Gobierno militariza Ampala con el plan de asegurar las “Ciudades Modelos”
Hay una base que es la sede en la Isla de El Tigre; en Coyolito, que es una de las comunidades de la Península, hay un destacamento militar; también en Puerto Grande, en San Carlos, en la Isla Conejo y en Exposición la idea de desalojar a la gente era para instalar otro destacamento militar, señaló Cruz Torres.
Indicó que no nos sorprendería que en estos meses o próximos días vengan más militares y se instalen en otras comunidades de la Península, porque toda esta zona está concesionada para la instalación de las “Ciudades Modelos”.
Asimismo señaló que “están militarizadas nuestras comunidades, todo el municipio de Amapala, y ellos ponen otras excusas, pero nosotros sabemos que detrás de esos pasamontañas que utilizan hay otra cuestión”.
Normalmente solo ha existido la sede de la Base Naval en la Isla de El Tigre, pero desde que se anunció el proyecto de la instalación de las ZEDE, ahora ya están en otras cinco lugares de la Península de Zacate Grande, la que está compuesta por diez comunidades.
Según la Ley Orgánica de las ZEDE, son espacios territoriales altamente atractivos a la inversión nacional y extranjera, las que gozan de autonomía funcional y administrativa que incluye las funciones, facultades y obligaciones que la Constitución de la República y las leyes le confieren a los municipios.
Además están sujetas a una jurisdicción especial y contarán con tribunales autónomos e independientes con competencia exclusiva en todas las instancias sobre las materias que no estén sujetas a arbitraje obligatorio.
Los habitantes de la Península desde hace varios años han emprendido una lucha por la defensa de sus territorios, lo que le ha dejado como consecuencia la persecución, amenazas, criminalización, desalojos y el cierre de camino por parte de los terratenientes, empresarios poderos y políticos que se han ido adueñando de la zona.
El coordinador de Adepza confesó que nunca se imaginaron que Puerto Grande, donde están ubicadas las oficinas de la organización, la radio la Voz de Zacate Grande y el campamento internacional de defensores de derechos humanos, iba ser militarizado tan pronto.
“Creíamos que podía suceder por la lucha que hemos emprendido por la defensa de nuestro territorio, pero nunca que lo fueran a hacer tan ligero. Pero eso no significa que porque están ahí vamos a dejar nuestra lucha y que vamos a dejar de denunciar las violaciones a los derechos humanos, más nos incita a hacer las denuncias y a empoderar a la gente para que las compañeras y compañeros tengan más conciencia de la realidad que se vive en nuestro país”.
Con el objetivo de que la población esté informada y tengan conciencia de que se les viene con la instalación de las ZEDE en la zona, los defensores están realizando asambleas comunitarias en las diez comunidades que comprenden a la Península.
Alan Cruz Torres también denunció que con la implementación de los guardianes de la patria en los centros educativos, los militares lo han utilizado para dividir a la población, lo que ha generado conflicto entre los padres de familia y los maestros.
Los militares utilizan los terrenos del extinto empresario Miguel Facussé Barjún para realizar las actividades de los guardianes de la patria con los niños escolares de las comunidades que comprenden la Península de Zacate Grande.
El reglamento ciudades modelo y su simil en la Carta Rolston
Por: Carlos Zelaya Herrera
Aprobado
en el mandato legislativo de Juan Hernández en el Congreso Nacional, la
ley y el reglamento que da vida a las Zonas Especiales de Desarrollo,
(ZEDES’s) y otros del mismo corte, que hoy expone como el cuerno de la
abundancia para generar fuentes de empleo en un segundo período de
gobierno.
Sin
embargo, en esencia las ZEDES’s constituyen una burda expresión de
antipatriotismo al vender la patria a pedazos y vulnerar el Estado de
Derecho, ya que su aprobación pasó por destituir a cuatro magistrados de
la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en diciembre de
2012, opuestos a este marco excepcional.
Esta
ley significa que en las ZEDE’ los dueños erigirán Ciudades Estado
independientes a su entorno político y geográfico, regularán la
migración, tendrán su propia moneda, sistemas de leyes, seguridad y
podrán expropiar tierras a quienes se opongan y estén en la esfera de su
competencia.
Las
controversias judiciales serán resueltas por el Tribunal de Arbitraje
Internacional ubicado en la Isla Mauricio, en el centro del Océano
Pacífico, el cual está bajo la esfera judicial británica. O sea que
quienes presenten demandas civiles o penales tendrán que viajar hasta
ese lugar.
Las
ZEDE tendrán personalidad jurídica propia y su objetivo es desarrollar
centros financieros internacionales, Centros logísticos internacionales,
ciudades autónomas, cortes comerciales internacionales, distritos
especiales de inversión, distritos energéticos renovables, zonas
Económicas especiales, Zonas sujetas a sistemas jurídicos especiales.
También
zonas agroindustriales especiales, zonas Turísticas especiales, zonas
mineras sociales, zonas forestales sociales o cualquier otro régimen
especial no especificado que incluya una combinación de varios de estos
regímenes para procurar el desarrollo de las inversiones bajo modelos
extranjeros incluyentes.
El
régimen fiscal especial de las ZEDE las autoriza a crear su propio
presupuesto, derecho a recaudar y administrar sus propios impuestos, a
determinar las tasas que cobran por los servicios que prestan, a
celebrar todo tipo de convenios o contratos hasta el cumplimiento de sus
objetivos en el tiempo, aun cuando fuera a lo largo de varios períodos
de gobierno. Deben crear el entorno económico y legal adecuado para
situarse como centros de inversión nacional e internacional.
Las
ZEDE están sujetas a una jurisdicción especial y contarán con
tribunales autónomos e independientes con competencia exclusiva en todas
las instancias sobre las materias que no estén sujetas a arbitraje
obligatorio.
Los
sistemas jurídicos especiales serán creados por el Poder Judicial por
medio del Concejo de la Judicatura a propuesta del Secretario Técnico y
operarán bajo la tradición de derecho común o anglosajón.
Otro
punto que se destaca en el reglamento de las ZEDE es que establece
zonas fiscales y aduaneras extraterritoriales, distintas a las del resto
del territorio nacional.
El
estatuto de las Ciudades Modelo impacta directamente en la apropiación
de zonas geográficas y jurídicas específicas del país y que hoy tienen
reconocimiento internacional, como reservas biológicas y patrimoniales
de todo el Caribe hondureño, incluidas Ciudad Blanca y Copán Ruinas, al
colegirse que se trata de zonas poco habitadas y desarrolladas.
Con
ese pretexto áreas insulares, cayos e islotes, lagunas y albuferas de
nuestro mar Caribe y Pacífico serán convertidas en Ciudades Modelo, un
Leviatán de insospechadas consecuencias para la integridad territorial
ya que son proyectos de corte estrictamente neoliberal a ultranza que
conllevan fuertes ingredientes de despojo antipatriota y antinacional.
La Carta Rolston
Las
compañías bananeras para aumentar las ganancias, utilizaron todos los
medios posibles, sobretodo, la explotación de la mano de obra. Hillyer
V. Rolston, lugarteniente de Zemurray, que luego se convirtió en uno de
los dueños de la United Fruit Company, lo evidenció en una carta que
envió a uno de sus abogados
Cortes Development Company
Puerto Cortés, 20 de junio de 1920.
Sr. Licenciado Luis Melara.
San Pedro Sula.
Estimado Luis:
- Te envío un pliego de instrucciones, su portador es San Cariuther. Así mismo recibirás de él una caja. Contiene un valioso obsequio que el viejo manda para que se le entregue a Doña Anita. Prepárate el discurso. Ya se imaginará la Reina Victoria o superior. Es posible deslumbrarla.
- Me hace ver en todo esto el método de dureza siempre recomendado por Pemberton y el judío Lazarus. ¿No crees tú lo mismo? Desean conservar su pedestal inamovible, es mi idea.
3.Para
que nuestros grandes sacrificios y nuestras cuantiosas inversiones no
hayan sido hechas en vano; debemos adquirir y apoderarnos tanto de
territorios de la nación como de particulares, y todas las riquezas que
nos permita nuestra capacidad adquisitiva y nuestro poder de absorción.
- Debemos propender al crecimiento de nuestra Empresa y, obtener todas las posibilidades que nos ofrezcan nuestros campos de explotación, en fin, debemos obtener todas las tierras que a nuestros intereses estratégicos se hagan aparecer como deseables, que garantizan nuestro futuro desenvolvimiento y desarrollo agrícola, incrementando nuestro poder económico.
- Debemos obtener contratos implacables, de tal naturaleza que nadie pueda sustentar competencia, ni en el futuro lejano; a fin de que cualquiera otra empresa que se estableciera y pudiera desarrollarse, tenga nuestro control y se adapte a nuestros principios establecidos.
- Debemos obtener concesiones, privilegios, franquicias, abrogación de impuestos aduaneros, exonerarnos de toda carga publica, de gravámenes y de todos aquellos impuestos y obligaciones que mermen nuestras utilidades y de nuestros asociados. Debemos erigirnos una situación privilegiada, a fin de imponer nuestra filosofía comercial y nuestra defensa económica.
- Es indispensable cultivar la imaginación de estos pueblos avasallados, atraerlos a la idea de nuestro engrandecimiento y de una manera general a políticos y mandones que debemos utilizar. La observación y estudio cuidadoso nos permite asegurar que este pueblo, envilecido por el alcohol, es asimilable para lo que se necesita y destina. Es en nuestro interés preocuparnos porque se doblegue a nuestra voluntad esta clase privilegiada que necesitamos a nuestro exclusivo beneficio; generalmente, estos como aquellos, no tienen convicciones, carácter y mucho menos patriotismo; y solo ansían cargos y dignidades que, una vez en ellos, nosotros se los haremos más apetitosos.
- Estos hombres no deben actuar por su propia iniciativa, deben actuar en el sentido de los factores determinantes y a nuestro control inmediato.
- Debemos separar a nuestros amigos que han estado a nuestro servicio, que consideramos envilecidos por su lealtad, pues tarde o temprano nos traicionarán. Alejarlos sin que se sientan ofendidos, y tratarlos con alguna deferencia para no servirnos más de ellos. Tenemos necesidad, sí, de su país, de sus recursos naturales, de sus costas y puertos que poco a poco debemos adquirir.
- De una manera general todas las palabras y pensamientos deben dar vuelta en torno a estas palabras: poderío, bienestar material, campos de trabajo, disciplina y método. Hay que proceder con sutileza, no exponernos a ninguna idea que nos señale, o justifique nuestra pretensión dominadora. Nada de acción bienhechora ni consideraciones, en resumen, ningún aliento generoso: Si nuestros proyectos terminasen mal, tomaríamos una nueva orientación, nos haríamos más modestos, más sencillos, más simpáticos y quizá buenos.
- Debemos producir un desgarramiento en la incipiente economía de este país para aumentar sus dificultades y se faciliten nuestros propósitos. Debemos prolongar su vida trágica, tormentosa y revolucionaria. El viento sólo debe soplar a nuestras velas, y sus aguas humedecer no más que nuestras quillas.
- Estamos pues en el punto de partida, tú conoces mejor los hombres que yo. A tu llegada te mostraré una lista de las tierras que debemos obtener, si es posible, de inmediato; debemos parar a Goodel en “Bográn State”, vamos a forjarnos un plan bien estudiado para su desarrollo.
Honduras: El secreto de la isla Exposición, camino a la instalación de las ZEDES
Amapala, Valle.-
Las aguas cálidas que rodean la Isla Exposición, en el Golfo de Fonseca
hondureño, contienen el clamor de 15 familias que están a punto de
perder el hogar que conocen por más de 30 años. Exposición está a punto
de convertirse en una Zona Especial de Desarrollo (ZEDE) de Honduras.
La vulnerabilidad parece cobrar mayor significado en los últimos días en la zona de mayores contrastes y desigualdades de Honduras, tras la advertencia de supuesto desalojo por parte de la jueza del Primero de Letras de Amapala, Iris Amanda Hernández, la población ha manifestado su oposición al proyecto.
Así lo manifestó, Lorenzo Aguilera, responsable de la concesión de la Isla Exposición, otorgada a la familia Tomé Abarca. Lorenzo un hombre afable, dedicado a diversos oficios, es de madre hondureña y padre salvadoreño, migró de la aldea el Llano de Jesús, de Goascorán, Valle, hace poco más de veinte años para iniciar los trabajos de restauración en la playa, a través de un convenio-concesión para su usufructo.
“Cuando llegué la Isla Exposición estaba habitada, pero casi abandonada, me pidieron ir ahí a cuidarla, a los días me entregaron la concesión que estaba en propiedad del doctor Fernando Tomé Abarca y fue así como me fui a trabajar la Isla. Esta era un gran espinero, no podría andar un ser humano ahí, entonces metimos un tractor y con compromisos (préstamos) pudimos limpiar la playa”, recuerda.
De acuerdo con Aguilera, en los últimos meses la zona ha sido inspeccionada en repetidas ocasiones por la Fiscalía el Ambiente y el jefe del Ejército en la zona por la supuesta presencia de salvadoreños, así como el uso indebido del espacio para excavaciones, pero en ambas oportunidades las acusaciones fueron desestimadas por las autoridades hondureñas.
En los últimos dos años, el concesionario de Exposición enfrentó un requerimiento fiscal y una demanda ordinaria, según consta en el expediente 1703-20140015, se trata de un procedimiento ordinario para la terminación de un contrato de arrendamiento/concesión, promovido por Juan Carlos Ferrufino, representante de la Procuraduría General de la República contra el señor Fernando Tomé Abarca.
En la resolución Tomé Abarca decide entregar la Isla. De acuerdo con la información obtenida el concesionario es un adulto mayor que prefirió dejar de un lado el conflicto.
De acuerdo con el expediente 1703-20150016 la Fiscalía Especial del Ambiente presentó una demanda penal el 14 de noviembre de 2014 por los delitos de daños al medio ambiente y daños agravados por la remoción del suelo mecanizado, también en contra de Fernando Tomé Abarca, dictándose un sobreseimiento definitivo el 12 de noviembre de 2015.
La resolución plantea una conciliación en la que se establece que Lorenzo Aguilera tiene un plazo máximo de cuatro meses para sacar sus cosas de la Isla.
“Cuando llega el Ejército y los Tribunales a decirles a estas familias que tienen que irse, eso es terrible, porque muchos no saben absolutamente nada de eso. Sin embargo, hasta la fecha nadie ha sido citado formalmente”, explicó al comentar que los pobladores de otro sector conocido como Pintadiera también corren peligro de perder sus viviendas “a mí me da tristeza porque la gente cree que los pueden sacar, pero aquí está la escritura y tenemos 52 años de vivir ahí”, dijo en declaraciones a Conexihon.
Denia Castillo, abogada de la Red de Abogados defensores de derechos Humanos del Sur, el proyecto implica la “recuperación por parte del Estado de estas islas, no solamente Exposición, con el objetivo de ponerlo a disposición del modelo de desarrollo que se busca implantar ahí, eso sin tomar en cuenta la opinión de los pobladores”.
Las acciones quebrantan el discurso gubernamental, que establece que busca reducir “los altos niveles de desempleo, la aguda marginalidad social que imperan en el país, la desigualdad del desarrollo territorial y los altos niveles de emigración interna e internacional”, según lo publicado en su página web www.zede.gob.hn .
Para la sexagenaria pobladora de Amapala Concepción Cubas, representante de la Unidad de Género de la alcaldía de Amapala, “esa concesión fue obtenida en primer lugar por José María Tomé, padre de Fernando Tomé Abarca, en la década de los años ochentas cuando fungía como administradora de aduanas y se pagaban 77 lempiras de canon anual, esta concesión no está vencida todavía, porque son treinta años prorrogables, lo raro es que un señor Víctor Zapata, que se dedica a la venta de bienes y raíces y eso podría ser otro negocio más que se hace a espaldas del pueblo, además la Ley nos dice que después de ocupar pacíficamente un predio por más de 10 años el mismo es suyo, se trata de una comunidad de amapalinos que han nacido en las Islas de Inglesera, Exposición, Zacate Grande y de El Tigre que han nacido y vivido ahí”.
“Es un poco sorprendente la actuación de la jueza de Amapala, -explicó- porque Comité de Defensa de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca (CODDEFFAGOLF), Instituto Hondureño de Conservación Forestal (ICF) y la alcaldía de Amapala somos co-manejadores de esa área protegida y cualquier actividad que se pretenda desarrollar en esa área debe ser dentro de los criterios del Comité de Seguimiento”, considera Saúl Montufar, coordinador institucional de CODDEFFAGOLF.
“Para nosotros no es nada más que el inicio de las famosas Zonas de Desarrollo, lo raro es que desde el juzgado de Amapala estén amedrentando a los pobladores de la zona, porque no se han acercado a ninguno de estos actores”, agregó.
Ante las amenazas las comunidades pesqueras de Punta Ratón, Boca de Río Viejo y Cedeño “también han manifestado que están dispuestos a luchar a favor de los pescadores que están en la zona de la Isla Exposición, la más grande dentro del Parque Nacional Marino del Golfo de Fonseca”, indicó. Parque Nacional Marino
La pequeña Isla, con una extensión territorial de 4,995.436 hectáreas, se sitúa en el Golfo de Fonseca y forma parte del Parque Nacional Marino del Golfo de Fonseca, PNMAGF, un archipiélago compuesto por 13 islas: Conejo, Exposición, Garrobo o San Carlos, Sirena, Inglesera, Violín, Coyote, Pacar, Comandante, Las Almejas, El Padre, Los Pájaros y Zacate Grande.
Para llegar al sector se puede tomar la lancha directa desde Coyolito, o bien hace el recorrido desde Amapala, viaje que le tomará unos 30 minutos. El 10 de julio de 1999, la ONU a través de su Convención sobre Humedales, declaró Sitio RAMSAR 1000, a las áreas protegidas de Honduras en el mar Pacífico, Golfo de Fonseca. “El acuerdo de Co-manejo tiene más de 17 años de vigencia, tras su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, el 2 de enero del 2000, este convenio es una herramienta para usar de forma más racional los recursos naturales, esto a través de la figura del Plan de Manejo”, explicó el representante de CODDEFFAGOLF.
El cuidado de esta región costera de Honduras, que tiene una de las tasas más altas de pobreza en América Latina, es primordial pues enfrenta severas amenazas ambientales de la industria del camarón, la caña de azúcar y la pesca comercial. El archipiélago está constituido por islas y cayos ubicados entre los municipios de Nacaome, Amapala y Alianza en el departamento de Valle. En total son 81,530.95 hectáreas. El área protegida cuenta con un plan de co-manejo, que busca la protección de las zonas de anidamiento de tortugas marinas, así como aves residentes y migratorias.
Estas valiosas áreas naturales protegidas son los ecosistemas de mayor importancia ambiental, socioeconómica y ecológica en todo el Golfo de Fonseca centroamericano. Incluyen los bosques de manglares, playones, islas, bahías, islote, lagunas de invierno, esteros, humedales, bosque seco tropical, zonas de pesca artesanal, ambientes costero-marinos, deltas de ríos, playas rocosas y arenosas, donde coexiste una variada biodiversidad de especies, como peces marinos y de agua dulce, cocodrilos, aves residentes y migratorias, delfines y ballenas; muchas de ellas de gran importancia social y comercial, como los camarones, peces de escama, tiburones, rayas, langostas y curiles.
Con el objetivo de proteger y restaurar la disminución de los manglares y la biodiversidad costera, el grupo ha construido arrecifes de coral artificiales como sitios de agregación de peces y ha utilizado la siembra directa para replantar y regenerar los bosques costeros.
Un zoológico en la isla Exposición
Para Montufar, la posibilidad de que se instale un zoológico en la Isla conforme a la propuesta inicial de las ZEDES, un plan desarrollado por el consultor y experto en infraestructura, Tito Livio Sierra, que es manejado como “secreto de Estado” impactaría notablemente en el equilibrio ecológico.
“No nos imaginamos ver elefantes o jirafas en Exposición porque para eso tiene que haber un estudio del tipo de fauna que se puede habitar ahí, pero lo más importante que va a pasar con las quince familias, que han pasado su vida entera ahí y que va a pasar con el resto de las islas, porque ese desalojo incluye el trabajo que se podría estar realizando en el resto de las islas”, lamentó. La isla de Exposición tiene un bosque seco tropical “no es cualquier tipo de árbol que se adaptaría a ese tipo de suelo, igualmente ocurre con la fauna, esto suponiendo que las comunidades acepten este tipo de actividad, pero realmente cree que los representantes de todo el país tendremos acceso a ese zoológico, serán los mismos extranjeros los que tendrían acceso a ese centro de recreación, es decir la clase pobre no tendría más que el despojo de sus territorios”.
Un “megapuerto” en el Pacífico
El gobierno de Juan Orlando Hernández parece decidido a instalar la primera ZEDE en Amapala, donde hay planes de construir un "megapuerto" que se conectaría con el Atlántico a través del "canal seco".
Se estima que con una inversión en su primera etapa de US$500 millones, Honduras iniciaría la construcción de un nuevo puerto en el Pacífico. El primer paso para el desarrollo de la obra fue el estudio de prefactibilidad, realizado por el Instituto Marítimo de Corea del Sur (KMI, por sus siglas en inglés), por un monto de US$840 millones, financiado a través de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOIKA).
Para el consultor y experto en infraestructura Tito Livio Sierra, la zona convertiría en el principal punto de embarque de productos agrícolas y materias primas, cuyo destino es Asia, principalmente países como Corea del Sur, Taiwán y Japón. Aunque se desconocen cuales serían los siguientes pasos, al menos ocho empresas -según anunció el gobierno- estarían interesadas en el arranque de las ZEDES, ninguna de ellas ha mencionado Amapala o Isla Exposición.
Ver video: Primera Fase del Mega Proyecto del Ferrocarril Interocánico de Honduras.
La iniciativa coincide con la puesta en construcción de un nuevo conjunto de esclusas que pueden aceptar barcos más grandes, en el Canal de Panamá, pero su capacidad total está limitada por la cantidad de agua dulce disponible en los años de sequía, como en la actualidad.
Igualmente existe un proyecto chino aparte para construir un nuevo canal a nivel del mar en Nicaragua. La ZEDE del sur de Honduras es considerada por el gobierno como una alternativa más, en la cual los buques portacontenedores se atracarían en Amapala y descargarían su carga para ser transportados, clasificados y almacenados en el área de logística. Luego sería transportado en camión por una nueva carretera desde Nacaome a Puerto Cortés, donde se combinaría con los buques portacontenedores atracados allí para entregarlos a los puertos del Atlántico.
Para Pedro Canales, la mirada de desarrollo de Amapala no es nueva “Hace 25 años los ricos nos despojaron de las playas de Zacate Grande bajo promesas de desarrollo”, uno podría consultar a la gente ¿Dónde se ven ellos en este supuesto desarrollo?, ¿Para dónde nos vamos a ir?
“Tenemos temor porque ya hemos escuchado hablar sobre las ZEDES y es lo que ahorita vemos que así comienzan con estrategias para atemorizar a las personas en las islas y las aldeas, como lo han hecho con los habitantes de la isla Exposición y entonces el temor es que aunque no vivimos ahí, más adelante lo van a hacer con nuestras aldeas, lo que buscamos es organizarnos para vencer los despojos que se vengan por delante, el problema no es la instalación de un zoológico, el problema es todo el despojo que trae eso para la gente. Nosotros que sobrevivimos de la agricultura y la pesca no nos interesa ver animales que traigan de otros países si lo pueden hacer sin dañar al pueblo”, comentó una de las pobladoras de Zacate Grande.
La percepción de los pobladores de Amapala, contradice al discurso promovido por el régimen especial de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) que es considerado como “un mecanismo para la generación de crecimiento económico acelerado con el objetivo de permitir el pleno desarrollo de la persona humana bajo los principios de respeto a los Derechos Humanos, la no discriminación por motivos de raza, género o de ninguna otra clase y la igualdad de derechos y oportunidades para todos”.
La vulnerabilidad parece cobrar mayor significado en los últimos días en la zona de mayores contrastes y desigualdades de Honduras, tras la advertencia de supuesto desalojo por parte de la jueza del Primero de Letras de Amapala, Iris Amanda Hernández, la población ha manifestado su oposición al proyecto.
Así lo manifestó, Lorenzo Aguilera, responsable de la concesión de la Isla Exposición, otorgada a la familia Tomé Abarca. Lorenzo un hombre afable, dedicado a diversos oficios, es de madre hondureña y padre salvadoreño, migró de la aldea el Llano de Jesús, de Goascorán, Valle, hace poco más de veinte años para iniciar los trabajos de restauración en la playa, a través de un convenio-concesión para su usufructo.
“Cuando llegué la Isla Exposición estaba habitada, pero casi abandonada, me pidieron ir ahí a cuidarla, a los días me entregaron la concesión que estaba en propiedad del doctor Fernando Tomé Abarca y fue así como me fui a trabajar la Isla. Esta era un gran espinero, no podría andar un ser humano ahí, entonces metimos un tractor y con compromisos (préstamos) pudimos limpiar la playa”, recuerda.
De acuerdo con Aguilera, en los últimos meses la zona ha sido inspeccionada en repetidas ocasiones por la Fiscalía el Ambiente y el jefe del Ejército en la zona por la supuesta presencia de salvadoreños, así como el uso indebido del espacio para excavaciones, pero en ambas oportunidades las acusaciones fueron desestimadas por las autoridades hondureñas.
En los últimos dos años, el concesionario de Exposición enfrentó un requerimiento fiscal y una demanda ordinaria, según consta en el expediente 1703-20140015, se trata de un procedimiento ordinario para la terminación de un contrato de arrendamiento/concesión, promovido por Juan Carlos Ferrufino, representante de la Procuraduría General de la República contra el señor Fernando Tomé Abarca.
En la resolución Tomé Abarca decide entregar la Isla. De acuerdo con la información obtenida el concesionario es un adulto mayor que prefirió dejar de un lado el conflicto.
De acuerdo con el expediente 1703-20150016 la Fiscalía Especial del Ambiente presentó una demanda penal el 14 de noviembre de 2014 por los delitos de daños al medio ambiente y daños agravados por la remoción del suelo mecanizado, también en contra de Fernando Tomé Abarca, dictándose un sobreseimiento definitivo el 12 de noviembre de 2015.
La resolución plantea una conciliación en la que se establece que Lorenzo Aguilera tiene un plazo máximo de cuatro meses para sacar sus cosas de la Isla.
Desalojo “voluntario” hasta enero
“Fue hace como tres meses y medio que llegaron de Amapala, con unos militares a decirme que desaloje inmediatamente, no me dijeron que iban a hacer ahí solo me dijeron que desalojara y que el ganado que tenía ahí iba a ser decomisado. Y pese a la inversión que hemos hecho para que la playa pues la disfrutemos todos, nos dijeron que teníamos hasta este mes de enero para desalojar”, lamentó.“Cuando llega el Ejército y los Tribunales a decirles a estas familias que tienen que irse, eso es terrible, porque muchos no saben absolutamente nada de eso. Sin embargo, hasta la fecha nadie ha sido citado formalmente”, explicó al comentar que los pobladores de otro sector conocido como Pintadiera también corren peligro de perder sus viviendas “a mí me da tristeza porque la gente cree que los pueden sacar, pero aquí está la escritura y tenemos 52 años de vivir ahí”, dijo en declaraciones a Conexihon.
Denia Castillo, abogada de la Red de Abogados defensores de derechos Humanos del Sur, el proyecto implica la “recuperación por parte del Estado de estas islas, no solamente Exposición, con el objetivo de ponerlo a disposición del modelo de desarrollo que se busca implantar ahí, eso sin tomar en cuenta la opinión de los pobladores”.
Las acciones quebrantan el discurso gubernamental, que establece que busca reducir “los altos niveles de desempleo, la aguda marginalidad social que imperan en el país, la desigualdad del desarrollo territorial y los altos niveles de emigración interna e internacional”, según lo publicado en su página web www.zede.gob.hn .
No solo es una isla, está el Archipiélago en peligro
La Isla Exposición está en el núcleo del área protegida, según el Acuerdo de Áreas Protegidas número 599-E, publicado en La Gaceta, el 2 de enero de 1992, declarando como Parque Nacional Marina, según la Ley Internacional para la Protección de la Naturaleza, que otorga un contrato-concesión de usufructo por un período de 30 años prorrogables a los habitantes.Para la sexagenaria pobladora de Amapala Concepción Cubas, representante de la Unidad de Género de la alcaldía de Amapala, “esa concesión fue obtenida en primer lugar por José María Tomé, padre de Fernando Tomé Abarca, en la década de los años ochentas cuando fungía como administradora de aduanas y se pagaban 77 lempiras de canon anual, esta concesión no está vencida todavía, porque son treinta años prorrogables, lo raro es que un señor Víctor Zapata, que se dedica a la venta de bienes y raíces y eso podría ser otro negocio más que se hace a espaldas del pueblo, además la Ley nos dice que después de ocupar pacíficamente un predio por más de 10 años el mismo es suyo, se trata de una comunidad de amapalinos que han nacido en las Islas de Inglesera, Exposición, Zacate Grande y de El Tigre que han nacido y vivido ahí”.
“Es un poco sorprendente la actuación de la jueza de Amapala, -explicó- porque Comité de Defensa de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca (CODDEFFAGOLF), Instituto Hondureño de Conservación Forestal (ICF) y la alcaldía de Amapala somos co-manejadores de esa área protegida y cualquier actividad que se pretenda desarrollar en esa área debe ser dentro de los criterios del Comité de Seguimiento”, considera Saúl Montufar, coordinador institucional de CODDEFFAGOLF.
“Para nosotros no es nada más que el inicio de las famosas Zonas de Desarrollo, lo raro es que desde el juzgado de Amapala estén amedrentando a los pobladores de la zona, porque no se han acercado a ninguno de estos actores”, agregó.
Ante las amenazas las comunidades pesqueras de Punta Ratón, Boca de Río Viejo y Cedeño “también han manifestado que están dispuestos a luchar a favor de los pescadores que están en la zona de la Isla Exposición, la más grande dentro del Parque Nacional Marino del Golfo de Fonseca”, indicó. Parque Nacional Marino
La pequeña Isla, con una extensión territorial de 4,995.436 hectáreas, se sitúa en el Golfo de Fonseca y forma parte del Parque Nacional Marino del Golfo de Fonseca, PNMAGF, un archipiélago compuesto por 13 islas: Conejo, Exposición, Garrobo o San Carlos, Sirena, Inglesera, Violín, Coyote, Pacar, Comandante, Las Almejas, El Padre, Los Pájaros y Zacate Grande.
Para llegar al sector se puede tomar la lancha directa desde Coyolito, o bien hace el recorrido desde Amapala, viaje que le tomará unos 30 minutos. El 10 de julio de 1999, la ONU a través de su Convención sobre Humedales, declaró Sitio RAMSAR 1000, a las áreas protegidas de Honduras en el mar Pacífico, Golfo de Fonseca. “El acuerdo de Co-manejo tiene más de 17 años de vigencia, tras su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, el 2 de enero del 2000, este convenio es una herramienta para usar de forma más racional los recursos naturales, esto a través de la figura del Plan de Manejo”, explicó el representante de CODDEFFAGOLF.
El cuidado de esta región costera de Honduras, que tiene una de las tasas más altas de pobreza en América Latina, es primordial pues enfrenta severas amenazas ambientales de la industria del camarón, la caña de azúcar y la pesca comercial. El archipiélago está constituido por islas y cayos ubicados entre los municipios de Nacaome, Amapala y Alianza en el departamento de Valle. En total son 81,530.95 hectáreas. El área protegida cuenta con un plan de co-manejo, que busca la protección de las zonas de anidamiento de tortugas marinas, así como aves residentes y migratorias.
Estas valiosas áreas naturales protegidas son los ecosistemas de mayor importancia ambiental, socioeconómica y ecológica en todo el Golfo de Fonseca centroamericano. Incluyen los bosques de manglares, playones, islas, bahías, islote, lagunas de invierno, esteros, humedales, bosque seco tropical, zonas de pesca artesanal, ambientes costero-marinos, deltas de ríos, playas rocosas y arenosas, donde coexiste una variada biodiversidad de especies, como peces marinos y de agua dulce, cocodrilos, aves residentes y migratorias, delfines y ballenas; muchas de ellas de gran importancia social y comercial, como los camarones, peces de escama, tiburones, rayas, langostas y curiles.
Con el objetivo de proteger y restaurar la disminución de los manglares y la biodiversidad costera, el grupo ha construido arrecifes de coral artificiales como sitios de agregación de peces y ha utilizado la siembra directa para replantar y regenerar los bosques costeros.
Un zoológico en la isla Exposición
Para Montufar, la posibilidad de que se instale un zoológico en la Isla conforme a la propuesta inicial de las ZEDES, un plan desarrollado por el consultor y experto en infraestructura, Tito Livio Sierra, que es manejado como “secreto de Estado” impactaría notablemente en el equilibrio ecológico.
“No nos imaginamos ver elefantes o jirafas en Exposición porque para eso tiene que haber un estudio del tipo de fauna que se puede habitar ahí, pero lo más importante que va a pasar con las quince familias, que han pasado su vida entera ahí y que va a pasar con el resto de las islas, porque ese desalojo incluye el trabajo que se podría estar realizando en el resto de las islas”, lamentó. La isla de Exposición tiene un bosque seco tropical “no es cualquier tipo de árbol que se adaptaría a ese tipo de suelo, igualmente ocurre con la fauna, esto suponiendo que las comunidades acepten este tipo de actividad, pero realmente cree que los representantes de todo el país tendremos acceso a ese zoológico, serán los mismos extranjeros los que tendrían acceso a ese centro de recreación, es decir la clase pobre no tendría más que el despojo de sus territorios”.
Un “megapuerto” en el Pacífico
El gobierno de Juan Orlando Hernández parece decidido a instalar la primera ZEDE en Amapala, donde hay planes de construir un "megapuerto" que se conectaría con el Atlántico a través del "canal seco".
Se estima que con una inversión en su primera etapa de US$500 millones, Honduras iniciaría la construcción de un nuevo puerto en el Pacífico. El primer paso para el desarrollo de la obra fue el estudio de prefactibilidad, realizado por el Instituto Marítimo de Corea del Sur (KMI, por sus siglas en inglés), por un monto de US$840 millones, financiado a través de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOIKA).
Para el consultor y experto en infraestructura Tito Livio Sierra, la zona convertiría en el principal punto de embarque de productos agrícolas y materias primas, cuyo destino es Asia, principalmente países como Corea del Sur, Taiwán y Japón. Aunque se desconocen cuales serían los siguientes pasos, al menos ocho empresas -según anunció el gobierno- estarían interesadas en el arranque de las ZEDES, ninguna de ellas ha mencionado Amapala o Isla Exposición.
Ver video: Primera Fase del Mega Proyecto del Ferrocarril Interocánico de Honduras.
La iniciativa coincide con la puesta en construcción de un nuevo conjunto de esclusas que pueden aceptar barcos más grandes, en el Canal de Panamá, pero su capacidad total está limitada por la cantidad de agua dulce disponible en los años de sequía, como en la actualidad.
Igualmente existe un proyecto chino aparte para construir un nuevo canal a nivel del mar en Nicaragua. La ZEDE del sur de Honduras es considerada por el gobierno como una alternativa más, en la cual los buques portacontenedores se atracarían en Amapala y descargarían su carga para ser transportados, clasificados y almacenados en el área de logística. Luego sería transportado en camión por una nueva carretera desde Nacaome a Puerto Cortés, donde se combinaría con los buques portacontenedores atracados allí para entregarlos a los puertos del Atlántico.
Para Pedro Canales, la mirada de desarrollo de Amapala no es nueva “Hace 25 años los ricos nos despojaron de las playas de Zacate Grande bajo promesas de desarrollo”, uno podría consultar a la gente ¿Dónde se ven ellos en este supuesto desarrollo?, ¿Para dónde nos vamos a ir?
“Tenemos temor porque ya hemos escuchado hablar sobre las ZEDES y es lo que ahorita vemos que así comienzan con estrategias para atemorizar a las personas en las islas y las aldeas, como lo han hecho con los habitantes de la isla Exposición y entonces el temor es que aunque no vivimos ahí, más adelante lo van a hacer con nuestras aldeas, lo que buscamos es organizarnos para vencer los despojos que se vengan por delante, el problema no es la instalación de un zoológico, el problema es todo el despojo que trae eso para la gente. Nosotros que sobrevivimos de la agricultura y la pesca no nos interesa ver animales que traigan de otros países si lo pueden hacer sin dañar al pueblo”, comentó una de las pobladoras de Zacate Grande.
La percepción de los pobladores de Amapala, contradice al discurso promovido por el régimen especial de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) que es considerado como “un mecanismo para la generación de crecimiento económico acelerado con el objetivo de permitir el pleno desarrollo de la persona humana bajo los principios de respeto a los Derechos Humanos, la no discriminación por motivos de raza, género o de ninguna otra clase y la igualdad de derechos y oportunidades para todos”.
Proyecto ZEDES impulsó la inconstitucionalidad
- Después de un año en protestas la Corte Suprema de Justicia de Honduras declaró inconstitucional el proyecto de las Regiones Especiales de Desarrollo (RED), etapa inicial de las Zonas Especiales de Desarrollo.
- El 12 de diciembre de 2012, durante la presidencia de Juan Orlando Hernández en el Congreso Nacional se destituyó a cuatro magistrados que se atrevieron a declarar el proyecto como inconstitucional.
- Luego de algunos pequeños cambios de forma las “Ciudades Modelo” fueron aprobadas por el Poder Legislativo.
- Los magistrados fueron sustituidos por personas más ligadas a la línea política del ahora gobernante reelecto, en medio de una profunda crisis de institucionalidad en Honduras.
En La Paz se discrimina a defensores de DDHH y se criminaliza a campesinos que demandan tierras
Por Marvin Palacios
Marcala, La Paz.–
Persecución, estigmatización, criminalización, amenazas, atentados y
asesinatos, son las consecuencias del despojo de las tierras y el avance
acelerado de proyectos hidroeléctricos instalados en forma inconsulta
en el departamento de La Paz, cuyas víctimas directas han sido las
comunidades indígenas lencas .
En los últimos años se han registrado
una serie de incidentes que violentan los derechos humanos de los
pueblos indígenas. Solamente en 2015 se denunció el asesinato de más de
20 indígenas en el municipio de Santa Elena, departamento de La Paz.
En el Informe Situacional que divulgó en
2016, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras
(COFADEH) se revelan las tensiones y los conflictos que enfrentan las
comunidades lencas generados por la ambición de terratenientes y “nuevos
empresarios de la energía limpia” que en contubernio con el poder
político; están despojando de sus tierras ancestrales a centenares de
familias indígenas lencas.
La
violencia, la criminalización, el temor y la muerte se identifican
como una especie de mecanismos que los grupos de poder utilizan para
lograr sus propósitos. Se ha denunciado que los protagonistas de la
violencia son militares, policías y guardias de seguridad privados al
servicio de terratenientes.
El informe del COFADEH revela la
existencia de varios focos de tensión y conflicto en el departamento de
La Paz. Para el caso en Simpinula y Santa María se presenta la
imposición del catastro y amenazas con despojo del territorio contra
organizaciones campesinas. En Llanos de Candelaria y Aguanqueterique
existe la exclusión social y violación al territorio.
En San José La Paz y Santa Elena, hay
un alto riesgo para los defensores y defensoras de los bienes comunes de
la naturaleza por el impacto de la represa Los Encinos, imposición de
catastro y la amenaza de grupos de choque (activistas del partido
Nacional) organizados para crear zozobra.
También se presenta contaminación
ambiental en Chinacla en su manto acuífero. Asimismo se habla de una
medición forestal en la reserva de agua y zona protegida El Jilguero.
En medio de este clima de zozobra el
trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos es sumamente
complicado y peligroso.
Nely Georgina Reyes de la Red de
Defensores Indígena Lenca de La Paz (REDHIL) dijo a
www.defensoresenlinea.com que “no se trabaja con las condiciones que
deseáramos trabajar porque siempre hay persecuciones, amenazas,
intimidación, discriminación y hay también hay algunos defensores y
defensoras que estamos recibiendo humillaciones en algunas oficinas
estatales”.
“Se discrimina por ser mujer e indígena y por pertenecer a una organización”. Nely Reyes
Se discrimina por ser mujer e indígena, y
por pertenecer a una organización indígena y por el hecho de estar
organizados, por eso recibimos bastante discriminación, aseguró Reyes.
Es tanta la ignorancia y el racismo
entre algunas personas en La Paz, que se dirigen a las mujeres lencas
con palabras despectivas, como las que apuntó Antonia Gutiérrez,
defensora de derechos humanos en San José, La Paz.
Gutiérrez dijo que: “Una por ser
indígena lenca la quisieran ver con taparrabo, porque así nos han dicho,
que, ¿por qué siendo indígenas no andamos con taparrabo?, como los
indios de antes, y esa es una ignorancia del alto poder que nos ha
venido a dañar tanto y nos daña como mujeres”.
Un informe Situacional sobre los
defensores de derechos Humanos del departamento de La Paz recoge la
percepción de las comunidades indígenas lencas sobre el desempeño de las
instituciones públicas y su relación con el pueblo lenca.
El informe destaca que la Policía
Nacional, el Ministerio Público, los Juzgados y el CONADEH no tienen
independencia y carecen de legitimidad, ya que son instrumentos
utilizados por el Partido Nacional para garantizar -entre otras cosas-
sus políticas de saqueo.
El Sistema de Justicia es utilizado para
proteger el interés de los políticos y empresarios, las defensoras y
los defensoras son testigos de esta realidad, ya que cotidianamente se
enfrentan a diversas arbitrariedades, ilegalidades y procesos de
criminalización. Si bien es cierto tienen acceso a la Policía Nacional,
el Ministerio Público y los Juzgados, solo en inauditas excepciones
obtienen resultados positivos.
“Nos reciben, nos atienden, abren
expedientes, pero los guardan, no les dan trámite y hasta los pierden; a
favor nuestro nunca hay justicia. Además, a favor nuestro no hay
abogados capacitados, tienen temor o no quieren arriesgar su vida y la
de sus familiares”, afirmó en una oportunidad Martín Vásquez, miembro
del Consejo Indígena de Simpinula.
Además de estas instituciones públicas,
se ha denunciado que el Partido Nacional cuenta con una red de
activistas a tiempo completo, organizados en programas asistencialistas
de Vida Mejor y reservistas de las Fuerzas Armadas (FFAA), quienes
intimidan a algunos de los Consejos Indígenas e incluso participan en
desalojos violentos; además se organizan patronatos comunales que actúan
como paralelas a los Consejos Indígenas. Se denuncia también que medios
de comunicación emprenden campañas de desinformación contra las
personas que se oponen y presentan resistencia ante los proyectos
hidroeléctricos y compañías mineras.
Reyes indicó que aquí por lo que más
lucha el pueblo, es por la tenencia de la tierra y la violencia
doméstica, ya que la Paz es uno de los departamentos que cuenta con más
casos de violencia doméstica; como es el municipio de San José.
Honduras: El país más peligroso del mundo para el activismo ambiental. Global Witness
Los proyectos hidroeléctricos también
forman parte del foco de atención para las defensoras de derechos
humanos, es por eso que Reyes señaló que “estamos acá luchando contra un
proyecto de energía eléctrica, una concesión que se le dio hace 2
períodos a la señora Gladys Aurora López (presidenta del partido
Nacional y vice presidenta del Congreso Nacional).
“Ella tiene una concesión de 40 años
donde se está instalando una hidroeléctrica y también luchamos contra la
deforestación, ya que se está extrayendo demasiada madera de los
bosques y no se está haciendo nada al respecto”, advirtió la defensora
de derechos humanos.
En torno al auge de los proyectos
hidroeléctricos y las repercusiones para quienes se oponen a estos
modelos extractivos, el 2 de febrero de 2017, el anuncio público del
informe publicado por Global Witness titulado : “Honduras el país más
peligroso del mundo para el activismo ambiental”, desató la ira del
gobierno ilegítimo de Juan Orlando Hernández.
Global Witness dijo que en Honduras
desde “el año 2010 han muerto más de 120 personas y que las víctimas
eran personas corrientes que se opusieron a las presas, las minas, la
tala o la agricultura en sus tierras y murieron asesinadas por fuerzas
del Estado, guardias de seguridad o asesinos a sueldo. Muchos otros han
sido amenazados, atacados o encarcelados”.
Global
Witness exigió la cancelación de las represas La Aurora y Los Encinos,
así como una investigación de la congresista Gladis Aurora López por
conflictos de intereses, supuestos sobornos y violaciones del derecho al
consentimiento libre, previo e informado.
En respuesta la presidenta del partido
Nacional y actual diputada salió ante los medios de comunicación a
expresar que “por ignorancia están deteniendo el futuro del país”.
En la lucha por los bienes comunes y la
resistencia frente a los proyectos hidroeléctricos, las mujeres han
desempeñado un papel determinante como el caso de la Coordinadora del
Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH),
Bertha Cáceres, galardonada con el Premio Ambiental Goldman en 2015, y
posteriormente asesinada en marzo de 2016. En aquella oportunidad el
diario estadounidense New York Times tituló: “El homicidio de Berta
Cáceres sugiere una trama de complicidad con el gobierno hondureño”.
Y el caso de otra mujer indígena lenca,
Ana Miriam Romero, quien recibió el premio Front Line Defenders 2016 en
Dublín, Irlanda. La vida de Ana Miriam ha estado plagada de atentados,
amenazas y agresiones, por lo que su vida se encuentra en constante
riesgo.
La oposición frente a los proyectos
hidroeléctricos en el municipio de San José La Paz ha tenido otras
consecuencias. La defensora de derechos humanos Nely Georgina Reyes
sostuvo que la persecución es tanta que incluso ha habido personas que
se han tenido que ir de acá, hay personas que andan huyendo, otros que
tuvieron que unirse a la caravana de migrantes; porque estaban siendo
perseguidos y amenazados, vía telefónica, con carteles y por todos los
medios que se pudo atemorizarlos y ellos tuvieron que salir de la zona.
Una de las recomendaciones al estado de
Honduras expuesta por la Relatora Especial sobre los derechos de los
Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, Victoria Tauli Corpus es que
debe prestar especial atención a la presencia de pueblos indígenas, a
los derechos que les pudieran corresponder bajo estándares
internacionales, y a otros factores relevantes, como las dinámicas de
poder local que pudieran afectar la forma en que se realiza un proyecto y
la forma en que puede impactar los derechos humanos de los pueblos
indígenas. Estos aspectos se deben tomar en cuenta en los proyectos de
desarrollo u otras actividades o medidas, incluyendo aquellas que
promueven energías renovables u otros beneficios para los pueblos
indígenas.
La Relatora de la ONU expresó que si
bien la promoción de fuentes renovables de energía es un importante
objetivo, dados los impactos del cambio climático, particularmente en
países como Honduras, los pueblos indígenas no deben ser excluidos de
los procesos de planificación del desarrollo y la política energética
nacional, puesto que muchos de esos proyectos afectarían territorios
ancestrales indígenas.
Añadió que los procesos de licitación
pública, de distribución de licencias y otros procesos empleados en la
planificación estatal para proyectos de desarrollo de recursos naturales
deben tomar en cuenta el deber de consultar previamente a los pueblos
indígenas afectados, de lo contrario se convierten en “desencadenantes
de decisiones que perjudican a la capacidad de los pueblos indígenas
para establecer sus propias prioridades de desarrollo de sus tierras y
territorios.”
La Paz registra desalojos violentos, tratos crueles inhumanos y degradantes y asesinatos
La Policía Nacional y las Fuerzas
Armadas actúan de forma violenta contra los defensores y las defensoras.
Contingentes de estas dos fuerzas han protagonizado violentos desalojos
dejando como resultado decenas de lesionados y lesionadas, heridos con
armas de fuego, mujeres con abortos producto de las agresiones,
viviendas incendiadas, detenciones arbitrarias y torturas.
Las amenazas de muerte y la
criminalización son las principales formas de ataques contra el trabajo
de los defensores y las defensoras. No obstante, la cantidad de
atentados y asesinatos es alarmante.
Para citar un ejemplo de la violencia
desatada en esta zona, el Comité de Familiares de Detenidos
Desaparecidos en Honduras (COFADEH) documentó el desalojo del 17 de
julio de 2015, protagonizado en la comunidad Planes de Santa María,
donde contingentes policiales de 6 municipios de La Paz, 3 comandos de
la Policía Militar y representantes de la Fiscalía, ejecutaron un
violento desalojo. Los uniformados dispararon “bala viva” con sus armas
en contra de campesinos y campesinas. El resultado fue de 4 personas
heridas.
Entre los heridos se encontraba el
Presidente del Consejo Indígena de Simpinula, Víctor Vásquez, quien
resultó con una herida de bala en su rodilla derecha; y David Vásquez de
Tutule, con perforaciones de bala en la mano izquierda.
El desalojo fue ejecutado a pesar que el
COFADEH solicitó que se resolvieran tres escritos presentados ante la
Corte Suprema de Justicia (CSJ) y dos manifiestos en el Juzgado de
Letras de La Paz a favor de los campesinos y las campesinas.
La Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH)
presenció el desalojo y advirtió sobre el uso excesivo de la fuerza, y
cuestionó la forma en que los tribunales de justicia dilucidan los
conflictos de tierra en el país.
Otras muertes registradas por la defensa
de los bienes comunes fueron las de Javier Vásquez Benítez, asesinado
en la comunidad de Santa Elena, su cuerpo fue encontrado sin vida con
varios golpes, en horas de la noche del día domingo 20 de diciembre de
2014. El joven era hijo de Gilberto Vásquez, presidente del Consejo
Indígena de la comunidad de Gualinga, en Santa Elena y sobrino de Felipe
Benítez, Coordinador General de MILPAH.
También Juan Francisco Martínez fue
encontrado muerto en la comunidad de Tapuyman, Santa Elena. Fue
torturado, su cuerpo presentaba puñaladas en el pecho, una de sus manos
estaba atada con cordones de botas militares. Juan Francisco y su
familia habían recibido amenazas desde agosto de 2014, luego del
asesinato de su hijo en julio del mismo año.
Y
otro caso registrado es el de Silvestre Manueles Gómez cuyo cuerpo fue
desmembrado a la orilla del rio Chinacla, en la frontera de los
departamentos de Intibucá y La Paz, lugar donde persiste el conflicto
entre los dueños de la empresa Hidroeléctrica Los Encinos, la Alcaldía
Municipal y las comunidades indígenas. Don Silvestre era parte del
Consejo Indígena de la comunidad de Gualinga.
En el Informe de 2016 luego de una
visita independiente a Honduras, la Relatora Especial sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz urgió medidas
inmediatas y decididas de protección, incluyendo la prevención,
investigación y sanción de los responsables de asesinatos, amenazas y
hostigamientos de miembros de pueblos indígenas, así como de los
responsables de actos que atentan contra los derechos sobre sus tierras,
recursos naturales y otros derechos humanos.
En torno al acceso a justicia,
Tauli-Corpuz expresó que el Estado debe asegurar que no existan
obstáculos en los mecanismos judiciales que impidan el acceso a la
justicia, y asegurar que la corrupción judicial no obstruya la
administración de justicia, que los tribunales sean independientes de
presiones económicas o políticas de otros agentes del Estado y de
actores empresariales, y que no se pongan obstáculos a las actividades
legítimas y pacíficas de los defensores de los derechos humanos.
El COFADEH mantiene un monitoreo en la
zona para conocer las condiciones en que se desenvuelven los defensores y
defensoras, de hecho a través del proyecto Euro Justicia, con el apoyo
de Diakonia-Unión Europea (UE) conformó la Red de Defensores Indígena
Lenca de La Paz (REDHIL) como un espacio de capacitación, articulación e
incidencia.
José Mercedes Domínguez pertenece a la
central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) Regional de La Paz y
forma parte de REDHIL. Domínguez expresó a www.defensoresenlinea.com que
las capacitaciones recibidas han sido de soporte para que los
defensores y defensoras de derechos humanos ayuden a su gente.
Sobre la defensa por los territorios y
las acciones de recuperación de tierras, el defensor de derechos humanos
apuntó que esa lucha sigue pero que la represión y las órdenes de
captura están a la orden del día.
Siempre estamos nosotros pendientes de
lo que pueda pasar en nuestra organización. Quisiera decirle que solo en
el departamento de La Paz tenemos criminalizados a 174 personas, entre
hombres y mujeres, informó el defensor.
“Nuestros compañeros y compañeras está
acusados por usurpación de tierras, pero agréguele otros delitos como
aprovechamiento del recurso natural como el bosque, incendio, y le
agregan más delitos, que nosotros no cometemos. Todos esos delitos los
ponen ahí”, comentó.
El entrevistado dijo que los
criminalizados y criminalizadas por exigir el derecho a la tierra se
encuentran con medidas sustitutivas a la prisión y que por los momentos
no hay algún compañero que se encuentre preso.
Domínguez
resaltó que hay compañeros que viven en Tutule y los dejan firmando en
el municipio de La Paz, así que incurren en gastos, también otros viven
en Opatoro y los dejan firmando en Marcala habiendo una sede allá.
Entonces vemos la injusticia donde los compañeros no tienen el recurso
económico para poder movilizarse y lo hacen a puro esfuerzo. “Ellos los
jueces no consideran la situación económica de los indígenas
criminalizados”.
El despojo de las tierras es un tema que agobia a los campesinos y a las campesinas
Al consultarle sobre las principales
amenazas que enfrentan en el departamento de La Paz, Domínguez enumeró
que son los desalojos y también las órdenes de captura. Las comunidades
tienen mucho miedo a ser desalojados porque al ser desalojados pierden
sus cultivos, que es la esperanza para poder alimentarse el día a día y
al momento de un desalojo, pierden sus casas y cultivos.
Señalando a los actores que generan las
intimidaciones y las amenazas, el joven dirigente campesino comentó que
son terratenientes con influencias en el poder político, se han
apoderado del gobierno, hay bases campesinas que tienen 28 años de estar
posesionados con un título de tierra y ahora están pidiendo la
anulación de títulos.
En Florida de Marcala tenemos una base
que tiene 28 años de poseer las tierras y le está pidiendo la anulación
del título un terrateniente. Les están cobrando 17 millones de lempiras.
Añadió que en el proceso de recuperación
de tierras, no sabemos qué va a suceder, son 45 socios y 500 personas
de la aldea Florida. El terrateniente es oriundo de ese lugar, pero el
entrevistado prefirió omitir su nombre por su propia seguridad.
“Ese es un problema que nos agobia a
nosotros, el sector campesino. Es un tema complicado porque hay que
luchar contra el poder económico de este país y también hacerle frente”,
se lamentó el defensor de derechos humanos.
Alcalde de Reitoca llegó con personas armadas de machetes y pistolas para atacar protesta pacífica contra hidroeléctrica
Sunday, 03 June 2018 09:58 Written by Dina Meza Published in Denuncia
Defensores y defensoras del Comité de Protección del Río Reitoca,
fueron amenazados este domingo 03 de junio de 2018, por personas armadas
con machetes y pistolas, conducidas por el alcalde de esa localidad,
Marlon Osorto, cuando realizaban una acción de protesta contra la
empresa Promotora de Generación de Energía Limpia (PROGELSA), según
denunció la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras,
RNDDH.
La comunidad se opone al proyecto hidroeléctrico argumentando que la
licencia de operación ambiental fue aprobada ilegalmente y además
violenta lo estipulado en el convenio 169 de la Organización
Internacional de Trabajo (OIT), porque no se llevó a cabo la consulta
previa e informada para que los pobladores y pobladoras decidan sobre
este tema que les afecta su río.
Pero el alcalde Osorto ha hecho caso omiso a las leyes, y la Policía
Militar atacó con balas a la comunidad cuando el 30 enero de este año, a
falta de respuestas de las autoridades, realizaron una acción en base a
su derecho a la protesta pacífica , resultando heridos Miriam Geraldina
Osorto , en su pierna y Andrés Gutiérrez, en una de sus manos.
El Ministerio Público todavía no ha castigado a los militares responsables, por eso se teme que puedan ocurrir hechos similares o peores en esta nueva protesta.
Esta es la alerta de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras:
Alerta: Amenazas e intimidación a integrantes del comité de protección del Rio Reitoca
Hoy, 3 de junio el pueblo Lenca de Reitoca planificó una acción de protesta como denuncia de las autoridades municipales quienes durante mucho tiempo se han desentendido del conflicto que PROGELSA ha generado en el municipio.
Cuando se iniciaba la acción de protesta, aproximadamente a las 7:30 am, el alcalde de Reitoca Marlon Osorto, llevó personas con machetes y pistolas para atacar a miembros del Comité de Protección del Río Reitoca.
Desde la RNDDH llamamos al Alcalde Marlon Osorto a retirar las personas que ha llevado para intimidar y amenazar a las y los pobladores que hacen ejercicio de su derecho legítimo a la protesta.
Hacemos un llamado a las organizaciones de DDHH y del Movimiento Social a estar pendientes de nuestras compañeras y compañeros en Reitoca.
Mecanismo de Protección fue alertado
El Mecanismo de Protección fue alertado sobre esta nueva acción violenta c0ntra defensores y defensoras de derechos humanos que realizan un derecho legítimo de defender los derechos fundamentales de su comunidad, en este caso el derecho a un medio ambiente sano.
De acuerdo a la Ley de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas y Comunidores Sociales y Operadores de Justicia el Estado de Honduras está en la obligación de proteger a las personas que realizan esta labor.
Según lo señala el artículo Artículo 6 de la Ley de Protección para los y las defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de Justicia, aprobado por el Congreso Nacional en mayo de 2015, “EL DEBER DE ESPECIAL PROTECCIÓN A LAS PERSONAS DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS.-El Estado tiene la obligación de respetar los derechos humanos de las y los defensores de derechos humanos y de prevenir de forma razonable las amenazas, hostigamientos y agresiones que puedan generarse en su contra, independientemente de que éstas provengan de actores estatales o particulares”.
Pasosdeanimalgrande.com consultó a defensores de la zona para saber sobre la situación y manifestaron que están muy preocupados de las acciones violentas que pudieran concretarse en su contra.
Vea antecedentes del caso publicados por el periódico El Libertador Aquí
Miriam Osorto y Andrés Gutiérrez, fueron heridos por la Policía
Militar el 30 de enero de 2018 en otra protesta pacífica . Foto El Lbertador.
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El Ministerio Público todavía no ha castigado a los militares responsables, por eso se teme que puedan ocurrir hechos similares o peores en esta nueva protesta.
Esta es la alerta de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras:
Alerta: Amenazas e intimidación a integrantes del comité de protección del Rio Reitoca
Hoy, 3 de junio el pueblo Lenca de Reitoca planificó una acción de protesta como denuncia de las autoridades municipales quienes durante mucho tiempo se han desentendido del conflicto que PROGELSA ha generado en el municipio.
Cuando se iniciaba la acción de protesta, aproximadamente a las 7:30 am, el alcalde de Reitoca Marlon Osorto, llevó personas con machetes y pistolas para atacar a miembros del Comité de Protección del Río Reitoca.
Desde la RNDDH llamamos al Alcalde Marlon Osorto a retirar las personas que ha llevado para intimidar y amenazar a las y los pobladores que hacen ejercicio de su derecho legítimo a la protesta.
Hacemos un llamado a las organizaciones de DDHH y del Movimiento Social a estar pendientes de nuestras compañeras y compañeros en Reitoca.
Mecanismo de Protección fue alertado
El Mecanismo de Protección fue alertado sobre esta nueva acción violenta c0ntra defensores y defensoras de derechos humanos que realizan un derecho legítimo de defender los derechos fundamentales de su comunidad, en este caso el derecho a un medio ambiente sano.
De acuerdo a la Ley de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas y Comunidores Sociales y Operadores de Justicia el Estado de Honduras está en la obligación de proteger a las personas que realizan esta labor.
Según lo señala el artículo Artículo 6 de la Ley de Protección para los y las defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de Justicia, aprobado por el Congreso Nacional en mayo de 2015, “EL DEBER DE ESPECIAL PROTECCIÓN A LAS PERSONAS DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS.-El Estado tiene la obligación de respetar los derechos humanos de las y los defensores de derechos humanos y de prevenir de forma razonable las amenazas, hostigamientos y agresiones que puedan generarse en su contra, independientemente de que éstas provengan de actores estatales o particulares”.
Pasosdeanimalgrande.com consultó a defensores de la zona para saber sobre la situación y manifestaron que están muy preocupados de las acciones violentas que pudieran concretarse en su contra.
Vea antecedentes del caso publicados por el periódico El Libertador Aquí
Valle de Siria enfrenta amenaza de un nuevo proyecto de muerte
El
Estado de Honduras no se preocupa por la situación de los pobladores del
Valle de Siria, dando apoyo a este proyecto de muerte
Por Riccy Ponce
San Ignacio, Francisco Morazán.- Caída de cabello
en exceso, contaminación en la sangre, problemas en la piel, abortos,
suelos contaminados, entre otros problemas, causó la empresa minera
Entre mares en el Valle de Siria; pero ahora la zona y sus habitantes se
enfrentan un nuevo escenario, que según estudios, causarían destrucción
del Valle.Se trata de un proyecto geotérmico llamado 12 tribus que se quiere instalar en el Valle de Siria y que según las investigaciones realizadas por pobladores de la zona, sería un segundo proyecto de muerte.
El Valle de Siria comprende los municipios de San Ignacio, Cedros y El Porvenir, todos en el departamento de Francisco Morazán.
El trabajo de Entre mares era extracción de oro, que dejó graves daños en la zona y en la salud de los habitantes.
Ahora el segundo proyecto de muerte, como lo denomina el Comité Ambientalista Valle de Siria, es la construcción de una geotérmica que acabaría con las aguas termales del sector.
Al tener conocimiento de la instalación de este nuevo proyecto, los ambientalistas del Valle de Siria rápidamente se pusieron investigar, hacer estudios, visitar otros países del área donde hay este tipo de proyectos, y lo que descubrieron fue peor de lo que se imaginaban.
Los principales hallazgos del proyecto, según investigaciones que realizaron los habitantes de la zona, el área concesionada son 8,000 hectáreas con duración a 50 años prorrogables y el proyecto está distribuido en tres etapas que son la explotación, construcción y operación.
En dicho proyecto habrá empleo temporal por 18 meses para alrededor de 300 personas y apenas 25 empleados quedarán permanentes en la etapa de operación, según los ambientalistas de la zona.
Entre las comunidades del municipio de San Ignacio más afectadas con este proyecto son: Palo Ralos, San Miguel de Barrosas y el casco urbano. Por el municipio de El Porvenir están el Pedernal, Escañito y Guayabillas y por Cedros la comunidad de Moyas.
Los daños que se prevén con dicho proyecto son principalmente en la agricultura y ganadería, con pérdidas a la seguridad a alimentaria de los pobladores, informaron los ambientalistas, tras realizar un estudio.
Otro de los hallazgos que encontraron los ambientalistas en el estudio que elaboró la empresa es que tendrán diez años de gracia en el pago de impuesto, y las recaudaciones o tributos de la Alcaldía Municipal solo serán por permiso de construcción, operación y uso de suelo.Además aún hay comunidades de El Porvenir y Cedros que todavía no han sido debidamente informadas de la instalación de la empresa geotérmica, por lo que desconocen los daños severos que estaría dejando en el sector.
A parte de lo antes mencionado, también en el estudio de impacto ambiental realizado por la empresa y a la que el Comité Ambientalista de Valle de Siria tuvo acceso, en la primera etapa se causará destrucción de los bosques en las áreas rurales, destrucción de ecosistemas, destrucción de caminos y carreteras, altos ruidos a afectando los oídos a los pobladores, abundancia de polvo en la atmósfera durante la etapa de la construcción, también el habitad natural y la belleza escénica.
Así como contaminación de agua superficial, subterránea y acumulación de fluidos geotérmicos, derrumbes internos y movimientos sísmicos. Daños a viviendas cercanas a la zona de las perforaciones en la profundidad de los suelos.
El Comité Ambientalista de Valle de Siria tuvo conocimiento de estos hallazgos por medio del estudio de impacto ambiental que realizó la misma empresa geotérmica y los ha hecho de conocimiento de la población para que se informen sobre los daños que dejaría en la zona si se llega a instalar.
Por estas razones dicho comité se dio la tarea de alzar su voz para defender su territorio.
Así lo expresó Carlos Amador, secretario del Comité Ambientalista Valle de Siria, “todos los impactos ambientales van a ser sufridos por pobladores que están ubicados en el Valle y pobladores que están ubicados globalmente, pero individualmente son pobladores que están en el municipio de El Porvenir y en Cedros”.
“Justamente por eso nuestra voz de alertar es porque las comunidades nos pongamos en pie de lucha y no permitir victimizar de problemas ambientales en el Valle, porque ya sufrimos el primero con la extracción de oro de la empresa Entre Mares”, sostuvo Amador.
Asimismo agregó que “a raíz de esto hemos tenido varios problemas de intimidación y amenazas por el señor que se llama Germán Hernán Richelt, que supuestamente es el interesado en subastar este proyecto térmico del Valle de Siria, sin importarle la situación de vida de los pobladores”.
También dijo que el trabajo de Entre mares era extracción de oro y en este caso Germán Richelt es un proyecto geotérmico y no saben si existe algún vínculo.
Todavía no hemos encontrado una vinculación directa con Entre mares y Herman Richel, pero hasta este momento no podemos decir que hay una relación entre ambos, porque lo que hemos encontrado es una cuestión personal de él en este proyecto, pero si al final encontráramos una vinculación entre ambos, seguro que lo vamos a denunciar, anunció Amador.
El líder ambientalista expresó también que el Estado de Honduras no se preocupa por la situación de los pobladores del Valle de Siria, dando apoyo a este proyecto de muerte.
Eso es lo irónico que denunciamos que el Estado de Honduras también está jugado un papel aquí de irresponsable, en el sentido de que está dándole a una persona que no tiene ningún vinculo en el Valle de Siria, una concesión a 50 años de una zona que es colectiva pública, porque la gente allí va a cocer un huevo, una gallina, un plátano, porque el proyecto lo pretenden construir y arrancar donde esta las fuentes de agua termales, en un radio de acción de 80 kilómetros cuadrados, finalizó Amador.
Pobladores del Valle de Siria lucha día a día para defender el medio ambiente
El Comité Ambientalista del Valle de Siria es uno de los seleccionados del Proyecto “Defendiendo Derechos y Libertades para Vos y para tu Voz” que es un proyecto ejecutado por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), coordinado por Diakonia y financiados por la Unión Europea, que consiste en un fondo de subvención en cascada para facilitar la labor de los defensores.
“Estas preocupaciones las hicimos llegar en esta propuesta y fueron las razones por las cuales calificó”, sostuvo Escober, quien recordó que la zona sigue siendo afectada por otros proyectos, como es la afectación del bosque por el gorgojo descortezador y que los madereros pretenden quedarse con esa madera.El presidente del comité, Roger Escober, expresó que “este proyecto también lo amerita por la urgente necesidad de hacer algunas acciones encaminadas a parar esta empresa, que pretende la instalación del proyecto geotérmico, que hará mucho daño si la dejamos que se logre instalar en el Valle de Siria”.
“Entonces desde allí sabemos los riesgos que significan y que implican, porque hay atentados y ya cuatro miembros del comité por la defensa de sus derechos fueron criminalizados en su momento”, puntualizó Escober.
Al instalarse el proyecto geotérmico en el Valle de Siria los defensores del ambiente aseguran que será un nuevo proyecto de muerte, que afectará a más de 32 mil habitantes de la zona, que aún no se ha podido recuperar de las secuelas que dejó Entre mares.
El modelo extractivista del actual régimen generador de división, zozobra y riesgo
San José, La Paz.- A partir del Golpe de Estado de 2009, se aceleró la ofensiva de la industria extractiva en todo el país, evidenciada a través de múltiples concesiones otorgadas por el Estado de Honduras para explotaciones mineras, forestales e hidroeléctricas.
La privatización del recurso agua responde a una estrategia del modelo neoliberal implantado por corporaciones transnacionales, que tienen como objetivo, la apropiación de los recursos naturales de los países llamados tercermundistas. Más de 200 concesiones mineras e hidroeléctricas se han otorgado en el país.
Honduras ha sido un terreno fácil para los propósitos de éstas corporaciones, ya que en los últimos 10 años, el país ha sido cooptado por una ambiciosa clase política entreguista de los recursos naturales y perteneciente al partido Nacional, que bajo maniobras fraudulentas mantiene en el poder a Juan Orlando Hernández, como presidente de la República, violentando la Constitución.
Es aquí, en el departamento de La Paz, donde han vivido durante siglos comunidades indígenas lencas, las que hoy se ven afectadas por el impacto del proyecto hidroeléctrico La Aurora 1.
Las respuestas de los entrevistados se han enfocado en cómo la represa La Aurora 1 ha traído división entre las comunidades, y cómo la influencia de activistas al servicio del partido Nacional ha tornado un ambiente hostil entre los pobladores.
La hidroeléctrica La Aurora 1, fue construida por la empresa Inversiones La Aurora, de la cual es propietaria la diputada y presidenta del partido Nacional, Gladys Aurora López. En el Registro de Propiedad Inmueble y Mercantil del departamento de La Paz, aparece bajo el número 39 del Tomo 2. La empresa es representada en todos sus actos por Arnold Gustavo Castro Hernández, esposo de la diputada.
La Aurora 1, obtuvo licencia ambiental, el 13 de agosto de 2009, a menos de dos meses del golpe de estado. La empresa es categoría 2 o sea que su generación se encuentra en el rango generador que va de 3 a 15 megas. El 30 de julio de 2009, Aurora 1 habría obtenido el contrato de medidas de mitigación a través de la resolución 929- 2009 y se dice que Aurora 1 suscribió con la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) la contrata para el aprovechamiento de aguas nacionales para fuerza hidráulica y que el 26 de agosto de 2009 firmó con dicha dependencia el contrato de operación.
La Aurora opera en un área protegida, productora de agua, en la reserva Biológica El Jilguero
Lo anterior refleja una irregularidad e incongruencia en las fechas de otorgamiento de los permisos, considerando el marco secuencial de otorgamiento, por lo que no se puede firmar la contrata de aguas (7 de agosto de 2009) sin haber obtenido la licencia ambiental, la que fue otorgada hasta el 13 de agosto de 2009.
Asimismo dicha empresa suscribió contrato de suministro de electricidad con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) el 3 de junio de 2010.
La empresa opera en un área protegida, productora de agua. En el diario oficial la Gaceta, de fecha 27 de febrero de 2007, el propio estado reconoce como Zona Protegida a perpetuidad, la denominada: “Zona productora de agua, La Reserva El Jilguero”.
Pobladores han denunciado que se violentó el mecanismo de participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el uso de los recursos naturales y que además se violó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que expresa el derecho que tienen los pueblos indígenas a someter todos los proyectos que afecten sus comunidades a través de una consulta previa, libre e informada.
En relación a la situación actual que enfrenta el municipio de San José La Paz con la operación de la represa, Gonzáles dijo que el proyecto ha venido a dividir a la población, en especial a las comunidades de El Agucatal, El Esfuerzo, San Francisco y Granadillo que son las aledañas donde está asentado el proyecto sobre el río Zapotal.
“Las repercusiones han sido más negativas que positivas para la población, en el aspecto de empezar la privatización de los bienes comunes de la naturaleza y a crear un caos, ya que la comunidad El Aguacatal está pasando una situación muy difícil, una división y se ha marcado en aspectos políticos”, aseguró el entrevistado.
Añadió que hay un grupo de activistas del partido nacional que están defendiendo y apoyando a la señora Gladys Aurora y no sabemos con qué propósitos, o qué a ellos les han dado o les han ofrecido porque hay un grupo de choque, sostuvo.
De acuerdo con las leyes hondureñas, los funcionarios públicos o sus familiares no pueden realizar negocios con el Estado.
Esto ha venido a afectar la parte productiva, porque la zona que quedó seca ya no puede ser aprovechada por los pobladores, la gente no puede hacer uso de ella, ahora no corre agua, ahora está seco todo y mucha gente que iba a hacer sus quehaceres domésticos, como lavar la ropa o bañarse, ya no lo puede hacer, explicó Gonzáles.
El dirigente campesino dijo que el ingreso a las instalaciones y áreas de influencia está prohibido y que lo lamentable es que el Río Zapotal está ahora privatizado en San José La Paz. El rió Zapotal nace entre los municipios de Chinacla y Opatoro, pero ahora está privatizado.
“Nosotros lamentamos que al guía espiritual de nuestro municipio José Adán se le esté vinculando con actos de ese tipo, que lo único que hace es denunciar las injusticias, hace poco hizo una visita y le pusieron un grupo de choque al padre para que le gritara, lo insultara, es más, han vertido opiniones muy groseras contra el sacerdote.Gonzáles destacó que La Aurora 1 no sólo está dividiendo a los pueblos, sino también a la feligresía católica.
Entonces nosotros como pueblo apoyamos al sacerdote porque sabemos que sus prédicas, sus luchas y todas sus denuncias están en el marco de la ley y en defensa del pueblo y animamos a nuestro sacerdote para que siga así, porque eso fue lo que Jesucristo mandó, a defender al pueblo y como él, todos nosotros asumimos las consecuencias.
Por eso denunciamos y hemos denunciado a Gladys Aurora López, a Arnold Castro y al partido Nacional en general, los que dirigen las cúpulas y que dirigen a este partido que son los que están saqueando la riqueza natural de nuestro país.
“Yo sé esta entrevista que yo pueda estar dando pone en peligro mi vida, pero nosotros siempre hemos sido del criterio que la vida se defiende con la vida y estamos dispuestos a dar la lucha porque si no defendemos nosotros, nuestros bienes comunes; nadie lo va a hacer”, expuso con firmeza Samuel Gonzáles.
El padre José Adán dijo a www.defensoresenlinera.com que Dios nos colocó en este mundo para que defendamos esta creación, no somos dueños absolutos, simplemente somos colaboradores, tenemos que ayudarle a Dios en la creación con posturas bien claras, con estrategias bien claras, contra los opresores, contra los que ya se están adueñando del medio ambiente, con las concesiones del estado que les dio ese poder para adueñarse de los bienes de la creación, de los recursos de los municipios; por lo tanto los defensores del medio ambiente estamos unidos con Dios, con las enseñanzas de la Iglesia y con la legislación hondureña para ayudarnos a defender.
El guía espiritual explicó que “este modelo político que estamos viviendo hoy, eso es lo que nos está enseñando, que el propósito es adueñarse, privatizar todo, para ser una élite cada vez más poderosa económica y políticamente”.
El padre José Adán dijo que esos proyectos hidroeléctricos han dividido a la comunidad, llegan a proponer un montón de cosas que hasta la vez, no les han cumplido. Propusieron que les iban a poner la luz, que esto; lo otro, se firmó un documento y entonces no se cumplió nada.“En el actual modelo político, cada vez están bajo riesgo los defensores y defensoras del ambiente”: sacerdote diocesano José Adán Martínez
Estos proyectos son letales, son dañinos, son dañinos a la familia, porque muchas familias tuvieron que vender e irse de ahí. Ahí vivían, ahí vivieron sus ancestros, ahí trabajaron, pero han tenido que irse por esa concesión que el estado le dio a estas familias.
En su palabra profética, el padre José Adán expone que en el actual modelo político, cada vez, están bajo riesgo los defensores y defensoras del ambiente.
“Están en peligro, los miran muy mal las personas, como que no les creen, como que somos personas malas, pero no, definitivamente que no, estamos conscientes por Dios, por la Iglesia, por la conciencia, que sí tenemos que defender el medio ambiente, luchar con estrategias políticas, pues ojalá un día se quitaran esas concesiones, que el congreso erradicara esas concesiones”.
El religioso expuso que esas concesiones son dañinas, son letales para el estado, para la familia, para el municipio, porque es una instancia que han creado para adueñarse de los recursos y a las municipalidades las ponen de rodillas, no pueden hacer nada, las compran, las venden, porque la presión política y económica es tan grande que las municipalidades como que no pueden hacer nada.
“Obviamente pues nosotros hemos pensado en palabras sencillas como que estorbamos, porque hemos asumido una posición profética basada en la Biblia, basada en la enseñanza de la doctrina de la iglesia, nosotros desde ahí basamos, desde la doctrina social de la iglesia y la ciencia social, y eso genera problemas, genera que alguna gente no esté de acuerdo, porque la filosofía nuestra no les gusta, entonces la reacción es rechazar ese mensaje y buscar las estrategias políticas, y si es necesario para quitar o sacar un presbítero”, advirtió el sacerdote.
Expertos consideran que los proyectos hidroeléctricos provocan la destrucción del hábitat, pérdida de la biodiversidad (mamíferos, aves, plantas nativas), erosión del suelo, pérdida del bosque primario, destrucción de zona de amortiguamiento del río, apropiación de territorio, destrucción superficial y subterránea del agua, pérdida de bosque único, generación de plantas exóticas, contaminación del agua y arrastre de sedimentos orgánicos.
Documentar violaciones a derechos humanos y acompañar a las víctimas bajo un contexto como el que se ha documentado, es una tarea difícil y peligrosa. Ese trabajo lo realiza Antonia Gutiérrez, quien es comisionada municipal en San José La Paz y que actúa como enlace entre la municipalidad y el pueblo.“…este modelo político que estamos viviendo hoy, eso es lo que nos está enseñando, que el propósito es adueñarse, privatizar todo…”.
Además, Gutiérrez forma parte de Red de Defensores de Derechos Humanos Indígena Lenca de La Paz (REDHIL), espacio formado por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).
“Se nos dificulta mucho el trabajo porque somos discriminadas, amenazadas y entonces a veces se nos dificulta el trabajo, pero nosotras seguimos adelante, creo que los ambientalistas están bajo mucho riesgo, por ejemplo en El Aguacatal donde hay una represa instalada, existe mucho conflicto y división entre los mismos miembros de la comunidad”, destacó la defensora de derechos humanos.
Indicó que a pesar de que no se han presentado muertes violentas por la oposición al proyecto La Aurora 1, “es algo que se puede dar porque es muy fuerte el conflicto que hay en esa comunidad”.
Por su parte Donatila Girón del Movimiento Independiente Indígena Lenca de Honduras (MILPAH), resaltó que defender los derechos humanos en La Paz, “además de ser arriesgado, es un trabajo voluntario, y lo hacemos porque nos gusta cuidar el ambiente que nos rodea, nuestra tierra, nuestro territorio y los bienes comunes que nosotras estamos defendiendo”.
Girón dijo que si bien es cierto hay miembros de MILPAH que cuentan con medidas de protección, eso no significa que sus vidas estén seguras, ya que no cuentan con escoltas de seguridad, porque según dijo, es difícil tener acceso a este servicio de protección, aún y cuando el Mecanismo de Protección para defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, así lo señale.
“Y los motivos son por los lugares donde viven los defensores, porque es arriesgado, y porque también no es conveniente”, detalló la defensora.
Consultada acerca de qué actores serían los generadores de riesgo en contra de los defensores y las defensoras de derechos humanos, Girón señaló a los políticos de empresas, las transnacionales y toda aquella gente que quiere apropiarse de los bienes comunes a toda costa, despojando a la gente de los territorios, engañándoles, mintiéndoles, ofreciéndoles bolsas solidarias y todo eso, entonces ese es el sistema aquí. Ellos son los que quieren apropiarse de nuestros bienes, tales como la diputada Gladys Aurora López a quien se le dio en 2009, después del golpe de estado la concesión de todos los ríos de La Paz.
“Hay amenazas, hay discriminación, hay difamación, nos tildan como que somos oponentes al desarrollo del departamento, nos tienen bien vistos, entonces de todas maneras, nos acusan, nosotros no sabemos qué pueda pasar, siempre andamos al margen; caminamos y vemos para todos lados, nos sabemos quién es nuestro amigo, quién es nuestro enemigo. A veces no confiamos en nadie y a veces hasta dar información da miedo por motivo del riesgo que corremos”, comentó Donatila Girón defensora de derechos humanos de MILPAH.“….A veces no confiamos en nadie y a veces hasta dar información da miedo por motivo del riesgo que corremos…”
El Informe Situacional sobre los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de La Paz, dado a conocer por el COFADEH en 2016, destaca que Los defensores y las defensoras concuerdan en que La Policía Nacional, el Ministerio Público, los Juzgados y el CONADEH no tienen independencia y carecen de legitimidad, ya que son instrumentos utilizados por el Partido Nacional para garantizar -entre otras cosas- sus políticas de saqueo.
Además de estas instituciones públicas, el Partido Nacional cuenta con una red de activistas a tiempo completo, organizados en programas asistencialistas de Vida Mejor; reservistas de las FFAA, quienes intimidan a algunos de los Consejos Indígenas e incluso participan en desalojos violentos; se organizan patronatos comunales como paralelas a los Consejos Indígenas; y, medios de comunicación que emprenden campañas de desinformación acerca del trabajo de las personas que resisten a las empresas hidroeléctricas y mineras.
Olanchito se une a los municipios libre de minería
En
un masivo cabildo abierto realizado en la Casa de la Cultura, la
ciudadanía de Olanchito, Yoro, hizo suyo el derecho a la
autodeterminación de los pueblos, declarándose municipio libre de
explotación minera. La declaratoria se dio a raíz de la amenaza que
significa el otorgamiento de cinco concesiones mineras a punto iniciar
el proceso de exploración en zonas de mucha riqueza natural.
Entre los lugares amenazados con la
construcción de empresas extractoras de minerales, se encuentra el
Parque Nacional Pico Bonito, localizado en el punto más alto de la
cordillera Nombre de Dios, al interior de los limites político-
administrativos de los municipios de La Ceiba, San Francisco y La
Másica, en el departamento de Atlántida y el municipio de Olanchito, en
el departamento de Yoro.
El director ejecutivo de la Fundación
Parque Nacional Pico Bonito, FUPNAPIB, Jehovany Cruz, explica que la
declaratoria no es un evento aislado que surgió de la noche a la mañana,
sino que forma parte de toda una serie de actividades de socialización,
formación y organización de diferentes sectores de la ciudadanía de
Olanchito.
“Nosotros creemos que es importante que
los pueblos se organicen en torno a la defensa de los bienes naturales.
Ahora que se ha logrado la declaratoria, el trabajo no finaliza, sino
que viene un proceso de socialización a todos los niveles, además de
estar vigilantes de las acciones que se puedan dar entorno a las
autorizaciones emitidas para permitir la minería en la región”, señala
el ambientalista.
Jehovany Cruz, explica que la
declaratoria por sí sola no va a lograr el objetivo para la que fue
realizada, para ello es necesario que toda la ciudadanía se haga un nudo
y continúen en el proceso de vigilancia.
“Hemos tenido información que
probablemente se mantenga el interés de grupos económicos y empresas de
continuar con el objetivo de extraer minerales en las concesiones
señaladas. Para hacer frente a ello es importante la organización y una
ciudadanía activa” apunta.
El alcalde de Olanchito, José Tomás Ponce, asegura que como
corporación municipal respetarán la decisión soberana que ha tomado la
ciudadanía, porque la misma significa salvaguardar la salud y vida de la
población.“La declaratoria fue por unanimidad. Sentimos el respaldo del pueblo y respetaremos esa decisión tomada”, expresó el edil.
El funcionario explica que haber
realizado la declaratoria no ha sido fácil porque siempre hay poderes
ocultos que quieren la instalación de las mineras para beneficiarse
económicamente. Sin embargo la decisión está tomada y solo la población
la puede modificar.
Además señala que como funcionarios
públicos deben respetar la voluntad de las grandes mayorías. “Tenemos
que aprender a escuchar al pueblo, las municipalidades somos el vehículo
para que la ciudadanía se manifieste y tenemos que dar esa facilidad.
Parques Nacionales en Peligro
El director ejecutivo de la Fundación
Parque Nacional Pico Bonito, FUPNAPIB, Jehovany Cruz, agregó que las
concesiones mineras e hidroeléctricas confrontan directamente con el
marco legal que tienen las aéreas protegidas y zonas productoras de
agua. Explica que la actual Ley de Minería, en sus zonas de exclusión
prácticamente está permitiendo que en más del 90% de las áreas
protegidas del país se permita la actividad minera.
En mayo 2017, el Centro Hondureño de
Promoción del Desarrollo Comunitario (Cehprodec) y la Fundación Parque
Nacional Pico Bonito (FUPNAPIB), publicaron un informe sobre el caso de
la presa hidroeléctrica Cuyamel II, en el río Cuyamel, situado en el
Parque Nacional Pico Bonito, un proyecto aprobado sin información y
participación adecuada de las comunidades locales y que supone
un peligro para el medio ambiente y que, a largo plazo, podría afectar a
más de 7,000 personas. Ese informe refleja que las áreas protegidas se
han vuelto jurídicamente vulnerables.
En ese sentido, el representante de la
FUPNAPIB, Jehovany Cruz, señala la importancia que otros municipios a
nivel nacional realicen declaratorias contra la minería y las
hidroeléctricas.
“Creemos que haciendo un trabajo fuerte
de socialización en la población y autoridades municipales se puede
lograr que comprendan el peligro de estos proyectos de muerte. Lo que
sucedió en Olanchito se debe expandir a otros sectores del país”, señaló
Cruz.
Pueblos afectados por la minería deben alzar su voz de protesta: Papa Francisco
Monday, 09 January 2017 23:38 Written by Dina Meza Published in Voz censurada
BBC.com
Desde que asumió su pontificado el argentino Jorge Mario
Bergoglio, quien se denominó Papa Francisco, identificándose con el
santo de Asís, protector de los animales y la naturaleza, dio muestras
claras de realizar una campaña a nivel mundial en contra del cambio
climático, provocado por la misma humanidad y que parece empieza a
preocupar a líderes de la talla de Barack Obama, presidente de los
Estados Unidos.
Por :JUDOVA
En diferentes intervenciones, Francisco se ha referido a la grave situación por la que atraviesa el planeta , haciendo un llamado a la humanidad para que revierta este fenómeno. Recientemente, Papa Francisco se reunió con representantes de la Iglesia y localidades que se consideran perjudicadas por la industria de la extracción: minerales.
“Se reunieron, dijo el pontífice, para que se escuche el grito de tantas personas, familias y comunidades que sufren directa o indirectamente por las consecuencias a menudo, demasiado negativas, de la minería”
El Papa, también dedicó gran parte de su tiempo a escribir la encíclica “Laudato Si” El Cuidado de la Casa Común en la que detalla minuciosamente el peligro que representa la destrucción del hábitat de la gente y sus consecuencias nefastas para la existencia de todo lo que vive en la misma.
Esta posición firme, enérgica, sin tapujos para señalar quiénes son mayoritariamente los responsables del hecatombe planetario, le ha generado”enemigos” que lo califican de “peligroso”, “anti Cristo” y otros epítetos.
En el caso de las empresas mineras, hay un levantamiento en América Latina por la aprobación por parte de los gobiernos, de estas transnacionales que poco o nada han dejado a los pueblos, quienes más bien se sienten seriamente lesionados en la destrucción y contaminación de los recursos naturales.
Protestas masivas se realizan en Perú, Ecuador, México, Guatemala, El Salvador, Honduras y otras naciones, especialmente porque se les margina de las decisiones Estatales y el irrespeto a las leyes al otorgar estos permisos y licencias, aún en contra de asambleas y cabildos locales que han dicho NO A LA MINERIA.
El 25 de septiembre, Francisco tuvo el gran reto sobre esta cruzada que ha emprendido, prácticamente sólo: la comparecencia en la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, para referirse a este punto y tratar de que sus palabras calen en la conciencia de los asistentes a éste cónclave que gobiernan el mundo de unos 125 países y luchar porque se antepongan los intereses de la vida de más de siete mil millones de seres humanos sobre la ambición de poder y dinero que mata la mente y el corazón de la actual mayoría.
En nuestro país, varias localidades han declarado su municipio “ libre de mineras”, pero estos empresarios son tan astutos y abusivos, que aun habiéndose realizado cabildos abiertos, donde los pobladores dijeron “ UN ROTUNDO NO “ a la minería, estos destructores a la brava se quieren instalar, claro con el aval del gobierno de turno, pero nuestro pueblo está firme en no permitírselos…
En diferentes intervenciones, Francisco se ha referido a la grave situación por la que atraviesa el planeta , haciendo un llamado a la humanidad para que revierta este fenómeno. Recientemente, Papa Francisco se reunió con representantes de la Iglesia y localidades que se consideran perjudicadas por la industria de la extracción: minerales.
“Se reunieron, dijo el pontífice, para que se escuche el grito de tantas personas, familias y comunidades que sufren directa o indirectamente por las consecuencias a menudo, demasiado negativas, de la minería”
El Papa, también dedicó gran parte de su tiempo a escribir la encíclica “Laudato Si” El Cuidado de la Casa Común en la que detalla minuciosamente el peligro que representa la destrucción del hábitat de la gente y sus consecuencias nefastas para la existencia de todo lo que vive en la misma.
Esta posición firme, enérgica, sin tapujos para señalar quiénes son mayoritariamente los responsables del hecatombe planetario, le ha generado”enemigos” que lo califican de “peligroso”, “anti Cristo” y otros epítetos.
En el caso de las empresas mineras, hay un levantamiento en América Latina por la aprobación por parte de los gobiernos, de estas transnacionales que poco o nada han dejado a los pueblos, quienes más bien se sienten seriamente lesionados en la destrucción y contaminación de los recursos naturales.
Protestas masivas se realizan en Perú, Ecuador, México, Guatemala, El Salvador, Honduras y otras naciones, especialmente porque se les margina de las decisiones Estatales y el irrespeto a las leyes al otorgar estos permisos y licencias, aún en contra de asambleas y cabildos locales que han dicho NO A LA MINERIA.
El 25 de septiembre, Francisco tuvo el gran reto sobre esta cruzada que ha emprendido, prácticamente sólo: la comparecencia en la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, para referirse a este punto y tratar de que sus palabras calen en la conciencia de los asistentes a éste cónclave que gobiernan el mundo de unos 125 países y luchar porque se antepongan los intereses de la vida de más de siete mil millones de seres humanos sobre la ambición de poder y dinero que mata la mente y el corazón de la actual mayoría.
En nuestro país, varias localidades han declarado su municipio “ libre de mineras”, pero estos empresarios son tan astutos y abusivos, que aun habiéndose realizado cabildos abiertos, donde los pobladores dijeron “ UN ROTUNDO NO “ a la minería, estos destructores a la brava se quieren instalar, claro con el aval del gobierno de turno, pero nuestro pueblo está firme en no permitírselos…
Las malas políticas gubernamentales en Honduras están destruyendo el ambiente, dice analista
En
los últimos 10 años los pueblos indígenas, afrodescendientes,
campesinos y urbanos de Honduras, se encuentran amenazadas por la
imposición en sus territorios de proyectos de despojo, que vulneran sus
derechos y están ligados a un modelo de explotación de bienes comunes.
“En Honduras estos proyectos de muerte
son innumerables: se calcula que hay más de 500 concesiones para la
explotación minería, existen más de 100 ríos concesionados para la
instalación de proyectos hidroeléctricos y la tala de bosque, entre
muchos otros”, indicó el ambientalista Juan Mejía, quien también está en
la coordinación del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia,
MADJ.
A renglón seguido manifestó que además
de la privatización de bienes que son un derecho humano tal y como lo
declara la Constitución, como por ejemplo el agua que no solamente es
abarcada por la industria con el cierre de los ríos, sino que lo poco
que sueltan viene contaminada con arsénico y otros químicos que ponen en
riesgo la vida de millones de hondureños y hondureñas.
“Un ejemplo de esto es lo que pasa con
el Lago de Yojoa, la principal reserva natural de agua dulce del país,
está siendo contaminada por La minera Ampac, con instalaciones en el
Mochito, Las Vegas, Santa Bárbara, debido a que muchas de las aguas
con químicos caen al lago, sin embargo desde nivel central no se ha
hecho nada al respecto”, indicó.
Así mismo tiempo se refirió a las
constantes denuncias hechas por la Coalición Ambientalista de Copán, en
el occidente de Honduras, donde se ha confirmado la contaminación
del río Lara, debido a las descargas producto de actividades mineras.
Aguas arriba de este río se encuentra la mina de San Andrés, donde
tiene operaciones la empresa minera Aura Minerals de capital canadiense,
subsidiaria de Minerales de Occidente (MINOSA).
“Otro ejemplo de destrucción total es lo
que pasa en los municipios del norte de Francisco Morazán. Después de
18 años de cierre de operaciones mineras, la transnacional minera Gold
Corp Inc., no se responsabiliza por los daños que ha causado en el Valle
de Siria. Allí quebró el tejido social de las comunidades, robó la paz
y la dignidad del pueblo, por el estado de desolación y abandono en
que viven”.
El fuerte calor es característico en los
municipios de El Porvenir y San Ignacio, al igual que el agua
contaminada por metales pesados, producto del trabajo de desarrollado
por la minera, que extrajo oro en el Valle de Siria, desde 2000 hasta el
2006.
“Esto es una muestra de lo que le espera
a Honduras de cara al futuro con todas las concesiones mineras en los
cuatro puntos cardinales. Por ejemplo, para extraer una onza de oro, la
empresa minera remueve 20 toneladas de roca y tierra; utiliza entre 200 a
320 galones de agua por minuto. El cianuro ocupado en la actividad
minera es el principal encargado de contaminar el agua. Sumado a esto,
cuando se remueven rocas y tierra se liberan metales pesados de las
rocas fragmentadas, contaminando los mantos acuíferos, el aire y los
suelos.
Frente a esta realidad cientos de
comunidades amenazadas por los proyectos extractivos, se han organizado y
han desarrollado proceso de resistencia en defensa de sus territorios y
sus ríos. Sin embargo, los líderes comunitarios son amenazados,
perseguidos, encarcelados y hasta asesinados, tal y como ocurre en el
resto de Latinoamérica.
Incendios, tala y gorgojo
Más del 48% de la superficie territorial
de Honduras está cubierta por bosques. Es decir 53,891 kilómetros
cuadrados, de los 112, 492 kilómetros de la extensión territorial, está
cubierta por árboles y vegetación. Sin embargo, esa riqueza natural está
constantemente en peligro; a los proyectos extractivos se le suma la
tala, el uso indiscriminado del bosque, el fenómeno del gorgojo y los
incendios forestales.
Estadísticas del Instituto de
Conservación Forestal, ICF, indican que durante la temporada de verano
2018 se registraron al menos 446 incendios forestales a nivel nacional,
lo que representa un total de 19,408 hectáreas consumidas por las
llamas.
La pérdida total de bosque por el
gorgojo descortezador es de unas 510 mil hectáreas de pino destrozado.
En todo este desastre ambiental también tiene mucha responsabilidad el
Gobierno, quien ha hecho muy poco para frenar estos fenómenos, según el
ambientalista Juan Mejía.
Indicó que Costa Rica eliminó la plaga
del gorgojo desde el año 2015, sin embargo en el país hasta a finales
del 2017 se pudo controlar. Pero “coincidentemente” en la temporada que
se está generando energía eléctrica a base de carbón, se vino la plaga y
acabó con los pinos que de inmediato son trasladados para las grandes
plantas generadoras de energía.
“En el caso de los incendios, antes del
2009 había un fondo de 150 millones de Lempiras para controlar los
incendios desde las comunidades en zona vulnerables, sin embargo desde
el 2010 este fondo pasó a ser parte del presupuesto de las Fuerzas
Armadas”, indicó.
“Toda esta negligencia gubernamental y
social está pasando factura. Por ejemplo, la gente común lo nota y lo
comenta cuando llueve y hace frío en semana santa y en toda la época del
verano o porqué hace calor en diciembre que es temporada de frío, pero
sin saber por qué se produce y cómo contribuye a acelerarlo”, manifestó.
Honduras es la nación con mayor
vulnerabilidad a los fenómenos naturales causados por la destrucción del
medio ambiente y el cambio climático. Esta degradación de los bosques
ha potenciado los procesos de erosión del suelo, una mayor escorrentía
en periodos cortos de tiempo, con impactos poco cuantificados de
pérdidas de bienes, infraestructura y servicios y en algunos lugares, la
pérdida de vidas humanas.
DISPUTA DE PODER ENTRE JOH Y OLIVA DETRÁS DE MOVILIZACIÓN DE CAFICULTORES
Un
grupo de unos 10 mil caficultores se movilizaron hoy en Tegucigalpa,
para protestar en contra del gobierno que preside Juan Orlando Hernández
(JOH), por la supuesta injerencia política en sus instituciones. “No
vamos a permitir ni vamos a seguir en la mesa de negociación, nosotros
nos mantenemos con nuestros propios recursos”, dijo uno de los
productores.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Este
jueves un grupo de miles de productores de café se movilizaron en la
capital de Honduras, protestando contra la injerencia política que en
los últimos meses se ha entrometido en las instituciones que controlan
el rubro cafetalero.
La movilización de los caficultores inició en las instalaciones del
Instituto Hondureño del Café (Ihcafe), para culminar con un plantón en
los bajos del Congreso Nacional, en el centro de Tegucigalpa.
Los
caficultores, oriundos de La Paz, denunciaron que el presidente Juan
Hernández, ha estado formando mesas de negociación, razón que ha
disgustado a varios productores porque su rubro pertenece al sector
privado y no puede ser administrado como parte de una institución de
gobierno.
El
grupo de campesinos exigió que no se politice y que se respete la
institucionalidad. La protesta, también sirvió para reclamar al gobierno
por el alza a los precios de los productos derivados del petróleo y de
la energía eléctrica.
Desde
hace varios meses, el vicepresidente Ricardo Álvarez, ha orbitado cerca
del Ihcafé, por lo que varios campesinos ratificaron que no van a dejar
que el Partido Nacional, tome el control de la institución, “nosotros
nos mantenemos con nuestros propios recursos”.
Se
presume además, que una disputa de poder entre Hernández y el
presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, está detrás de la
movilización.
Convergencia contra el Continuismo anuncia movilizaciones a nivel nacional
La
Convergencia contra el Continuismo preparará acciones de luchas para
los próximos meses. Diferentes organizaciones sociales se reunieron en
la ciudad de Siguatepeque, Comayagua este fin de semana, en un Encuentro
Nacional que sirvió para el análisis de la realidad y construir
acuerdos que reorganicen la lucha social en el país.
Carlos Humberto Reyes, dirigente
sindicalista y de la conducción de la Convergencia, se refirió a la
situación social y el vacío que ha quedado en estos momentos en la lucha
popular.
“No solamente con lo que es la reelección, sino en general contra el continuismo que es fundamentalmente el modelo neoliberal”, expresó Reyes.
Además, afirmó que están planteando reuniones regionales, nacionales y una movilización nacional para el próximo 30 de agosto.
“En las regiones vamos a reunirnos
con cada una de las organizaciones populares, para lógicamente promover
no solamente la Convergencia, sino al mismo tiempo ver cómo
desarrollamos una agenda nacional que tenga en primer lugar el
cumplimiento de los derechos humanos”, explicó el dirigente sindical a
Radio Progreso.
Luego de la crisis que generó la
inscripción ilegal de la candidatura de Juan Orlando Hernández y las
cuestionadas elecciones, la Convergencia tiene como principales
demandas: la libertad definitiva de los presos políticos; una
conformación de una comisión independiente que investigue los crímenes
que se dieron luego de las elecciones generales y el rechazo a la
militarización en los territorios.
Así, también el rechazo a las
privatizaciones de los servicios públicos y de los bienes comunes, la
defensa a los derechos laborales, y el tema agrario.
“Son temas generales que vamos ir
discutiendo y desarrollando en esa medida que vayamos desenvolviendo la
lucha, porque hay un vacío de los temas mencionados y tenemos que
llenarlos. No lo van a llenar los partidos políticos de oposición”,
detalló Reyes.
Los presos políticos
Con el tema de los presos políticos, en
la Convergencia hay un Comité que está trabajando para su liberación,
además del apoyo para que una Comisión Internacional se instalé y de
resultado sobre los asesinatos cometidos en Honduras en el marco de la
crisis post electoral.
Carlos H. Reyes, explicó que algunos de
los presos políticos tienen libertad condicional, otros aún están presos
pagando únicamente por luchar por la democracia y el Estado de
derechos. “El caso más complejo es el de Edwin Espinal, presó en la
Tolva, una cárcel de máxima seguridad en Morocelí, El Paraíso.
Reyes manifestó que en la mesa que
llaman “de pre-diálogo”, están hablando del tema de los presos políticos
y los asesinados. “Dicen que la Fiscalía está investigando, pero
definitivamente no ha hecho nada. Y ellos muchas veces lo que tratan no
es lo que nos referimos, nosotros como asesinados y presos en este
país”.
“El informe que dio la Oficina del Alto
Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, lo que ha hecho este
gobierno es engavetarlo y no han hecho absolutamente nada”, finalizó el
dirigente sindical.
Sala Constitucional de la CSJ ordena a la UNAH matricular a 24 estudiantes expulsados
Thursday, 07 June 2018 17:11 Written by Salvador Monroy Published in Defensa de la Protesta Social en la UNAH
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia
(CSJ), ordenó a través de un fallo por tres Recursos de Amparo
presentados por las defensas de 24 estudiantes expulsados en el 2017, a
las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH,
proceder inmediatamente a matricularlos para que continúen con sus
estudios.
Semanas atrás el Consejo Universitario dijo no a la reintegración de
los expulsados, según denunciaron varios sectores de ese centro
educativo la ex rectora Julieta Castellanos y su grupito están
empecinados a violentarles el derechos a la educación a los 24.
El fallo constitucional, dejó sin valor y efecto el reglamento estudiantil del Alma Mater que permitía la expulsión de los estudiantes que realicen actos de protesta, sin embargo la Sala de lo Constitucional en su resolución ratifica que la protesta es un derecho constitucional que fue violado de parte de las autoridades universitarias que ordenaron la expulsión de las aulas de clases de los estudiantes y ahora deberán reparar el daño.
Los estudiantes universitarios al ser expulsados de la UNAH en junio de 2017, recibieron maltratos de parte de sus compañeros, padres de familia, discriminación, amenazas y hasta persecusión por parte de entes internos y externos del centro universitario y muchos de ellos cayeron en depresión y hasta intentaron suicidarse, según fuentes que pidieron el anonimato.
La defensa de los estudiantes realizada a través de varias organizaciones de derechos humanos, consideró prudente la indemnización a los estudiantes de parte de la universidad y no se descartan hasta demandas económicas para indemnizar a quienes perdieron varios trimestres a causa de la suspención y expulsión de las aulas de clases, en algunos casos arbitrariamente sus becas fueron suspendidas, a pesar que no se siguió el debido proceso dentro de la UNAH.
Contenido del fallo
La abogada Kenia Oliva, asesora legal del Comité por la Libre
Expresión, (C-Libre), quien representó legalmente a la mayoría de los
estudiantes, dio a conocer este 07 de junio de 2018, el contenido del
fallo de la Sala de lo Constitucional que beneficia a 24 estudiantes que
fueron expulsados y que ahora podrán seguir con sus estudios en
diferentes carreras, a las cuales pertenecen.
“La Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional acaba de declarar que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, violentó derechos constitucionales de los estudiantes expulsados y que el reglamento que se les estaban aplicando a los estudiantes es inconstitucional”, indicó.
“Por lo tanto, la Corte ordena a la Universidad Nacional se reintegre inmediatamente a estos estudiantes y para eso estamos solicitándole a la Corte que hoy mismo notifique al rector de la Universidad, para que proceda a abrir un proceso de matrícula para estos estudiantes se puedan matricular y sean reintegrados de inmediato”, aseguró.
Sobre la imposibilidad de matricularse por la negativa de parte de las autoridades universitarias y del bloqueo del sistema de Registro, Oliva expresó que “sí, no podían matricularse, pero además el portal no se los permitía porque cerraron la matrícula de los estudiantes, a pesar de que no estaba firme dicha resolución”.
La representante legal de los estudiantes afectados dijo que se habían presentado tres Recursos de Amparo “por lo tanto, la Universidad hasta que estuviera firme la resolución podía cerrar el proceso de matrícula, no lo hizo, y la Corte nos ha dado la razón en los tres recursos de amparo y ahora todos los estudiantes que habían sido expulsados por la ex rectora Julieta Castellanos, la Corte nos ha dicho que ha sido una total violación a sus derechos constitucionales”, detalló.
Reparo de los daños
En cuando al daño causado, Oliva indicó que van a presentar un plan de reparación para los estudiantes, “incluso hay unos estudiantes de periodismo con beca, no pueden estudiar sin beca, la universidad, sin seguirle ningún procedimiento administrativo les quitó la beca, así que estamos preparando un plan de reparación para que los estudiantes puedan continuar con sus estudios”.
A criterio de Oliva, a los estudiantes afectados se les tiene que devolver la beca, “pero también muchos estudiantes perdieron el apoyo de sus familias, justamente porque fueron expulsados, ahora la universidad tiene que cargar con eso, porque si no lo que procede es una demanda administrativa por daños y perjuicios contra la universidad”, sentenció.
“El amparo es para que los reintegren por violación a los derechos constitucionales, porque justamente lo que los estudiantes habían hecho, era ejercer el derecho constitucional a la manifestación, por esas manifestaciones la universidad les siguió un proceso administrativo, violatorio al propio reglamento que tenía la universidad, pero ya la Corte nos acaba de decir que ese reglamento es inconstitucional y que violenta un derecho fundamental como lo es el derecho a la manifestación, por lo tanto procede el reintegro para los y las estudiantes”, amplió.
Kenia Oliva explicó que “los estudiantes que habían sido expulsados en el 2014, tienen un proceso administrativo en los Juzgados de lo Contencioso Administrativo y el próximo 24 de julio habrá una audiencia, donde la Universidad va a decidir si hay un proceso de reparación para ellos o no. Nosotros vamos a plantear un plan de reparación para aquellos estudiantes que tenían beca y que la misma se les fue suspendida por ejercer ese derecho constitucional”, finalizó.
Un caso entre muchos
Génesis Andino, estudiante de la carrera de Química y Farmacia, quien ingresó en el 2010 a la UNAH, es una de las afectadas con la expulsión que realizó la exrectora Julieta Castellanos, ahora muestra su alegría por el fallo emitido, pero también no oculta su tristeza por todo el tiempo perdido.
“Es innegable poder decir que no me siento felíz, sin embargo, después de todo este proceso de expulsión no sólo se trata de un proceso administrativo de la Universidad, también está la situación difícil que tuvimos que pasar después de los muros de la Universidad”, dijo Andino en tono nostálgico.
Relató que después de lo ocurrido con la expulsión de las aulas de clase de la universidad, “sucedió que varios de mis compañeros dejaron de recibir ayuda económica por parte de sus padres y esto quiere decir que sí regresamos a la universidad pero no todos y todas porque sin ayuda económica, cómo pueden regresar a la máxima casa de estudios?”.
Según Andino varios compañeros suyos ya perdieron el apoyo de sus padres para continuar con sus estudios, “justamente por una campaña de estigmatización a la cual se dedicó la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a desprestigiarnos en su totalidad, no solo en el tema de la universidad, lo administrativo, si no en lo exterior, ya que en las grandes empresas y en las grandes industrias, ya no se nos podría dar trabajo, por los antecedentes policiales y penales que ahora tenemos por culpa de la universidad”.
Sobre si piensa matricularse nuevamente en la UNAH, Andino dijo que el fallo obliga a la Universidad a realizarles un proceso de matrícula, “en todo caso sería mañana viernes 8 de junio la matrícula de nosotros y se debe crear un caso especial para que podamos encontrar cupo y matricular las clases que debemos llevar”.
Para Andino la UNAH está en toda su obligación de permitirles matricularse nuevamente en sus carreras, ya que “desde el momento, como casa de estudios y como parte de la academia, deberían de respetarnos los derechos universales y no seguir con la violación de nuestros derechos fundamentales”, destacó.
Según la estudiante de química y farmacia, los estudiantes fueron expulsados “nos expulsaron por defender nuestros derechos, de los y las demás estudiantes y de nuestras futuras generaciones”.
Relató que cuando sucedieron los hechos “defendíamos la no mercantilización de la educación y de la criminalización a la protesta, la cual, desde el 2014 hemos venido luchando en contra de esos procesos en el Alma Máter y por eso, fuimos expulsados, por protestar y haber hecho uso de nuestros derechos y ya la misma Constitución nos dice que debemos hacer uso del derecho a la protesta”.
Andino manifestó que personalmente, la expulsión de la UNAH le causó, “un desapego con mi familia, indiferencia en mi familia, me recriminaron el hecho de que no debo estar en esos lugares en donde se hicieron las protestas, porque en este país no se puede protestary defender nuestros derechos.
En lo laboral busqué muchas veces trabajo, “desafortunadamente no encontré y el que encontré me tuvieron que despedir, justamente por los antecedentes policiales y penales, además de la campaña de desprestigio que nos montó la universidad, acoso por los entes represores, me provocaron daños psicológicos, pensar de que en cualquier momento nos pueden seguir particulares y varias veces recibí llamadas telefónicas de hostigamiento, fui perseguida por gente extraña”, denunció la joven.
Génesis Andino destacó que todo el proceso le causó daños emocionales, afectó la parte social y económica, sin embargo, ahora le toca seguir, y eso para ella, es lo más importante.
El fallo constitucional, dejó sin valor y efecto el reglamento estudiantil del Alma Mater que permitía la expulsión de los estudiantes que realicen actos de protesta, sin embargo la Sala de lo Constitucional en su resolución ratifica que la protesta es un derecho constitucional que fue violado de parte de las autoridades universitarias que ordenaron la expulsión de las aulas de clases de los estudiantes y ahora deberán reparar el daño.
Los estudiantes universitarios al ser expulsados de la UNAH en junio de 2017, recibieron maltratos de parte de sus compañeros, padres de familia, discriminación, amenazas y hasta persecusión por parte de entes internos y externos del centro universitario y muchos de ellos cayeron en depresión y hasta intentaron suicidarse, según fuentes que pidieron el anonimato.
La defensa de los estudiantes realizada a través de varias organizaciones de derechos humanos, consideró prudente la indemnización a los estudiantes de parte de la universidad y no se descartan hasta demandas económicas para indemnizar a quienes perdieron varios trimestres a causa de la suspención y expulsión de las aulas de clases, en algunos casos arbitrariamente sus becas fueron suspendidas, a pesar que no se siguió el debido proceso dentro de la UNAH.
Contenido del fallo
 Estos son los expulsados, levantaron una campaña para volver a clases. |
“La Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional acaba de declarar que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, violentó derechos constitucionales de los estudiantes expulsados y que el reglamento que se les estaban aplicando a los estudiantes es inconstitucional”, indicó.
“Por lo tanto, la Corte ordena a la Universidad Nacional se reintegre inmediatamente a estos estudiantes y para eso estamos solicitándole a la Corte que hoy mismo notifique al rector de la Universidad, para que proceda a abrir un proceso de matrícula para estos estudiantes se puedan matricular y sean reintegrados de inmediato”, aseguró.
Sobre la imposibilidad de matricularse por la negativa de parte de las autoridades universitarias y del bloqueo del sistema de Registro, Oliva expresó que “sí, no podían matricularse, pero además el portal no se los permitía porque cerraron la matrícula de los estudiantes, a pesar de que no estaba firme dicha resolución”.
La representante legal de los estudiantes afectados dijo que se habían presentado tres Recursos de Amparo “por lo tanto, la Universidad hasta que estuviera firme la resolución podía cerrar el proceso de matrícula, no lo hizo, y la Corte nos ha dado la razón en los tres recursos de amparo y ahora todos los estudiantes que habían sido expulsados por la ex rectora Julieta Castellanos, la Corte nos ha dicho que ha sido una total violación a sus derechos constitucionales”, detalló.
Reparo de los daños
En cuando al daño causado, Oliva indicó que van a presentar un plan de reparación para los estudiantes, “incluso hay unos estudiantes de periodismo con beca, no pueden estudiar sin beca, la universidad, sin seguirle ningún procedimiento administrativo les quitó la beca, así que estamos preparando un plan de reparación para que los estudiantes puedan continuar con sus estudios”.
A criterio de Oliva, a los estudiantes afectados se les tiene que devolver la beca, “pero también muchos estudiantes perdieron el apoyo de sus familias, justamente porque fueron expulsados, ahora la universidad tiene que cargar con eso, porque si no lo que procede es una demanda administrativa por daños y perjuicios contra la universidad”, sentenció.
“El amparo es para que los reintegren por violación a los derechos constitucionales, porque justamente lo que los estudiantes habían hecho, era ejercer el derecho constitucional a la manifestación, por esas manifestaciones la universidad les siguió un proceso administrativo, violatorio al propio reglamento que tenía la universidad, pero ya la Corte nos acaba de decir que ese reglamento es inconstitucional y que violenta un derecho fundamental como lo es el derecho a la manifestación, por lo tanto procede el reintegro para los y las estudiantes”, amplió.
Kenia Oliva explicó que “los estudiantes que habían sido expulsados en el 2014, tienen un proceso administrativo en los Juzgados de lo Contencioso Administrativo y el próximo 24 de julio habrá una audiencia, donde la Universidad va a decidir si hay un proceso de reparación para ellos o no. Nosotros vamos a plantear un plan de reparación para aquellos estudiantes que tenían beca y que la misma se les fue suspendida por ejercer ese derecho constitucional”, finalizó.
Un caso entre muchos
Génesis Andino, estudiante de la carrera de Química y Farmacia, quien ingresó en el 2010 a la UNAH, es una de las afectadas con la expulsión que realizó la exrectora Julieta Castellanos, ahora muestra su alegría por el fallo emitido, pero también no oculta su tristeza por todo el tiempo perdido.
“Es innegable poder decir que no me siento felíz, sin embargo, después de todo este proceso de expulsión no sólo se trata de un proceso administrativo de la Universidad, también está la situación difícil que tuvimos que pasar después de los muros de la Universidad”, dijo Andino en tono nostálgico.
Relató que después de lo ocurrido con la expulsión de las aulas de clase de la universidad, “sucedió que varios de mis compañeros dejaron de recibir ayuda económica por parte de sus padres y esto quiere decir que sí regresamos a la universidad pero no todos y todas porque sin ayuda económica, cómo pueden regresar a la máxima casa de estudios?”.
Según Andino varios compañeros suyos ya perdieron el apoyo de sus padres para continuar con sus estudios, “justamente por una campaña de estigmatización a la cual se dedicó la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a desprestigiarnos en su totalidad, no solo en el tema de la universidad, lo administrativo, si no en lo exterior, ya que en las grandes empresas y en las grandes industrias, ya no se nos podría dar trabajo, por los antecedentes policiales y penales que ahora tenemos por culpa de la universidad”.
Sobre si piensa matricularse nuevamente en la UNAH, Andino dijo que el fallo obliga a la Universidad a realizarles un proceso de matrícula, “en todo caso sería mañana viernes 8 de junio la matrícula de nosotros y se debe crear un caso especial para que podamos encontrar cupo y matricular las clases que debemos llevar”.
Para Andino la UNAH está en toda su obligación de permitirles matricularse nuevamente en sus carreras, ya que “desde el momento, como casa de estudios y como parte de la academia, deberían de respetarnos los derechos universales y no seguir con la violación de nuestros derechos fundamentales”, destacó.
Según la estudiante de química y farmacia, los estudiantes fueron expulsados “nos expulsaron por defender nuestros derechos, de los y las demás estudiantes y de nuestras futuras generaciones”.
Relató que cuando sucedieron los hechos “defendíamos la no mercantilización de la educación y de la criminalización a la protesta, la cual, desde el 2014 hemos venido luchando en contra de esos procesos en el Alma Máter y por eso, fuimos expulsados, por protestar y haber hecho uso de nuestros derechos y ya la misma Constitución nos dice que debemos hacer uso del derecho a la protesta”.
Andino manifestó que personalmente, la expulsión de la UNAH le causó, “un desapego con mi familia, indiferencia en mi familia, me recriminaron el hecho de que no debo estar en esos lugares en donde se hicieron las protestas, porque en este país no se puede protestary defender nuestros derechos.
En lo laboral busqué muchas veces trabajo, “desafortunadamente no encontré y el que encontré me tuvieron que despedir, justamente por los antecedentes policiales y penales, además de la campaña de desprestigio que nos montó la universidad, acoso por los entes represores, me provocaron daños psicológicos, pensar de que en cualquier momento nos pueden seguir particulares y varias veces recibí llamadas telefónicas de hostigamiento, fui perseguida por gente extraña”, denunció la joven.
Génesis Andino destacó que todo el proceso le causó daños emocionales, afectó la parte social y económica, sin embargo, ahora le toca seguir, y eso para ella, es lo más importante.
Dan ultimátum para reintegro de universitarios expulsados
Por Sandra Rodríguez
Tegucigalpa, Honduras.- “Damos ultimátum hasta
mañana al rector Francisco Herrera, para que nuestros hijos sean
reintegrados a sus clases” declaró Blanca Celia Barahona, madre de Óscar
Barahona, joven expulsado por las autoridades de la Universidad
Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) junto a 23 universitarios más, el
año pasado.Los y las defensoras de la educación pública fueron expulsados de la máxima casa de estudios, pese a que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) -en su mayoría- los absolvió de los delitos de usurpación, que en su momento se les acusó supuestamente cuando lideraban protestas sociales.
La CSJ a través de la Sala de Constitucional ordenó este día que, de manera inmediata se reintegre a los futuros profesionales. Por lo que también se les debe restituir sus derechos, como las becas que ostentan varios de ellos ya sea por equidad o excelencia académica.
Blanca Celia Barahora, además es catedrática universitaria, y declaró a www.defensoresenlinea.com, que el portal de matrícula en línea, sigue bloqueada para los y las jóvenes expulsadas.
Mañana es el último día del proceso de adicionar y cancelar asignaturas en la UNAH, sin embargo, si los jóvenes no logran matricularse, las autoridades deberán abrir un proceso especial de matricula para ellos y ellas, como sucedió en las expulsiones del 2014 y reintegros en febrero del 2015.
Los expulsados se dieron en dos grupos, el primero fue luego de un arresto la noche del 24 de mayo del 2017, cuando 20 jóvenes protestaban por la criminalización los compañeros Moisés Cáceres, Sergio Ulloa y Cesario Padilla, que hoy 07 de junio cumplen un año de haber sido declarados “culpables” por delito de usurpación en perjuicio de la UNAH. Y fueron expulsados el 20 de julio del 2017, justo a un año de la firma de un acuerdo de homologación que se suponía la extinción de criminalización contra los judicializados en el año 2016.
Estos jóvenes son:
1. Norberto Moisés Cardona Martínez
2. Henry Orlando Rodríguez De Vicente
3. Ronnie Huete (periodista y estudiante de sociología)
4. Jorge Elías Velásquez Contreras
5. Carlos Moisés Torres
6. Mario Miguel Valladares Guevara
7. Juan Carlos Hernández Lanza
8. Oscar René Barahona
9. Nancy Paola Cruz García
10. Jessy Nataly Sánchez Santos
11. Emmy Nohemy Jiménez Zelaya
12. Joseph Emmanuel Miranda Hernández
13. Marcio Noe Silva Ramírez
14. Kevhin Ricardo Espinal Ramos
15. Rebeca Elvir Mayorquin
16. André Johan Gómez Jerónimo
17. José Manuel González Cerén
18. Allan Moisés Alcerro Martínez.
En otro proceso se ordenó la expulsión de los estudiantes de la facultad de Química y Farmacia, el 12 de septiembre del 2017, y procesados desde el 17 de junio después de estar varias horas secuestrados por elementos de la policía, escuadrón Cobras y agentes de investigación dentro del edificio de su facultad.
1. Tony Jossel Barahona Cruz
2. Any Raquel Blanco Navarro
3. Génesis Aracely Andino Vásquez
4. Karen Giselle Reyes Pineda
5. Tiffany Nicolle Zúniga Reyes
6. Gloria Saraí Mejía
35 años exigiendo justicia
Tegucigalpa.- Cada Primer viernes de mes, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) acude a la Plaza de los desaparecidos para recordar los hechos, denunciar y demandar Verdad y justicia.
Donde están los Detenidos Desaparecidos en la época de los años 80, por razones políticas, hombres y mujeres que soñaban con un país mejor, se preguntó el comité en un comunicado distribuido a la prensa.
A la plaza, acuden familiares de desaparecidos que aún se encuentran en condiciones de acompañar al comité, que desde hace 35 años está exigiendo verdad y justicia, para los detenidos desaparecidos.
Se apuestan en el Parque La Merced, en la plaza de los desaparecidos del centro de Tegucigalpa, nombrada así, en honor a las víctimas de desaparición forzada por razones políticas, en la época de los años 1980.
Leonel Pastor Amador Madariaga, era apenas un niño de 11 años que llegó a las instalaciones de COFADEH con su familia (madre y abuela ) que denunciaba la desaparición de su tío Estanislao Madariaga Linares, que fue detenido el 24 de mayo de 1980 frente a la pista de aterrizaje en el departamento de Choluteca, por cinco agentes de la Fuerza de Seguridad Pública, según el informe “Los Hechos hablan por sí mismos”, del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
Estanislao desde esa fecha no se volvió a saber más de su paradero, obligando a su madre Dolores Madariaga y a su hermana Josefina Madariaga a denunciar su desaparición y exigir verdad y justicia.
Maradiaga Linares era miembro del Sindicato de Trabajadores del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SITRASANAA).
Su madre y su hermana, junto a la familia COFADEH, lucharon incansablemente por preguntarle al Estado de Honduras que pasó con los detenidos desaparecidos, muriendo ellas con la esperanza de justicia.
Aquel niño, hoy convertido en un hombre, continúa esa exigencia por la que su familia tanto luchó; ahora él sigue esa lucha por su tío y los más de 184 desaparecidos que registra el COFADEH, que aún siguen en la impunidad.
“Para mí significa mucho, pero es un lugar para recordar. Venir al plantón es pensar que están vivos y nunca en el olvido, para mí es un gusto venir y recordar a todos con esta familia del COFADEH”.
Añadió que cada primer viernes de mes exigimos justicia para los desaparecidos y asesinados en la época de los ochentas”.
Quince años más tarde de la desaparición de Estanislao Madariaga, en la colonia San Miguel de Tegucigalpa, apareció en una alcantarilla, una osamenta que los familiares dijeron que posiblemente fuera de su pariente, porque coincidía con las características de su pariente, según los estudios médicos.
Pero se llevaron esa duda a la tumba porque medicina forense hasta la fecha no ha dado un informe y respuesta, si era o no, el cuerpo de Estanislao Madariaga y convirtiéndolo en uno más de los detenidos desaparecidos en Honduras en la época de los ochentas.
Su madre y su hermana fallecieron en espera de la verdad y justicia y su sobrino se mantiene con esa exigencia y de saber que pasó con Estanislao Madariaga.
El COFADEH reciente mente presentó su informe de desaparición forzada al Comité de Desaparición Forzada en Ginebra, ya que ninguno de los nuevos casos de desaparición forzada, al igual que los registrados por el COFADEH, no han sido objeto de investigación, ni persecución penal contra los violadores de derechos humanos, ni castigo a los responsables; ni reparación para los familiares de las víctimas, según la memoria histórica escrita por este comité.
Cabe recordar que el COFADEH nace de la exigencia de doce familias que se unieron para alzar su voz y exigir justicia para sus familiares detenidos desaparecidas en la época de los ochentas y con el paso del tiempo se unieron más familias a esta exigencia de verdad y justicia.
