La desaparición forzada en Honduras
El 22 y
23 de mayo, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones
Unidas evaluó al Estado de Honduras en el marco de su 14° período de
sesiones. El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras
(Cofadeh) envió un amplio informe sobre la situación que vive el pueblo
hondureño y presentó una propuesta de recomendaciones.
Por Giorgio Trucchi
El período más duro en materia de la
práctica de la desaparición forzada en Honduras fue en las décadas de
los años 1980 y 1990, en el marco de la implementación de la tristemente
famosa Doctrina de la Seguridad Nacional.
Cofadeh registró 184 casos de
desaparición forzada durante este período. A éstas se deben agregar
decenas de desapariciones que nunca fueron reportadas.
“Esta cantidad de desapariciones es la
prueba irrefutable que la práctica de la desaparición forzada fue una
política de Estado durante los años ochenta”, señala el Cofadeh en su
informe1.
Todos estos casos quedaron en total
impunidad. Solamente en cinco de los 184 casos se ejerció acción penal,
no obstante los acusados fueron dejados en libertad en condiciones poco
claras.
El estado de indefensión e impunidad fue
condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH),
que en las últimas décadas emitió tres sentencias contra el Estado de
Honduras por la práctica de la desaparición forzada.
Un cuarto caso se encuentra en proceso de ‘solución amistosa’.
Golpe de Estado 2009
Vuelve la desaparición forzada
El golpe de Estado, que en 2009 derrocó al entonces presidente Manuel Zelaya, generó una violación masiva de derechos humanos.
Paulatinamente, la represión pasó de ser
‘masiva y generalizada’ a ser ‘selectiva’ y dirigida en perjuicio de
personas consideradas por el gobierno de facto como desestabilizadoras
del régimen golpista.
Es en este marco de represión que el
Cofadeh coloca el resurgimiento de la desaparición forzada “como una
herramienta de control social y político, donde las víctimas se han
diversificado”.
Asimismo, denuncia que el habeas corpus2
sigue siendo un “instrumento ineficaz para rescatar con vida a la
víctima de la desaparición forzada”, y que el “marco jurídico orientado a
evitar este crimen, es deficiente”.
Serían 13 las personas detenidas
desaparecidas en forma forzada en los últimos años, en su mayoría
defensores de derechos humanos y miembros de la resistencia contra el
golpe.
En ninguno de estos casos se han juzgado a los responsables materiales e intelectuales.
A estos casos hay que agregar el del
joven de 23 años Manuel de Jesús Bautista Salvador, detenido y luego
desaparecido en el marco de la crisis post-electoral del año pasado.
Un nuevo marco jurídico
Ni olvido, ni perdón
A nivel legislativo, la figura de
desaparición forzada introducida en 2012 en el sistema penal hondureño
tiene vigencia solo hacia el futuro, y no se aplica a las desapariciones
de los años ochenta, ni a las del golpe de 2009.
Además, Cofadeh observa que Honduras
sigue teniendo un marco normativo inadecuado a la protección de las
personas frente a la desaparición forzada.
“Las víctimas siguen enfrentando los mismos obstáculos como cuando no existía la normativa internacional y nacional”, advierte.
Ante esta situación, el Cofadeh presentó una propuesta de recomendaciones ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas.
En particular, demanda la aprobación de
una Ley de Víctimas que contemple una fiscalía especial encargada de
iniciar, dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones
relacionadas a la detención y desaparición forzada de personas.
La nueva ley deberá contemplar un
Sistema nacional de búsqueda de personas desaparecidas, la creación de
un banco de ADN Mitocondrial y de un programa nacional de reparaciones
integrales con garantías de no repetición.
Asimismo, la creación de un sistema de
recuperación de archivos de los centros de inteligencia y
contrainteligencia de las Fuerzas Armadas de Honduras y otras
instancias.
Finalmente, el Cofadeh recomendó la
creación inmediata del Registro Nacional de Detenidos, diseñar e
impulsar procesos educativos de recuperación de memoria histórica,
mejorar la redacción de la figura de desaparición forzada contenida en
la normativa penal y derogar las leyes de amnistía.
Con las esperanzas viva y una búsqueda silenciosa
Tegucigalpa.- Seis
meses han pasado desde la desaparición forzada de Manuel de Jesús
Bautista Salvador; seis meses que su familia ha estado en la
incertidumbre de no saber nada de si está vivo o muerto, por este
hecho no hay culpables juzgados.
Los familiares aún mantienen la
esperanza de encontrar a Manuel con vida, “tenemos la esperanza y deseo
que aparezca con vida, pero hasta ahora no se sabe nada de su paradero,
ni que pasó con él después de ser detenido”, así lo expresó su hermano
Rafael Bautista Salvador a defensores enlínea.com.
“Solo una vez vinieron los agentes de la
Dirección Policial de Investigaciones (DPI), dijeron que investigarían
pero no han hecho nada hasta el día de hoy, no nos han dado ninguna
información y no han vuelto a aparecer ni para que uno diga que están
investigando”, agregó Rafael Bautista.
También exigió “que se haga justicia,
que den por lo menos con el paradero de mi hermano, si está vivo o
muerto, pero que aparezca, que den información al menos”.
Bautista Salvador agregó que “nosotros
seguimos buscando a mi hermano, pero es una búsqueda silenciosa porque
si uno habla de militares no le brindan ningún tipo de información ni
ayuda”.
Por su parte la coordinadora del Comité
de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Berta
Oliva, señaló que “el caso de Manuel de Jesús ha generado bastantes
acciones dentro de los mandatos que tenemos y dentro de los convenios
internacionales que Honduras suscribe”.
También dijo que “el tema de la
desaparición forzada es un tema donde tiene competencia las autoridades y
el Estado de Honduras para dar respuesta inmediata sobre el paradero
de la persona que está desaparecida, lo lamentable de esto es que las
autoridades de este país han puesto cero acción en el caso de Manuel de
Jesús”.
Podrán tener testigo protegidos, pero no
se ha dado respuesta. La pregunta es que han hecho que sea efectivo
para dar con el paradero de él, por supuesto que la familia y nosotros
lo reclamamos con vida, pero si fuera el caso que no lo estuviera, por
lo menos dar con el paradero de sus restos, agregó Oliva.
Asimismo se preguntó qué han hecho para
hacer requerimiento fiscal y emplazamiento público, porque es un acto,
una acción de orden pública con los agentes que estaban responsables de
la zona, con la policía militar o con los militares encargados y con el
número de la patrulla, que fue la que la capturó y detuvo a Manuel de
Jesús, en esa línea el Estado no tiene forma de justificar su
complicidad con el delito de la desaparición forzada de este joven.
Ya trascurrieron seis meses del hecho y
en ese tiempo no hemos visto que haya una acción beligerante, una acción
que nos indique que hay un compromiso serio, eficaz de parte del
Ministerio Público para investigar y para dar con el paradero de Manuel
de Jesús y también para identificar y sancionar a los culpables, agregó
la defensora de derechos humanos.
También dijo a defensoresenlínea.com que
este hecho que pone de nuevo en la vigilancia y el escrutinio
internacional a Honduras, refleja la incapacidad y la complicidad de las
autoridades de este país, encargadas de “vigilar” y acompañar e
implementar políticas, que nos digan claramente que hay voluntad
política para el respeto de los derechos humanos y fundamentalmente la
integridad de los y las habitantes de este país.
En este caso, el COFADEH ha colocado la
denuncia ante el Grupo y Comité de Desaparición Forzada de la ONU y se
ha hecho lo que corresponde, ya que no hay forma que se abra una
investigación que denote de parte del régimen que tiene interés en dar
respuestas sobre el caso.
También se envió una comunicación al
relator para Honduras sobre los derechos de las personas privadas de
libertad de la CIDH (Comisión Interamericana de Derecho Humanos).
Manuel de Jesús es la primera víctima de
desaparición forzada en la crisis post electoral generada por el fraude
del presidente ilegítimo Juan Orlando Hernández, y hasta la fecha no se
tiene información de qué pasó con él y los familiares siguen
preguntándose ¿dónde está Manuel de Jesús Bautista Salvador?, detenido
desaparecido el 3 de diciembre del año pasado.
Tomás Nativí eternamente joven, revolucionario y humano
Tegucigalpa.- El 6 de
junio de 1981 festejamos el cumpleaños número 34 de Tomás Nativí
Gálvez, ese día no teníamos muchas cosas, pero teníamos lo más hermoso,
el cariño y los sueños. Como él estaba clandestino, yo luché por llegar
donde se encontraba el día de su cumpleaños.
Así recuerda Berta Oliva Guifarro a
Tomás Nativí Gálvez, su esposo, que este día sería su cumpleaños número
71, que quizás estaría celebrando junto a su hijo, nietos, esposa,
familia y amigos, pero el sistema se lo impidió al ser detenido
desaparecido por su lucha por una Honduras mejor.
Tomás luchaba porque los niños tuvieran
educación, por la salud de un pueblo, por la construcción de una patria
libre y de un país más justo.
Al cumplirse un año más de su
nacimiento, Berta Oliva mantiene presente esos recuerdos que pasó junto a
su esposo, a pocos días de que fuera detenido desparecido.
Él no era un hombre que consumía
gaseosas, era un hombre que tomaba su fresco de maracuyá y cuando no
había, prefería tomar un vaso con agua. Ese día no encontré la bebida
que él tomaba, pero llegué y nos imaginábamos que estábamos tomando
fresco de maracuyá, expresa Oliva, coordinadora general del Comité de
Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh).
La defensora de derechos humanos sigue
narrando que ese día “no teníamos para comprar un pastel, pero si un
pedazo, el que era suficiente para sentir que estábamos partiendo un
gran pastel con una multitud”.
“Esas eran nuestras realidades, que las
enfrentábamos con mucha alegría y con mucha esperanza, sin imaginar que
sería el último que celebraríamos juntos”, recuerda con sentimiento
profundo en su corazón la coordinadora del Cofadeh.
El día de su cumpleaños le dimos gracias
a la vida por estar allí, por habernos permitido encontrarnos y
querernos sin ningún tipo de interés personal, porque él no tenía nada,
pero tenía mucho más que lo que yo me podía imaginar; yo no tenía nada,
pero tenía mucho amor por él y eso me ha hecho llevar con amor, con
decisión y con esperanza la búsqueda de verdad y justicia, expresó
Oliva.
Asimismo añadió que “el amor y la fuerza de mi exigencia fue
consolidada por mi hijo, porque yo me daba los suficientes ánimos para
seguir demandando por su liberación y dije esto no es una tragedia,
porque me dejó algo grandioso, un hijo”.
Lo buscamos en la calle, en los
cementerios clandestinos, en todos los lugares, pero lo más importante
es conservarlo en la memoria y en el corazón. Recordar al Tomás
eternamente joven en físico y con la frescura de sus ideales, expresó
Berta Oliva, este día cuando han pasado 37 años de aquel último
cumpleaños que pasaron juntos.
Oliva dijo a defenosresenlinea.com que
“para mi Tomás sigue siendo eternamente joven, revolucionario y humano y
eso lo perpetradores de este crimen de lesa humanidad no lo van a
poder cambiar”.
Los perpetradores quieren que olvidemos
que los mártires tuvieron un día de nacimiento, y que no recordemos ni
la fecha de su asesinato, también quieren que no recordemos que
nuestros detenidos desaparecidos tienen historia, memoria, una familia,
que aún demanda, que aún reclama, y por eso ni olvido ni perdón,
finalizó Berta Oliva Guifarro.
Tomás Nativí Gálvez, profesor,
sindicalista, revolucionario y fundador de la Unión Revolucionaria del
Pueblo (URP), fue detenido y posteriormente desaparecido el 11 de junio
de 1981 junio, junto a Fidel Martínez, por seis hombres encapuchados, 5
días después de su cumpleaños.
El secuestro se produjo en la casa de su
esposa Berta Oliva en la colonia El Hogar de Tegucigalpa, poco después
de la las 11 de la noche. Hasta la fecha se desconoce qué pasó con
él y su compañero.
Este hecho provocó que un niño no
conociera a su padre y su esposa emprendiera una lucha por verdad y
justicia, junto a otros familiares que estaban en la misma situación,
dándole vida al Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en
Honduras (COFADEH), el que surge por la necesidad de doce familias que
exigían respuestas al Estado de Honduras por los detenidos desparecidos
por razones políticas.
Buscar justicia no es difamación
La Ceiba, Honduras.- El
Juez del Tribunal de Sentencia de ciudad de La Ceiba, Noren Argueta,
tomó en cuenta las denuncias sobre la desaparición forzada de Donatilo
Jiménez Euceda, y liberó de penas este viernes 01 de junio, a su esposa
Sonia Martínez, acusada por el delito de difamación.
Cuándo
doña Sonia entró -el 28 de abril del 2015- a una reunión dónde estaba
la entonces rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras
(UNAH), Julieta Castellanos, sólo pidió justicia, hasta se le arrodilló
para suplicar ayuda en vista a que volviera a casa el líder sindical del
Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico (CURLA), en La
Ceiba, costa norte del país.
Han
pasado tres años y “Tilo” cómo lo llama la familia, no aparece, fue
visto por última vez en su tractor de trabajo el 08 de abril del 2015. Y
desde entonces el miedo y la incertidumbre permanece latente.
Sonia
Martínez dijo al juez que, por estar querellada había parado la búsqueda
de Donatilo, con quien procreó tres hijos, el menor ya cumplió diez
años y sigue esperando a que su papá regrese al hogar.
El
Habeas Corpus y la denuncia interpuesta por el Comité de Familiares de
Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), ante las autoridades
correspondientes entre el 15 y 16 de abril de ese año, sirvieron de
pruebas para que el juez Argueta, se contextualizara ante los hechos y
por lo que las autoridades del CURLA querellaron a Martínez y su cuñada
Jaqueline Jiménez Euceda, para ese tiempo empleada del centro educativo.
Los
testigos presentados por la parte acusadora no fueron contundentes,
determinó Argueta. Cabe mencionar que las tres personas que fueron a
declarar eran empleadas del CURLA, pero ninguna habló explícitamente
sobre difamación o de conocer a Sonia Martínez, sino de la búsqueda de
justicia por la desaparición del compañero de labores.
Basándose
en la Ley, el juez descartó que, lo declarado por doña Sonia ante los
medios de comunicación que dieron cobertura a ese acto de protesta
social, sea delito de difamación constitutivo de injurias y calumnias al
mencionar como presuntos responsables de la desaparición de su esposo a
la jefa de recursos humanos y al jefe de seguridad del CURLA, Gioconda
Lee Tuñon y Manuel de Jesús Antúnez, respectivamente.
Parte
del fallo expresa que, este Tribunal “Decide absolver” a Sonia Isabel
Martínez por los delitos que se le imputan. La Audiencia de notificación
de sentencia será el lunes 11 de junio a las 2:30 de la tarde.
Nunca estuve sola: Sonia Martínez
Sonia Martínez expresó estar agradecida
con Dios y con el COFADEH, porque no se hallaron pruebas suficientes
que la inculparan, incluso los testigos que presentó la acusación no
vieron en nosotras la intención de difamar a alguien, simplemente yo
dije que Donatilo me había manifestado que sí a él pasaba algo, los
responsables era una de las señoras que ha querido querellarme.
Exigía y sigo exigiendo justicia, pido a las autoridades que no nos han dejado solas, que sigan acompañándonos. Sonia Martínez
Estoy
más que agradecida con el COFADEH que siempre nos ha acompañado, no sé
qué sería de mi familia sin el apoyo de la organización que dirige doña
Bertha Oliva, agregó.
Las
abogadas y todo el personal han estado con nosotros y confiamos en que
la justicia llegará por completo, hasta encontrar a mi esposo, declaró
ante medios de comunicación Martínez.
El Juez aplicó la ley
Este caso nos permite reflexionar sobre
cómo se puede utilizar el Sistema de Justicia para someter a una víctima
a un juicio, configurar un derecho fundamental que tienen las víctimas
de exigir justicia fundamentado por un hecho suscitado, en este caso de
una desaparición forzada donde de repente ya no está el familiar y
tampoco hay respuesta, manifestó Karol Cárdenas, abogada del Área de
Acceso a la Justicia del COFADEH.
El Juez
Noren Argueta, ha sido imparcial, estamos de acuerdo con su valoración
muy acertada al considerar que no se cometió el delito de difamación,
para él no hubo ninguna duda al ver que doña Sonia sólo busca justicia y
tomó en cuenta las pruebas presentadas por el COFADEH en el juicio
ayer, continuó la defensora.
Las exigencias de justicia, verdad e investigación no son actos de difamación, afirmó Cárdenas.
En la
querella también se denunció a Jacqueline Jiménez, hermana de Donatilo,
pero al estar fuera del país en un tratamiento médico, deberá
presentarse después, por lo que el proceso,en el caso de ella queda
pendiente, explicó la abogada Dora Oliva, parte del equipo de defensa.
La salud
de Jaqueline se ha deteriorado por la desaparición del líder sindical
del CURLA, la insistencia en a búsqueda de verdad y justicia, además
enfrentar la querella interpuesta por sus ex compañeros de trabajo, en
este caso la jefa de recursos humanos y el jefe de seguridad, Lee y
Antúnez, respectivamente.
Se
continúa la búsqueda de Donatilo Jiménez, aún no aparece, por lo tanto
sí hay responsabilidad de parte de las autoridades del CURLA, de dónde
desaparició. Los testigos mencionaron que si bien, la Universidad es una
lugar público, entra y sale cualquier persona, hay una tranca y
vigilantes en la entrada, pero nadie da referencia del paradero del
líder sindicalista, concluyó la defensa en el juicio oral y público del
31 de mayo y 01 de junio, en los Tribunales de Sentencia de La Ceiba.
EL FANTASMA QUE TOMA CUERPO
Era un fantasma terrorífico que recorría desde Los Andes con el Plan Cóndor, hasta Centroamérica con la Mano Blanca y la Triple A.
Producto de la movilización popular dirigida por las vícitimas sobrevivientes, el Estado de Honduras fue condenado culpable en dos casos históricos del sistema interamericano de derechos humanos, el de Manfredo Velásquez y Saúl Godínez en 1987.
Los Reyes Caballero, los Hernández, los Vilorios, los Álvarez Martínez, fueron moralmente condenados.
Pero los militares asesinos todavía no fueron juzgados penalmente por sus crímenes. Tampoco la Agencia Central de Inteligencia, el Pentagono y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que organizaron la estrategia terrorista en Honduras.
En la lista tampoco han sido juzgados los ejecutivos de la Asociación de Medios Tradicionales de Comunicación y el COHEP, que conformaron con los militares la Asciación para el Progreso de Honduras, APROH, la fachada legal para financiar la represión durante más de 10 años.
Ni fueron juzgados aún los delatores de las vícitimas, cobardes orejas comunitarias, que en complicidad con un sector de la jeraquía católica tradicional y la policía, entregaron celebradores de la palabra de dios, profesores, campesinos, estudiantes y militantes de la izquierda opositora.
Aquella generación de sapos que entregó a nuestros seres queridos a la tortura, el aislamiento y a la muerte permanecen prófugos de sus propias conciencias carcomidas.
Reconocidos luchadores sociales, héroes y heroínas contra la ocupación militar del pais, fueron martirizados por savandijas que todavía hoy aparecen en público disfrazados de asesores de seguridad y analistas de televisión.
Y, precisamente, por no haber sido sancionados ejemplarmente estos canallas del grupo de los 10, del batallón 3-16 y de la APROH es que la práctica de la desaparición forzada resurgió tras el golpe de Estado de 2009, y sigue hasta nuestros días.
Así como lo escuchan, con ciertas variaciones de métodos y patrones, pero el aparato represivo de la dictadura golpista retornó a la desaparición como práctica de terror local y de control social general.
A propósito, esta semana el Cofadeh presentó un informe de situación al Comité de la ONU sobre desapariciones forzadas en Ginebra.
El informe destaca que Honduras incumplió los mandatos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 1986 y 1987, que eran básicamente investigar los hechos juzgados y castigar a los responsables.
También el documento afirma que las elites políticas y militares que expulsaron del poder a Manuel Zelaya en junio 2009, retomaron la oprobiosa práctica de la desaparición forzada contra liderazgos de la resistencia a nivel nacional.
Las Naciones Unidas están advertidas, y la Comisión Interamericana de la OEA también.
Lamentablemente, en un complejo escenario de desequilibrios políticos, los militares hondureños retomaron la centralidad del poder, con sofisticados equipos de vigilancia y logística de combate muy peligrosos para la población desarmada.
Los gobiernos de Colombia, Israel y Washington son responsables de esta desgracia.
Por eso El Cofadeh le dijo a la ONU que, siendo Honduras un país sin respeto por la Constitución y las Leyes, dirigido por una banda de delincuentes narcos y corruptos, se demanda una intervención más directa de la comunidad internacional que proteja a la población.
El país no puede estar expuesto de nuevo a la arbitrariedad de criminales con poder, que básicamente son los mismos líderes de la APROH y del batallón de la muerte ya mencionados.
Los mismos que hace seis años mataron a Eber Haziel Yánez y masacraron a un grupo de indígenas miskitos sobre el río Patuca, sin haber pagado tampoco por esos crímenes.
Nuestro deber es mantener viva la memoria, un mandato ético no olvidar, una obligación documentar los hechos para que el fantasma no retome su guadaña, pero la responsabilidad de cazar a los criminales es ahora de las Naciones Unidas, ante la indefensión absoluta de la población nacional que carece de poderes.
PRESENTAN DENUNCIA ANTICORRUPCIÓN CONTRA MAGISTRADOS DE CORTE HONDUREÑA
Luego
de analizar el decretó que declaró constitucional el convenio entre la
Organización de Estados Americanos (OEA) y el Estado de Honduras, el
Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), identificó falencias, por lo que
ha denunciado ante la Fiscalía a cinco magistrados de la Sala de lo
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El
Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), presentó hoy ante la Fiscalía
del Ministerio Público (MP), una denuncia por supuestos delitos de abuso
de autoridad, contra cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional
de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
De
acuerdo a este organismo de Sociedad Civil, los magistrados deben ser
investigados por supuestos delitos de abuso de autoridad y prevaricato,
ya que después de analizar la declaratoria donde se ratificó como
constitucional el convenio que da vida a la Misión de Apoyo Contra la
Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), se encontraron
falencias.
El
recurso de inconstitucionalidad de la MACCIH, fue presentado el pasado 6
de marzo por el abogado Juan Carlos Sánchez, representante legal de los
excongresistas vinculados al sonado caso de “Red de Diputados”, en el
que se denunció el desfalco de ocho millones de lempiras del erario
público.
Ante
el debate que generó el hecho de que la CSJ admitiera el recurso, se
procedió a instancias de protestas popular para que la Sala de lo
Constitucional, emitiera una resolución favorable para que el organismo
anticorrupción siguiera en el país. Efectivamente, el 29 de mayo la
Corte “se echó atrás” por la presión de Estados Unidos y de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Sin
embargo, según el CNA la declaratoria fue una falacia, porque los
magistrados emitieron una sentencia “con malicia, verdadera conciencia
de injusticia y contraria al texto de la ley”. De acuerdo a la denuncia
de este organismo lo aprobado por los magistrados vulnera el acuerdo
entre OEA y Honduras.
El
convenio establece que la MACCIH y el Ministerio Público, tienen una
tarea conjunta, por lo que fue creada la Unidad Fiscal Especial Contra
la Impunidad y la Corrupción (UFECIC), pero, está no entra en los
estándares de la sentencia de la Corte y por lo tanto se establece como
inválida, “con el objeto de beneficiar a los sectores que en la
actualidad están empecinados en debilitar el combate a la corrupción en
nuestro país.
Por
otro lado, el CNA explica que la Sala de lo Constitucional, “no tenía
facultad para revisar el convenio que da vida a la UFECIC. Según el
organismo civil, los magistrados sabían lo que hacían con esta
declaratoria.
A continuación el comunicado de forma íntegra:
Reglamentar reelección es lavar la presidencia ilegal de JOH, dice analista
Reglamentar
la reelección es la estrategia política que tiene el Partido Nacional
para continuar ilegítimamente en Poder Ejecutivo. Una iniciativa de ley
fue presentada en el Congreso Nacional para regular la reelección
presidencial, hecha por el ministro de la presidencia, Ebal Díaz, para
reformar el artículo 237 de la Constitución de la República, a través de
una enmienda por adición.
Con el objetivo de establecer que el
ciudadano que haya ejercido la titularidad del poder Ejecutivo pueda ser
electo solamente por un período continúo o alterno, es decir,
reglamentar la ilegal reelección presidencial.
Textualmente el artículo 237 expresa
que: “El período presidencial será de cuatro años y empezará el
veintisiete de enero siguiente a la fecha en que se realizó la
elección”. Artículo pétreo violentado en el pasado proceso electoral con
la inscripción de la candidatura de Juan Orlando Hernández.
Diversos sectores interpretan creen que
es presión del Partido Nacional para reglamentar algo ilegal, y así
legitimar a JOH. En declaraciones con los medios de comunicación, Ebal
Díaz expresó que “la reelección solamente debe ser por una sola vez de
manera continua o alterna como es en los Estados Unidos”.
“Es algo que va alejar la incertidumbre
que hay en este tema, porque tal como está puede ser o está abierta de
manera indefinida. Entonces, el Congreso Nacional como órgano competente
debe discutir y encontrar el mecanismo adecuado para limitar la
relección”, dijo Díaz.
Buscan limpiar la reelección
Ramón Barrios, abogado
constitucionalista y docente, señaló que la iniciativa de ley entregada a
la Secretaría del poder Legislativo es una trampa del Partido Nacional
para lavar la presidencia ilegal de JOH.
“Cometieron un delito, al elegirlo como
candidato y ser impuesto de manera ilegal como presidente. Por lo tanto,
una nueva vez buscan lavar la inconstitucionalidad del ejercicio de la
presidencia de JOH”, declaró Barrios.
Además, agregó que está ahí como presidente ilegítimo, inconstitucional y que está cometiendo un delito.
“Ellos (el Partido Nacional) lo saben
así, que continuamente están presentando este tipo de mociones, para
que, de alguna manera legalizar lo que es totalmente inconstitucional”,
dijo el abogado en entrevista con Radio Progreso.
Por su parte, el exdiputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rasel Tomé
consideró que la propuesta nacionalista es un tema distractor, puesto
que conocen la postura de los partidos de oposición; la que está
encaminada a consultar a la ciudadanía a través de un plebiscito.
“Hay que ser un plebiscito para
determinar el tema sobre la consulta de una Asamblea Nacional
Constituyente. Que tenga el tema de la reelección y que se discuta.
Porque la ilegalidad; el delito a la traición de la patria que ha
cometido JOH, está vigente”, expresó Tomé.
El exdiputado detalló que también JOH
está buscando blanquearse “limpiarse”, y es por eso manda el decreto que
ya fue presentado en ocasiones anteriores. “Y no logró tener el
respaldo, porque no quieren consultar sobre la instalación de una
Asamblea Nacional Constituyente”.
La Secretaría del Congreso Nacional
anunció el nombramiento de una Comisión que dictaminará la iniciativa de
reglamentar la ilegal reelección presidencial.
Jugosos salarios para diputados en un país empobrecido
May 18, 2018
En su más reciente informe, la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) marcó que 6 de cada 10
hondureños viven en pobreza. Por otra parte, según el panorama para
Honduras del Banco Mundial, en zonas rurales del país aproximadamente
uno de cada cinco hondureños vive en pobreza extrema con menos de 2
dólares al día.
Sin embargo, durante la última semana, sin importar las condiciones inhumanas que genera la crisis económica, el Congreso Nacional aprobó un aumento de salario a diputados y diputadas, el que eleva el presupuesto de ese Poder del Estado a 130 millones de Lempiras, de acuerdo a las estimaciones del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH).
Ismael Zepeda, investigador y economista del FOSDEH, explica que con el aumento de salario cada diputado y diputada propietaria le costaría al pueblo hondureño alrededor de 30 millones de Lempiras.
Zepeda, advirtiendo que el costo total sería por las cuatro legislaturas, es del criterio que los aumentos salariales a funcionarios públicos deben realizarse en relación al índice de inflación anual dado por el Banco Central Honduras (BCH).
“La desigualdad que se genera en el sector público es por no acatar la fórmula científica, si nosotros cerramos en el 2017 con 4.7% eso es los que deberían de incrementarse los diputados y diputadas del Congreso Nacional”, puntualiza Zepeda.
"Voy a comprar medicinas y raciones"
Tras hacerse pública la determinación administrativa del Legislativo, la ciudadanía lanzó críticas a los funcionarios legislativos al enterarse que el aumento salarial alcanza 42 mil Lempiras para los diputados propietarios y 73 mil para los jefes de bancada y junta directiva, aumento que es desproporcionado frente a los tres días de jornada de trabajo desarrollados semanalmente por los parlamentarios.
El diputado liberal Yuri Sabas expresa que, aunque él no lo solicitó, trasladará el aumento salarial a la gente del departamento de Choluteca a través de la compra de medicamentos y raciones de alimento.
Sabas, comentó que ahora tendrá más recursos para atender a la gente, asegura que todos los meses liquidará los fondos, y además señala que regresar el aumento salarial es entregarle más dinero al presidente del Congreso Nacional para que él lo administre.
“Cada diputado puede manejar esto de la manera política que guste, hay unos que dicen que están haciendo un cheque para llevarlo a la Procuraduría, yo personalmente no voy a hacer eso, se le voy a trasladar a la gente de Choluteca porque yo regalo lo que gano actualmente y gracias a Dios ya voy a tener más para ayudarle a la gente de mi departamento, dejó claro Sabas, al decir que él “no puede ser insensible” cuando alguien le pide un ataúd.
Por su parte, Doris Gutiérrez, jefa de bancada del Partido Innovación y Unidad (PINU), anunció que reembolsó el aumento salarial de 74 mil Lempiras; asimismo dijo que no hubo consenso en la bancada del PINU en la decisión de aceptar o no aceptar el aumento.
Gutiérrez entregará el aumento salarial en carácter de donación a la Tesorería General de la República: “los compañeros decidieron que harán consultas en sus departamentos para ver si la gente está de acuerdo o no está de acuerdo con recibir el amento. Su servidora ha tomado la decisión de devolver el aumento, de esta forma cumplo con la palabra que ofrecí”.
Cargos públicos son honoríficos y no de ganancia
La bancada y la coordinación general del Partido Libertad y Refundación (LIBRE) acordaron, por unanimidad, no aceptar el aumento salarial a diputados y diputados.
El parlamentario Jari Dixon Herrera asegura que no se puede aceptar un aumento de salario desproporcionado frente a las condiciones precarias en las que se encuentra el país: “yo creo que en este momento no es necesario pensar de que el diputado es el que mantiene al partido, somos los diputados los que estamos en el barrio y la colonia y se les pide celebrar el día de la madre, el día del niño, que se le enfermó un pariente, hay que traer un bus para una movilización, todo eso se le hace al diputado”.
El exministro de economía, Fernando García, opina que “algunos cargos públicos son más honoríficos que objeto de lucro, de beneficio o ganancia”, en esa línea comenta que con el aumento a 90 mil Lempiras los salarios de los diputados hondureños serán superiores a los establecidos en Guatemala, Nicaragua y El Salvador.
“Entonces no podemos hablar de sueldos pírricos. En segundo lugar, la desigualdad no amerita aumentos para puestos que deben ser honoríficos; y en tercer lugar, tienen tres meses y medio, qué rendimientos han tenido”, apunta García, al recordar las declaraciones del diputado nacionalista Óscar Nájera en las que manifestó que “son aumentos pírricos”.
Nájera, en entrevistas a la prensa nacional, refutó las criticas diciendo que el aumento solo estaría respondiendo a “gastos de representación porque solo en lavada de ropa pago más de diez mil Lempiras, 30 mil Lempiras en el apartamento donde vivo”.
El aumento al salario de diputados y diputadas se da meses después de la cancelación del Fondo de Desarrollo Departamental, dinero que era utilizado para realizar obras en las comunidades. Dichos fondos fueron cancelados luego que la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) presentara a la luz pública el caso “Red de Diputados”.
Sin embargo, durante la última semana, sin importar las condiciones inhumanas que genera la crisis económica, el Congreso Nacional aprobó un aumento de salario a diputados y diputadas, el que eleva el presupuesto de ese Poder del Estado a 130 millones de Lempiras, de acuerdo a las estimaciones del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH).
Ismael Zepeda, investigador y economista del FOSDEH, explica que con el aumento de salario cada diputado y diputada propietaria le costaría al pueblo hondureño alrededor de 30 millones de Lempiras.
Zepeda, advirtiendo que el costo total sería por las cuatro legislaturas, es del criterio que los aumentos salariales a funcionarios públicos deben realizarse en relación al índice de inflación anual dado por el Banco Central Honduras (BCH).
“La desigualdad que se genera en el sector público es por no acatar la fórmula científica, si nosotros cerramos en el 2017 con 4.7% eso es los que deberían de incrementarse los diputados y diputadas del Congreso Nacional”, puntualiza Zepeda.
"Voy a comprar medicinas y raciones"
Tras hacerse pública la determinación administrativa del Legislativo, la ciudadanía lanzó críticas a los funcionarios legislativos al enterarse que el aumento salarial alcanza 42 mil Lempiras para los diputados propietarios y 73 mil para los jefes de bancada y junta directiva, aumento que es desproporcionado frente a los tres días de jornada de trabajo desarrollados semanalmente por los parlamentarios.
El diputado liberal Yuri Sabas expresa que, aunque él no lo solicitó, trasladará el aumento salarial a la gente del departamento de Choluteca a través de la compra de medicamentos y raciones de alimento.
Sabas, comentó que ahora tendrá más recursos para atender a la gente, asegura que todos los meses liquidará los fondos, y además señala que regresar el aumento salarial es entregarle más dinero al presidente del Congreso Nacional para que él lo administre.
“Cada diputado puede manejar esto de la manera política que guste, hay unos que dicen que están haciendo un cheque para llevarlo a la Procuraduría, yo personalmente no voy a hacer eso, se le voy a trasladar a la gente de Choluteca porque yo regalo lo que gano actualmente y gracias a Dios ya voy a tener más para ayudarle a la gente de mi departamento, dejó claro Sabas, al decir que él “no puede ser insensible” cuando alguien le pide un ataúd.
Por su parte, Doris Gutiérrez, jefa de bancada del Partido Innovación y Unidad (PINU), anunció que reembolsó el aumento salarial de 74 mil Lempiras; asimismo dijo que no hubo consenso en la bancada del PINU en la decisión de aceptar o no aceptar el aumento.
Gutiérrez entregará el aumento salarial en carácter de donación a la Tesorería General de la República: “los compañeros decidieron que harán consultas en sus departamentos para ver si la gente está de acuerdo o no está de acuerdo con recibir el amento. Su servidora ha tomado la decisión de devolver el aumento, de esta forma cumplo con la palabra que ofrecí”.
Cargos públicos son honoríficos y no de ganancia
La bancada y la coordinación general del Partido Libertad y Refundación (LIBRE) acordaron, por unanimidad, no aceptar el aumento salarial a diputados y diputados.
El parlamentario Jari Dixon Herrera asegura que no se puede aceptar un aumento de salario desproporcionado frente a las condiciones precarias en las que se encuentra el país: “yo creo que en este momento no es necesario pensar de que el diputado es el que mantiene al partido, somos los diputados los que estamos en el barrio y la colonia y se les pide celebrar el día de la madre, el día del niño, que se le enfermó un pariente, hay que traer un bus para una movilización, todo eso se le hace al diputado”.
El exministro de economía, Fernando García, opina que “algunos cargos públicos son más honoríficos que objeto de lucro, de beneficio o ganancia”, en esa línea comenta que con el aumento a 90 mil Lempiras los salarios de los diputados hondureños serán superiores a los establecidos en Guatemala, Nicaragua y El Salvador.
“Entonces no podemos hablar de sueldos pírricos. En segundo lugar, la desigualdad no amerita aumentos para puestos que deben ser honoríficos; y en tercer lugar, tienen tres meses y medio, qué rendimientos han tenido”, apunta García, al recordar las declaraciones del diputado nacionalista Óscar Nájera en las que manifestó que “son aumentos pírricos”.
Nájera, en entrevistas a la prensa nacional, refutó las criticas diciendo que el aumento solo estaría respondiendo a “gastos de representación porque solo en lavada de ropa pago más de diez mil Lempiras, 30 mil Lempiras en el apartamento donde vivo”.
El aumento al salario de diputados y diputadas se da meses después de la cancelación del Fondo de Desarrollo Departamental, dinero que era utilizado para realizar obras en las comunidades. Dichos fondos fueron cancelados luego que la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) presentara a la luz pública el caso “Red de Diputados”.
Jefe de Policía Nacional de Honduras planificó desalojo en el que torturaron a defensores de Derechos Humanos
Thursday, 07 June 2018 23:17 Written by reporterosdeinvestigacion.com Published in Defensa de la Protesta Social en la UNAH
La policía utilizó un helicóptero y un
drón para “inspecciones previas” al desalojo en la UNAH. Para los
policías sus fuerzas oponentes ese día eran: “Delincuencia común, grupos
estudiantiles organizados y el Movimiento Estudiantil Universitario
(MEU)”
foto:reporterosdeinvestigacion
El
informe confidencial denominado Plan de Operaciones D.G.P.N.-No.
8735-2017, “Apolo III”, revela todo el dispositivo de seguridad
concebido por la Policía Nacional para desalojar a los “antisociales” o
“fuerzas oponentes”, así como les llaman en lenguaje policial a los
estudiantes que el 8 de septiembre de 2017, mantenían una toma pacífica
en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Tomado de:reporterosdeinvestigación.c
Tegucigalpa, Honduras (Reporteros de Investigación).El plan lleva la
firma del entonces director de Planeamiento, José David Aguilar Morán,
actual director de la Policía Nacional.El informe -oculto hasta hoy-
revela cómo cada oficial tenía un rol definido, planificado, cada uno
tenía un número exacto de responsabilidades, estaba planificado hasta
impedir la presencia de personas defensoras de derechos humanos y de
periodistas en los centros de detención pues en ningún momento se les
visualizó como garantes del desalojo, más bien el informe cita:“Se reforzarán los accesos de la UMEP No. 1 con el fin de evitar que familiares de los detenidos, así como simpatizantes puedan obstruir la ejecución de esta operación”…“Se reforzará la entrada principal de la UMEP No. 1, evitando el ingreso de periodistas y de personal particular”, dice el informe obtenido por Reporteros de Investigación, mediante una filtración.
La UMEP 1, en el barrio Los Dolores, fue la posta policial dispuesta para llevar a los estudiantes y personas detenidas, el primer punto para llevar a los detenidos fueron las canchas de baloncesto de la UNAH.
Como lo muestra el mapa, se planificó cuántos policías habría en cada espacio, cuál sería el centro de detención temporal, cuántos policías y vehículos aportaría cada dirección, se planificó el bloqueo policial de ocho salidas y entradas para evitar que los estudiantes salieran o que otras personas entraran, se diseñó una especie de cordón policial gigante alrededor de toda la UNAH, según consta en este documento cuya copia tiene el equipo de Reporteros de Investigación y que sirvió como base para este mapa, usted puede explorar, acercar y alejarse al área para conocer la cantidad de logística utilizada para deshacer la protesta estudiantil.
Las organizaciones de derechos humanos denunciarían tres días después de este hecho, mediante un pronunciamiento público, que “miembros de la Policía Nacional, bloquearon los accesos a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y prohibieron la presencia e impidieron la labor de las organizaciones defensoras de derechos humanos que impidieron la orden de desalojo a las y los estudiantes que se encontraban en huelga”.
“…Durante la agresión pública en el desalojo, se reportó que la Policía Nacional utilizó gases pimienta; entre otros actos de violencia; y, uso excesivo y desproporcionado de la fuerza contra las y los estudiantes y defensores de derechos humanos. Ese mismo día, fueron 26 personas detenidas (22 estudiantes y 4 defensoras y defensores de los cuales 3 fueron procesados), siendo todas y todos heridas, algunas de ellas hasta el día de hoy, siguen presentando problemas de salud y daños psicológicos, como resultado. Aclaramos que las detenciones y encarcelamiento de las y los defensores de derechos humanos, fueron ejecutados de manera ilegal, bajo el uso indebido de tipos penales, sin orden de captura y sin procedimientos judiciales, dejando sin garantía e indefensión el pleno ejercicio de los derechos humanos”, denunciaron el 11 de septiembre 20 redes y organizaciones de derechos humanos.
Pero eso no es todo. El Plan de Operaciones No. 8375-2017 Apolo III revela que el desalojo se ideó aun antes de que el Juzgado Penal correspondiente emitiera la orden legal.
Más bien el plan da lineamientos en el que se deja entrever la injerencia policial en el Poder Judicial.
Es decir, el órgano judicial que debe ser garante de la acción policial, en el plan es concebido como una oficina que debe actuar de acuerdo con el Plan de Operaciones policiaco.
“Es también indispensable la emisión por parte del Órgano Jurisdiccional del Estado (sic), de la Orden de Desalojo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la cual dará el respaldo legal para que la Policía Nacional pueda devolver el control a sus autoridades, lo anterior sobre la base del respeto a la Autonomía Universitaria (sic)”, cita el plan hecho en secreto.
Como resultado de toda la operación, hubo dos defensoras, Hedme Castro y la también periodista Tommy Morales, y dos defensores, Ariel Díaz y Carlos Del Cid, que recibieron torturas y golpes mientras hacían su labor de defensa de los derechos humanos en la UNAH y, varios estudiantes golpeados. La Fiscalía Especial de Derechos Humanos acusó a cuatro mandos intermedios por los delitos de abuso de autoridad, tortura, detención ilegal, lesiones y violación de los deberes de los funcionarios.
Los sospechosos que fueron liberados por la jueza Gabriela Gallo el 1 de junio de 2018 son Juan Manuel Aguilar Godoy, Félix Adrián Colindres y Marlon Agustín Vásquez Palma, no obstante como responsable directo de ejecutar el plan de desalojo, en este documento aparece el subcomisionado de policía Raúl Martínez Alvarado, según cita el numeral VI de Instrucciones de Coordinación.
En la organización para las operaciones de ese día aparecen los entonces jefes policiales en sus roles como Director de la Policía, Félix Villanueva Mejía, el Director de Prevención y Seguridad Comunitaria, Cesar Augusto Mendoza; el director de Vialidad y Tránsito, director de la Policía de Investigación, Leonel Sauceda, director nacional de Fuerzas Especiales, Miguel Amaya Amador y el Director de Inteligencia Policial, Orlin Cerrato.
“La Dirección General de la Policía Nacional a través de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria, Dirección Policial de Investigaciones (DPI[a cargo de Ronmel Martínez]), Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (Tigres-Cobras), Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) y Dirección de Vialidad y Transporte (DNVT) en coordinación con el Ministerio Público ejecutarán operaciones policiales de desalojo, detención, individualización y remisión de las personas que se encuentran dentro de la UNAH y de los cuales se tiene información de haber participado en actos vandálicos o alteración al orden público”, cita este documento.
La supervisión del Plan de Desalojo estaba a cargo de Aguilar Morán, su ejecución en manos de Los Tigres y de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria; la DPI estaba encargada de capturas y de Inspecciones Oculares de escena del Crimen, la Dirección de Transito estaba encargada de asignar personal y establecer puntos de control y otras que se estableciera.
El plan inicia relatando la situación de la UNAH:
“Se encuentra bajo una situación que escapa del orden eminentemente académico, llegando a cometer actos delictuales y vandálicos, perpetrados por grupos de personas de naturaleza antisocial, que tienen como fin, el causar daños, desorden, así mismo impidiendo el ingreso de los estudiantes y personal administrativo y docente a este máximo centro de estudios…”
Para los policías sus fuerzas oponentes ese día eran: “Delincuencia común, grupos estudiantiles organizados y el Movimiento Estudiantil Universitario (MEU)”, mientras que sus fuerzas amigas eran la “Cruz Roja Hondureña, Ministerio Público, Poder Judicial, Fuerzas Armadas y otras”.
Se solicitó una entrevista con los oficiales mencionados mediante el portavoz policial, Jair Meza. El vocero dijo “ya nos pronunciamos sobre ese caso”.
Envío un comunicado emitido anteriormente. En el comunicado, se consigna que la Comisión de Depuración anunció una investigación interna de este caso.
Carlos del CID
Defensor con pérdida del 20 por ciento de su ojo izquierdo por maltrato policial el 8 de septiembre de 2017
“Esta operación se planificó tres días antes por el Estado de Honduras que habían decidido desalojar y capturar a muchos estudiantes y arremeter contra los defensores de Derechos Humanos que nos interpusiéramos en la acción de captura de los estudiantes. Podemos decir que el Estado de Honduras de manera consciente ha tomado la decisión de violentar los tratados internacionales y las leyes nacionales que nos permiten a los defensores de Derechos Humanos hacer uso de nuestra vocación para defender los derechos de otros. Los estudiantes estaban defendiendo el derecho a la educación. Hay una planificación producto de que la Policía y el ejército han llegado a un acuerdo con los tres poderes del Estado para hacer contra toda la oposición lo que ellos quieran hacer, de manera que los policías y militares se sienten impunes y sienten que el sistema judicial no les va a hacer nada. El operativo se planifica tres días antes y la orden judicial de desalojo se emite el mismo día. Las acciones contra los defensores fueron ilegales porque no llevaban orden de juez competente con nombres de defensores para ser detenidos por algún delito, ellos dicen es que es infraganti, nosotros decimos no estábamos haciendo delito, estábamos haciendo una acción de defensoría. Es claro que este gobierno es intolerante, no va a permitir que la oposición les diga qué están haciendo mal y si en medio, están los defensores de derechos humanos, van a arrasar con nosotros”.Defensora que permaneció durante toda la toma en la UNAH, acompaña a Tommy Morales golpeada y apresada por defender derechos humanos.
“Hemos venido acompañando a los estudiantes desde 2014 porque los han criminalizado, ahora hay 24 jóvenes expulsados pese a que hay una sentencia de amparo que indica que las expulsiones violentan garantías constitucionales, Ayax Irías ha dicho que no los va a reintegrar, este es un abuso de autoridad de personas que se creen dueños del país. A estos jóvenes los tienen con un proceso penal, no pueden trabajar y tampoco pueden estudiar por la intolerancia y el abuso de autoridad. La UNAH es un centro de operaciones sicológicas, es el país en pequeño, se implementa la tortura, amenaza, se hacen operaciones nocturnas de contrainteligencia y eso fue lo que hicieron desde el 5 de septiembre para desalojar a los estudiantes, me cuentan algunos de ellos que los policías fueron introduciéndose al campus universitario, vestidos de civil para luego hacer el desalojo ilegal porque hicieron una planificación previa que fue ilegal pues al hacer un desalojo debe haber petición de parte y no lo tenía, la resolución de la jueza para hacer desalojo el 8 de septiembre dijo que sólo debían hacerlo en los edificios, ellos lo hicieron en todo el edificio y permanecieron por más de un día y fue donde torturaron a defensores y a los estudiantes, cometieron abusos y violaciones, me ha tocado estar en las audiencias donde están los altos oficiales enjuiciados, tienen sus celulares, nos están grabando, están enviando chat, eso no lo hacen con cualquier imputado, les quitan los celulares, los encadenan de pies y manos y eso no lo han hecho con los altos oficiales, cuando van antes de cada audiencia tienen un cubículo sólo para ellos, les llevan comida, una justicia que los trata con manos de seda mientras a los defensores de derechos humanos los tratan como criminales. Después del 8 de septiembre estuvieron (los defensores que sufrieron torturas) más de 36 horas detenidos y fueron ante el juez con cadenas en sus manos y en sus pies. En la UNAH llegaban desconocidos, hacían disparos desde las 12 de la noche era terrible lo que se vivía ahí, estuvimos 50 días con Tommy Morales, dos semanas antes de las torturas contra los defensores, nos habían informado que estaban planeando un juicio penal contra nosotras dos porque éramos las que nos quedábamos todas las noches velando porque se respetaran los derechos humanos”.OACNUDH
La OACNUDH reitera su preocupación por la descalificación, el hostigamiento y la estigmatización de las y los defensores de derechos humanos. La Oficina insiste en que la defensoría de derechos humanos es una labor legítima, necesaria, y fundamental para la consolidación de la democracia y el estado de derecho, y destaca la responsabilidad de todos los funcionarios públicos de reconocer y respetar dichas funciones.
Fuente: reporterosdeinvestigación.com en este link
La Jueza Gabriela Gallo fue denunciada ante la Inspectoría General
de Tribunales, este 06 de junio de 2018, por Abuso de Autoridad y
Violación a los Deberes de los funcionarios por emitir una resolución
favoreciendo a altos oficiales de policía que torturaron a defensores de
derechos humanos, en la cual emitió juicios discriminatorios y de
desprecio contra las víctimas de los abusos cometidos en los predios de
la universidad nacional, el pasado 08 de septiembre de 2017.
El 01 de junio de este año la Jueza Gabriela Cristina Gallo, resolvió
en la finalización de la Audiencia Inicial, decretar un sobreseimiento
definitivo contra los oficiales de la Policía Preventiva JUAN MANUEL
AGUILAR GODOY, FELIX ADRIÁN COLINDRES y MARLON AGUSTÍN VÁSQUEZ PALMA,
responsables de los delitos de torturas, detención ilegal, lesiones,
abuso de Autoridad y Violación a los Deberes de los Funcionarios, en el
caso de la represión contra los defensores de derechos humanos Carlos
del Cid, María Tomasa Morales, Hedme Castro y Ariel Díaz y ocho
estudiantes.
A tempranas horas de la mañana representantes de diversas organizaciones que integran la Mesa de Derechos Humanos llegaron a la Inspectoría de Tribunales presentando la denuncia y posteriormente realizaron una conferencia de prensa donde leyeron el siguiente comunicado:
Comunicado:
Mesa de Derechos Humanos solicita a inspectoría de tribunales se sancione a jueza por parcializarse a favor de oficiales torturadores
La Mesa de Derechos Humanos interpone este 06 de junio de 2018, una denuncia por ABUSO DE AUTORIDAD y VIOLACIÓN A LOS DEBERES DE LO FUNCIONARIOS, ante la Inspectoría General de Tribunales, contra la Jueza GABRIELA CRISTINA GALLO, quien dictó sobreseimiento definitivo a favor de los oficiales de la Policía Preventiva JUAN MANUEL AGUILAR GODOY, FELIX ADRIÁN COLINDRES y MARLON AGUSTÍN VÁSQUEZ PALMA, responsables de los delitos de torturas, detención ilegal, lesiones, abuso de Autoridad y Violación a los Deberes de los Funcionarios, en el caso de la represión contra cuatro defensores de derechos humanos y ocho estudiantes, ocurrida el 08 de septiembre de 2017, en los predios de la UNAH.
La Mesa de Derechos Humanos constituida por organizaciones que defendemos a las víctimas de las arbitrariedades contra sus derechos fundamentales, considera que la resolución de la jueza Gallo está cargada de parcialidad con los victimarios en detrimento de las víctimas y contiene actos de discriminación y desprecio contra los defensores de derechos humanos Carlos del Cid, María Tomasa Morales, Hedme Castro y Ariel Díaz y ocho estudiantes, quienes fueron las víctimas directas de las acciones violatorias a los derechos humanos por parte de los oficiales antes mencionados.
Las acciones arbitrarias y vergonzosas de la jueza Gallo quedaron plasmadas en el expediente del Juzgado de Letras de lo Penal de Francisco Morazán, y constituyen la evidencia que el Estado de Honduras fomenta la impunidad y se colude con los violadores de los derechos humanos. Con la resolución los oficiales quedaron habilitados para continuar con su conducta delictiva contra los defensores y defensoras de los derechos humanos y facultados para obstaculizar la labor en la defensa y protección de los derechos fundamentales, en contradicción a tratados internacionales de protección a estos derechos y que el Estado de Honduras ha ratificado.
Las investigaciones contra la Jueza Gallo deben ser prontas, expeditas e imparciales, con el objetivo de restituir los derechos violentados de las víctimas al acceso a la justicia, el Debido Proceso y el castigo ejemplar a los funcionarios estatalesresponsables.
En las peticiones ante la Inspectoría de Tribunales solicitamos que se tome declaración representantes del Comisionado Nacional de Derechoso Humanos, CONADEH, de embajadas e instituciones internacionales cuyos nombres constan en el acta.
Solicitamos asimismo que se examine la conducta de la funcionaria y de comprobar que la misma no es conforme a derecho, a la ética de una funcionaria judicial y de estar al margen de la ley, que se establezca la respectiva sanción administrativa contra la Jueza.
A tempranas horas de la mañana representantes de diversas organizaciones que integran la Mesa de Derechos Humanos llegaron a la Inspectoría de Tribunales presentando la denuncia y posteriormente realizaron una conferencia de prensa donde leyeron el siguiente comunicado:
Comunicado:
Mesa de Derechos Humanos solicita a inspectoría de tribunales se sancione a jueza por parcializarse a favor de oficiales torturadores
La Mesa de Derechos Humanos interpone este 06 de junio de 2018, una denuncia por ABUSO DE AUTORIDAD y VIOLACIÓN A LOS DEBERES DE LO FUNCIONARIOS, ante la Inspectoría General de Tribunales, contra la Jueza GABRIELA CRISTINA GALLO, quien dictó sobreseimiento definitivo a favor de los oficiales de la Policía Preventiva JUAN MANUEL AGUILAR GODOY, FELIX ADRIÁN COLINDRES y MARLON AGUSTÍN VÁSQUEZ PALMA, responsables de los delitos de torturas, detención ilegal, lesiones, abuso de Autoridad y Violación a los Deberes de los Funcionarios, en el caso de la represión contra cuatro defensores de derechos humanos y ocho estudiantes, ocurrida el 08 de septiembre de 2017, en los predios de la UNAH.
La Mesa de Derechos Humanos constituida por organizaciones que defendemos a las víctimas de las arbitrariedades contra sus derechos fundamentales, considera que la resolución de la jueza Gallo está cargada de parcialidad con los victimarios en detrimento de las víctimas y contiene actos de discriminación y desprecio contra los defensores de derechos humanos Carlos del Cid, María Tomasa Morales, Hedme Castro y Ariel Díaz y ocho estudiantes, quienes fueron las víctimas directas de las acciones violatorias a los derechos humanos por parte de los oficiales antes mencionados.
Las acciones arbitrarias y vergonzosas de la jueza Gallo quedaron plasmadas en el expediente del Juzgado de Letras de lo Penal de Francisco Morazán, y constituyen la evidencia que el Estado de Honduras fomenta la impunidad y se colude con los violadores de los derechos humanos. Con la resolución los oficiales quedaron habilitados para continuar con su conducta delictiva contra los defensores y defensoras de los derechos humanos y facultados para obstaculizar la labor en la defensa y protección de los derechos fundamentales, en contradicción a tratados internacionales de protección a estos derechos y que el Estado de Honduras ha ratificado.
Las investigaciones contra la Jueza Gallo deben ser prontas, expeditas e imparciales, con el objetivo de restituir los derechos violentados de las víctimas al acceso a la justicia, el Debido Proceso y el castigo ejemplar a los funcionarios estatalesresponsables.
En las peticiones ante la Inspectoría de Tribunales solicitamos que se tome declaración representantes del Comisionado Nacional de Derechoso Humanos, CONADEH, de embajadas e instituciones internacionales cuyos nombres constan en el acta.
Solicitamos asimismo que se examine la conducta de la funcionaria y de comprobar que la misma no es conforme a derecho, a la ética de una funcionaria judicial y de estar al margen de la ley, que se establezca la respectiva sanción administrativa contra la Jueza.
EXIGIMOS JUSTICIA
NO MÁS IMPUNIDAD
CÁRCEL PARA LOS OFICIALES TORTURADORES
MESA DE DERECHOS HUMANOS
Tegucigalpa, M.D.C 06 de junio de 2018
¡Otro trancazo para el pueblo, ahora pagará la “luz” adelantada¡
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.
– Al final los señores de la Empresa Energía Honduras (EEH),
acompañados de los diputados nacionalistas, los de Alianza Patriótica y
varios diputados liberales, aprobaron este jueves el uso de la tarjeta
prepago para la compra del servicio de energía eléctrica.
Con
el “chemís” de la amnistía tributaria de servicios públicos en la que,
según los parlamentarios, los beneficiados no pagarán multas, recargos y
mora y en algunos casos hasta capital, se logró meter lo de las
tarjetas prepago, informo a Criterio.hn el diputado Fabricio Sandoval
del Partido Libre.
Sandoval
explicó que esta enmienda la metieron las nacionalistas en medio de la
amnistía y que su partido protestó ya pidió copia de esto para verificar
esa votación y lo que se aprobó.
“Como
Partido Libre nos opusimos a la ratificación del acta y solicitamos que
se volviera a someter a discusión y como es lógico ganaron ellos porque
hacen mayoría con los liberales y os otros partidos satélites del
Partido Nacional”, dijo Sandoval.
Según
el diputado Rolando Dubón Bueso, muchas personas deben 80 mil, 100 mil y
hasta 120 mil lempiras, y es una deuda que es imposible que la paguen y
mediante la amnistía van a poder obtener condonaciones de capital,
intereses y multas, por lo que la única forma para evitar que vuelvan a
caer en mora es pagar con antelación la energía que van a consumir.
Añadió
que se debe evitar que esas personas vuelvan a caer en mora y la única
forma es la modalidad del contador prepago, es decir que ahora van a
pagar con antelación la energía que van a consumir.
Según
las proyecciones, con esa medida se beneficiará a unos 200 mil abonados
que tienen deudas por más de 10 mil millones de lempiras con la Empresa
Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), que no se van a poder recuperar
porque son impagables.
La tarjeta de prepago, regulará el servicio y los abonados tendrán que instalar los contadores inteligentes.
Además,
se aprobó una amnistía para otros servicios públicos y en el caso del
Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Sanaa), será
introducida este jueves vía reconsideración.
Se
conoció que la amnistía incluye la administración tributaria y aduanera
y la regulación tributaria desde el año 2013 al 2016 y la condonación
de saldos para abonados de la ENEE.
El
decreto tendrá una vigencia de 30 días una vez publicado en el diario
oficial La Gaceta, además manda a nacionalizar aquellos automotores que
circulan en el país y que son vehículos de trabajo hasta el año 1995.
Gas LPG costará casi 12 lempiras más a partir de este 1 de junio
La justificación del gobierno nacionalista para el nuevo precio del gas LPG es el incremento en el consumo y el bajo inventario.
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-
A partir de este 1 de junio el actual gobierno aplicará un fuerte
trancazo a la economía familiar del pueblo hondureño al aumentarle casi
12 lempiras al cilindro de gas LPG.
El
incremento es de 12% en los precios de referencia internacionales para
el LPG doméstico con respecto al pasado mes de abril, esto a
consecuencia de mantener los niveles de inventarios más bajos en cinco
años.
Así
mismo, un aumento en la demanda de este producto en comparación al
mismo periodo del año 2017, está incidiendo para que se aumente su
precio ha justificado el actual gobierno.
El
aumento ha sido oficializado por la Comisión Administradora del
Petróleo (CAP) que ha señalado que el trancazo estará vigente a partir
de este viernes 01 de junio del presente año, a las 6:00 am.
En Tegucigalpa el cilindro de gas LPG doméstico en presentación de 25 libras pasará a cotizarse a L288.12, y en la ciudad de San Pedro Sula tendrá un valor de L268.95, sufriendo un incremento de 9 lempiras con 94 centavos.
A
manera de disco rayado, la CAP, señala que el país importa los
derivados del petróleo que se consumen en el país en su totalidad y hace
un llamado al pueblo para que implemente medidas ahorro.
Honduras el país donde la banca se capitaliza a costas de la depreciación de su moneda
El 20% de las divisas de Honduras son destinadas para que el sistema financiero privado se lucreEl gobierno mantiene como “secreto de Estado” el precio de referencia de los combustiblesEl alto costo de los carburantes tiene su repuesta en la elevada carga impositiva y en la acelerada depreciación del lempiraNadie sabe para dónde se están yendo los impuestos de los carburantes
Por: Emy Padilla emypadilla@criterio.hn
Tegucigalpa.-La
economía de los hondureños es cada vez más precaria. Su afectación
directa por la depreciación acelerada del lempira frente al dólar más
las alzas en los precios de los combustibles, le está pasando factura a
los hogares de este empobrecido país donde el 68.8 % de su población
vive en pobreza y el 44.2 % de éstos en condiciones de extrema pobreza.
La
encrucijada por la que atraviesan los hogares por adquirir los
productos de la canasta básica se ha vuelto una odisea, más aún cuando
más de dos millones de personas están desempleadas, según el Foro Social
de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh).
Noticia Relacionada: Con el cambio en el manejo de divisas, los bancos hondureños estarían adquiriendo dólares de origen desconocido
Durante
el 2018 el lempira ha registrado una depreciación de 25 centavos en el
precio de compra, pasando de 23.75 a 24.00, para acumular en este año
una depreciación del 1 %. Las autoridades del Banco Central de Honduras
(BCH) argumentan que los movimientos de la moneda están dentro de los
parámetros de lo programado para el 2018 que es del 4%.
El
BCH es el ente encargado de la política monetaria de Honduras y su
mecanismo con la que está haciendo el tipo de cambio es la depreciación y
no devaluación, porque en el país no existe un tipo de cambio fijo, es
decir que no existen condiciones externas e internas que afecten la
moneda nacional.
El
investigador y técnico del Fosdeh, Ismael Zepeda, resiente que el BCH
esté en manos de un profesional ajeno a la economía y por eso cree que
las medidas que está adoptando no sean las mejores para los intereses de
los hondureños.
El
gobierno escuda la depreciación del lempira en factores
internacionales. Sin embargo todo este efecto negativo se debe al hecho
de haber abierto tanto la economía nacional a las importaciones,
exportaciones, consumo de petróleo, endeudamiento externo y a las
remesas, nos dijo Zepeda. “Y eso hace que, prácticamente, nuestras
fortalezas se vayan solo por factores externos”.
Agregó
que todo lo anterior se debe a que no se han adoptado políticas
públicas para fortalecer el mercado interno, a través de la producción y
llevar esta escala a la industrialización.
La
producción hondureña sigue siendo poco competitiva y según el Foro
Económico Mundial y el Banco Mundial, este entuerto se debe a la
corrupción, Estado de Derecho y a las elevadas cargas tributarias, más
la elevada burocracia en la tramitología.
Entrevistado
por medios de comunicación, el expresidente del BCH, Manuel de Jesús
Bautista, apuntó que la devaluación que se ha venido dando del lempira
frente al dólar, es “bastante pequeña” y aseguró que la situación es
sostenible debido a las reservas.
El gobierno sostiene que las reservas andan en 4.900 millones de dólares.
Al
respecto, Ismael Zepeda manifestó que dicha tesis es un ilusionismo
porque no es cierto que en Honduras exista crecimiento económico o un
derrame económico e incluso, señaló que las autoridades han cambiado la
teoría económica porque no es lógico que cuando los niveles de las
reservas son buenos, la moneda sea depreciada.
Zepeda
enfatizó que la depreciación del lempira es una política impuesta por
el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya que su fin es “desbaratar las
monedas locales para fortalecer el dólar”.
ESPECULACIÓN FINANCIERA
Una
de las recomendaciones del acuerdo FMI es la flexibilización del tipo
de cambio, mediante la oferta y la demanda, cuando existe una
especulación en el sistema financiero y es quien ha aportado para que el
dólar hoy tengo un precio de 24.00 lempiras.
Gracias
a las recomendaciones del FMI, el BCH le otorgó el manejo del 20% de
las divisas al sistema financiero. Una resolución de febrero de este año
establece que el sistema financiero no devolverá las divisas que capte,
ya sea por concepto de remesas o de inversión.
Las
divisas en Honduras rondan al año 10.000 millones de dólares y el 20%,
es decir, 2.000 millones de dólares está quedando en poder de la banca,
sin rendirle cuentas al BCH, lo que genera especulación en el sistema
financiero. En resumen en Honduras se deprecia la moneda para que la
banca privada obtenga mayores ganancias.
Con
el nuevo acuerdo, el cual se está afinando en la actualidad, la llamada
“flexilización del tipo de cambio” podría incrementarse hasta en un 50
%, estima el Fosdeh.
En Honduras salen más divisas con respecto a las importaciones y si existen reservas es gracias a las remesas: Ismael Zepeda, investigador y técnico del Fosdeh.
Por
su parte el director de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés
(CCIC), Pedro Barquero, manifestó la semana pasada que la depreciación
de lempira es medida arbitraria del Banco Central y sin explicación
técnica alguna.
Barquero
manifestó sentirse sorprendido por los argumentos del presidente del
BCH, Wilfredo Cerrato, que asegura que es para favorecer las
exportaciones, pues hasta el momento las reservas están en un nivel
óptimo.
El
empresario aseguró que le preocupa que el gobierno pretenda favorecer a
ciertas empresas. Asimismo que al empresariado en general lo que le
conviene es que se mejore el poder adquisitivo de los hondureños y la
devaluación acelerada del lempira es contraproducente.
REMESAS
Economistas
sostienen que gracias a las remesas que envían los hondureños desde el
exterior, es lo que ha evitado una mayor depreciación del lempira.
El
año pasado el país percibió 4.400 millones de dólares por concepto de
remesas y se espera que para este año se incrementen debido a que el
Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) seguirá
vigente hasta el 2020 y porque cada día hay más personas que se están
yendo ante la falta de empleo.
COSTO DE VIDA
La
acelerada depreciación de la moneda hondureña está encareciendo el
costo de vida, ya sea a través de los hogares y de bienes y servicios
importados, ya que el que produce necesita más lempiras para importar
los insumos.
Para
el Fosdeh, los datos que se manejan a través del índice de inflación no
son creíbles porque son manejados por el Banco Central de Honduras y
porque datan desde 1999, por lo que existe un desfase de 19 años, en
tanto en la canasta básica hay nuevos productos y otros que ya salieron
de la lista.
De
acuerdo al Fosdeh, el costo de la canasta básica anda en 15.000
lempiras mensuales. Sin embargo el BCH establece que es de 8,900
lempiras, que es el promedio del salario mínimo.
En
resumen para los expertos en economía, es difícil cuantificar el índice
de inflación. Sin embargo, las proyecciones del BCH, indican que el
acumulado a mayo podría ser de 2 %, pero es algo subjetivo.
COMBUSTIBLES
El gobierno mantiene como “secreto de Estado” el precio de referencia de los combustibles
Nadie sabe para dónde se están yendo los impuestos de los carburantes
Aunado
a la depreciación del lempira frente al dólar, en las dos últimas
semanas el precio de la gasolina superior sobrepasó los 100 lempiras y
con ello se ha generado un incremento en varios de los productos de la
canasta básica.
Noticia Relacionada: Precios de los combustibles en Honduras aumentarán más a partir del lunes
Las
alzas en los combustibles han disparado los precios de la producción en
aquellas industrias cuyas máquinas se mueven a base de combustible y al
final dicho costo se traslada a los precios de los productos.
El
alza a los combustibles tiene una relación directa con la depreciación
del lempira, ya que desde el 2004 en Honduras se dolarizó sus impuestos.
Sin embargo, su impacto se profundizó con la revisión que se hizo en el
Congreso Nacional en diciembre de 2013, cuando se acordó un incremento
por el orden de $0.25 por cada galón.
El impuesto para el galón de la gasolina superior se estableció en 1.41 dólar, lo que significa alrededor de 34 lempiras. En tanto para el galón de gasolina regular el gravamen es de $1.25 (L. 30) y el diésel de $0.86 (L 20.64). Lo anterior implica que un 35% del valor de los combustibles se destina a las arcas del Estado a través de la Tesorería General de la República.
De
acuerdo a la Ley de presupuesto, el 40 por ciento del principal
impuesto de los combustibles debe ir al desaparecido Fondo de Patrimonio
Vial, ahora absorbida por la Inversión Estratégica de Honduras
(Invest-Honduras) también Cuenta del Milenio y el resto para el gobierno
central, pero su destino se desconoce porque no hay rendición de
cuentas.
OSCURANTISMO
Actualmente
no se conoce el precio de referencia, ni la fórmula de los impuestos de
los combustibles porque el gobierno se niega a compartir estos datos,
violentando así le Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.
De
acuerdo a datos de la gubernamental Comisión Administradora del
Petróleo (CAP), los combustibles dejan anualmente a las arcas del Estado
más de 13.000 millones de lempiras, pero nadie tiene certeza de las
cifras reales porque sobre el tema hay reserva de información, amparada
en la Ley de Secretos Oficiales.
En cuanto al consumo anual se estima un aproximado de 2.000 millones de barriles anuales de producto refinado.
La
Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos de Petróleo
(Addipeh), solo maneja el rubro de las gasolinas y el diésel, pero
desconoce los otros derivados como el LPG y el bunker.
La
Coalición Patriótica para la Solidaridad ha hecho varios intentos por
querer acceder a la información oficial sobre el manejo de la fórmula,
el precio de referencia y sobre la ejecución de los fondos procedentes
de los impuestos de los carburantes, pero ha sido una lucha infructuosa
porque el gobierno mantiene este tema en el “oscurantismo” como si
tratase de un secreto de Estado, nos comentó durante una extensa
entrevista el presidente de esta plataforma de la sociedad civil, Juan
Carlos Rodríguez.
Sobre
los datos de la CAP, “ellos solamente lo dicen, pero la transparencia
que nosotros venimos pidiendo y casi gritando, desde hace varios años,
no se ha podido concretar”, cuestiona Rodríguez.
La
información un poco creíble a la que tiene acceso la Coalición es la
que le proporciona la Addipeh sobre la fórmula, dice Rodríguez, pero
sobre el precio de referencia, que es el que define mucho, no se sabe
nada.
El
gobierno mantiene en secreto el precio de referencia porque alega la
secretividad obligatoria que establece la revista internacional
encargada del tema. El precio de referencia era público en el marco de
la consultoría de Robert Meyering. “Él daba transparencia y nos mostraba
todo eso”. Sin embargo el asunto se ha convertido en un “oscurantismo”
desde el golpe de Estado a la fecha, nos manifestó Rodríguez.
Rodríguez
también resiente que a partir del golpe de Estado del 2009 se haya
echado atrás lo aprobado durante la administración del expresidente,
Manuel Zelaya, en lo relacionado a la ley de 60 grados y la licitación
de los combustibles cuando en el 2007 se produjo, por este último
concepto, una rebaja de L.7 por cada galón de combustible, al dejarse de
pagar el doble del seguro y de los fletes por la importación.
Como
punto negativo de aquel entonces, Rodríguez recuerda que en Honduras se
estuvo a punto de la liberalización en la importación de los
carburantes, pero no ocurrió por la oposición de la Coalición, en aquel
entonces, liderada por Juliette Handal.
Rodríguez
nos manifestó además que si bien la industria petrolera es bastante
sensible ante las situaciones que se puedan dar a nivel mundial, no se
puede acreditar como el único elemento que hace que los combustibles en
Honduras sean muy caros.
En Honduras el precio de referencia del petróleo es el de Estados Unidos (El Golfo) y en efecto ha habido una tendencia hacia la alza por el conflicto con Siria y por la baja en las reservas en el país norteamericano.
A
juicio del presidente de la Coalición Patriótica para la Solidaridad,
los precios alcistas se podrían mantener por al menos unas dos o hasta
cuatro semanas, dependiendo de cómo se maneja el mercado internacional.
Apuntó
que al factor exógeno se suman otras situaciones que se establecen
internamente como la alta carga impositiva, que convierte a Honduras en
el segundo país con los impuestos más altos en la región
centroamericana. Asimismo, la devaluación del lempira frente al dólar.
Economistas
calculan que al menos 80 centavos de lempira por cada galón de
combustibles corresponden a la devaluación de la moneda.
FONDO
El
presidente de la Coalición Patriótica para la Solidaridad, nos recordó
que durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) esa
organización recogió una denuncia relacionada a un sobre costo en los
precios de los carburantes, el cual se estableció para la recaudación de
un fondo que llegó a 85 millones de lempiras y que jamás se supo su
destino.
“Lo
único que se conoció es que lo estaban recogiendo los importadores para
entregárselo al gobierno. Nunca nadie dijo nada y eso era al margen de
la ley”, abundó Rodríguez.
Convenio de la MACCIH mantiene en zozobra a los corruptos de Honduras
El exvocero de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor, reveló en enero pasado que estaba investigando a una red de diputados corruptos, que en entre 2010-2015, drenaron 1.350 millones de lempiras ($ 56.3 millones). Cabe señalar que durante el periodo 2010-2014, el actual jefe de gobierno, Juan Hernández, fungía como presidente del Congreso Nacional.
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-Diversas
versiones se manejan sobre el futuro de la Misión de Apoyo Contra la
Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), una instancia de la
Organización de Estados Americanos (OEA) que actualmente está siendo
amenazada por los rifles de los corruptos que apuntan a desbaratarla.
El
convenio de creación de la MACCIH fue objeto de un recurso de
inconstitucionalidad interpuesto el 6 de marzo pasado por cinco
diputados y tres miembros de sociedad civil acusados por la Unidad
Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) de drenar
fondos públicos para fines particulares a través de una ONG.
El
recurso, que fue interpuesto por el abogado Juan Sánchez Cantillano,
argumentó la inconstitucionalidad del convenio contra la forma, la
aprobación y el contenido del decreto legislativo que dio vida a la
misión anticorrupción.
Noticia Relacionada: Corte admite recurso de inconstitucionalidad contra convenio de la MACCIH
El convenio de la MACCIH fue rubricado el 19 de enero de 2016 por el Estado de Honduras y la OEA.
En
horas de la tarde de ayer trascendió a través de las redes sociales un
supuesto fallo de la Corte que declaraba parcialmente la
inconstitucionalidad de la Misión y que instaba al Congreso Nacional
para que hiciera algunas reformas, tanto al convenio de la creación de
la MACCIH como al de la Ufecic.
ESTADOS UNIDOS
A
raíz de dicha información, la encargada de negocios de la embajada de
los Estados Unidos, Heide Fulton, escribió en su cuenta de Twitter que
la “MACCIH por dos años ha hecho un excelente trabajo para el pueblo de
Honduras. Su trabajo fortalece las instituciones hondureñas y debe
continuar”.
Esta
tarde la embajada emitió un comunicado manifestando que Estados Unidos
espera con ansias el fallo de la Corte relacionado con la
constitucionalidad de la MACCIH y la Ufecih. Paralelamente el secretario
general de la OEA, Luis Almagro, emitió otro comunicado señalando la
imperiosa necesidad de mantener intacto el convenio de la Misión para
fortalecer las instituciones y para investigar y castigar a los
corruptos.
La
cruzada para defenestrar a la MACCIH ha tenido nuevas implicaciones en
las últimas horas y todo indica que los acercamientos diplomáticos entre
el gobierno de Honduras y el gobierno de los Estados Unidos y la OEA,
están pasando al escenario de la presión.
Entrevistado por CRITERIO,
el analista político y social, Jorge Yllescas, dijo que el mensaje de
Estados Unidos es claro y evidencia su intención para que la misión
anticorrupción siga en Honduras.
Yllescas
manifestó que los corruptos de la clase política y empresarial de
Honduras se han unido para desmantelar a la MACCIH, pero que al final
sus intenciones saldrán mal porque Estados Unidos se impondrá y la
Misión continuará con su trabajo.
Ayer
lunes el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta,
declaró que la Sala de lo Constitucional está pendiente de emitir el
fallo sobre el recurso de inconstitucionalidad.
“En
caso de emitirse una Resolución sobre este tema, se informará
debidamente a la comunidad nacional e internacional”, dijo ayer el Poder
Judicial mediante un mensaje de Twitter, para desvirtuar el supuesto
fallo judicial.
El
vicepresidente del Congreso Nacional, Antonio Rivera Callejas, dijo que
la circulación del supuesto fallo es un libelo para afectar la imagen
del Congreso Nacional.
PLAN BIEN ORQUESTADO
El
desmontaje de la MACCIH se viene tejiendo desde hace varios meses y una
de sus primeras acciones se demostró en agosto del 2017 cuando las
bancadas de los partidos Nacional y Liberal aprobaron en el Congreso
Nacional la disminución de penas aplicables para los delitos de
corrupción.
Noticia Relacionada: MACCIH alertará sobre la disminución sobre penas de funcionarios ladrones
Posteriormente,
el 18 de enero de este año se gestó otra nueva acción en el Parlamento.
Esta vez y de manera fraudulenta, se cambió el contenido de una reforma
aprobada por el pleno de los diputados sobre la Ley Orgánica de
Presupuesto
La reforma,
que fue cambiada en su publicación con texto diferente a lo aprobado en
el pleno por los parlamentarios, impide la investigación penal del
Ministerio Público sobre la ejecución de fondos públicos por parte de
diputados y funcionarios del Estado.
Noticia Relacionada: Honduras: MACCIH denuncia pacto de impunidad para proteger diputados y funcionarios
En
aquel momento el entonces vocero de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor,
denominó a la reforma “pacto de impunidad” y reveló que la Misión estaba
investigando a una red de diputados corruptos, que en entre 2010-2015,
drenaron 1.350 millones de lempiras ($ 56.3 millones). Cabe señalar que
durante el periodo 2010-2014, el actual jefe de gobierno, Juan
Hernández, fungía como presidente del Congreso Nacional.
Al
llamado “pacto de impunidad” se han ido sumando otras acciones desde el
Congreso donde el pasado 20 de marzo, nuevamente la bancada del Partido
Nacional con el acompañamiento de una facción de diputados del Partido
Liberal y de otros partidos aliados y afines al gobierno, aprobaron una
reforma a la Ley de Privación de Dominio.
Noticia Relacionada: Reformas a la Ley de privación de dominio son un retroceso a la lucha contra la corrupción y la impunidad: MACCIH
Las
reformas fueron vetadas posteriormente por el Poder Ejecutivo, pero
todavía existe la posibilidad que el Parlamento haga una ratificación
constitucional mediante una votación que cuente con el respaldo de la
mayoría calificada de los congresistas.
Las
reformas contemplaban la no incautación de los bienes a las personas
particulares o funcionarios, acusados por los delitos de lavado de
activos y otros relacionados a actos de corrupción, mientras sean objeto
de un proceso judicial.
La
aprobación se dio en consonancia con la orden de la Oficina
Administradora de Bienes Incautados (OABI) que ordenó la privación de
los bienes de la exprimera dama, Rosa Elena Bonilla de Lobo, quien fue
capturada el 28 de febrero pasado, tras ser acusada por la MACCIH y la
Ufecic de liderar una red dedicada a drenar fondos del Estado y de la
cooperación taiwanesa, para fines particulares.
LEY DE SECRETOS Y COLABORACIÓN EFICAZ
En
reiteradas ocasiones la MACCIH ha manifestado que para realizar un
eficaz trabajo anticorrupción se requiere la derogación de la Ley de
Secretos Oficiales, que otorga reservas en la información pública de
hasta 25 años. Asimismo, la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz,
para desenmarañar las redes de corrupción y las estructuras del crimen
organizado.
Noticia Relacionada: Ley de Secretos y la no aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz siguen siendo un obstáculo para la MACCIH
VOCERO DE LA MACCIH
Mientras
la Corte brinda el fallo sobre el convenio de creación, la MACCIH se
encuentra en un marasmo donde su trabajo ha sido inmovilizado y casi
secuestrado e incluso sin una cabeza que la dirija porque el gobierno no
aceptó el nombramiento de Luiz Antonio Guimaraes Marrey, como nuevo
vocero.
Noticia Relacionada: Gobierno de Honduras aún no responde sobre nuevo vocero de la MACCIH
El
ex juez brasileño contra la corrupción fue designado por el secretario
general de la OEA Luis Almagro, el pasado 13 de abril para que ostentara
la vacante que dejó desde el pasado 15 de febrero el peruano, Juan
Jiménez Mayor, quien por diferencias con Almagro y por presiones del
gobierno hondureño renunció a su puesto.
Además lea: Ante presión de EE.UU. por nombramiento del vocero de la MACCIH JOH pide respeto a la soberanía
Frente Parlamentario de apoyo a la MACCIH rechaza sentencia de la Sala Constitucional
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.
– El Frente Parlamentario de Apoyo a la MACCIH (FPAM) rechaza la
sentencia de la Sala que, en lugar de proteger los intereses del país y
los derechos de la ciudadanía, ha emitido un fallo que atenta contra la
UFECIC y la MACCIH, ha manifestado este miércoles en un comunicado.
Además,
señala, que la Sala de lo Constitucional de la CSJ ha cometido el
delito de prevaricato al emitir un fallo que carece de sustento
jurídico, y que además es contrario a las demandas de un pueblo que
exige justicia.
Hacen
un llamado a toda la población a defender la permanencia de la MACCIH,
UFECIC y el CNA, porque esos organismos representan en este momento la
única institucionalidad que está defendiendo los intereses ciudadanos.
Solo la lucha conjunta puede detener a los corruptos que se roban los
fondos públicos, y mantienen al país en la pobreza.
Comunicado
Sobre la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la CSJ
Honduras
vive un momento histórico en la lucha contra la corrupción; las fuerzas
oscuras que lideran estas perversas y criminales redes, buscan acabar
con los pequeños pero significativos avances que la ciudadanía ha
conquistado en su batalla contra la impunidad.
La
sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia, es una aberración que se suma a una serie de acciones que han
tenido como consecuencia el debilitamiento de las instituciones que
combaten la corrupción.
A
partir de que la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la
Corrupción (UFECIC) del Ministerio Público (MP), MACCIH y el Consejo
Nacional Anticorrupción (CNA) dieron a conocer casos de corrupción que
involucran a grupos poderosos protegidos por la impunidad, en esa misma
medida, ha ido creciendo la oposición y las acciones de estos grupos que
buscan evitar enfrentar la justicia y responder por sus actos
delictivos.
El
Frente Parlamentario de Apoyo a la MACCIH (FPAM) rechaza la sentencia
de la Sala que, en lugar de proteger los intereses del país y los
derechos de la ciudadanía, ha emitido un fallo que atenta contra la
UFECIC y la MACCIH, ya que arbitrariamente restringe sus mandatos para
investigar a los corruptos.
Tal
como lo ha manifestado el CNA en su denuncia, la Sala de lo
Constitucional de la CSJ ha cometido el delito de prevaricato al emitir
un fallo que carece de sustento jurídico, y que además es contrario a
las demandas de un pueblo que exige justicia.
El
Frente continuará sus esfuerzos para combatir y prevenir este flagelo y
manifiesta que entre sus próximas acciones se encuentra respaldar al
CNA y todas a las organizaciones ciudadanas comprometidas con una lucha
frontal en contra de la corrupción.
Llamamos
a toda la población a defender la permanencia de la MACCIH, UFECIC y el
CNA, porque esos organismos representan en este momento la única
institucionalidad que está defendiendo los intereses ciudadanos. Solo la
lucha conjunta puede detener a los corruptos que se roban los fondos
públicos, y mantienen al país en la pobreza.
Exhortamos
a la secretaría general de la OEA a pronunciarse lo antes posible sobre
este ataque directo en contra de la Misión y además, que junto al
gobierno de Honduras retomen los pasos para nombrar el vocero permanente
de la Misión.
Tegucigalpa M.D.C., 6 de junio de 2018.
