Berta Cáceres: Quien Es y Como Vivio
El 2 de marzo, 2018, marca el segundo aniversario del asesinato de Berta Caceres. En el Honduras de hoy dia, el anti-democratico y corrupto, represivo y violento Honduras de hoy, apoyado por los Estados Unidos, Canada y otros actores de la “comunidad internacional”, obviamente no se ha hecho justicia por este crimen politico, ni menos por cientos de Hondurenos asesinados y matados desde el golpe del 2009.
Fue el 2 de marzo, 2016, que asesinaron a Berta Caceres, una gran mujer Lenca de La Esperanza, Intibuca, en el occidente de Honduras. La asesinaron por quien es, por como vivió, como resistió y luchó durante toda su vida. Por su vida, sicarios irrumpieron en su vivienda y la mataron a balazos.
A la vez, intentaron a matar a Gustavo Castro, un defensor de la madre tierra y de los derechos humanos de Mexico. El visitaba a Berta y su organizacion COPINH. Le alcanzaron con dos balas, y por poco no murio; los asesinos huyeron en la noche, dejando a Gustavo en su propio sangre, Berta muerta en el cuarto a la par.
Berta era una madre de cuatro hijos, una abuela, una hermana y una hija. Y para todas las personas que la conocimos – que aprendimos de ella, de su fortaleza, valor y sabiduría, para quienes le seguimos – una compañera.
¿Quién la mató?
Le mataron todas las personas e instituciones económicas y políticas contra cuya codicia e intereses ella vivió, quedo firme y luchó. Berta vivió luchando en contra de todas las injusticias, todas las desigualdades, todas las discriminaciones, y todas las actividades que destruyen la Madre Tierra.
Fue asesinada …
* por los 500 años de imperialismo Europeo racista, violento y despojador,
* por los 200 años de intervenciones militares, explotación, corrupción e impunidad de Estados Unidos,
* por las generaciones de “gobiernos” Hondureños violentos, explotadores, racistas y sexistas, todos con el respaldo de la “comunidad internacional”: los Estados Unidos, Canadá, las grandes corporaciones globales, el FMI, el Banco Mundial, el BID, etc.
Berta fue asesinada …
* por una eternidad del patriarcado,
* por los siglos de racismo contra los pueblos indígenas y afrodescendientes de Honduras y las Américas,
* por los tratados de “libre comercio” concebidos por la codicia e impuestos por la violencia,
* por la avaricie interminable inherente a las corporaciones globales e inversionistas, respaldados siempre por la riqueza y el poder de las naciones adineradas y “democráticas” (muchos de los cuales miembros del despreciable club de los G-8) que explotan, reprimen y denigren al “tercer mundo”, que crean, establezcan y luego se burlan de las llamadas “repúblicas bananeras”,
* por el FMI, el Banco Mundial, el BID, etc. – instituciones creadas y dominadas por esas mismas naciones adineradas, poderosas y “democráticas”.
Berta fue asesinada …
* por las corporaciones y los inversionistas que conciben al mundo – sus bosques y su tierra, sus recursos naturales, sus ríos, aguas y aire, sus pueblos y toda forma de vida – como si fueran objetos explotables y descartables, para luego robar, matar y destruir vigorosamente para ganarse sus millones y miles de millones,
* por los infames monopolios bananeros (la empresa United Fruit, etc.) y los magnates del ferrocarril de los siglos 1800 y 1900;
* por los productores de la palma africana (de la Corporación Dinant, financiada por el Banco Mundial) y la caña de azúcar para los consumidores globales de “energías verdes” (el etanol y el biocombustible);
* por las maquiladoras explotadoras de la mano de obra barata (Gildan Inc., etc.);
por las empresas hidroeléctricas (DESA Agua Zarca, etc.) que se benefician de la privatización de los ríos y las fuentes de agua;
* por los enclaves turísticos exclusivos (operados por el “rey del porno” Canadiense Randy Jorgensen, etc.) violentamente desplazando a los pueblos Garifunas de sus tierras comunales en la costa norte de Honduras;
* por las empresas mineras (Goldcorp Inc., Aura Minerale, etc.) que desgarran la Madre Tierra para los especuladores del oro, que envenenan las aguas del Valle de Siria y la sangre de sus pobladores, que despojan a los pobladores y hasta sus muertos en Azacualpa para alcanzar aun mas oro.
Berta fue asesinada …
* por la “Guerra contra las Drogas”, creada, financiada y armada por los Estados Unidos, que tomó las situaciones antidemocráticas, injustas, corruptas y violentas en Honduras (Guatemala, México, etc.) y los empeoró, mientras que el consumo de drogas en los Estados Unidos se aumenta, mientras que se incrementen las ganancias que reciben los fabricantes de armas, mientras que se incrementa el dinero de los impuestos que se destinen a los ejércitos y fuerzas ‘especiales’ en varios países,
Y más recientemente, Berta fue asesinada …
* por el golpe de estado de junio de 2009, respaldado por los Estados Unidos y Canadá, que destituyó un gobierno elegido democráticamente para devolverle el poder a los mismos élites que por tanto tiempo dominaron y abusaron de Honduras; quienes una vez en el poder nuevamente, lo tomaron todo y lo empeoraron todo, usando la represión como un arma de terrorismo y control social, contratando a sicarios para señalar y asesinar a tantos cientos de personas desde el golpe de estado, personas como Berta.
Nueve años después del golpe de estado, Honduras tiene la mayor tasa de homicidio per cápita en el mundo, y entre las tasas más altas de represión, feminicidio, asesinato de periodistas, corrupción e impunidad en las Américas. Ignorando o hasta negando todo lo anterior, los gobiernos de Estados Unidos y Canadá firman tratados de “libre comercio” y promueven la expansión de nuestras compañías e inversiones mineras, en turismo, maquiladoras, bananeras, etc.
Berta fue asesinada por todas esas personas, instituciones e intereses porque, tal como cualquier persona puede confirmar que la conocía, y que aprendía de su fortaleza, coraje y sabiduría, y la seguía – estas son las cosas contra las cuales ella vivió, resistió y luchó, durante toda su vida.
Los Motivos Por Los Que Vivió, Se Defendió Y Luchó?
Por usted, por mí y por todas y todos. Por todos los derechos humanos, colectivos e individuales, de todas las personas en todos los países.
Por todas formas de vidas, y por la Madre Tierra misma – el suelo, los campos y los bosques, el aire y el agua, en este planeta tierra solitaria y preciosa.
Berta vivió, resistió y luchó porque otro mundo es necesario y posible.
¿Qué Hacer?
Me siento apesadumbrado por los hijos, la madre, las hermanas, los hermanos, la familia y las amigas y amigos de Berta en La Esperanza, en Honduras y por todas las Américas. De nuevo este orden mundial humano en que vivimos ha destrozado una parte de nuestros corazones.
Y mientras que una parte de nosotras y nosotros se muere con Berta, una gran parte de Berta sigue viviendo.
¿Qué hacer? Hagan lo que hubiera hecho Berta, lo que siempre hizo. Vivan, resisten y luchen todas y todos juntos. Tómense de las manos. Busquen y apoyen a las innumerables víctimas de esta orden global infame. Y siempre, vivan, defienden y luchen en contra de todas las injusticias y desigualdades, todas las discriminaciones, todas las actividades que destruyen a la Madre Tierra, y por otro mundo que es necesario y posible.
Gracias Berta. Se te extraña. Eres absolutamente respetada y querida.
Gremios de periodistas señalan que no observan interés del Estado hondureño en fortalecer el Mecanismo de Protección
Monday, 25 June 2018 12:31 Written by Salvador Monroy Published in Monitoreo de compromisos internacionales
En la foto el periodista Cesario Padilla es reprimido por policías cuando cubría el conflicto en la UNAH
Tanto el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) como la
Asociación de Prensa Hondureña, APH, esperan que el Mecanismo de
Protección para Periodistas, Comunicadores, Defensores y Defensoras de
los Derechos Humanos y Operadores de Justicia, se fortalezca para
beneficio de los sectores víctimas de violaciones a los derechos
humanos, de parte de los entes agresores.
Una de las mayores deficiencias detectadas por los gremios
periodísticos es la falta de financiamiento, el cual es insuficiente
para brindar protección a los afectados y la falta de interés de parte
del Estado en querer fortalecerlo para darle respuestas concretas sobre
investigaciones y resover los casos de agresiones y resolver los casos
de las muertes de periodistas y comunicadores sociales.
Avance
Para el presidente del Colegio de Periodistas de Honduras,(CPH),
Dagoberto Rodríguez, contar con un Mecanismo de Protección para
periodistas eso ya es un avance el cual hace años no existía.
“El Mecanismo de Protección a Periodistas ya es un avance, antes no lo teníamos, ya hay un mecanismo al cual acudir, yo personalmente fui objeto de amenazas a muerte y en cierto momento tuve que salir del país, aunque no existía en aquel momento, por lo cual yo tuve que acudir al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos”.
Rodríguez dijo que “hoy no es necesario acudir al Comisionado, tenemos un Mecanismo de Protección que nos permite acudir a él, recibir medidas de protección por parte de las autoridades y eso es importante y creemos que ya es un avance, además se creó la Fiscalía Especial para casos de periodistas, defensores de derechos humanos y operadores de justicia y yo creo que es otro avance importante”.
Falta investigación
Aunque indicó que no solamente es importante contar con una institucionalidad, también los es la investigación de los casos que afectan a los periodistas y comunicadores sociales del país.
“Nosotros hemos demandado investigación en los casos de periodistas amenazados, agredidos y asesinados y creemos que esta fiscalía puede ayudar mucho a resolver esos casos y a reducir esa alta impunidad que existe en los casos de periodistas, a quienes se les han violentado sus derechos”, estableció.
Rodríguez indicó que como gremio “el Colegio de Periodistas ha tomado acciones particularmente por la crisis post electoral, por un lado, ha venido demandando la resolución de los casos de asesinatos a periodistas. Nos henos reunido con fiscales, ministros de seguridad y con otras autoridades para presionar que se resuelvan los asesinatos de periodistas”.
Destacó que con las agresiones, amenazas e intimidaciones, “nosotros presentamos en enero de este año en esta gestión una denuncia formal por amenazas, intimidaciones y agresiones a periodistas y que están allí en el Ministerio Público, para que se investigaran estos casos contra los responsables, porque habían amenazas, intimidaciones y agresiones por parte del Estado, de soldados, policías y por parte de miembros de la Alianza de Oposición”.
Señaló que el CPH ha presentado denuncias que “abarcan a directores, jefes de redacción, coordinadores que estaban siendo amenazados y también a periodistas de UNETV, HispanTV, Televisión Azteca y otros medios de comunicación, que durante las protestas fueron agredidos por las fuerzas del orden”.
Propuestas
De acuerdo al representante de los periodistas se han hecho varias propuestas para eficientar al Mecanismo de Protección.
“Sí, particularmente que se mejore el presupuesto del Mecanismo de Protección porque sentimos de que el presupuesto de 24 millones de lempiras es insuficiente para darle atención a la gran cantidad de defensores de los derechos humanos que han solicitado medidas de protección, así como a periodistas. Actualmente hay alrededor de 55 periodistas y comunicadores sociales que han solicitado medidas de protección”, detalló.
“El año antepasado tuvimos una reunión con el Presidente del Congreso Nacional, le planteamos e incluso le entregamos una propuesta, para que se aumentara el presupuesto del Mecanismo de Protección, igualmente se lo planteamos al Presidente de la República para que se le mejoren las finanzas, hemos planteado que los trámites y particularmente lo que tiene que ver con la resolución de los casos, el Mecanismo debe ser mucho más expedito y menos burocrático, de modo que se puedan atender inmediatamente los casos que se presentan, para que las personas que están solicitando medidas de protección no corran perligro”, manifestó el representante del CPH.
Agregó que “otra petición del Colegio ha sido que se cree una unidad de investigación para que las denuncias de solicitudes de protección no se queden como una denuncia nada más sino que se investigue , para que se determine de dónde proceden estas amenazas, que se capture y se judicialice a los responsables”.
Solicitudes
Rodríguez declaró que las solicitudes de protección que han presentado ante el Mecanismo de Protección han sido resueltas.
“La mayoría han sido aceptadas, de hecho el Colegio ha presentado casos, yo personalmente de hecho he llevado casos al Mecanismo de Protección, se les han otorgado medidas de protección. Una colega que recientemente tuvo que salir del país por amenazas se le estuvieron dando medidas de protección. Hay otras también que el Colegio tramitó que también están recibiendo medidas de protección”, detalló.
Para el también periodista, “la ley establece que en casos concretos donde la amenaza o agresión no tiene nada que ver el ejercicio de la profesión se rechazan las medidas de protección, sin embargo en los casos que nosotros hemos tramitado sí se han aceptado casi todos”, indicó.
Estadísticas
Sobre las estadísticas que maneja el CPH, señaló que hay 33 periodistas con medidas de protección hasta junio de este año y que aumentaron a raíz de la crisis pos electoral, asimismo hay 22 comunicadores sociales bajo ese régimen. En total son 55 entre periodistas y comunicadores que gozan de protección en el sistema.
Sectores
Dagoberto Rodríguez mencionó que la mayoría de casos de agresiones contra los periodistas se generan en las principales ciudades del país, en Tegucigalpa y San Pedro Sula.
“Hay casos también en Colón, en La Ceiba y Tela, en donde hemos conocido de casos personales de amenazas muy delicadas, gente que está allá, pero que igual tienen medidas de protección. Generalmente los casos se dan más acá en Tegucigalpa y con la crisis post electoral se dio un incremento en las solicitudes de protección para el Mecanismo, particularmente de aquí de la capital de la República y San Pedro Sula”.
Sobre los casos registrados en el presente año dijo “hay bastantes , aunque no tengo el número exacto, pero la información que tenemos es que entre diciembre, enero y febrero aumentaron las solicitudes de protección para periodistas”.
Director
Sobre las autoridades que dirigen el Mecanismo de Protección, Rodríguez informó que anteriormente “estaba la abogada Nora Urbina quien renunció por motivos personales, sin embargo ya en la última sesión que tuvimos en mayo pasado, se nombró al nuevo director, a través de la asamblea que resolvió nombrar a Danilo Morales”.
“Él no es fiscal pero tiene una amplia experiencia en materia de derechos humanos”, finalizó.
Falta mucho por hacer
En tanto el presidente de la Asociación de Prensa Hondureña,(APH),
Carlos Ortiz, dijo hay mucho camino por recorrer y por hacer dentro del
Mecanismo de Protección.
“Es una buena iniciativa, sin embargo hay muchas cosas por hacer. Hemos estado insistiendo que el Mecanismo de Protección debe tener todos los recursos financieros por parte del Estado para poder accionar en forma inmediata en el tema de protección y salvar vidas de defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, que aunque la ley propone un mecanismo diferenciado para los operadores de justicia, no obstante, si es importante que estén acogidos al Mecanismo de Protección, porque desde el punto de vista del Estado, igual no es funcional” dijo.
Ortíz apuntó que “se han hecho intentos con la MACCIH (Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, de la Organización de Estados Americanos,OEA, para ver si es posible que podamos definir y hacerlo lo más viable posible como a un mecanismo diferenciado, pero ha sido casi imposible”.
“El Consejo Nacional de Protección en cuanto a las acciones, se hace lo que se puede, sin embargo se necesita una voluntad política del Estado, en este caso del Presidente de la República. Recientemente tuvimos una reunión de forma conjunta en el Consejo Nacional de Protección y demandamos un proceso de investigación, también porque hay una falencia del Ministerio Público en el tema”.
Argumentó que se ha creado la unidad de investigación para cuando los periodistas son agredidos o asesinados, “pero imagínense, ni siquiera fiscales de investigación tiene esta unidad, eso significa que se crean las instancias legales pero no hay personal técnico adecuado, hay algunas falencias que deben de ser subsanadas desde el Estado mismo y el Consejo Nacional de Protección. Desde el Consejo Nacional de Protección se hacen esfuerzos pero hay mucho que hacer”.
Recursos
De acuerdo a Ortiz, “tanto desde los representantes de la sociedad civil, el Colegio de Abogados, el Colegio de Periodistas y la Asociación de Prensa Hondureña, se han estado haciendo estos reclamos permanentes como tener mayores recursos financieros para el tema de protección, sin embargo hasta ahora se siguen manejando los ingresos de la Tasa de Seguridad que son 10 millones más otros 10 millones que son aportados por el Estado”, detalló.
También se necesita mucha voluntad política, declaró “yo creo que este tema es interesante porque cuando haya voluntad habrá un Mecanismo de Protección más eficiente”.
Según el representante de la APH, se han tenido algunos intercambios con el Mecanismo de Protección de México al cual visitaron recientemente y dijo que allí, “la Sociedad Civil juega un papel muy importante. Acá la Sociedad Civil que somos tres gremios, la Asociación de Fiscales y de Jueces, más dos representantes de la Sociedad Civil, hacemos lo que se puede pero a veces uno se siente un poquito debilitado”.
Casos
Sobre los casos que ha presentado la APH, ante el Mecanismo de Protección, Carlos Ortíz señaló que “hemos llevado casos de Danlí, de un colectivo, otro caso de Comayagua y el último que es uno reciente de Juticalpa, Olancho, que lo interpusimos ante el director del mecanismo por una violación de los derechos humanos y a la libertad de expresión de la misma policía que es parte del Mecanismo de Protección, así que hemos estado utilizando el Mecanismo de Protección”.
Apuntó que “en los últimos casos que la Asociación de Prensa ha presentado, dos de ellos han sido resueltos, probablemente el otro está en proceso porque es más reciente”.
Sobre los datos que la organización maneja destacó que son 305 solicitudes de medidas de protección, de los cuales sólo 74 no se admitieron y sí se le dio trámite a unas 231.
“Para el caso concreto de periodistas y comunicadores sociales tenemos acogidos al mecanismo de protección 38 periodistas y 22 comunicadores, de ellos hay 15 operadores de justicia que están protegidos dentro del Mecanismo de Protección y estos son datos al 30 de mayo del presente año”.
En cuanto a las nuevas autoridades del Mecanismo de Protección, Ortiz dijo que “ahora está Danilo Morales en el cargo, luego de que renunciara la abogada Nora Urbina. Morales es un persona que tiene alguna experiencia en Derechos Humanos y que fungió como Director de la Unidad de Análisis de Riesgo del Mecanismo de Protección, así que estaremos pendientes si logramos un mayor empuje del Mecanismo de Protección porque insisto, debe ser tratado como los demás entes o dirección, se trata de protección y de salvar vidas y sería como un llamado también a evitar el trámite engorroso, administrativo y financiero”, finalizó.
Avance
 Dagoberto Rodríguez-CPH |
“El Mecanismo de Protección a Periodistas ya es un avance, antes no lo teníamos, ya hay un mecanismo al cual acudir, yo personalmente fui objeto de amenazas a muerte y en cierto momento tuve que salir del país, aunque no existía en aquel momento, por lo cual yo tuve que acudir al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos”.
Rodríguez dijo que “hoy no es necesario acudir al Comisionado, tenemos un Mecanismo de Protección que nos permite acudir a él, recibir medidas de protección por parte de las autoridades y eso es importante y creemos que ya es un avance, además se creó la Fiscalía Especial para casos de periodistas, defensores de derechos humanos y operadores de justicia y yo creo que es otro avance importante”.
Falta investigación
Aunque indicó que no solamente es importante contar con una institucionalidad, también los es la investigación de los casos que afectan a los periodistas y comunicadores sociales del país.
“Nosotros hemos demandado investigación en los casos de periodistas amenazados, agredidos y asesinados y creemos que esta fiscalía puede ayudar mucho a resolver esos casos y a reducir esa alta impunidad que existe en los casos de periodistas, a quienes se les han violentado sus derechos”, estableció.
Rodríguez indicó que como gremio “el Colegio de Periodistas ha tomado acciones particularmente por la crisis post electoral, por un lado, ha venido demandando la resolución de los casos de asesinatos a periodistas. Nos henos reunido con fiscales, ministros de seguridad y con otras autoridades para presionar que se resuelvan los asesinatos de periodistas”.
Destacó que con las agresiones, amenazas e intimidaciones, “nosotros presentamos en enero de este año en esta gestión una denuncia formal por amenazas, intimidaciones y agresiones a periodistas y que están allí en el Ministerio Público, para que se investigaran estos casos contra los responsables, porque habían amenazas, intimidaciones y agresiones por parte del Estado, de soldados, policías y por parte de miembros de la Alianza de Oposición”.
Señaló que el CPH ha presentado denuncias que “abarcan a directores, jefes de redacción, coordinadores que estaban siendo amenazados y también a periodistas de UNETV, HispanTV, Televisión Azteca y otros medios de comunicación, que durante las protestas fueron agredidos por las fuerzas del orden”.
Propuestas
De acuerdo al representante de los periodistas se han hecho varias propuestas para eficientar al Mecanismo de Protección.
“Sí, particularmente que se mejore el presupuesto del Mecanismo de Protección porque sentimos de que el presupuesto de 24 millones de lempiras es insuficiente para darle atención a la gran cantidad de defensores de los derechos humanos que han solicitado medidas de protección, así como a periodistas. Actualmente hay alrededor de 55 periodistas y comunicadores sociales que han solicitado medidas de protección”, detalló.
“El año antepasado tuvimos una reunión con el Presidente del Congreso Nacional, le planteamos e incluso le entregamos una propuesta, para que se aumentara el presupuesto del Mecanismo de Protección, igualmente se lo planteamos al Presidente de la República para que se le mejoren las finanzas, hemos planteado que los trámites y particularmente lo que tiene que ver con la resolución de los casos, el Mecanismo debe ser mucho más expedito y menos burocrático, de modo que se puedan atender inmediatamente los casos que se presentan, para que las personas que están solicitando medidas de protección no corran perligro”, manifestó el representante del CPH.
Agregó que “otra petición del Colegio ha sido que se cree una unidad de investigación para que las denuncias de solicitudes de protección no se queden como una denuncia nada más sino que se investigue , para que se determine de dónde proceden estas amenazas, que se capture y se judicialice a los responsables”.
Solicitudes
Rodríguez declaró que las solicitudes de protección que han presentado ante el Mecanismo de Protección han sido resueltas.
“La mayoría han sido aceptadas, de hecho el Colegio ha presentado casos, yo personalmente de hecho he llevado casos al Mecanismo de Protección, se les han otorgado medidas de protección. Una colega que recientemente tuvo que salir del país por amenazas se le estuvieron dando medidas de protección. Hay otras también que el Colegio tramitó que también están recibiendo medidas de protección”, detalló.
Para el también periodista, “la ley establece que en casos concretos donde la amenaza o agresión no tiene nada que ver el ejercicio de la profesión se rechazan las medidas de protección, sin embargo en los casos que nosotros hemos tramitado sí se han aceptado casi todos”, indicó.
Estadísticas
Sobre las estadísticas que maneja el CPH, señaló que hay 33 periodistas con medidas de protección hasta junio de este año y que aumentaron a raíz de la crisis pos electoral, asimismo hay 22 comunicadores sociales bajo ese régimen. En total son 55 entre periodistas y comunicadores que gozan de protección en el sistema.
Sectores
Dagoberto Rodríguez mencionó que la mayoría de casos de agresiones contra los periodistas se generan en las principales ciudades del país, en Tegucigalpa y San Pedro Sula.
“Hay casos también en Colón, en La Ceiba y Tela, en donde hemos conocido de casos personales de amenazas muy delicadas, gente que está allá, pero que igual tienen medidas de protección. Generalmente los casos se dan más acá en Tegucigalpa y con la crisis post electoral se dio un incremento en las solicitudes de protección para el Mecanismo, particularmente de aquí de la capital de la República y San Pedro Sula”.
Sobre los casos registrados en el presente año dijo “hay bastantes , aunque no tengo el número exacto, pero la información que tenemos es que entre diciembre, enero y febrero aumentaron las solicitudes de protección para periodistas”.
Director
Sobre las autoridades que dirigen el Mecanismo de Protección, Rodríguez informó que anteriormente “estaba la abogada Nora Urbina quien renunció por motivos personales, sin embargo ya en la última sesión que tuvimos en mayo pasado, se nombró al nuevo director, a través de la asamblea que resolvió nombrar a Danilo Morales”.
“Él no es fiscal pero tiene una amplia experiencia en materia de derechos humanos”, finalizó.
Falta mucho por hacer
 Carlos Ortíz-APH |
“Es una buena iniciativa, sin embargo hay muchas cosas por hacer. Hemos estado insistiendo que el Mecanismo de Protección debe tener todos los recursos financieros por parte del Estado para poder accionar en forma inmediata en el tema de protección y salvar vidas de defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, que aunque la ley propone un mecanismo diferenciado para los operadores de justicia, no obstante, si es importante que estén acogidos al Mecanismo de Protección, porque desde el punto de vista del Estado, igual no es funcional” dijo.
Ortíz apuntó que “se han hecho intentos con la MACCIH (Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, de la Organización de Estados Americanos,OEA, para ver si es posible que podamos definir y hacerlo lo más viable posible como a un mecanismo diferenciado, pero ha sido casi imposible”.
“El Consejo Nacional de Protección en cuanto a las acciones, se hace lo que se puede, sin embargo se necesita una voluntad política del Estado, en este caso del Presidente de la República. Recientemente tuvimos una reunión de forma conjunta en el Consejo Nacional de Protección y demandamos un proceso de investigación, también porque hay una falencia del Ministerio Público en el tema”.
Argumentó que se ha creado la unidad de investigación para cuando los periodistas son agredidos o asesinados, “pero imagínense, ni siquiera fiscales de investigación tiene esta unidad, eso significa que se crean las instancias legales pero no hay personal técnico adecuado, hay algunas falencias que deben de ser subsanadas desde el Estado mismo y el Consejo Nacional de Protección. Desde el Consejo Nacional de Protección se hacen esfuerzos pero hay mucho que hacer”.
Recursos
De acuerdo a Ortiz, “tanto desde los representantes de la sociedad civil, el Colegio de Abogados, el Colegio de Periodistas y la Asociación de Prensa Hondureña, se han estado haciendo estos reclamos permanentes como tener mayores recursos financieros para el tema de protección, sin embargo hasta ahora se siguen manejando los ingresos de la Tasa de Seguridad que son 10 millones más otros 10 millones que son aportados por el Estado”, detalló.
También se necesita mucha voluntad política, declaró “yo creo que este tema es interesante porque cuando haya voluntad habrá un Mecanismo de Protección más eficiente”.
Según el representante de la APH, se han tenido algunos intercambios con el Mecanismo de Protección de México al cual visitaron recientemente y dijo que allí, “la Sociedad Civil juega un papel muy importante. Acá la Sociedad Civil que somos tres gremios, la Asociación de Fiscales y de Jueces, más dos representantes de la Sociedad Civil, hacemos lo que se puede pero a veces uno se siente un poquito debilitado”.
Casos
Sobre los casos que ha presentado la APH, ante el Mecanismo de Protección, Carlos Ortíz señaló que “hemos llevado casos de Danlí, de un colectivo, otro caso de Comayagua y el último que es uno reciente de Juticalpa, Olancho, que lo interpusimos ante el director del mecanismo por una violación de los derechos humanos y a la libertad de expresión de la misma policía que es parte del Mecanismo de Protección, así que hemos estado utilizando el Mecanismo de Protección”.
Apuntó que “en los últimos casos que la Asociación de Prensa ha presentado, dos de ellos han sido resueltos, probablemente el otro está en proceso porque es más reciente”.
Sobre los datos que la organización maneja destacó que son 305 solicitudes de medidas de protección, de los cuales sólo 74 no se admitieron y sí se le dio trámite a unas 231.
“Para el caso concreto de periodistas y comunicadores sociales tenemos acogidos al mecanismo de protección 38 periodistas y 22 comunicadores, de ellos hay 15 operadores de justicia que están protegidos dentro del Mecanismo de Protección y estos son datos al 30 de mayo del presente año”.
En cuanto a las nuevas autoridades del Mecanismo de Protección, Ortiz dijo que “ahora está Danilo Morales en el cargo, luego de que renunciara la abogada Nora Urbina. Morales es un persona que tiene alguna experiencia en Derechos Humanos y que fungió como Director de la Unidad de Análisis de Riesgo del Mecanismo de Protección, así que estaremos pendientes si logramos un mayor empuje del Mecanismo de Protección porque insisto, debe ser tratado como los demás entes o dirección, se trata de protección y de salvar vidas y sería como un llamado también a evitar el trámite engorroso, administrativo y financiero”, finalizó.
Honduras: Comunicado de fin de misión: La tortura, una realidad oculta que urge abordar
La misión internacional, iniciativa conjunta de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Plataforma Internacional contra la Impunidad, agradece la colaboración y el diálogo entablado con las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones del estado y víctimas que participaron en distintas reuniones, visitas y actividades llevadas a cabo en Tegucigalpa y San Pedro Sula.
Las autoridades hondureñas en el transcurso de los últimos años han emprendido reformas legales e institucionales importantes para fortalecer el sistema de justicia y las instituciones penitenciarias con el fin de incorporar salvaguardias contra la comisión de hechos de tortura y malos tratos. Asimismo, Honduras se ha sometido al escrutinio de múltiples mecanismos internacionales de supervisión de los derechos humanos, destacando varias visitas de Relatores de la ONU y exámenes por parte de Comités del Sistema Universal de Derechos Humanos.
Sin embargo, consideramos que es urgente que se tomen medidas firmes y contundentes para revertir los problemas y desafíos que hemos podido constatar, tomando como referencia las recomendaciones formuladas por el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas en su última evaluación de Honduras en agosto de 2016 (CAT/C/HND/CO/2).
En el transcurso de la visita, la misión ha recibido informes múltiples y coincidentes que indican que la tortura es una realidad muy presente y afecta en particular a sectores en situación de mayor vulnerabilidad. La misión solicitó datos estadísticos o cualitativos de la incidencia de la tortura en sus reuniones con instituciones del Estado involucradas en su prevención y erradicación incluyendo la Secretaría de Derechos Humanos, la Dirección General de Medicina Forense, el CONADEH y organismos del Ministerio Público, pero estos no fueron proporcionados, lo que indica una grave falta de sistematización y transparencia en este ámbito.
La misión ha recabado múltiples y consistentes alegaciones de actos que podrían constituir tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (en adelante, malos tratos) en los siguientes contextos:
– En el momento de la detención, traslado y privación de libertad en posta policial o militar: entre otros métodos, mediante golpes, asfixia seca o húmeda, amenazas, insatisfacción de necesidades básicas, privación sensorial, abusos sexuales y periodos de incomunicación. Las personas entrevistadas coinciden en relatar que no se observaron las garantías más fundamentales, destacando la falta de comunicación de sus derechos en el momento de la aprehensión y la vulneración del derecho a ser examinado por un médico. La misión identifica como uno de los factores de riesgo que la Policía Militar del Orden Público desempeñe funciones de captura y detención, tal y como está previsto en el Decreto 168-2013.
– En los centros penitenciarios: mientras que la capacidad de los centros penitenciarios no llega a las 11.000 personas privadas de libertad, en el mes de junio de 2018 la población penitenciaria supera las 20.000 personas, lo que indica la duplicación de la capacidad y consiguientemente un hacinamiento grave y generalizado. Este hecho se enmarca en una tendencia a la militarización y deshumanización del tratamiento al colectivo de las personas reclusas. En visita a uno de los centros de más nueva construcción, el establecimiento penitenciario de máxima seguridad “El Pozo I” en Ilama, Santa Bárbara, se constató que los privados de libertad vivían en condiciones que no cumplen las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (« Reglas Nelson Mandela »), incluyendo un régimen restrictivo y excesivamente burocrático de visitas y comunicación con familiares que condena a miles de presos de libertad a la incomunicación. Asimismo, se detectó el uso de celdas de aislamiento, de escasos metros cuadrados, en las que permanecían un número elevado (en un caso se contabilizaron 18 personas) de presos hacinados – procesados y condenados – , por un tiempo indefinido, con personas entrevistadas que llevaban hasta siete meses, sin que exista ningún control o revisión. En este contexto, los integrantes de la delegación expresan seria preocupación por el hecho de que este centro esté dirigido y administrado por personas integrantes del poder militar, incluyendo la custodia de los presos, quienes van con la cara cubierta y sin identificación.
– En el manejo de protestas y desalojos, con un uso excesivo de la fuerza. Tal y como evidenciaron las decenas de muertes y centenares de heridos en las protestas a raíz de la crisis post electoral, la participación de la PMOP así como el uso de armas de fuego y gas lacrimógeno, entre otros, como métodos usados para disuadir y dispersar las protestas sin respetar los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y precaución, hacen evidente la necesidad de aprobar un marco regulador del uso de la fuerza, incrementar la capacitación de integrantes de las fuerzas del orden y excluir a las fuerzas armadas de tareas relacionadas con el orden público.
La misión ha podido observar que las denuncias de las víctimas son infrecuentes por el temor a represalias, que ni la defensa pública ni las fiscalías trabajan pro activamente para detectar la comisión de hechos de tortura y que en pocos casos en los que las víctimas denuncian, la gran mayoría son desatendidas. Cuando las investigaciones avanzan, la percepción de abogados defensores y fiscales es que los jueces son muy poco proclives a calificar los hechos como tortura y malos tratos y a sancionarlos.
Esta situación genera un clima de impunidad generalizada, como asimismo indica la ausencia de condenas por el delito de tortura. Un caso emblemático es el de cuatro defensores de derechos humanos y seis estudiantes universitarios quienes sufrieron detención ilegal y actos violatorios de la prohibición absoluta de la tortura y los malos tratos el 8 de septiembre de 2017 en el marco del desalojo de una protesta estudiantil[2]. El poder judicial dictó el pasado 6 de junio de 2018 sobreseimiento definitivo argumentando que eran los defensores de derechos humanos quienes habían provocado la actuación policial, lo que también denota la falta de respeto y reconocimiento a la labor de defensa de los derechos humanos por parte de la administración de justicia. Esto es un ejemplo de acto que estigmatiza y expone a situaciones de mayor riesgo el ejercicio a los defensa de los derechos humanos, quienes no gozan de las garantías de protección necesarias para poder denunciar casos de tortura y malos tratos.
Finalmente, la misión quiere agradecer en especial el apoyo y la colaboración del Mecanismo Nacional de Prevención de la tortura y los malos tratos (MNP), el CONAPREV, en el transcurso de la visita. Sin embargo, nos preocupa que se encuentre con obstáculos que dificulten su independencia, piedra angular para el cumplimiento de su mandato. En este sentido, consideramos fundamental que las autoridades reformulen el Decreto de 23 de marzo de 2018 (art. 2.12), quien vincula el mecanismo al Gabinete de Gobernabilidad, así como el aumento de su asignación presupuestaria, como condición básica para que pueda desempeñar su labor con independencia y eficacia. En la reunión con la Secretaria de Derechos Humanos de Honduras, esta se comprometió a mejorar el financiamiento del mismo. Asimismo, consideramos esencial que se reformen los criterios de selección de sus comisionados para que prevalezca su profesionalidad e imparcialidad.
Las luchas de los pueblos de La Paz, Valle y Choluteca son comunes
Nacaome, Valle.- En los últimos años, miles de familias hondureñas enfrentan la deforestación, la apropiación de las fuentes de agua, el despojo de los territorios, la criminalización para quienes se oponen a proyectos de energía, así como el aumento a las condiciones de riesgo para los defensores y defensoras de derechos humanos.
Todos estos aspectos constituyen las nuevas amenazas a las que se ven expuestas las comunidades indígenas del departamento de La Paz y pobladores de los departamentos de Valle y Choluteca.
Para propiciar un espacio de intercambio de experiencias, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) organizó un encuentro entre la Red de Defensores Indígenas Lencas de La Paz (REDHIL) y la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos del Sur (REDEHSUR).
Evento que tuvo lugar del 19 al 22 de junio de este año, y que incluyó conversatorios y visitas a comunidades que se encuentran en una situación vulnerable frente a los proyectos de energía renovable y el acaparamiento de tierras que supone el despojo del hábitat, con la consiguiente vulneración de los derechos humanos.
El primer punto de encuentro tuvo lugar en Puerto Grande, en la Península de Zacate Grande, lugar donde empresarios y políticos se han adueñado de casi toda la zona costera del municipio de Amapala, en el departamento de Valle.
La REDHIL conoció la historia de la lucha emprendida por las 10 comunidades de Zacate Grande para tratar de conservar sus tierras, viviendas y medios de subsistencia.
En el conversatorio se habló de las amenazas, las intimidaciones, los desalojos y los procesos judiciales que han enfrentado líderes y lideresas de la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA).
Los participantes y las participantes también conocieron la historia de la radio comunitaria La Voz de Zacate Grande, que después de sortear amenazas y persecuciones, sus comunicadores sociales la operan libremente en la frecuencia 89.1.
Hilario Hernández del Consejo Indígena Lenca de Santa María La Paz, dijo a www.defensoresenlinea.com que “la experiencia de ellos (Zacate Grande) ha sido muy grande y nosotros nos sentimos más fortalecidos porque a pesar que ellos han tenido una lucha de 18 años; nunca han dejado de seguir luchando”.
Por su parte Marlon García de la REDEHSUR expresó que el intercambio ha sido muy bueno, porque se trata de conocer la experiencias de otras organizaciones como REDHIL.
Consultado acerca de si existen similitudes entre las luchas de las 2 redes, García respondió que “sí, es la misma, luchamos por los recursos naturales, la defensa de los derechos humanos y la defensa de los derechos indígenas, es la misma lucha”.
El Coordinador de ADEPZA, Allan Torres, dijo que el intercambio nos fortalece a ambas organizaciones, porque así conocemos las experiencias de lucha y de resistencia de ellos, así como nosotros damos a conocer nuestra lucha; que viene a fortalecer los liderazgos que hay y también es un intercambio de solidaridad para demostrar que no estamos solos.
“Lo que más me ha llamado la atención es la cosmovisión de ellos (de los defensores y defensoras de REDHIL) de saber cómo se conectan con la madre tierra, y cómo reciben la energía de los árboles, de la tierra, del agua, eso me ha llamado muy poderosamente la atención”, sostuvo el dirigente de ADEPZA.
Después de concluir el conversatorio las redes se trasladaron a la comunidad La Flor donde habita el legendario defensor de las tierras y playas de Zacate Grande y fundador de ADEPZA,. Pedro Canales.
Canales que guarda reposo para restablecer su salud y que tiene algunas dificultades en su visión, no escatimó esfuerzos para hablar de su trayectoria de más de 30 años y sus luchas frente al poder económico que representa la familia Facussé en la zona, aparte de otras familias empresariales y políticas poderosas, que han acaparado las mejores playas, los sitios paradisíacos y montañas.
Pedro Canales no ocultó su emoción ante tan agradable visita y decidió acompañar en lancha al día siguiente a la delegación compuesta de 15 personas, que el jueves 21 de junio, realizó un recorrido desde el Relleno en Coyolito, pasando por parte de la zona costera de Amapala y llegando hasta la Isla Exposición, donde 18 familias se encuentran en zozobra ante la presión del poder económico para que abandonen la zona.
Posteriormente, los defensores y defensoras de derechos humanos, visitaron la comunidad Agua Fría, jurisdicción de Nacaome, donde se ha instalado el mayor parque solar de Centroamérica,
Se dice que las plantas fotovoltaicas amenazan la salud de los personas que viven en cercanías de dichos proyectos y que además las fuentes de agua, la fauna y la flora, se ven igualmente afectadas.
Otra visita importante se realizó en la comunidad Los Prados, en el municipio de Namasigüe, Choluteca. Ahí, las redes conocieron la situación de este caserío que se opone firmemente a que se instale una planta solar al lado de sus casas.
El movimiento presentó oposición desde 2016 hasta lograr que la maquinaria que había instalado una empresa solar, retirara el equipo de la zona. Pero la amenaza está latente.
Con el apoyo de Hivos y Trocaire, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) ha desarrollado amplias jornadas de organización y capacitación, para que los defensores y defensoras de derechos humanos de las redes, cuenten con todos los instrumentos jurídicos y doctrinales necesarios en el trabajo de la defensoría.
El intercambio de experiencias entre la REDHIL y REDEHSUR forma parte del acompañamiento que COFADEH brinda a las redes de defensores y defensoras de derechos humanos en varias regiones en el país.
Mesa de DDHH exige sanción para jueza que se parcializó con policías torturadores
Por
derogarse la Ley del Consejo de la Judicatura, se debe aplicar una
desfasada Ley de Tribunales de 1905, que verifique la conducta de la
jueza Gabriela Gallo..
Por: Sandra Rodríguez
Tegucigalpa, Honduras. – La Mesa de Derechos Humanos solicitó a la Inspectoría de Tribunales que sancione a la jueza Gabriela Gallo, por emitir un fallo parcializado a favor de tres altos oficiales de la Policía Nacional Preventiva que torturaron a diestro defensores de derechos humanos y ocho estudiantes universitarios el pasado 08 de septiembre.
Tras el fallo emitido el viernes pasado en el Juzgado de Letras de lo Penal de Tegucigalpa, el grupo de organizaciones aglutinadas en esta Mesa considera que la jueza incurrió en los delitos de abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios, por lo que se procedió a denunciarla ante esta instancia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el miércoles 06 de junio.
La Jueza Gabriela Cristina Gallo, favoreció en su totalidad a los oficiales de la Policía Preventiva Juan Manuel Aguilar Godoy, Félix Adrián Colindres Y Marlon Agustín Vásquez Palma, a pesar de que se le presentaron unas 200 pruebas de la culpabilidad de los uniformados que actuaron dentro de los predios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), cuando las y los defensores iban a descarta a los defensores de la Educación Pública.
“Esperamos una investigación seria, eficaz e imparcial contra la resolución emitida por la jueza Gabriela Gallo, la cual consideramos parcializada, que falta a los estándares internacionales sobre independencia judicial y consideramos que tiene un contenido discriminatorio, estigmatizante y de doble juzgamiento hacia la labor de los defensores y defensoras de Derechos humanos” Ariel Díaz.Cabe mencionar que todavía no hay una legislación actualizada para resolver este tipo de situaciones, porque se derogó mediante un Recurso de Inconstitucionalidad la ley del Consejo de la Judicatura que establecía todas las causales para sancionar a jueces y juezas que cometían faltas administrativas.
Por lo que, “nos estamos remitiendo a la Ley de Tribunales de 1905, es una norma totalmente desactualizada a los parámetros de Estado de Derecho, y de acuerdo con esta norma lo que procede es que la Inspectoría de Tribunales investigue la conducta de Gabriela Gallo, desde el vocabulario utilizado en la resolución y luego que emita una sanción que puede ser hasta el despido” explicó el abogado Edy Tábora, coordinador del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), parte de la Mesa de Derechos Humanos.
También se presentó una denuncia por el delito de Prevaricato, ante el Ministerio Público, porque se considera que es conducta penal, la tomada por la jueza Gallo. Estas son algunas de las acciones que se harán para que el caso no quede en la impunidad, declaró a www.defensoresenlinea.com el defensor y víctima de los policías, Carlos del del Cid.
Del Cid, tiene daños irreversibles en cuanto a salud física, perdió parte de la visión del ojo izquierdo al ser rociado directamente por el gas lacrimógeno de manos de los comisionados a quienes identificó como Colindres y Aguilar, ese 08 de septiembre, sus constancias médicas fueron emitidas por el Instituto Hondureños de Seguridad Social (IHSS), y ni a éstas le tomó seriedad la jueza.
La Mesa de DDHH “considera que la resolución de la jueza Gallo está cargada de parcialidad con los victimarios en detrimento de las víctimas y contiene actos de discriminación y desprecio contra los defensores de derechos humanos, quienes fueron las víctimas directas de las acciones violatorias a los derechos humanos por parte de los oficiales antes mencionados”.
La arbitrariedad de Gallo no es oculta
Con la resolución los oficiales Aguilar Godoy, Colindres y Vásquez Palma quedaron habilitados para continuar con su conducta delictiva contra los defensores y defensoras de los derechos humanos, y facultados para obstaculizar la labor en la defensa y protección de los derechos fundamentales, en contradicción a tratados internacionales de protección a estos derechos y que el Estado de Honduras ha ratificado, afirmó la Mesa Nacional de DDHH.
Las investigaciones contra la Jueza Gallo deben ser prontas, expeditas e imparciales, con el objetivo de restituir los derechos violentados de las víctimas que son al acceso a la justicia, el Debido Proceso y el castigo ejemplar a los funcionarios estatales responsables.
“Es sumamente doloroso para nosotros tener que recurrir a una denuncia para que una juez haga su trabajo y evidentemente coludida con los victimarios de los defensores de DDHH, con su acción lo que ha hecho es fortalecer la impunidad del país y ponernos en alto riesgo” Hedme CastroTambién solicitaron que esta dependencia de la CSJ examine la conducta de la funcionaria y de comprobar que la misma no es conforme a derecho, a la ética de una funcionaria judicial y de estar al margen de la ley, que se establezca la respectiva sanción administrativa contra la Jueza.
La operadora de Justicia en 2015 tomó el caso los estudiantes universitarios Cesario Padilla, Sergio UIloa y Moisés Cáceres, tras la recusación por violentar la ley de la jueza de letras de lo penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Wendy Rivera, emitida por la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán.
Unidad ante las arbitrariedades
En el microbús, propiedad del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), los y las defensoras lograron abordar a ocho estudiantes que huían del arresto policial en el operativo “Apolo III” creado para desalojar la Ciudad Universitaria, tras varios meses de protestas sociales.
En total diez estudiantes tienen medidas sustitutivas a la prisión y están bajo la custodia de sus representantes legales; uno tiene orden de captura y más de 85 jóvenes, Carlos del Cid, Tomy Morales y Ariel Díaz, fueron criminalizados, y sobreseídos el 27 de septiembre del 2017.
Los estudiantes víctimas de los policías son José Bustillo, Santos Ruíz, Bryan González, Noé Portillo, Edwin Salas, Cristian Sanabria, José Portillo y Marcio Silva a quien se le libró orden de captura por estar previamente procesado siempre por la defensa de la UNAH y los derechos de tres compañeros, que ayer cumplieron un año de ser condenados por la CSJ acusados de espacio en perjuicio de la Alma Mater.
Este proceso de criminalización ha sido acompañado por organizaciones nacionales e internacionales, por lo que se pide a la Inspectoría de Tribunales que se tome declaración al representante de la Oficina del Alto Comisionado Nacional de Derechos Humanos (OACNUDH), CONADEH, y de Embajadas e Instituciones internacionales cuyos nombres constan en el acta emitida por Gabriela Gallo.
El Estados no puede limitar la labor de los y las defensoras de DDHH
Por eso, los Estados tienen la obligación de no interferir con el disfrute de estos derechos y de actuar de manera razonable para prevenir las amenazas, agresiones y hostigamiento en contra personas defensoras de derechos humanos.
En estos mismos informes, la CIDH también ha destacado que las y los defensores de derechos humanos deben gozar de una protección adecuada que garantice que no serán objeto de injerencias indebidas para ejercer su derecho de circulación y residencia.
La CIDH ha señalado que las obligaciones del Estado a este respecto incluyen, entre otros: abstenerse de limitar, por cualquier medio, el trabajo en donde se puede recopilar información de campo; y facilitar los visados para el acceso a otra jurisdicción para aquellos casos en que las personas defensoras de derechos humanos deben viajar en el curso de su trabajo.
OACNUDH preocupada porque diputados cuestionados por corrupción votarían en la elección del nuevo Fiscal
OACNUDH lamenta que la Junta Proponente no haya atendido al llamado reiterado hecho por la Relatoría Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación a garantizar y hacer efectivos los principios de publicidad y transparencia, asegurando que el proceso estuviese abierto al escrutinio y participación de los sectores sociales, que contribuyese a la confianza ciudadana de que los candidatos y las candidatas han sido seleccionados con base en sus méritos, capacidad, idoneidad y honradez, y conforme con los estándares internacionales de derechos humanos.
En comunicado público la OACNUDH reiteró lo señalado el pasado 18 de junio por la Relatoría Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de las Naciones Unidas, en relación a la labor de la Junta Proponente en la conformación de la nómina.
“Es fundamental que la sociedad civil, los organismos observadores y cualquier ciudadano que demuestre interés en el proceso de selección puedan participar en los debates sobre quién está en la lista de candidatos”, señaló el Relator Diego García-Sayán.
En esta nueva etapa a cargo del Congreso Nacional, la Oficina considera fundamental que dicho Poder del Estado realice una evaluación exhaustiva de los cinco candidatos, de acuerdo a criterios de idoneidad, mérito, capacidad y competencias, incluyendo el desarrollo de Audiencias Públicas previstas en la ley.
La Oficina considera, que el plazo de dos meses, hasta el vencimiento del mandato del actual Fiscal (Septiembre 2018), es razonable para permitir al Congreso el desarrollo de dicho escrutinio con veeduría social.
Finalmente, la Oficina comparte la preocupación expresada por el Relator Especial en relación a “que algunos de los miembros de la comisión parlamentaria que examinarán los antecedentes de los candidatos hayan sido cuestionados públicamente e incluso estén procesados por corrupción”, y exhorta al Congreso Nacional a adoptar todas las salvaguardas para garantizar que el proceso esté exento de interferencias indebidas en aras de fortalecer el sistema de justicia y el Estado de Derecho.
La Oficina desea destacar la importancia de que esta elección contribuya al fortalecimiento de la Institución del Ministerio Público en sus esfuerzos en el combate a la impunidad y a la corrupción.
Malestar en el sector campesino por el desvío de fondos de la SAG en caso “Pandora”
Tuesday, 19 June 2018 14:49 Written by Salvador Monroy Published in Contexto
Foto Viva TV Honduras Foto: confidencial.hn
Representantes del sector campesinos reaccionaron molestos por el
desvío de más de 282 millones de lempiras de la Secretaría de
Agricultura y Ganadería (SAG), luego de que la Unidad Fiscal Especial
Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), en trabajo conjunto con
la Misión de Apoyo Contra la Corrupción en Honduras, (MACCIH),
presentara requerimientos fiscales en contra de unos 38 implicados en
actos de corrupción, entre ellos funcionarios del Estado, diputados y
representantes de partidos políticos.
De acuerdo a la MACCIH, fondos públicos iban a ser destinados “a
proyectos agropecuarios, agroindustriales, y hortícolas a favor de
madres jóvenes, para fortalecer políticas agroalimentarias en Olancho,
Intibucá y Colon, mejoramiento en la capacidad para la siembra de granos
básicos en las comunidades de Yorito, Victoria y Sulaco, escuela de
campo para agricultores del departamento de Francisco Morazán, La Paz,
Choluteca, el Paraíso, Ocotepeque, Valle, Intibucá, Gracias a Dios,
Comayagua”.
Sin embargo, los fondos sustraídos, habrían sido destinados a financiar las campañas políticas, tanto del Partido Nacional como del Partido Liberal en el año 2013 y otros gastos personales por un monto de 282.016.175.00 lempiras (casi 12 millones de dólares), indicaron los de la MACCIH, sobre el caso denominado “Pandora”.
Para los campesinos el acto de corrupción impidió al Gobierno invertir en el sector agrícola del país, financiar proyectos, mejorar la condición humana de las mujeres y niños,la infraestructura escolar en el campo, obtener semilla mejorada y bono agrícola, entre otros.
Estremecer
El Coordinador General de la Central Nacional de los Trabajadores del
Campo,(CNTC), Franklin Almendarez, sobre la percepción del caso
“Pandora”, indicó que “este caso es como muchos otros casos de
corrupción que se están dando en el país, pero este es uno de los que
más nos ha llamado la atención a nivel del sector agrícola del país,
porque vino a estremecer a las comunidades campesinas que siempre han
estado esperando una oportunidad donde ellos puedan producir y tener
asistencia técnica y financiamiento”.
El representante de la CNTC) dijo que “se ha dicho y durante la historia que no hay presupuesto para el sector agrícola. Y ahora que nos damos cuenta que hay un acto de corrupción, desde la Secretaría de Agricultura y Ganadería SAG, que es una de las instituciones que tiene que ver en forma directa con el sector agropecuario, donde más de 282 millones de lempiras han sido utilizados en acciones que no tienen nada que ver con el agro, eso nos sorprende, nos preocupa y condenamos esto porque es jugar con la vida y la necesidad del pueblo hondureño y especialmente con el sector campesino que son el 52 por ciento de la población que vive en las zonas rurales”.
Según Almendarez, “hay más de dos mil empresas campesinas en el país y con esta cantidad de plata que se malversó prácticamente se les hubieran dado pequeños proyectos de riego, fertilización de cultivos y dotado de asistencia técnica, eso significaría que ahora tendríamos una buena producción de alimentos, donde podríamos estar abasteciendo a los mercados del país de productos agrícolas.
Deficiencias en el sector agrícola
El representante del sector campesino explicó que “son exageradamente serias las defiencias de producción en el sector agrícola, a tal grado que al no haber financiamiento, condiciones para la producción, estando en época de siembra de primera,en donde aparece una noticia como esta, donde están involucrados la institución principal que tiene que ver con el agro y esta vincula con otras, tanto el Instituto nacional Agrario (INA), el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, (BANADESA), y por eso la situación en el campo es grave, y lo digo grave al sector organizado totalmente”.
Petición
Franklin Almendarez pidió a la MACCIH “siga haciendo esta investigación, pero realmente, que presente un informe oficial, con nombre y apellido de los culpables, de los que se vieron involucrados en esta acción, que los manden a la cárcel y que respondan porque se están llevando de encuentro a más de 350 mil familias organizadas que pertenecen a grupos campesinos, que viven del campo y que pudieron haber sido beneficiadas con ese dinero”.
Mujeres
Para la directora del Proyecto de Crédito para las Mujeres
Campesinas, Yamileth Gonzales, “este es un caso más de corrupción en
Honduras. Lo que sacaron de la Secretaría de Agricultura y Ganadería era
un fondo para el Proyecto de Mujeres Rurales, cuando nosotros tenemos
años de estar peleando por el acceso al crédito para las mujeres del
campo”.
Indicó que recientemente fue publicado el presupuesto para el Credimujer, pero “estamos esperando que esos fondos vengan, sin embargo con esta corrupción que tenemos lamentablemente el campo ha sido abandonado y más las mujeres, cuando somos el 52 por ciento de la población, no digamos las mujeres rurales”, comentó.
Gonzales destacó que, “la corrupción es la que nos tiene atrasados, las mujeres del campo sufren la pobreza, pero seguimos de pie en la lucha, sin depender tanto del Gobierno, sino que las mujeres con lo poco que tenemos, sin acceso a la tierra, los títulos de tierra son todos para los hombres, cuando somos la mayoría en el campo. Las mujeres buscamos siempre cómo salir adelante, pero vamos a seguir exigiendo el crédito a la mujer, el presupuesto que nos merecemos las mujeres del campo”.
Financiamiento
Sobre el financiamiento que se pudo haber logrado con los fondos extraidos de la SAG, la entrevistada señaló que “pudimos financiar Credimujer, orientarlo a cajas rurales, proyectos para el cultivo, microempresas para mujeres en las zonas rurales, cultivos de tomates, papas, realizar ferias de emprendedurismo dentro de los municipios, proyectos para la elaboración de bisutería, mejorar el emprendedurismo en las mujeres del campo, porque tampoco hay tierras y si hay tierra falta el crédito para producirla”.
No quieren otro show
Gonzales pidió a la MACCIH que sus acusaciones no vayan a ser un show más del Estado, del Ministerio Público como lo ha sido el caso de Bertha Cáceres, el cual nunca se ha llegado a una investigación seria, en donde no hay muchos resultados.
“Por eso nosotras le pedimos a la MACCIH que llegue al fondo del asunto, porque sabemos que desde el mismo Gobierno están involucrados en este caso, es otro robo como el del Instituto Hondureño de Seguridad Social y nosotras no dudamos que sea el único robo, todas las instituciones del Estado las han saqueado, por eso pedimos que lleguen al fondo y que los culpables paguen, porque ya no puede ser posible que la gente siga sufriendo, más en el campo, por todo lo que se están robando”.
Un misterio
En tanto, Ramón Navarro, dirigente Nacional de la Asociación Nacional
de Campesinos de Honduras, (ANACH), destacó que el caso “Pandora”, se
analiza en el interior de las organizaciones campesinas.
“Hemos tenido reuniones a lo interno de nuestra organizacióna ya que el nombre de Pandora implica misterio y un sin número de situaciones que se desconocen. En Honduras alabamos nosotros que últimamente se están dando a conocer situaciones anormales, delitos que se han venido cometiendo contra la ciudadanía y contra las organizaciones en particular, como el caso del sector campesino”.
Navarro dijo que como sector campesino, “estamos anuentes en contribuir en todo lo que sea necesario para ayudar a adecentar a nuestro país, porque creemos que nos merecemos una nación que tenga una imagen limpia, de trabajo, de progreso y por eso los hondureños nos merecemos una Honduras mejor”.
Fondos
Sobre el uso de los fondos, dijo “con esa plata se hubieran creado parcelas para poder tener sistemas de riego para la siembra de frijoles y maíz, que son los principales rubros, como también se hubiera fortalecido a los pequeños productores que luchamos toda la vida para poder sacar los alimentos, también se hubiera ampliado el bono tecnológico con el cual se le apoya a los campesinos,un sin número de escuelas, incluso en los sectores rurales del país, en donde nosotros carecemos de una educación con calidad”.
Amplió que “sacar a Honduras de la posición en que se encuentra es difícil, pero sí se desperdician los dineros llevándoselos aquellos que ya tienen, lo que pasa es que no se sacian de tener dinero para vivir sus vidas de magnates, entonces nosotros con la humildad de que nos caracteriza creemos que los dineros del pueblo deben respetarse y que las autoridades no están para robárselos sino para invertirlos en el pueblo que merece tener un apoyo mejor en cuanto a situaciones económicas, salir de la miseria en que nos encontramos todo el sector campesino”.
Sacar lo que perjudica
Navarro agradeció el papel de la MACCIH, a todos los entes nacionales e internacionales que están ayudando a adescentar a este país y su administración y a ellos les pedimos que continúen haciendolo con más énfasis y sacando todo aquello que nos perjudica.
“Y como dijó un día el señor presidente, caiga quien caiga, para que salga a la luz pública toda la sinverguenzada, toda la picardía que han hecho con este pueblo y que nos han empobrecido más. Por eso ahora no hayamos para donde agarrar, porque nos regresan de los Estados Unidos, nos regresan de cualquier parte del mundo y Honduras es nuestra patria y por eso queremos una Honduras mejor.”, manifestó.
La olla
En tanto, Rafael Alegría de la Vía Campesina afirmó que el caso
Pandora es como destapar una olla donde cada día salen más casos e
corrupción.
“Es que se destapó la olla porque instituciones como la MACCIH y otras, lograron entrar , pero eso ha sido siempre lo conocemos precisamente por esa actuación de la MACCIH y que nos parece correcto y la apoyamos. Los actos de corrupción de todas las instituciones del sector público y agrícola son condenables desde todo punto de vista”, indicó.
“Si vamos al Instituto Nacional Agrario, allí hay denuncias que nunca se investigaron, sobre la administración de fondos y de bienes en esa institución”, afirmó.
Otro caso
Alegría aprovechó para denunciar otro caso ante el organismo internacional, “tengo pleno conocimiento de que el Gobierno bolivariano de Venezuela, donó en el año 2008, 100 millones de dólares al Gobierno de ese entonces del Presidente Manuel Zelaya Rosales, para el sector agrícola, esos 100 millones de dólares se dieron en donación, el Banco Central de Honduras en su momento manifestó que los había pasado al Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), pero ellos dijeron después que no. Pero dónde están esos 100 millones de dólares que donó Venezuela para el sector agrícola, y del cierre de BANADESA corresponde también para tapar los actos de corrupción en esa institución”, sentenció.
Sobre los fondos de la SAG, Alegría dijo que “ahora se denuncian estos terribles actos de corrupción en la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Esto ha venido ocurriendo en los últimos 8 a 9 años, donde prácticamente ha existido un saqueo permanente de las instituciones del sector público agrícola y es mucho más condenable, que mientras esos fondos han ido a parar a campañas políticas del Partido Nacional, para los pequeños y medianos agricultores campesinos no hay financiamiento para producir y garantizar la soberanía alimentaria del pueblo hondureño”.
Sobre las acciones para que no quede en la impunidad lo hecho por la MACCIH, dijo “dependerá del accionar de la sociedad en general, en este caso en el Movimiento Campesino lo analizamos a fondo para fijar una posición oficial. No es posible que nos quedemos callados los diferentes sectores y la sociedad en general, porque es un problema grave de la falta de institucionalidad que tenemos, la cual está corroída y corrompida”.
Para Alegría “esto pega con todo el accionar de las instituciones y del propio presidente de la República, si don Juan Orlando Hernández era el candidato oficial del Partido Nacional en el 2013 y en el 2017, si vemos a las instituciones del Estado, todas están denunciadas de actos de corrupción, en su gran mayoría, tenemos al IMPREMA, el INJUPEMP, el IHSS, BANADESA, SAG, BANADUPRO, RNP, entre otros”, agregó.
Detalló también que “si le echamos otra mirada al Congreso Nacional, vemos denunciada a la red de diputados, al presidente del Congreso Nacional,
asmismo si nos vamos a la Corte Suprema de Justicia nos damos cuenta de la forma en que se eligió esa Corte en el Congreso Nacional y del repudio que hay en cuanto a la MACCIH se refiere y de toda la pretención de querer desarticular la UFECIC-MP y luego este reciente escándalo del Partido Nacional que dirige el Presidente de la República, entonces vemos que no hay por dónde pasar”.
Concluyó en que “una solución para salir de esta crisis, es ir a nuevas elecciones generales, democráticas, transparentes, participativas y honestas ó la Asamblea Nacional Constituyente originaria para reorganizar u ordenar toda la institucionalidad del país y castigar a los culpables para que no hayan más actos de corrupción como los que están presentando actualmente”, finalizó.
Sin embargo, los fondos sustraídos, habrían sido destinados a financiar las campañas políticas, tanto del Partido Nacional como del Partido Liberal en el año 2013 y otros gastos personales por un monto de 282.016.175.00 lempiras (casi 12 millones de dólares), indicaron los de la MACCIH, sobre el caso denominado “Pandora”.
Para los campesinos el acto de corrupción impidió al Gobierno invertir en el sector agrícola del país, financiar proyectos, mejorar la condición humana de las mujeres y niños,la infraestructura escolar en el campo, obtener semilla mejorada y bono agrícola, entre otros.
Estremecer
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El representante de la CNTC) dijo que “se ha dicho y durante la historia que no hay presupuesto para el sector agrícola. Y ahora que nos damos cuenta que hay un acto de corrupción, desde la Secretaría de Agricultura y Ganadería SAG, que es una de las instituciones que tiene que ver en forma directa con el sector agropecuario, donde más de 282 millones de lempiras han sido utilizados en acciones que no tienen nada que ver con el agro, eso nos sorprende, nos preocupa y condenamos esto porque es jugar con la vida y la necesidad del pueblo hondureño y especialmente con el sector campesino que son el 52 por ciento de la población que vive en las zonas rurales”.
Según Almendarez, “hay más de dos mil empresas campesinas en el país y con esta cantidad de plata que se malversó prácticamente se les hubieran dado pequeños proyectos de riego, fertilización de cultivos y dotado de asistencia técnica, eso significaría que ahora tendríamos una buena producción de alimentos, donde podríamos estar abasteciendo a los mercados del país de productos agrícolas.
Deficiencias en el sector agrícola
El representante del sector campesino explicó que “son exageradamente serias las defiencias de producción en el sector agrícola, a tal grado que al no haber financiamiento, condiciones para la producción, estando en época de siembra de primera,en donde aparece una noticia como esta, donde están involucrados la institución principal que tiene que ver con el agro y esta vincula con otras, tanto el Instituto nacional Agrario (INA), el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, (BANADESA), y por eso la situación en el campo es grave, y lo digo grave al sector organizado totalmente”.
Petición
Franklin Almendarez pidió a la MACCIH “siga haciendo esta investigación, pero realmente, que presente un informe oficial, con nombre y apellido de los culpables, de los que se vieron involucrados en esta acción, que los manden a la cárcel y que respondan porque se están llevando de encuentro a más de 350 mil familias organizadas que pertenecen a grupos campesinos, que viven del campo y que pudieron haber sido beneficiadas con ese dinero”.
Mujeres
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Indicó que recientemente fue publicado el presupuesto para el Credimujer, pero “estamos esperando que esos fondos vengan, sin embargo con esta corrupción que tenemos lamentablemente el campo ha sido abandonado y más las mujeres, cuando somos el 52 por ciento de la población, no digamos las mujeres rurales”, comentó.
Gonzales destacó que, “la corrupción es la que nos tiene atrasados, las mujeres del campo sufren la pobreza, pero seguimos de pie en la lucha, sin depender tanto del Gobierno, sino que las mujeres con lo poco que tenemos, sin acceso a la tierra, los títulos de tierra son todos para los hombres, cuando somos la mayoría en el campo. Las mujeres buscamos siempre cómo salir adelante, pero vamos a seguir exigiendo el crédito a la mujer, el presupuesto que nos merecemos las mujeres del campo”.
Financiamiento
Sobre el financiamiento que se pudo haber logrado con los fondos extraidos de la SAG, la entrevistada señaló que “pudimos financiar Credimujer, orientarlo a cajas rurales, proyectos para el cultivo, microempresas para mujeres en las zonas rurales, cultivos de tomates, papas, realizar ferias de emprendedurismo dentro de los municipios, proyectos para la elaboración de bisutería, mejorar el emprendedurismo en las mujeres del campo, porque tampoco hay tierras y si hay tierra falta el crédito para producirla”.
No quieren otro show
Gonzales pidió a la MACCIH que sus acusaciones no vayan a ser un show más del Estado, del Ministerio Público como lo ha sido el caso de Bertha Cáceres, el cual nunca se ha llegado a una investigación seria, en donde no hay muchos resultados.
“Por eso nosotras le pedimos a la MACCIH que llegue al fondo del asunto, porque sabemos que desde el mismo Gobierno están involucrados en este caso, es otro robo como el del Instituto Hondureño de Seguridad Social y nosotras no dudamos que sea el único robo, todas las instituciones del Estado las han saqueado, por eso pedimos que lleguen al fondo y que los culpables paguen, porque ya no puede ser posible que la gente siga sufriendo, más en el campo, por todo lo que se están robando”.
Un misterio
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“Hemos tenido reuniones a lo interno de nuestra organizacióna ya que el nombre de Pandora implica misterio y un sin número de situaciones que se desconocen. En Honduras alabamos nosotros que últimamente se están dando a conocer situaciones anormales, delitos que se han venido cometiendo contra la ciudadanía y contra las organizaciones en particular, como el caso del sector campesino”.
Navarro dijo que como sector campesino, “estamos anuentes en contribuir en todo lo que sea necesario para ayudar a adecentar a nuestro país, porque creemos que nos merecemos una nación que tenga una imagen limpia, de trabajo, de progreso y por eso los hondureños nos merecemos una Honduras mejor”.
Fondos
Sobre el uso de los fondos, dijo “con esa plata se hubieran creado parcelas para poder tener sistemas de riego para la siembra de frijoles y maíz, que son los principales rubros, como también se hubiera fortalecido a los pequeños productores que luchamos toda la vida para poder sacar los alimentos, también se hubiera ampliado el bono tecnológico con el cual se le apoya a los campesinos,un sin número de escuelas, incluso en los sectores rurales del país, en donde nosotros carecemos de una educación con calidad”.
Amplió que “sacar a Honduras de la posición en que se encuentra es difícil, pero sí se desperdician los dineros llevándoselos aquellos que ya tienen, lo que pasa es que no se sacian de tener dinero para vivir sus vidas de magnates, entonces nosotros con la humildad de que nos caracteriza creemos que los dineros del pueblo deben respetarse y que las autoridades no están para robárselos sino para invertirlos en el pueblo que merece tener un apoyo mejor en cuanto a situaciones económicas, salir de la miseria en que nos encontramos todo el sector campesino”.
Sacar lo que perjudica
Navarro agradeció el papel de la MACCIH, a todos los entes nacionales e internacionales que están ayudando a adescentar a este país y su administración y a ellos les pedimos que continúen haciendolo con más énfasis y sacando todo aquello que nos perjudica.
“Y como dijó un día el señor presidente, caiga quien caiga, para que salga a la luz pública toda la sinverguenzada, toda la picardía que han hecho con este pueblo y que nos han empobrecido más. Por eso ahora no hayamos para donde agarrar, porque nos regresan de los Estados Unidos, nos regresan de cualquier parte del mundo y Honduras es nuestra patria y por eso queremos una Honduras mejor.”, manifestó.
La olla
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“Es que se destapó la olla porque instituciones como la MACCIH y otras, lograron entrar , pero eso ha sido siempre lo conocemos precisamente por esa actuación de la MACCIH y que nos parece correcto y la apoyamos. Los actos de corrupción de todas las instituciones del sector público y agrícola son condenables desde todo punto de vista”, indicó.
“Si vamos al Instituto Nacional Agrario, allí hay denuncias que nunca se investigaron, sobre la administración de fondos y de bienes en esa institución”, afirmó.
Otro caso
Alegría aprovechó para denunciar otro caso ante el organismo internacional, “tengo pleno conocimiento de que el Gobierno bolivariano de Venezuela, donó en el año 2008, 100 millones de dólares al Gobierno de ese entonces del Presidente Manuel Zelaya Rosales, para el sector agrícola, esos 100 millones de dólares se dieron en donación, el Banco Central de Honduras en su momento manifestó que los había pasado al Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), pero ellos dijeron después que no. Pero dónde están esos 100 millones de dólares que donó Venezuela para el sector agrícola, y del cierre de BANADESA corresponde también para tapar los actos de corrupción en esa institución”, sentenció.
Sobre los fondos de la SAG, Alegría dijo que “ahora se denuncian estos terribles actos de corrupción en la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Esto ha venido ocurriendo en los últimos 8 a 9 años, donde prácticamente ha existido un saqueo permanente de las instituciones del sector público agrícola y es mucho más condenable, que mientras esos fondos han ido a parar a campañas políticas del Partido Nacional, para los pequeños y medianos agricultores campesinos no hay financiamiento para producir y garantizar la soberanía alimentaria del pueblo hondureño”.
Sobre las acciones para que no quede en la impunidad lo hecho por la MACCIH, dijo “dependerá del accionar de la sociedad en general, en este caso en el Movimiento Campesino lo analizamos a fondo para fijar una posición oficial. No es posible que nos quedemos callados los diferentes sectores y la sociedad en general, porque es un problema grave de la falta de institucionalidad que tenemos, la cual está corroída y corrompida”.
Para Alegría “esto pega con todo el accionar de las instituciones y del propio presidente de la República, si don Juan Orlando Hernández era el candidato oficial del Partido Nacional en el 2013 y en el 2017, si vemos a las instituciones del Estado, todas están denunciadas de actos de corrupción, en su gran mayoría, tenemos al IMPREMA, el INJUPEMP, el IHSS, BANADESA, SAG, BANADUPRO, RNP, entre otros”, agregó.
Detalló también que “si le echamos otra mirada al Congreso Nacional, vemos denunciada a la red de diputados, al presidente del Congreso Nacional,
asmismo si nos vamos a la Corte Suprema de Justicia nos damos cuenta de la forma en que se eligió esa Corte en el Congreso Nacional y del repudio que hay en cuanto a la MACCIH se refiere y de toda la pretención de querer desarticular la UFECIC-MP y luego este reciente escándalo del Partido Nacional que dirige el Presidente de la República, entonces vemos que no hay por dónde pasar”.
Concluyó en que “una solución para salir de esta crisis, es ir a nuevas elecciones generales, democráticas, transparentes, participativas y honestas ó la Asamblea Nacional Constituyente originaria para reorganizar u ordenar toda la institucionalidad del país y castigar a los culpables para que no hayan más actos de corrupción como los que están presentando actualmente”, finalizó.
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Jueves, 21 Junio 2018
Nuevos poderes éticos y viejas prácticas políticas
No podemos negar que estamos frente a cambios importantes y reales en materia de poder hegemónico en las últimas décadas. El poder y las manos que lo sujetan al parecer siguen intactos. Tenemos una realidad de multicausalidades que está generando diferentes y nuevas formas de micro poderes y nuevos acreedores de esos micros poderes.
Esto facilita una dicotomía extraña: existen más grupos que pueden acceder más fácilmente a esos poderes, pero también esa variedad de grupos con su proliferación de intereses, están imposibilitando que quienes no tengan los recursos y estrategias claras y concretas, no accedan a esas microcuotas de poder. Todo esto está provocando que entre las expectativas de la población y lo que realmente se puede lograr, sea una brecha cada vez más evidente.
La pérdida de confianza de la ciudadanía en la política y en los avances sociales del país, hacen necesarias microacciones, que se apoyen en redes y microeventos en los que con conexión e implicación colectiva consigan pequeños resultados poderosos e inspiradores. Necesitamos ejemplos, hechos y acciones por encima de palabras y discursos. El peso ideológico está quedando en segundo plano y se vuelve importante trazar alianzas con posibles actores que tengan acciones posibles.
Hay que sopesar las estrategias que los partidos políticos, nuevos y viejos, han desarrollado a lo largo de estos años. ¿En qué cosas han sintonizado con las realidades de los ciudadanos?, ¿han sabido canalizar las demandas y expectativas de la ciudadanía o por el contrario siguen manteniendo la premisa de ver a la ciudadanía como votante y no como elector?
Dentro de todas las diversidades y una cultura de diálogo permanente se deben poner algunas coincidencias y consensos para sacar al país de los atolladeros políticos y sociales en los que están metidos quienes gobiernan. Así se pueden generar mínimos acuerdos que apunten a un proceso de soberanía desde los micropoderes populares y sociales.
Es imperante buscar salidas y entradas que puedan dar estabilidad para los próximos años, de no ser así, el grupo de JOH empuja al país hacia un “hara kiri político social” ya anunciado por las propias acciones impulsadas por su gobierno.
Las crisis que hemos ido enfrentando en Honduras, tanto económica, política como social, deberían despejarnos el camino para los próximos años: cualquier proceso que tenga como fin la búsqueda de soberanía y democracia será esencial para la gobernanza desde la dignidad y solidaridad de los pueblos.
Pocas familias y grupos empresariales se han aprovechado de momentos claves en Honduras para concentrar el poder
Monday, 25 June 2018 13:42 Written by Salvador Monroy Published in Contexto
La transición política hacia la democracia en 1982 y la
económica al neoliberalismo en 1990, fueron los factores claves para que
pocas familias y grupos empresariales concentraran poder político y
económico en Honduras, provocando la destrucción sistemática voluntaria y
planificada de las instituciones, según las conclusiones de la
investigación “Élites, Redes de Poder y Régimen Político en Honduras”,
del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) y Oxfam
Honduras, presentada en Tegucigalpa este 25 de junio de 2018.
Estos grupos son señalados de elegir presidentes, magistrados,
funcionarios, diputados y hasta alcaldes, a la vez son los que toman las
decisiones para controlar el futuro político y económico del país.
“A lo largo de los últimos 40 años quienes encabezan este grupo de poder han sido Jaime Rosenthal (Grupo Continental); Carlos Kattán (Industria textil maquiladora); Camilo Atala Faraj (Grupo Ficohsa); Gilberto Golstein (Grupo Atlántida); Eduarco Kafati (Grupo Interur) ; Angelo Botazzi y Masry Asfura Zablah (Industria de la Construcción).
Barbarie Institucional
Según Marvin Barahona, investigador principal del estudio, hay una barbarie institucional de destrucción de todo el Estado por estos grupos para su beneficio personal.
HONDURAS: “DESVISADO” ELVIN SANTOS Y 37 MÁS DE “CASO PANDORA”
En
las últimas horas ha trascendido que la embajada de Estados Unidos,
canceló la visa a los 38 imputados en el escandaloso “caso Pandora”, que
reveló el desfalco de 282 millones de lempiras en 2013. Además, de
acuerdo a la información, el documento fue cancelado también para varios
magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. “Desvisados”
han quedado los 38 implicados en el “Caso Pandora”, según ha
trascendido en las últimas horas. Entre los protagonistas de este nuevo
caso de corrupción, figura el exaspirante a la presidencia, Elvin
Santos, quien hace unos días, pasó por Estados Unidos para viajar a su
boda en Bolivia.
De
acuerdo a la información del Diario La Tribuna, la embajada del país
norteamericano, canceló la visa a los 38 imputados y junto a ellos,
también varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Según
el artículo de ese rotativo, se comunicaron con la sede diplomática
para confirmar la información; no obstante, la fuente contactada no
confirmó, pero, tampoco negó el reporte.
“No
opinamos sobre casos específicos de visas, pero en el pasado hemos
revocado visas a aquellas personas acusadas de delitos. Seguiremos
usando la revocación de visas como una herramienta para continuar
apoyando a Honduras. No queremos que los Estados Unidos sea un refugio
para personas que buscan escapar a la justicia aquí o en cualquier otro país”, afirmó la fuente.
El
“caso Pandora”, expuso que en 2013 los partidos Liberal, Nacional y
Frente Amplio en Resistencia Política, desfalcaran casi 300 millones de
lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), para usarlos
en carrera política en las elecciones de ese año.
Foto: CHTV
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos en Honduras, OACNUDH, señaló su preocupación por la
falta de transparencia y publicidad en la selección de la nómina de los
cinco candidatos para el cargo de Fiscal General y Adjunto del
Ministerio Público, según un comunicado público difundido este martes 26
de junio de 2018.
La Junta Proponente entregó este 26 de junio al Congreso Nacional el
informe de la nómina de los cinco seleccionados para ocupar los cargos
de Fiscal General de la República y Fiscal General Adjunto donde figuran
Abraham Alvarenga Urbina; Carlos Roberto Cálix Hernández; Daniel Arturo
Sibrian Bueso; Hermes Omar Moncada y Lidia Estela Cardona.
La OACNUDH cuestiona el hecho de que la Junta Proponente no haya atendido al llamado reiterado hecho por la Relatoría Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de las Naciones Unidas y al de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación a garantizar y hacer efectivos los principios de publicidad y transparencia, asegurando que el proceso estuviese abierto al escrutinio y participación de los sectores sociales
Este es el comunicado de la OACNUDH:
OACNUDH expresa su preocupación por la falta de publicidad en la conformación de la Nómina de 5 candidatos y llama al Congreso a un análisis exhaustivo de los perfiles
Tegucigalpa, Honduras, 26 de junio de 2018. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, expresa su preocupación por la falta de publicidad, transparencia y motivación en la conformación de la nómina de cinco candidatos, que la Junta Proponente ha remitido este día al Congreso Nacional.
OACNUDH lamenta, que la Junta Proponente no haya atendido al llamado reiterado hecho por la Relatoría Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de las Naciones Unidas y al de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación a garantizar y hacer efectivos los principios de publicidad y transparencia, asegurando que el proceso estuviese abierto al escrutinio y participación de los sectores sociales, que contribuyese a la confianza ciudadana de que los candidatos y las candidatas han sido seleccionados con base en sus méritos, capacidad, idoneidad y honradez, y conforme con los estándares internacionales de derechos humanos.
OACNUDH reitera lo señalado el pasado 18 de junio por la Relatoría Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de las Naciones Unidas, en relación a la labor de la Junta Proponente en la conformación de la nómina.
“Es fundamental que la sociedad civil, los organismos observadores y cualquier ciudadano que demuestre interés en el proceso de selección puedan participar en los debates sobre quién está en la lista de candidatos”, señaló el Relator Diego García-Sayán.
En esta nueva etapa a cargo del Congreso Nacional, la Oficina considera fundamental que dicho Poder del Estado realice una evaluación exhaustiva de los cinco candidatos, de acuerdo a criterios de idoneidad, mérito, capacidad y competencias, incluyendo el desarrollo de Audiencias Públicas previstas en la ley.
La Oficina considera, que el plazo de dos meses, hasta el vencimiento del mandato del actual Fiscal (Septiembre 2018), es razonable para permitir al Congreso el desarrollo de dicho escrutinio con veeduría social.
Finalmente, la Oficina comparte la preocupación expresada por el Relator Especial en relación a “que algunos de los miembros de la comisión parlamentaria que examinarán los antecedentes de los candidatos hayan sido cuestionados públicamente e incluso estén procesados por corrupción”, y exhorta al Congreso Nacional a adoptar todas las salvaguardas para garantizar que el proceso esté exento de interferencias indebidas en aras de fortalecer el sistema de justicia y el Estado de Derecho.
La Oficina desea destacar la importancia de que esta elección contribuya al fortalecimiento de la Institución del Ministerio Público en sus esfuerzos en el combate a la impunidad y a la corrupción.
La OACNUDH cuestiona el hecho de que la Junta Proponente no haya atendido al llamado reiterado hecho por la Relatoría Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de las Naciones Unidas y al de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación a garantizar y hacer efectivos los principios de publicidad y transparencia, asegurando que el proceso estuviese abierto al escrutinio y participación de los sectores sociales
Este es el comunicado de la OACNUDH:
OACNUDH expresa su preocupación por la falta de publicidad en la conformación de la Nómina de 5 candidatos y llama al Congreso a un análisis exhaustivo de los perfiles
Tegucigalpa, Honduras, 26 de junio de 2018. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, expresa su preocupación por la falta de publicidad, transparencia y motivación en la conformación de la nómina de cinco candidatos, que la Junta Proponente ha remitido este día al Congreso Nacional.
OACNUDH lamenta, que la Junta Proponente no haya atendido al llamado reiterado hecho por la Relatoría Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de las Naciones Unidas y al de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación a garantizar y hacer efectivos los principios de publicidad y transparencia, asegurando que el proceso estuviese abierto al escrutinio y participación de los sectores sociales, que contribuyese a la confianza ciudadana de que los candidatos y las candidatas han sido seleccionados con base en sus méritos, capacidad, idoneidad y honradez, y conforme con los estándares internacionales de derechos humanos.
OACNUDH reitera lo señalado el pasado 18 de junio por la Relatoría Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de las Naciones Unidas, en relación a la labor de la Junta Proponente en la conformación de la nómina.
“Es fundamental que la sociedad civil, los organismos observadores y cualquier ciudadano que demuestre interés en el proceso de selección puedan participar en los debates sobre quién está en la lista de candidatos”, señaló el Relator Diego García-Sayán.
En esta nueva etapa a cargo del Congreso Nacional, la Oficina considera fundamental que dicho Poder del Estado realice una evaluación exhaustiva de los cinco candidatos, de acuerdo a criterios de idoneidad, mérito, capacidad y competencias, incluyendo el desarrollo de Audiencias Públicas previstas en la ley.
La Oficina considera, que el plazo de dos meses, hasta el vencimiento del mandato del actual Fiscal (Septiembre 2018), es razonable para permitir al Congreso el desarrollo de dicho escrutinio con veeduría social.
Finalmente, la Oficina comparte la preocupación expresada por el Relator Especial en relación a “que algunos de los miembros de la comisión parlamentaria que examinarán los antecedentes de los candidatos hayan sido cuestionados públicamente e incluso estén procesados por corrupción”, y exhorta al Congreso Nacional a adoptar todas las salvaguardas para garantizar que el proceso esté exento de interferencias indebidas en aras de fortalecer el sistema de justicia y el Estado de Derecho.
La Oficina desea destacar la importancia de que esta elección contribuya al fortalecimiento de la Institución del Ministerio Público en sus esfuerzos en el combate a la impunidad y a la corrupción.
Hernández habla en EE.UU. de restaurar la democracia en Venezuela
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-Un
comunicado de la Casa Blanca establece que en la reunión sostenida en
Washington hoy entre el el jefe de Gobierno de Honduras, Juan Hernández y
el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, “los dos líderes
reafirmaron su grave preocupación por el impacto desestabilizador de la
crisis en Venezuela y la necesidad de restaurar la democracia en este
país”.
Hernández
ha hecho el señalamiento contra el gobierno venezolano pese a que
internamente no ha logrado legitimar su segundo gobierno, el que asumió
en medio de protestas y serias denuncias de fraude y violación a la
Constitución, porque la reelección se adoptó mediante un fallo del Poder
Judicial.
Noticia Relacionada: Gobierno de Honduras sumiso ante EE.UU. en votación de la ONU
El vicepresidente Pence agradeció al presidente Hernández por su apoyo a Israel y la reubicación de la embajada de Estados Unidos en Jerusalén, y los dos líderes reafirmaron su grave preocupación por el impacto desestabilizador de la crisis en Venezuela y la necesidad de restaurar el país a la democracia: Comunicado de la Casa Blanca.
AGRADECIMIENTO
El
texto de la Casa Blanca refiere además que el vicepresidente Pence
agradeció Hernández por su apoyo a la decisión de Estados Unidos de
reconocer a Jerusalén como capital de Israel y trasladar allí su
embajada.
El
20 de diciembre del año pasado Honduras votó en la Asamblea General de
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en consonancia a los
intereses de los Estados Unidos, sobre la capital israelí. A los dos
días de la votación en la ONU, el Departamento de Estado reconoció a
Hernández como el ganador de las polémicas elecciones del 27 de
noviembre.
Analistas
consideraron en su momento que el reconocimiento del supuesto triunfo
de Hernández, era el pago de Estados Unidos por el voto de Honduras en
la ONU.
En
abril pasado el Parlamento hondureño aprobó una moción para trasladar
su embajada a Jerusalén. Hasta el momento Guatemala ha sido uno de los
pocos países que han seguido los pasos de EE.UU. y en mayo inauguró su
embajada en Jerusalén.
SEGURIDAD, CORRUPCIÓN Y MIGRACIÓN
El
comunicado señala además que la reunión de Mike Pence y Juan Hernández
fue para reforzar “la sólida asociación entre Estados Unidos y Honduras,
con un enfoque particular en fortalecer nuestra relación de seguridad,
reafirmando un compromiso con la lucha contra la corrupción y trabajando
conjuntamente para abordar la migración”.
Comunicado de la Casa Blanca
El
Vicepresidente Mike Pence se reunió hoy con el Presidente de Honduras
Juan Orlando Hernández para reforzar la sólida asociación entre Estados
Unidos y Honduras, con un enfoque particular en fortalecer nuestra
relación de seguridad, reafirmando un compromiso con la lucha contra la
corrupción y trabajando conjuntamente para abordar migración. El
vicepresidente Pence agradeció al presidente Hernández por su apoyo a
Israel y la reubicación de la embajada de Estados Unidos en Jerusalén, y
los dos líderes reafirmaron su grave preocupación por el impacto
desestabilizador de la crisis en Venezuela y la necesidad de restaurar
el país a la democracia.
El Congreso, la Corte y Almagro han sido los tropiezos de la MACCIH, según informe de CLALS
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-El
Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) han sido las
estructuras del Estado que han gestado reveces a la Misión de Apoyo
Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), según un
informe presentado hoy por el Centro de Estudios Latinoamericanos y
Latinos (CLALS) de American University (CLALS, por sus siglas en
inglés).
“Dos
años de MACCIH: Avances y Desafíos”, es el informe que en 60 páginas
descifra los vaivenes de la Misión de la Organización de Estados
Americanos (OEA) durante sus dos primeros años de funcionamiento para
desentrañar las redes de corrupción en Honduras, donde además se
reconoce que el Poder Ejecutivo ha sido parte de ese entramado para
debilitar a la Misión.
El
documento refiere que el Congreso “pareciera estar empeñado en aprobar
únicamente leyes que impidan que la MACCIH colabore efectivamente en los
casos anticorrupción, en lugar de aprobar las leyes que ha propuesto”.
En
ese entramado de malas intenciones, se precisa de varios reveces
legislativos que han afectado el buen funcionamiento de la Misión, entre
los que se citan, la reforma a la Ley Orgánica de Presupuesto, más
conocida como “pacto de impunidad”, los trastoques que se le hicieron a
la Ley de política limpia, la no derogación de la Ley de Secretos
Oficiales, la no aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz.
Noticia Relacionada: Con el addendum parece que se quiere silenciar al nuevo vocero de la MACCIH
LA CORTE
El
informe refiere que la Corte Suprema de Justicia ha disminuido algunos
cargos en casos de corrupción, y ha demostrado estar dispuesta a no
aplicar el peso de la ley para funcionarios y ex funcionarios de la
misma manera que para el resto de la ciudadanía que cumple sus penas en
las cárceles del país, antes y después de sus juicios.
“Y
más allá del debilitamiento de la MACCIH por el Ejecutivo, el Congreso
La Corte, el futuro de la Misión depende crucialmente del próximo Fiscal
General. Ahora que el Presidente Hernández y el Partido Nacional han
mostrado su gran influencia sobre los tribunales y el Congreso, el
Ministerio Público es uno de los pocos mecanismos potenciales de
rendición de cuentas sobre el Poder Ejecutivo, apoyado por la propia
MACCIH. La selección del Fiscal General es, pues, crucial para el éxito
de los esfuerzos anticorrupción en general y de la MACCIH en el futuro”,
establece el documento.
LUIS ALMAGRO
El documento precisa que además de las instituciones hondureñas, “la política de la MACCIH ha puesto en evidencia a una OEA débil y dividida, dirigida por un Secretario General impulsivo e inconsistente”.
El
Futuro de la MACCIH enfrenta duros retos en distintos frentes al
comenzar su tercer año de operaciones. El principal reto es el fallo de
la Sala de lo Constitucional dictaminando que la Unidad Fiscal Especial
Contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) no es constitucional,
señala.
Fue una movida astuta por parte de la Sala Constitucional dictaminar que el convenio de la MACCIH es constitucional, y a la vez lograr eliminar a su socio más importante al dictaminar que UFECIC es inconstitucional: Reflexión del informe.
El
liderazgo de la MACCIH todavía es interino (y así, efectivamente,
dejando solamente un fiscal en el equipo, mientras la otra fiscal maneja
la misión interinamente), dice el informe al referirse a la vocera
interina, Ana María Calderón Boy, ya que al momento de la redacción del
texto el gobierno hondureño no había aceptado la designación de Luis
Antonio Guimarães.
Descargue aquí el informe “Dos años de MACCIH: Avances y Desafíos”,
Al
hacer una comparación con la Comisión Internacional Contra la
Corrupción e Impunidad en Guatemala (CICIG), se concluye que la MACCIH
no logró ninguna condena en sus primeros dos años, sino que fue hasta en
su segundo año, especialmente con la creación de la Ufecic, que logró
acusaciones en sus dos casos de más alto perfil-contra cinco
parlamentarios y contra la ex primera dama Rosa Elena de Lobo. Reconoce
que la Misión se benefició del trabajo realizado previamente por el
Consejo Nacional Anticorrupción (CNA). Sin embargo, la oposición entre
las élites políticas aumentó en 2017, ya que el Congreso no aprobó leyes
importantes.
La
reelección controversial del presidente Hernández, que muchos analistas
y la mayoría de los hondureños creen que fue a través de fraude,
profundizó las tensiones entre la OEA y el gobierno y socavó la fe en el
sistema democrático, incluyendo el Estado de derecho en el país, cita
el estudio.
El
informe “Dos años de MACCIH: Avances y Desafíos”, se construyó con base
a docenas de entrevistas con funcionarios hondureños, funcionarios
estadounidenses, representantes de la OEA y de múltiples organizaciones
de la sociedad civil, al igual que en reportes de prensa y comunicados
oficiales del gobierno hondureño y los reportes oficiales de MACCIH.
El
l informe analiza además el contexto en el cual la MACCIH fue creada, y
su desempeño y avances, así como los obstáculos que se fueron
presentando por parte del gobierno hondureño y las elites políticas y
económicas, y sorprendentemente, los obstáculos presentados por la misma
organización creadora de MACCIH – la OEA.
El
documento refiere que el gobierno de EE. UU., ha manifestado su apoyo a
la MACCIH, al igual que otros países donantes. Sin embargo, su futuro
se ve sombrío si la cooperación internacional no manifiesta su apoyo con
mayor contundencia, y si en las próximas elecciones del Fiscal General
el fiscal electo no es una figura fuerte e independiente.
El
documento apunta además que no ha quedado claro si el Secretario
General de la OEA, Luis Almagro, le otorgará más autonomía al nuevo
vocero y si eliminará algunos de los obstáculos financieros y de gestión
que se han puesto en evidencia en estos dos años.
El
documento se presentó en el marco de un evento copatrocinado por el
CLALS y la Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC). El profesor
Charles T. Call, profesor asociado de la Facultad de Servicio
Internacional de American University, es el autor principal del informe.
Posterior
a la presentación del informe hubo un panel integrado por Ana María
Calderón, vocera interina de la MACCIH; Yahvé Sabillón, diputado por el
Partido Libre y coordinador del Frente Parlamentario de Apoyo a la
MACCIH; Odir Fernández, jefe de investigación del CNA; Marlon Brevé,
rector de Unitec y Gabriela Blen, dirigente del Movimiento Indignados y
fundadora del Coordinadora Estudiantil Anticorrupción (CEA).
El descubrimiento del desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social HSS) en el 2015 fue la chispa que condujo a la creación de la MACCIH a raíz de las movilizaciones de las antorchas que exigían la renuncia del presidente, Juan Hernádez, luego que éste admitiera que parte de los fondos dilapidados habían servido para financiar su campaña política de 2013.La población exigía en las calles una comisión internacional auspiciada por las Naciones Unidas, similar a la CICIG. Sin embargo Hernández planteó hábilmente la Misión de la OEA y el 19 de enero de 2016 firmó el convenio junto con el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, y en abril de ese mismo la instancia comenzó a operar.
Noticia Relacionada: Ante presión de EE.UU. Gobierno de Honduras acepta designación de Luiz Antonio Guimarães como vocero de la MACCIH
REFLEXIONES DEL INFORME
- En el caso de MACCIH, ahora parece claro que fue un error acceder a las demandas del gobierno que Luis Almagro asumiera el liderazgo de la misión y, en lugar de un jefe, tuviera cuatro coordinadores de área en Tegucigalpa.
- Desde el punto de vista político, el depender de la OEA dificultó mucho el trabajo de MACCIH, situación que la CICIG no experimentó, por ser una misión apoyada, pero no manejada, por la ONU.
- La trayectoria política de la MACCIH ha puesto en evidencia a una OEA débil y dividida, dirigida por un Secretario General impulsivo e inconsistente.
- El solo haber acusado a ¡cinco! diputados de la oposición, literalmente solo la punta del iceberg de la corrupción legislativa, fue suficiente para provocar una reacción virulenta del Congreso que le cerró a la MACCIH y al Fiscal General la posibilidad de investigar a los legisladores corruptos del pasado y presente.
- Después del derrocamiento de un presidente electo en 2009, la cuestionable reinterpretación de la cláusula de no reelección de la Constitución, y el aparente fraude en las elecciones del 2017, es claro que se necesitan más medidas para crear un sistema electoral que goce de la confianza de la población, como manifestaron la OEA, la UE y otros organismos internacionales.
CIDH y OACNUDH condenan asesinatos de defensores indígenas y campesinos en Guatemala
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.
– La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en
Guatemala (OACNUDH) condenan los asesinatos de defensores de derechos
humanos integrantes de organizaciones indígenas y campesinas que han
tenido lugar recientemente. La CIDH y la OACNUDH expresan su
preocupación ante la situación de riesgo en la que se encuentran las y
los defensores de derechos humanos y el incremento de hechos de
violencia y ataques en su contra.
Según
información recibida, el 9 de mayo de 2018 el señor Luis Arturo
Marroquín, líder del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) y defensor
del desarrollo rural de los pueblos indígenas y de los campesinos, fue
asesinado en el departamento de Jalapa. Al día siguiente, el 10 de mayo,
José Can Xol, líder del Comité Campesino del Altiplano (CCDA) y
autoridad ancestral, fue asesinado en el departamento de Alta Verapaz.
Tres días después en el mismo departamento, el 13 de mayo, fue asesinado
Mateo Chamán Paau, también defensor e integrante de CCDA y el 1 de
junio, falleció Ramón Choc, otro defensor de CCDA después de un ataque
con arma blanca del que resultó con lesiones graves. El 4 de junio
fueron asesinados Alejandro Hernández y Florencio Nájera, dos líderes de
CODECA, en Jutiapa y el 8 de junio, Francisco Munguía en Jalapa, los
tres por ataques con machete.
La
CIDH y la OACNUDH expresan su preocupación sobre la situación de
violencia e indefensión de las comunidades indígenas y sus defensoras o
defensores en Guatemala, que está estrechamente relacionada con la
situación de discriminación y exclusión que enfrentan, así como la falta
de seguridad jurídica sobre sus tierras y territorios.
Tal
como lo señaló la CIDH en su informe Situación de derechos humanos en
Guatemala de 2017, las cifras de ataques a personas defensoras de los
derechos de los pueblos indígenas en Guatemala estarían en aumento en
los últimos años. Estos asesinatos se suman a los de otros tres
defensores de derechos humanos y dos periodistas desde inicios de 2018.
La CIDH y la OACNUDH confían en que el Estado de Guatemala investigará
estos asesinatos de manera urgente, exhaustiva y objetiva a fin de
esclarecer los motivos y circunstancias de los mismos, tomando en
consideración la labor de defensa de los derechos humanos que realizaban
los defensores asesinados, en particular el derecho a la tierra y al
territorio de sus comunidades, como un elemento importante en el
desarrollo de las investigaciones. Asimismo confían en que
posteriormente se avance en el juzgamiento y sanción de los responsables
materiales e intelectuales.
Los
asesinatos y otros actos de violencia en contra de las personas
defensoras de derechos humanos tienen un impacto adicional sobre todas
aquellas personas o comunidades para quienes trabajan, dejándoles en un
estado de mayor vulnerabilidad. Para las comunidades indígenas, la
pérdida de un líder o un defensor podría afectar su participación
efectiva en asuntos que inciden en sus derechos, su inclusión,
autodeterminación y su libre desarrollo dentro de un Estado
multicultural y democrático.
La
CIDH y la OACNUDH han recibido también información sobre propuestas
legislativas que podrían coartar la capacidad de las organizaciones de
derechos humanos de cumplir con su legítima labor de defender derechos
humanos en Guatemala, tales como la iniciativa de ley No. 5257, que
dispone aprobar reformas a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales
para el Desarrollo. Esta propuesta buscaría implementar limitaciones y
controles en el registro y ejercicio de funciones de las ONG de manera
incompatible con los derechos a la libertad de expresión y asociación.
Finalmente,
la CIDH y la OACNUDH reiteran que los Estados tienen la obligación de
proteger y garantizar la vida e integridad personal de defensoras y
defensores de derechos humanos a través de la adopción de medidas
específicas. Urgen en este marco al Estado a avanzar en la adopción e
implementación de una política pública de protección a personas
defensoras, conforme a lo establecido en el informe “Hacia una política
integral de protección a personas defensoras de derechos humanos” y en
los estándares y recomendaciones internacionales formuladas al país.
La
CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los
Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión
Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa
de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de
la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros
independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a
título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
La
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos en Guatemala (OACNUDH) se estableció en el país en 2005 a raíz
de un acuerdo firmado con el Gobierno de Guatemala. OACNUDH tiene como
mandato observar e informar sobre la situación de los derechos humanos a
fin de asesorar a las autoridades guatemaltecas en la formulación y
aplicación de políticas, programas y medidas para promover y proteger
los derechos humanos en Guatemala. La Oficina promueve la observancia
de los derechos humanos y la aplicación de las recomendaciones
formuladas por órganos y mecanismos internacionales de derechos
humanos. Asimismo, OACNUDH proporciona asesoría a representantes de la
sociedad civil, organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y a
particulares.
Amenaza y oportunidad de la crisis que provocará Trump (3)
Por: Rodolfo Pastor Fasquelle
Su hueste esta feliz. ¿Que bueno que por fin están jodiendo a esos spics? Las elecciones del midterm
aun no lucen aplastantes. (No esta a la vista una avalancha demócrata.)
Don D.T. se enfrenta al Senado, que no quiere cederle licencia a un
consorcio chino de comunicaciones. Al bucloso –así decimos
aquí- lo tienen sin cuidado las acusaciones de corrupción contra un par
de ministros y la fundación de su familia. No le importa que los
liberales reprendan la inhumana separación de los niños migrantes, para
obligar a concertar una ley mas dura de migración y aprobar el
financiamiento para el muro, que no le quiso pagar México. Si lo critica
la ONU peor para ella. Mientras tanto, atribuyéndose mejoras económicas
efímeras y aprovechando el engañado aplauso por el acuerdo de Singapur,
cuando Corea del Norte ya comenzó a estorbar la concreción de las
buenas intenciones, Trump ¡acelera la recolección de fondos de campaña
para un segundo periodo! ¿Quién daba un daime por él? ¿Se queda?
El
éxito de la economía estadounidense decimonónica fue fruto del libre
comercio interno y la protección. La unión de las colonias en 1793
detonó la primera disputa, porque los estados del Sur querían libertad
para importar manufacturas del mundo y los del Norte, protección para su
industria incipiente. Y la consolidación, por fuerza de armas, de la
Unión de los estados en 1860 habría permitido que los EUA se
convirtieran en un gran mercado integrado y exclusivo. Pero cuando los
EUA pasaron a ser principal protagonista de la Segunda Revolución
Industrial, antes de fines del s. XIX, ya buscaban mercados y materia
prima afuera. Aun si insistían -entrado el s. XX- en proteger su
plantel, su prosperidad dependía ya de la expansión del mercado externo.
Sus mogules jugaban a construir ferrocarriles que antes construían los
ingleses y a defender el tráfico del opio en China. El doble estándar
hipócrita del aislacionismo suponía que los
EUA se podían lucrar del comercio mundial, y de la subordinación de
amplias geografías, sin asumir responsabilidad, fuera de asegurar el
pago. Para eso estaban las cañoneras e intervenciones de los marines).
Aunque no debían participar en guerras entre potencias que rivalizaban por las utilidades del orden imperial.
Así
hay que entender también que el neoliberalismo y el proteccionismo no
son opuestos si no –paradoja- complementos. Junto con el
intervencionismo, su complemento el aislacionismo prevaleció previo a
que W. Wilson entrara a la Primera Guerra, y F. D. Roosevelt tuvo que
vencerlo de nuevo para entrar, en 1941, a la Segunda Guerra. Después la expansión exponencial de su economía EUA se beneficiaba tanto del libre comercio ¡que se convirtió en su mayor paladín! Hasta los 1980s.
(Ya en los 50s, las clases dominantes aliadas
y los ejércitos nativos –a los que EUA reclutaba, armaba, entrenaba y
adoctrinaba– garantizaban la hegemonía ante cualquier reto o
contradicción, sin recurrir a las armas estadounidenses. En los 60s se
aisló a Cuba con el embargo y la CIA organizó golpes contra todos los
regimenes surgidos para acatar exigencias populares.)
Sin
ser pitiyanqui sin embargo, ni pensar en ingles, la integración exitosa
de las economías del Continente era lo más prometedor del nuevo siglo
para todos. Generó una nueva eficiencia de todo el sistema y estuvo
asociada a un crecimiento sin precedentes de 1941 a 1980. Aunque
quedaban pendientes el libre movimiento del capital y el de las
poblaciones que -acoplados a un proceso de transferencia de tecnología-
suponían una lenta pero continua nivelación de los salarios. No
obstante, para los 1980s, un enorme déficit comercial acumulado
arrinconaba a los EUA.
- Trump surge en la política, ante ese dilema, aprovecha la fisura en el establishment, iza de nuevo la causa del proteccionismo y el desmantelamiento del mercado mundial integrado. Pero el nuevo proteccionismo de EUA no solo contradice la raíz original de su prosperidad, es una contradicción directa de la tendencia global del último siglo. Coincide en eso Trump –otra paradoja- con el rechazo de la izquierda y el reclamo de W. Sanders contra lo que llaman globalización. Y postula que los EUA estarán mejor produciendo lo que ocupan, sin desplazar inversión ni aceptar migración. Esa política reduce la competitividad del todo, anula los retos que mantienen saludable al sistema y solo podrá ganar en un sector lo que pierde en otro. Hoy, a todos nos empobrecerá.
Ni
America Latina ni Europa son responsables del déficit comercial de los
EUA ni, para el caso, China. (Lo que tendría que hacer EUA -como estado-
es disminuir gradualmente su gasto, invirtiendo en áreas que aumentan
la productividad, la educación, la salubridad, la infraestructura útil,
para producir más y financiar compensaciones graduales de ajuste. Bajo
Trump va a gastar más, en armas improductivas y fantasías como el muro.)
La política de proteger su mercado contra esa competencia con impuestos
esta equivocada, va a fracasar y a resultar contraproducente. Ejemplo,
el encarecimiento del acero en la aduana, aumentará los precios de
muchos derivados domésticos que tampoco podrán exportarse. Retroceder en
la integración o intentar volver al pasado resultara costosísimo. Ya lo
resiente el mercado que estaba animado. Las aduanas recogerán más
impuesto pero la gente perderá su poderde compra y las economías ligadas
perderán eficiencia y mercados
Como
esos cambios gravosos en las reglas de comercio ponen en predicado
todos los sobrentendidos las relaciones económicas internacionales,
Trump provocará una novel crisis, realineará a cientos de países en su
contra e impulsará nuevas integraciones. Y puesto que nuestra
dependencia es mayor, quizás el efecto Trump
aglutine primero a los países de América Latina alrededor de nuevas
oportunidades. Como anticipaban nuestros más lucidos líderes podría de
manera insospechada, impulsar una nueva integración latinoamericana,
incluso más allá de particiones ideológicas, animando a quienes van a
sustituir a EUA en sus mercados. Pero ocupará astucia y hay que estar
preparados.
Lógicamente
los socios nativos de los estadounidenses perderán influencia y
control. Eso pasó a inicios de los 80s y el proceso engendró nuevos
retos. Chávez -que fundó el MBR 200 justo entonces- y el Sandinismo
surgieron como válvulas de escape del neoliberalismo y de la política
hegemónica. Y en vista de que la derecha local no podía con ellos, a
inicios de los 80s Reagan organizó una guerra ilegal para neutralizar peligros,
comenzando por aislar y aplastar a la Revolución Sandinista,
aislándola, saboteándola, rodeándola de bases y armando al contra. Era
imperativo preservar la hegemonía fracturada. Hoy D.T. busca asustar,
para compensar las perdidas inminentes de control y de mercados. ¡Puede
terminar haciendo una pataleta equivalente!
Red latinoamericana y del Caribe demanda a Trump la anulación de la política “tolerancia cero”
Por: Redacción CRITERIO redacción@criterio.hn
Tegucigalpa.-Representantes
de El Salvador, Guatemala, Honduras y México en la Red Latinoamericana
y Caribeña por la Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y
Adolescentes (REDLAMYC) se pronunciaron contra el plan “tolerancia cero”
que establece políticas contrarias a derechos humanos. Destacaron la
necesidad urgente de la articulación a nivel regional para enfrentar las
políticas del Gobierno de los Estados Unidos y la urgencia de crear un
Mecanismo Transnacional de Protección Especial de Niñez Migrante.
Noticia Relacionada: Trump considera ahora deportación de inmigrantes sin proceso judicial
De
acuerdo con la información del Departamento de Seguridad Interna (DHS,
EE. UU) proporcionada al Senado, desde la implementación del plan
“tolerancia cero” el 6 de mayo y hasta el 19 de junio, 2.342 niñas,
niños y adolescentes han sido separados de sus familias y permanecen en
más de 100 centros de detención, ubicados en 17 estados de la nación del
norte.
“Rechazamos
con profunda indignación estas políticas; y los tratos crueles y
humillantes que incluso podrían configurarse como tortura; y exigimos la
suspensión inmediata del plan “tolerancia cero”, dijo el secretario
ejecutivo de REDLAMYC, Juan Martín Pérez García.
Llamó
a los Estados de la región a articularse de forma urgente y a
establecer un Mecanismo Transnacional de Protección Especial a la Niñez
Migrante, que ofrezca una respuesta real y sostenida a la crisis
humanitaria desde los países de origen a través de sus instituciones y
programas de atención a la niñez; y evite paulatinamente que sea un tema
de seguridad nacional y agentes migratorios.
Pérez
García resaltó que las políticas migratorias existentes “no reconocen
los factores estructurales que generan la salida masiva de familias
completas de países como México o países en Centroamérica.”
Wilmer
Vásquez, director ejecutivo de la Red de Instituciones por los Derechos
de la Niñez (COIPRODEN) en Honduras apuntó que su país es uno de los
más desiguales del mundo con más del 67% de pobreza y exclusión social,
donde la sociedad solo es atendida con el 10% de los recursos del
gobierno, lo que obliga a familias, niñas, niños y adolescentes a
abandonar el país, no solo por violencia, sino por la falta de
oportunidades de educación de calidad, salud, empleo, entre otros.
Señaló que el Estado de Honduras debe exigir a su contraparte
norteamericana el fin inmediato de las prácticas inhumanas y el cese del
plan “tolerancia cero”.
Entre
tanto la gerente general de la Red para la Infancia y la Adolescencia
(RIA), en El Salvador, Georgina Ramos, mencionó que las imágenes
mostradas son indignantes, y llevan a recordar los campos de
concentración. La separación y detención realizada por las autoridades
norteamericanas “afecta de forma psicosocial, criminaliza y afecta el
derecho humano a migrar además de que genera un daño irreparable que
puede incluso ser irreversible en niñas y niños; el sufrimiento humano
de niñas, niños y sus familias no debe ser visto como mercancía de
negociación”.
Ramos
consideró que se trata de una campaña orquestada por el Gobierno de los
Estados Unidos que busca generar terror y miedo para reducir la
migración “el principal fundamento de cualquier política migratoria es
la seguridad humana y lo que está ocurriendo es lo contrario: políticas
deshumanizantes, violatorias de derechos humanos.”
Otto
Rivera, secretario ejecutivo de la Coordinadora Institucional de
Promoción por los Derechos de la Niñez (CIPRODENI) en Guatemala dijo que
la situación lleva a repensar la necesidad de acciones articuladas, no
solo nacionales, sino medidas internacionales y subregionales,
estableció que “la migración es un derecho, separar a las familias,
separar a niñas y niños y enjaularlos, eso, es un crimen”.
Rivera
apuntó que las causas estructurales que obligan a niñas y niños a
migrar son las violencias, la pobreza y reunificación familiar
“adolescentes en Honduras y Guatemala han expresado que, en sus países,
sus sueños nunca se podrán cumplir, lo que hace notar que hacen falta
políticas estructurales que den oportunidades a familias, niñas y
niños.”
Isabel
Esteinou, Secretaria Técnica de la Alianza por los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes en México (Alianza Mx), recordó que México es un
país de tránsito, por lo que señaló que “es necesario hacer un
extrañamiento contundente para que el gobierno mexicano establezca una
posición de indignación al mismo tiempo que esta sea una oportunidad de
revisar sus propias políticas migratorias violatorias de derechos
humanos”, así como su trato hacia los migrantes centroamericanos, de
manera que se establezcan las negociaciones y se logre una solución
conjunta con los países en Centroamérica.
Alicia
Vargas, presidenta del Consejo Directivo de la Red por los Derechos de
la Infancia en México (REDIM) dijo que la condición de emergencia “es
una violación absoluta a los derechos humanos y un chantaje que van en
contra del pacto mundial en derechos humanos”.
Solicitó
de manera urgente la anulación del plan “tolerancia cero” y el
desistimiento de que niñas y niños sean rehenes. Exigió al gobierno
mexicano actué con mayor contundencia y en solidaridad con los gobiernos
de Centroamérica.
Noticia Relacionada: Papa Francisco crítica a Trump por sus política “tolerancia cero”
El
Presidente Trump recibió un contundente y generalizado rechazo de la
comunidad internacional, que le forzó a modificar su decreto de
separación de las familias migrantes. Sin embargo, sólo se compromete a
no separar familias, sin dejar claro la cancelación de las condiciones
humillantes de confinamiento en campos de concentración y uso de jaulas
metálicas.
