¡Porque sólo el pueblo, salva al Pueblo!
Por: Ondina Maldonado Zavala
¡Los dictadores también conviven con la miseria que provocan!
¡Pretender
que en Honduras no pasa nada y que el Señor solucionará todos nuestros
problemas, es como cuando tu casa se está inundando y te quedas sentado
en espera de que el agua, -tal vez-, no te llegue al cuello, y con eso
te conformas!
Tal
parece como si lleváramos en la sangre la desgracia de vivir en
dictaduras o golpes de estado. De los 197 años que tiene nuestro país,
de haberse –supuestamente- independizado de las garras extranjeras,
aproximadamente 60 años los hemos vivido en dictaduras y por lo menos
unos 22 años en Golpes de Estado. Es decir, que hemos perdido 82 años de
nuestra supuesta independencia, en crisis internas creadas por nosotros
mismos. Nos zafamos de las garras extranjeras, para caer en las garras
de los mismos hondureños, que, hasta el sol de hoy, (como diría mi
abuela), nos mantiene sumidos en una desgracia que no nos permite
levantar cabeza, o en otros conceptos, ¡nos impide el despegue de
nuestra economía!
¿Cuál
es el daño más cruel para un pueblo que vive en una dictadura? ¿Cómo
definimos el vivir en una dictadura? ¿Cuáles son las similitudes que
tenemos con los países que han vivido y viven con dictaduras? ¿Qué es lo
requiere un país para liberarse de regímenes políticos que impiden su
crecimiento socioeconómico? ¿Puede el pueblo liberar al mismo pueblo?
“La
encrucijada por la que atraviesan los hogares por adquirir los
productos de la canasta básica se ha vuelto una odisea, más aún cuando
más de dos millones de personas están desempleadas” Foro Social de la
Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh). Criterio.hn. 2018
La
dictadura “es una forma de gobierno que centra su régimen en la figura
de una sola persona. Esta persona es conocida como dictador y llega a
dicho poder a través de un gobierno de facto (de hecho). Este tipo de
gobierno dictatorial se caracteriza por: Ausencia de la división de
poderes (poder ejecutivo, legislativo y judicial) y el poder está en
manos de una minoría, a la cual beneficia completamente”.
Características de una Dictadura. 2017
Veamos
cuáles son las similitudes con otros países, qué nos hace pensar que
vivimos en una cruel dictadura: Con Kim Jong, en Corea del Norte, “ha
empobrecido a su pueblo, ha encarcelado a miles de personas”; HAN
SHWE, de Birmania, “cuya única obsesión es el poder, ha diezmado a la
oposición con arrestos y detenciones”, “es demasiado cobarde como para
enfrentarse a unas elecciones honradas”; ISAIAS AFWERKI, de Eritrea, “ha
convertido su país en una prisión nacional en la que se cierran los
medios de comunicación independientes, se rechazan las elecciones, el
servicio militar indefinido es obligatorio y el Gobierno apoya a los
militantes somalíes antes que a su pueblo”; MAHMUD AHMADINEYAD, de Irán,
“obstinado, su última barbaridad consistió en ordenar que sus esbirros
paramilitares, las milicias basiij, reprimieran con violencia a los
manifestantes tras las controvertidas elecciones presidenciales de junio
de 2009, que muchos están convencidos de que perdió”; MELES ZENAWI, de
Etiopía, “Ha reprimido a la oposición y ha manipulado elecciones.
Como
corresponde a un auténtico revolucionario marxista, almacena millones
en bancos extranjeros y, según la oposición, ha adquirido mansiones en
Maryland”; BACHAR EL ASSAD, de Siria, “ha despilfarrado miles de
millones en aventuras en países como Líbano e Irak, y se ha olvidado de
las necesidades de su población. Su enorme aparato de seguridad
garantiza que la gente no se queje”; IDRISS DÉBY, de Chad, “ha exprimido
las cuentas del estado para equipar al ejército”; YOWERI MUSEVENI, de
Uganda, “en Uganda en 1986, Museveni declaró que, ningún jefe de estado
africano debería permanecer en el cargo más de 10 años.
Sin embargo, 24 años después, ahí sigue, ganando una elección amañada
tras otra”; PAUL BIYA, de Camerún, “ha logrado reducir a la oposición a
la sumisión total. No es que le preocupen las elecciones; ha manipulado
las leyes sobre limitación de mandatos en dos ocasiones para garantizar
que siga la fiesta”. Lista de los veintitrés peores tiranos. Ayittey.
Julio 2010.
Lo
que el país requiere “es un cambio estructural de su sistema político”.
El desafío es “cómo desmontar un sistema que en los hechos tiene cara
de dictadura, patas de dictadura, rabo de dictadura, a pesar de que no
se llame formalmente dictadura. Desmontar ese sistema no se logrará con
la elección de un nuevo presidente. Al contrario, la elección de un
nuevo presidente por sí sola lo que va a provocar es legitimarlo. Cuando
la sociedad civil expresa su voluntad de cambio es difícil detenerla”.
Cómo salir de una dictadura. El universo, diciembre 2015.
Porque,
el pueblo honrado, honesto y trabajador, es el que forja los surcos de
la democracia. Porque, es el esfuerzo continuo del pueblo, el que hila
los tejidos de una nación, Libre, Soberana e Independiente. Porque, no
podemos renunciar al sueño de construir un país con oportunidades para
todos, Porque, merecemos mejores condiciones socioeconómicas, que nos
permitan desarrollarnos dignamente en nuestra tierra.
Finalmente: ¡Porque sólo el pueblo, salva al Pueblo!
Por exigir justicia, víctimas van al banquillo de los acusados
La Ceiba, Atlántida.-
Hoy inicia el Juicio Oral y Público contra familiares del líder sindical
Donatilo Jiménez Euceda, detenido desaparecido en el Centro
Universitario Regional del Litoral Atlántico (CURLA), el 08 de abril
del 2015.
Cuando Sonia Martínez y Jaqueline
Jiménez, esposa y hermana de Donatilo, respectivamente, solicitaron a
las autoridades del CURLA, a Gioconda Lee Tugnon jefe de Recursos
humanos y al jefe de seguridad, Manuel Antúnez, información sobre el
paradero de su pariente, estos las denunciaron por los delitos de
difamación constitutivos de injuria y calumnia.
Durante
el proceso, estuvo la condición de pedir disculpas a las autoridades
del CURLA, lo que no fue una opción para Martinez y Jiménez, quienes al
día de hoy siguen esperando el retorno del líder sindical conocido como
“Tilo”, a quien se le vio por última vez a bordo del tractor que tenía
asignado cómo empelado del área de mantenimiento del CURLA, que es parte
de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), rectorada en
ese tiempo por Julieta Castellanos.
Las víctimas de este delito de lesa
humanidad, hoy jueves y mañana viernes se sentarán en el banquillo de
los acusados, con la representación legal de las abogadas Karol Cárdenas
y Dora Oliva, del Área de Acceso a la Justicia del Comité de Familiares
de Determinados en Honduras (COFADEH).
Lejos de encontrar respuesta ante la
pregunta ¿Donde está Tilo? La acción estatal y judicial fue atacarlas
para callarlas. Pero la familia insiste en la búsqueda de la Verdad cómo
un derecho humanos.
Mientras el Tribunal de Sentencia de La
Ceiba, juzgue a dos mujeres víctimas de éste crimen impune, las grandes
ausentes en el proceso son La Verdad y La Justicia, porque aun no se
sabe que pasó con su pariente.
Recientemente, el COFADEH presentó su
informe sobre desaparición forzada ante las Naciones Unidas. A su vez
representantes del Estado dieron un informe que miente, hablan de
avances en la investigación, nuevas herramientas de trabajo, pero no dan
respuestas a las familias de los detenidos desaparecidos.
Donatilo Jiménez fue presidente del
Sindicato de Trabajadores de la seccional número 3 de la UNAH,
correspondiente al CURLA, dónde laboró por más de 20 años, y las
autoridades lo desconocieron tras su desaparición, así lo ha denunciado
constantemente su familia.
Su hermana, esposa e hijos, además de
enfrentar la nefasta figura de desaparición forzada, fue sometida al
procedimiento judicial que ya tiene tres años y afectaciones
emocionales.
Parte acusadora presenta recurso de casación por el asesinato de Mario Sequeira
Siguatepeque, Comayagua.- El Área de Acceso a la Justicia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) presentó el último día del mes de mayo un recurso de casación en cuanto al fallo dictado el 26 de abril del año en curso por el Tribunal de Sentencia de esta ciudad.
En su fallo, los jueces determinaron dejar en libertad a los policías que la fiscalía del Ministerio Público y la representación legal privada a la orden del Cofadeh, a los policías acusados de dar muerte a este ciudadano hondureño, con residencia en estado Unidos y que se encontraba en el país visitando a su familia.
Los acusados son Héctor Elvir Corea López, Carlos Roberto Palma, Mónico Aguirre Urquía, Carlos Francisco Verde, Edgar David Salgado Nieto, Alfredo Pérez López, Edwin Hernández del Cid, por los delitos de violación a los deberes de los funcionarios públicos, abuso de autoridad, tortura y homicidio en perjuicio de la administración pública y Mario Orlando Sequeira Canales.
En la lectura de sentencias, Karol Cárdenas, del Área de Acceso a la Justicia del COFADEH, quien se constituyó como acusador privado de la familia Sequeira, expresó que es aberrante la decisión por parte del Tribunal de Sentencias, al absolver a los hoy imputados, argumentando que no se individualizó la participación de los imputado.
Al no estar de acuerdo con el fallo del Tribunal de Sentencia, el jueves de esta semana se presentó un recurso de casación ante el Tribunal de Sentencias de la ciudad de Siguatepeque, Comayagua, describiendo todos los elementos probatorios para demostrar la culpabilidad de los acusados y no así el tribunal, quien los dejo en libertad.
Mario Sequeira Canales recién había ingresado a la ciudad de Siguatepeque en los últimos días de mayo del año 2010 procedente de Estados Unidos, de donde salió para pasar una temporada corta con sus familiares residentes en esta ciudad. Sequeira Canales jamás imaginó que la muerte le esperaría en su ciudad natal.
Después de registrarse en el hotel, para festejar ingirió algunas bebidas alcohólicas. Fue denunciado por el gerente para que lo detuvieran por escándalo público, pero al resistirse fue golpeado y trasladado hasta la posta policial, donde lo continuaron golpeando hasta causarle la muerte.
Cuando ya no respiraba lo sacaron de la celda y lo trasladaron en la paila de una de las patrulla hasta una clínica, donde se comprobó que ya estaba muerto, por lo que el doctor no lo quiso ingresarlo, debido al estado en el que se encontraba.
Al día siguiente los familiares fueron a ver como se encontraba y a ver la hora de salida, a lo que le dijeron que Sequeira Canales, nunca había estado allí, aun cuando uno de sus hermanos vio como lo trasladaban en la patrulla.
Para saber más y el por qué fue detenido, uno de sus hermanos fue a la posta y escuchó los gritos desde afuera, pero él pensó que era producto del estado de ebriedad en el que se encontraba y que al día siguiente saldría, pero jamás se imaginó que en ese momento su hermano estaba siendo torturado por los elementos policiales dentro de la celda y que ya no lo vería con vida.
Fallo de jueza es “carta blanca” para que policías y militares agredan a defensores de ddhh
Los y
las defensoras de DDHH torturadas por altos rangos policiales, esta
semana recibieron un homenaje solidario de parte de la Mesa Nacional de
Derechos Humanos.
Por: Sandra Rodríguez
Tegucigalpa, Honduras.- Si
la justicia es ciega, hoy lo confirmó la jueza Gabriela Gallo, quién no
vio las casi 200 pruebas y a las víctimas mismas de tres policías
torturadores, a quienes ordenó sobreseimiento definitivo.
Los altos mandos de la policía Juan Manuel Aguilar Godoy, Félix Adrián Colindres y Marlon Vásquez Palma, cobijados en la impunidad del sistema de justicia hondureño sobrepasaron otra vez, este uno de junio, la digna labor de los y las defensoras de derechos humanos Carlos del Cid, Ariel Díaz, Tomy Morales y Hedme Castro.
Gabriela Gallo, del Juzgado de Letras de Tegucigalpa en vez de juzgar a los acusados (policías), dictaminó sobre la labor de las víctimas, señalándolas como atacantes de los uniformados, además de desobedecer la orden que salieran del autobús donde acompañaban a ocho universitarios en peligro de captura.
Los tres policías habían sido acusados por la Fiscalía Especial de Derechos Humanos del Ministerio Público (FEDH), por las víctimas y la Mesa Nacional de Derechos Humanos -que aglutina más de 30 organizaciones de DDHH a nivel nacional- por los delitos de abuso de autoridad, tortura, detención ilegal, lesiones y violación de los deberes de los funcionarios, en perjuicio de los estudiantes y defensores.
Los altos mandos de la policía Juan Manuel Aguilar Godoy, Félix Adrián Colindres y Marlon Vásquez Palma, cobijados en la impunidad del sistema de justicia hondureño sobrepasaron otra vez, este uno de junio, la digna labor de los y las defensoras de derechos humanos Carlos del Cid, Ariel Díaz, Tomy Morales y Hedme Castro.
Gabriela Gallo, del Juzgado de Letras de Tegucigalpa en vez de juzgar a los acusados (policías), dictaminó sobre la labor de las víctimas, señalándolas como atacantes de los uniformados, además de desobedecer la orden que salieran del autobús donde acompañaban a ocho universitarios en peligro de captura.
Los tres policías habían sido acusados por la Fiscalía Especial de Derechos Humanos del Ministerio Público (FEDH), por las víctimas y la Mesa Nacional de Derechos Humanos -que aglutina más de 30 organizaciones de DDHH a nivel nacional- por los delitos de abuso de autoridad, tortura, detención ilegal, lesiones y violación de los deberes de los funcionarios, en perjuicio de los estudiantes y defensores.
El
equipo de defensa esperaba que se aplicara la justicia y fueran acusados
al menos por dos delitos. Sin embargo fueron sobreseídos de todos, a
diferencia de como se capturó y juzgó a los y las defensoras, que a
excepción de Castro, y que permanecieron privados de libertad desde el
viernes 8 hasta la madrugada del 10 de septiembre, bajo medidas
sustitutivas a la prisión y sobreseídos al final de ese mes.
Cabe
señalar que el grupo de estudiantes defensores de la Educación Pública, a
bordo del microbús propiedad del Comisionado Nacional de Derechos
Humanos (CONADEH), mantienen medidas sustitutivas a la prisión, y Marcio
Silva, orden se captura.
La jueza
Gallo, expresó en la resolución que, los defensores al oponerse a la
orden de los policías de “salirse del microbús” se convirtieron en parte
del conflicto. Y que los policías sólo actuaron en reacción a la
oposición.
Ataque extra es un castigo y eso es tortura
Para
Omar Menjivar, miembro del equipo legal de los y las defensoras, la
resolución de la jueza tiene serias deficiencias, una de ellas es cómo
trata la dimensión de lo que es “tortura”.
Ejemplificó que, uno de los imputados decide aplicar de manera personal una dosis de gas innecesaria, arbitraria e injustificada
y ese acto deliberado constituye abuso de autoridad y constituye un
delito de tortura porque lo hizo como un acto de venganza para castigar a
las personas que estaban dentro del bus, negándose a los requerimientos
de la policía.
Sin embargo, el tema no es si las personas tenían que bajar porque la policía se los ordenaba o quien tenía la razón.
Pero logrando que se bajaran las personas en total indefensión por el gas que ya habían rociado dentro del bus, y Aguilar -comisionado- rocía más gas en el rostro de los y las defensoras, ellos estaban en absoluta indefensión, esa acción es arbitraria y más grave por las consecuencia en cada persona, detalló Menjivar.
“Carlos del Cid quedó casi ciego, afortunadamente medio ve” -continuó el abogado- pero eso no lo valoró la jueza.
Sin embargo, el tema no es si las personas tenían que bajar porque la policía se los ordenaba o quien tenía la razón.
Pero logrando que se bajaran las personas en total indefensión por el gas que ya habían rociado dentro del bus, y Aguilar -comisionado- rocía más gas en el rostro de los y las defensoras, ellos estaban en absoluta indefensión, esa acción es arbitraria y más grave por las consecuencia en cada persona, detalló Menjivar.
“Carlos del Cid quedó casi ciego, afortunadamente medio ve” -continuó el abogado- pero eso no lo valoró la jueza.
Lo que
hace la resolución es colocar como victimarios a las víctimas, y a los
acusados como personas que actuaron dentro de la Ley, y esto va a justificar el uso de la fuerza.
Aquí no se discute que la Policía hizo uso de la fuerza, sino que se justifica como para dar una lección qué es un castigo por algo que hicieron y a la autoridad no le gustó. Omar Menjivar
Si ya
habían rociado gas pimienta dentro del vehículo, y el comisionado
Aguilar usó como un extra -aerosol en el rostro- para darle una lección a
quienes se oponían a la ley, y eso es un castigo, es tortura, porque se
le infringe dolor a la persona.
En cuanto a que el defensor se convierte en parte provocativa a la acción policial, “es una distorsión de parte de la jueza creer que el papel del defensor de Derechos Humanos sea una acción impávida, sólo de ver e informar. Al defensor se le pide que actúe, y para eso tiene que apreciar, pero no sólo quedarse así, como que fuera una obra de arte la que hacen los abusadores, es una labor de prevenir una acción de autoridades abusivas”, puntualizó Menjivar.
Desnudo vulgar
En cuanto a que el defensor se convierte en parte provocativa a la acción policial, “es una distorsión de parte de la jueza creer que el papel del defensor de Derechos Humanos sea una acción impávida, sólo de ver e informar. Al defensor se le pide que actúe, y para eso tiene que apreciar, pero no sólo quedarse así, como que fuera una obra de arte la que hacen los abusadores, es una labor de prevenir una acción de autoridades abusivas”, puntualizó Menjivar.
Desnudo vulgar
La
cita de lectura del fallo era para la una de la tarde, y las víctimas
alargaron su búsqueda de justicia hasta una hora y diez minutos después.
Lo que
tanto se temía, se escuchó. Sobreseimiento definitivo en todos los
cargos contra los comisionados y subcomisionado de policía, torturadores
de defensores de ddhh y estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma
de Honduras (UNAH).
Es una vergüenza lo que hemos visto, cómo se ha desnudado de una forma vulgar el Sistema de Justicia
ante el poder de la bota policial en este caso, declaró Carlos del Cid,
uno de los defensores más afectados por el gas tóxico en sus ojos.
Explicó
que, “Cuándo decimos desnudado, es que -la jueza- no ha tenido el menor
pudor a pesar de que se le presentaron cerca de 200 pruebas entre
documentales, fotográficas, vídeos, registros, ella obvió todas en las
que los identificaban -a los policías- en algunos delitos, sino es que
en los cinco que nosotros mencionamos y los dejó absueltos en todos”.
Del Cid
creía que por lo menos, por los delitos cometidos contraer su persona, y
por los que presentó exámenes médicos de entidades del Estado, ella iba
a dejarlos procesados.
“Pero no, ella tuvo la desvergüenza de decir que lo que me pasó fue consecuencia natural de la resistencia y oposición”.
Pareciera
que siguieran órdenes de más arriba y que no fueran tocadas las fuerzas
represivas que mantienen en el poder al ilegal presidente de la
República, detalló.
Es más, tengo mis sospechas y se las voy a decir, que hoy no vino el abogado principal de la parte acusadora… a mí me late que fue el abogado principal quién le redactó a la juez la sentencia, porque llevaba la tónica de lo que decía el abogado. Carlos del Cid
Estamos
ante un Estado que le está diciendo a la comunidad internacional y
nacional que “da carta blanca” a los policías y militares de que nos
agredan y atropellen a su gusto que contra eso no va haber una
responsabilidad judicial, tendrán impunidad absoluta.
Con este
hecho, las víctimas son por los operadores de justicia victimarios. Es
así que, no varió la acusación inicial cuándo judicializaron a Carlos,
Ariel y Tomy que es además periodista, y que por esta situación debió
salir del país para mejorar su salud desde hace siete meses.
Del Cid
afirmó que, el fallo de absolución de los policías, les está diciendo
que paren su labor de defensoría o van a ser reprimidos, que siempre
serán los culpables de lo que los policías hagan en su contra.
Sin
embargo, no se siente derrotado, públicamente ha alzado su voz de
protesta ante instancias como el Relator para la situación de defensores
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michel Forst, en su
reciente visita a Honduras; y hoy su actitud de repudio al sistema de justicia, no fue la excepción.
Por lo
que, con este doblez de justicia expresó que es la oportunidad de ir
documentando lo que está pasando e ir a denunciar junto a organizaciones
nacionales e internacionales la violaciones a ddhh, justo en el país
considerado entre los más peligrosos del planeta para defensores,
ambientalistas, indígenas y periodistas.
Teme que si no hay unidad en la lucha, aquí habrá masacres de defensores y defensoras de derechos humanos.
Plantean procesos de organización para evitar municipalización del agua en Honduras
May 29, 2018
El fantasma de la municipalización del agua atormenta a diario a
las comunidades de Tegucigalpa y Comayagüela que de forma organizada
luchan contra este proceso del que temen culmine en una privatización
del servicio, tal y como ocurrió en San Pedro Sula, Choloma y Puerto
Cortés, al norte de Honduras.
La municipalización del servicio de agua ya fue anunciado y aceptado de forma oficial por la Alcaldía del Distrito Central, ya es solo cuestión de tiempo para que se traspase la administración y se ponga en marcha la nueva plataforma de servicio a cargo de la municipalidad.
Autoridades municipales afirman que actualmente están haciendo un estudio para conocer las causas y soluciones al problema de falta de agua en barrios y colonias capitalinas, las que día a día enfrentan el calvario de solo recibir el servicio de agua dos o tres veces por semana.
Este proceso se abrió desde la aprobación en el 2003, en el gobierno de Ricardo Maduro, de la Ley Marco del Agua, que abre y autoriza la municipalización de los servicios administradores de agua, y de esa forma sacar al Estado del papel de administrador principal.
A raíz de esa situación se creó una plataforma popular de lucha, la que dio paso a la creación de una articulación nacional en la Coordinadora de Resistencia, quien, a través del acuerdo entre varias organizaciones populares, abanderó en aquel momento la lucha contra este proceso.
Han pasado los años y tras las medidas de ataques de los distintos gobiernos y gracias a las sugerencias de los organismos financieros internacionales, han triunfado en ese plan, dejando ya primeras experiencias de privatización en la zona norte del país.
“Municipalizar no es más que privatizar, y el ejemplo claro lo tenemos en lo que sucede en la zona norte, vimos que las alcaldías no pudieron administrar y luego entregaron la administración y servicio a la empresa privada”, dijo Manuel Amador, presidente de la Asociación Hondureña de Juntas Administradoras de Agua en Tegucigalpa.
Hace ocho años, se creó la Asociación que desde entonces ha estado luchando por la defensa del agua y de los intereses de las comunidades en esta región central.
“Hemos perdido la esperanza en diputados, en el gobierno, quienes no legislan a favor de nosotros, solo lo hacen a favor de los grandes políticos y de las grandes corporaciones”, manifestó Amador.
Don Manuel asegura que han buscado a políticos de diversos partidos para que hagan algo con respecto a la Ley Marco, pero que por las respuestas que les han dado, el desinterés parece ser el mejor calificativo para describirlos.
Para Lourdes Borjas, integrante de la Junta de Agua de San Francisco, en Tegucigalpa, el tema del desarrollo es aplicado desde una perspectiva errónea en la capital. “No queremos puentes, queremos agua, acá nos han abandonado en la parte social, mientras se construye, las comunidades están abandonadas y el desarrollo humano y natural se estanca”, dijo Lourdes.
Borjas comparte el criterio de muchos sectores en Tegucigalpa, quienes ven a diario como las construcciones viales son la principal apuesta de la alcaldía que dirige Nasry Asfura, apuesta que incluso le permitió reelegirse por cuatro años más en la administración municipal.
En tal sentido, las comunidades creen pertinente la necesidad de una visión del desarrollo más humana, más social y menos llena de concreto. Pero la visión del desarrollo no es lo que más le preocupa a las más de 170 Juntas de Agua que luchan contra la municipalización, el principal miedo de estos sectores es la privatización.
“Estamos sufriendo el serio problema de desabastecimiento de agua, este proceso de municipalización es complejo, es decir, que la capital es un sector complicado con muchos problemas, la alcaldía no tiene la capacidad técnica para administrar el agua, y eso es preocupante, porque eso llevará a la privatización tarde o temprano”, dijo Pedro Fúnez, de la Junta de Agua del sector Cuestas número uno.
Para Fúnez el problema no solo es la capacidad inmediata de la municipalidad para administrar el servicio e incluso se atreve a suponer que en el gobierno de Asfura no se le apueste directamente a la privatización, pero si en el futuro viene otro alcalde con esa visión, entonces la privatización se hará una realidad.
Fúnez cree que el punto fundamental para la privatización es aceptar la municipalización, lo demás será solo cuestión de tiempo, por eso desde su criterio el Estado no debe dar paso a que se haga una realidad y los políticos deberían fortalecer la administración pública, pero una de calidad y de acceso simple y digno para la población de escasos recursos.
Un nuevo sistema de administración traería con ello una inminente tabla de nuevos precios, con aumentos incluidos, por ejemplo, en algunos sectores todavía son las Juntas de Agua las que mantienen la administración del servicio, en la Cuestas número uno, los vecinos pagan cien Lempiras de agua, pero con este nuevo proceso la cifra se les podría ir de las manos.
Fúnez asegura que de darse un incremento la población al menos de su sector, no tendría la capacidad, pues es una región donde habitan personas de muy pocos recursos económicos.
Los integrantes de las Juntas de Agua aseguran que han sido atendidos por las autoridades tanto de la alcaldía como del gobierno, pero en esos espacios no se logran acuerdos porque ninguno está dispuesto a negociar o en el peor de los casos a ceder en sus posturas.
“Lamentablemente en las reuniones que hemos tenido con las autoridades no se dan acuerdos y vemos que la alcaldía es una de las más interesadas en la municipalización y eso no nos da buena espina”, dijo Fúnez.
Mientras tanto Víctor González, presidente de la Junta de Agua de Altos de San Francisco, cree que ya es hora que las comunidades se organicen para luchar. “Ya es tiempo que este pueblo levante la cabeza y que nos hagamos una sola fuerza para luchar por nuestros derechos y recursos”.
González denuncia que en su sector ya se están instalando nuevos contadores, y eso preocupa a la comunidad por las nuevas tarifas que allí se implementarán.
Josué Reyes, de la Junta de Agua de Flor del Campo, cree necesario organizarse a nivel nacional para defender el derecho al agua y contrarrestar la privatización del servicio. “Queremos conformar una plataforma para que nos organicemos y luchemos no solo por la defensa del agua, sino también contra las medidas que afectan de forma general al pueblo hondureño”.
La realidad de las comunidades capitalinas es preocupante y adversa porque a pesar de la oposición que todavía no termina de organizarse, enfrentan un modelo que le apuesta desde todas sus plataformas a la municipalización, proceso que ya solo es cuestión de tiempo para entrar en funciones.
La municipalización del servicio de agua ya fue anunciado y aceptado de forma oficial por la Alcaldía del Distrito Central, ya es solo cuestión de tiempo para que se traspase la administración y se ponga en marcha la nueva plataforma de servicio a cargo de la municipalidad.
Autoridades municipales afirman que actualmente están haciendo un estudio para conocer las causas y soluciones al problema de falta de agua en barrios y colonias capitalinas, las que día a día enfrentan el calvario de solo recibir el servicio de agua dos o tres veces por semana.
Este proceso se abrió desde la aprobación en el 2003, en el gobierno de Ricardo Maduro, de la Ley Marco del Agua, que abre y autoriza la municipalización de los servicios administradores de agua, y de esa forma sacar al Estado del papel de administrador principal.
A raíz de esa situación se creó una plataforma popular de lucha, la que dio paso a la creación de una articulación nacional en la Coordinadora de Resistencia, quien, a través del acuerdo entre varias organizaciones populares, abanderó en aquel momento la lucha contra este proceso.
Han pasado los años y tras las medidas de ataques de los distintos gobiernos y gracias a las sugerencias de los organismos financieros internacionales, han triunfado en ese plan, dejando ya primeras experiencias de privatización en la zona norte del país.
“Municipalizar no es más que privatizar, y el ejemplo claro lo tenemos en lo que sucede en la zona norte, vimos que las alcaldías no pudieron administrar y luego entregaron la administración y servicio a la empresa privada”, dijo Manuel Amador, presidente de la Asociación Hondureña de Juntas Administradoras de Agua en Tegucigalpa.
Hace ocho años, se creó la Asociación que desde entonces ha estado luchando por la defensa del agua y de los intereses de las comunidades en esta región central.
“Hemos perdido la esperanza en diputados, en el gobierno, quienes no legislan a favor de nosotros, solo lo hacen a favor de los grandes políticos y de las grandes corporaciones”, manifestó Amador.
Don Manuel asegura que han buscado a políticos de diversos partidos para que hagan algo con respecto a la Ley Marco, pero que por las respuestas que les han dado, el desinterés parece ser el mejor calificativo para describirlos.
Para Lourdes Borjas, integrante de la Junta de Agua de San Francisco, en Tegucigalpa, el tema del desarrollo es aplicado desde una perspectiva errónea en la capital. “No queremos puentes, queremos agua, acá nos han abandonado en la parte social, mientras se construye, las comunidades están abandonadas y el desarrollo humano y natural se estanca”, dijo Lourdes.
Borjas comparte el criterio de muchos sectores en Tegucigalpa, quienes ven a diario como las construcciones viales son la principal apuesta de la alcaldía que dirige Nasry Asfura, apuesta que incluso le permitió reelegirse por cuatro años más en la administración municipal.
En tal sentido, las comunidades creen pertinente la necesidad de una visión del desarrollo más humana, más social y menos llena de concreto. Pero la visión del desarrollo no es lo que más le preocupa a las más de 170 Juntas de Agua que luchan contra la municipalización, el principal miedo de estos sectores es la privatización.
“Estamos sufriendo el serio problema de desabastecimiento de agua, este proceso de municipalización es complejo, es decir, que la capital es un sector complicado con muchos problemas, la alcaldía no tiene la capacidad técnica para administrar el agua, y eso es preocupante, porque eso llevará a la privatización tarde o temprano”, dijo Pedro Fúnez, de la Junta de Agua del sector Cuestas número uno.
Para Fúnez el problema no solo es la capacidad inmediata de la municipalidad para administrar el servicio e incluso se atreve a suponer que en el gobierno de Asfura no se le apueste directamente a la privatización, pero si en el futuro viene otro alcalde con esa visión, entonces la privatización se hará una realidad.
Fúnez cree que el punto fundamental para la privatización es aceptar la municipalización, lo demás será solo cuestión de tiempo, por eso desde su criterio el Estado no debe dar paso a que se haga una realidad y los políticos deberían fortalecer la administración pública, pero una de calidad y de acceso simple y digno para la población de escasos recursos.
Un nuevo sistema de administración traería con ello una inminente tabla de nuevos precios, con aumentos incluidos, por ejemplo, en algunos sectores todavía son las Juntas de Agua las que mantienen la administración del servicio, en la Cuestas número uno, los vecinos pagan cien Lempiras de agua, pero con este nuevo proceso la cifra se les podría ir de las manos.
Fúnez asegura que de darse un incremento la población al menos de su sector, no tendría la capacidad, pues es una región donde habitan personas de muy pocos recursos económicos.
Los integrantes de las Juntas de Agua aseguran que han sido atendidos por las autoridades tanto de la alcaldía como del gobierno, pero en esos espacios no se logran acuerdos porque ninguno está dispuesto a negociar o en el peor de los casos a ceder en sus posturas.
“Lamentablemente en las reuniones que hemos tenido con las autoridades no se dan acuerdos y vemos que la alcaldía es una de las más interesadas en la municipalización y eso no nos da buena espina”, dijo Fúnez.
Mientras tanto Víctor González, presidente de la Junta de Agua de Altos de San Francisco, cree que ya es hora que las comunidades se organicen para luchar. “Ya es tiempo que este pueblo levante la cabeza y que nos hagamos una sola fuerza para luchar por nuestros derechos y recursos”.
González denuncia que en su sector ya se están instalando nuevos contadores, y eso preocupa a la comunidad por las nuevas tarifas que allí se implementarán.
Josué Reyes, de la Junta de Agua de Flor del Campo, cree necesario organizarse a nivel nacional para defender el derecho al agua y contrarrestar la privatización del servicio. “Queremos conformar una plataforma para que nos organicemos y luchemos no solo por la defensa del agua, sino también contra las medidas que afectan de forma general al pueblo hondureño”.
La realidad de las comunidades capitalinas es preocupante y adversa porque a pesar de la oposición que todavía no termina de organizarse, enfrentan un modelo que le apuesta desde todas sus plataformas a la municipalización, proceso que ya solo es cuestión de tiempo para entrar en funciones.
Preocupa a organizaciones y familias cancelación del TPS para hondureños en EEUU
May 10, 2018
El departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció
el pasado viernes la cancelación del Estatus de Protección Temporal,
TPS, para más de 57 mil hondureños y hondureñas que desde hace más de 20
años están amparados bajo este programa.
La medida adoptada por el gobierno de Donald Trump, ha puesto en aprietos a miles de familias que han salido del país desplazadas por la violencia y falta de oportunidades.
A criterio de Patricia Montes, hondureña, directora del Centro Presente (organización que trabaja con temas de migrantes en Boston, Massachusetts), la decisión no es una sorpresa, pues es evidente que la misma es parte de una estrategia más amplia para reducir programas como el que ampara a jóvenes soñadores, y son medidas para eliminar la migración documentada y no documentada en los Estados Unidos.
Montes es una entrevista con Radio Progreso explicó que la decisión es complemento de un plan para seguir criminalizando a las poblaciones migrantes en Estados Unidos. Y que es consecuencia de políticas migratorias de gobiernos anteriores que se recrudecen con la llegada al poder del presidente Donald Trump.
Pocas alternativas
Las personas que tienen TPS y que son de Honduras estarán protegidas hasta el 5 de enero del 2020. Por lo tanto, tendrán que buscar otras alternativas para vivir en Estados Unidos.
Patricia Montes, dice que buscar alternativas para regularizar la condición de indocumentados será una misión imposible para los ciudadanos hondureños y centroamericanos. Explica que no todas las personas que están amparadas bajo el TPS, tienen las mismas posibilidades de regular su estatus.
Las personas con más posibilidades son aquellas que tienen hijos que son ciudadanos estadounidenses mayores de 21 años, estos pueden hacer la petición de legalización para sus familiares.
“Cada caso es diferente, pero en todos es necesario que un abogado experto en leyes de inmigración de Estados Unidos haga un diagnóstico, para saber realmente si tiene posibilidades de legalizar su estatus”, explica Patricia Montes.
El Estatus de Protección Temporal que el gobierno de EEUU eliminó amparaba a más de 400 mil personas de 13 países diferentes. El programa fue creado en 1990 y protegía a 439.625 personas, la mayor parte de América.
Estudios de organizaciones defensoras de los migrantes indican que de las más de 400 mil personas que están amparadas en el TPS, únicamente el 20% de esa población tiene posibles alternativas para regularizar su situación migratoria.
Gestiones
Aunque el panorama es adverso y el gobierno estadounidense se niega a respetar los derechos de las personas migrantes, existen organizaciones que trabajan dentro y fuera de Estados Unidos buscando alternativas para proteger a las familias migrantes que han ingresado a la nación norteamericana.
En ese sentido, Patricia Montes explica que las organizaciones trabajan bajo tres pilares: el primero laborar con organizaciones expertas en leyes migratorias, para explorar las vías alterativas que la población tiene, y así dar asesoría jurídica a las familias.
En segundo lugar, una estrategia legislativa. En este momento hay cinco proyectos de ley en el Congreso de los Estados Unidos, 4 conducen a buscar una residencia permanente para las personas amparadas bajo el TPS. “Pero la composición política hace que ese proceso legislativo sea muy difícil a raíz que el Congreso no tiene voluntad política para favorecer a las poblaciones inmigrantes indocumentados”.
Por último, el trabajo de educación e incidencia política; pues en Estados Unidos se desconoce la situación compleja que viven los países receptores. Esa estrategia trabaja en conjunto con organizaciones de la región. “Es necesario que los ciudadanos y las autoridades estadounidenses comprendan que los países, sobre todo los centroamericanos viven una situación compleja, son países expulsores de personas, y no están preparados para recibir el flujo migratorio que constantemente está siendo deportado de Estados Unidos”.
Responsabilidad
Los miles de ciudadanos y ciudadanas que han abandonado el país, no lo han hecho por gusto o placer. La falta de oportunidades, la situación política y la inseguridad son factores que obligan a miles de familias a dejar el suelo que les vio nacer. La situación y el flujo se elevaron con el golpe de Estado de 2009, pero con el fraude electoral de noviembre 2017 las cifras se dispararon.
Karla Rivas, representante de la Red Jesuita Con Migrantes, RJM, dice que los gobiernos tienen alta cuota de responsabilidad, porque deberían de garantizar el derecho a no migrar, asegurando las condiciones, políticas, sociales y económicas necesarias para una mejor calidad de vida.
“La migración es un derecho, pero no migrar también debe serlo. La gente debería tener esa posibilidad de ir y conocer cuando quiera hacerlo, no de manera obliga porque no hay trabajo o porque le están extorsionando su familia. Pero las condiciones de los Estados y los gobiernos autoritarios como el de Honduras, no permiten que ese potencial humano pueda desarrollarse en el país”, afirma Karla Rivas.
La medida adoptada por el gobierno de Donald Trump, ha puesto en aprietos a miles de familias que han salido del país desplazadas por la violencia y falta de oportunidades.
A criterio de Patricia Montes, hondureña, directora del Centro Presente (organización que trabaja con temas de migrantes en Boston, Massachusetts), la decisión no es una sorpresa, pues es evidente que la misma es parte de una estrategia más amplia para reducir programas como el que ampara a jóvenes soñadores, y son medidas para eliminar la migración documentada y no documentada en los Estados Unidos.
Montes es una entrevista con Radio Progreso explicó que la decisión es complemento de un plan para seguir criminalizando a las poblaciones migrantes en Estados Unidos. Y que es consecuencia de políticas migratorias de gobiernos anteriores que se recrudecen con la llegada al poder del presidente Donald Trump.
Pocas alternativas
Las personas que tienen TPS y que son de Honduras estarán protegidas hasta el 5 de enero del 2020. Por lo tanto, tendrán que buscar otras alternativas para vivir en Estados Unidos.
Patricia Montes, dice que buscar alternativas para regularizar la condición de indocumentados será una misión imposible para los ciudadanos hondureños y centroamericanos. Explica que no todas las personas que están amparadas bajo el TPS, tienen las mismas posibilidades de regular su estatus.
Las personas con más posibilidades son aquellas que tienen hijos que son ciudadanos estadounidenses mayores de 21 años, estos pueden hacer la petición de legalización para sus familiares.
“Cada caso es diferente, pero en todos es necesario que un abogado experto en leyes de inmigración de Estados Unidos haga un diagnóstico, para saber realmente si tiene posibilidades de legalizar su estatus”, explica Patricia Montes.
El Estatus de Protección Temporal que el gobierno de EEUU eliminó amparaba a más de 400 mil personas de 13 países diferentes. El programa fue creado en 1990 y protegía a 439.625 personas, la mayor parte de América.
Estudios de organizaciones defensoras de los migrantes indican que de las más de 400 mil personas que están amparadas en el TPS, únicamente el 20% de esa población tiene posibles alternativas para regularizar su situación migratoria.
Gestiones
Aunque el panorama es adverso y el gobierno estadounidense se niega a respetar los derechos de las personas migrantes, existen organizaciones que trabajan dentro y fuera de Estados Unidos buscando alternativas para proteger a las familias migrantes que han ingresado a la nación norteamericana.
En ese sentido, Patricia Montes explica que las organizaciones trabajan bajo tres pilares: el primero laborar con organizaciones expertas en leyes migratorias, para explorar las vías alterativas que la población tiene, y así dar asesoría jurídica a las familias.
En segundo lugar, una estrategia legislativa. En este momento hay cinco proyectos de ley en el Congreso de los Estados Unidos, 4 conducen a buscar una residencia permanente para las personas amparadas bajo el TPS. “Pero la composición política hace que ese proceso legislativo sea muy difícil a raíz que el Congreso no tiene voluntad política para favorecer a las poblaciones inmigrantes indocumentados”.
Por último, el trabajo de educación e incidencia política; pues en Estados Unidos se desconoce la situación compleja que viven los países receptores. Esa estrategia trabaja en conjunto con organizaciones de la región. “Es necesario que los ciudadanos y las autoridades estadounidenses comprendan que los países, sobre todo los centroamericanos viven una situación compleja, son países expulsores de personas, y no están preparados para recibir el flujo migratorio que constantemente está siendo deportado de Estados Unidos”.
Responsabilidad
Los miles de ciudadanos y ciudadanas que han abandonado el país, no lo han hecho por gusto o placer. La falta de oportunidades, la situación política y la inseguridad son factores que obligan a miles de familias a dejar el suelo que les vio nacer. La situación y el flujo se elevaron con el golpe de Estado de 2009, pero con el fraude electoral de noviembre 2017 las cifras se dispararon.
Karla Rivas, representante de la Red Jesuita Con Migrantes, RJM, dice que los gobiernos tienen alta cuota de responsabilidad, porque deberían de garantizar el derecho a no migrar, asegurando las condiciones, políticas, sociales y económicas necesarias para una mejor calidad de vida.
“La migración es un derecho, pero no migrar también debe serlo. La gente debería tener esa posibilidad de ir y conocer cuando quiera hacerlo, no de manera obliga porque no hay trabajo o porque le están extorsionando su familia. Pero las condiciones de los Estados y los gobiernos autoritarios como el de Honduras, no permiten que ese potencial humano pueda desarrollarse en el país”, afirma Karla Rivas.
Peligrosa resolución de jueza coloca en más riesgo a los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras
Friday, 01 June 2018 20:20 Written by Webmaster Published in Denuncia
La Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos emitió este
01 de junio de 2018, un comunicado donde alerta a la comunidad
nacional e internacional de las consecuencias del fallo sobre el caso de
tres oficiales de policía que torturaron a defensores de derechos
humanos en septiembre de 2017, calificando la resolución como una acción
peligrosa que pone en precario la defensa de los derechos humanos en
Honduras.
Este es el comunicado íntegro de la ASOPODEHU:
Los oficiales Juan Manuel Aguilar Godoy (Sub Comisionado), Félix Adrián Colindres (Comisionado) y Marlon Agustín Vásquez Palma (Sub Comisionado), fueron acusados por el Ministerio Público a instancia de la Mesa de Derechos Humanos que presentó denuncia el 12 de septiembre de 2017 por los delitos de de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, lesiones, detención ilegal y torturas. El requerimiento fiscal fue librado el 12 de diciembre de ese año sin avisarle a los abogados privados representantes de las víctimas, y fue hasta el 28 de febrero de 2018 que se llevó a cabo la Audiencia de Imputado y el 13 de marzo dio comienzo la Audiencia Inicial en el caso.
Durante todo el proceso la Jueza Gallo mostró parcialidad para favorecer a los oficiales. Les permitió privilegios que no gozan otros imputados como el uso de sus teléfonos celulares desde los cuales tomaban videos y fotografías a defensores de derechos humanos que llegaron a observar las audiencias.
La Audiencia Inicial sufrió dilaciones injustificadas y esta etapa duró casi tres meses. En la evacuación de las pruebas entre ellas las de video, la jueza se concentró en buscar elementos para descalificar la labor de los defensoras de derechos humanos Carlos del Cid, del Observatorio Ecuménico Internacional de Derechos Humanos; María Tomasa Morales, de la Asociación por la Democracia y los derechos humanos, ASOPODEHU; Ariel Díaz del Centro para la Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, CIPRODEH y Hedme Castro de ACI-Participa, que trataron de proteger a ocho estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a quienes la policía pretendía detener ilegalmente.
Los abusos cometidos fueron de tal magnitud que provocó lesiones físicas y sicológicas contra los afectados. Los dictámenes médicos tomados por Medicina Forense dejaron claro que había lesiones en Carlos del Cid, en uno de sus ojos, que le incapacitaron por 14 días y le dejaron lesiones irreversibles, mientras que Morales tenía parte de su cuerpo quemado por los gases lacrimógenos y golpes en sus piernas, además de una afectación en su rostro por los químicos.
Todas las 12 personas , los cuatro defensores y ocho estudiantes, vivieron más de tres horas a la sombra de la impunidad de las acciones de los policías que actuaron con alevosía y ventaja y total irrespeto a la labor de defensa de los derechos humanos en Honduras.
Pero las pruebas no fueron suficientes, la Jueza Gallo soslayó la justicia y dictó sobreseimiento definitivo para los oficiales, lo que coloca la labor de defensa de derechos humanos en muchos escalones más de peligro e invita a los violadores de derechos humanos a atacar a las personas que defendemos a las víctimas de violaciones a sus derechos fundamentales .
La descalificación de los testimonios de las víctimas y la utilización indebida de los convenios internacionales de protección a los derechos humanos, fueron las armas letales contra la justicia. La verdad según la jueza estaba de parte de los oficiales de policía, a tal extremo que justificó el uso de gas pimienta en el rostro de las víctimas aduciendo que eso se apegaba al Manual del uso de la Fuerza, aprobado por Naciones Unidas y no era tortura.
Igualmente declaró NO HA LUGAR dos Recursos de Reposición interpuestos por una fiscal del Ministerio Público y la abogada privada Kenia Oliva,de C-LIBRE, ambas señalaban que lo interponían para que se echara para atrás la decisión de Sobreseimiento definitivo para los altos mandos policiales. Esa petición fue rechazada de inmediato, en menos de 15 minutos.
La decisión violenta el Artículo 9 de la Declaración de Defensores de Derechos Humanos aprobada por la Asamblea de las Naciones Unidas el 08 de marzo de 1999 y que reza que “Artículo 9 1. En el ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluidas la promoción y la protección de los derechos humanos a que se refiere la presente Declaración, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a disponer de recursos eficaces y a ser protegida en caso de violación de esos derechos”.
Asimismo el Artículo 6 de la Ley de Protección para los y las defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de Justicia, aprobado por el Congreso Nacional en mayo de 2015, que en su artículo 6 que dice “EL DEBER DE ESPECIAL PROTECCIÓN A LAS PERSONAS DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS.-El Estado tiene la obligación de respetar los derechos humanos de las y los defensores de derechos humanos y de prevenir de forma razonable las amenazas, hostigamientos y agresiones que puedan generarse en su contra, independientemente de que éstas provengan de actores estatales o particulares”.
Durante este juicio quedó bien claro que no solamente las acciones represivas y de obstrucción de la defensa de los derechos humanos se centra en los cuatro defensores y defensoras aisladamente sino que se inició el camino para deslegitimar a las organizaciones de derechos humanos en su conjunto, empezando por las cuatro de las cuales forman parte las víctimas del 08 de septiembre de 2017: La Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEHU; el Observatorio Ecuménico Internacional de Derechos Humanos, OEIDH; ACI-Participa y el CIPRODEH.
Por lo anteriormente expuesto demandamos del Estado de Honduras:
1.-Retroceder esta decisión nefasta para la defensa de los derechos humanos en el país.
2.-Castigar a los responsables de violaciones a los derechos humanos de personas que defienden los derechos fundamentales de las víctimas, con el objetivo de combatir la impunidad en los ataques contra este sector tan importante del país.
3.-Cumplir con las recomendaciones que hiciera el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU en el Examen Periódico Universal, EPU 2015, donde el Estado de Honduras se comprometió a llevar a cabo investigaciones imparciales para combatir la impunidad en ataques contra defensores y defensoras de derechos humanos.
4.-Proceder a proteger de inmediato a los defensores y defensoras que fueron víctimas del ataque brutal el 08 de septiembre de 2017 únicamente por realizar su labor de defensa de los derechos humanos. Los defensores han quedado más vulnerables con esta resolución que otorga un cheque en blanco no solo a los tres oficiales de policía sino a todos los agentes estatales que en el futuro pueden atacar a quienes ejercen la defensoría de derechos humanos, sin ninguna consecuencia.
A la Comunidad Internacional:
1.-Solicitamos hacer una cadena solidaria de protección a los defensores y defensoras de derechos humanos que de hoy en adelante estarán en más riesgo producto de este fallo a favor de los oficiales torturadores. Les solicitamos que realicen acciones ante sus gobiernos y organismos internacionales de protección a los derechos humanos.
2.-También les solicitamos misiones urgentes a Honduras para que brinden un acompañamiento solidario a la comunidad nacional de defensores y defensoras de derechos humanos.
3.-Evidenciar que estas acciones estatales ponen en precario a las personas que han decidido defender derechos.
Comunicado:
Peligrosa resolución de jueza coloca en más peligro a los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras
La Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEHU,
externa su preocupación por el fallo emitido este día 01 de junio de
2018 por la Jueza Gabriela Gallo, del Juzgado de lo Penal de Francisco
Morazán, a cargo del juicio contra tres altos oficiales de la Policía
Preventiva que cometieron graves violaciones a los derechos humanos
contra cuatro defensores y ocho estudiantes, lo cual sentó uno de los
peores precedentes en el combate a la impunidad, al declarar
Sobreseimiento Definitivo para los delitos que enfrentan los imputados.Peligrosa resolución de jueza coloca en más peligro a los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras
Los oficiales Juan Manuel Aguilar Godoy (Sub Comisionado), Félix Adrián Colindres (Comisionado) y Marlon Agustín Vásquez Palma (Sub Comisionado), fueron acusados por el Ministerio Público a instancia de la Mesa de Derechos Humanos que presentó denuncia el 12 de septiembre de 2017 por los delitos de de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, lesiones, detención ilegal y torturas. El requerimiento fiscal fue librado el 12 de diciembre de ese año sin avisarle a los abogados privados representantes de las víctimas, y fue hasta el 28 de febrero de 2018 que se llevó a cabo la Audiencia de Imputado y el 13 de marzo dio comienzo la Audiencia Inicial en el caso.
Durante todo el proceso la Jueza Gallo mostró parcialidad para favorecer a los oficiales. Les permitió privilegios que no gozan otros imputados como el uso de sus teléfonos celulares desde los cuales tomaban videos y fotografías a defensores de derechos humanos que llegaron a observar las audiencias.
La Audiencia Inicial sufrió dilaciones injustificadas y esta etapa duró casi tres meses. En la evacuación de las pruebas entre ellas las de video, la jueza se concentró en buscar elementos para descalificar la labor de los defensoras de derechos humanos Carlos del Cid, del Observatorio Ecuménico Internacional de Derechos Humanos; María Tomasa Morales, de la Asociación por la Democracia y los derechos humanos, ASOPODEHU; Ariel Díaz del Centro para la Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, CIPRODEH y Hedme Castro de ACI-Participa, que trataron de proteger a ocho estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a quienes la policía pretendía detener ilegalmente.
Los abusos cometidos fueron de tal magnitud que provocó lesiones físicas y sicológicas contra los afectados. Los dictámenes médicos tomados por Medicina Forense dejaron claro que había lesiones en Carlos del Cid, en uno de sus ojos, que le incapacitaron por 14 días y le dejaron lesiones irreversibles, mientras que Morales tenía parte de su cuerpo quemado por los gases lacrimógenos y golpes en sus piernas, además de una afectación en su rostro por los químicos.
Todas las 12 personas , los cuatro defensores y ocho estudiantes, vivieron más de tres horas a la sombra de la impunidad de las acciones de los policías que actuaron con alevosía y ventaja y total irrespeto a la labor de defensa de los derechos humanos en Honduras.
Pero las pruebas no fueron suficientes, la Jueza Gallo soslayó la justicia y dictó sobreseimiento definitivo para los oficiales, lo que coloca la labor de defensa de derechos humanos en muchos escalones más de peligro e invita a los violadores de derechos humanos a atacar a las personas que defendemos a las víctimas de violaciones a sus derechos fundamentales .
La descalificación de los testimonios de las víctimas y la utilización indebida de los convenios internacionales de protección a los derechos humanos, fueron las armas letales contra la justicia. La verdad según la jueza estaba de parte de los oficiales de policía, a tal extremo que justificó el uso de gas pimienta en el rostro de las víctimas aduciendo que eso se apegaba al Manual del uso de la Fuerza, aprobado por Naciones Unidas y no era tortura.
Igualmente declaró NO HA LUGAR dos Recursos de Reposición interpuestos por una fiscal del Ministerio Público y la abogada privada Kenia Oliva,de C-LIBRE, ambas señalaban que lo interponían para que se echara para atrás la decisión de Sobreseimiento definitivo para los altos mandos policiales. Esa petición fue rechazada de inmediato, en menos de 15 minutos.
La decisión violenta el Artículo 9 de la Declaración de Defensores de Derechos Humanos aprobada por la Asamblea de las Naciones Unidas el 08 de marzo de 1999 y que reza que “Artículo 9 1. En el ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluidas la promoción y la protección de los derechos humanos a que se refiere la presente Declaración, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a disponer de recursos eficaces y a ser protegida en caso de violación de esos derechos”.
Asimismo el Artículo 6 de la Ley de Protección para los y las defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de Justicia, aprobado por el Congreso Nacional en mayo de 2015, que en su artículo 6 que dice “EL DEBER DE ESPECIAL PROTECCIÓN A LAS PERSONAS DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS.-El Estado tiene la obligación de respetar los derechos humanos de las y los defensores de derechos humanos y de prevenir de forma razonable las amenazas, hostigamientos y agresiones que puedan generarse en su contra, independientemente de que éstas provengan de actores estatales o particulares”.
Durante este juicio quedó bien claro que no solamente las acciones represivas y de obstrucción de la defensa de los derechos humanos se centra en los cuatro defensores y defensoras aisladamente sino que se inició el camino para deslegitimar a las organizaciones de derechos humanos en su conjunto, empezando por las cuatro de las cuales forman parte las víctimas del 08 de septiembre de 2017: La Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEHU; el Observatorio Ecuménico Internacional de Derechos Humanos, OEIDH; ACI-Participa y el CIPRODEH.
Por lo anteriormente expuesto demandamos del Estado de Honduras:
1.-Retroceder esta decisión nefasta para la defensa de los derechos humanos en el país.
2.-Castigar a los responsables de violaciones a los derechos humanos de personas que defienden los derechos fundamentales de las víctimas, con el objetivo de combatir la impunidad en los ataques contra este sector tan importante del país.
3.-Cumplir con las recomendaciones que hiciera el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU en el Examen Periódico Universal, EPU 2015, donde el Estado de Honduras se comprometió a llevar a cabo investigaciones imparciales para combatir la impunidad en ataques contra defensores y defensoras de derechos humanos.
4.-Proceder a proteger de inmediato a los defensores y defensoras que fueron víctimas del ataque brutal el 08 de septiembre de 2017 únicamente por realizar su labor de defensa de los derechos humanos. Los defensores han quedado más vulnerables con esta resolución que otorga un cheque en blanco no solo a los tres oficiales de policía sino a todos los agentes estatales que en el futuro pueden atacar a quienes ejercen la defensoría de derechos humanos, sin ninguna consecuencia.
A la Comunidad Internacional:
1.-Solicitamos hacer una cadena solidaria de protección a los defensores y defensoras de derechos humanos que de hoy en adelante estarán en más riesgo producto de este fallo a favor de los oficiales torturadores. Les solicitamos que realicen acciones ante sus gobiernos y organismos internacionales de protección a los derechos humanos.
2.-También les solicitamos misiones urgentes a Honduras para que brinden un acompañamiento solidario a la comunidad nacional de defensores y defensoras de derechos humanos.
3.-Evidenciar que estas acciones estatales ponen en precario a las personas que han decidido defender derechos.
Tegucigalpa M.D.C 01 de junio de 2018
Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos
Apurando el paso hacia la democracia
Apurando el paso hacia la democracia
REDHIL-La Paz hará más visible su trabajo de incidencia
Marcala, La Paz.- El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), realizó el martes 29 de junio, en la ciudad de Marcala, La Paz, una jornada de planificación de actividades y consultas con la Red de Defensores de Derechos Humanos Indígena Lenca de La Paz (REDHIL- La Paz).
Acudieron al evento defensores y defensoras de derechos humanos de Chinacla, San José- La Paz, Cabañas, Santa María, Tutule, Opatoro y Marcala.
Los y las participantes expusieron sus inquietudes y nuevas denuncias ante Claudia Amaya, facilitadora e integrante del Área de Proyectos del COFADEH. Se aclararon algunos aspectos que son necesarios para tomar en consideración al momento de brindar seguimiento a casos de violaciones a derechos humanos y se afinaron detalles en cuanto al registro de denuncias.
Como parte de la planificación, la REDHIL-La Paz, brindará cobertura y visibilización a los cabildos abiertos que se desarrollaran en los próximos días en los municipios de San José-La Paz, Santa María y Marcala, entre otros.
Para apoyar estas actividades el COFADEH facilitó banners que ilustran el trabajo de la red, y entregó a los defensores y defensoras folletos informativos, gorras, camisetas, pegatinas y camisetas.
En la jornada se informó que REDDHIL-La Paz estará recibiendo capacitación los días 6 y 7 de junio, sobre el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relacionado a los derechos de las comunidades indígenas.
Asimismo se planificó para las próximas semanas un encuentro entre REDHIL y la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos del Sur (REDEHSUR).
En el evento se escucharon denuncias de que las comunidades indígenas lencas enfrentan la amenaza del despojo de sus tierras ancestrales, la criminalización por defender los bienes comunes, el abuso de la militarización en sus territorios y la discriminación de las autoridades y operadores de justicia.
Con el apoyo de Hivos y Trocaire-, el COFADEH y otras organizaciones como la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), el Centro de Estudios de la Mujer, CEM-H, CEHPRODEC y la Via Campesina, intervienen a 10 municipios del departamento de La Paz, para brindar a hombres y mujeres, representativos de las comunidades lencas, acceso a justicia, documentación de casos, procuración legal, denuncia pública y formación en derechos humanos.
Defensores y defensoras atacadas por policías reciben un solidario homenaje
Por: Sandra Rodríguez
Tegucigalpa, Honduras. – Entre el compromiso y la solidaridad de continuar haciendo la labor de defensoría de derechos humanos, este día la Mesa Nacional de Derechos Humanos entregó hoy una placa de reconociendo a la labor de Carlos del Cid, Ariel Díaz, Hedme Castro y Tomy Morales.
Estas cuatro personas defensoras de derechos humanos son víctimas de campañas de hostigamiento, amenazas y criminalización desde fuerzas policiales y militares y el propio gobierno de la República, y el 08 de septiembre del 2017 fueron torturados y encarcelados por acompañar a defensores de la educación pública en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Los defensores Carlos del Cid, del Observatorio Ecuménico Internacional de los Derechos Humanos (OEIDH); Ariel Díaz de la Juventud por los Derechos Humanos (JDH) y del Centro de Promoción e Investigación de los Derechos Humanos (CIPRODEH); Hedme Castro de la Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI-PARTICIPA); y Tomy Morales, Periodista y defensora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU), continúan viviendo secuelas físicas y emocionales por los tratos crueles y degradantes de parte de los uniformados en el marco del plan “Apolo III” para desalojar a estudiantes que mantenían una serie de protestas sociales, en la máxima casa de estudios.
Según la Mesa Nacional de Derechos Humanos, integrada por más de 30 organizaciones sociales “en un contexto de represión y un ejercicio sin garantías del derecho a defender derechos, encabezado por el ilegal presidente Juan Orlando Hernández, estas cuatro personas son el ejemplo de muchos otros y otras, que anteponen su integridad física y psíquica para velar por el respeto de los derechos humanos en el país”.
Carlos del Cid, recibió el homenaje que para él representa un alto compromiso con la defensa de los DDHH de las personas, para continuar enfrentado en este país todo ese aparataje violador de los DDHH, reconocer que el papel de los defensores de ddhh es una vocación más que un trabajo remunerado, porque ningún trabajo en el que uno arriesga la vida implica menos que el tener la convicción de que lo que haces es algo que vale la pena.
“Lo aceptamos no en nombre solo de nosotros cuatro, sino de los que están en el interior del país, y que incluso tienen mucho más riesgo de los que estamos en la ciudad, porque ellos piden la cosa y son encarcelados, nosotros por lo menos no hemos perdido la vida y hemos sido encarcelados sufrido ha sido de días, así que asumimos el reto”. Carlos del CidPor su parte, Ariel Díaz, afirmó que esta placa representa un sentido de amor, solidaridad, esperanza que, si se puede cambiar muchas cosas, no todas, pero si la hermandad y solidaridad de que los y las defensoras de derechos humanos no están solos “y que cualquier defensor o defensora de ddhh que sufra lo que nosotros sufrimos también van a estar para ellos y ellas.
Díaz no se descarta que haya más ataques contra otros defensores y defensoras porque Honduras es un país donde se asesinan a beneficiarios de Medidas Cautelares, que tiene un sistema de protección a defensores y defensoras inoperante, por lo que están en una constante vulnerabilidad y riesgo latente. La denuncia no es un invento de los y las defensoras, por lo que no descarta el peligro.
“las imágenes de ataques son constantes, reviven el dolor, la desesperanza, desolación donde el Estado en lugar de defender, viola los derechos; es imposible borrar esos episodios del 8 al 10 de septiembre del 2017”. Ariel DíazA través de un mensaje de texto, Hedme Castro expresó que, “Pues para mí es como un “Óscar” que visibiliza mi trabajo y la protección de las víctimas que atendemos en ACI Participa”, ella se encuentra fuera del país, en su nombre, la placa fue recibida por su hija Hedme Sierra Castro.
A nombre de Tomy Morales, el reconocimiento fue recibido por la también periodista y defensora de ddhh Dina Meza, coordinadora de ASOPODEHU. Morales está fuera del país desde casi siete meses, en un tratamiento de recuperación por los daños recibidos en el ataque policial de septiembre.
Mientras
Denunciar las violaciones a ddhh debe ser constante
![IMG_20180529_105340[1]](http://defensoresenlinea.com/wp-content/uploads/2018/05/IMG_20180529_1053401-300x225.jpg)
La Mesa Nacional de Derechos Humanos, desde el primer momento denunció estos hechos ante el Ministerio Público (MP) y ha impulsado todo el proceso judicial contra los agresores Juan Manuel Aguilar Godoy (Sub-Comisionado), Félix Adrián Colindres (Comisionado) y Marlon Agustín Vásquez Palma (Sub comisionado) miembros de la Policía Nacional, a quienes este próximo 01 de junio la jueza Gabriela Gallo deberá imponerles un Auto de Formal Procesamiento por los delitos de: Abuso de autoridad, Torturas y Detención Ilegal. El viernes 01 de junio se conocerá la suerte de estos policías según la disposición del sistema de justicia hondureño.
Cristina Alvarado, del Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”, que integra la Mesa Nacional de DDHH, expresó que, entregar este reconocimiento es acuerpar y respaldar a los y las compañeras en una lucha que cada vez más es criminalizada, señalada y judicialización por defender derechos, porque les dicen que se extralimitan en la defensoría. Es un reconocimiento con el que les decimos que no están solo en esta defensa.
Por su parte, la coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva, indicó que, con este acto, es importante y necesario hacer visible la solidaridad y la preocupación que, dónde haya un defensor o defensora de derechos humamos agredida no se debe permitir más abuso a las autoridades y en este caso, según ellos -los policías- fue claramente establecida las fuerzas del orden, según los torturadores. Y eso lo condenados y no permitiremos que pase al olvido.
Las y los defensores, durante la crisis en la UNAH, entre el 2014 al 2017, y ante los procesos de criminalización vigentes, han jugado un papel trascendental junto a los y las estudiantes organizados en defensa de la educación pública. Asimismo, realizando acompañamientos cuando las fuerzas represivas del Estado reprimen la protesta pacífica ante la falta de respuesta de las autoridades universitarias a sus demandas.
En este contexto se creo la Mesa Nacional de DDHH para acuerpar a los y las defensoras que fueron atacadas por policías dentro de un micro bus del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH), en la ciudad Universitaria, y que soy de les mostró la solidaridad a través de una placa de reconocimiento.
OACNUDH expresa profundo desconcierto por el sobreseimiento definitivo de oficiales de policía implicados en desalojo de la UNAH
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.
– La Oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos (OACNUDH) expresa su profundo desconcierto por
el sobreseimiento definitivo de los tres oficiales de policía acusados
por la Fiscalía Especial de Derechos Humanos de los delitos de abuso de
autoridad, tortura, detención ilegal, lesiones y violación de los
deberes de los funcionarios en relación a los eventos ocurridos el
pasado 8 de septiembre de 2017 en las instalaciones del campus de
Tegucigalpa de la Universidad Autónoma de Honduras (UNAH).
La
OACNUDH ha acompañado este caso desde el inicio y ha participado en
todas las audiencias. Mientras la Oficina se encuentra a la espera de
recibir el fallo emitido por el Juzgado de Letras, y por ende leer su
motivación, también considera que los hechos acontecidos el 8 de
septiembre de 2017 fueron en su momento de público conocimiento, y que
existen además numerosas grabaciones audiovisuales de los hechos,
realizadas tanto por la policía nacional, como por la UNAH, y por las y
los defensores y estudiantes.
En
el marco de esta observación y acompañamiento, cabe señalar, que se
produjeron demoras en el proceso con la reprogramación de varias
audiencias.
La
OACNUDH reitera su preocupación por la descalificación, el
hostigamiento y la estigmatización de las y los defensores de derechos
humanos. La Oficina insiste en que la defensoría de derechos humanos es
una labor legítima, necesaria, y fundamental para la consolidación de la
democracia y el estado de derecho, y destaca la responsabilidad de
todos los funcionarios públicos de reconocer y respetar dichas
funciones.
OACNUDH
lamenta la continuación de la impunidad por ataques que afectan a la
labor de las y los defensores. En este sentido, la recientemente creada
Fiscalía de Protección de Defensores, Comunicadores y Operadores de
Justicia debe de asumir de forma urgente su mandato, y promover el
desarrollo de forma pronta y exhaustiva de todas las investigaciones de
casos de ataques contra defensores y defensoras que continúan en la
impunidad.
Finalmente,
OACNUDH reitera su apoyo y reconocimiento a la labor de los y las
defensores de derechos humanos, recordando al Estado la obligación de
adoptar todas las medidas necesarias que garanticen un entorno seguro y
propicio para la no repetición de ataques contra los y las defensores.
A juicio oral y público familia de sindicalista desaparecido, querelladas por exigir justicia
Tegucigalpa. Este jueves 31 de mayo en el Palacio Judicial de La Ceiba, en la sala II de juicio orales y públicos, inicia el juicio contra la familia de Donatilo Jiménez, sindicalista desaparecido de los predios del Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico (CURLA), quienes fueron querelladas por las autoridades de dicho centro universitario.
Las acusadas son Jakeline Jiménez, hermana de Donatilo Jiménez, y Sonia Martínez su esposa, quienes fueron querelladas por la directora del CURLA Gioconda Lee y el jefe de seguridad de esa misma institución, Manuel de Jesús Antúnez Pavón, por los delitos de difamación e injuria, al exigir justicia en el caso del sindicalista desaparecido.
Karol Cárdenas del Área de Acceso a la Justicia del Comité De Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), quien se constituyó como defensa de las acusadas, expresó que “esperamos que el Tribunal de Sentencias sea objetivo y las absuelva de toda responsabilidad penal, en virtud que nunca hubo por parte de ellas cometer un delito, al contrario, únicamente ejercían un derecho constitucional como es el derecho de petición, exigiendo se investigara la desaparición de Donatilo Jiménez”.
Agregó Cárdenas que al no ser escuchadas por las autoridades universitarias, tuvieron que recurrir a los medios de prensa, quienes si escucharon e hicieron públicas sus demandas de justicia e investigación.
Donatilo Jiménez Euceda había sido presidente por dos periodos del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (SITRAUNAH), seccional número 3 de La Ceiba, y con más de 22 años de ser empleado de ese centro universitario, de donde desapareció el 8 de abril del 2015.
Han pasado tres años y sus familiares no han recibido ninguna respuesta de las autoridades, que les diga que pasó con Donatilo Jiménez o quiénes son los culpables de su desaparición, al contrario, enfrentan procesos penales por exigir justicia en cuanto a la desaparición de su familiar.
Honduras nombre, rostro, dolor y lucha de Mujer
"Honduras tiene nombre de mujer" Juana Pavón
Tegucigalpa, Honduras.- Antifaces, flores, machetes, globos, fotografías con rostros de mujeres luchadoras, victimas de femicidios, la diosa Temis y cientos de gritos en las calles de madres, esposas, hijas, abuelas, políticas, amas de casa, consejeras contra la violencia y muchas más, se tomaron las calles de diferentes ciudades de Honduras, el día nacional de la Mujer.
Cientos de manifestantes, como cada 25 de Enero convergieron en las cercanías al bulevar Morazán de Tegucigalpa, de ahí partieron a diferentes lugares para exigir que se reivindiquen sus derechos y conquistas logradas a los largo de la historia.
Las mujeres hondureñas nos tomamos las calles en diferentes ciudades del país para hacer sentir nuestra voz y nuestra presencia con todo el derecho que nos asiste como ciudadanas, mencionó un comunicado que emitió el Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”, Asociación Calidad de Vida, Ecuménicas por el Derecho a Decidir, Movimiento de Tribuna de Mujeres “Gladys Lanza” y la Coalición Todas.
Este grupo se movilizó hasta el Ministerio Público, donde están engavetados más del 90 por ciento de los expedientes en esperara que se aplique la justicia a los responsables de femicidios y violencia doméstica. En el 2017 hubo 360 femicidios y en estos primeros 25 días del año se ha documentado 12 casos.
La pastora Ana Ruth Cárcamo, lideresa del grupo Ecuménicas por el Derecho a Decidir, conmemorando 63 años de la lucha donde las mujeres sufragistas lograron el derecho a la ciudadanía.
Cárcamo actualmente es víctima de persecución por su postura crítica, y esta situación la vivimos muchas mujeres en este Estado, donde se asesina a las personas por tener una ideología diferente, progresista, aun siendo mujeres de fe estamos siendo perseguidas, hostigadas, acosadas, pero seguimos de pie en la lucha, nada nos detiene, nuestra pasión es el trabajo por la defensa de las mujeres y no vamos a claudicar, afirmó.
Por lo que “responsabilizamos al Estado de Honduras, al poder político y religioso de cualquier suceso que nos pase a nuestra integridad física, familia o cualquier compañera Ecuménica por el derecho a decidir”. En este momento la defensora es acuerpada por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), y otras organizaciones de mujeres, declaró.
Rebeldia ante el patriarcado
![IMG_20180125_093219[1]](http://defensoresenlinea.com/wp-content/uploads/2018/01/IMG_20180125_0932191-300x225.jpg)
“Hoy declaramos públicamente nuestra REBELDIA y DESOBEDIENCIA al patriarcado, porque promueve el odio y la violencia contra nosotras, porque nos censura el derecho a la felicidad, porque nos invisibiliza y nos prohíbe el derecho a participar en el espacio público, pero sobre todo porque nos niega el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo”, expresó el comunicado.
Las feministas destacaron que el patriarcado se fortalece cuando el gobierno y los funcionarios públicos no cumplen su responsabilidad legal de investigar los femicidios y permiten que los asesinos caminen libremente por las calles, dejando una profunda huella de dolor en más de cinco mil familias hondureñas.
Los diputados también tienen su cuota de responsabilidad al aprobar o modificar leyes, como el Código Penal, que sólo sirven para profundizar la discriminación y la violencia contra las mujeres y las niñas.
Ana Cruz, directora de Calidad de Vida, expresó que el mantenerse en las calles es para hacer presentes los reclamos, especialmente en este momento que el odio contra las mujeres se ha recrudecido de parte de los militares que entran sin permiso a sus casas y atacan a sus hijos, esposos o nietos. En cuanto a los próximos cuatro años de gobierno, lamenta que sea el continuismo del periodo anterior donde se perdieron derechos y dejaron de aplicar leyes, por lo que vamos a seguir en las calles.
Merly Eguigure afirmó que la lucha feminista es sin tinte político, por lo que la coordinadora del movimiento “Visitación Padilla” dijo que el mensaje que envían a los 100 diputados y 28 diputadas del Congreso Nacional, que iniciaron hoy la primera legislatura, es que no están dispuestas a que las sigan viendo como figuras decorativas, ya que son personas que piensan y aportan ideas, pero además son las madres, hermanas, hijas, amantes o novias, de muchos de esos tomadores de decisiones, “por lo tanto ninguno de esos gobiernos que se dice democrático debe excluirnos”.
“Las Chonas” como se le conoce a esta organización, hoy cumple 34 años de fundación, y entre los aportes que ha dado a la lucha social es haberle dado identidad a las mujeres que luchan, apoyo a la desmilitarización de la sociedad, respaldo a los derechos de la diversidad social, poner en la opinión publica el tema de violencia y promover reformas a leyes como el hecho que antes a las mujeres se les consideraba de “mala fama” en el Código Penal hondureño.
Reinvindicación en las calles
![IMG_20180125_102520[1]](http://defensoresenlinea.com/wp-content/uploads/2018/01/IMG_20180125_1025201-300x225.jpg)
Indira Mendoza, coordinadora de la Red Lésbica Cattrachas, la reivindicación de los derechos de las mujeres pasa por un estado laico, porque nosotras tenemos derecho a que no se meta la iglesia en las decisiones de un estado laico, que son los mayores violadores de derechos sexuales y reproductivos y de la comunidad Lésbico, Gay, Transexual, Intersexual y Bisexual (LGTBI), en ente país.
En cuanto al trato que les da la sociedad “nos ven como machos, no perciben que somos lesbianas con derechos, y creen que asumimos un papel de hombres, lo que no es cierto y se vuelven más agresivos”.
Es importante recalcar que las mujeres no tenían derechos ni a ejercer el sufragio, por lo que se debe continuar en la calle, declaró Mendoza, mientras se apostaba en la calle militarizada en el centro de Tegucigalpa.
La valla militar policial cerro los accesos al centro capilatino, por lo que mujeres campesinas, opositoras a la dictadura gubernamental de Juan Orlando Hernández, defensoras de derechos humanos, activistas políticas, estudiantes, y muchas más, no vieron en las fuerzas represoras del Estado una limitación, sino que se mantuvieron por varias horas expresando sus exigencias, igual que en las afueras del Ministerio Público.
Las mujeres hondureñas han estado presentes en la historia de la humanidad, solo que invisibilizadas pero en la actualidad se trabaja en esa reconstrucción y se menciona a mujeres con papeles importantes en la lucha política, antimilitarista, sufragistas, como Visitacion Padilla, Graciela Valle, Graciela Gracia, Brisca Ugarte, y tantas mujeres víctimas de la matanza de 1944 en la calle del comercio de San Pedro Sula, y en 1955 el Estado reconoció el derecho a voto de la mujer.
En adelante empezaron a surgir organizaciones feministas, en trabajos desde el Estado, pero no ha sido fácil, pero es complicado cambiar la lógica que impera en las entidades públicas y populares para reconocer el liderazgo de las mujeres.
La lucha de las mujeres, es la lucha de todo el pueblo hondureño, sus ideas y pensamientos vienen a dar significado a la sociedad, y eso reivindica sus lucha, por lo que es importante recopilar esa historia de las lucha de cada una de ellas, especialmente en el liderazgo que están teniendo en el nuevo régimen “Cariista” -Dictadura del general Tiburcio Carias Andino 1933-1949- que se ha implementado en Honduras, compartió el historiador Edgar Soriano, mientas acompañaba la movilización de las hondureñas, en Tegucigalpa.
Ante presión de EE.UU. por nombramiento del vocero de la MACCIH JOH pide respeto a la soberanía
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-Luego
que la embajada de los Estados Unidos expresara su preocupación por la
falta de nombramiento del vocero de la Misión de Apoyo Contra la
Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), el gobernante, Juan
Hernández, pidió a la comunidad internacional que respete la soberanía
nacional.
En
un acto público en el que sacó a colación los supuestos esfuerzos de su
gobierno en materia de transparencia, Hernández dijo: “seguiremos
trabajando bajo la premisa del respeto a la soberanía de nosotros los
hondureños, de que los hondureños seremos dignos, cuando nosotros mismos
hagamos lo que corresponde, pero obviamente esperando el acompañamiento
y el respeto de nuestros hermanos que son de otros países”.
El
martes la encargada de negocios de la embajada estadounidense, Chargé
Heide Fulton, publicó en su cuenta de Twitter que a su país le
preocupaba la falta de nombramiento del nuevo vocero de la MACCIH.
Noticia Relacionada: Embajada de EE.UU. expresa su preocupación ante el no nombramiento del vocero de la MACCIH
Según
el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) la debilidad de la MACCIH no
solo es en la vocería sino que también arrastra al equipo técnico que
ante la falta de dirección no han inducido la presentación de
requerimientos fiscales de algunos casos emblemáticos de corrupción.
El
18 de abril pasado el gobierno de Honduras emitió un comunicado en el
que subliminalmente rechazó la designación Luiz Antonio Guimaraes
Marrey, como nuevo vocero de la Misón de la Organización de Estados
Americanos (OEA).
El
ex juez brasileño contra la corrupción fue designado por el secretario
general de la OEA Luis Almagro, el pasado 13 de abril para que ostentara
la vacante que dejó desde el pasado 15 de febrero el peruano, Juan
Jiménez Mayor, quien por diferencias con Almagro y por presiones del
gobierno hondureño anunció su retiro.
Honduras: Crecen ataques contra defensoras de derechos humanos
Por Giorgio Trucchi
KAOS EN LA RED - Publicado en: 7 mayo, 2018
Vienen por nuestros recursos naturales. Despojo y violencia
Durante 2016 y 2017 Honduras registró un
total de 1,232 agresiones contra defensoras y organizaciones de
derechos humanos, con un aumento significativo respecto a los años
anteriores. A nivel mesoamericano, con el 37 por ciento del total
regional, Honduras es el segundo país -después de México- con la mayor
cantidad de agresiones.
Los ataques contra las mujeres que
defienden la vida aumentan cada día, en particular contra quienes
defienden la tierra, los territorios, los bienes comunes, la educación,
el derecho a una vida libre de violencia y los derechos sexuales y
reproductivos.
El Informe “Defender para Vivir”,
presentado recientemente por la Red Nacional de Defensoras de Derechos
Humanos de Honduras (RNDDHH), señala que la mayoría de las víctimas
pertenecen a pueblos originarios y comunidades rurales.
Las principales formas de agresión
tienen que ver con ataques contra la reputación, la vida, la integridad
física y mental, contra el derecho a la libre expresión, la asociación y
la reunión.
Los actos de intimidación y
hostigamiento psicológico representan casi el 24 por ciento del total de
agresiones contra defensoras.
Régimen extractivista
Patriarcado y racismo anclados al capitalismo
Régimen extractivista
Patriarcado y racismo anclados al capitalismo
El Estado, sus cuerpos represivos y las
empresas extractivistas son los principales responsables de la
vulneración de los derechos de las mujeres defensoras y sus familias.
El golpe de Estado de 2009 y el fraude
electoral del año pasado facilitaron la imposición y consolidación de un
modelo de país autoritario, económicamente regresivo y socialmente
injusto, cuya cultura política está atravesada por prácticas de
corrupción desmedida, violencia estatal y paraestatal.
“Estamos viviendo bajo un régimen
extractivista. No es solamente un modelo económico de explotación, sino
también un modelo de relacionamiento, pensamiento y cultura del despojo.
Defender la tierra y los bienes comunes,
multiplicando y diversificando prácticas y experiencias de lucha, se ha
convertido en una identidad política”, dijo a La Rel, Melissa Cardoza,
escritora y activista de la Red Nacional de Defensoras.
Campaña de desgaste
Escalada de violencia
Escalada de violencia
Los portadores de esta idea de
dominación patriarcal y racista, profundamente anclada y fortalecida en
el capitalismo, lo miran como un peligro y atacan con violencia.
“Son campañas brutales y sistemáticas de
desgaste psicológico con un fuerte componente de género. Cuando no
logran doblegarlas, los perpetradores de las agresiones suben el nivel
de la violencia.
Criminalización, judicialización,
arrestos y detenciones arbitrarias, agresiones físicas y hasta atentados
contra la vida, como ocurrió con Berta Cáceres y otras compañeras”,
explicó Cardoza.
“Las matan por ser mujeres, por ser indígenas o campesinas, por ser miembro de la comunidad LGBTI.
Para ellos hay vidas que sobran. Por
esto asesinan. Quieren acabar con ellas en cuanto portadoras de un
pensamiento que se opone a la lógica extractivista explotadora”, aseguró
la militante feminista.
Un elemento de fundamental importancia que revela el informe es el muy alto nivel de impunidad.
De hecho existe un sistema de justicia
de doble velocidad: prácticamente inmóvil cuando se trata de investigar
las agresiones y los femicidios, y exageradamente rápido cuando debe
perseguir y encarcelar a las defensoras.
Una sociedad militarizada
Más violencia, más agresiones
Más violencia, más agresiones
La lógica de dominación extractivista,
fortalecida en el actual régimen dictatorial, tiene como principal
respaldo el incremento de la militarización de la sociedad hondureña.
Esta condición no podrá que generar más violencia y más agresiones. Sin embargo, las mujeres se mantienen firmes.
“Es increíble ver cómo estas mujeres, a pesar de tanta persecución, no abandonan la lucha.
De todas las mujeres incluidas en este
informe ninguna ha desistido, no sólo por un profundo sentido de
justicia, sino porque sienten que pertenecen a un ecosistema social y
natural.
Ellas asumen los riesgos ante el intento de imponer un régimen extractivista de despojo, concluyó Cardoza.
Fuente: Rel-UITA
República China consolida su posición en América Central
Tomado de SputnikNews
China
consolida su posición en América Central gracias al establecimiento de
relaciones diplomáticas plenas con la República Dominicana, un paso de
gran importancia política y comercial que, por supuesto, no ha pasado
desapercibido en Estados Unidos.
En
un comunicado difundido por el portavoz y director general de
Comunicación, Rodrigo Rodríguez-Marchena, el Gobierno dominicano ha
explicado que ha sido una “decisión largamente meditada y consultada con
amplios sectores políticos y económicos” del país caribeño, “tomando en
cuenta principalmente las necesidades, potencialidades y perspectivas
de futuro para el pueblo dominicano”. En otras palabras, no ha sido una
medida adoptada a la ligera.
El
Ejecutivo del presidente Danilo Medina está convencido de que esta
resolución “será extraordinariamente positiva para el futuro” de los
dominicanos, porque abrirá “enormes oportunidades de cooperación”, no
sólo en el campo comercial, sino también en el financiero, tecnológico,
turístico, educativo o energético.
El
sector del turismo —uno de los mayores aportes al Producto Interior
Bruto dominicano— se puede ver muy favorecido por esta nueva coyuntura
política, teniendo en cuenta que 135 millones de turistas chinos visitan
anualmente destinos internacionales y que muchos de ellos lo hacen con
un fuerte poder adquisitivo, es decir, gastan mucho dinero cada día que
descansan fuera de sus casas.
Antonio
Ciriaco Cruz, director de la Escuela de Economía de la Universidad
Autónoma de Santo Domingo (UASD), consideró que el acuerdo bilateral es
ventajoso. “La República Dominicana tendrá y puede tener con China un
mayor financiamiento para proyectos de infraestructura, proyectos a
largo plazo para carreteras, un mayor aporte para la construcción de
presas y plantas de energía. Todo esto puede mejorar la competitividad
del sector empresarial. Esa es la tendencia de la mayoría de los países
de América Latina y el Caribe, donde hay importantes inversiones
chinas”.
La
Asociación Dominicana de Empresas de Inversión Extranjera (ASIEX)
evaluó como “positiva” la noticia. “Nuestras expectativas con esta
apertura diplomática es que sus beneficios se traduzcan en un futuro
mediano en mayor generación de empleos formales para la economía
dominicana y la creación de nuevas oportunidades de inversión y negocios
en armonía con las reglas de competencia nacional y las reconocidas
mundialmente”, manifestó Patricia Bobea, directora ejecutiva de la
organización.
“Nosotros
lo que hemos querido estar es del lado de la Historia. No era posible
que la República Dominicana siguiera sin tener relaciones con la segunda
economía del mundo, que es China”, respondió pragmático el presidente
Medina cuando aclaró por qué había tomado esa decisión.
China
es, efectivamente, la segunda economía global y su base manufacturera y
exportadora es líder mundial. Tiene el sistema bancario con más
depósitos del mundo, su población es el consumidor con una demanda más
creciente de productos y su territorio es tanto el destino como el
origen de algunas de las empresas más innovadoras del mundo, en terreno
que van desde la inteligencia artificial hasta las ciencias de la salud.
El
radical cambio de rumbo implica el reconocimiento por parte de la
República Dominicana de que sólo existe una China en el mundo y de que
Taiwán forma parte inalienable del territorio chino. Como consecuencia
de ello, Santo Domingo ha roto relaciones diplomáticas con la antigua
isla de Formosa.
Las
autoridades taiwanesas respondieron sin tardanza al anuncio realizado
por el ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, y su homólogo
de la República Dominicana, Miguel Vargas. Acusaron a Pekín de romper
los históricos lazos bilaterales con la promesa de préstamos por más de
3.000 millones de dólares destinados a construir viviendas, carreteras,
ferrocarriles y otras infraestructuras.
Sin
embargo, Taipei practica precisamente lo que tanto critica, pues
mantiene en esa zona de Latinoamérica la llamada “diplomacia de
chequera”, según ha admitido el profesor de Comunicación Política de la
Universidad Nottingham Trent, Colin Alexander. “Taiwán construyó o
financió la mayoría de los edificios gubernamentales en Nicaragua, así
como en El Salvador. En Managua, el palacio presidencial (la Casa de los
Pueblos) fue financiado por Taiwán”, declaró a la BBC Alexander, autor
del libro “China y Taiwán en Centroamérica”, publicado en 2014.
La
presidenta taiwanesa, Tsai Ing-wen, arremetió contra China por “alterar
el statu quo de las relaciones en el estrecho” que separa ambos
territorios y por la “falta de respeto a las instituciones democráticas”
de la isla.
A
esta denuncia taiwanesa se sumó el senador estadounidense por Florida,
el ultraconservador Marco Rubio, quien acusó a China de “sobornar” a la
República Dominicana y pidió que el Congreso de EEUU contribuya con más
esfuerzos a contrarrestar la creciente autoridad de Pekín en
Latinoamérica.
Pekín
rechazó de plano estas acusaciones. “El establecimiento de relaciones
diplomáticas solo tiene una premisa: que la República Dominicana respete
el principio de una sola China”, subrayó Hua Chunying, portavoz del
Ministerio de Asuntos Exteriores chino. “No hemos cerrado ningún acuerdo
y no hay necesidad de ello”, enfatizó Hua.
Medina
también negó ese extremo. El presidente dominicano señaló que el único
compromiso que pidieron a China fue que los estudiantes que tienen
destinados en Taiwán sean recibidos por China también en condición de
becados y que les reconozcan las calificaciones de las materias que ya
habían aprobado.
El propio Departamento de Estado norteamericano estimó que el acuerdo recién suscrito “no contribuye a la estabilidad regional”.
Taiwán
es un fiel aliado político de la Casa Blanca; su continua pérdida de
influencia en América Latina supone un serio revés para los intereses
geoestratégicos de Washington en esta región.
Con
esta ruptura anunciada, Taipei se queda con tan sólo 19 aliados
diplomáticos en todo el mundo, diez de ellos situados en Latinoamérica y
el Caribe, que sigue siendo la zona de mayor apoyo a la isla asiática.
Esos 10 Estados son Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua,
Haití, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa
Lucía, y Paraguay. Todos ellos decidieron no reconocer a las autoridades
de Pekín, cuando éstas ocuparon el asiento de China en Naciones Unidas
en 1971, después de que la comunidad internacional aprobara por mayoría
una resolución que considera a la República Popular China el único
representante legítimo ante la ONU.
El
revolucionario paso dado por la República Dominicana —la mayor economía
de Centroamérica y el Caribe— hace presagiar un efecto dominó, es
decir, que otros países vecinos como, por ejemplo, El Salvador llamen
ahora a las puertas de Pekín. Ya lo hizo Panamá en junio de 2017. Y
antes Costa Rica. La tendencia parece imparable.
