Naciones Unidas para la
infancia (Unicef), en Honduras 475 mil niños no pudieron festejar el
“Día del Niño”, ellos tenían que acudir a sus trabajos en los semáforos,
puestos de mercados, incluso a pedir limosna a las principales avenidas
de las urbes del país.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. De
acuerdo con la red Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las
Niñas, Niños, Jóvenes, Adolescentes y sus Derechos (Coiproden), que
replica datos del Fondo de las Naciones Unidas para la infancia
(Unicef), en Honduras, al menos 475 mil niños están trabajando.
En
el país hoy se celebra el “Día del Niño” donde se acostumbra a celebrar
a los “reyes del hogar”, ya sea en centros educativos o en el seno
familiar; no obstante, otros no pueden gozar ese privilegio, están
obligados a trabajar para tener un bocado en el estómago.
Según
datos de Coiproden, en las ciudades de mayor movimiento económico como
San Pedro Sula, Tegucigalpa, Choloma, Comayagua, El Progreso,
Siguatepeque y Villanueva, entre otras, los infantes por lo general
trabajan limpiando parabrisas en semáforos, vendiendo dulces en las
calles y hasta son utilizados a la mendicidad forzada haciendo malabares
para recibir limosna.
En
casos extremos, trabajan para el sector transporte o construcción y
dentro de lo más severo, muchos de ellos son explotados para la
prostitución y pornografía infantil. Además, en el área rural, miles de
menores deben laborar en agricultura y ganadería.
De
acuerdo a los datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), más de un millón de niños, de entre tres y 17 años no acude
regularmente a la escuela o se encuentran fuera del sistema educativo. A
esto se le suma que de enero a agosto de 2018, unos 6,000 menores que
buscaron el “sueño americano” fueron retornados, según la Dirección de
Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF).
“Las
principales causas de la migración siguen siendo, la violencia, la
falta de oportunidades y la pobreza”, añade Coiproden, y menciona que
desde diciembre de 2017 “la gente ha buscado la migración como única
opción debido a la persecución política que se ha seguido dando a lo
largo de 2018”.
En
cuanto a la trata de personas, específicamente de menores, datos de la
Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y la
Trata de Personas (CICESCT), el 21 por ciento son niñas de entre los 11
y los 17 años, el 16 por ciento son niños de entre 11 y 17 años; y un
tres por ciento corresponde a hombres jóvenes de entre los 18 y los 26
años.
La
Red Coiproden analiza que en esas condiciones “los niños y niñas
migrantes y desplazados son los más vulnerables a la trata; ya sea
cuando tratan de escapar de la violencia o en la búsqueda de mejores
oportunidades”.
De
acuerdo a ese análisis, esto aumenta las posibilidades de que sean
presas fáciles de la explotación laboral, los abusos y la explotación
sexual comercial por parte de mafias y traficantes.
Además
se hace mención de que a partir de los reportes del Observatorio
Nacional de la Violencia, el 53.6 por ciento de las muertes por
homicidio, son niños y jóvenes de un rango entre cero y treinta años de
edad, recogiendo cifras de enero a junio de este año.
En
Honduras al menos 1.3 millones de hogares viven en condición de pobreza
según informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) durante
2017, obligando a muchos menores a renunciar a su infancia.
Gobierno hondureño prohíbe canciones con "Fuera JOH" en desfile patrio
El
secretario de Educación, Marcial Solís, alegó que los institutos tienen
prohibido participar en desfiles que “no sean el oficial”, asimismo
música que no tenga valor cívico y mensajes ofensivos, pensando en el
popular “Fuera JOH”.
Desde
2009, hay dos desfiles paralelos, el que celebra el gobierno y el que
celebran los movimientos populares, de hecho, el año pasado, luego de
hacerse oficial la reelección presidencial, por vez primera las
autoridades ordenaron reprimir la marcha pacífica en el bulevar Morazán
de Tegucigalpa.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El
gobierno de Honduras, prohibió a los centros educativos participar en
desfiles que “no sea el oficial”. Así lo declaró el secretario de
Educación, Marcial Solís, quien agregó que las “bandas de guerra”,
tampoco podrán usar canciones que no tengan contenido cívico.
Lo
anterior se debe a que desde 2009, con el golpe de Estado, surgió el
“otro 15 de septiembre”, donde el movimiento popular y ciudadanía
indignada se une a protestar y cuestionar “¿cuál independencia?”.
En
ese sentido, Solís, dijo en un comunicado que “ningún centro educativo
puede participar en otro desfile que no sea el convocado por la
autoridad educativa competente”.
Estas
disposiciones de la Secretaría de Educación, tendrán “orden estricto”, y
en cuanto a la música, ha quedado prohibido todo tipo de melodía cuya
letra tenga contenido inmoral o violento, ajeno al civismo, de igual
manera que atente contra la dignidad de la mujer y el ser humano.
El
pronunciamiento, llegó luego de que varios videos en redes sociales,
donde jóvenes estudiantes practicaban canciones en contra de Hernández,
se hicieran virales.
Otra
disposición refiere que también están prohibidos los mensajes ofensivos
que atenten contra la dignidad de las personas, tomando en cuenta el
descontento que causa para el gobierno central el popular canto “Fuera
JOH”, dirigido al reelecto presidente Juan Orlando Hernández.
Cabe
recordar que el año pasado, la marcha popular del bulevar Morazán, de
la capital Tegucigalpa, que entre tanto protestaba contra la reelección,
fue reprimida por primera vez. Las autoridades enviaron un escuadrón
antimotines a una marcha que nunca tuvo custodia policial a gran escala,
eso provocó el malestar de la población que vivía un contexto de
represión a los estudiantes de “La Nacional”.
Para
el próximo sábado ambos desfiles están programados; no obstante, el
gobierno ha tenido que promover una campaña para ganar la afluencia de
personas, ya que la mayoría de los sectores sociales, no están
“encantados”, con la nueva gestión de Hernández.
De hecho, ante el asesinato de estudiantes de secundaria en las últimas semanas y la represión a
los mismos, que exigen un bono estudiantil de transporte, trascendió
que varios institutos estarían declinando su participación, incluso
alegan que “no hay nada que celebrar”.
El COPINH informa sobre las conclusiones de las audiencias de proposición de pruebas
Por COPINHKAOS EN LA RED - Publicado en: 6 septiembre, 2018
Esta audiencia que se desarrolla a pocos días de la apertura del
juicio que dará condena o absolverá a las personas hasta hoy detenidas,
ha ocupado varias sesiones, demoradas por la falta de resolución ante la
información faltante.
El Consejo Cívico de Organizaciones
Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), junto con la familia de la
compañera Berta Cáceres y el Movimiento Amplio por la Dignidad y la
Justicia (MADJ) informa a la comunidad nacional e internacional las
conclusiones de la audiencia de proposición de pruebas en el primer
proceso judicial contra 8 personas acusadas por arrebatarle la vida, o
propiciar las condiciones para ello, a nuestra hermana Berta Cáceres y
atentar contra el compañero Gustavo.
Esta audiencia que se desarrolla a pocos
días de la apertura del juicio que dará condena o absolverá a las
personas hasta hoy detenidas, ha ocupado varias sesiones, demoradas por
la falta de resolución ante la información faltante.
Concluye, entonces, con la negación del
tribunal de gran parte de la prueba de nuestra acusación que pretendía
contextualizar el clima de ataque sistemático que sufrió Berta por
cumplir su papel como coordinadora de COPINH que eran parte del plan
para neutralizar y atacar la lucha en defensa de los territorios contra
el saqueo de la empresa privada.
Esto en lo concreto significa el rechazo
del testimonio de quienes son parte de la Junta directiva y tenían voz
de mando frente a todo el trabajo operativo desplegado por DESA para
atacar la labor de Berta Cáceres: Pedro, José Eduardo y Jacobo todos de
apellido Atala Zablah y del señor Daniel Atala Midence. La “justicia”
hondureña sigue sin tener las agallas de sentar en tribunal a la
poderosa voz de mando de la empresa.
Además, el tribunal ha rechazado la
pericia de contexto social y político, que sería realizada por expertos
para desarrollar un análisis especializado sobre la situación en la que
Berta, como lideresa frente a un proceso popular del pueblo Lenca,
realizaba su trabajo y por ende determinar los intereses que ella
adversaba.
Esta es una laceración a la perspectiva
de búsqueda integral de la verdad ya que no debe desconocerse que Berta
fue asesinada por su trabajo organizativo y labor como defensoras de
derecho humanos y he aquí la necesidad reinvidicar al COPINH como
víctima formal del ataque.
La Corte Interamericana ha considerado
que “la ejecución de un líder sindical […] no restringe sólo la libertad
de asociación de un individuo, sino también el derecho y la libertad de
determinado grupo a asociarse libremente, sin miedo o temor”
Eso es lo que el Estado sigue
desconociendo, el peso político de la figura de Berta en integralidad y
por eso reduce el juzgar los hechos del 2 de marzo únicamente y no ver
la cadena de hechos que querían parar su trabajo y al no poder es que se
decide darle muerte.
Fuera de los tribunales se siguen
viviendo actos de racismo y de estigma hacia la organización que hace
parecer que los juzgados son el COPINH y Berta y no los imputados:
palabras criminalizantes, lenguaje sesgado y negación a la posibilidad
de entrar a presenciar la audiencia de la lideresa del pueblo Lenca, no
son actos menores.
Se ha modificado la fecha de inicio del
juicio para este 17 de septiembre en en clima de mcuha hostilidad,
dejando claro que el juicio será una gran batalla en todos los ámbitos y
por eso pedimos el fuerte acompañamiento nacional e internacional que
de manera concreta acompañe al COPINH durante estos días.
Con la fuerza ancestral de Berta,
Lempira, Mota, Etempica, Iselaca se levantan nuestras voces llenas de
vida, justicia, libertad, dignidad y paz.
Dado en Tegucigalpa, 05 de septiembre 2018
Honduras: “Hacemos un llamado urgente a la solidaridad”
Por Giorgio Trucchi
KAOS EN LA RED - Publicado en: 8 septiembre, 2018
Copinh lanza campaña ‘DESA culpable
Por Giorgio Trucchi | Rel-UITA
Concluida la audiencia de proposición de
pruebas en el caso del asesinato de Berta Cáceres, el tribunal fijó
para el 17 de septiembre el inicio del juicio oral y público contra los
acusados del crimen. Copinh lanza campaña mundial y estrena página
oficial dedicada a la lideresa indígena.
El ambiente de secretismo y verdades a
medias que, por más de dos años, ha caracterizado las investigaciones
del Ministerio Público permeó la audiencia de proposición de pruebas que
finalizó el martes pasado.
En un comunicado, el Copinh[1],
familiares de Berta Cáceres y el MADJ[2] lamentaron la decisión del
tribunal de no admitir varios medios de prueba, entre otros el
testimonio de miembros de la familia Atala Zablah, directivos de la
empresa Desarrollos Energéticos SA (DESA).
DESA es titular de la concesión del cuestionado proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
“La justicia hondureña sigue sin tener
las agallas de sentar en tribunal a la poderosa voz de mando de la
empresa”, se lee en el comunicado[3].
El tribunal rechazó también la pericia de contexto social y político, necesaria para la búsqueda integral de la verdad.
Berta Cáceres fue asesinada por su
trabajo organizativo como coordinadora del Copinh, en medio de una lucha
en defensa de los territorios y contra el saqueo de los bienes comunes.
Existe una relación directa entre el
brutal crimen y la labor que Cáceres desempeñaba a nivel territorial y
nacional contra el modelo neoliberal y el extractivismo.
“Por más de dos años hemos venido
exigiendo justicia, luchando contra el secretismo impuesto por el
Ministerio Público alrededor de las investigaciones.
Además, nos enfrentamos a un monstruo que ha contratado a un bufete internacional y a un importante penalista canadiense.
Tampoco han parado los ataques, la
estigmatización, las campañas de desprestigio. Va a ser una gran batalla
en un clima de mucha hostilidad”, dijo Bertha Zúniga, coordinadora del
Copinh e hija de Berta Cáceres, durante una reunión realizada la semana
pasada con la Rel-UITA.
Para ella y el Copinh, la empresa titular del proyecto Agua Zarca es responsable directa del asesinato.
“En Honduras, como en gran parte de
América Latina, quien protege la tierra y los bienes comunes sufre
persecución, represión y muchas veces es asesinado.
Son ataques perpetrados por las grandes empresas explotadoras con la complicidad de los gobiernos.
DESA constituyó una estructura criminal,
que involucra al Estado de Honduras, y es responsable del asesinato de
Berta Cáceres”, aseveró Zúniga.
A pocos días del inicio del juicio
contra ocho de los nueve acusados del crimen, entre ellos Sergio
Rodríguez, gerente ambiental de DESA, Mariano Díaz, oficial del
ejército, Douglas Bustillo ex militar y ex jefe de seguridad de DESA, y
Henry Hernández, también ex militar, el Copinh hace un llamado a la
solidaridad nacional e internacional.
“Somos una organización pequeña que
apoya a comunidades cuya lucha es constantemente invisibilizada. Sin
embargo logramos articular fuerzas solidarias que respaldan nuestra
demanda de justicia.
Sabemos que los autores intelectuales
del crimen aun no fueron sentados en el banquillo de los acusados, pero
este juicio es importantísimo. No es fácil en un país donde no existe
estado de derecho y no se respeta el debido proceso.
Lo que más les incomoda y les duele es el respaldo nacional e internacional que estamos teniendo”, dijo Bertha Zúniga a La Rel.
Este 5 de septiembre, el Copinh lanzó la campaña “DESA culpable”[4] y presentó la página web oficial Berta Cáceres.
“Estamos pidiendo a todas las organizaciones amigas que nos acompañen durante el juicio.
Agradecemos a la Rel-UITA por brindarnos su apoyo y acompañamiento”, concluyó.
Notas
[1] Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras
[2] Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia
[3] https://copinh.org/2018/09/el- copinh-informa-sobre-las-concl usiones-de-las-audiencias-de-p roposicion-de-prubas/
[4] https://copinh.org/2018/09/sum ate-a-la-campana-desa-culpable /
[2] Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia
[3] https://copinh.org/2018/09/el-
[4] https://copinh.org/2018/09/sum
Fuente: Rel-UITA
BERTA CÁCERES CLAMA JUSTICIA Y SOLIDARIDAD
Rodolfo Cortés Calderón
Rodolfo Cortés Calderón
En las últimas horas de la noche del 02 de marzo de 2016, fue
asesinada BERTA ISABEL CÁCERES FLORES, Premio Ambientalista GOLDMAN 2015 y
otros más. Política, revolucionaria, ambientalista y defensora de derechos
humanos reconocida en HONDURAS e internacionalmente. Una de las fundadoras en
1993 del imbatible Consejo Cívico de
Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH. Gustavo Castro un
ambientalista e indigenista mexicano, también herido en el alevoso ataque, fue
el único testigo de este ensañamiento.
ANTECEDENTES
Posiblemente su muerte ya estaba trazada desde el año 2005,
cuando llegó a Río Blanco y a las orillas del río Gualcarque una misión
exploratoria pro hidroeléctricas dirigida por el ingeniero FRANCISCO RIVAS que
desde aquél año pretendieron despojar
las comunidades e ignorar el Convenio 169 de la OIT que otorga plenitud de
administración, explotación y usufructo a las Etnias.
AGRESIONES DE DESA
Desde que se instaló la empresa DESARROLLOS ENERGÉTICOS, S.A., DESA en la región, que incluye
territorios de los municipios de INTIBUCÁ, departamento de Intibucá y SAN
FRANCISCO DE OJUERA, departamento de Santa Bárbara, sus pobladores empezaron a
ser hostigados y perseguidos por la empresa hidroeléctrica DESA, pero también
por las autoridades municipales, policiales y militares. Tanto el alcalde de
INTIBUCÁ, MARTINIANO DOMÍNGUEZ MEZA, como RAÚL PINEDA de SAN FRANCISCO DE
OJUERA fueron señalados en algunos momentos.
ASESINATO Y PERSECUCIÓN
DE LÍDERES DE COPINH
Estas agresiones y amenazas se cumplieron con el asesinato y
represión a una decena de líderes y miembros de COPINH, entre ellos TOMÁS
GARCÍA, BERTA CÁCERES, NELSON GARCÍA, LESBIA YANETH URQUÍA y otros.
TOMÁS GARCÍA DOMÍNGUEZ fue asesinado el 15 de julio de 2013,
además un hijo de él menor de edad fue herido por militares del ejército de
HONDURAS.
Este mismo año, el 24 de mayo, la Policía Militar de Honduras
detuvo y encarceló a BERTA CÁCERES acusándola de haber encontrado un arma de
fuego (supuestamente ilegal) en el vehículo de su organización. El juzgado
primero de Letras de Santa Bárbara desestimó las pruebas presentadas y
suspendió las medidas sustitutivas que le habían impuesto.
El 15 de marzo de 2016 fue asesinado NELSON GARCÍA miembro de
COPINH en Río Lindo, Cortés, mientras regresaba a su casa después de un
operativo de lucha por sus territorios.
El 6 de julio 2016 apareció asesinada cerca de un basurero en
la ciudad de Marcala, La Paz, LESBIA YANETH URQUÍA URQUÍA, una activista de
COPINH opuesta a las empresas hidroeléctricas “AURORA I” cuyo propietario es el
esposo de la Presidenta del Partido Nacional y Vice Presidenta del Congreso
Nacional GLORIA AURORA LÓPEZ.
El 10 de octubre del 2016 se intentó asesinar a los
dirigentes de COPINH ALEXANDER GARCÍA SORTO, mientras descansaba en su casa en
Llano Grande, COLOMONCAGUA y TOMÁS GÓMEZ MEMBREÑO, Coordinador de COPINH, fue
atacado a tiros por varios hombres armados desde un carro cuando se conducía de
LA ESPERANZA a su casa. Ambos salieron ilesos.
IMPLICADOS Y SEÑALADOS
EN EL ASESINATO DE BERTA
En este horrible asesinato hay una serie de implicados, unos
por su participación directa (gatitos gatilleros, mercenarios, hambrientos y
desalmados), ejecutivos y militares intermedios y gestores diabólicos
(ejecutivos del Estado de Honduras, empresarios bancarios nacionales e
internacionales y militares de alto rango).
Los citados para el juicio de septiembre próximo son:
Gatilleros: ÓSCAR AROLDO TORRES VELÁSQUEZ; ÉLVIN HERIBERTO RÁPALO ORELLANA;
EDILSON ATILIO DUARTE MEZA. Militares de bajo perfil: HENRY JAVIER HERNÁNDEZ
RODRÍGUEZ; MARIANO DÍAZ CHÁVEZ tesón entrenado por ESTADOS UNIDOS y oficial del
Ejército de Honduras; DOUGLAS GEOVANNY BUSTILLO, ex militar hondureño y jefe de
seguridad de DESA y SERGIO RAMÓN RODRÍGUEZ ORELLANA, gerente ambiental de DESA.
Gestores diabólicos (muchos en la penumbra) DAVID CASTILLO, militar graduado en
la West Point, gerente de DESA y ex empleado de la Empresa Nacional de Energía
Eléctrica, ENEE.
Pero concretamente la familia CÁCERES FLORES y COPINH han
señalado como gestores diabólicos que dieron la orden, a los banqueros PEDRO
ATALA ZABLAH, JOSÉ EDUARDO ATALA ZABLAH, JACOBO ATALA ZABLAH y a DANIEL ATALA
MIDENCE. No liberan además de esta coalición perversa a los POLÍTICOS GOLPISTAS
DEL BIPARTIDISMO y EMPRESARIOS EXTRACTIVISTAS.
SITUACIÓN ACTUAL DEL
JUICIO
Para el 17 de septiembre próximo está previsto el inicio del
juicio oral y público contra los señalados y acusados por este crimen. Al
respecto, el COPINH en un Comunicado Oficial publicado en su página web hace
estos serios señalamientos:
”…familiares de BERTA CÁCERES y el Movimiento Amplio por la
Dignidad y la Justicia, MADJ, lamentaron la decisión del tribunal de no admitir
varios medios de prueba, entre otros de miembros de la familia ATALA ZABLAH,
directivos de la empresa DESARROLLOS ENERGÉTICOS, S.A., DESA, que es titular de
la concesión del cuestionado proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. …La justicia
hondureña sigue sin tener las agallas de sentar en tribunal a la poderosa voz
de mando de la empresa.
El tribunal rechazó también la pericia de contexto social y
político, necesaria para la búsqueda integral de la verdad…
Existe una relación directa entre el brutal crimen y la labor
que BERTA CÁCERES desempeñaba a nivel territorial y nacional contra el modelo
neoliberal y el extractivismo. Por más de dos años hemos venido exigiendo
justicia, luchando contra el secretismo impuesto por el Ministerio Público
alrededor de las investigaciones.
Además, nos enfrentamos a un monstruo que ha contratado a un
bufete internacional y a un importante penalista canadiense. Tampoco han parado los ataques, la estigmatización, las
campañas de desprestigio. Va a ser una gran batalla en un clima de mucha
hostilidad, dijo BERTA ZÚNIGA CÁCERES, hija de la inmolada y coordinadora
general de COPINH. Para ella y el COPINH, la empresa titular del proyecto Agua
Zarca es responsable directa del asesinato. En HONDURAS como en gran parte de
AMÉRICA LATINA, quien protege la tierra y los bienes comunes sufre persecución,
represión y muchas veces es asesinado. Son ataques perpetrados por las grandes
empresas explotadoras con la complicidad de los gobiernos. DESA constituyó una
estructura criminal, que involucra al estado de HONDURAS, y es responsable del
asesinato de BERTA CÁCERES, aseveró Zúniga.
Concluyendo el comunicado con la siguiente exhortación: El
COPINH hace un llamado a la solidaridad nacional e internacional. Estamos
pidiendo a todas las organizaciones amigas que nos acompañen durante el juicio.
CONCLUSIONES
-Con esta información se advierte muy claramente el
contubernio, la complacencia y confabulación entre los organismos del Estado y
las empresas extractivistas: ENEE, INHGEOMIN, CONADEH, ICF, CONGRESO NACIONAL,
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, MINISTERIO PÚBLICO versus empresas mineras,
hidroeléctricas, petroleras etc.
-Debemos apoyar la CONVERGENCIA CONTRA EL CONTINUISMO para
lograr la caída del dictador usurpador JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ, principal
responsable del asesinato de BERTA CÁCERES en su condición de jefe supremo de
las Fuerzas Armadas.
-Es un deber de toda la ciudadanía hondureña acompañar con su
presencia este juicio que se realizará en la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA en
Tegucigalpa, el LUNES 17 DE SEPTIEMBRE PRÓXIMO.
¡DESPERTEMOS! ¡DESPERTEMOS HUMANIDAD! YA NO HAY TIEMPO: Berta
Isabel Cáceres Flores.
¡LA DIGNIDAD Y LA
SOBERANÍA PATRIAS NOS LO EXIGEN!
08 de septiembre 2018
Coalición alerta “obstáculos e irregularidades” previo a Juicio contra imputados en asesinato contra Berta Cáceres
Administrador DDHH 06 Septiembre 2018
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- La Coalición contra la Impunidad anunció este jueves su acompañamiento el Juicio Oral y público contra los ocho implicados en el asesinato de Bertha Cáceres, programado para este 17 de septiembre, donde ya se muestran “una serie de obstáculos e ilegalidades que han viciado el proceso”.
Dentro de los obstáculos e ilegalidades, la Coalición expuso la negación de información la falta relacionada a la causa a las víctimas y la acusación privada de la familia Cáceres como parte de la debida diligencia en la realización de peritajes y la denegación por parte del Tribunal para que el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) se incorporara como víctima en el proceso.
Asimismo, condenaron campañas de desprestigio contra el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), organización que Berta co-fundó en 1993, por parte de un bufete privado en representación de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA).
Por último, la Coalición contra la Impunidad instó al Tribunal de sentencia “a que realice un efectivo control jurisdiccional independiente que garantice una participación real de las víctimas en el proceso y que emita una sentencia coherente con las pruebas que el Ministerio Público y las acusaciones privadas han propuesto y evacuaran, cumpliendo así la obligación del Estado de sancionar a los responsables de los hechos”.
A continuación, Conexihon reproduce íntegro el Comunicado de la Coalición contra la Impunidad.
PRONUNCIAMIENTO DE LA COALICIÓN CONTRA LA IMPUNIDAD
ANTE EL JUICIO DE LA CAUSA BERTA CÁCERES
La Coalición contra la Impunidad, frente al inicio del juicio de la causa Berta Cáceres, programada para el 17 de septiembre de este año, ante la opinión pública nacional e internacional, se pronuncia de la siguiente manera:
PRIMERO: La Coalición Contra la Impunidad mantendrá el rol de acompañante durante el desarrollo del juicio, en el cual ya se observan una serie de obstáculos e ilegalidades que han viciado el proceso.
SEGUNDO: Valoramos como un factor negativo determinante la falta y negación de acceso a la información relacionada a la causa a las víctimas y sus apoderados legales, como parte de la debida diligencia en la realización de peritajes y la denegación por parte del Tribunal para que el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) se incorporara como víctima en el proceso.
TERCERO: Demandamos el esclarecimiento real de los hechos y el derecho de acceso a la justicia que incluye la citación como testigos de varios miembros de la familia Atala Zablah, dueños de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA).
CUARTO: Denunciamos que el Ministerio Público, aun contando con la información necesaria, no ha acusado a los autores intelectuales de alto nivel pues hasta el momento sólo se enjuician como autores materiales a: Emerson Duarte Meza, Edilson Atilio Duarte Meza, Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Henrry Javier Hernández, Oscar Aroldo Torres Velásquez y como autores intermediarios a: Mariano Díaz Chávez, militar activo al momento del asesinato, Douglas Geovanny Bustillo, exjefe de seguridad de DESA, Sergio Ramón Rodríguez Orellana Gerente del área social, ambiental y de comunicaciones de DESA.
QUINTO: Condenamos la campaña de desprestigio y desinformación realizada por un bufete privado en representación de la empresa DESA en contra del COPINH.
SEXTO: Lamentamos la falta de esclarecimiento en que se encuentran las decenas de denuncias interpuestas por Berta Cáceres por las agresiones ejercidas en su contra previas a su asesinato.
SÉPTIMO: Instamos al Ministerio Público a que aporte todos los elementos de prueba que están en su poder contra los acusados y que presente las acusaciones pendientes contra los autores intelectuales como parte de una participación diligente como representante de la sociedad hondureña en el juicio que se llevará a cabo este mes de septiembre.
FINALMENTE: Instamos al Tribunal de Sentencia a que realice un efectivo control jurisdiccional independiente que garantice una participación real de las víctimas en el proceso y que emita una sentencia coherente con las pruebas que el Ministerio Público y las acusaciones privadas han propuesto y evacuaran, cumpliendo así la obligación del Estado de sancionar a los responsables de los hechos.
Tegucigalpa, Honduras, 06 de septiembre de 2018
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- La Coalición contra la Impunidad anunció este jueves su acompañamiento el Juicio Oral y público contra los ocho implicados en el asesinato de Bertha Cáceres, programado para este 17 de septiembre, donde ya se muestran “una serie de obstáculos e ilegalidades que han viciado el proceso”.
Dentro de los obstáculos e ilegalidades, la Coalición expuso la negación de información la falta relacionada a la causa a las víctimas y la acusación privada de la familia Cáceres como parte de la debida diligencia en la realización de peritajes y la denegación por parte del Tribunal para que el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) se incorporara como víctima en el proceso.
Asimismo, condenaron campañas de desprestigio contra el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), organización que Berta co-fundó en 1993, por parte de un bufete privado en representación de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA).
Por último, la Coalición contra la Impunidad instó al Tribunal de sentencia “a que realice un efectivo control jurisdiccional independiente que garantice una participación real de las víctimas en el proceso y que emita una sentencia coherente con las pruebas que el Ministerio Público y las acusaciones privadas han propuesto y evacuaran, cumpliendo así la obligación del Estado de sancionar a los responsables de los hechos”.
A continuación, Conexihon reproduce íntegro el Comunicado de la Coalición contra la Impunidad.
PRONUNCIAMIENTO DE LA COALICIÓN CONTRA LA IMPUNIDAD
ANTE EL JUICIO DE LA CAUSA BERTA CÁCERES
La Coalición contra la Impunidad, frente al inicio del juicio de la causa Berta Cáceres, programada para el 17 de septiembre de este año, ante la opinión pública nacional e internacional, se pronuncia de la siguiente manera:
PRIMERO: La Coalición Contra la Impunidad mantendrá el rol de acompañante durante el desarrollo del juicio, en el cual ya se observan una serie de obstáculos e ilegalidades que han viciado el proceso.
SEGUNDO: Valoramos como un factor negativo determinante la falta y negación de acceso a la información relacionada a la causa a las víctimas y sus apoderados legales, como parte de la debida diligencia en la realización de peritajes y la denegación por parte del Tribunal para que el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) se incorporara como víctima en el proceso.
TERCERO: Demandamos el esclarecimiento real de los hechos y el derecho de acceso a la justicia que incluye la citación como testigos de varios miembros de la familia Atala Zablah, dueños de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA).
CUARTO: Denunciamos que el Ministerio Público, aun contando con la información necesaria, no ha acusado a los autores intelectuales de alto nivel pues hasta el momento sólo se enjuician como autores materiales a: Emerson Duarte Meza, Edilson Atilio Duarte Meza, Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Henrry Javier Hernández, Oscar Aroldo Torres Velásquez y como autores intermediarios a: Mariano Díaz Chávez, militar activo al momento del asesinato, Douglas Geovanny Bustillo, exjefe de seguridad de DESA, Sergio Ramón Rodríguez Orellana Gerente del área social, ambiental y de comunicaciones de DESA.
QUINTO: Condenamos la campaña de desprestigio y desinformación realizada por un bufete privado en representación de la empresa DESA en contra del COPINH.
SEXTO: Lamentamos la falta de esclarecimiento en que se encuentran las decenas de denuncias interpuestas por Berta Cáceres por las agresiones ejercidas en su contra previas a su asesinato.
SÉPTIMO: Instamos al Ministerio Público a que aporte todos los elementos de prueba que están en su poder contra los acusados y que presente las acusaciones pendientes contra los autores intelectuales como parte de una participación diligente como representante de la sociedad hondureña en el juicio que se llevará a cabo este mes de septiembre.
FINALMENTE: Instamos al Tribunal de Sentencia a que realice un efectivo control jurisdiccional independiente que garantice una participación real de las víctimas en el proceso y que emita una sentencia coherente con las pruebas que el Ministerio Público y las acusaciones privadas han propuesto y evacuaran, cumpliendo así la obligación del Estado de sancionar a los responsables de los hechos.
Tegucigalpa, Honduras, 06 de septiembre de 2018
MP no fue al juicio contra hombre que pretendió apuñalar a periodista César Silva
Wednesday, 05 September 2018 00:41 Written by Salvador Monroy Published in Amenazas a la Libertad de Expresión
La imagen capta el momento en que el periodista transmite en vivo y su atacante se aproxima para tratar de apuñalarle.
Una peculiar Audiencia Inicial sin el imputado ni el Ministerio
Público, se llevó a cabo en los Juzgados de lo Penal. Se trata del caso
del hombre que meses atrás intentó apuñalar al periodista César Silva
cuando éste transmitía en vivo desde las cercanías de un hospital.
A pesar de que el periodista César Silva presentó la denuncia y que
el Ministerio Público emitiera requerimiento fiscal en contra Abelardo
Mendoza Erazo, el juez que conoció la causa lo dejó en libertad al
declarar sobreseimiento provisional a favor de alguien que ni se
presentó a los juzgados.
Silva fue atacado por Mendoza Erazo el pasado 13 de enero de 2018, cuando realizaba una transmisión en el programa “Conversando con Silva” del canal UNE TV de Tegucigalpa, en donde intercedió por él un policía quien pasaba en ese momento por el lugar y que evitó pudiera perder la vida.
El comunicador social viene recibiendo constantes ataques por su labor periodística desde el golpe de Estado de 2009. Persecuciones, cierres de fuentes informativas, un secuestro, exilio, campañas de desprestigio, son solo algunos datos de la situación de violencia contra este periodista que es muy crítico hacia las acciones que realiza el gobierno de turno y los grupos de poder.
Este caso está incluido en uno de los 18 de la crisis post electoral después de las elecciones generales de noviembre de 2017, sobre los cuales el Ministerio Público giró requerimientos fiscales contra policías y militares que agredieron a periodistas.
En el marco de la visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), el MP anunció 18 requerimientos fiscales entre los que figuraban ataques a periodistas y comunicadores sociales.
No obstante en esta causa quedó demostrado que solamente se trató de algo mediático para impactar a la CIDH. El MP no sustentó el caso y mandó un mensaje “alentador” para quienes agreden a periodistas y que sepan que ni siquiera van a los juicios y les dejan en libertad.
La acción del Ministerio Pública fue catalogada por el periodista Silva como lenta, ya que fue él mismo fue quien llamó al 911 de la policía para denunciar al agresor, dando todas las carácterísticas y hasta el lugar del domicilio, pero nunca fue capturado y llevado a audiencia por parte de las autoridades, lo cual fue considerado como una negligencia de parte de las autoridades investigativas, porque el responsable ni fue requerido, ni capturado y mucho menos estuvo en la Audiencia de Imputado.
Decepción y coraje
Al ser consultado por pasosdeanimalgrande.com sobre el fallo del juez
en la audiencia contra el imputado, Silva indicó que la acción del
togado sólo deja decepción y coraje por tanta impunidad en el sector
justicia.
“Lo que me da es decepción y al mismo tiempo coraje ante tanta impunidad, el caso se lleva a audiencia, pero no hay nadie capturado y no entiendo qué es lo que está buscando el Ministerio Público, pues llevaron a los tribunales al policía que intercedió para que no se diera una desgracia, pero al verdadero victimario, al verdadero hechor, jamás se le ha capturado, jamás se le ha dado seguimiento, e incluso en algún momento se dijo que hasta el expediente se había extraviado”, señaló Silva.
Para Silva el caso deja claro el ambiente de impunidad que impera en Honduras, “sólo aquí se puede llevar a cabo una audiencia de declaración de imputado donde el responsable se encuentra libre y el caso es declarado con sobreseimiento provisional”.
De acuerdo al agredido en la audiencia se pretendía por parte del Ministerio Público acusar al policía que evitó que fuera nuevamente agredido ya que en el primer intento el hombre le lanzó una estocada con un puñal que si no hubiera sido ágil en esquivarla habría muerto.
“Al policía lo estaban acusando y no estaban acusando al agresor, tal vez el policía pudo tener algún grado de responsabilidad al no haber arrestado en su momento al agresor, pero él estaba allí por casualidad, y de una u otra manera el intervino para que no me volviera a agredir a mí y él alegó que nunca vio el arma y el video es claro en eso, porque el agresor ya había guardado el arma en un estuche y eso yo lo declaré así como sucedieron lo hechos”, agregó.
Silva en todo momento, destacó que esperaba que capturaran al responsable del hecho, a Mendoza Erazo, “pues yo le dí a la Dirección de Policía de Investigación, (DPI) y al Ministerio Público, el lugar en donde vive, fotografía y video
Versión del MP
Lorena Cálix, sub oficial de información del Ministerio Público indicó que el caso del periodista Silva fue sobreseído por juez competente que conoció la causa.
“Según un cuadro actualizado del estado procesal de 18 casos judicializados de la crisis post electoral, según la información proporcionada por la fiscal especial de los Derechos Humanos, Soraya Morales, fiscal en jefe en esta materia, estos 18 casos judicializados van en curso normal del procedimiento penal que se sigue, en la mayoría ya se celebró la audiencia de declaración de imputado, en otros se programó fecha de audiencia inicial, y en algunos ya se celebró la audiencia inicial”.
Cálix dijo que el caso puntual en donde hay periodistas dentro de los casos y que han sido ofendidos, “específicamente en el expediente judicial No. 2119 del 18J21 referido a un periodista, quien es el licenciado César Omar Silva, se celebró la audiencia inicial en fecha 21 de agosto del año 2018, donde se declaró por parte del juez competente, sobreseimiento provisional”.
La sub oficial de información del MP destacó que los demás casos denominados del periodo post electoral los están conociendo las demás instancias, en los departamentos de Francisco Morazán, Choluteca y las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula, El Progreso y en Juticalpa. En casi el 60 por ciento de los casos está pendiente la audiencia inicial para continuar con los procesos penales.
De acuerdo a la fuente del Ministerio Público los casos ya están en otras dependencias judiciales y dejan de ser competencia de dicha institución.
Otros casos de periodistas
Al consultarse al Ministerio Público sobre los demás casos que se han denunciado a esa dependencia en donde han sido agredidos periodistas, Cálix manifestó que “lo que me ha dicho la abogada Soraya Morales es que no son sólo estas lineas de investigación, ella me ha hablado de una importante cantidad y de que en los próximos días se van a presentar más acciones”, concluyó.
En Cholutca, al Sur de Honduras otro requerimiento fiscal fue librado, ya se llevó a cabo la primera audiencia y el próximo 07 de septiembre una mujer joven irá a la audiencia inicial. Ella fue acusada de amenazar de muerte a Jairo López.
De acuerdo a lo que ha denunciado el afectado le amenazó a través de su programa El Informador, por lo que de inmediato averiguó de quién se trataba y fue a interponer la denuncia. Es una joven del programa Vida Mejor del gobierno de Juan Orlando Hernández, aparentemente usada para aumentar la presión contra López que ha sido víctima de innumerables ataques solo por criticar al presidente de la República y al titular del Congreso Nacional, Mauricio Oliva.
Silva fue atacado por Mendoza Erazo el pasado 13 de enero de 2018, cuando realizaba una transmisión en el programa “Conversando con Silva” del canal UNE TV de Tegucigalpa, en donde intercedió por él un policía quien pasaba en ese momento por el lugar y que evitó pudiera perder la vida.
El comunicador social viene recibiendo constantes ataques por su labor periodística desde el golpe de Estado de 2009. Persecuciones, cierres de fuentes informativas, un secuestro, exilio, campañas de desprestigio, son solo algunos datos de la situación de violencia contra este periodista que es muy crítico hacia las acciones que realiza el gobierno de turno y los grupos de poder.
Este caso está incluido en uno de los 18 de la crisis post electoral después de las elecciones generales de noviembre de 2017, sobre los cuales el Ministerio Público giró requerimientos fiscales contra policías y militares que agredieron a periodistas.
En el marco de la visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), el MP anunció 18 requerimientos fiscales entre los que figuraban ataques a periodistas y comunicadores sociales.
No obstante en esta causa quedó demostrado que solamente se trató de algo mediático para impactar a la CIDH. El MP no sustentó el caso y mandó un mensaje “alentador” para quienes agreden a periodistas y que sepan que ni siquiera van a los juicios y les dejan en libertad.
La acción del Ministerio Pública fue catalogada por el periodista Silva como lenta, ya que fue él mismo fue quien llamó al 911 de la policía para denunciar al agresor, dando todas las carácterísticas y hasta el lugar del domicilio, pero nunca fue capturado y llevado a audiencia por parte de las autoridades, lo cual fue considerado como una negligencia de parte de las autoridades investigativas, porque el responsable ni fue requerido, ni capturado y mucho menos estuvo en la Audiencia de Imputado.
Decepción y coraje
Medios de comunicación difundieron el ataque.
Véase el puñal en
las manos del atacante.
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“Lo que me da es decepción y al mismo tiempo coraje ante tanta impunidad, el caso se lleva a audiencia, pero no hay nadie capturado y no entiendo qué es lo que está buscando el Ministerio Público, pues llevaron a los tribunales al policía que intercedió para que no se diera una desgracia, pero al verdadero victimario, al verdadero hechor, jamás se le ha capturado, jamás se le ha dado seguimiento, e incluso en algún momento se dijo que hasta el expediente se había extraviado”, señaló Silva.
Para Silva el caso deja claro el ambiente de impunidad que impera en Honduras, “sólo aquí se puede llevar a cabo una audiencia de declaración de imputado donde el responsable se encuentra libre y el caso es declarado con sobreseimiento provisional”.
De acuerdo al agredido en la audiencia se pretendía por parte del Ministerio Público acusar al policía que evitó que fuera nuevamente agredido ya que en el primer intento el hombre le lanzó una estocada con un puñal que si no hubiera sido ágil en esquivarla habría muerto.
“Al policía lo estaban acusando y no estaban acusando al agresor, tal vez el policía pudo tener algún grado de responsabilidad al no haber arrestado en su momento al agresor, pero él estaba allí por casualidad, y de una u otra manera el intervino para que no me volviera a agredir a mí y él alegó que nunca vio el arma y el video es claro en eso, porque el agresor ya había guardado el arma en un estuche y eso yo lo declaré así como sucedieron lo hechos”, agregó.
Silva en todo momento, destacó que esperaba que capturaran al responsable del hecho, a Mendoza Erazo, “pues yo le dí a la Dirección de Policía de Investigación, (DPI) y al Ministerio Público, el lugar en donde vive, fotografía y video
Versión del MP
Lorena Cálix, sub oficial de información del Ministerio Público indicó que el caso del periodista Silva fue sobreseído por juez competente que conoció la causa.
“Según un cuadro actualizado del estado procesal de 18 casos judicializados de la crisis post electoral, según la información proporcionada por la fiscal especial de los Derechos Humanos, Soraya Morales, fiscal en jefe en esta materia, estos 18 casos judicializados van en curso normal del procedimiento penal que se sigue, en la mayoría ya se celebró la audiencia de declaración de imputado, en otros se programó fecha de audiencia inicial, y en algunos ya se celebró la audiencia inicial”.
Cálix dijo que el caso puntual en donde hay periodistas dentro de los casos y que han sido ofendidos, “específicamente en el expediente judicial No. 2119 del 18J21 referido a un periodista, quien es el licenciado César Omar Silva, se celebró la audiencia inicial en fecha 21 de agosto del año 2018, donde se declaró por parte del juez competente, sobreseimiento provisional”.
La sub oficial de información del MP destacó que los demás casos denominados del periodo post electoral los están conociendo las demás instancias, en los departamentos de Francisco Morazán, Choluteca y las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula, El Progreso y en Juticalpa. En casi el 60 por ciento de los casos está pendiente la audiencia inicial para continuar con los procesos penales.
De acuerdo a la fuente del Ministerio Público los casos ya están en otras dependencias judiciales y dejan de ser competencia de dicha institución.
Otros casos de periodistas
Al consultarse al Ministerio Público sobre los demás casos que se han denunciado a esa dependencia en donde han sido agredidos periodistas, Cálix manifestó que “lo que me ha dicho la abogada Soraya Morales es que no son sólo estas lineas de investigación, ella me ha hablado de una importante cantidad y de que en los próximos días se van a presentar más acciones”, concluyó.
En Cholutca, al Sur de Honduras otro requerimiento fiscal fue librado, ya se llevó a cabo la primera audiencia y el próximo 07 de septiembre una mujer joven irá a la audiencia inicial. Ella fue acusada de amenazar de muerte a Jairo López.
De acuerdo a lo que ha denunciado el afectado le amenazó a través de su programa El Informador, por lo que de inmediato averiguó de quién se trataba y fue a interponer la denuncia. Es una joven del programa Vida Mejor del gobierno de Juan Orlando Hernández, aparentemente usada para aumentar la presión contra López que ha sido víctima de innumerables ataques solo por criticar al presidente de la República y al titular del Congreso Nacional, Mauricio Oliva.
Chile: a 45 años del Golpe de Estado
Último mensaje radial del Presidente Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973
"Ante estos hechos, sólo me cabe decirle a los
trabajadores: ¡Yo no voy a renunciar! Colocado en un tránsito histórico,
pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la
certeza de que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de
miles y miles de chilenos, no podrá ser segada definitivamente."
"Trabajadores de mi patria: tengo fe en Chile y su
destino. Superarán otros hombres este momento gris y amargo, donde la
traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que, mucho más
temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase
el hombre libre para construir una sociedad mejor." - Presidente Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973
Último mensaje radial del Presidente Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973
Amigos míos:
Seguramente esta es la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación.
Mis palabras no tienen
amargura, sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que
han traicionado el juramento que hicieron... soldados de Chile,
comandantes en jefe titulares, el almirante Merino que se ha
autodesignado, más el señor Mendoza, general rastrero ... que sólo ayer
manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno, también se ha nominado
director general de Carabineros.
Ante
estos hechos, sólo me cabe decirle a los trabajadores: ¡Yo no voy a
renunciar! Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la
lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza de que la semilla
que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos, no
podrá ser segada definitivamente.
Tienen
la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos
sociales ni con el crimen... ni con la fuerza. La historia es nuestra y
la hacen los pueblos.
Trabajadores
de mi patria: Quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la
confianza que depositaron en un hombre que sólo fue intérprete de
grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra en que respetaría la
Constitución y la ley y así lo hizo. En este momento definitivo, el
último en que yo pueda dirigirme a ustedes,. quiero que aprovechen la
lección. El capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó
el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición, la que les
enseñara Schneider y que reafirmara el comandante Araya, víctimas del
mismo sector social que hoy estará en sus casas, esperando con mano
ajena reconquistar el poder para seguir defendiendo sus granjerías y sus
privilegios.
Me
dirijo, sobre todo, a la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina
que creyó en nosotros; a la obrera que trabajó más, a la madre que supo
de nuestra preocupación por los niños. Me dirijo a los profesionales de
la patria, a los profesionales patriotas, a los que hace días
estuvieron trabajando contra la sedición auspiciada por los Colegios
profesionales, colegios de clase para defender también las ventajas que
una sociedad capitalista da a unos pocos. Me dirijo a la juventud, a
aquellos que cantaron, entregaron su alegría y su espíritu de lucha. Me
dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, a
aquellos que serán perseguidos... porque en nuestro país el fascismo ya
estuvo hace muchas horas presente en los atentados terroristas, volando
los puentes, cortando la línea férrea, destruyendo los oleoductos y los
gaseoductos, frente al silencio de los que tenían la obligación de
proceder: estaban comprometidos. La historia los juzgará.
Seguramente
Radio Magallanes será callada y el metal tranquilo de mi voz no llegará
a ustedes. No importa, lo seguirán oyendo. Siempre estaré junto a
ustedes. Por lo menos, mi recuerdo será el de un hombre digno que fue
leal a la lealtad de los trabajadores.
El pueblo debe defenderse, pero no sacrificarse. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillarse.
Trabajadores
de mi patria: tengo fe en Chile y su destino. Superarán otros hombres
este momento gris y amargo, donde la traición pretende imponerse. Sigan
ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las
grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una
sociedad mejor.
¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores!
Éstas
son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no
será en vano. Tengo la certeza de que, por lo menos, habrá una lección
moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición.