Foto: Radio Progreso
Las fuerzas de seguridad hondureñas hicieron uso excesivo de la
fuerza para reprimir las manifestaciones que surgieron después de las
elecciones del 29 de noviembre de 2017, y detuvieron a cientos de
personas. Varias de ellas enfrentan procesos penales por supuestos
delitos cometidos durante las protestas, sin que se les haya otorgado
todas las garantías del debido proceso, e incluso fueron enviadas a
prisión preventiva mientras esperan el juicio, señala informe de
Amnistía Internacional "Prohibido protestar: Uso de la fuerza y detenciones arbitrarias como estrategias para reprimir la disidencia en Honduras", publicado este 13 de junio de 2018.
Amnistía Internacional hizo una visita a Honduras en febrero pasado
para documentar casos de violencia contra manifestantes que protestaban
contra el fraude electoral de las elecciones generales de 2017 y
presentar el informe mundial sobre derechos humanos.
La organización internacional hizo acopio de testimonios, videos y otra documentación para respaldar este informe, además de reuniones víctimas detenidas en cárceles y reuniones con funcionarios estatales.
Detalló la situación de presos en cárceles de máxima seguridad como consecuencia de la represión a las protestas en el marco de la crisis postelectoral, entre ellos los de Edwin Róbelo Espinal, de 42 años, Raúl Eduardo Álvarez Ordoñez y Jhony Salgado Fuentes, a quien una Corte de Apelaciones ordenó su excarcelación para que se defienda en libertad.
A continuación parte de su informe que hace revelaciones y cuestiona el accionar de los cuerpos represivos del Estado haciendo uso excesivo de la fuerza y contraviniendo el manual del uso de la fuerza aprobado por las Naciones Unidas, del Ministerio Público y el Poder Judicial, que en el caso de los primeros han sembrado pruebas y los demás violentado el Debido Proceso de los enjuiciados:
“Entraron al patio, me patearon la puerta, allí fue donde él acudió a abrir, que si hubiéramos sabido mejor nos aguantamos con el gas y no abrimos la puerta.”, relato de Elena Almendarez Padilla, de 44 años, comenta que en algunas ocasiones ella y su esposo Jhony Salgado Fuentes, de 38 años, se acercaron a las zonas de protesta en El Progreso para observar y ofrecieron agua a las personas manifestantes.
Sin embargo, ninguno participó en la protesta que se estaba desarrollando aquella mañana del 21 de diciembre de 2017 a algunas cuadras de su casa. De pronto, desde la entrada de su casa, Elena vio a una multitud corriendo y escuchó disparos por lo que se refugió adentro con Jhony y sus hijos de 16 y 20 años.
Eran las 11 de la mañana aproximadamente; fuerzas de seguridad acababan de dispersar la protesta y estaban persiguiendo a las personas que se manifestaban.
La escena no era inusual para estas fechas en Honduras. Desde el inicio de las protestas, tres semanas antes, eran cada día más numerosas las imágenes y los videos que denunciaban en redes sociales el uso de la fuerza innecesaria y excesiva por parte de las fuerzas de seguridad, incluso con armas de fuego, para reprimir a quienes habían salido a la calle a protestar. En total, de acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH), 23 personas murieron entre el 29 de noviembre de 2017 y el 27 de enero de 2018, en el contexto de las protestas post electorales, al menos 16 de ellas como consecuencia de disparos atribuidos a las fuerzas de seguridad5. Por su parte, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras y las organizaciones de derechos humanos contabilizaron más de 30 muertes.
Jhony
Amnistía Internacional tuvo acceso a material audiovisual grabado por un testigo de la escena, en el cual se observa cómo dos agentes de la policía colocaron latas de gas lacrimógeno en la puerta de entrada de la casa de la vecina de Jhony, justo antes de que la patrulla se lo llevara, lo que confirma sus relatos. De acuerdo con la evidencia obtenida, en el lugar no había ninguna protesta aparente que justificara el uso de gases lacrimógenos, y al parecer fueron utilizados sin una advertencia previa y en un lugar cerrado habitado, contrario a los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza.
Los múltiples testimonios que recibió Amnistía Internacional, la
información disponible y la documentación realizada por diversas
organizaciones de la sociedad civil corroboran los métodos usados por
las autoridades para reprimir y castigar a manifestantes y a supuestos
responsables de disturbios, los cuales son una violación de las normas
internacionales de derechos humanos, mismas que requieren que el uso de
la fuerza se limite a lo estrictamente necesario y proporcional. Los
testimonios narrados a Amnistía Internacional dan cuenta de hechos que
contravienen los principios sobre uso de la fuerza e incluso podrían
calificarse como tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes
y detenciones arbitrarias en ciertos casos.
Uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado
De acuerdo con los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, las fuerzas de seguridad deben cerciorarse de que el uso de la fuerza siempre se apegue a los requisitos de necesidad y proporcionalidad. Esto implica que solamente pueden recurrir a la fuerza en última instancia, cuando otros métodos menos violentos (incluyendo el diálogo y la negociación) resulten ineficaces y siempre con estricta proporción al objetivo que se busca, de manera que se minimice el riesgo de lesiones o de muerte.
Por el daño grave que puede causar a personas con problemas respiratorios, los gases lacrimógenos pueden ser utilizados únicamente para dispersar a una multitud en áreas donde haya una oportunidad para escapar, no en lugares cerrados. Antes de utilizarlos, las autoridades deben emitir alertas claras y permitir a las personas tiempo suficiente para retirarse.
El defensor de derechos humanos, Diego Aguilar, miembro del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justica (MADJ), estaba en el poblado norteño de San Juan Pueblo el 16 de diciembre de 2017. Relató la terrible represión que siguió a la dispersión de la protesta aquel día. Durante tres horas, las fuerzas de seguridad golpearon a quienes habían salido a manifestarse, les lanzaron arena a los ojos y les aplicaron choques eléctricos con táser, mientras eran forzados a recoger los escombros que obstruían la carretera. Todo bajo la mirada de agentes armados que se reían, y grababan a los manifestantes, además de acusarlos de incitar a la violencia, fuera de cualquier marco legal y con el único fin de castigar e intimidarlos.
En el municipio de Villanueva, siete jóvenes fueron arrestados en la madrugada del 24 de enero, acusados de incendiar una estación de policía. Los jóvenes contaron a Amnistía Internacional cómo fueron intimidados y golpeados por fuerzas de seguridad durante su detención. Agregaron que les llamaron “quemapostas”10 y “sicarios”, palabras que claramente son un lenguaje fuertemente estigmatizante.
Posteriormente estuvieron recluidos en el centro de máxima seguridad de Santa Bárbara, conocido como “El Pozo”, durante una semana, hasta que un juez dictaminó que no había suficientes elementos para continuar con el caso y ordenó su liberación. Cuando nos reunimos con ellos, más de un mes después de su liberación, uno de ellos relató que aún siente miedo y no puede dormir por temor a que las autoridades lo detengan nuevamente.
Amnistía Internacional considera que el uso de la fuerza innecesaria y desproporcional revela el clima de intimidación instaurado por las autoridades hondureñas para disuadir a la población de participar en protestas y expresar su opinión. En algunas ocasiones incluso podría consistir en tortura u otros malos tratos. Este clima ha sido alimentado por el discurso estigmatizador que emana de varias instituciones, entre las que están los Ministerios de la Presidencia y de la Defensa, que han acusado a los manifestantes de pertenecer a bandas del crimen organizado11.
Las autoridades con las que nos reunimos afirman que las fuerzas de seguridad actuaron dentro de la legalidad. Por su parte la ministra de Derechos Humanos, Karla Cueva, informó en marzo que habían finalizado las investigaciones de 22 muertes registradas durante el contexto de la crisis post electoral, y que los casos habían sido remitidos al Ministerio Público. Hasta la fecha, ningún miembro de las fuerzas de seguridad ha sido enjuiciado por estos hechos.
A raíz de la detención arbitraria de Jhony el 21 de diciembre de 2017, se abrió un proceso penal en su contra por portación ilegal de arma de fuego y uso indebido de indumentaria policial.
Las autoridades dicen que Jhony participó en la protesta, y que lo detuvieron en la vía pública cuando se dio persecución a los manifestantes. Según la versión de la policía en el momento en que lo detuvieron, Jhony tenía en sus manos una escopeta y un escudo policial en el cual estaba escrito “Fuera JOH” – las iniciales del presidente hondureño12.
De acuerdo al expediente de investigación al que Amnistía Internacional tuvo acceso, los testimonios de los oficiales son los únicos que ubican a Jhony en la calle y en posesión de estos objetos. En el video al que tuvo acceso Amnistía Internacional se pudo constatar la presencia de al menos tres policías en el terreno de la casa de Jhony y de su familia. Sin embargo, en el expediente esto no se menciona.
En su testimonio Jhony confirmó que fue detenido en su casa y que no portaba ni la escopeta ni el escudo. Afirmó no haberlos visto, sino hasta que le fueron puestos a la vista en las instalaciones de la policía, donde además le sacaron fotos que luego fueron difundidas en los medios de comunicación. Jhony también comentó que los agentes lo amenazaron en varias ocasiones, y lo presionaron a firmar documentos que no pudo entender al no saber leer, incluso las actas de decomiso de los objetos mencionados, que sirven de prueba en su contra.
Durante su misión, Amnistía Internacional escuchó diversos testimonios que dan prueba de la falta de garantías del debido proceso y salvaguardas para acceder a una defensa adecuada, así como la falta de acceso a abogados y a familiares.
En el caso de Jhony, la información a la que tuvo acceso Amnistía Internacional da muestra de las serias inconsistencias e irregularidades en la prueba que hasta ahora sostiene la acusación en su contra, lo que despierta serias dudas de que estos cargos hayan sido fabricados con otro fin, como el de intimidar a todos aquellos que han salido a las calles a expresar su descontento. Debido a estas graves violaciones al debido proceso, Amnistía Internacional considera que la detención de Jhony fue arbitraria.
Por lo anterior, Amnistía Internacional exhorta al Estado hondureño a:
Adoptar medidas para garantizar el ejercicio del derecho de reunión pacífica, y que el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad se apegue a los estándares internacionales en la materia, en particular en relación a los principios de necesidad, proporcionalidad y legalidad.
Investigar de manera pronta, imparcial, independiente y efectiva todos los casos de uso innecesario y excesivo de la fuerza en el contexto de la crisis post electoral, incluyendo las muertes, detenciones arbitrarias y tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Velar porque las personas procesadas a raíz de supuestos delitos, cometidos en el marco de las protestas, gocen de todas las garantías del debido proceso legal; y más concretamente, revisar en cada uno de los casos los procedimientos realizados desde el arresto y remediar cualquier violación del debido proceso.
Garantizar que cualquier detención preventiva esté genuinamente justificada a la luz de los criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, debiéndose revisar periódicamente las circunstancias que motivaron la aplicación de esta medida y, en su caso, ordenar medidas sustitutivas a la misma.
Velar porque las condiciones de detención en los centros penales sean compatibles con la dignidad humana, garantizando entre otros el suministro de agua potable, alimentación y acceso a tratamiento médico cuando sea necesario.
Llevar a cabo una reforma del Reglamento de visitas en los Establecimientos del Sistema Penitenciario Nacional con el fin de garantizar el acceso regular de las personas detenidas a su familia y abogados de su elección.
Vea el informe completo Aquí
La organización internacional hizo acopio de testimonios, videos y otra documentación para respaldar este informe, además de reuniones víctimas detenidas en cárceles y reuniones con funcionarios estatales.
Detalló la situación de presos en cárceles de máxima seguridad como consecuencia de la represión a las protestas en el marco de la crisis postelectoral, entre ellos los de Edwin Róbelo Espinal, de 42 años, Raúl Eduardo Álvarez Ordoñez y Jhony Salgado Fuentes, a quien una Corte de Apelaciones ordenó su excarcelación para que se defienda en libertad.
A continuación parte de su informe que hace revelaciones y cuestiona el accionar de los cuerpos represivos del Estado haciendo uso excesivo de la fuerza y contraviniendo el manual del uso de la fuerza aprobado por las Naciones Unidas, del Ministerio Público y el Poder Judicial, que en el caso de los primeros han sembrado pruebas y los demás violentado el Debido Proceso de los enjuiciados:
“Entraron al patio, me patearon la puerta, allí fue donde él acudió a abrir, que si hubiéramos sabido mejor nos aguantamos con el gas y no abrimos la puerta.”, relato de Elena Almendarez Padilla, de 44 años, comenta que en algunas ocasiones ella y su esposo Jhony Salgado Fuentes, de 38 años, se acercaron a las zonas de protesta en El Progreso para observar y ofrecieron agua a las personas manifestantes.
Sin embargo, ninguno participó en la protesta que se estaba desarrollando aquella mañana del 21 de diciembre de 2017 a algunas cuadras de su casa. De pronto, desde la entrada de su casa, Elena vio a una multitud corriendo y escuchó disparos por lo que se refugió adentro con Jhony y sus hijos de 16 y 20 años.
Eran las 11 de la mañana aproximadamente; fuerzas de seguridad acababan de dispersar la protesta y estaban persiguiendo a las personas que se manifestaban.
La escena no era inusual para estas fechas en Honduras. Desde el inicio de las protestas, tres semanas antes, eran cada día más numerosas las imágenes y los videos que denunciaban en redes sociales el uso de la fuerza innecesaria y excesiva por parte de las fuerzas de seguridad, incluso con armas de fuego, para reprimir a quienes habían salido a la calle a protestar. En total, de acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH), 23 personas murieron entre el 29 de noviembre de 2017 y el 27 de enero de 2018, en el contexto de las protestas post electorales, al menos 16 de ellas como consecuencia de disparos atribuidos a las fuerzas de seguridad5. Por su parte, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras y las organizaciones de derechos humanos contabilizaron más de 30 muertes.
Jhony
Amnistía Internacional tuvo acceso a material audiovisual grabado por un testigo de la escena, en el cual se observa cómo dos agentes de la policía colocaron latas de gas lacrimógeno en la puerta de entrada de la casa de la vecina de Jhony, justo antes de que la patrulla se lo llevara, lo que confirma sus relatos. De acuerdo con la evidencia obtenida, en el lugar no había ninguna protesta aparente que justificara el uso de gases lacrimógenos, y al parecer fueron utilizados sin una advertencia previa y en un lugar cerrado habitado, contrario a los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza.
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Uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado
De acuerdo con los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, las fuerzas de seguridad deben cerciorarse de que el uso de la fuerza siempre se apegue a los requisitos de necesidad y proporcionalidad. Esto implica que solamente pueden recurrir a la fuerza en última instancia, cuando otros métodos menos violentos (incluyendo el diálogo y la negociación) resulten ineficaces y siempre con estricta proporción al objetivo que se busca, de manera que se minimice el riesgo de lesiones o de muerte.
Por el daño grave que puede causar a personas con problemas respiratorios, los gases lacrimógenos pueden ser utilizados únicamente para dispersar a una multitud en áreas donde haya una oportunidad para escapar, no en lugares cerrados. Antes de utilizarlos, las autoridades deben emitir alertas claras y permitir a las personas tiempo suficiente para retirarse.
El defensor de derechos humanos, Diego Aguilar, miembro del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justica (MADJ), estaba en el poblado norteño de San Juan Pueblo el 16 de diciembre de 2017. Relató la terrible represión que siguió a la dispersión de la protesta aquel día. Durante tres horas, las fuerzas de seguridad golpearon a quienes habían salido a manifestarse, les lanzaron arena a los ojos y les aplicaron choques eléctricos con táser, mientras eran forzados a recoger los escombros que obstruían la carretera. Todo bajo la mirada de agentes armados que se reían, y grababan a los manifestantes, además de acusarlos de incitar a la violencia, fuera de cualquier marco legal y con el único fin de castigar e intimidarlos.
En el municipio de Villanueva, siete jóvenes fueron arrestados en la madrugada del 24 de enero, acusados de incendiar una estación de policía. Los jóvenes contaron a Amnistía Internacional cómo fueron intimidados y golpeados por fuerzas de seguridad durante su detención. Agregaron que les llamaron “quemapostas”10 y “sicarios”, palabras que claramente son un lenguaje fuertemente estigmatizante.
Posteriormente estuvieron recluidos en el centro de máxima seguridad de Santa Bárbara, conocido como “El Pozo”, durante una semana, hasta que un juez dictaminó que no había suficientes elementos para continuar con el caso y ordenó su liberación. Cuando nos reunimos con ellos, más de un mes después de su liberación, uno de ellos relató que aún siente miedo y no puede dormir por temor a que las autoridades lo detengan nuevamente.
Amnistía Internacional considera que el uso de la fuerza innecesaria y desproporcional revela el clima de intimidación instaurado por las autoridades hondureñas para disuadir a la población de participar en protestas y expresar su opinión. En algunas ocasiones incluso podría consistir en tortura u otros malos tratos. Este clima ha sido alimentado por el discurso estigmatizador que emana de varias instituciones, entre las que están los Ministerios de la Presidencia y de la Defensa, que han acusado a los manifestantes de pertenecer a bandas del crimen organizado11.
Las autoridades con las que nos reunimos afirman que las fuerzas de seguridad actuaron dentro de la legalidad. Por su parte la ministra de Derechos Humanos, Karla Cueva, informó en marzo que habían finalizado las investigaciones de 22 muertes registradas durante el contexto de la crisis post electoral, y que los casos habían sido remitidos al Ministerio Público. Hasta la fecha, ningún miembro de las fuerzas de seguridad ha sido enjuiciado por estos hechos.
A raíz de la detención arbitraria de Jhony el 21 de diciembre de 2017, se abrió un proceso penal en su contra por portación ilegal de arma de fuego y uso indebido de indumentaria policial.
Las autoridades dicen que Jhony participó en la protesta, y que lo detuvieron en la vía pública cuando se dio persecución a los manifestantes. Según la versión de la policía en el momento en que lo detuvieron, Jhony tenía en sus manos una escopeta y un escudo policial en el cual estaba escrito “Fuera JOH” – las iniciales del presidente hondureño12.
De acuerdo al expediente de investigación al que Amnistía Internacional tuvo acceso, los testimonios de los oficiales son los únicos que ubican a Jhony en la calle y en posesión de estos objetos. En el video al que tuvo acceso Amnistía Internacional se pudo constatar la presencia de al menos tres policías en el terreno de la casa de Jhony y de su familia. Sin embargo, en el expediente esto no se menciona.
En su testimonio Jhony confirmó que fue detenido en su casa y que no portaba ni la escopeta ni el escudo. Afirmó no haberlos visto, sino hasta que le fueron puestos a la vista en las instalaciones de la policía, donde además le sacaron fotos que luego fueron difundidas en los medios de comunicación. Jhony también comentó que los agentes lo amenazaron en varias ocasiones, y lo presionaron a firmar documentos que no pudo entender al no saber leer, incluso las actas de decomiso de los objetos mencionados, que sirven de prueba en su contra.
Durante su misión, Amnistía Internacional escuchó diversos testimonios que dan prueba de la falta de garantías del debido proceso y salvaguardas para acceder a una defensa adecuada, así como la falta de acceso a abogados y a familiares.
En el caso de Jhony, la información a la que tuvo acceso Amnistía Internacional da muestra de las serias inconsistencias e irregularidades en la prueba que hasta ahora sostiene la acusación en su contra, lo que despierta serias dudas de que estos cargos hayan sido fabricados con otro fin, como el de intimidar a todos aquellos que han salido a las calles a expresar su descontento. Debido a estas graves violaciones al debido proceso, Amnistía Internacional considera que la detención de Jhony fue arbitraria.
Por lo anterior, Amnistía Internacional exhorta al Estado hondureño a:
Adoptar medidas para garantizar el ejercicio del derecho de reunión pacífica, y que el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad se apegue a los estándares internacionales en la materia, en particular en relación a los principios de necesidad, proporcionalidad y legalidad.
Investigar de manera pronta, imparcial, independiente y efectiva todos los casos de uso innecesario y excesivo de la fuerza en el contexto de la crisis post electoral, incluyendo las muertes, detenciones arbitrarias y tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Velar porque las personas procesadas a raíz de supuestos delitos, cometidos en el marco de las protestas, gocen de todas las garantías del debido proceso legal; y más concretamente, revisar en cada uno de los casos los procedimientos realizados desde el arresto y remediar cualquier violación del debido proceso.
Garantizar que cualquier detención preventiva esté genuinamente justificada a la luz de los criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, debiéndose revisar periódicamente las circunstancias que motivaron la aplicación de esta medida y, en su caso, ordenar medidas sustitutivas a la misma.
Velar porque las condiciones de detención en los centros penales sean compatibles con la dignidad humana, garantizando entre otros el suministro de agua potable, alimentación y acceso a tratamiento médico cuando sea necesario.
Llevar a cabo una reforma del Reglamento de visitas en los Establecimientos del Sistema Penitenciario Nacional con el fin de garantizar el acceso regular de las personas detenidas a su familia y abogados de su elección.
Vea el informe completo Aquí
ALERTA: Nuevo ataque contra líder indígena del MADJ
Por Sandra Rodríguez
Tegucigalpa.- El líder
indígena de la Etnia Tolupán, Ramón Matute, fue atacado con un machete,
por parte de otro miembro de la Tribu, ubicada en San Francisco
Locomapa, en el departamento de Yoro, al norte de Honduras.
Matute es integrante del Movimiento
Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), organización que coordina
Martín Fernández, y que ha denunciado una serie de amenazas y ataques
contra sus miembros e instalaciones físicas en San Juan Pueblo,
municipio de Atlántida.
El MADJ denunció esta mañana que, el
vicepresidente del Consejo Directivo de la tribu agredió a machetazos a
su compañero Ramón Matute, líder indígena el que lucha por la defensa
del bosque y el territorio Tolupán.
“Los machetazos fueron lanzados e
impactados en la frente y espalda de nuestro compañero a quien, además,
le robaron sus pertenencias, este conflicto se genera debido al saqueo
del bosque que han permitido las autoridades de Yoro y a pesar de ser
beneficiarios de medidas cautelares, la policía nacional brilla por su
ausencia”, detalló en una alerta publica el Movimiento Amplio.
“La tragedia está a la vuelta de la
esquina”, denunció el MADJ, ya que desde el fin de semana anterior se
han intensificado los enfrentamientos por la defensa de los bienes
comunes, al aumentar la circulación de rastras cargadas de madera.
Ahí ejerce defensoría el campamento
digno organizado por el Movimiento Amplio, y se enfrenta a la violencia
impulsada desde el consejo directivo con los empresarios, denunció la
organización.
Los campamentos en defensa de los bienes
comunes se enfrentan a empresarios, políticos y terratenientes, hay
comunidades indígenas como la de Locomapa, donde Ricardo Soto Fúnez,
María Enriqueta Matute y Armando Fúnez Medina, fueron asesinados el 25
de agosto del 2013 mientras participaban en una toma de la carretera,
con el objetivo de evitar el saqueo sistemático de su territorio
ancestral.
Por su parte, Martín Fernández es
beneficiario de Medidas Cautelares otorgadas por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sin embargo, los ataques
continúan contra él y miembros de los núcleos, en diferentes zonas de la
región costeña.
Noticias Internacionales Independientes (EE.UU.)
Titulares15 de junio de 2018
Republicanos estadounidenses presentan proyecto de ley de inmigración que pondría fin a la separación de familias
15 Jun. 2018
Los
líderes republicanos de la Cámara de Representantes estadounidense
presentaron un proyecto de ley de inmigración que aumentaría en gran
medida los fondos para la construcción un muro fuertemente militarizado
en la frontera entre Estados Unidos y México, al tiempo que reduciría
drásticamente el número de inmigrantes documentados permitidos en
Estados Unidos, aunque también ofrecería una vía para que obtengan la
ciudadanía los jóvenes indocumentados que eran beneficiarios del
programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA,
por su sigla en inglés), conocidos como “soñadores”. El proyecto de ley
también pondría fin a la política del gobierno del presidente Donald
Trump de separar a los niños migrantes de sus padres, en una aparente
concesión ante la creciente indignación que ha generado esta práctica,
mediante la cual agentes migratorios y fronterizos arrancan a los niños,
incluso a bebés, de los brazos de sus madres y padres.
Obispos católicos estadounidenses critican la “inmoral” política de inmigración de Trump
15 Jun. 2018
Esto
se produce al tiempo que más de 300 obispos católicos han criticado las
políticas de inmigración del gobierno estadounidense encabezado por el
presidente Donald Trump. Los obispos exigieron que se ponga fin a la
separación de los niños migrantes de sus padres y condenaron la política
del fiscal general, Jeff Sessions, de revertir el derecho de los
sobrevivientes de violencia doméstica a buscar asilo en Estados Unidos.
El monseñor Brian Bransfield expresó: “Separar a los bebés de sus madres no es la respuesta, y es inmoral”.Esas eran las palabras del monseñor Brian Bransfield, quien leyó una declaración emitida por la Conferencia Nacional de Obispos Católicos durante su reunión de primavera, que se celebró esta semana en la ciudad de Fort Lauderdale, en el estado de Florida.
El monseñor Brian Bransfield continuó: “Esta decisión ignora décadas de precedentes que han ofrecido protecciones a las mujeres que huyen de la violencia doméstica. Si no se anula, esta decisión va a deteriorar la capacidad de asilo para salvar vidas, particularmente en casos que involucran a solicitantes de asilo que son perseguidos por actores privados”.La declaración de los obispos se produjo después de que la Convención Bautista del Sur votara el martes, por unanimidad, una resolución que incluye un llamado para mantener juntas a las familias. Por su parte, el reverendo Franklin Graham, partidario de Trump e hijo del fallecido evangelista Billy Graham, declaró a la cadena televisiva cristiana Christian Broadcasting Network que resultaba “vergonzoso” y “terrible” ver a las familias destrozadas.
Fiscal general estadounidense Sessions cita las Escrituras para justificar las políticas de inmigración
15 Jun. 2018
El
jueves, en respuesta a las declaraciones de los líderes eclesiásticos,
el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, citó las Sagradas
Escrituras para justificar las políticas de inmigración de su
departamento. Sessions hizo estos comentarios ante un público que sólo
podía asistir por invitación, en un acto que tuvo lugar en la ciudad de
Fort Wayne, en el estado de Indiana.
Jeff Sessions declaró: “Citaría a Pablo el apóstol, con su clara y sabia orden, en Romanos 13, de obedecer las leyes del gobierno, porque Dios ha dispuesto el gobierno para sus propósitos”.Los críticos aprovecharon la referencia de Sessions al pasaje de Romanos 13 para señalar que se trataba de uno de los favoritos de los defensores de la Confederación y que ha sido utilizado para justificar la esclavitud.
Secretaria de Prensa de la Casa Blanca es cuestionada por las separaciones familiares
15 Jun. 2018
En
la Casa Blanca, la secretaria de prensa Sarah Huckabee Sanders defendió
las políticas de inmigración que lleva adelante el Gobierno y declaró a
la prensa: “Es muy bíblico hacer cumplir la ley”, lo que provocó este
intercambio entre Sanders y el periodista Brian Karem, del medio
Sentinel Newspapers.
Brian Karem: “Vamos, Sarah, tú eres madre. ¿No tienes empatía por lo que esta gente está pasando? Ellos tienen menos que tú”.
Sarah Huckabee Sanders: “¡Brian, por Dios, tranquilízate!”.
Brian Karem: “Sarah, vamos, en serio, en serio”.
Sarah Huckabee Sanders: “Estoy tratando de hablar en serio, pero no voy a permitir tus gritos fuera de lugar”.
Brian Karem:“Estás aquí sentada diciéndonos que es la ley, y estas personas no tienen nada. Vienen aquí sin nada”.
Sarah Huckabee Sanders: “Oye, Brian, sé que quieres obtener más tiempo en la televisión, pero esto no es para eso”.
Brian Karem: “¡No es eso! No se trata de eso. Se trata de que respondas una pregunta, Sarah. Honestamente, responde la pregunta. Es una pregunta seria. Estas personas no tienen nada. Llegan a la frontera sin nada, y ustedes arrojan a sus niños a una jaula. ¡Tú eres madre! Eres madre de niños pequeños. ¿No sientes empatía por lo que están pasando?”.
Sarah Huckabee Sanders: “Jill, adelante”.La tensa conferencia de prensa del jueves en la Casa Blanca tuvo lugar después de que la cadena de noticias CBS informara que Sarah Huckabee Sanders y su subsecretario de prensa, Raj Shah, estarían preparándose para renunciar a sus puestos. Sanders ha negado ese rumor.
El Centro de Detención Infantil de Texas ostenta un mural con una cita de Trump
15 Jun. 2018
Todo
esto se produce luego de que salieran a la luz nuevas fotos que
muestran el interior de un antiguo supermercado Wal-Mart en el estado de
Texas que se ha convertido en un centro de detención para 1.500 niños
migrantes. Las paredes de la cárcel están cubiertas por murales que
representan la historia de Estados Unidos y a sus líderes, entre los
cuales se cuenta uno del actual presidente Donald Trump, con una leyenda
en inglés y español que dice: “A veces, al perder una batalla,
encuentras una nueva forma de ganar la guerra”. La cita fue extraída de
“El arte de la negociación”, el libro en el que Trump aborda su
infructuoso esfuerzo, en la década de 1980, para desalojar a inquilinos
de sus departamentos de alquiler controlado con el fin de demoler los
edificios para construir en su lugar un rascacielos de lujo.
Asociación Médica Estadounidense exige control de armas y desinvierte en compañías de combustibles fósiles
15 Jun. 2018
La
Asociación Médica Estadounidense decidió abordar dos importantes
problemáticas para la salud pública: la violencia con armas de fuego y
el cambio climático. Durante su reunión anual, celebrada en la ciudad de
Chicago la semana pasada, la Asociación Médica Estadounidense votó para
apoyar casi una docena de medidas de control de las armas de fuego,
entre ellas una prohibición sobre la venta y la posesión de armas de
asalto. El ex presidente de la asociación, el doctor David O. Barbe,
declaró: “Las matanzas con armas de fuego se convirtieron en algo
rutinario en salas de emergencia de todo el país… No tiene que ser así, y
exhortamos a los legisladores a que tomen medidas [para revertirlo]”.
La Asociación Médica Estadounidense también votó esta semana a favor de
desinvertir en compañías cuyos ingresos provienen mayoritariamente de la
industria de los combustibles fósiles. El activista en contra del
cambio climático Bill McKibben celebró la noticia y escribió en Twitter:
“La Asociación Médica Estadounidense le está diciendo a la industria de
combustibles fósiles lo que le dijo a la industria del tabaco hace una
generación: ‘Están matando a nuestros pacientes y ya no lo
permitiremos’”.
Congresista republicano de Iowa Steve King comparte tuit neonazi
15 Jun. 2018
El
congresista republicano de Iowa Steve King provocó indignación esta
semana tras compartir un tuit racista del neonazi británico Mark Collett
que decía: “Actualmente el 65% de los italianos menores de 35 años se
oponen a la inmigración masiva. Europa se está despertando”. El tuit
incluía un artículo del medio de extrema derecha Breitbart News. Mark
Collett es un conocido supremacista blanco que ha afirmado que la
industria pornográfica es un complot judío para destruir las familias
cristianas. A pesar de la indignación que provocó, King no borró su
publicación y, de hecho, ayer compartió nuevamente el mismo artículo de
Breitbart News en su cuenta de Twitter. Esta no es la primera vez que el
congresista King hace comentarios supremacistas. El año pasado publicó
un tuit racista en el que expresaba su apoyo al político holandés de
extrema derecha Geert Wilders. Antes, en 2016, había afirmado, en
diálogo con la cadena MSNBC, que los cristianos blancos han contribuido más a la civilización occidental que cualquier otro “subgrupo”.
Estados Unidos repatriará restos de niños indígenas que murieron en internados
15 Jun. 2018
El
Ejército estadounidense anunció que repatriará los restos de cuatro
niños indígenas estadounidenses que murieron en Carlisle Indian
Industrial School, una escuela dirigida por el gobierno y ubicada en el
estado de Pensilvania a la que fueron obligados a asistir un siglo
atrás. Los niños indígenas estadounidenses eran enviados al Carlisle
School y a internados similares en todo el país a fines del siglo XIX
y principios del XX, con el propósito de que fueran asimilados a la
cultura estadounidense. Estos internados fueron creados para eliminar la
cultura indígena, separando a los niños de sus padres y obligándolos a
hablar en inglés, cortarse el cabello y renunciar a las vestimentas
tradicionales. El Ejército estadounidense comenzó las exhumaciones el
jueves y devolverá a principios de julio los restos de los niños a sus
descendientes en los estados de Wyoming, Montana, Dakota del Norte y
Dakota del Sur.
Tomás Nativí: Un hombre y una promesa ¡Juramos Vencer!
Por: Sandra Rodríguez y Cesario Padilla*
Tegucigalpa, Honduras. –
Su nombre está escrito en las paredes de la ciudad, su legado se
concentra en una frase que hacen vida multitudes “en las calles está el
poder”.
La Unión Revolucionaria del Pueblo
(URP), sigue escribiendo y recordando que está prohibido olvidar, porque
la lucha del hermano, del amigo, del maestro Tomás Nativí Gálvez está
más vigente que nunca “era un profeta”.
La fundación de la URP fue en el seno de
la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), mismo escenario
que sirve en la actividad de exclusión y represión para los y las
estudiantes que han seguido el legado de Tomás Nativí, por la defensa de
la educación pública y las protestas sociales justo en las calles.
Nativí fue secuestrado un 11 de junio de 1981, en la colonia El Hogar de Tegucigalpa, junto a su compañero Fidel Martínez.
Bertha Oliva, esposa de Tomás y
coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos
en Honduras (COFADEH), expresó que a su lado aprendió que era tan
necesario leer como comer “porque era el camino para la liberación de
nuestra mente, quitar las ataduras que tenemos si no somos fieles
lectores”.
Oliva define en su faceta intelectual a
su compañero de vida de la siguiente manera “era un autodidacta,
devorador de libros, estudioso”. Refirió que, en ciertos momentos
juntos, leían párrafos de la biblia “donde nos enseñaba la verdad para
transformar”.
Uno de los textos que ella recuerda fue
“Introducción al Periodismo”, un regalo del propio Tomás Nativí y que
fue un texto “que cargué por mucho tiempo”. A pesar de que el líder
social no contaba con dinero, tenía una biblioteca muy bien instalada y
cuidada, afirmó Bertha Oliva.
“Para eso, lo primero que teníamos que
hacer era liberarnos, saber que era lo que queríamos, aprender a ver,
leer y estudiar al ser humano como tal, esa era una de nuestras
principales tareas”, agregó.
Todo este proceso formativo, las
lecturas sobre realidad nacional, los comentarios, las enseñanzas y el
andar juntos tuvo un día final, donde ella lo definió como el día
habíamos caído en una trampa, el día que a él lo secuestraron y lo
desaparecieron.
Ese día (en referencia al 11 de junio de 1981) Oliva asegura que Tomás “se fue, sabiendo que nos habían tendido una trampa”.
Sin embargo, en ese tiempo vivido él “fue una escuela”.
Leíamos y discutíamos, pero sin
imponer, porque si hay alguien que supo trabajar con las mujeres fue
Tomás Nativí Gálvez. Era un hombre constructor de espacios y daba
oportunidad a la mujer para organizarse.
“El día que secuestraron a Tomás era tanto el miedo, que perdí el miedo”
Porque el miedo nunca lo conoció y me
enseñó a no conocer el miedo porque teníamos la seguridad de que, lo que
hacíamos era en bien de la humanidad, de las grandes mayorías de este
país y por supuesto que ese bien también lo íbamos a tener nosotros.
En su vientre quedó el mejor regalo de
la vida, su hijo Tomás, quien nunca conoció a su padre porque fue
arrebatado por aquellos a quienes la lucha del profesor les era
incómoda. En ese año aún predominaba la dictadura militar, se preparaba
una nueva Constitución de la República, pero con los mismos actores del
terror que dejaría un saldo de 184 víctimas de desaparición forzada,
registradas por el COFADEH.
Lo que lo arrebataron se equivocaron… lo
que sí es cierto es que para los perpetradores de este crimen de lesa
humanidad Tomás sigue siendo eternamente joven, eternamente
revolucionario, eternamente humano y no nos lo van a poder cambiar.
El pensamiento de Tomás Nativí Gálvez se
puede valorar cómo profecías, desde la desigualdad de clases, la
opresión y la demanda de derechos humanos para una niñez educada.
Un profeta cuyo pensamiento no lo borrará ni el tiempo ni la historia
“Si vemos lo que está sucediendo en la
actualidad, nos damos cuenta de que es lo que manifestaba Tomás, su
pensamiento revolucionario es lo que enfrentamos hoy, con el
bipartidismo Nacional-Liberal, que despoja de derechos fundamentales
como la educación y la alimentación a los más necesitados”, expresó
Carlos Acosta, líder de la URP.
Acosta camina por las calles con
ejemplares impresos del periódico URP, el cual es parte del proyecto de
liberación que Nativí emprendió en el inicio de la década de los 80,
junto a un grupo de compañeros.
En esta ocasión, nos recibió en su
imprenta “Guardabarranco”, dónde prepara un material con información del
líder social detenido desaparecido a inicios de la década de los 80,
cuando estaba en casa de su esposa, Bertha Oliva de Nativí.
![IMG_20180607_111209[1]](http://defensoresenlinea.com/wp-content/uploads/2018/06/IMG_20180607_1112091-300x225.jpg)
El
dirigente revolucionario, compara a Tomás con un profeta, y es que
tiene un pensamiento tan estratégico, tan táctico y tan objetivo que
definitivamente no es el tiempo, ni tampoco la historia que lo va a
hacer borrar, lo único que lo va a hacer borrar es cuando cambien las
condiciones objetivas y subjetivas de nuestro pueblo, eso va a ser
cuando exista otro proceso, otro estamento social, cuando tengamos otro
tipo de comunidad, otra estructura económica y social, detalló Acosta.
En la conversación nos compartió que, el
compañero Tomás Nativí a través del pensamiento de la organización,
plantea que hay una dictadura que se mantiene de más de 200 años donde
las élites de poder se han combinado unas veces de azul, de rojo y otras
veces de verde con los militares, es una combinación entre el Partido
Nacional, el Partido Liberal y los militares.
Fidelidad a nuestros mártires, juramos vencer, en las calles está el poder.
Hoy se cumple 37 años de su desaparición
forzada, su pensamiento se imprime en hojas volantes, predomina la
combinación de colores rojo y negro, es como si el tiempo no pasara, es
la presencia de Tomás entre las letras, ideas y pensamientos que por su
complejidad no se conozcan completamente.
José María Reyes, compartió el caminar
con Tomás Nativí, desde 1969, recorrieron toda la década de los 70 en la
misma lucha, por el acceso a la Educación Pública, por la igualdad, la
dignidad de las personas. Recuerda a Tomás como el hermano protector,
solidario, cauteloso y respetuoso.
“Chemita”, como era conocido por sus
amigos y compañeros guarda la imagen de Tomás como un líder que siempre
se identificó con las luchas estudiantiles, por ello siempre les
visitaba en el Instituto “Luis Bográn”.
Apuntó además que, no lo en secundaria,
también en nivel superior, especialmente en la Escuela Superior del
Profesorado (hoy Universidad Pedagógica Nacional “Francisco Morazán”) se
recuerdan las victorias obtenidas gracias a Tomás Nativí.
Para 1972 “Chemita” Reyes, era parte de
la coordinadora de la Federación de Estudiantes de Segunda Enseñanza
(FESE) “Carlos Virgilio Zúniga”, organización que se inició en luchas
como la oficialización (reconocidos por el Estado hondureño) de los
distintos colegios del país, y uno de los apoyos que recibía para la
reivindicación de derechos estudiantiles era el de Tomás.
“Obtuvimos
muchas conquistas gracias a él, por su forma de ser, amistosa, cariñosa,
de entrega, nos sentíamos muy bien con él, percibíamos que recogía las
necesidades de cada uno de los militantes y simpatizantes del movimiento
popular de Honduras”, aseguró Reyes.
Un gran orgullo, así define el profesor
-ya jubilado- José M. Reyes, el haber conocido e intercambiado ideas con
su colega, compañero y militante popular Tomás Nativí y hoy, junto a
esos recuerdos y enseñanzas “le guardamos un especial cariño”.
“La memoria despierta para herir a los
pueblos dormidos”, cita León Gieco en su canción “La Memoria”, la cual
evoca mantener el reclamo de justicia de aquellos países víctimas de la
desaparición forzada en Latinoamérica. Así como este fragmento, el líder
magisterial-histórico Chema Reyes tiene presente el día en donde se
reivindicará a los detenidos desaparecidos.
“Se va a recoger toda la experiencia que
ellos nos legaron a uno u otro sector: campesinos, estudiantes,
obreros, profesionales y de alguna manera esa va a ser semilla de
libertad, porque en las calles está el poder”, finalizó.
Tomás: El mejor poema revolucionario
Sus letras se hacen un constante reclamo
en la lucha social, con plena conciencia de lo que hacían y rompiendo
el cerco mediático de la época, el periódico de la URP era la extensión
oportuna para alcanzar a las mayorías.
Uno de los que aportaron sus letras para
la construcción de este periódico, aún vigente, es el poeta Félix
Cesario, quien tuvo la oportunidad de compartir el escrito que marcaría
la línea de la revolución afirmando que “En las calles está el poder”.
El trabajo formativo y organizativo de
la URP hace que “existan celos contra ella y sus líderes”. Tomás tenía
una claridad del concepto revolucionario y cómo actuar en momentos
decisivos de vida o muerte, dijo el también periodista.
“Esta es sólo la pequeñez con que miden
los incapaces que no tuvieron el coraje de defender el pensamiento y
acción revolucionaria”, mencionó Félix Cesario, histórico defensor de
derechos humanos.
Uno de los momentos que recordó el hoy
ex catedrático de la Escuela de Periodismo de la UNAH, fue una discusión
donde el profesor Tomás Nativí preguntó ¿Qué hacemos?
Respondimos -Tomarnos las calles y él
firmó “entonces estamos de acuerdo de que en las calles está el poder” y
que sólo reclamando el poder con la protesta y la propuesta contundente
podemos tomar el poder, el que haga lo contario no va a llegar a
ninguna parte y va a ser presa fácil de la policía.
“Tomás era celoso de la seguridad con
sus compañeros y compañeras, era auto-proteccionista, hasta se
descuidaba por proteger a los demás”.
Le preguntamos a Félix Cesario si en sus
poemas, dedica uno de tantos a la memoria de Tomás. Su respuesta fue
espontanea, franca y precisa:
“Al decir ‘Tomás Nativí, en las calles está el poder’ es el mejor poema revolucionario que he escrito”.
Cuatro voces dijeron presente en esta
fecha, que se conmemora a los y las estudiantes, quienes son víctimas de
la opresión de las autoridades y de la fuerza policial-militar. Pero,
en los 365 días del calendario, siempre habrá un 11 de junio de 1981
para gritar en las calles, en las paredes de esta ciudad “Tomás Nativí
¡PRESENTE!”.
Un agregado a la pinta, al poema, al recuerdo de Bertha su compañera, se une esa promesa ¡JURAMOS VENCER!
*Periodista y defensor de DDHH
HOY Y SIEMPRE
Tomás era un hombre audaz. Tenía aptitudes para tomar decisiones en momentos difíciles… un hombre exigente en la disciplina y en el estudio de los hechos; era un compañero que podía responder y confiar, haciendo sentir que las personas son importantes para avanzar en el proceso y estaba convencido que se puede construir un país con un destino mejor, mediante la formación y la disciplina.
Estas son enseñanzas imborrables que permanecen en la memoria de sus amigos y compañeras a 36 años de su desaparecimiento aquella fatídica noche del 11 de junio de 1981, en Tegucigalpa. Su obra y pensamiento perduran entre quienes lo conocieron y lo vieron destacarse como un inclaudicable dirigente popular. Tomás fue secuestrado y desaparecido junto a su compañero Fidel Martínez en la colonia El Hogar, de la capital.
Tomas nació el 6 de junio de 1947, en el hospital de la Tela Railroad Company, en la ciudad de Tela, pero fue asentado en El Progreso, Yoro, ya que su padre fue trabajador de esa compañía por más de veinticinco años en el campo bananero Los Indios, donde curso su primer grado. Compló el nivel escolar en la Escuela Pedro P. Amaya, en la ciudad de El Progreso, Yoro.
Tomás Nativí realizó sus primeros tres años de ciclo común en el colegio Melvin Jones (ya no existe), de El Progreso, durante ese tiempo trabajó en una tienda de zapatos, siendo a la vez contratado por varias escuelas para el llenado de diplomas con letra gótica, porque era excelente dibujante a pulso. En el año 1965 se trasladó a Tegucigalpa para continuar estudios en la Escuela Normal de Varones Pedro Nufio, donde se graduó de maestro de Educación Primaria en 1967.
A finales del 65 regresó a la Perla del Ulúa, de donde se trasladó a trabajar a la Finca 11, sector de Guanchías, como Timer Kipper ( tomador de tiempo) en la Compañía Agrícola y Ganadera de Sula, S.A ( CAGSSA), luego fue ascendido a Contador General y por último Administrador General de esa compañía.
En 1970 surgió un conflicto laboral entre la compañía y varios trabajadores, paralelamente se dio otro conflicto entre la misma empresa y los maestros(as) de la escuela de la finca bananera; como administrador de la empresa y personal de confianza se suponía que Tomás debía despedirlos, pero él abogó por sus colegas y se puso de su lado, enfrentándose al Consejo de Administración del complejo bananero, cuyos mayores accionistas eran miembros de la familia Echeverri, de origen colombiano, quienes optaron por despedirlos.
El hecho de haber crecido en las fincas bananeras, le permitió a Tomás conocer desigualdades e injusticias y explotación de los obreros agrícolas por parte de la compañía bananera, y a pesar que su padre era un empleado de confianza de la Tela Railroad Company, influyeron más las desigualdades que él observaba, comenzando a formarse una conciencia critica de la realidad de ese momento y de los venideros.
En 1970 se trasladó a Tegucigalpa, para iniciar estudios de medicina, los que luego cambió hacia la carrera de derecho.
En 1970 procreó 2 hijos con su primera esposa y en 1980 se casó con Berta Oliva Guifarro, con quien procreó a Tomás Alberto Nativí Oliva, quien hoy es un hombre de bien, de principios y acompañante de la lucha de su madre en el Cofadeh.
Todas las hermanas y hermanos, sobrinos y sobrinas describen al profesor Tomás como un ser amoroso, orientador, conductor, protector y excelente ejemplo de amor a sus semejantes.
Tomás, obviamente, era un luchador, un organizador revolucionario. Fundó la FESE, Federación de Estudiantes de Segunda Enseñanza a nivel de secundaria y el FES, Frente Estudiantil Socialista a nivel universitario.
Tomás perteneció al Partido Comunista de Honduras, fue miembro de su Comisión Política y Secretario de Organización. Era partidario de un movimiento amplio de masas dentro del Partido y al no poder desarrollar esa propuesta a lo interno, optó por fundar la Unión Revolucionaria del Pueblo.
A los 36 años de su secuestro y desaparecimiento, su familia aún desconoce el paradero de sus restos.
Sólo los cobardes lo saben.
Y este domingo 11 de junio, día de las y los estudiantes, se los recordamos. ¡Cobardes enmascarados, dónde ocultaron a Tomás!
Y concluimos esta recordación con las palabras de Berta Oliva, que guarda su memoria: “Tomás, el hombre revolucionario de ayer, de hoy y de siempre. El hombre que soñó con niños con techo, pan y escuela… un día tus sueños y los míos se concretizarán, pero por ahora nuestro país sigue siendo una república alquilada, una república usada”.
Tomado de Vida Laboral, edición 27
Editorial Voces Contra el Olvido sábado 10 de junio 2017
La desaparición forzada en Honduras
Por Giorgio Trucchi
KAOS EN LA RED - Publicado en: 7 junio, 2018
Cofadeh pide nuevo marco normativo y fiscalía especial
[2] Procedimiento jurídico mediante el cual cualquier ciudadano puede comparecer inmediatamente ante el juez para que este determine sobre la legalidad del arresto
Por Giorgio Trucchi | Rel-UITA
El 22 y 23 de mayo, el Comité contra las
Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas evaluó al Estado de Honduras
en el marco de su 14° período de sesiones. El Comité de Familiares de
Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) envió un amplio informe
sobre la situación que vive el pueblo hondureño y presentó una propuesta
de recomendaciones.
El período más duro en materia de la
práctica de la desaparición forzada en Honduras fue en las décadas de
los años 1980 y 1990, en el marco de la implementación de la tristemente
famosa Doctrina de la Seguridad Nacional.
Cofadeh registró 184 casos de
desaparición forzada durante este período. A éstas se deben agregar
decenas de desapariciones que nunca fueron reportadas.
“Esta cantidad de desapariciones es la
prueba irrefutable que la práctica de la desaparición forzada fue una
política de Estado durante los años ochenta”, señala el Cofadeh en su
informe[1].
Todos estos casos quedaron en total
impunidad. Solamente en cinco de los 184 casos se ejerció acción penal,
no obstante los acusados fueron dejados en libertad en condiciones poco
claras.
El estado de indefensión e impunidad fue
condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH),
que en las últimas décadas emitió tres sentencias contra el Estado de
Honduras por la práctica de la desaparición forzada. Un cuarto caso se
encuentra en proceso de ‘solución amistosa’.
Golpe de Estado 2009
Vuelve la desaparición forzada
Vuelve la desaparición forzada
El golpe de Estado, que en 2009 derrocó al entonces presidente Manuel Zelaya, generó una violación masiva de derechos humanos.
Paulatinamente, la represión pasó de ser
‘masiva y generalizada’ a ser ‘selectiva’ y dirigida en perjuicio de
personas consideradas por el gobierno de facto como desestabilizadoras
del régimen golpista.
Es en este marco de represión que el
Cofadeh coloca el resurgimiento de la desaparición forzada “como una
herramienta de control social y político, donde las víctimas se han
diversificado”.
Asimismo, denuncia que el habeas
corpus[2] sigue siendo un “instrumento ineficaz para rescatar con vida a
la víctima de la desaparición forzada”, y que el “marco jurídico
orientado a evitar este crimen, es deficiente”.
Serían 13 las personas detenidas
desaparecidas en forma forzada en los últimos años, en su mayoría
defensores de derechos humanos y miembros de la resistencia contra el
golpe.
En ninguno de estos casos se han juzgado a los responsables materiales e intelectuales.
A estos casos hay que agregar el del
joven de 23 años Manuel de Jesús Bautista Salvador, detenido y luego
desaparecido en el marco de la crisis post-electoral del año pasado.
Un nuevo marco jurídico
Ni olvido, ni perdón
Ni olvido, ni perdón
A nivel legislativo, la figura de
desaparición forzada introducida en 2012 en el sistema penal hondureño
tiene vigencia solo hacia el futuro, y no se aplica a las desapariciones
de los años ochenta, ni a las del golpe de 2009.
Además, Cofadeh observa que Honduras
sigue teniendo un marco normativo inadecuado a la protección de las
personas frente a la desaparición forzada.
“Las víctimas siguen enfrentando los mismos obstáculos como cuando no existía la normativa internacional y nacional”, advierte.
Ante esta situación, el Cofadeh presentó una propuesta de recomendaciones ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas.
En particular, demanda la aprobación de
una Ley de Víctimas que contemple una fiscalía especial encargada de
iniciar, dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones
relacionadas a la detención y desaparición forzada de personas.
La nueva ley deberá contemplar un
Sistema nacional de búsqueda de personas desaparecidas, la creación de
un banco de ADN Mitocondrial y de un programa nacional de reparaciones
integrales con garantías de no repetición.
Asimismo, la creación de un sistema de
recuperación de archivos de los centros de inteligencia y
contrainteligencia de las Fuerzas Armadas de Honduras y otras
instancias.
Finalmente, el Cofadeh recomendó la
creación inmediata del Registro Nacional de Detenidos, diseñar e
impulsar procesos educativos de recuperación de memoria histórica,
mejorar la redacción de la figura de desaparición forzada contenida en
la normativa penal y derogar las leyes de amnistía.
[1] https://bit.ly/2IJBdvk[2] Procedimiento jurídico mediante el cual cualquier ciudadano puede comparecer inmediatamente ante el juez para que este determine sobre la legalidad del arresto
Fuente: Rel-UITA
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
Detención de líder Garífuna Malvin Norales y las presiones de las ZEDE (ciudades modelo) en Puerto Castilla
La Ceiba, junio 6 de 2018.- En horas de la madrugada del día de
hoy, fue detenido el líder comunitario Malvin Norales, el que se ha
desempeñado de forma valerosa en la defensa del territorio ancestral de
la comunidad Garífuna de Puerto Castilla.
El territorio de La Puntilla, nombre con el cual se conoce al paraje donde se encuentra localizado Puerto Castilla, tiene una singular historia de despojos y represión, que se agudiza cuando el general Álvarez Martínez, pistola en mano en 1976, obligó a los miembros de la comunidad a ceder la tierra de la Puntilla a la Empresa Nacional Portuaria (EPN)
El 9 de abril de 1921 La Truxillo Railroad Company adquirió 239 hectáreas del terreno conocido como La Puntilla, perteneciente a la comunidad de Cristales y Río Negro. La compañía retornó el terreno en cuestión a la comunidad de Cristales y Río Negro en julio de 1942
El 2 de abril de 1912, Manuel Bonilla firmo el Decreto No 99, aprobando la contrata entre el Estado de Honduras y Juan Glynn, en representación de Victor Camors, el que resultó ser el representante de la Truxillo Rail Road Company. Fue hasta el mes de abril de 1921 cuando la comunidad accedió a ceder 239 hectáreas del terreno de la Puntilla, por un término de 99 años
El 17 de noviembre de 1977 se decretó la cancelación del asiento que constaba el antecedente de dominio útil a favor de la comunidad de Cristales y Río Negro, procediendo el Estado a otorgar las tierras de la Puntilla a favor de La Empresa Nacional Portuaria. Según testimonios de los habitantes de la comunidad de Cristales, el General Álvarez Martinez, obligó a la comunidad a ceder las tierras de la Puntilla en el año de 1976.
En el año de 1996 la Empresa Nacional Portuaria (ENP) supuestamente cedió cinco manzanas de tierra a la compañía INTERMARES, la que pretendió la construcción de una procesadora de harina de pescado, proyecto supuestamente apoyado por la cooperación japonesa. Ese terreno es el que actualmente figura como propiedad de Weizemblut Oliva.
Los hermanos Weisemblut Oliva, aparentemente recibieron el terreno de INTERMARES como una compensación por el pago de supuestas prestaciones adeudadas por Intermar
En mayo de 2014, la comunidad de Puerto Castilla ante el hacinamiento en que sobreviven, optaron por recupera el terreno baldío donde se encuentran los remanentes de INTERMARES. El 24 mayo de ese mismo año, elementos del Ministerio de Seguridad ejecutaron un violento desalojo en el cual se excedieron en el uso de gases lacrimógenos, hasta el punto los menores de edad tuvieron que se evacuados a una barcaza en la bahía de Trujillo.
Las presiones existentes por parte de la implementación de las ‘ciudades modelo” (ZEDE), tienen como resultado la persecución de líderes Garífunas defensores de la madre tierra. La detención sorpresiva de nuestro compañero Norales, acusado de usurpación, parecer el recrudecimiento de una campaña de intimidación dirigida a neutralizar las posibles reacciones a la implementación de las ZEDE.
Las ciudades modelo,propulsada por las administraciones Lobo-Hernández como objetivo la subasta de Honduras por retazo al capital extranjero, con el propósito de crear nuevas formas de gobernanza, destinadas al creación de estados-ciudad con independencia en materia de justicia y seguridad.
La OFRANEH exige la libertad inmediata de Malvin Norales y un cese absoluto a la criminalización de defensores del territorio ancestral Garífuna
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
El territorio de La Puntilla, nombre con el cual se conoce al paraje donde se encuentra localizado Puerto Castilla, tiene una singular historia de despojos y represión, que se agudiza cuando el general Álvarez Martínez, pistola en mano en 1976, obligó a los miembros de la comunidad a ceder la tierra de la Puntilla a la Empresa Nacional Portuaria (EPN)
El 9 de abril de 1921 La Truxillo Railroad Company adquirió 239 hectáreas del terreno conocido como La Puntilla, perteneciente a la comunidad de Cristales y Río Negro. La compañía retornó el terreno en cuestión a la comunidad de Cristales y Río Negro en julio de 1942
El 2 de abril de 1912, Manuel Bonilla firmo el Decreto No 99, aprobando la contrata entre el Estado de Honduras y Juan Glynn, en representación de Victor Camors, el que resultó ser el representante de la Truxillo Rail Road Company. Fue hasta el mes de abril de 1921 cuando la comunidad accedió a ceder 239 hectáreas del terreno de la Puntilla, por un término de 99 años
El 17 de noviembre de 1977 se decretó la cancelación del asiento que constaba el antecedente de dominio útil a favor de la comunidad de Cristales y Río Negro, procediendo el Estado a otorgar las tierras de la Puntilla a favor de La Empresa Nacional Portuaria. Según testimonios de los habitantes de la comunidad de Cristales, el General Álvarez Martinez, obligó a la comunidad a ceder las tierras de la Puntilla en el año de 1976.
En el año de 1996 la Empresa Nacional Portuaria (ENP) supuestamente cedió cinco manzanas de tierra a la compañía INTERMARES, la que pretendió la construcción de una procesadora de harina de pescado, proyecto supuestamente apoyado por la cooperación japonesa. Ese terreno es el que actualmente figura como propiedad de Weizemblut Oliva.
Los hermanos Weisemblut Oliva, aparentemente recibieron el terreno de INTERMARES como una compensación por el pago de supuestas prestaciones adeudadas por Intermar
En mayo de 2014, la comunidad de Puerto Castilla ante el hacinamiento en que sobreviven, optaron por recupera el terreno baldío donde se encuentran los remanentes de INTERMARES. El 24 mayo de ese mismo año, elementos del Ministerio de Seguridad ejecutaron un violento desalojo en el cual se excedieron en el uso de gases lacrimógenos, hasta el punto los menores de edad tuvieron que se evacuados a una barcaza en la bahía de Trujillo.
Las presiones existentes por parte de la implementación de las ‘ciudades modelo” (ZEDE), tienen como resultado la persecución de líderes Garífunas defensores de la madre tierra. La detención sorpresiva de nuestro compañero Norales, acusado de usurpación, parecer el recrudecimiento de una campaña de intimidación dirigida a neutralizar las posibles reacciones a la implementación de las ZEDE.
Las ciudades modelo,propulsada por las administraciones Lobo-Hernández como objetivo la subasta de Honduras por retazo al capital extranjero, con el propósito de crear nuevas formas de gobernanza, destinadas al creación de estados-ciudad con independencia en materia de justicia y seguridad.
La OFRANEH exige la libertad inmediata de Malvin Norales y un cese absoluto a la criminalización de defensores del territorio ancestral Garífuna
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
Yeni: otra víctima del Estado de Honduras
Su
hermana Karla Ferrera la recuerda como una joven alegre, solidaria,
amorosa y con un sentido del humor único que hacía feliz a toda su
familia. Se destacó como lideresa en todos los espacios donde estudió.
Le gustaba cantar, bailar y participar en obras de teatro. Era
Secretaria Bilingüe y trabajó por cuatro años en una agencia bancaria de
la ciudad de El Progreso, Yoro, hasta que se casó con Oscar, un
reconocido empresario, veinte años mayor que ella.
Yeni Carolina Ferrera era una joven de
34 años, quien interpuso cuatro denuncias por violencia doméstica y una
por violencia intrafamiliar en contra de su esposo Oscar Humberto
Velásquez, quien a diario la agredía y en una ocasión intentó quemarla
junto a sus pertenencias.
Las autoridades se limitaron a conciliar
la situación con el afán de evitar un divorcio, cuenta su familia. Pero
el 20 de marzo de 2016, la violencia machista alcanzó su máxima
expresión: Oscar la mató frente a su hija Luna.
“A ella primero la mató el Estado de
Honduras, incapaz de aplicar la justicia en el caso de las denuncias por
violencia doméstica”, dijo a Radio Progreso la abogada Claudia Pinto
del Foro de Mujeres por la Vida, organización que acompaña a la familia
de Yeni en la lucha por la aplicación de justicia.
En Honduras, cada mes, más de 4 mil
mujeres reportan al Servicio Nacional de Emergencia 911, situaciones de
riesgo por violencia doméstica, y al año, aproximadamente unas 20 mil
mujeres acuden al Ministerio Público a denunciar a su agresor, que en la
mayoría de los casos resulta ser el esposo.
Los datos que brindan tanto
organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales como
instituciones públicas y organizaciones de mujeres muestran la gravedad
de la situación que vive el país, donde cada 13 horas una mujer es
asesinada, y el 97 por ciento de los crímenes están en impunidad.
Karla Ferrera, hermana de Yeni, cuenta
que a pesar de las denuncias sobre violencia que interpuso, Oscar la
acosaba y chantajeaba con quitarle a sus hijas: Luna y Estrella, de 12 y
10 años de edad respectivamente.
Oscar Velásquez, es muy conocido porque
su familia además de las influencias económicas, tiene contactos con
políticos que por historia han tenido control de las instituciones
públicas, incluso con altos mandos policiales. “A ella le atormentaba la
idea de que su esposo le quitara a sus pequeñas”, dijo Karla.
Tuvieron que pasar dos años desde su
asesinato para que comenzara el juicio oral y público por el crimen de
Yeni. Las audiencias se suspendieron y reprogramaron alrededor de 6
veces en menos de tres meses, aún con la evacuación de testigos, peritos
y otros medios de prueba que demuestran la culpabilidad de Oscar, según
Carolina Sierra del Foro de Mujeres por la vida.
El 12 de junio se esperaba la sentencia,
pero una resolución de la Corte de Apelaciones, como respuesta a un
recurso de amparo, le ha dado otro giro a la historia.
El día de la sentencia
Un grupo de mujeres con pancartas en
mano llegó temprano a las instalaciones de los Juzgados progreseños,
para escuchar la sentencia que vendría a dar un poco de tranquilidad a
la familia de Yeni, y convertirse en un arrebato de justicia en un país
donde 9 de cada 10 crímenes en contra de mujeres queda en completa
impunidad.
Una vez dentro de la sala de juicios
orales, las mujeres- la mayoría de ellas sobrevivientes de la violencia
machista- se miraban y planeaban cómo iba ser la celebración del momento
cuando el juez del Tribunal de Sentencia, Carlos Sierra, declarara a
Oscar culpable. Sin embargo, el juez comenzó dando lectura a una
resolución de la Corte de Apelaciones que, en tiempo récord, se
pronunció sobre un recurso de amparo a favor de Oscar.
“El tribunal no pudo pronunciar el fallo
para el que estábamos citados porque la defensa del acusado presentó un
recurso de amparo, el 14 de mayo, contra una resolución del Tribunal
con fecha 18 de abril de 2018, bajo unos argumentos falsos”, aseguró el
abogado acusador Omar Menjivar, argumentando que la defensa de Oscar
busca dilatar el proceso para agotar la medida de prisión preventiva y
poderse defender en libertad.
Ante esta situación, las acciones de
lucha para lograr aplicar la justicia en el caso de Yeni continúan por
parte de la familia y el Foro de Mujeres por la Vida. Mediante
conferencia de prensa se anunció que exigirán a la Corte se pronuncie
pronto para conocer la sentencia, de lo contrario comenzarán a arañar la
justicia en cortes internacionales.
Fallece Elder Madrid: Un torturador menos, un caso en la impunidad más
Tegucigalpa, Honduras.-
Para las víctimas de violaciones a derechos humanos permitidas por el
general en retiro de la Policía Nacional de Honduras, Elder Madrid
Guerra, su muerte causa sentimientos encontrados, pues hay un torturador
menos, pero se fue en la impunidad al ser beneficiado por el sistema
judicial.
Hoy se informó sobre la muerte de Elder
Madrid, tras padecer una enfermedad, por lo que estuvo interno dos meses
en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), en Tegucigalpa,
misma ciudad que fue testigo cuando el comando COBRAS, capturó, golpeó y
torturó a 24 personas, entre ellas mujeres, menores de edad y adultos
mayores, hace nueve años.
Las secuelas de las arbitrarias acciones
durante el golpe de Estado del 2009 no cierran, pues para ello sería
necesario el acceso a la justicia, el derecho a la verdad, además la no
repetición, y esto es lo que buscan esas 24 personas, víctimas del hoy
occiso.
Al comisionado Elder Madrid Guerra, se
le llevó a los tribunales de Justicia por permitir violaciones a
defensores de derechos humanos, comunicadores sociales, y transeúntes el
12 de agosto del 2009, en las calles cercanas al Congreso Nacional,
después de una movilización del Frente de Resistencia Popular.
Para ese entonces, Madrid Guerra era
jefe del comando Cobras, y pudiendo detener las agresiones, más bien
ocultó información sobre los hechos contra los 24, que después de
tenerlos en el sótano del hemiciclo legislativo, fueron trasladados
ilegalmente a ese cuartel en la colonia 21 de octubre de Tegucigalpa,
esa misma noche.
El Comité de Familiares de Detenidos
Desaparecidos en Honduras (COFADEH), inmediatamente acompañó a las
víctimas que fueron procesadas -supuestamente- por causar daños en
perjuicio del Estado, portación ilegal de armas, entre otros; y debieron
asistir a firmar a los juzgados competentes, logrando su libertad, para
luego proceder a denunciar a Elder Madrid y otros policías implicados
en las torturas, vejámenes y detención ilegal.
Entre las víctimas está la defensora de
derechos humanos, Alba Ochoa, quien a este momento ya se comunicó con
otros integrantes del grupo, y comparten que la muerte Madrid es una
situación de sentimientos encontrados, es un torturador menos, pero no
se hizo justicia.
¡Cuántas personas asesinadas, viudas, huérfanos! Exclamó al referirse, que muchas de estas fueron a causa de las órdenes del alto mando policial.Otra injusticia, a consideración de Ochoa, es que murió plácidamente en su cama de hospital, cuando él no le dio oportunidad de luchar por su vida a otras, si no que se las quitó.
“Se hizo justicia divina, aunque él se
burló de la justicia hondureña”, agregó la documentalista, que ese 12 de
agosto cubría la movilización contra el golpe de Estado, su cámara fue
destruida y ella apresada. En el proceso judicial contra Madrid, Alba
recordó que los Tribunales de Justicia le dieron dos sobreseimientos, y
después la Policía Nacional lo ascendió a Comisionado General en el año
2015, al año siguiente los suspendieron de sus labores supuestamente por
una restructuración policial.
“Ni a la madre respetó, para un día de
la madre le envió un ataúd, le dijo <<esto es lo único que te
espera>> a la hermana la metió presa, estaban peleando una
herencia; si no respetó ni a su familia ¿Cómo iba a respetar al
pueblo?”, reiteró Alba Ochoa, a www.defensoresenliena.com.
Hoy se marca una fecha, hemos visto que
se va un torturador, a su vez seguimos viendo cómo avanza la impunidad,
se sigue violando los derechos humanos, la justicia castiga a las
víctimas y el Estado premia a los victimarios, expresó Alba Leticia
Ochoa Camacho, a nombre del grupo conformado por: Gerardo Arturo Flores
Valeriano, Mabel Carolina López, Nelson Gustavo Rivera López, José
Natividad Pérez Lorenzo, Oscar Manuel Murillo, Santos Ricardo Peña
Pavón, Darwin Isaac Amaya Alvarado, Sergio Raúl Jerezano, Darwin Said
Hernández Carbajal, Oslin George Cantillano, Rosario Vásquez, Emerson
Rosicler Barahona y Daniel Ángel Cárcamo Sánchez y otras nueve personas
más, sumando en total 24 personas.
Procesos pendientes contra policías torturadores 
El
COFADEH, junto a las víctimas, inició un proceso legal contra Madrid
Guerra, el comisionado de policía José Ventura Flores Maradiaga, Carlos
Isaac Polanco Padilla, Estela Esperanza Ramos Sánchez, Juana María
Alvarado Barahona y Suyapa María Elvir Escalante, al que se le da
largas, denunciaron las víctimas, lo que denota una falta de seriedad en
el ejercicio de los deberes de los funcionarios públicos, que se
muestran parcializados.
Pero en audiencia Inicial celebrada en
el año 2010, el apoderado legal de Madrid Guerra planteó una nulidad en
la cual la jueza que conocía esa causa, la declaró sin lugar, por lo
tanto él interpuso un Recurso de Apelación en conjunto con los abogados
de los otros coimputados. La Corte Suprema de Justicia, CSJ, declaró con
lugar parcialmente el Recurso de Apelación, indicando que el caso de
Madrid Guerra existía un doble juzgamiento y lo apartó del proceso penal
incoado en aquel momento.
Foto: El Nuevo Diario
El nuevo Código Penal no está en vigencia pero se está aplicando
artículo que criminaliza la protesta social, lo que deja evidenciado que
la disidencia política se le ataca desde el Estado de Honduras con
balas, palos y leyes lesivas a los derechos humanos.
El Artículo 335-A que castiga la protesta social y que se encuentra
tipificado como un delito de terrorismo en el Código Penal de Honduras,
recién aprobado por los parlamentarios, se mantiene igual y el mismo no
está derogado aclaran diputados del Congreso Nacional.
El Artículo 335-A. señala que “Se deben aplicar las penas contempladas en el Artículo precedente a quien o a quienes como integrante de grupos de asociación ilícita de cualquier tipo, busque o busquen suplantar el ejercicio de las potestades de la autoridad pública, tales como, el control territorial, así como el uso legítimo de la fuerza por parte de las diferentes instituciones de Justicia y Seguridad, aterrorizando, poniendo en grave riesgo o afectando de forma sistemática y general los derechos fundamentales de la población o parte de ella, la seguridad interna del Estado o la estabilidad económica del país”.
Se mantiene igual
El diputado del Congreso Nacional por el Partido Nacional, abogado Oswaldo Ramos Soto indicó que el Artículo 335-A del Código Penal no ha sido derogado por el parlamento hondureño y el mismo será aplicado tal y como está establecido en la Ley.
“Lo que se derogó fue el 335-B, o sea la apología, el 335-A sigue vigente”, apuntó.
Sobre la tipificación que tendrá la protesta pública como delito de terrorismo, el legislador dijo que “mientras así se valore, así se castiga, pero yo quisiera consultar con los penalistas del Congreso, para ver qué me dicen, y yo le hablaría más tarde”.
En cuanto a los presos políticos que están en la cárcel de La Tolva en Danlí y otros en El Pozo, ambas de máxima seguridad, que pudieron haber sido acusados de terroristas, aplicándoles el artículo 335-A, Soto señaló que “yo de eso no le puedo contestar porque tendríamos que verlo y yo lo ignoro y no me gusta emitir criterios axiológicos de temas que ignoro. Lo que sí le puedo decir con certeza es que se derogó el 335-B, eso sí verdad, y sobre el 335-A, si no se derogó sigue vigente” concluyó.
Se pidió que se derogara
Al consultarle a la diputada Doris Gutiérrez, del Partido Innovación y Unidad (PINU), la parlamentaria indicó que aunque se pidió que se derogara, el mismo todavía se mantiene vigente.
“El Artículo 335-A del Código Penal, ese artículo no está derogado, el único que se derogó es el Artículo 335-B del Código Penal que tenía que ver con la Libertad de Expresión, pero el 335-A no se ha derogado y por esa razón hay compañeros presos en el Pozo, una cárcel de máxima seguridad en el país, porque participaron en la protesta”, indicó.
Gutiérrez destacó que “la criminalización de la lucha social se mantiene vigente en el Código Penal, a través de actos de represión, inclusive se les puede acusar de terroristas”, a todos aquellos que realicen protestas en las calles.
La parlamentaria explicó que todo acto que atente contra el Estado, tal y como lo especifica el Artículo 335 del Código Penal, será considerado como un acto terrorista, sin embargo, el Artículo 335-A queda enmarcado dentro de ese contexto y allí se ubica la lucha social que realizan en la calle diferentes organizaciones, estudiantes o personas indignadas con el Estado.
Para aclarar un poco sobre cómo quedaría tipificado el delito de la protesta pública, el Artículo 335 del Código Penal, referente al Delito de Terrorismo, señala que “Comete el delito de terrorismo:Artículo 335. Quien, realice cualquier acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves, incendios u otros estragos contra un ciudadano civil o su propiedad o contra cualquier otra persona que no participe directamente en las hostilidades en una situación de conflicto armado, cuando el propósito de dicho acto o evento por su naturaleza o contexto, sea el de intimidar o causar estado de terror en la población o, de obligar a un Gobierno o una organización internacional a realizar o abstenerse a realizar cualquier acto”.
Al consultarle a Gutiérrez si a partir de ahora la protesta seguirá criminalizada , la diputada expresó que “todo eso nosotros lo denunciamos, eso es parte de un Gobierno dictador, de un Gobierno represivo, un Gobierno que violenta el Artículo 3 de la Constitución de la República”.
Para la parlamentaria, “ese artículo 335 del Código Penal es inconstitucional y ya nosotros presentamos una propuesta para que se derogara de la ley, así mismo el 335-A y el 335-B, lo presentó el Partido Libertad y Refundación y lo presentamos nosotros como PINU, también el Partido Liberal y el mismo no ha sido derogado”, recalcó.
Por su parte, el diputado Rony Martínez, del Partido Libertad y Refundación, (Libre), señaló que lo único que se ha establecido en el seno del Congreso Nacional es la derogación del Artículo 335-B del Código Penal, sin embargo queda pendiente el Artículo 335-A del Código Penal que sanciona la protesta.
“El 335-A cataloga como terrorismo las manifestaciones públicas, supuestamente estos artículos quedaron derogados en el nuevo Código Penal, el cual ya se aprobó y va a entrar en vigencia en los próximos meses, sin embargo, de no ser así y si el 335-A se mantiene, como diputados nos tocaría presentar nuevamente una moción para que se derogen estos artículos o se reformen, para dejar claro que la protesta social no es un delito de terrorismo”.
Martínez destacó que como diputados no habían reparado en que a los manifestantes que protestaron en las calles porque exigen un Estado de Derecho, se les había aplicado el Artículo 335-A y ahora están presos en el Pozo.
“En este momento es preciso que ahondemos en este tema y una vez que regresemos de las vacaciones parlamentarias, vamos a trabajar en ese sentido”, concluyó el parlamentario al hacer referencia a los artículos que se deberán derogar el Código Penal.
Sigue vigente
Por su parte, Juan Barahona, diputado del Partido Libertad y Refundación, (Libre), afirmó que el Artículo 235-A del Código Penal continúa vigente, por lo cual la protesta social seguirá siendo catalogada como un delito de terrorismo en el país.
“Fue derogado en su inciso b, que era la ley mordaza para los periodistas, pero el 335-A continúa vigente, eso quiere decir que la protesta social sigue penalizada como un delito de terrorismo”, destacó.
Para Barahona, el Artículo 335-A “es una ley mordaza, porque la Constitución de la República faculta la libre movilización y la protesta, es una violación a los derechos humanos, a los derechos individuales y colectivos de las personas.“Hemos pedido varias veces que se deroge ese artículo, pero no se oye”, afirmó.
“Por la aplicación de ese artículo hay 5 presos políticos todavía, estos compañeros han sido procesados y vamos a seguir luchando por liberarlos y en algún momento vamos a derogar ese artículo y cuando los cachurecos no tengan esa aplanadora de hoy, a esos 67 votos, que es de donde toman las decisiones, 61 cachurecos, 4 de la Alianza Patriótica, 1 de la UD y 1 de la DC y con eso están haciendo todas las picardías en contra de este pueblo”, destacó.
Según el parlamentario Barahona, no existe explicación del por qué están presas varias personas por el derecho a protestar, si el nuevo Código entra en vigencia hasta el otro año y en el actual no está tipificado ese delito.
“Están presos porque el Gobierno así lo quiere, ellos tienen la Corte, la Policía, El Congreso, las Fuerzas Armadas, todo el Ejecutivo y además tienen la Fiscalía y esos procesos son ilegales e injustos”, concluyó.
En un comunicado que emitió la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA), se menciona una célula terrorista o Comandos de Insurrección. Dicho comunico señala de manera disfrazada, relacionando las protestas de los movimientos populares o de la Sociedad Civil en las calles y señala que con instrucciones del jefe de FUSINA para mantenerse alertas por atentados que se realizarán en Choluteca, Choloma y Tegucigalpa contra negocios, entre ellos gasolineras.
Este es el comunicado emitido por FUSINA donde alerta a los comandantes de las regiones para que estén pendientes de atentados que se llevarán a cabo en negocios de Choloma, Choluteca y Tegucigalpa, por lo que denominaron células terroristas, pero que se refiere a los comandos insurreccionales de los cuales ha venido hablando el partido LIBRE.
El Artículo 335-A. señala que “Se deben aplicar las penas contempladas en el Artículo precedente a quien o a quienes como integrante de grupos de asociación ilícita de cualquier tipo, busque o busquen suplantar el ejercicio de las potestades de la autoridad pública, tales como, el control territorial, así como el uso legítimo de la fuerza por parte de las diferentes instituciones de Justicia y Seguridad, aterrorizando, poniendo en grave riesgo o afectando de forma sistemática y general los derechos fundamentales de la población o parte de ella, la seguridad interna del Estado o la estabilidad económica del país”.
Se mantiene igual
El diputado del Congreso Nacional por el Partido Nacional, abogado Oswaldo Ramos Soto indicó que el Artículo 335-A del Código Penal no ha sido derogado por el parlamento hondureño y el mismo será aplicado tal y como está establecido en la Ley.
“Lo que se derogó fue el 335-B, o sea la apología, el 335-A sigue vigente”, apuntó.
Sobre la tipificación que tendrá la protesta pública como delito de terrorismo, el legislador dijo que “mientras así se valore, así se castiga, pero yo quisiera consultar con los penalistas del Congreso, para ver qué me dicen, y yo le hablaría más tarde”.
En cuanto a los presos políticos que están en la cárcel de La Tolva en Danlí y otros en El Pozo, ambas de máxima seguridad, que pudieron haber sido acusados de terroristas, aplicándoles el artículo 335-A, Soto señaló que “yo de eso no le puedo contestar porque tendríamos que verlo y yo lo ignoro y no me gusta emitir criterios axiológicos de temas que ignoro. Lo que sí le puedo decir con certeza es que se derogó el 335-B, eso sí verdad, y sobre el 335-A, si no se derogó sigue vigente” concluyó.
Se pidió que se derogara
Al consultarle a la diputada Doris Gutiérrez, del Partido Innovación y Unidad (PINU), la parlamentaria indicó que aunque se pidió que se derogara, el mismo todavía se mantiene vigente.
“El Artículo 335-A del Código Penal, ese artículo no está derogado, el único que se derogó es el Artículo 335-B del Código Penal que tenía que ver con la Libertad de Expresión, pero el 335-A no se ha derogado y por esa razón hay compañeros presos en el Pozo, una cárcel de máxima seguridad en el país, porque participaron en la protesta”, indicó.
Gutiérrez destacó que “la criminalización de la lucha social se mantiene vigente en el Código Penal, a través de actos de represión, inclusive se les puede acusar de terroristas”, a todos aquellos que realicen protestas en las calles.
La parlamentaria explicó que todo acto que atente contra el Estado, tal y como lo especifica el Artículo 335 del Código Penal, será considerado como un acto terrorista, sin embargo, el Artículo 335-A queda enmarcado dentro de ese contexto y allí se ubica la lucha social que realizan en la calle diferentes organizaciones, estudiantes o personas indignadas con el Estado.
Para aclarar un poco sobre cómo quedaría tipificado el delito de la protesta pública, el Artículo 335 del Código Penal, referente al Delito de Terrorismo, señala que “Comete el delito de terrorismo:Artículo 335. Quien, realice cualquier acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves, incendios u otros estragos contra un ciudadano civil o su propiedad o contra cualquier otra persona que no participe directamente en las hostilidades en una situación de conflicto armado, cuando el propósito de dicho acto o evento por su naturaleza o contexto, sea el de intimidar o causar estado de terror en la población o, de obligar a un Gobierno o una organización internacional a realizar o abstenerse a realizar cualquier acto”.
Al consultarle a Gutiérrez si a partir de ahora la protesta seguirá criminalizada , la diputada expresó que “todo eso nosotros lo denunciamos, eso es parte de un Gobierno dictador, de un Gobierno represivo, un Gobierno que violenta el Artículo 3 de la Constitución de la República”.
Para la parlamentaria, “ese artículo 335 del Código Penal es inconstitucional y ya nosotros presentamos una propuesta para que se derogara de la ley, así mismo el 335-A y el 335-B, lo presentó el Partido Libertad y Refundación y lo presentamos nosotros como PINU, también el Partido Liberal y el mismo no ha sido derogado”, recalcó.
Por su parte, el diputado Rony Martínez, del Partido Libertad y Refundación, (Libre), señaló que lo único que se ha establecido en el seno del Congreso Nacional es la derogación del Artículo 335-B del Código Penal, sin embargo queda pendiente el Artículo 335-A del Código Penal que sanciona la protesta.
“El 335-A cataloga como terrorismo las manifestaciones públicas, supuestamente estos artículos quedaron derogados en el nuevo Código Penal, el cual ya se aprobó y va a entrar en vigencia en los próximos meses, sin embargo, de no ser así y si el 335-A se mantiene, como diputados nos tocaría presentar nuevamente una moción para que se derogen estos artículos o se reformen, para dejar claro que la protesta social no es un delito de terrorismo”.
Martínez destacó que como diputados no habían reparado en que a los manifestantes que protestaron en las calles porque exigen un Estado de Derecho, se les había aplicado el Artículo 335-A y ahora están presos en el Pozo.
“En este momento es preciso que ahondemos en este tema y una vez que regresemos de las vacaciones parlamentarias, vamos a trabajar en ese sentido”, concluyó el parlamentario al hacer referencia a los artículos que se deberán derogar el Código Penal.
Sigue vigente
Por su parte, Juan Barahona, diputado del Partido Libertad y Refundación, (Libre), afirmó que el Artículo 235-A del Código Penal continúa vigente, por lo cual la protesta social seguirá siendo catalogada como un delito de terrorismo en el país.
“Fue derogado en su inciso b, que era la ley mordaza para los periodistas, pero el 335-A continúa vigente, eso quiere decir que la protesta social sigue penalizada como un delito de terrorismo”, destacó.
Para Barahona, el Artículo 335-A “es una ley mordaza, porque la Constitución de la República faculta la libre movilización y la protesta, es una violación a los derechos humanos, a los derechos individuales y colectivos de las personas.“Hemos pedido varias veces que se deroge ese artículo, pero no se oye”, afirmó.
“Por la aplicación de ese artículo hay 5 presos políticos todavía, estos compañeros han sido procesados y vamos a seguir luchando por liberarlos y en algún momento vamos a derogar ese artículo y cuando los cachurecos no tengan esa aplanadora de hoy, a esos 67 votos, que es de donde toman las decisiones, 61 cachurecos, 4 de la Alianza Patriótica, 1 de la UD y 1 de la DC y con eso están haciendo todas las picardías en contra de este pueblo”, destacó.
Según el parlamentario Barahona, no existe explicación del por qué están presas varias personas por el derecho a protestar, si el nuevo Código entra en vigencia hasta el otro año y en el actual no está tipificado ese delito.
“Están presos porque el Gobierno así lo quiere, ellos tienen la Corte, la Policía, El Congreso, las Fuerzas Armadas, todo el Ejecutivo y además tienen la Fiscalía y esos procesos son ilegales e injustos”, concluyó.
En un comunicado que emitió la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA), se menciona una célula terrorista o Comandos de Insurrección. Dicho comunico señala de manera disfrazada, relacionando las protestas de los movimientos populares o de la Sociedad Civil en las calles y señala que con instrucciones del jefe de FUSINA para mantenerse alertas por atentados que se realizarán en Choluteca, Choloma y Tegucigalpa contra negocios, entre ellos gasolineras.
Este es el comunicado emitido por FUSINA donde alerta a los comandantes de las regiones para que estén pendientes de atentados que se llevarán a cabo en negocios de Choloma, Choluteca y Tegucigalpa, por lo que denominaron células terroristas, pero que se refiere a los comandos insurreccionales de los cuales ha venido hablando el partido LIBRE.
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Con la participación de expertos nacionales e internacionales y la
presencia de defensores y defensoras del ambiente y la tierra de la
zona sur, occidente, Valle de Sula y Valle del Aguán, se llevó a cabo en
Tegucigalpa el Foro Internacional: “Defensa de la Madre Tierra:
Resistencias y Esperanzas”, este 05 de junio de 2018.
El evento se desarrolló en el marco del cierre del proyecto
“Defendiendo a quienes defienden la Madre Tierra”, a través de la
Fundación San Alonso Rodríguez, el Centro de Derechos de Mujeres (CDM), y
el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, ERIC.
En varios paneles se analizó el derecho a la consulta frente al modelo extractivista; la protección y acceso a la justicia frente al riesgo y la criminalización de quienes defienden el territorio y los bienes naturales; la resistencia de las mujeres en la defensa de los territorios y bienes naturales; y los retos y desafíos en casos emblemáticos de defensa de territorios y bienes comunes.
Al cierre del proyecto se dejó en claro que el modelo de desarrollo basado en el extractivismo y el concesionamiento del territorio y los bienes naturales sin respeto a la dignidad humana, significa para las comunidades, la desterritorialización, despojo, ausencia de consulta, expropiación, represión, criminalización y muerte.
El proyecto también impulsó la campaña “Defender sin Miedos”, tu vida, la mía, nuestra casa común. Iniciativa que se posicionó en la opinión pública sobre la labor de los defensores y defensoras de la Madre Tierra, en un contexto de criminalización; pues solo en la última década, la organización británica Global Witness registró en sus informes el asesinato de más de 120 defensores y defensoras del medio ambiente.
Para los organizadores del evento el proyecto contribuyó a evidenciar, sensibilizar y promocionar la importancia del derecho a defender derechos humanos, especialmente los derechos de los bienes comunes de la naturaleza.
Alcances
La representante de Diaconía, Reina Rivera, dio un panorama completo de las actividades de cierre del proyecto y los alcances durante el foro, donde se escucharon a los sectores representados, sus experiencias y sobre todo las dificultades a las que se enfrentan en la defensa de la tierra y el medioambiente.
“Es un foro, después de tres años de trabajar en varias regiones del país, principalmente en el Litoral Atlántico, trabajando con defensores y defensoras campesinas, pueblos indígenas, con comunidades afectadas por proyectos extractivos, organizaciones no gubernamentales y derechos humanos en esos territorios, nos hemos juntado para hablar de esos desafíos”, apuntó Rivera.
Explicó que en la jornada se analizó “por un lado el modelo extractivista, por otro lado, la protección de quienes defienden los derechos ambientales, del planeta, el cual es de todos y todas”.
Rivera es del criterio de que el planeta que “cada vez más lo estamos deteriorando, cada vez más lo sentimos como un efecto de cambio climático”.
Explicó que “gran parte de estos proyectos extractivistas se realizan sin consulta previa, sin cumplir normas ambientales ni respetuosas del medio ambiente y esos proyectos están afectando la vida de las comunidades, dejándolas sin agua, afectando sus bosques, especies que están en peligro de extinción, entre otros problemas”.
Rivera dijo que “el foro pretendía discutir dos cosas, la necesidad de protección de los defensores y defensoras ambientales y lo otro el desafío que tenemos en la protección climática y ambiental del país”.
Representación de varias partes del país
Al evento asistieron defensores y defensoras de la zona Norte, principalmente del Bajo Aguán, zona Sur donde se registran situaciones que se presentan como consecuencia de los proyectos de energía fotovoltaica y de las Ciudades Modelo y que están afectando territorios. Además se escucharon los problemas de otras comunidades en el foro.
También llegaron representantes de varias dependencias del Estado y los participantes aprovecharon para reclamar la obligación que éste tiene en proteger a quienes defienden y protegen la Madre Tierra y los derechos de otros, además elevaron la necesidad de que hay personas amenazadas y la obligación es protegerlos.
El evento se realizó en el Día Mundial del Medio Ambiente, precisamente para demostrar que la defensa del mismo ha costado vidas y para ello se diseñó un estrado en donde se mostraron las pinturas de tres defensores emblemáticos del país, asesinados por su trabajo en la defensa y protección del medioambiente y sus territorios: Margarita Murillo, quien fue una defensora campesina; Berta Cáceres, una defensora indígena frente a proyectos hidroeléctricos y Carlos Escaleras, asesinado por hacer frente al monocultivo de los proyectos de palma africana y denunció la contaminación que existía en los ríos, en las fuentes de agua por el uso de agroquímicos.
En el caso de Carlos Escaleras, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho recomendaciones debido a que el Estado de Honduras obtuvo una resolución en su contra por el asesinato del defensor.
En varios paneles se analizó el derecho a la consulta frente al modelo extractivista; la protección y acceso a la justicia frente al riesgo y la criminalización de quienes defienden el territorio y los bienes naturales; la resistencia de las mujeres en la defensa de los territorios y bienes naturales; y los retos y desafíos en casos emblemáticos de defensa de territorios y bienes comunes.
Al cierre del proyecto se dejó en claro que el modelo de desarrollo basado en el extractivismo y el concesionamiento del territorio y los bienes naturales sin respeto a la dignidad humana, significa para las comunidades, la desterritorialización, despojo, ausencia de consulta, expropiación, represión, criminalización y muerte.
El proyecto también impulsó la campaña “Defender sin Miedos”, tu vida, la mía, nuestra casa común. Iniciativa que se posicionó en la opinión pública sobre la labor de los defensores y defensoras de la Madre Tierra, en un contexto de criminalización; pues solo en la última década, la organización británica Global Witness registró en sus informes el asesinato de más de 120 defensores y defensoras del medio ambiente.
Para los organizadores del evento el proyecto contribuyó a evidenciar, sensibilizar y promocionar la importancia del derecho a defender derechos humanos, especialmente los derechos de los bienes comunes de la naturaleza.
Alcances
La representante de Diaconía, Reina Rivera, dio un panorama completo de las actividades de cierre del proyecto y los alcances durante el foro, donde se escucharon a los sectores representados, sus experiencias y sobre todo las dificultades a las que se enfrentan en la defensa de la tierra y el medioambiente.
“Es un foro, después de tres años de trabajar en varias regiones del país, principalmente en el Litoral Atlántico, trabajando con defensores y defensoras campesinas, pueblos indígenas, con comunidades afectadas por proyectos extractivos, organizaciones no gubernamentales y derechos humanos en esos territorios, nos hemos juntado para hablar de esos desafíos”, apuntó Rivera.
Explicó que en la jornada se analizó “por un lado el modelo extractivista, por otro lado, la protección de quienes defienden los derechos ambientales, del planeta, el cual es de todos y todas”.
Rivera es del criterio de que el planeta que “cada vez más lo estamos deteriorando, cada vez más lo sentimos como un efecto de cambio climático”.
Explicó que “gran parte de estos proyectos extractivistas se realizan sin consulta previa, sin cumplir normas ambientales ni respetuosas del medio ambiente y esos proyectos están afectando la vida de las comunidades, dejándolas sin agua, afectando sus bosques, especies que están en peligro de extinción, entre otros problemas”.
Rivera dijo que “el foro pretendía discutir dos cosas, la necesidad de protección de los defensores y defensoras ambientales y lo otro el desafío que tenemos en la protección climática y ambiental del país”.
Representación de varias partes del país
Al evento asistieron defensores y defensoras de la zona Norte, principalmente del Bajo Aguán, zona Sur donde se registran situaciones que se presentan como consecuencia de los proyectos de energía fotovoltaica y de las Ciudades Modelo y que están afectando territorios. Además se escucharon los problemas de otras comunidades en el foro.
También llegaron representantes de varias dependencias del Estado y los participantes aprovecharon para reclamar la obligación que éste tiene en proteger a quienes defienden y protegen la Madre Tierra y los derechos de otros, además elevaron la necesidad de que hay personas amenazadas y la obligación es protegerlos.
El evento se realizó en el Día Mundial del Medio Ambiente, precisamente para demostrar que la defensa del mismo ha costado vidas y para ello se diseñó un estrado en donde se mostraron las pinturas de tres defensores emblemáticos del país, asesinados por su trabajo en la defensa y protección del medioambiente y sus territorios: Margarita Murillo, quien fue una defensora campesina; Berta Cáceres, una defensora indígena frente a proyectos hidroeléctricos y Carlos Escaleras, asesinado por hacer frente al monocultivo de los proyectos de palma africana y denunció la contaminación que existía en los ríos, en las fuentes de agua por el uso de agroquímicos.
En el caso de Carlos Escaleras, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho recomendaciones debido a que el Estado de Honduras obtuvo una resolución en su contra por el asesinato del defensor.
“CASO 'PANDORA' SÓLO IMPLICA ADMINISTRACIÓN DE ELVIN SANTOS": PARTIDO LIBERAL
El
presidente del Partido Liberal, Luis Zelaya, advirtió a los que algún
día se acobijaron en esta institución política y hoy se mofan y
cuestionan la lucha de los “colorados” por depurar su partido. Asimismo
dijo que la relación al caso “Pandora”, solo implica la administración
del actual diputado y jefe de bancada, Elvin Santos.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El
Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), se reunió este
jueves para tratar el tema del Caso “Pandora”, donde se denuncia que
este instituto político se benefició con 99 millones de lempiras,
extraídos de la Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG).
El
presidente de los Liberales, Luis Zelaya, afirmó que él solo defenderá
los intereses del partido y no los particulares y que aquellos que en el
pasado hayan tenido acuerdos con esa institución y ahora lo critican,
“tengan cuidado, porque esto apenas comienza”.
Zelaya
reiteró que “no estoy eludiendo la responsabilidad, acá doy el pecho
por el Partido Liberal, no voy a defender a personas, pero sí voy a dar
la cara por el partido. Cada quien es responsable de sus actos en la
gestión que le corresponda”.
El
referente de los “colorados”, recalcó que es el responsable de la
administración que inició el 7 de mayo cuando él fue declarado ganador
de la candidatura presidencial. “Esos acuerdos se hacían antes, pero
desde el 7 de mayo de 2017 para acá es otro tiempo para el Partido
Liberal, le digo a los que aprovechan el tiempo para criticar que tengan
cuidado, esto apenas comienza, hoy es el primer partido del mundial
(Rusia 2018), falta mucho”.
Agregó
que esto no le pondrá una lápida a su partido, ya que ha tomado la
vinculación del caso como una oportunidad de purificar de una vez por
todas, esa organización y a su vez causara el resurgimiento del
“sentimiento” rojo-blanco-rojo, colores insignes de la bandera liberal.
Además,
mencionó que iban a colaborar por obligación con las investigaciones,
para demostrar que este es un nuevo Partido Liberal. “Antes se hacían
muchas cosas en el partido y en el país, esa es nuestra lucha, la lucha
no terminó el 26 de noviembre, al contrario, empezó porque queremos
cambiar el partido y el país”.
Por
otro lado, informó que la relación al caso, solo implica la
administración del actual jefe de bancada en el Congreso, Elvin Santos,
acusado junto a su padre, del delito de lavado de activos en perjuicio
del Estado.
Prohibido olvidar
Por: Oscar Miguel Marroquín
Cuando
vemos que Elvin Santos miembro y dirigente del Partido Liberal aparece
en la lista de corruptos mencionados por la MACCIH, no nos queda otra
alternativa que es la de recordar que fue este partido político
precisamente el que sumió a Honduras en esta crisis política, que por
demás está decirlo, no tiene fin.
Todos
y todas tenemos prohibido olvidar aquel golpe de Estado del 28 de junio
contra un presidente legalmente elegido por el pueblo, debemos recordar
también como por órdenes directas del Partido Liberal el ejército
asesinó a muchos ciudadanos hondureños, por el solo hecho de exigir se
devolviera la presidencia a su legítimo dueño José Manuel Zelaya.
Esto,
absolutamente todo esto nos obliga a decirle al señor Luis Zelaya que
su partido no solamente está involucrado en actos de corrupción, lo está
también en actos de crímenes contra la humanidad, que es mucho más
grave aún.
El
partido Liberal cogobernó con el Partido Nacional en los primeros
cuatro años del gobierno de Juan Orlando Hernández, y eso lo sabe de
sobra el señor Luis Zelaya, como también sabrá de sobra lo que Erick
Rodríguez esconde con respecto al FRAUDE ELECTORAL recién pasado, y por
el cual medio centenar de ciudadanos hondureños han sido asesinados a
manos del ejército hondureño y por orden expresa de Juan Orlando
Hernández.
El
dirigente Elvin Santos es solo una pequeña muestra de la podredumbre
existente dentro del Partido Liberal, a mi juicio, el señor Luis Zelaya
no debería estarse rasgando las vestiduras de esta manera, más bien si
tuviera un tanto de honor debería pedir públicamente PERDÓN al pueblo
hondureño por todos los crímenes cometidos.
Pedir
PERDON por haber co-gobernado con un partido político lleno de
narcotraficantes, corruptos y criminales, esa quizá sería una respuesta
coherente, más que estar intentando justificar que él es un punto y
aparte de todo lo antes ocurrido a su llegada como dirigente del Partido
Liberal.
El
dolor que tanto el Partido Nacional como el Liberal le han causado al
pueblo hondureño es indescriptible, de esto dan cuenta periódicos de
todas partes del planeta, no es entonces un puro invento o capricho de
quien suscribe este artículo.
Los
que recordamos todas estas atrocidades contra la humanidad de los
hondureños, somos quizá una forma de interpelación para quienes dieron
la orden directa de asesinar o cometer actos de corrupción como lo
esclarecido por la MACCIH hace tan solo unos días atrás con relación al
Elvin Santos y otros abominables personajes de la vida política.
El pueblo señor Luis Zelaya, tiene prohibido olvidar todas estas atrocidades.
HONDURAS: ALGUNOS MISTERIOS DE LA POLÍTICA, EN SON DE SÚPLICA
En
Honduras la Relataría de los DDHH de la ONU certifica que son la
policía civil y militar de JOH y su aparato judicial quienes violan
derechos y abonan a la violencia con que en 2017 descendemos 12 peldaños
al sitial 118 del Índice de Paz entre 160 países. ¿Qué aún nos queda mucho por hacer, se excusan? ¡Eso sí que se entiende! ¡Nos queda superar a 118!
Rodolfo Pastor Fasquelle
A mis amigos de allá
EL LIBERTADOR
No
me tomen demasiado en serio. Vivo en el monte. Lejos de la corte y de
la catacumba. No estoy mejor informado que Uds. ni soy de fiar. De
repente, sé más acerca de otros siglos de lo que entiendo de este, más
sobre la leche y mis cultivos de yerbas y árboles, digo, que de
política, de la cual estoy, por decisión de los capos. (Casi nunca veo
un tele noticiero, no tengo aguante ni cable para ver los
independientes.) Aun así sigo siendo un observador de la escena, porque
entiendo la importancia de lo político. A veces –incluso– leo el
periódico, que tanto desinforma. Procuro corregir con los documentos que
publican en la red los amigos. Alguna prensa internacional. Respeto a
quienes discuten la política con criterio, más que a los que saben y
hablan mucho de fútbol. Y no rehúyo el debate aunque –supongo que por mi
avanzada edad– cada vez la entiendo menos. Apenas atisbos.
No
entiendo por ejemplo a Trump. Al parecer convencido que sus huestes de
pencos y argollas de magnates lo van a sostener cuando se tenga que
perdonar a sí mismo no solo sus colusiones traicioneras con el ruso, en
campaña, sino también los fracasos continuados de sus teatros fallidos
en China e Irán, en Jerusalén y Siria, en Europa y en América Latina,
cuando todos a una –Fuente ovejuna– tomen las represalias obligadas contra sus proteccionismos. ¡No puede creer eso! Se hunde en arena quieta.
Ya
no entiendo tampoco que quiere Mel, mi líder. Porque coincido con un
plebiscito sobre lo esencial, la reelección, el continuismo, la
dictadura. Pero ahora son demasiadas cosas. Que se vaya JOH, pero que
saque a los presos. Y que baje los precios del gas y la luz y quite los
peajes y los impuestos. Y derogue los contratos. Claro, y reconocer a
Ortega. Y apoyar a la MACCIH. Cautelosamente. Y definitivamente apoyar a
N. Maduro. Quiere una alianza y habla en su nombre, ¿pero no quiere que
su aliado tenga un Partido? Entre otras mil cosas. Enigmas, embrollos y
entresijos. ¿Quién va a ser ahora el candidato ganador? El que puede
hacernos converger. Sumar lo disímbolo.
Si
ni él mismo quiere. La Ley de Colaboración Eficaz no se mueve, que no
es la voluntad del Señor. En cambio ¿Cómo entender que habiendo hecho
sus consultas, la bancadas nacionalista mayoritaria y la patriota aliada
promulguen una ley que limita la libertad de expresión en las redes y,
luego de que la sanciona y firma el Presidente, vengan a derogarla? ¡Por
unanimidad! ¿Por qué lo propone S. Arriaga, inocente, y protesta que le
ayude, el candidato Oliva? ¿De compadre hablado? ¿Pero con qué fin? Y
que alguien explique, si era inconstitucional esa ley ¿para qué derogarla
y sacarle las castañas del fuego al Partido Nacional? Y en cambio
¿quién dispone presentar tanto proyecto antojadizo que no tiene
posibilidades, ni valor estratégico? y ¿para qué? ¿Para justificar
L.100, 000 y gastos?
Es difícil entender que quién, por duro designio de la Avenida Pennsylvania, ocupa la Presidencia de
Honduras (aunque el pueblo repudiara su elección, cuestionada también
por la Organización regional) JOH reaparezca recorriendo las rutas del
turismo interno en un autobús del que no se baja, porque donde lo mira
la gente le grita groserías, hasta que, súbitamente sin previo aviso ni
invitación, toma un avión y vuela al D.C. en donde su gran triunfo es
fotografiarse con la Sra. Lagarde, del Fondo Monetario y con la
Secretaria de Seguridad Nielsen, en la oficina de la Migra. ¿Suplicando
clemencia? ¿Curándose en salud? ¿Será que tampoco a él lo escucha la
Coronela Fulton, en Viera? ¿Contratando quien lo defienda de Rosenthal o
de alguien peor?
¿Que
anda haciendo JOH? Intuyo que pidiendo cacao. ¿Cuál es su ruta? ¡Qué
bueno que lo acompañen el Embajador, Tábora y el Ministro Cardona! (La
Sra. García asiste a reunión informativa sobre Tolerancia Cero para los
migrantes). Porque antes lo recibían los vicepresidentes, J. Biden
primero y luego M. Pence.
Pero
aquí, se maneja bien el spin. Con el FMI se puso de acuerdo para ora si
ser transparente. Al director interino de la DEA le propuso con Pacheco
una nueva estrategia, porque cada día hay más droga (Mientras ganan la
Guerra, se duplica la producción). Abogó por la meta de legalizar a los
soñadores que propone un haz de congresistas. Y con todos acordó hojas
de ruta para esto y para aquello y para lo otro. Y celebró, el
Presidente, su novel tesis de cuño reciente, de que los derechos humanos
los violan los grupos de la oposición, porque en la ONU le hacen eco
Maduro y Ortega.
Aunque
en Honduras lo que La Relataría de los DDHH de la ONU certifica es que
son la policía civil y militar de JOH y su aparato judicial quienes
violan derechos y abonan a la violencia con que en 2017 descendemos 12
peldaños al sitial 118 del Índice de Paz entre 160 países. ¿Qué aún nos
queda mucho por hacer, se excusan? ¡Eso sí que se entiende! ¡Nos queda
superar a 118!
No
tengo claro ¿cómo piensan los diputados representantes del pueblo
resolver el problema de la mora y la pérdida de la electricidad,
autorizando la instalación de contadores prepago, si los grandes
empresarios tienen amañados los suyos y hay docenas de miles de clientes
de la EEH que ni siquiera tienen contador, en ciudades perdidas de San
Pedro y Tegucigalpa? Eso ¡al mismo tiempo que ocultan un incremento a
las tarifas y un pleito interno!
Tampoco
entiendo ¿por qué la derecha latinoamericana y sus gobiernos corruptos
quieren hacernos creer que Nicolás Maduro tiene menos legitimidad que
los impresentables Michel Temer, Peña N. o Juan Hernández, aunque fuera
electo el venezolano con mayor índice de participación que los de las
elecciones en sus países? Ni ¿cómo pretenden sacar a Venezuela de la
OEA, en donde un tercio más de los votos se negó a condenarla? ni ¿cómo
quieren sacar a Maduro del poder, extorsionándolo desde afuera cuando su
oposición no es capaz de enfrentarlo en las urnas?
Ni
para nada tampoco entiendo como la izquierda y sus gobiernos (hay
excepciones discretas) quieren que legitimemos a la Constituyente sin
opositor de Maduro como el instrumento y la estrategia que sacó a
Venezuela de su crisis, cuando no hay alimentos ni medicina, ni
inversión privada y se va acabando lo que invertía el Estado del
excedente petrolero.
O
exigen que le achaquemos al gringo los desmanes en las calles de
Nicaragua para justificar a Ortega y Murillo, como si no hubiesen
cientos de miles de ciudadanos movilizados en su contra, y no estuviesen
las hordas doradas fuera de control y no lo certificaran los jesuitas y
otros, y venerables fundadores del Sandinismo no hubieran denunciado
las persecuciones de Ortega. Ni ¿cómo quieren que creamos que los
asesinos son los estudiantes, aunque los muertos caen por balas
disparadas a la cabeza y al corazón, con rifles de alto poder, desde
larga distancia? ¡Que es como aquí mata el francotirador del poder!
Mesoamericanas en Resistencia inauguran diplomado en economía feminista “Melba Reyes Gómez”
Tegucigalpa, 14 de junio de 2018.-Con
expectativas y como un nuevo reto, las Mesoamericanas en Resistencia
por una Vida Digna (MER-H) y la Cátedra de Estudios de la Mujer de la
UNAH, inauguraron el diplomado universitario en economía feminista
“Melba Reyes Gómez”, dirigido a 35 participantes, quienes adquirirán
conocimientos técnicos y metodológicos desde una óptica de la educación
popular feminista.
El
diplomado es parte del programa “Mujeres de Honduras Empoderadas
Social, Económica y Políticamente, Ponen en Marcha Alternativas de
Resistencia desde los Principios de la Economía”, que se desarrolla
gracias a la cooperación solidaria de Mundubat (Agencia Vasca para la
Cooperación al Desarrollo), bajo la sombrilla del Centro de Estudios de
la Mujer-Honduras (CEM-H).
El
proceso académico, se desarrollará mediante seis módulos de formación
política y contribuirá a fortalecer las capacidades individuales y
colectivas de las participantes, desde una mirada de la economía para la
vida y no para el mercado.
Noticia Relacionada: Mujeres Mesoamericanas se empoderan sobre economía feminista (vídeo)
“Las
mesoamericanas somos un espacio diverso, autónomo, articulado en
resistencia, frente al sistema capitalista globalizador y patriarcal,
definiendo estrategias y propuestas que fortalezcan la construcción de
un proyecto político emancipador”, dijo la coordinadora de las
Mesoamericanas en Resistencia por una Vida Digna, Ana Ferrera.
Ferrera
instó a la UNAH para que el diplomado se convierta en parte de las
enseñanzas permanentes de la Cátedra de Estudios de la Mujer.
La
feminista explicó que el total de los módulos serán seis y que serán
impartidos entre junio y noviembre por formadoras especialistas en
economía feminista y docentes de la Cátedra de Estudios de la Mujer, que
de manera presencial impartirán sus conocimientos. Cada módulo tendrá
una duración de dos días y medio.
Los
módulos son los siguientes: Patriarcado, División Sexual y Economía
Feminista, el Neoliberalismo en la Vida de las Mujeres, Experiencias
Económicas de Resistencia desde Las Mujeres, Iniciativas de Generación
de Ingresos de Las Mujeres, Propuestas Sistemáticas de Resistencia
Anticapitalista, Antineoliberal, Antipatriarcal y Descolonial e
Investigación Participativa con Enfoque de Género y la Sistematización
de Experiencias de Procesos de Formación en Economía Feminista y el Buen
Vivir.
Ferrera recordó que hasta el momento se ha capacitado a más de 500 mujeres en economía feminista.
Además
de la coordinadora de las MER, la actividad estuvo encabezada por la
coordinadora de la Cátedra de Estudios de la Mujer, Karla Aguilar; el
jefe del Departamento de Sociología, Blas Enrique Barahona; la
coordinadora pedagógica y directora de CESADEH/MER-H, Carmen Castro y
la coordinadora técnica de Mundubat, Valdivia Mountawall.
Asimismo,
contó con la asistencia de la docente Hilda Caldera, quien junto a la
historiadora y docente, Anarella Vélez, dio sus aportes para la
construcción del contenido del diplomado.
La
coordinadora técnica, Mundubat, Valdivia Mountawall, manifestó que la
institución que representa tiene el compromiso de construir una sociedad
más justa y equitativa y hace que “en nuestro trabajo de cooperación,
sensibilización y educación para el desarrollo cuestionemos el modelo de
desarrollo dominante reclamando un desarrollo humano equitativo, que
respete los derechos humanos de hombres y mujeres, y tenga en cuenta los
intereses y necesidades de éstos”.
Reafirmó
que Mundubat apuesta por hacer una cooperación que se enmarque en el
enfoque de género, en el desarrollo, que platee la necesidad de definir
con la activa participación de las mujeres, un nuevo modelo de
desarrollo que subvierta las actuales relaciones de poder entre hombres y
mujeres.
“En
Mundubat queremos abordar las injusticias sociales desde el feminismo.
Nuestro objetivo es transformar las relaciones desiguales de poder,
generadas por los distintos sistemas de opresión (el patriarcado, el
capitalismo, la heteronormatividad y el racismo)”, expuso Mountawall.
¿Por qué diplomado recibe el nombre de Melba Reyes Gómez?
El
Diplomado Universitario en Economía Feminista se bautizó con el nombre
de “Melba Reyes Gómez”, como un homenaje póstumo a esta luchadora social
y feminista que por muchos años participó en la construcción de la
agenda política económica de las mujeres Mesoamericanas, como una nueva
forma de relación entre género desde la pluralidad y fundamentada en la
igualdad.
Melba
Reyes Gómez, quien murió el 16 de diciembre de 2016 en la ciudad de
Olanchito, departamento de Yoro, nació en 1951 y desde los años 70’s se
convirtió en una activista social y feminista vinculada al movimiento de
mujeres en Honduras y Nicaragua. También lideró el proceso de
transformación de la carrera de Trabajo Social en la UNAH, de su
carácter de asistencialista a una carrera basada en la ciencia y al
servicio de las clases trabajadoras.
Fue
además parte del equipo de formación de la Central General de
Trabajadores (CGT), de la Unión de Campesinos de Honduras (UNC), de la
Federación de Patronatos Comunales de Honduras (Fenapacomh) y
coordinadora nacional de investigación social de Acción Cultural
Popular de Honduras (ACPS).
Melba
Reyes Gómez, fue fundadora en los años 80’s del Partido Socialista de
Honduras (PASCH) y parte de la dirección nacional del Frente Patriótico
Hondureño (FPH) y por ser militante revolucionaria sufrió el exilio y la
persecución de los sectores más conservadores. A su retorno a Honduras
pasa a formar parte de los movimientos de mujeres y feministas,
defensora de derechos humanos, integrada a Cofadeh y del Colectivo de
Mujeres contra la Violencia y luego Feministas en Resistencia.
Al
momento de su fallecimiento fungía como directora adjunta de CESADE y
parte del equipo de consultoras del
CEM-H.https://www.youtube.com/
Erupción del volcán de Fuego en Guatemala: ¿desastre natural?
por Marcelo Colussi
LA HAINE -
13/06/2018
En Japón, en 2011, un terremoto de magnitud 9
provocó 5600 muertos; un año antes, en Haití, un terremoto menos
intenso, dejó 316 000 fallecidos
La
reciente erupción del Volcán de Fuego recuerda nuevamente el tema de
los llamados “desastres naturales”, reabriendo la pregunta: ¿qué tan
asesina es la naturaleza?
Un desastre es un cambio rápido y destructivo que sobrepasa la capacidad de adaptación del grupo afectado. Eventos naturales catastróficos ha habido siempre. Eso, de momento, es inmodificable: terremotos, maremotos, huracanes, erupciones volcánicas, inundaciones, tornados. Pero el grado de impacto que tienen sobre la población varía grandemente.
Un terremoto escala 7.4 sacudió California en 1992 y produjo un muerto. En Nicaragua, en 1972, con un fenómeno similar, fueron 15 000 las víctimas mortales. El huracán Elena en EEUU dejó 5 muertos. Un ciclón equivalente en Bangladés, medio millón. En Japón, en 2011, un terremoto de magnitud 9 provocó 5600 muertos; un año antes, en Haití, un terremoto menos intenso, dejó 316 000 fallecidos. Más que la naturaleza nos mata la pobreza. Dicho de otro modo: la forma en que están organizadas las sociedades.
Definitivamente estos fenómenos escapan a las manos del ser humano, pero no podemos quedarnos resignadamente con la idea de hechos “naturales”: su ocurrencia y sus consecuencias deben considerarse en un contexto histórico-social, político: son circunstancias que influyen distintamente según el lugar y el momento en que se dan, de las que se sale con suertes muy distintas. Vistos desde una perspectiva global no son sólo naturales sino que, en todo caso, denuncian (catastróficamente) la forma en que las comunidades están organizadas y se relacionan con el medio circundante.
Estos “desastres de la Naturaleza” vienen a mostrar la “naturaleza del desastre” del modelo de desarrollo económico-social que presenta el capitalismo, exponiendo a situaciones de alta vulnerabilidad a grandes mayorías, que son siempre los pobres y excluidos (la mano de obra barata, dicho de otro modo). ¿Por qué la gente del club de golf pudo ser evacuada y los campesinos pobres de las aldeas cercanas al volcán no? Podríamos preguntar igualmente: ¿por qué en Japón las secuelas no son como en Haití, o por qué en Cuba –país con pocos recursos pero con un proyecto político humano– nunca hay víctimas con sus huracanes?
Las regiones más pobres son una elocuente demostración de esta exclusión. Las poblaciones más afectadas son las que históricamente viven en situación de mayor exclusión y vulnerabilidad: los sectores pobres de áreas rurales, los asentamientos precarios de las ciudades. ¿Por qué hay tantas comunidades viviendo en las faldas de un volcán activo? Porque el sistema necesita campesinos pobres para los cortes de los cultivos de agro-exportación. No hay otra explicación.
Las respuestas del Estado (con Jimmy Morales o cualquier administrador de turno) no pasan de planteamientos asistenciales centrados en la emergencia y el cortoplacismo, con politización de la ayuda, a veces con ribetes grotescamente proselitistas, a lo que se suman posibles hechos de corrupción en el manejo de la asistencia recibida.
La reconstrucción a mediano y largo plazo no cuenta. Para muestra, la vergonzosa situación de los damnificados con el desastre del Cambray, que recibieron sus nuevas casas casi 3 años después de la tragedia.
Pasado el momento de la emergencia no hay por parte de los gobiernos una clara propuesta superadora que comience a poner énfasis en la prevención y la futura mitigación de desastres. Todo indica que luego de la asistencia humanitaria inmediata, la ocurrencia de un nuevo fenómeno natural de magnitud puede volver a convertirse en tragedia por la precariedad en que seguirán viviendo las grandes mayorías, y la falta de voluntad política en modificar esa situación. Así, estos desastres naturales patentizan los desastres ocultos de las sociedades.
El tsunami asiático de 2004 mató a más de 150 000 personas en unos minutos; el hambre (primera causa de mortandad en el mundo: un ser humano cada 7 segundos) o la diarrea (segunda causa de mortandad: 11 000 muertos diarios a escala planetaria por falta de agua potable), no impactan tanto como las tragedias que los shows mediáticos nos presentan cada vez con mayor pomposidad. Pero producen más muertos, más dolor, más miseria. ¿Hasta cuándo vamos a permitir todo esto?
www.hispantv.com
Un desastre es un cambio rápido y destructivo que sobrepasa la capacidad de adaptación del grupo afectado. Eventos naturales catastróficos ha habido siempre. Eso, de momento, es inmodificable: terremotos, maremotos, huracanes, erupciones volcánicas, inundaciones, tornados. Pero el grado de impacto que tienen sobre la población varía grandemente.
Un terremoto escala 7.4 sacudió California en 1992 y produjo un muerto. En Nicaragua, en 1972, con un fenómeno similar, fueron 15 000 las víctimas mortales. El huracán Elena en EEUU dejó 5 muertos. Un ciclón equivalente en Bangladés, medio millón. En Japón, en 2011, un terremoto de magnitud 9 provocó 5600 muertos; un año antes, en Haití, un terremoto menos intenso, dejó 316 000 fallecidos. Más que la naturaleza nos mata la pobreza. Dicho de otro modo: la forma en que están organizadas las sociedades.
Definitivamente estos fenómenos escapan a las manos del ser humano, pero no podemos quedarnos resignadamente con la idea de hechos “naturales”: su ocurrencia y sus consecuencias deben considerarse en un contexto histórico-social, político: son circunstancias que influyen distintamente según el lugar y el momento en que se dan, de las que se sale con suertes muy distintas. Vistos desde una perspectiva global no son sólo naturales sino que, en todo caso, denuncian (catastróficamente) la forma en que las comunidades están organizadas y se relacionan con el medio circundante.
Estos “desastres de la Naturaleza” vienen a mostrar la “naturaleza del desastre” del modelo de desarrollo económico-social que presenta el capitalismo, exponiendo a situaciones de alta vulnerabilidad a grandes mayorías, que son siempre los pobres y excluidos (la mano de obra barata, dicho de otro modo). ¿Por qué la gente del club de golf pudo ser evacuada y los campesinos pobres de las aldeas cercanas al volcán no? Podríamos preguntar igualmente: ¿por qué en Japón las secuelas no son como en Haití, o por qué en Cuba –país con pocos recursos pero con un proyecto político humano– nunca hay víctimas con sus huracanes?
Las regiones más pobres son una elocuente demostración de esta exclusión. Las poblaciones más afectadas son las que históricamente viven en situación de mayor exclusión y vulnerabilidad: los sectores pobres de áreas rurales, los asentamientos precarios de las ciudades. ¿Por qué hay tantas comunidades viviendo en las faldas de un volcán activo? Porque el sistema necesita campesinos pobres para los cortes de los cultivos de agro-exportación. No hay otra explicación.
Las respuestas del Estado (con Jimmy Morales o cualquier administrador de turno) no pasan de planteamientos asistenciales centrados en la emergencia y el cortoplacismo, con politización de la ayuda, a veces con ribetes grotescamente proselitistas, a lo que se suman posibles hechos de corrupción en el manejo de la asistencia recibida.
La reconstrucción a mediano y largo plazo no cuenta. Para muestra, la vergonzosa situación de los damnificados con el desastre del Cambray, que recibieron sus nuevas casas casi 3 años después de la tragedia.
Pasado el momento de la emergencia no hay por parte de los gobiernos una clara propuesta superadora que comience a poner énfasis en la prevención y la futura mitigación de desastres. Todo indica que luego de la asistencia humanitaria inmediata, la ocurrencia de un nuevo fenómeno natural de magnitud puede volver a convertirse en tragedia por la precariedad en que seguirán viviendo las grandes mayorías, y la falta de voluntad política en modificar esa situación. Así, estos desastres naturales patentizan los desastres ocultos de las sociedades.
El tsunami asiático de 2004 mató a más de 150 000 personas en unos minutos; el hambre (primera causa de mortandad en el mundo: un ser humano cada 7 segundos) o la diarrea (segunda causa de mortandad: 11 000 muertos diarios a escala planetaria por falta de agua potable), no impactan tanto como las tragedias que los shows mediáticos nos presentan cada vez con mayor pomposidad. Pero producen más muertos, más dolor, más miseria. ¿Hasta cuándo vamos a permitir todo esto?
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200 años del nacimiento de Carlos Marx
Por: Gustavo Zelaya
Desde
el 5 de mayo de 1818 han pasado varios siglos de vigencia del
capitalismo analizado y criticado por Marx. Aspectos de ese
cuestionamiento parecen superados por los nuevos actores sociales y
mayores avances científicos y técnicos. Pero son incuestionables los
aportes a los movimientos sociales y la ciencia gracias a sus
investigaciones sobre el desarrollo del capitalismo, en especial con los
borradores o Grundrisse de 1857-1858 y los tres tomos de El Capital.
Indaga
el sistema económico desde sus elementos más simples, como la
mercancía, el trabajo asalariado, la formación de las clases sociales,
el comercio y el mercado mundial hasta lograr una visión general del
sistema: esto es importante en el método de Marx ya que analiza el
movimiento del modo capitalista de producción en su “transición
histórica…Asimismo, es histórica a la par que dialéctica la transición
de la propiedad territorial al trabajo asalariado, ya que el producto de
la propiedad inmobiliaria moderna es la institución general del trabajo
asalariado, que luego aparece como la base de todo el sistema”
(1971-662). Describe el proceso de individuos y de la sociedad no como
producto de creencias ni de representaciones teóricas “sino tal y como
realmente son; es decir, tal y como actúan y como producen materialmente
y, por tanto, tal y como desarrollan sus actividades bajo determinados
límites, premisas y condiciones” (2004-33).
La
crítica de Marx a la economía sirvió para cuestionar teorías que ponían
al capitalismo “como necesario por naturaleza, lógico y evidente”
(1971- 45); por ello la calificó como burguesa ya que definía al sistema
como fase de desarrollo absoluto y definitivo, y no como etapa
transitoria del desarrollo social cuando más bien se trataba de indagar
al individuo, la sociedad y sus relaciones con la naturaleza a partir de
circunstancias históricas y no como momentos generados desde un ser
trascendente.
La
ruptura con la economía clásica se nota en el prólogo de 1859 de “La
Contribución a la crítica de la economía capitalista”, al decir: “en la
producción social de su vida, los hombres contraen determinadas
relaciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de
producción, que corresponden a una determinada fase de desarrollo de sus
fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de
producción forma la estructura económica de la sociedad, la base real
sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política y a la
que corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo de
producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social,
política y espiritual en general. No es la conciencia del hombre la que
determina su ser, sino, por el contrario, el ser social lo que determina
su conciencia” (1955-373).
En
esa cita que no sólo es de la economía política, expone el método con
que debe operar la ciencia, las categorías que pueden aparecer cuando se
estudia la estructura esencial de la realidad y la necesidad de nuevas
formas de interpretación. Es decir, las líneas de investigación tendrán
que derivarse del fenómeno investigado y en su desarrollo surgen
respuestas a los problemas que se quiera aclarar, por tanto, hay que
dejar por fuera cualquier fórmula o pauta a priori a que se quiera
sujetar la investigación.
La
teoría de Marx germinaba al ritmo de las luchas políticas y por
momentos parece no acabada. De modo que podría verse como un conjunto al
que falta agregarle los desarrollos actuales. Por ello es importante
considerar que a Marx no le interesaba tanto descubrir el grado más
completo de desarrollo de los conflictos sociales y de donde surgen las
leyes del capitalismo; en especial trataba de revelar la ley económica
del movimiento de la sociedad moderna. Es decir, no solo la producción,
circulación y estructura del sistema. Particularmente, investiga el
grado de desarrollo de los conflictos sociales que surgen de las mismas
leyes de la producción y las tendencias de ese desarrollo. Por tanto, no
sólo es un teórico de la economía política. Su crítica se efectuó desde
una concepción general de la realidad para penetrar en la economía
específica del capitalismo. Eso le permitió sostener que las
contradicciones sociales brotan de las relaciones materiales y que no
hay ningún misterio en el movimiento de las condiciones humanas.
Mientras alguien siga considerando la realidad como inmutable y sin
conflictos, ella misma le mostrará que las relaciones reales no son
resultado de la conciencia y no pueden ser vistas solamente como
categorías de un objeto de estudio.
Poner
en claro qué significan esas leyes y cuáles son sus consecuencias, fue
parte del esfuerzo de Marx para descubrir la relación entre el capital y
el trabajo, cuestión que analizó bajo el nombre de “acumulación
originaria” desde el siglo XIII hasta la revolución industrial de la
época moderna. Es la capacidad de separar hechos, tendencias, fenómenos y
descubrir las leyes que forman parte del contenido de la producción
capitalista. Trataba de determinar qué es lo concreto y cómo se
manifiesta su movimiento. Por ello la obra de Marx no está concluida, es
parte del proceso general del sistema vigente y de sus desarrollos. Es
decir, El Capital es el lugar de partida de unos aportes teóricos que
van más allá de la actividad de una persona. Sus esfuerzos no sólo son
para mostrar la historia de un sistema económico. Trata de revelar sus
leyes y descubrir el carácter explotador de la acumulación capitalista
que permite que existan explotadores y explotados, propietarios de
medios de producción y personas formalmente libres para ofrecerse a
cambio de un salario. Y llegar al fundamento del capitalismo, a la
plusvalía.
Las
formas actuales del capitalismo han dado lugar a nuevas expresiones de
desarrollo técnico, cultural y social. El sistema se regenera y
fortalece a pesar de las crisis que lo envuelven. En su inicio implantó
sistemas fabriles que dieron lugar a la formación de sindicatos y
partidos políticos que pretendieron ser clasistas. Así, la producción en
cadena y el trabajo humano fueron replicados en movimientos sindicales y
políticos organizados de forma similar a la fábrica. La expansión del
sistema y la búsqueda de mano de obra menos calificada y más barata
pueden verse en la descentralización industrial, en la actividad
financiera fuera de los viejos centros imperiales y en la forma
maquiladora de la producción. La cadena de producción se ve a nivel
mundial y no concentrada en un solo espacio físico. Del mismo modo, las
exigencias sociales y la presión popular obligan al sistema a inventarse
códigos laborales y novedades como la tercerización del trabajo y la
inversión mixta. Al parecer, la respuesta política del llamado
movimiento social y popular ha consistido en moverse al ritmo que impone
el capitalismo. Y así desarrollan organizaciones políticas altamente
burocratizadas que parecen de izquierda, que hacen de la oficina, el
centro de estudio, el territorio y la fábrica lugares de respuesta y
resistencia al capitalismo. Aquí se enfrenta al gobernante, al gerente,
al dueño bajo las reglas del sistema capitalista, y en algunos casos,
hasta contentarse con obtener reformas que no alteran la estructura
económica.
Aunque
el sistema de fábricas y talleres industriales no haya desaparecido y
sea fuerte en sociedades con gran población como la India, China, y en
pequeña escala en nuestra Honduras, se desarrollan otras formas de
relaciones y de trabajo como los call center, los servicios de comidas
rápidas, grandes centros comerciales, supermercados, la prestación de
servicios tecnológicos y envíos de mercancías, exigencias de respeto y
dignidad a partir del género y la diversidad sexual, luchas ambientales y
defensa de los territorios; formas de producción distintas a la
producción metalúrgica de la revolución industrial del siglo XIX como la
agroindustria con sus productos transgénicos, la masiva economía
informal, personas en empleos que no caben en viejas categorías como
proletariado industrial al estilo del lenguaje socialista del siglo XX,
que igualmente explotados y produciendo plusvalía para los capitalistas.
Hay otros grupos de población con gran movilidad en trabajos
temporales. Frente a esas formas de existencia del trabajo habrá que
responder con otras formas de organización social y política. Pueden ser
nuevas tendencias del desarrollo capitalista poco comprendidas y hasta
menospreciadas que no responden a viejos esquemas políticos. De eso
cotidiano, territorial, de lo inmediato que nos aturde y nos violenta
podrían surgir los elementos fundantes del movimiento social que saque
al país de entreguismo y la corrupción.
Por
eso no es caprichoso sostener que el viejo Marx sigue vigente. Y son
las mujeres y los hombres, sobre todo la juventud comprometida con las
aspiraciones de justicia y dignidad de los que sufren hambre, miseria y
dolor, potenciar el legado de Marx, seguir desnudando el carácter
deshumanizador del sistema capitalista en general y, en la circunstancia
hondureña, denunciar, organizarse y luchar contra la corrupción, la
impunidad, contra la violenta respuesta gubernamental frente a las
exigencias de justicia, esa demencial represión y encontrar en sus
entrañas las posibilidades de superarlo hasta ir construyendo
condiciones de vida digna, fraterna, respetuosa y justa.
Bibliografía:
Marx, C. (1971): El Capital; F.C.E. México.
Marx, C. (2004): La ideología alemana; Nuestra América, Buenos Aires.
Marx, C. (1955): Obras Escogidas en dos tomos; Editorial Progreso, Moscú.
“Sin Karl Marx no habría doctrina social de la Iglesia”: Cardenal alemán
Tomado de periodistadigital.com
Alemania.-
“Fascinantes”, con una “gran energía” y con un “gran lenguaje”. Así ha
calificado los escritos de Karl Marx el cardenal Reinhard Marx, con
ocasión del 200 aniversario del nacimiento del padre del comunismo. “Uno
solo tiene que leer a Karl Marx sin prejuicios, y su poder
sorprenderá”, ha asegurado el arzobispo de Múnich y Frisinga y también
presidente de los obispos germanos.
El cardenal Marx -uno de los colaboradores más estrechos del Papa
Francisco- comentó a RPOnline a finales del mes pasado que “hay una
inspiración, un ímpetu revolucionario” en los trabajos del filósofo con
quien comparte apellido.
El
purpurado volvió a repetir los mismos sentimientos en una entrevista
con el Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, en la que reveló que
el Manifiesto comunista en particular le “impresionó bastante”, sobre
todo en la manera en la que los escritos del economista -“uno de los
primeros sociólogos serios”- “pueden ser muy útiles” a la hora de
entender los conflictos actuales que hunden sus raíces en la injusticia
económica.
“Los
derechos humanos están incompletos sin una participación en lo
material”, declaró el cardenal Marx, quien ha ejercido en el pasado como
profesor de ética social.
Si
bien el purpurado alemán matizó que “hay [en los escritos de Marx] aquí
y allá una idea totalitaria”, también aseguró no se puede poner al
filósofo en una “conexión directa” con el marxismo-leninismo en el que
desembocaron sus ideas, ni con el sistema de los gulags en la Unión
Soviética.
Más
bien, la utilidad del pensador es que supo ver que “la prosperidad y el
beneficio no son todo lo que debe orientar a una sociedad”, sobre todo
en vista de las “enormes desigualdades sociales y daños ecológicos que
son resultado de las dinámicas capitalistas”. Una advertencia que
tampoco ha pasado desapercibida en la Iglesia como en la sociedad más
ampliamente, ya que -según el cardenal- “sin [Marx] no habría ninguna
doctrina social católica”.
Nota relacionada Karl Marx y la ética
“El
mercado no es tan inocente como aparece en los libros de texto de los
economistas. Detrás de él hay intereses poderosos”, avisó por último el
cardenal Marx, precisando a la vez que la amortización de estos
“intereses poderosos” no se debe al propio capitalismo, sino a “una
lucha contra estos excesos”.
No es la primera vez que el arzobispo de Múnich y Frisinga alaba al
autor de El capital, ya que en un texto de 2007 defendió que el filósofo
y economista no fue “un mero ideólogo” que propagara sin más una
“revolución anárquica”. Más bien, Marx llamó a una “participación social
integral”, un deseo de plena vigencia en el siglo XXI “y también por
parte de las Iglesias”.
