EE.UU debe “terminar inmediatamente” con la separación de familias en la frontera
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-
La oficina de derechos humanos de la ONU denuncia que retener a los
menores y separarlos de sus padres “es una violación grave de sus
derechos”. La “política de cero tolerancias” con la migración irregular
“criminaliza” lo que debería ser una falta administrativa.
Cientos
de niños centroamericanos han sido detenidos en la frontera sur de
Estados Unidos y separados de sus padres desde el pasado octubre, ha
denunciado la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos.
Niños de Guatemala, Honduras y el Salvador en un albergue del ACNUR en México.
Los menores viajaron sin un acompañante adulto. Foto de archivo: ACNUR/Sebastian Rich
“Urgimos
a Estados Unidos a terminar inmediatamente con la separación de las
familias”, decía la portavoz Ramina Shadasani, que también pidió al
Gobierno “que deje de criminalizar” lo que “como máximo” debería ser una
falta administrativa: la entrada o estancia irregular en el país.
La
portavoz de la Oficina sostuvo que Estados Unidos cambió sus leyes
migratorias en enero del 2017 al asumir la presidencia Donald Trump y
comenzó a implementar una política de “tolerancia cero” con los
inmigrantes indocumentados que pasa por “quitarles sus hijos”.
“Los
primeros casos se registraron en octubre, pero esto comenzó en enero de
2017 cuando el presidente de Estados Unidos proclamó dos órdenes
ejecutivas sobre migración. La separación de los niños es consecuencia
directa de esa decisión”, explicaba Shamdasani.
Varios
centenares de niños han sido separados de sus padres en la frontera
desde octubre, incluso un bebé de un año, dijo, citando informaciones de
organizaciones de la sociedad civil estadounidense.
Separar familias y detener menores de edad representa una “violación grave de los derechos del niño”.
El único país que no reconoce los derechos de los niños
Shamdasani
recordó que Estados Unidos sigue siendo el único país en el mundo en no
haber ratificado la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos
del niño, pero aun así, dijo, “los niños nunca deberían ser detenidos
debido a razones vinculadas a su estatuto migratorio o al de sus
padres”.
El
Ejecutivo estadounidense asegura que los niños son separados para que
no sean detenidos junto a los padres, pero, según la portavoz, la verdad
es que los menores también son retenidos. Una vez los padres han
cumplido sentencia, los hijos a veces son deportados junto a sus
progenitores o a veces permanecen, en función del caso.
“Pedimos
a las autoridades estadounidenses que adopten alternativas que eviten
privar la libertad y que permita a los niños permanecer con sus
familias”, añadió. “No hay nada normal en detener a los niños, siempre
constituye una violación de sus derechos”.
Último recurso
El
portavoz de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)
añadió que “proteger la unidad de la familia es un derecho
fundamental de los refugiados, la unidad de la familia es sacrosanta y
siempre debería ser preservada en el interés de los niños y de la
sociedad como un todo”.
William
Spindler explicó que la detención “debería ser el último recurso” y se
deben tomar medidas para asegurar la unidad familiar.
La
mayoría de estas familias salieron de Guatemala, Honduras y El
Salvador, países donde la población sufre altos niveles de violencia.
Por
eso, estos inmigrantes indocumentados tienen derecho a ser escuchados y
a solicitar protección internacional como refugiados.
JOH es recibido con alfombra roja por Donald Trump
Por: Oscar Miguel Marroquín
Los
tarifados hubieran querido publicar que el dictadorzuelo llamado Juan
Hernández, fue recibido con alfombra roja en la Casa Blanca por el
presidente Donald Trump, pero para desgracia de estos medios al servicio
de la oligarquía esto no fue así.
Resulta
que Juan Orlando en lugar de caminar por alfombra roja, no tuvo más
remedio que intentar engañar a los pobres catrachos que han pedido el
TPS, pero el tiro le “salió por la culata” un ciudadano hondureño
radicado en los Estados Unidos le dijo al tal JOH cuatro verdades y, por
cierto, muy bien dichas [ver vídeo publicado por UNE TV en Facebook].
Pero
retomemos el tema de la alfombra roja, resulta que fue recibido en los
EE. UU. por empleados del gobierno gringo de poca importancia, en otras
palabras, Juan Orlando Hernández fue recibido como un don nadie o mejor
dicho como un pobre diablo.
Sin
embargo, los tarifados en un absurdo intento por hacernos creer que el
dictador fue recibido por grandes personalidades de la vida política de
EE. UU. están publicando fotografías y algunas columnas sobre la visita
del ratero dictador.
Bochorno más grande que este, no creo que haya.
A
todo lo anterior hay que sumarle la derrota que obtuvo la dictadura en
la Organización de las Naciones Unidas ONU, ya que esta organización no
quiso prestarse al juego de la dictadura y, le negó el cargo de
presidenta de la Asamblea General a la burguesita Lizzy Flores Flakes,
no es para menos, en la ONU se conoce de sobra los horrendos asesinatos
cometidos por Juan Orlando Hernández en contra del pueblo que se ha
negado a aceptar el FRAUDE ELECTORAL.
Que poca cosa significa Juan Orlando Hernández, que ni siquiera por accidente se encontró con Donal Trump.
Ahora comprendemos porque JOH se siente feliz cada vez que lo acompaña la sargentona Heide Fulton.
¿Qué otra opción le queda al despreciable dictador?
Hemos
de suponer que los tarifados, ya estarán pensando en tratar de engañar
al pueblo con noticias como: Donald Trump cancela cumbre con Juan
Orlando Hernández por asuntos de salud, o quizá estén preparando en
algún otro titular como Donald Trump pospone fecha de cumbre con el
presidente de Honduras, pero lo cierto es que el dictadorzuelo no huele
ni hiede en la tierra del Tío Sam y por esa sola razón es que lo ven
como un cero a la izquierda.
Moraleja para el dictador “NO VAYAS A DONDE NO TE INVITEN”
En Honduras los policías y militares son intocables porque sostienen el régimen de JOH: Carlos del Cid
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-El
sobreseimiento definitivo otorgado hoy a tres policías que agredieron y
torturaron a cuatro defensores de los derechos humanos y a ocho
universitarios, solo evidencia que en Honduras los cuerpos de seguridad
son intocables, dijo Carlos Del Cid, una de las víctimas del incidente
del 7 de septiembre de 2017.
Noticia Relacionada: Jueza otorga sobreseimiento definitivo a policías que torturaron a defensores de DD.HH.
Los
oficiales de policía Juan Manuel Aguilar Godoy, Felix Adrián Colindres y
Marlos Vásquez Palma, recibieron este viernes sobreseimiento definitivo
por una sentencia librada por la jueza Gabriela Cristina Gallo. Los
uniformados habían sido acusados por la Fiscalía Especial de Derechos
Humanos por los delitos de abuso de autoridad, tortura, detención
ilegal, lesiones y violación de los deberes de los funcionarios, luego
de detener y agredir brutalmente a los defensores de los derechos
humanos y estudiantes universitarios.
Del Cid calificó la sentencia como un descaro y desvergüenza de la jueza y del sistema judicial hondureño en general.
Está clarito que el mensaje es que: los policías y los militares son intocables porque son la fuerza que sostiene en el poder al actual régimen dirigido por Juan Orlando Hernández y por lo tanto hay orden para todos los poderes del Estado, que los mismos no sean tocados: Carlos Del Cid, defensor de los Derechos Humanos.
Otro
mensaje que se manda, según Del Cid, es que cualquier miembro de la
oposición política, defensores de los derechos, y la ciudadanía que
proteste por cualquier acción, que ejecute este gobierno, “serán
aplastados por estas fuerzas militares de la manera más brutal”.
El
defensor de los derechos humanos anunció que sus compañeros y él
apelarán la sentencia de la jueza, y únicamente esperarán los tres días
que corresponden para hacer su presentación ante la instancia
correspondiente.
Informó
que el lunes en horas de la mañana habrá una reunión de emergencia por
parte de la Mesa de los Defensores de los Derechos Humanos para definir
la estrategia de defensa y posteriormente se brindará una conferencia de
prensa para denunciar lo ocurrido y las implicaciones legales.
Del Cid relató a CRITERIO que
durante la audiencia, la jueza argumentó de manera “cínica y descarada
que nosotros los defensores de los derechos humanos habíamos agredido a
los policías y que nosotros habíamos provocado el uso de la fuerza por
parte de los policías y tuvo el descaro de darles sobreseimiento
definitivo”.
La
sentencia fue condenada por la Oficina en Honduras del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), que
mediante un comunicado expresó su preocupación por la descalificación,
el hostigamiento y la estigmatización de las y los defensores de
derechos humanos y por la continuación de la impunidad por ataques que
afectan a este sector.
Los
defensores de los derechos humanos, Carlos del Cid, Ariel Díaz, Tommy
Morales y Hedme Castro y los ocho estudiantes universitarios, fueron
torturados y brutalmente agredidos por los policías, quienes además de
golpearlos, les rociaron sus rostros con gas pimienta.
ESTADO INTERVENIDO POR VIOLADOR, CORRUPTO Y NARCO
Estamos aquí para repetirle al mundo que agentes de los gobiernos de Estados Unidos, Israel y Argentina desaparecieron en Honduras a más de 180 personas opositoras políticas entre 1979 y 1989.
Venimos para precisar que la semana pasada en Ginebra documentamos ante la ONU que ese capítulo de barbarie no ha sido sancionado como debía y que, por tanto, nuevos hechos han ocurrido a partir del golpe de Estado de 2009 amparados en la impunidad.
Los viejos patrones de la desaparición forzada, actualizados al “modelo colombiano” que avanza a convertirse en el “Jerusalem latinoamericano” como portaviones de la OTAN, nos amenaza seriamente.
Uno de esos múltiples nuevos casos documentados es el de Donatilo Jiménez Euceda, líder sindical del CURLA, desaparecido en La Ceiba el 08 de abril del 2015, cuya esposa y hermana irónicamente este viernes deben defenderse en audiencia pública por acusaciones de las autoridades universitarias que tienen la responsabilidad de esclarecer el hecho.
Sonia Martínez y Jaqueline Jiménez pidieron en 2015 a Gioconda Lee Tugnon, jefe de Recursos Humanos y al jefe de seguridad, Manuel Antúnez, que aportaran información sobre la desaparición de Donatilo, pero ambos se ofendieron por las preguntas públicas llenas de dolor y ansiedad por la verdad. Y fueron a tribunales disfrazados de víctimas a demandar disculpas de las verdaderas víctimas.
En este contexto de injusticia e impunidad el Cofadeh reafirma que NO se trata de actores paralelos al Estado violando libertades individuales y garantías constitucionales de sus semejantes; se trata de agentes policiales, militares y paramilitares del Estado actuando desde las instituciones públicas que sobreviven a este desastre del Estado de Derecho capturado por los narco-corruptos.
Es decir, ese discurso del régimen impostor de la dictadura actual tendiente a derivar la responsabilidad a las maras 13 y 18 para violar derechos, es sólo un ardid para criminalizar a las organizaciones sociales no gubernamentales que documentamos, denunciamos y litigamos las violaciones cometidas por los golpistas responsables del fraude electoral.
Frente a esa manipulación, también, es oportuno subrayar en esta plaza que el Estado de Honduras se encuentra intervenido desde 2015 por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, precisamente debido a su conducta reprochable, inadmisible y criminal en materia de respeto a los derechos de la población general.
Está intervenido, igualmente, por la MACCIH-OEA debido a la conducta corrupta de la elite liberal-nacionalista en alianza perversa con sectores privados locales y transnacionales protegidos por las fuerzas armadas.
Y, obviamente, está intervenido por la DEA, el FBI y el Departamento de Estado, por el tráfico de drogas que sustenta la economía estadounidense pero que pone en riesgo su seguridad interior.
Entonces, estamos aquí para decirle a estos remedos de funcionarios públicos que se hacen los ofendidos ante las eventuales acusaciones penales extra-nacionales que dejen a un lado su cinismo. El país está intervenido precisamente por canallas como ustedes que irrespetan la nación con sus conductas delictivas.
De los hechos y de los hechores, Ni olvido ni perdón. COFADEH
Tegucigalpa, M.D.C., Viernes 1 de junio de 2018.
Arriba foto de la derecha: una
protesta condenando la impunidad en que se mueven los oficiales de
policía que torturaron a defensores de derechos humanos.
Foto:pasosdeanimalgrande.com
La Jueza numero 6 promovió la impunidad al rechazar la petición de
los abogados acusadores privados y del Ministerio Público de enviar a
la cárcel y suspender de sus cargos a los oficiales de policía Félix
Adrián Colindres, Juan Manuel Aguilar y Marlon Vásquez Palma, en la
audiencia de imputado realizada este 28 de febrero de 2018.
Estos altos oficiales están acusados de torturas, detención ilegal,
lesiones, Violación a los Deberes de los Funcionarios y Abuso de
Autoridad contra los defensores de derechos humanos María Tomasa
Morales, de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos,
ASOPODEHU; Hedme Castro, de ACI-Participa; Ariel Díaz , de la Asociación
de Jóvenes por los Derechos Humanos y Carlos del Cid, integrante del
Observatorio Ecuménico Internacional de Derechos Humanos, OEIDH, y ocho
estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, hecho
ocurrido el 08 de septiembre de 2017.
Justicia parcializada con torturadores
Colindres, Aguilar y Vásquez Palma junto a sus abogados defensores llegaron muy temprano al Juzgado de lo Penal de Francisco Morazán, antes de las dos de la tarde en que estaba programada la audiencia, ellos estaban muy cómodos en un cubículo cercano al despacho de la jueza que conoce el caso, sin problema permanecieron allí, hasta que inició la audiencia.
No pasó lo mismo con la presencia de tres de los defensores víctimas, Díaz, Castro y Del Cid, que llegaron acompañados de sus abogados y de defensores y defensoras de derechos humanos de las organizaciones CIPRODEH, C-LIBRE, ASOPODEHU, ACi-Participa, y también observadores internacionales como Brigadas Internacionales de Paz, PBI, y enviados por las embajadas de México, Alemania, Estados Unidos y Canadá, y la presencia de acuerdo al mandato de dos delegados de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, OACNUDH, todos fueron sacados del espacio donde esperaban la audiencia, para un salón en las afueras del despacho judicial, aduciendo que después les llamarían.
También estuvo allí una delegada del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADEH, que nunca protestó porque la sacaban del lugar, se mantuvo en silencio todo el tiempo.
Los delegados de la OACNUDH demandaron respeto a su mandato el cual estaba siendo violentado al sacarlos del lugar, igual exigieron los defensores y defensoras de derechos humanos acompañantes. Al cabo de unos 45 minutos duró la espera con diferentes pretextos, falta de espacio o peligro a la administración de justicia que se aducía para no permitir la entrada de todos los acompañantes de las víctimas de las torturas de los oficiales de policía.
La defensora de derechos humanos y periodista María Tomasa Morales no se hizo presente a la audiencia por las secuelas de las torturas que aún la mantienen fuera de su labor de defensa de derechos humanos, ella brindó una declaración anticipada en noviembre del año 2017 , allí llegaron todos los oficiales y sus abogados. La Jueza no permitió la presencia de defensores de derechos humanos. Morales estuvo bajo asedio de los policías y sus defensores, solo con la presencia del Ministerio Público que no hizo mucho para evitar las irregularidades.
Oficiales con mucho poder en la Policía Nacional
Los altos mandos que nunca fueron suspendidos de sus cargos como lo a nunció Omar Rivera de la Comisión Depuradora de la policía tienen cargos muy estratégicos, Juan Manuel Aguilar es el Asistente del Director de la Policía; Félix Adrián Colindres, es Jefe Regional Centro Sur Oriente, coordina ocho departamentos del país y Marlon Vásquez Palma es Comandante Departamental en El Paraíso.
Los imputados se abstuvieron de declarar en la Audiencia de Imputado cuando la jueza les preguntó si lo harían.
El Ministerio Público pidió en el requerimiento fiscal medidas distintas a la prisión, pero ya en la Sala de la Jueza solicitó detención judicial y suspensión de los oficiales en sus cargos por el peligro que implica que sigan en los mismos por la manipulación que pudieran darse de las evidencias, así como las amenazas contra víctimas, fiscales y abogados, según lo manifestó en su argumentación una de las fiscales presentes en el juicio.
Aunque el fiscal que leyó el requerimiento fiscal parecía muy nervioso ante la presencia de los imputados y sus defensores, por fin pidió la prisión para los responsables. Petición a la que se adhirieron los abogados defensores de las víctimas, Omar Menjivar, de la Coalición contra la Impunidad, en representación de María Tomasa Morales y Hedme Castro, acompañado de Darwin Gonzales, abogado de la ASOPODEHU, como parte de la defensa de la primera. Edy Tábora , Kenia Oliva y José Alejandro Mairena de CIPRODEH, apoderados legales de Carlos del Cid y Ariel Díaz.
El abogado Menjívar señaló ante la jueza que no puede ser tolerado el delito de tortura , siendo interrumpido por la jueza que expresó que eso no se podía argumentar en la audiencia de imputado sino en la inicial, el abogado le dijo que lo que pretendía era argumentar que no se podían dar medidas distintas a la detención judicial, “estoy argumentando sobre la detención judicial que serían de una pena mínima de 120 años, y que los cargos que desde los cargos que tienen pueden influir en los agentes subalternos que están encargados de la investigación y trastocar la misma”.
Los abogados de los policías rechazaron el requerimiento fiscal aduciendo que se iba a desfigurar la audiencia de imputado y que el Ministerio Público cambió el requerimiento fiscal que inicialmente estaba la petición de medidas distintas a la prisión. “Nuestros defendidos se han sometido al proceso en todo momento y por lo tanto tampoco hay peligro de fuga para que se les suspenda de sus cargos porque el Ministerio Público ya tiene todas las pruebas y no pueden manipularlas”.
Abogados defensores de policías amenazan con acciones penales
Edy Tábora, de C-LIBRE y uno de los abogados defensores, después de
que la defensa de los policías presentó una tonelada de papeles para
respaldar los arraigos, señaló que tantos documentos presentados solo
evidenciaban que el estado hondureño ha gastado mucho dinero en
capacitaciones ´para los imputados y en 30 años lo que han hecho es
delinquir , “con toda esa documentación se acredita el nivel de poder
que tienen en la institución que la han utilizado para delinquir , debe
mandarse un mensaje que no deben seguir torturando a la ciudadanía que
está detenida”.
Uno de los abogados defensores amenazó a Tábora con iniciarle acciones legales , “está diciendo presupuestos que no están probados”, esto a pesar que hay un video que evidencia cómo torturaron a los defensores y estudiantes.
Una decisión que promueve la impunidad
Después de dos horas, la jueza a cargo decidió que no emitiría una detención judicial , “si bien es cierto nos encontramos ante delitos considerados graves , esta juzgadora considera que los imputados han demostrado arraigo suficiente y han permanecido al alcance del órgano jurisdiccional y ante todas las citas del Ministerio Público. En esta audiencia se ha modificado la medida cautelar de distinta a la prisión por detención judicial, y en cuanto a la suspensión de los cargos no es oportuno pronunciarse en esta audiencia”.
Las medidas impuestas fueron que los oficiales quedaban a cargo de sus abogados defensores; presentarse todos los viernes a firmar el libro del juzgado, no salir del país, no acercarse ni comunicarse con las víctimas. La Audiencia Inicial fue fijada para el martes 13 de marzo a la 1:30 p.m.
Oficiales iniciaron sonrientes y terminaron igual
Los nervios que puede tener un imputado común y corriente, sin poder de mando no se observó en los policías imputados. Llegaron muy seguros que no irían a prisión, sus sonrisas en toda la audiencia evidenciaba que posiblemente pudieron ya tener un panorama seguro que les promovería la impunidad en sus acciones violatorias a los derechos humanos.
Las víctimas miraban expectantes el desenvolvimiento de la audiencia ante la mirada de sus torturadores y de los abogados que los defendían.
La Convención contra la Tortura y otros convenios internacionales de protección a los derechos humanos no se asomaron a la sala de la jueza, prevaleció la tolerancia a los abusos, aunque ya las víctimas habían adelantado que no creían que hubiera justicia por el grado de impunidad en el país.
Justicia parcializada con torturadores
Colindres, Aguilar y Vásquez Palma junto a sus abogados defensores llegaron muy temprano al Juzgado de lo Penal de Francisco Morazán, antes de las dos de la tarde en que estaba programada la audiencia, ellos estaban muy cómodos en un cubículo cercano al despacho de la jueza que conoce el caso, sin problema permanecieron allí, hasta que inició la audiencia.
No pasó lo mismo con la presencia de tres de los defensores víctimas, Díaz, Castro y Del Cid, que llegaron acompañados de sus abogados y de defensores y defensoras de derechos humanos de las organizaciones CIPRODEH, C-LIBRE, ASOPODEHU, ACi-Participa, y también observadores internacionales como Brigadas Internacionales de Paz, PBI, y enviados por las embajadas de México, Alemania, Estados Unidos y Canadá, y la presencia de acuerdo al mandato de dos delegados de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, OACNUDH, todos fueron sacados del espacio donde esperaban la audiencia, para un salón en las afueras del despacho judicial, aduciendo que después les llamarían.
También estuvo allí una delegada del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADEH, que nunca protestó porque la sacaban del lugar, se mantuvo en silencio todo el tiempo.
Los delegados de la OACNUDH demandaron respeto a su mandato el cual estaba siendo violentado al sacarlos del lugar, igual exigieron los defensores y defensoras de derechos humanos acompañantes. Al cabo de unos 45 minutos duró la espera con diferentes pretextos, falta de espacio o peligro a la administración de justicia que se aducía para no permitir la entrada de todos los acompañantes de las víctimas de las torturas de los oficiales de policía.
Tomy Morales: Recibió toletazos y gases lacrimógenos en su rostro y todo su cuerpo por parte de
los oficiales acusados,eso la ha sacado por ahora de su labor de defensa de derechos humanos por
el impacto en su salud .
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La defensora de derechos humanos y periodista María Tomasa Morales no se hizo presente a la audiencia por las secuelas de las torturas que aún la mantienen fuera de su labor de defensa de derechos humanos, ella brindó una declaración anticipada en noviembre del año 2017 , allí llegaron todos los oficiales y sus abogados. La Jueza no permitió la presencia de defensores de derechos humanos. Morales estuvo bajo asedio de los policías y sus defensores, solo con la presencia del Ministerio Público que no hizo mucho para evitar las irregularidades.
Oficiales con mucho poder en la Policía Nacional
Los altos mandos que nunca fueron suspendidos de sus cargos como lo a nunció Omar Rivera de la Comisión Depuradora de la policía tienen cargos muy estratégicos, Juan Manuel Aguilar es el Asistente del Director de la Policía; Félix Adrián Colindres, es Jefe Regional Centro Sur Oriente, coordina ocho departamentos del país y Marlon Vásquez Palma es Comandante Departamental en El Paraíso.
Los imputados se abstuvieron de declarar en la Audiencia de Imputado cuando la jueza les preguntó si lo harían.
El Ministerio Público pidió en el requerimiento fiscal medidas distintas a la prisión, pero ya en la Sala de la Jueza solicitó detención judicial y suspensión de los oficiales en sus cargos por el peligro que implica que sigan en los mismos por la manipulación que pudieran darse de las evidencias, así como las amenazas contra víctimas, fiscales y abogados, según lo manifestó en su argumentación una de las fiscales presentes en el juicio.
Aunque el fiscal que leyó el requerimiento fiscal parecía muy nervioso ante la presencia de los imputados y sus defensores, por fin pidió la prisión para los responsables. Petición a la que se adhirieron los abogados defensores de las víctimas, Omar Menjivar, de la Coalición contra la Impunidad, en representación de María Tomasa Morales y Hedme Castro, acompañado de Darwin Gonzales, abogado de la ASOPODEHU, como parte de la defensa de la primera. Edy Tábora , Kenia Oliva y José Alejandro Mairena de CIPRODEH, apoderados legales de Carlos del Cid y Ariel Díaz.
El abogado Menjívar señaló ante la jueza que no puede ser tolerado el delito de tortura , siendo interrumpido por la jueza que expresó que eso no se podía argumentar en la audiencia de imputado sino en la inicial, el abogado le dijo que lo que pretendía era argumentar que no se podían dar medidas distintas a la detención judicial, “estoy argumentando sobre la detención judicial que serían de una pena mínima de 120 años, y que los cargos que desde los cargos que tienen pueden influir en los agentes subalternos que están encargados de la investigación y trastocar la misma”.
Los abogados de los policías rechazaron el requerimiento fiscal aduciendo que se iba a desfigurar la audiencia de imputado y que el Ministerio Público cambió el requerimiento fiscal que inicialmente estaba la petición de medidas distintas a la prisión. “Nuestros defendidos se han sometido al proceso en todo momento y por lo tanto tampoco hay peligro de fuga para que se les suspenda de sus cargos porque el Ministerio Público ya tiene todas las pruebas y no pueden manipularlas”.
Abogados defensores de policías amenazan con acciones penales
Edy Tábora: "Se acredita el nivel de poder que tienen en la
institución que la han utilizado para delinquir".
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Uno de los abogados defensores amenazó a Tábora con iniciarle acciones legales , “está diciendo presupuestos que no están probados”, esto a pesar que hay un video que evidencia cómo torturaron a los defensores y estudiantes.
Una decisión que promueve la impunidad
Después de dos horas, la jueza a cargo decidió que no emitiría una detención judicial , “si bien es cierto nos encontramos ante delitos considerados graves , esta juzgadora considera que los imputados han demostrado arraigo suficiente y han permanecido al alcance del órgano jurisdiccional y ante todas las citas del Ministerio Público. En esta audiencia se ha modificado la medida cautelar de distinta a la prisión por detención judicial, y en cuanto a la suspensión de los cargos no es oportuno pronunciarse en esta audiencia”.
Las medidas impuestas fueron que los oficiales quedaban a cargo de sus abogados defensores; presentarse todos los viernes a firmar el libro del juzgado, no salir del país, no acercarse ni comunicarse con las víctimas. La Audiencia Inicial fue fijada para el martes 13 de marzo a la 1:30 p.m.
Oficiales iniciaron sonrientes y terminaron igual
Los nervios que puede tener un imputado común y corriente, sin poder de mando no se observó en los policías imputados. Llegaron muy seguros que no irían a prisión, sus sonrisas en toda la audiencia evidenciaba que posiblemente pudieron ya tener un panorama seguro que les promovería la impunidad en sus acciones violatorias a los derechos humanos.
Las víctimas miraban expectantes el desenvolvimiento de la audiencia ante la mirada de sus torturadores y de los abogados que los defendían.
La Convención contra la Tortura y otros convenios internacionales de protección a los derechos humanos no se asomaron a la sala de la jueza, prevaleció la tolerancia a los abusos, aunque ya las víctimas habían adelantado que no creían que hubiera justicia por el grado de impunidad en el país.
Sentencia de jueza que libera a policías torturadores es repudiable: Wilfredo Méndez
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.
– Como una sentencia repudiable, calificó el defensor de derechos
humanos y director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de
Derechos Humanos (CIPRODEH), Wilfredo Méndez.
“La
sentencia dictada por la jueza Gabriela Gallo que brindó sobreseimiento
definitivo a policías torturadores de defensores de derechos humanos es
verdaderamente repudiable, reiteró Méndez.
“Es
una sentencia que se convierte en una agresión más, que deja en
evidencia a un Estado que viola los derechos humanos y el derecho a
defenderlos. Repudiamos profundamente este acto ilegal”, dijo Wilfredo
Méndez, Director Ejecutivo de CIPRODEH.
Este
viernes, la jueza Gabriela Cristina Gallo dejó en libertad a tres
policías que torturaron a cuatro defensores de derechos humanos y ocho
estudiantes universitarios el pasado 7 de septiembre de 2017 en las
instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
En
este caso hay un video donde se muestra como los policías: Manuel
Aguilar Godoy, Félix Adrián Colindres y Marlos Vásquez Palma rociaron
gas lacrimógeno sobre los rostros de los defensores de derechos humanos y
de los estudiantes universitarios.
Rechazamos
la sentencia de la Juez número seis del Juzgado de Letras de lo Penal
Gabriela Gallo, porque le da vía libre a la Policía Nacional para
agredir a los defensores de derechos humanos con la seguridad que
tendrán impunidad.
Se
trata de una sentencia política que tuerce la doctrina de derechos
humanos para justificar lo injustificable, escribió Ciprodeh en su
página de Facebook.
Madre de asesinado político continúa la búsqueda de justicia
Por: Sandra Rodríguez
La Ceiba, Atlántida.- A cinco meses del asesinato de su hijo Julio Alexánder Funez Guillén, doña Isabel Guillén llegó este viernes 01 de junio al Ministerio Público, para saber sobre el dicho caso.
En el proceso de búsqueda de justicia ha sido acompañada por el Área de Acceso a la Justicia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), en esta ocasión la abogada Dora Oliva presentó una solicitud de información sobre las investigaciones en torno al crimen.
Julio perdió la vida a causa de un disparo en la espalda, cuando se conducía en su motocicleta la noche del 26 de diciembre del 2017. Él iba de su trabajo en un taller de mecánica hacia su casa, relató la madre.
Con su muerte violenta, también se apagó la ilusión de un futuro abogado, pues el joven estudiaba Derecho en una universidad privada, porque deseaba defender al pueblo.
Su vocación de defensa la manifestaba en las protestas sociales contra el fraude electoral, del 26 de noviembre del 2017, y justo un mes después le disparan.
“Julio” es un nombre que suma a la lista de 34 asesinatos políticos durante el proceso del fraude electoral, que registra el COFADEH, y engrosa la lista del 80 por ciento de impunidad que el mismo Ministerio Público ha denunciado.
“Mi hijo era una voz que se oponía a lo que pasaba en el país, él se manifestaba en contra del gobierno, tenía 19 años y nuestro hogar ya no es el mismo, solo buscamos justicia” afirmó la madre.
Por su parte, la abogada Oliva, expresó que en enero se interpuso la denuncia en el MP de La Ceiba, y al volver cuatro meses después, le manifestaron que la llamarán por teléfono para informarle sobre el caso.
Y es que, en el proceso de investigación solicitado, no ha habidos acciones ni siquiera de contactar a la familia para que rinda su declaración, por lo que el COFADEH y doña Isabel, se apersonaron al MP para que el caso no permanezca en la gaveta de la impunidad.
foto:elheraldo.hn
Ante las exigencias de un grupo de mujeres periodistas que piden
justicia por para que se castigue a militares que las golpearon en una
marcha pacífica frente a casa presidencial en el 2012, en el mandato del
ex presidente Porfirio Lobo Sosa, el Ministerio Público arguye que el
expediente no está en secretividad y que realizarán acciones en contra
de los agresores en los próximos días, según fue manifestado a
pasosdeanimalgrande.com
El 13 de diciembre de año 2011, se realizó una protesta pacífica por
parte de mujeres periodistas que demandaban justicia por el asesinato de
su colega Luz Marina Paz Villalobos, asesinada en esa temporada sin que
los culpables hayan sido llevados a juicio.
Posteriormente el 21 de diciembre de ese mismo año, unas 13 periodistas mujeres presentaron la denuncia ante el Ministerio Público, quien blindó la información aduciendo seguridad nacional y ocultando la identidad de los violadores y escudándose bajo la Ley de Secretos Oficiales.
Sin embargo las autoridades de la Fiscalía de los Derechos Humanos indicaron a través de la Dirección de Comunicaciones que las investigaciones ya concluyeron y que próximamente se estarán presentando los respectivos requerimientos fiscales, pero que no pueden dar una fecha precisa de cuándo serán presentados.
Explicación del MP
La sub directora de la Dirección de Comunicación Institucional, Lorena Cálix, informó que la Fiscal Especial de los Derechos Humanos, Soraya Morales, atendió personalmente a las ofendidas, luego de un plantón que realizaron el pasado 24 de mayo del 2018 en las instalaciones del Ministerio Público.
“En su momento tuvieron ellas la oportunidad de grabar lo que en el desarrollo de la diligencia el Ministerio Público se estaba realizando, lo cual supone una apertura absoluta del conocimiento de los hechos y de las diligencias que se practican en el expediente”, dijo Cálix.
“También ha dicho la abogada Soraya Morales que se trata de un expediente de una investigación que está muy avanzada, ya incluso para tomar decisiones en sede administrativa fiscal”, destacó.
Sobre el atraso en las acciones del MP, luego de varios años de investigación, ya que los hechos se sucitaron en el 2011, la encargada de la comunicación institucional informó que “hablar de una acción concreta, imagínese, se está refiriendo a un requerimiento fiscal, pero en el devenir de la investigación pueden haber muchísimas circunstancias que pueden resultar en una compleja investigación”.
Agregó que “A veces incluso, poder obtener información de testigos o poder obtener otro tipo de diligencias en donde hay señalamientos directos contra personas que en representación del Estado y de la autoridad, han ejercido supuestamente un delito, no es tan fácil documentarlo como parece”, dijo Cálix.
La vocera del MP citó que “en otros casos pasa que los propios ofendidos tienen cierto temor a colaborar en el proceso de la investigación, lo cual pienso yo que es hasta comprensible considerando que muchas veces se tiene o no se tiene credibilidad en el sistema de justicia o se piensa finalmente que no se va a accionar en la denuncia que se ha interpuesto”.
Cálix descartó que lo mismo esté pasado en este caso ya que las mismas testigos son también ofendidas y en su momento han declarado lo sucedido ante las autoridades del Ministerio Público.
“Yo en todo caso, me estoy refiriendo a que una investigación puede variar en realación a otra, tanto en función del tiempo o en función de muchos aspectos, como pueda ser que se pueda resolver en un término de 48 horas una investigación, también puede pasar mucho tiempo, antes de que podamos individualizar conductas específicas o señalar con el dedo a personas responsables y directas del delito que se ha denunciado”, afirmó Cálix quien justificó la negligencia del Ministerio Público.
A su juicio no se puede confirmar que los agresores eran miembros de la Guardia de Honor Presidencial precisamente porque no tiene a la vista el expediente, pero “imagino que los fiscales que han orientado la investigación sí tienen idea de quiénes habrían sido y si la tienen, lógicamente tendrán que o cerrar el expediente o realizar las acciones”, destacó.
Cálix reiteró que “el espediente está bastante avanzado y que no está en secretividad”.
Sobre las acciones que deberán seguir las periodistas ofendidas, detalló que “deben seguir instando a la autoridad para que se resuelva, ya sea definiendo que no hay delito que perseguir, no hay personas por qué perseguir o definiendo en efecto contra quiénes se van a presentar las acciones”.
Al consultar si la valoración de la Fiscal Especial de los Derechos Humanos es de continuar el caso, Cálix amplió en que “lo que me acaba de referir la fiscal especial, Soraya Morales, es que parece que tienen indicios de responsabilidades contra algunas personas”, finalizó.
Posteriormente el 21 de diciembre de ese mismo año, unas 13 periodistas mujeres presentaron la denuncia ante el Ministerio Público, quien blindó la información aduciendo seguridad nacional y ocultando la identidad de los violadores y escudándose bajo la Ley de Secretos Oficiales.
Sin embargo las autoridades de la Fiscalía de los Derechos Humanos indicaron a través de la Dirección de Comunicaciones que las investigaciones ya concluyeron y que próximamente se estarán presentando los respectivos requerimientos fiscales, pero que no pueden dar una fecha precisa de cuándo serán presentados.
Explicación del MP
La sub directora de la Dirección de Comunicación Institucional, Lorena Cálix, informó que la Fiscal Especial de los Derechos Humanos, Soraya Morales, atendió personalmente a las ofendidas, luego de un plantón que realizaron el pasado 24 de mayo del 2018 en las instalaciones del Ministerio Público.
“En su momento tuvieron ellas la oportunidad de grabar lo que en el desarrollo de la diligencia el Ministerio Público se estaba realizando, lo cual supone una apertura absoluta del conocimiento de los hechos y de las diligencias que se practican en el expediente”, dijo Cálix.
“También ha dicho la abogada Soraya Morales que se trata de un expediente de una investigación que está muy avanzada, ya incluso para tomar decisiones en sede administrativa fiscal”, destacó.
Sobre el atraso en las acciones del MP, luego de varios años de investigación, ya que los hechos se sucitaron en el 2011, la encargada de la comunicación institucional informó que “hablar de una acción concreta, imagínese, se está refiriendo a un requerimiento fiscal, pero en el devenir de la investigación pueden haber muchísimas circunstancias que pueden resultar en una compleja investigación”.
Agregó que “A veces incluso, poder obtener información de testigos o poder obtener otro tipo de diligencias en donde hay señalamientos directos contra personas que en representación del Estado y de la autoridad, han ejercido supuestamente un delito, no es tan fácil documentarlo como parece”, dijo Cálix.
La vocera del MP citó que “en otros casos pasa que los propios ofendidos tienen cierto temor a colaborar en el proceso de la investigación, lo cual pienso yo que es hasta comprensible considerando que muchas veces se tiene o no se tiene credibilidad en el sistema de justicia o se piensa finalmente que no se va a accionar en la denuncia que se ha interpuesto”.
Cálix descartó que lo mismo esté pasado en este caso ya que las mismas testigos son también ofendidas y en su momento han declarado lo sucedido ante las autoridades del Ministerio Público.
“Yo en todo caso, me estoy refiriendo a que una investigación puede variar en realación a otra, tanto en función del tiempo o en función de muchos aspectos, como pueda ser que se pueda resolver en un término de 48 horas una investigación, también puede pasar mucho tiempo, antes de que podamos individualizar conductas específicas o señalar con el dedo a personas responsables y directas del delito que se ha denunciado”, afirmó Cálix quien justificó la negligencia del Ministerio Público.
A su juicio no se puede confirmar que los agresores eran miembros de la Guardia de Honor Presidencial precisamente porque no tiene a la vista el expediente, pero “imagino que los fiscales que han orientado la investigación sí tienen idea de quiénes habrían sido y si la tienen, lógicamente tendrán que o cerrar el expediente o realizar las acciones”, destacó.
Cálix reiteró que “el espediente está bastante avanzado y que no está en secretividad”.
Sobre las acciones que deberán seguir las periodistas ofendidas, detalló que “deben seguir instando a la autoridad para que se resuelva, ya sea definiendo que no hay delito que perseguir, no hay personas por qué perseguir o definiendo en efecto contra quiénes se van a presentar las acciones”.
Al consultar si la valoración de la Fiscal Especial de los Derechos Humanos es de continuar el caso, Cálix amplió en que “lo que me acaba de referir la fiscal especial, Soraya Morales, es que parece que tienen indicios de responsabilidades contra algunas personas”, finalizó.
DESHACIENDO EL DERECHO
En Honduras después de 2009 tenemos una dictadura primitiva, es decir, políticos ambiciosos en alianza con militares mercenarios confundidos todos con el crimen organizado.
Esta alianza perversa es incapaz de realizar acciones inteligentes. Por el contrario, la torpeza y el mal caracterizan su proceder.
Los ancestros de los torpes actuales le disparaban balas a la cultura, sus descendientes le disparan mentiras a la verdad y sentencias a la justicia.
En honor a la verdad, después del catastrófico fraude electoral confirmado por la teniente Fullton todo ha sido posible en Honduras. Todo tipo de torpezas ha sido posible.
La expulsión de Jiménez Mayor, por ejemplo, el portavoz de la lucha internacional contra los corruptos hondureños, justo después que la MACCIH encontró a la madre y a la esposa del dictador con las manos en la masa. Y a Mauricio Oliva, como cabecilla del pacto de impunidad legislativa. Todo eso fue posible gracias a Estados UNidos, Canadá y Europa.
Otro ejemplo torpe es la ofendida fabricante de pastillas de harina haciéndose la víctima, aprovechándose de Ratas parlamentarias inclusive para reclamar supuestos daños a su patrimonio en medio del saqueo a los fondos de seguridad social. Y obligando a sus acusadores a disculparse.
Otro ejemplo es la compra de drones artillados a sus fabricantes israelitas, que vienen de utilizarlos contra la población del valiente pueblo palestino. Drones para qué en Honduras? Para reforzar la invasión de Nicaragua o sabotear las elecciones en El Salvador?
A propósito, un ejemplo triste de esta dictadura es también su voto en la ONU a través de Lizy Flores, para mover la capital judía a Jerusalem y abrir una embajada hondureña en esa ciudad; una decisión que representa en la actualidad decenas de asesinatos en la frontera con Palestina, de los cuales la dictadura pro-israelí es co-responsable.
También es ejemplo de torpeza esa movida del poder judicial tras la acusación de la MACCIH contra las ratas que cambiaron la ley del presupuesto, para pactar la impunidad de los corruptos del seguro social. El Pleno de la Corte de Argueta-Hernández declara constitucional el convenio de la MACCIH, pero en el fondo el fallo impide a la OEA accionar contra la corrupción en Honduras.
Y veamos las torpezas últimas.
Para confrontar el informe del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos que denunció en Ginebra la lista de personas asesinadas por policías y militares después del fraude electoral, el abogado impostor que asaltó el poder dijo que las maras 13 y 18 participaron en ese conflicto.
Luego, para atacar el reporte preliminar del relator de Naciones Unidas sobre los graves peligros que afrontan las personas defensoras de derechos humanos en Honduras, el mismo portavoz de la dictadura ha respondido que existen organizaciones no estatales que violan derechos.
Ha sido el principal portavoz del fraude electoral, Juan Orlando Hernández, quien ha respondido con esas torpezas delante del mundo, en un intento malévolo por evitar el juzgamiento de sus actuaciones.
El único violador de derechos humanos es el Estado a través de sus agentes investidos de autoridad; las demás personas, cometen faltas y delitos. Pero ellos no entienden esto, creen poder hacer y deshacer el Derecho según su conveniencia. Y así lo hacen los dictadores.
Es lo que acaban de hacer con los defensores de derechos humanos torturados por policías dentro de la Universidad Nacional el 8 de septiembre de 2017. No sólo evitaron condenar a los abusivos torturadores filmados por todo el mundo, seguidos de cerca por la propia oficina del Alto Comisionado de la ONU, sino que han declarado a los acusados sobreseídos de manera definitiva.
Esto no sólo es arrogancia de la dictadura, esto es algo peor. Es la exhibición de una conducta vengativa, basada en el odio y el desprecio por los derechos humanos, que nos lleva a la absoluta barbarie.
El mundo civilizado, los países que financian esta aberración, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, deben parar a estos enfermos.
Estos locos son capaces de atentar contra los propios intereses de quienes los pusieron y sostienen en sus cargos actuales. Son capaces de cualquier cosa. Son cuervos.
Mucho cuidado con el refrán “cría cuervos y te sacarán los ojos”. Raise crows and they’ll take your eyes out. Soulevez des corbeaux et ils vous enlèveront les yeux.
Editorial Voces contra El Olvido, sábado 2 de junio 2018
No es leyendo la Biblia como acabaremos con la corrupción: Conferencia Episcopal de Honduras
Después de trascurridos seis meses de las elecciones generales del pasado mes de noviembre, no debemos caer en el error de pensar que el país ha entrado en una etapa de normalidad o tranquilidad y que la crisis ha sido superada.Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.
– La Conferencia Episcopal de Honduras ha sido clara en su último
comunicado, manifestando que no es con leer la Biblia como se van a
solucionar la crisis en Honduras, sino cambiando de actitud política,
combatiendo la corrupción y escuchando al pueblo a través de mecanismos
como el plebiscito, el referéndum y las consultas ciudadanas.
El
país vive una crisis marcada por la ambición desmedida de unos cuantos y
además marcada por la incapacidad de los políticos para dialogar, por
lo que se hace necesario impulsar otros espacios donde el principal
actor sea la sociedad basada en el derecho del pueblo a ser escuchado y a
participar en los asuntos fundamentales para la vida del País, a través
de los instrumentos y mecanismos que nuestro ordenamiento jurídico y la
democracia nos permiten: el plebiscito, el referéndum y las consultas
ciudadanas.
Apuntan,
con contundencia, que la aplicación de estos instrumentos de forma
adecuada hubiera evitado que el tema de la reelección alimentara la
crisis política institucional y terminara siendo cuestionada y rechazada
por un amplio sector de la población, por sus visibles muestras de
inconstitucionalidad.
La
curia hondureña, señala que después de trascurridos seis meses de las
elecciones generales del pasado mes de noviembre, no debemos caer en el
error de pensar que el país ha entrado en una etapa de normalidad o
tranquilidad y que la crisis ha sido superada.
Manifiestan
que, por el contrario, la insatisfacción sobre las condiciones de vida
de los ciudadanos aumenta día a día y la credibilidad y confianza en las
instituciones y en los principales actores de la vida política
disminuye cada día más, sin que, aparentemente, a los líderes políticos
les preocupe en lo más mínimo.
COMUNICADO
Al
culminar la Asamblea Plenaria correspondiente al mes de junio de 2018,
los Obispos de la Conferencia Episcopal de Honduras queremos compartir
con los fieles y personas de buena voluntad nuestra preocupación por la
situación de nuestra Patria.
Después
de trascurridos seis meses de las elecciones generales del pasado mes
de noviembre, no debemos caer en el error de pensar que el país ha
entrado en una etapa de normalidad o tranquilidad y que la crisis ha
sido superada. Por el contrario, la insatisfacción sobre las condiciones
de vida de los ciudadanos aumenta día a día y la credibilidad y
confianza en las instituciones y en los principales actores de la vida
política disminuye cada día más, sin que, aparentemente, a los líderes
políticos les preocupe en lo más mínimo.
En
esta crisis marcada por la desmedida ambición de unos cuantos, el arte
de dialogar parece estar ausente y en el mejor de los casos poco
desarrollado, aun cuando él mismo es absolutamente necesario a la hora
de aprender a convivir y establecer relaciones positivas. Frente a esta
incapacidad de la clase política para dialogar entre sí, se vuelve
urgente impulsar otros espacios donde el principal actor sea la
sociedad, basada en el derecho del pueblo a ser escuchado y a participar
en los asuntos fundamentales para la vida del País, a través de los
instrumentos y mecanismos que nuestro ordenamiento jurídico y la
democracia nos permiten: el plebiscito, el referéndum y las consultas
ciudadanas.
La
aplicación de estos instrumentos de forma adecuada hubiera evitado que
el tema de la reelección alimentara la crisis política institucional y
terminara siendo cuestionada y rechazada por un amplio sector de la
población, por sus visibles muestras de inconstitucionalidad. Es urgente
que la clase política aprenda la lección y acuda al diálogo y a estos
recursos con que cuenta la democracia para resolver otros temas urgentes
que profundizan la crisis institucional; como lo es, por ejemplo, la
reforma político -electoral.
Recordamos
y exigimos a la clase política, rehabilite la política, respetando la
Constitución en lugar de violarla y acomodarla a sus intereses
particulares; que respete el marco legal y la institucionalidad vigente,
fortaleciéndola y no debilitándola con leyes, decretos y sentencias
hechas a la medida para proteger y garantizar impunidad a personas
señaladas por corrupción.
Acompañamos
y asumimos toda iniciativa ciudadana de lucha contra la corrupción,
porque significa defender la dignidad y derechos de nuestro pueblo,
empobrecido y víctima del poder político y económico; esos poderes que
han convertido al País en su hacienda particular, en un Estado al que
pueden saquear cuantas veces quieran.
Luchar
contra la corrupción significa defender las acciones de la MACCIH, del
Ministerio Público, de la UFECIC. Significa apoyar, contribuir y
sentirnos parte de la lucha que, contra los corruptos, lleva a cabo el
Consejo Nacional Anticorrupción (CNA). Una lucha que no está motivada
por el odio contra los corruptos, sino por la necesidad de que ya no
siga habiendo corrupción en Honduras.
Escuchamos
la voz de un pueblo que quiere vivir con dignidad y trabajar con
honradez, que quiere vivir sin corrupción, en condiciones dignas. con
acceso a la alimentación. a la salud, a la educación, con mejores
condiciones de vida con gobernantes responsables y honestos, donde la
justicia prevalezca donde el estado de derecho impere y donde no existan
abusos del poder.
Nota relacionada Cuerpos de seguridad se han sobrepasado en el uso de la fuerza: Conferencia Episcopal de Honduras
A
ustedes, hermanos y hermanas, les dejamos unas palabras del Salmo 50.
que son denuncia profética de las actitudes que venimos señalando, y que
tanto daño hacen a nuestro pueblo:
“Al
pecador le dice Dios: ¿Por qué recitas mis mandamientos y tienes en la
boca mi alianza, tú que detestas la corrección y te echas a la espalda
mis mandatos?” (Salmo 50, 16-17).
Las
tareas para rehabilitar la democracia y restablecer la confianza son
urgentes, y no debemos permitir que se nos quiera distraer con temas que
necesitan otra solución. No creemos en soluciones superficiales como es
aprobar la lectura de la Biblia en las escuelas. La Sagrada Escritura
es don de Dios para fortalecer la fe; no pretendamos utilizarla como un
recurso por el que se aprendan automáticamente unos valores, que sólo se
interiorizan de verdad por medio de recursos pedagógicos. como son la
imitación y la motivación. Cuando los adultos no les ofrecemos a niños y
jóvenes un ejemplo a imitar y una motivación positiva por medio de
nuestro propio ejemplo y testimonio. de nada sirve leerles la Biblia.
Sin
embargo, consideramos como deseable que se pudiese instaurar en la
escuela una asignatura optativa de religión, para aquellos alumnos cuyos
padres la elijan. Este modelo de escuela, religiosamente pluralista,
respeta la laicidad o no confesionalidad del Estado. la libertad
religiosa y el derecho de los padres a educar a sus hijos en los
principios religiosos y morales que ellos consideren como parte de la
formación integral de la persona en todas sus dimensiones.
Pedimos
a la Madre del Señor. Nuestra Señora de la Paz, sea consoladora de los
hermanos de Guatemala que sufren la violencia de un volcán en erupción.
Le confiamos a Ella que interceda por Honduras y también por la hermana
República de Nicaragua, en donde el abuso y la explotación de sus
gobernantes han provocado una crisis y unas víctimas, que podrían
reproducirse también en nuestra Patria si no se da una verdadera
conversión a los valores de la democracia. Nos acogemos bajo el amor
misericordioso del Sagrado Corazón de Jesús, cuya tiesta hoy celebramos.
Ciudad de Tegucigalpa, 08 de junio de 2018.
CONFERENCIA EPISCOPAL DE HONDURAS
150 abogados han sido asesinados en Honduras desde el 2002
Al menos 13 de los 18 departamentos del país han sido escenario de la muerte violenta de profesionales del derecho. Más del 70% de los casos se registró en los departamentos de Francisco Morazán y CortesPor: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-
Un informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH),
reveló hoy que al menos de 150 abogados han perdido la vida en
circunstancias violentas, desde el año 2002 a la fecha, crímenes que se
mantienen, en más del 90% de los casos, en la impunidad.
Un
recuento de los hechos, realizados por el ente estatal, establece que
en los últimos años se han registrado una serie de hechos violentos,
contra abogados, que van desde amenazas, agresiones, atentados y
muertes violentas.
Añade
que las constantes agresiones, amenazas a muerte, atentados e incluso
la pérdida de la vida, en circunstancias violentas, han convertido la
abogacía en una profesión de alto riesgo para quienes la ejercen.
Los
hechos violentos contra los miembros de este gremio empezaron a
registrarse en el 2002, sin embargo, los mismos se agudizaron a partir
del año 2010, de allí que, en los últimos 8 años y medio, hayan muerto,
al menos, 130 profesionales del derecho.
Roberto
Herrera Cáceres, titular del CONADEH, expresó que una las
preocupaciones es el nivel de impunidad de estos crímenes, lo cual
impide que se conozcan las causas por las que pierden la vida
violentamente los profesionales del derecho.
Consideramos
que esta profesión es humanista, sin embargo, en Honduras su ejercicio
conlleva muchos riesgos, sobre todo en los litigios que tienen que ver
con la materia penal, expresó.
El
Defensor del Pueblo considera que es urgente que las autoridades
hondureñas establezcan mecanismos de seguridad que permitan salvaguardar
la integridad física y la vida de los profesionales del derecho y sus
familiares.
Nota relacionada De 102 asesinatos contra abogados, el 94 por ciento persiste en impunidad
Se
estima que sólo el Colegio de Abogados de Honduras atiende un promedio
diario de dos de sus agremiados que solicitan protección para
salvaguardar su integridad física y su vida.
Hasta
ahora ha quedado demostrado que las condiciones de seguridad en el
país no han sido las más propicias para salvaguardar la integridad
física y la vida de casi un centenar y medio de profesionales del
derecho.
En promedio 15 abogados pierden la vida anualmente entre el 2010 y el 2018
Registros
del CONADEH indican que entre el 2010 y lo que va del 2018 han muerto
violentamente alrededor de 130 personas vinculadas al ejercicio del
derecho, es decir, un promedio de 15 por año.
Al
menos 13 de los 18 departamentos del país han sido escenario de la
muerte violenta de profesionales del derecho. Más del 70% de los casos
se registró en los departamentos de Francisco Morazán y Cortes.
Ante
la creciente inseguridad que enfrentan los profesionales del derecho,
que deja un promedio 15 víctimas anuales, el CONADEH notificó a todos
sus delegados, a nivel nacional, que intensifiquen su atención a los
miembros de este gremio que denuncien ser objeto de amenazas o cualquier
otra acción que ponga en riesgo su integridad física y su vida.
En
lo que va del 2018 han muerto, al menos, cinco profesionales del
derecho, en circunstancias aún no esclarecidas por las autoridades
encargadas de la investigación en el país.
El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de
los Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos, Michel Forst, luego
de su visita de 14 días por Honduras, aplazó a las autoridades
gubernamentales, al dar a conocer un informe en donde demuestra que poco
o nada se ha hecho para proteger a los defensores y defensoras en el
país.
Forst permaneció en Honduras desde el 30 de abril al 12 de mayo, y en
su visita estaban contempladas reuniones con defensores y defensoras de
derechos humanos y autoridades gubernamentales, así como la
participación en un foro donde se habló de los desafíos sobre el tema,
con autoridades, defensores y organizaciones internacionales.
Informe preliminar
Hay corrupción, colusión, falta de logros de las recomendaciones dadas al país en el 2012 por la anterior relatora, y pide replantear el Mecanismo de Protección para los defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas comunicadores sociales y operadores de justicia, entre otros.
En Conferencia de Prensa el Relator Forst explicó a la prensa hondureña e internacional paso a paso la difícil situación que viven los defensores y defensoras, tanto en la capital como en el resto del país en donde centró su visita, asegurando que Honduras es uno de los países más peligrosos del mundo en donde no se respeta el trabajo de los defensores.
La estigmatización, encabezada por altos funcionarios y medios de comunicación, no sólo los desempodera, sino que los expone a mayores riesgos. Se enfrentan a campañas de difamación dirigidas a desacreditar su trabajo, a menudo equiparándolos con la oposición política, o tachándolos de antinacionales, criminales o incluso hasta de traidores.
La criminalización de los defensores y defensoras tiene un efecto escalofriante no sólo para ellos, sino también para la sociedad en general. Debilita a los movimientos de la sociedad civil. Los defensores y defensoras tienen que dedicar cada vez más tiempo y recursos para defenderse, lo que debilita su capacidad para proteger a las personas más vulnerables.
No cabe duda de que existe un patrón general de criminalización y hostigamiento judicial contra quienes denuncian el despojo de sus tierras y quienes defienden los intereses de estas comunidades. El uso del sistema de justicia penal, como los delitos de usurpación de tierras, se utiliza comúnmente para desalojar por la fuerza a los agricultores y silenciar la resistencia local.
Contenido del informe
A continuación, www.pasosdeanimalgrande.com da a conocer el informe integro en donde brinda además recomendaciones para el Estado de Honduras y a los organismos internacionales, dejando un retrato hablado del interés que ha mostrado el Estado en el respeto de los derechos humanos y en la búsqueda de parar la impunidad contra los agresores en Honduras.
“Declaración de Fin de Misión Michel Forst, El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, visita a Honduras, 29 de abril al 12 de mayo
1. Introducción
Buenos días, damas y caballeros,
Quisiera iniciar con un sincero agradecimiento al Gobierno de Honduras por la invitación a realizar una misión oficial, la cual se llevó a cabo del 30 de abril al 12 de mayo de 2018. Deseo felicitar al Gobierno por su excelente cooperación y esfuerzos para garantizar una visita provechosa. Agradezco la oportunidad de reunirme con el Presidente de la República, los Ministros y representantes de alto nivel de diversos ministerios, autoridades judiciales y otras instituciones del Estado, tanto al nivel departamental como al nivel municipal.
Es sabido que los defensores y defensoras de derechos humanos que viven en zonas remotas son los que están en mayor riesgo, y deseando tener una visión global de la situación en todas las regiones del país, viajé a Tegucigalpa, La Paz, La Esperanza, Santa Bárbara, San Pedro Sula, El Progreso, Tela, La Ceiba, Tocoa y Choluteca.
En total, me reuní con 400 defensores y defensoras de derechos humanos de todo el país, de los cuales, el 40 por ciento eran mujeres. Algunos de ellos incluso viajaron dos días para reunirse conmigo. Agradezco, en particular, sus testimonios, recomendaciones e ideas, así como sus esfuerzos en la preparación de mis reuniones y visitas. También quisiera agradecer a todos aquellos que ayudaron a organizar esta visita, en especial a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras.
El objetivo de mi visita es evaluar, en un espíritu de cooperación y diálogo, si Honduras ofrece los elementos básicos de un entorno seguro y propicio para los defensores y defensoras de derechos humanos. Es decir, la visita pretendía responder a la pregunta de si los defensores y defensoras de derechos humanos se sienten seguros y empoderados en Honduras.
Asegurar estas condiciones es una parte primordial de la responsabilidad del Estado de Honduras desde que adoptó la Declaración de la ONU sobre Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en 1998. Por lo tanto, me he centrado principalmente en evaluar algunos de los elementos básicos de ese entorno seguro y favorable, a saber: un marco jurídico e institucional propicio; el acceso a la justicia; una institución nacional independiente y sólida de derechos humanos; políticas y mecanismos de protección eficaces que den atención a los grupos en riesgo y apliquen un enfoque de género; actores no gubernamentales que respeten y apoyen la labor de los defensores y defensoras; y una comunidad de defensores y defensoras sólida y dinámica.
También he leído detenidamente el informe de mi predecesora, Margaret Sekaggya, quien visitó Honduras en el 2012.
Para comenzar, deseo recordar que no soy funcionario de las Naciones Unidas y que mi cargo es honorario. Como experto independiente, ejerzo mi juicio profesional e imparcial e informo directamente al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a la Asamblea General.
Hoy me limitaré a formular observaciones y recomendaciones preliminares sobre algunos de los principales problemas, que se detallarán en el informe. Una vez que haya examinado a fondo los materiales y documentos que he reunido durante la visita, presentaré mi informe final al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, en marzo de 2019.
2. Evaluación general: ¿Existe en Honduras un entorno seguro y propicio para los defensores y defensoras de los derechos humanos?
Esta misión y todas las reuniones y discusiones con los defensores y defensoras, tuvieron lugar en el contexto de la crisis post electoral y la declaración del estado de emergencia durante diez días. He recibido docenas de testimonios de una violencia extrema en todo el país, que ha sido ampliamente documentada por varios observadores internacionales que confirmaron el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, la policía militar y el ejército, lo que causó la muerte de manifestantes y transeúntes, así como detenciones y encarcelamientos masivos.
Me han conmovido realmente todas las reuniones, testimonios e historias de familiares de personas desaparecidas, así como de defensores y defensoras que han sido arrestados arbitrariamente, algunos de los cuales han sido maltratados por la policía o el ejército, líderes comunitarios e indígenas, que han denunciado haber sido privados de sus tierras, sus cultivos han sido destruidos y sus cosechas robadas, defensores y defensoras que trabajan en temas delicados como los derechos sexuales y reproductivos o la orientación sexual e identidad de género. Me ha impresionado la sociedad civil valiente, activa, vibrante y comprometida que opera en todo el país.
Habiendo examinado detenidamente la información recibida del Gobierno, la sociedad civil y otras partes interesadas, llego a la conclusión de que, a pesar de los grandes esfuerzos por establecer un mecanismo eficaz de protección, la gran mayoría de los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras no pueden trabajar en un entorno seguro y propicio.
Están en peligro en la mayor parte del país y no se sienten seguros debido a los numerosos ataques y amenazas, la criminalización de sus actividades y la falta de acceso a la justicia. La estigmatización, encabezada por altos funcionarios y medios de comunicación, no sólo los desempodera, sino que los expone a mayores riesgos. Se enfrentan a campañas de difamación dirigidas a desacreditar su trabajo, a menudo equiparándolos con la oposición política, o tachándolos de antinacionales, criminales o incluso hasta de traidores.
En numerosos casos, los defensores y defensoras han sido atacados, amenazados, llevados ante los tribunales y acusados con cargos políticos o inventados. He recibido varios testimonios creíbles de defensores y defensoras que denunciaron haber sido amenazados y atacados por empresas, especialmente en el ámbito de las industrias extractivas o hidroeléctricas. También he recibido testimonios de supuestas confabulaciones entre empresas internacionales o nacionales y políticos, a veces a alto nivel del Congreso.
3. Marco legislativo e institucional
Marco Legal
La Constitución de Honduras de 1982 garantiza el principio de no discriminación, en particular por motivos de sexo (art. 60), el derecho inviolable a la vida, la dignidad, la integridad física, moral y mental y el derecho a no ser sometido a torturas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. También garantiza la libertad de opinión y expresión (art. 72), de circulación (art. 81), de pensamiento, religión, reunión y asociación (art. 78), y reconoce el derecho de hábeas corpus y el recurso de amparo (art. 182).
En virtud de la Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Estado forman parte del derecho interno desde el momento de su entrada en vigor y tienen precedencia sobre la legislación nacional. Hasta abril de 2018, Honduras ha ratificado casi todos los tratados de derechos humanos pertinentes, incluidos los nueve tratados básicos de derechos humanos. Sin embargo, Honduras aún no es parte en el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Recomendación:
La ratificación de esos instrumentos proporcionaría a los defensores y defensoras de derechos humanos instrumentos importantes para hacer efectivos los derechos de la mujer, los niños y los derechos económicos y sociales y contribuiría a aumentar la rendición de cuentas.
Honduras también ha ratificado el Convenio 169 de la OIT y ha votado a favor de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. A pesar de los pasos iniciales, Honduras aún necesita adoptar regulaciones nacionales para hacer efectivo el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado de acuerdo con el Convenio de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas. Es importante que esto se lleve a cabo en consulta con la más amplia gama de organizaciones representativas de los pueblos indígenas del país.
Recomendación:
Exhorto al Gobierno de Honduras a que reactive este proceso de diálogo y siga las recomendaciones del Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Esta es una cuestión fundamental y una de las causas fundamentales de las continuas violaciones de los derechos humanos que afectan a los pueblos indígenas en Honduras, así como una demanda clave de los pueblos indígenas y de los defensores y defensoras de la tierra y del medio ambiente.
Criminalización de los defensores y defensoras de derechos humanos
Me preocupa mucho la práctica generalizada de criminalizar a los defensores y defensoras de derechos humanos por su labor en el ámbito de los derechos humanos, en particular en el contexto del ejercicio de su derecho a la protesta y la libertad de expresión. He recibido numerosos testimonios de defensores y defensoras de derechos humanos y de ciudadanos común y corrientes, organizando o participando en protestas pacíficas en forma de plantones o concentraciones en espacios públicos (carreteras, rotondas, parques, etc.), por las que pueden ser objeto de acusaciones penales. Los testimonios recibidos en relación con las protestas contra proyectos de industrias hidroeléctricas, mineras y otras industrias extractivas; derechos sexuales y reproductivos; elecciones y asuntos relacionados con la universidad.
La criminalización suele tener lugar mediante la presentación de denuncias o denuncias infundadas basadas en delitos penales, que pueden no ajustarse al principio de legalidad o a las normas internacionales de derechos humanos. Someter a los defensores y defensoras a largos procesos legales es claramente una herramienta para intimidarlos y someter su incidencia por los derechos humanos.
En la mayoría de los casos relacionados con el medio ambiente y los derechos sobre la tierra, los cargos criminales utilizados en Honduras incluyen coerción, allanamiento de morada y confiscación ilegal, o cargos relacionados con la usurpación de tierras.
En el caso de los estudiantes, la criminalización vino a través de la acusación de sedición y usurpación de la propiedad pública. En el contexto de la participación o la organización de protestas postelectorales, la gran mayoría de los casos se referían a la detención a corto plazo de manifestantes por violar el toque de queda, pero sin cargos formales. En mi opinión, esto último también constituye una forma de criminalización de los manifestantes en el sentido más amplio del término. También he recibido testimonios de periodistas, comunicadores sociales y defensores de derechos humanos que se enfrentan a acciones legales por difamación y calumnia, así como a la amenaza de las mismas.
A partir de las experiencias que recopilé, la criminalización también significó la estigmatización e intimidación de los afectados. En la mayoría de los casos, se trataba de multas financieras y la obligación de reportarse a la policía semanalmente, lo que para los campesinos e indígenas que viven en zonas remotas implica altos costos y largos viajes. Para algunos, la criminalización también implicaba la prisión y para los estudiantes, la expulsión de la universidad y otras medidas administrativas como la suspensión de las becas. Quisiera señalar que el arresto y la detención arbitraria también se utilizan para disuadir a los disidentes.
La criminalización de los defensores y defensoras tiene un efecto escalofriante no sólo para ellos, sino también para la sociedad en general. Debilita a los movimientos de la sociedad civil. Los defensores y defensoras tienen que dedicar cada vez más tiempo y recursos para defenderse, lo que debilita su capacidad para proteger a las personas más vulnerables de la sociedad. La criminalización también socava la confianza de la sociedad civil en el Gobierno
También es preocupante la aprobación por el Congreso de la reforma a los artículos 335 a y 335 b, sobre terrorismo, del nuevo Código Penal, que parece extremadamente amplio. Me preocupa el impacto que estos nuevos artículos puedan tener en los defensores y defensoras de los derechos humanos y en el derecho a la libertad de expresión. Asimismo, el proyecto de ley sobre ciberseguridad es problemático. Amenaza la libertad de expresión con el fin de regular las campañas de odio y discriminación en las redes sociales y en Internet. Las multas oscilarían entre 50.000 y un millón de lempiras y podrían incluir el cierre y bloqueo del sitio web. La Asociación de Medios de Comunicación (AMC), ha pedido al Congreso de Honduras que no apruebe este proyecto de ley por violar los "derechos fundamentales y garantías constitucionales"3.
Recomendación:
Recomiendo que se revisen las leyes utilizadas para criminalizar a los defensores y defensoras de derechos humanos por su trabajo legítimo, con miras a que su contenido y ejecución se ajusten al principio de legalidad y a otras normas internacionales de derechos humanos.
Desarrollos institucionales
Quisiera destacar como acontecimiento positivo, el reciente ascenso de la Secretaría de Derechos Humanos a nivel ministerial. Esto incluye un mandato más amplio para promover y proteger los derechos humanos y el Estado de derecho y más recursos para la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos.
Hace seis años, cuando mi predecesora visitó el país, el crimen organizado, el narcotráfico, la violencia de las pandillas y la corrupción policial ampliamente denunciada hicieron de Honduras uno de los lugares más peligrosos del mundo. Según datos oficiales, en menos de seis años, el Estado de Honduras redujo a la mitad la tasa de homicidios en el país. Estos resultados han contribuido una combinación de esfuerzos concertados, incluidas políticas para contrarrestar la violencia de las pandillas, la corrupción y los delitos de cuello blanco, el desmantelamiento de grandes estructuras criminales, un proceso de purga de la policía nacional y la reforma penitenciaria. Lamentablemente, la reducción de los homicidios no ha ido acompañada de una reducción uniforme del número de asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos, que, por el contrario, ha aumentado drásticamente en los últimos años.
Además, en el 2014 el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, una institución de alto nivel encabezada por el Presidente de la República, estableció la Fuerza Nacional de Seguridad Interinstitucional. La militarización de las funciones de aplicación de la ley es una cuestión que ha sido planteada con preocupación por diversos organismos de derechos humanos. Los defensores y defensoras de derechos humanos siguen identificando tanto a la policía nacional, como al ejército entre los principales autores de ataques y violaciones contra ellos.
El actual proceso de selección y elección del Fiscal General es fundamental para fortalecer el estado de derecho, la lucha contra la impunidad y la corrupción y la protección de los derechos humanos.
Recomendación:
Insto a todas las partes interesadas que intervienen en el proceso de selección a que se adhieran a las normas más estrictas y a criterios estrictos para evaluar la integridad, idoneidad y competencia de los solicitantes. Subrayo la importancia de la transparencia, la publicidad y el acceso a la información en este proceso, y hago énfasis en la necesidad de una observación independiente de todo el proceso, haciendo hincapié en el papel de la sociedad civil en particular.
4. Impunidad y acceso a la justicia
La impunidad generalizada por las agresiones contra los defensores y defensoras de derechos humanos
Al final de la visita oficial a Honduras de mi predecesor, en 2012, concluyó que había habido "poco o ningún progreso en la investigación de los ataques y amenazas contra periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos y activistas políticos desde 2009".
Durante los últimos seis años, el Estado de Honduras ha adoptado múltiples iniciativas para mejorar el acceso a la justicia y la rendición de cuentas por las violaciones. Entre ellas cabe mencionar: la creación de diez Fiscalías Especiales, entre ellas una de Derechos Humanos con una sección especial dedicada a los defensores y defensoras de derechos humanos; la duplicación del número de fiscales y del presupuesto de la Fiscalía General de la Nación; un proceso de investigación de antecedentes que condujo a la destitución de 4.925 agentes de policía presuntamente vinculados a faltas de conducta y corrupción; un nuevo proceso de selección competitiva para la selección de 191 jueces; nuevos tribunales en zonas rurales y un plan para reducir las demoras en los procedimientos judiciales.
Más recientemente, en marzo de 2018, el Fiscal General anunció la decisión de establecer dentro de su institución una Fiscalía Especial para la protección de defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas y operadores de justicia.
Recomendación:
Exhorto a las autoridades competentes a que aceleren el proceso de creación y puesta en marcha de esta institución, y pido la estrecha cooperación y colaboración con la Fiscalía Especial de Derechos Humanos en vista de la dimensión específica de estos ataques y amenazas.
A pesar de los esfuerzos del Estado por mejorar el acceso general a la justicia, los resultados siguen siendo mínimos. En cuanto a los defensores y defensoras de derechos humanos, los niveles de impunidad por ataques y violaciones contra ellos no han mejorado. Según varios informes, en Honduras aproximadamente el 97 por ciento de los crímenes cometidos contra defensores y defensoras de derechos humanos, incluyendo defensoras de derechos humanos, siguen sin resolverse.
La falta de rendición de cuentas por los asesinatos y otros delitos cometidos contra los defensores y defensoras de derechos humanos y los periodistas alimenta aún más la violencia contra ellos. No es de extrañar que Honduras siga siendo uno de los países más peligrosos de América Latina para los defensores y defensoras de derechos humanos, especialmente para quienes defienden los derechos relacionados con la tierra, el territorio y el medio ambiente. La situación de los periodistas también es crítica. Desde 2001, 75 periodistas, comunicadores sociales y personal de los medios de comunicación han sido asesinados y sólo en 6 casos se ha identificado a los autores. La impunidad y la falta de investigación de las agresiones contra los defensores y defensoras de derechos humanos y los periodistas continúan siendo la norma y no la excepción.
El asesinato de la defensora de derechos, Berta Cáceres, en marzo de 2016, es un caso emblemático. Berta Cáceres fue asesinada -como muchas otras defensoras de derechos humanos menos conocidas en Honduras- por la defensa del medio ambiente y del derecho al agua. Hasta la fecha, nueve personas han sido acusadas de homicidio o tentativa de homicidio y actualmente están detenidas. Recientemente, dos años después de su asesinato, el Sr. Castillo, presidente ejecutivo del DESA, la empresa hondureña que construyó la represa de Agua Zarca, a la que Berta Cáceres se oponía, fue arrestado. Es el cuarto detenido vinculado al ejército hondureño y la primera persona acusada de ser el autor intelectual del crimen.
Conocía a Berta personalmente y durante mi visita conocí a dos de sus hijas y a su madre. Buscan justicia por el asesinato de su ser querido y no pararán hasta que esto se logre. Continuaré dando seguimiento y apoyando su difícil situación. Lamento profundamente que ellas también se enfrenten a amenazas, arriesgando sus vidas por esta misma razón y por lo tanto requieren medidas de protección. No obstante, no todos los casos de defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras están progresando hasta este punto.
Recomendación:
Me preocupa seriamente el efecto multiplicador de la impunidad de los asesinatos, la violencia y los ataques contra defensores y defensoras de derechos humanos. Insto al Gobierno a que invierta urgentemente la tendencia a la impunidad en Honduras.
La lucha contra la corrupción y la impunidad
Durante mi visita, tuve la oportunidad de conocer el importante trabajo y los retos que enfrenta la Misión de Apoyo a la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), creada en virtud de un acuerdo entre la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el gobierno de Honduras a principios de 2016, en respuesta a un fuerte movimiento social contra la corrupción (Los indignados). Desde entonces, los esfuerzos iniciales se han centrado en el fortalecimiento del marco legal e institucional anticorrupción de Honduras, el establecimiento de unidades integradas por fiscales locales e internacionales y la investigación y resolución de casos de corrupción.
Los resultados de las investigaciones integradas y la adjudicación de casos representan un hito en la lucha contra la corrupción en Honduras. También elogio la decisión de MACCIH-OEA, en julio de 2017, de iniciar la investigación (con la Procuraduría General de la República) de la presunta corrupción en el Proyecto Agua Zarca. Berta Cáceres había denunciado repetidamente, incluso en el momento de su asesinato, la corrupción en la adjudicación de contratos, la falta de consulta previa, libre e informada con los pueblos indígenas y otras violaciones conexas de los pueblos indígenas Lencas. Subrayo la importancia de esclarecer estas acusaciones de corrupción y de los posibles vínculos con su asesinato.
No obstante, la continuidad de la MACCIH podría estar en riesgo. El 6 de marzo de 2018, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aceptó un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por un grupo de abogados representantes de los cinco diputados vinculados a uno de los casos de corrupción bajo consideración de la MACCIH, conocido como la "Red de Diputados". Si el Tribunal falla a favor de la apelación, la MACCIH podría tener que abandonar el país y parecería que la institución anticorrupción establecida hasta ahora y los casos investigados podrían entonces correr el riesgo de quedar desprovistos de fundamento jurídico.
Me gustaría recordar que fue un movimiento social, "Los Indignados", el que salió a las calles en 2015 exigiendo el fin de la corrupción. Para el respeto de los derechos humanos, el Estado de Derecho y la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción, es fundamental que la MACCIH pueda continuar su importante labor. Los responsables de la corrupción, por muy cercanos que estén al Gobierno o a sectores poderosos de la sociedad, deben rendir cuentas por sus delitos.
Recomendación:
El Relator Especial pide al Presidente de la República, al Gobierno y a todas las instituciones pertinentes del Estado que apoyen firmemente la importante labor de la MACCIH y de la Fiscalía General de la Nación.
5. Institución Nacional de Derechos Humanos/CONADEH
Me reuní con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un órgano constitucional con el firme mandato de proteger y promover los derechos humanos en Honduras. En mis reuniones con defensores y defensoras de derechos humanos, muchos de ellos señalaron su decepción y la falta de confianza en la institución y las debilidades de sus acciones. También cuestionaron la falta de credibilidad y liderazgo del Comisionado. En 2013, el Subcomité de Acreditación del Instituto Nacional de Derechos Humanos rebajó la categoría del CONADEH a la categoría "B" por incumplimiento de los Principios de París.
En todas y cada una de las ocasiones, recuerdo que, como parte de la arquitectura institucional del Estado, las instituciones nacionales de derechos humanos desempeñan un papel fundamental para garantizar un entorno seguro y propicio para los defensores y defensoras. Las instituciones nacionales de derechos humanos que cumplen los Principios de París están en una posición única para orientar y asesorar a los gobiernos sobre sus obligaciones en materia de derechos humanos y velar por que los principios y normas internacionales se incorporen adecuadamente en la legislación nacional y se incorporen en las políticas públicas, incluida la de los defensores y defensoras de derechos humanos.
La evidencia demuestra que, cuando el mandato de las instituciones nacionales de derechos humanos incluye la competencia para investigar denuncias individuales y proporcionar protección efectiva a los ciudadanos, estas pueden desempeñar un papel fundamental en los casos en que los sistemas judiciales de los Estados no pueden o no quieren pronunciarse sobre presuntas violaciones contra los defensores y defensoras.
Recomendación
El CONADEH debería considerar priorizar a los defensores y defensoras de derechos humanos en su agenda y las quejas presentadas por ellos. Por lo tanto, con la responsabilidad de supervisar su situación y fomentar vínculos más estrechos con la sociedad civil, este debería tener un centro de coordinación designado para los defensores y defensoras de derechos humanos.
En el mismo sentido, es crucial que el CONADEH fortalezca sus métodos de trabajo y desarrolle una estrategia más proactiva para llegar a los defensores y defensoras de derechos humanos que buscan protección. La institución debería ser más explícita y hacer llamamientos públicos para que se tomen medidas cuando los defensores y defensoras de derechos humanos estén en peligro o sean asesinados.
6- Mecanismo Nacional de Protección
En el 2015, el Congreso de Honduras aprobó una ley para proteger a los defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia. Con el apoyo de los defensores y defensoras de derechos humanos y de la sociedad civil, esta ley dio lugar a la creación del Mecanismo Nacional de Protección y al desarrollo de su marco normativo.
La adopción de la ley y el mecanismo representa un hito para la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras. Ayudan a reconocer la dimensión de los riesgos y violaciones que enfrentan los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras, así como su papel positivo y su contribución a la sociedad. Tanto la ley, como el mecanismo, responden a una de las principales recomendaciones formuladas por mi predecesora tras su visita a Honduras en 2012. También dirigieron al menos cinco recomendaciones a Honduras durante su último Examen Periódico Universal y algunos aspectos del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso López Lone contra Honduras.
Hasta la fecha, el Mecanismo Nacional de Protección ha proporcionado 810 medidas de protección a 211 personas, la gran mayoría de las cuales eran defensores y defensoras de derechos humanos. Dentro del número actual de casos del Mecanismo, hay 198 casos abiertos de los cuales: 125 corresponden a defensores y defensoras de derechos humanos, 37 a periodistas, 22 a comunicadores sociales y 14 a funcionarios del sistema de justicia.
En respuesta a las demandas de los beneficiarios y de la sociedad civil, el mecanismo amplió el tipo de respuestas de protección proporcionadas a los defensores y defensoras de derechos humanos más allá de las medidas policiales (escolta policial, reubicación temporal, evacuación, etc.). Entre las nuevas medidas figuran la capacitación para la autoprotección, el apoyo psicosocial y el subsidio para el transporte y la comunicación.
Desde febrero de 2017, el Mecanismo también permite la adopción de otras medidas, como el apoyo psicosocial, los subsidios de transporte y comunicaciones, las medidas tecnológicas y de infraestructura, los cursos de autoprotección y las notificaciones a las autoridades policiales y militares que solicitan que se permita la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos. No obstante, prevalecen las medidas de tipo policial.
El Mecanismo Nacional de Protección también ha fortalecido su estructura interna, sus procedimientos de trabajo y su funcionamiento, y ha aumentado su presupuesto anual en aproximadamente en un 60%. A pesar de los problemas actuales, ha logrado aumentar la confianza con los defensores y defensoras de derechos humanos, tal como lo demuestra el aumento gradual de las solicitudes de protección a pesar de la constante tasa de ataques contra los defensores y defensoras (el Mecanismo Nacional de Protección tramitó 9 casos en el 2015 y 143 en el 2017).
A pesar de estos importantes logros, la realidad actual de la vigilancia, las amenazas, el hostigamiento, la estigmatización y la criminalización de los defensores y defensoras de derechos humanos, así como los ataques contra ellos con una impunidad casi total, exige una respuesta más amplia y eficaz del Mecanismo. Sobre la base de la información y los testimonios que recabe de las autoridades del Estado, los defensores y defensoras de derechos humanos y la sociedad civil durante mi visita, he identificado una serie de obstáculos que deben abordarse y medidas concretas que, de aplicarse, mejorarían considerablemente la eficiencia del Mecanismo de Protección:
Desafíos claves:
Existe una necesidad urgente adoptar una política pública integral de protección para los defensores y defensoras de derechos humanos y asignar el presupuesto necesario para su efectiva implementación. El Estado hondureño debe cumplir con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, en particular, con las obligaciones consagradas en las sentencias López Lone y Carlos Escaleras, que, con el actual Mecanismo de Protección, sólo se han cumplido parcialmente. El presupuesto actual del Mecanismo Nacional de Protección sólo representa un porcentaje muy pequeño del presupuesto total del Ministerio de Derechos Humanos. (0,00018%). –
Existe una falta subyacente de confianza de los defensores y defensoras de derechos humanos y de la sociedad civil hacia el Mecanismo Nacional de Protección, en particular en los departamentos y municipios: Un número importante de los más de 400 defensores y defensoras de derechos humanos con los que me reuní, han expresado una profunda desconfianza en el Mecanismo Nacional de Protección y en su principal respuesta de protección, sobre todo en las medidas de tipo policial.
Esto se relaciona con una variedad de factores que se entrelazan entre sí. A pesar de los esfuerzos y logros del Estado en la depuración de la policía nacional, los defensores y defensoras siguen identificando a la Policía Nacional (y militar) como los principales autores de las violaciones a los derechos humanos, así como de los abusos y ataques contra ellos. El fortalecimiento de la rendición de cuentas de los miembros del sector de la seguridad debería ser una prioridad. Según datos oficiales proporcionados por el Ministerio de Seguridad, en el 2017 no se adoptaron medidas disciplinarias contra agentes de policía, ya que 52 agentes de policía estaban siendo investigados por homicidio y 39 por tortura.
El reciente y continuo uso excesivo de la fuerza por parte de la policía nacional (y militar) en la represión de las manifestaciones, el papel de la policía en los desalojos forzosos y la falta de resultados en las investigaciones policiales de los ataques contra los defensores y defensoras no hacen sino exacerbar esta falta de confianza. La lucha contra la impunidad de los delitos y abusos contra los defensores y defensoras de derechos humanos cometidos por las fuerzas del orden y la policía militar es fundamental para la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos y para el éxito del Mecanismo.
La falta de conocimiento y conciencia del Mecanismo por parte de las autoridades del Estado y los defensores y defensoras de derechos humanos, en particular en los departamentos y municipios, requiere una mayor difusión fuera de Tegucigalpa de la Ley de Protección y del Mecanismo. Es necesario hacer más para que las instituciones del Estado en todas las partes del país identifiquen y comprendan el papel de los defensores y defensoras de derechos humanos, su importante función y la labor del mecanismo nacional.
La falta de coordinación efectiva y de participación regular entre los actores estatales de alto nivel involucrados en la implementación de las medidas de protección y la escasa participación de la sociedad civil en el Mecanismo, explican a menudo la inexactitud e ineficiencia de las medidas de protección otorgadas a los defensores y defensoras.
La ausencia y frecuente rotación de los funcionarios que participan en el Sistema Nacional de Protección dificulta la coordinación efectiva en detrimento de la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos y contribuye a perpetuar aún más la desconfianza mutua existente entre las autoridades del Estado y la sociedad civil y los beneficiarios.
El Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia necesitan una representación regular y de alto nivel en las reuniones del Comité Nacional de Protección y en el Comité Técnico. También es necesario fortalecer la participación de la sociedad civil en el Mecanismo, limitado ahora a dos de los 14 escaños del Consejo Nacional de Protección.
Recomendaciones:
A la luz de los desafíos mencionados recientemente, insto al Estado hondureño a avanzar en las áreas clave de trabajo del Mecanismo, en particular:
La adopción de un protocolo para investigar los delitos contra los defensores y defensoras de derechos humanos, los periodistas y las personas responsables de la administración de justicia, que sirva de apoyo a la labor de la nueva Fiscalía de Defensores de los Derechos Humanos.
La consolidación de un análisis de riesgos individuales y colectivos que evalúe los riesgos diferenciados de las distintas categorías y géneros de los defensores y defensoras y, en consecuencia, que identifique las respuestas diferenciadas. Para las defensoras de los derechos humanos, las personas y comunidades indígenas y los defensores de los derechos de la comunidad LGBTI y agrupa la necesidad de evaluaciones de riesgos y medidas de protección diferenciadas.
La identificación y adopción de medidas de protección colectiva en consulta con las comunidades en situación de riesgo, en particular en las zonas rurales; y la necesidad de aumentar la oferta de medidas de protección de tipo no policial, como el apoyo psicosocial.
La necesidad de abordar los retrasos indebidos y los largos períodos de espera entre el momento en que se registra la primera denuncia y el análisis de riesgos, hasta la aplicación efectiva de las medidas. Tales retrasos ponen a los defensores y defensoras de derechos humanos en una situación de mayor riesgo.
La creación de la Unidad de Prevención y Análisis del Contexto.
El mayor papel y seguimiento sistemático del Mecanismo Nacional de Protección en la investigación de casos contra defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia ante la Fiscalía General de la Nación.
7. Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en riesgo agravado
Algunos grupos de defensores son particularmente vulnerables debido a la naturaleza misma de los derechos que defienden, a su propia identidad o a las especificidades de su trabajo. Entre ellas se encuentran defensoras de los derechos de las mujeres, defensores y defensoras de los derechos LGBTI, blogueras, juezas y abogados, periodistas, líderes comunitarios e indígenas, así como profesionales. La lista es larga y no exhaustiva.
Los defensores y defensoras de derechos humanos en el contexto del período electoral y postelectoral
Me conmovieron las docenas de testimonios de una violencia extrema en todo el país contra los ciudadanos de a pie y los defensores y defensoras de derechos humanos, que habían decidido salir a las calles para expresar su profundo descontento y manifestarse a favor de sus derechos civiles y políticos para participar en elecciones libres y justas. No olvidaré el testimonio de los padres, madres, hermanas y esposas que compartieron conmigo cómo perdieron a sus seres queridos o su propia experiencia de haber sido golpeados por los agentes del orden.
En el mismo período, El Alto Comisionado para los Derechos Humanos había verificado la muerte de por lo menos 23 personas en el contexto de protestas, de las cuales una era un oficial de policía, por lo menos y 16 se consideraban asesinados por las fuerzas de seguridad. Encontré particularmente preocupantes las conclusiones de la OACDH de que "mientras algunos de los manifestantes se volvieron violentos, el análisis del tipo de lesiones sufridas por las víctimas indica que las fuerzas de seguridad hicieron uso letal intencional de armas de fuego".
Según la información recibida, hasta abril de 2018 no se habían presentado cargos contra las fuerzas de seguridad, mientras que al menos 114 personas habían sido acusadas de delitos contra la seguridad del Estado y el orden público, delitos contra la persona y delitos contra la propiedad.
También recibí testimonios de detenciones masivas, palizas a manifestantes y represión y uso de la violencia contra periodistas que intentaban grabar y documentar manifestaciones. En el curso de mis reuniones, también me reuní con estudiantes que participaron en diversas manifestaciones relacionadas con las demandas educativas y que ahora corren el riesgo de ser expulsados.
Me complació saber que recientemente la Sala Constitucional del Tribunal Supremo decidió que los procedimientos administrativos de la UNAH y la decisión sobre la expulsión de estudiantes violaban el principio de legalidad. Espero que a estos estudiantes se les permita regresar pronto y que la decisión de la UNAH se reoriente en consecuencia.
Defensores y Defensoras que trabajan en temas ambientales y derechos a la tierra
Estoy consternado por el número de conflictos relacionados con la protección de los recursos naturales y los derechos sobre la tierra. Según informes internacionales, Honduras se ha convertido tristemente en uno de los países más mortíferos del mundo para los ambientalistas.
Todos tenemos en mente el asesinato de Bertha Cáceres y el hostigamiento contra los miembros de COPINH, pero se pueden encontrar múltiples ejemplos en muchas zonas del país, particularmente en aquellas ricas en recursos naturales.
Durante mi visita a Honduras, tuve la oportunidad de reunirme con muchas personas y comunidades que se dedican a la protección de sus tierras y que se oponen a proyectos de gran escala como la minería, las represas, la explotación forestal o el turismo. No he visto en estas personas a los terroristas, delincuentes o al anti desarrollo que a menudo aparecen en los medios de comunicación. En cambio, vi a humildes campesinos, comunidades indígenas y pacíficas que están genuinamente preocupados por el futuro de sus hijos porque los bosques que rodean a sus comunidades están desapareciendo o el agua que beben está envenenada. En muchas situaciones, estas personas se convirtieron en defensores y defensoras de derechos humanos por necesidad porque no tenían otra opción que hablar para defender sus propios medios de vida.
Escuché testimonios preocupantes sobre situaciones en el Bajo Aguán, Santa Bárbara, la Aurora, Pajuiles, la isla de la Exposición, entre otros. No cabe duda de que existe un patrón general de criminalización y hostigamiento judicial contra quienes denuncian el despojo de sus tierras y quienes defienden los intereses de estas comunidades. El uso del sistema de justicia penal, como los delitos de usurpación de tierras, se utiliza comúnmente para desalojar por la fuerza a los agricultores y silenciar la resistencia local. Organizaciones como el CNTC, el Movimiento amplio por la dignidad y la justicia, la MILPAH o el MAS se encuentran entre los movimientos cuyos miembros son regularmente blanco tanto de actores estatales como no estatales. Según algunos informes, aproximadamente 5.000 agricultores enfrentan actualmente acciones judiciales.
El despliegue de fuerzas militares también se presenta como una estrategia para intimidar a las comunidades en lugar de protegerlas de actores privados como las empresas de seguridad. Muchos defensores y defensoras a quienes la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han otorgado medidas cautelares siguen enfrentando un gran peligro, ya que no han encontrado ninguna o muy poca respuesta por parte de las autoridades estatales, tanto a nivel nacional como local.
Recomendación:
En este contexto, insto a las autoridades hondureñas a que lleven a cabo investigaciones rápidas e independientes sobre los ataques contra los defensores y defensoras de los derechos del medio ambiente y a que reconozcan públicamente el papel que desempeñan como actores clave en la protección de los bienes comunes.
También aliento al Estado a que elabore evaluaciones independientes de los efectos ambientales, de conformidad con las normas internacionales sobre el medio ambiente, los derechos humanos y los objetivos de desarrollo sostenible. Estas evaluaciones deberían realizarse con la participación activa de las comunidades locales y los defensores y defensoras de derechos humanos.
Defensores y defensoras de los derechos de los pueblos indígenas
En un gran número de casos, las amenazas que enfrentan los pueblos indígenas están intrínsecamente ligadas a la defensa de sus tierras y su entorno cercano. Las comunidades Lenca, Tolupán, Garífunas, Chortí, Pech y Misquitos que tratan de proteger sus tierras ancestrales se enfrentan a menudo a la criminalización, la estigmatización y el acoso judicial y a menudo son tratadas como ciudadanos de segunda clase. La falta o el uso indebido de una consulta significativa, como se establece en el Convenio núm. 169 de la OIT, son también un gran factor de riesgo, ya que comunidades enteras están siendo privadas de sus tierras y recursos naturales. Es el caso de las comunidades Garífunas de Punta Piedra, Triunfo de la Cruz y Cayos Cochinos, ubicadas en la costa del Caribe y cuya situación sigue siendo precaria debido al desarrollo de ciudades modelo (Ley de la ZEDE).
Una vez más, muchos líderes indígenas que han sido asesinados eran beneficiarios de medidas cautelares, lo que demuestra la falta de implementación y seguimiento adecuado por parte de las autoridades del Estado, incluyendo el Mecanismo de Protección y CONADEH.
Me sorprendió escuchar los innumerables obstáculos que enfrenta la comunidad indígena para acceder a la información sobre los llamados proyectos de desarrollo. También debo mencionar los numerosos testimonios que ponen de relieve las estrategias establecidas por las empresas en connivencia con las autoridades locales para dividir a las comunidades, tratando de conseguir la aceptación de los miembros de la comunidad, lo que puede conducir a la destrucción de su tejido social y su desplazamiento a otras zonas del país. También me preocupa la participación de empresas e inversionistas internacionales que llevan a los tribunales a los defensores y defensoras de derechos humanos, en particular a los dirigentes Garífunas que se oponen a los proyectos de desarrollo.
Durante la visita me reuní con jueces, magistrados, fiscales, abogados y defensores públicos muy comprometidos. Los que trabajan en casos de lucha contra la corrupción, la delincuencia organizada y el narcotráfico están particularmente en peligro. También denunciaron la necesidad de fortalecer la unidad de testigos protegidos. Los profesionales del derecho solicitaron el establecimiento del mecanismo de protección previsto en la ley sobre el mecanismo nacional de protección de los defensores y defensoras de derechos humanos, con el fin de mejorar su protección.
Recomendación:
Insto a las autoridades hondureñas a que apliquen todas las recomendaciones formuladas por la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas al final de su visita oficial en 2016.
Defensores y Defensoras de los derechos de las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales
Me preocupa mucho el elevado número de asesinatos y ataques violentos contra personas LGTB y la falta de rendición de cuentas y la impunidad casi total. Según los informes recibidos, desde 2008 hasta principios de 2018, ha habido en Honduras al menos 295 asesinatos contra personas LGBT, 11 de los cuales eran defensores y defensoras de derechos humanos. Sólo en 2017, se han reportado 34 asesinatos contra personas LGBT.
Así mismo, fueron muy preocupantes los testimonios de los defensores y defensoras de los derechos humanos de las personas LGBTI que denunciaron la inacción del Estado para reducir el uso por parte de los medios de comunicación de la incitación al odio contra ellos y la comunidad LGBTI. Me explicaron cómo los programas de televisión a menudo transmiten programas y debates morales en los que se utiliza la religión para discriminar, desaprobar y generar odio contra los miembros de estas comunidades. Me gustaría tomar un momento para honrar a algunos de los defensores y defensoras de derechos humanos que perdieron la vida en la promoción y protección de los derechos de las personas LGBTI: María Lourdes Madariaga, Marco Tulio Montoya Sánchez, René Antoni Martínez, Williams Afif Hernández y Wilmer Alvarado.
También quisiera aprovechar esta oportunidad para recordar, como lo he hecho en mis comunicaciones al Estado de Honduras, que la orientación sexual y la identidad de género son motivos de discriminación prohibidos por el derecho internacional, y que Honduras es Estado Parte en todos los tratados de derechos humanos pertinentes.
En 2016, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales estableció que "cualquier otra condición social", tal como se establece en el artículo 2.2 del PIDESC, incluye la orientación sexual. El Comité de Derechos Humanos también subrayó la obligación legal de los Estados Partes de garantizar a todas las personas los derechos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sin distinción basada en la orientación sexual o la identidad de género, y estableció que "los Estados Partes deben responder adecuadamente a la violencia contra ciertas categorías de víctimas, incluida la violencia contra las personas basada en su orientación sexual o identidad de género.
A menudo las mujeres han destacado la indiferencia -cuando no la hostilidad- de las autoridades públicas, los grupos religiosos y los medios de comunicación. Pero su aislamiento también puede provenir de sus propias comunidades y de su entorno cercano, que no apoyan su compromiso con los derechos humanos. Debido a que desafían el patriarcado, la desigualdad y la injusticia, las mujeres son a menudo son descritas como "malas mujeres", "malas madres" o como amenazas a la moralidad y a los valores tradicionales. Por último, la falta de un enfoque de género en las medidas de protección y el acceso a la justicia, también constituye un importante factor de riesgo para todas estas mujeres, especialmente las que viven en zonas remotas.
Quiero reconocer y apoyar públicamente el gran trabajo realizado por la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos y otras redes dedicadas a los derechos de las mujeres. En muchos casos, estas redes han proporcionado una valiosa respuesta al riesgo inmediato para las mujeres activistas, desarrollando refugios de emergencia, capacitación en seguridad y espacios seguros para la reconstrucción que han demostrado ser críticos para la seguridad de las mujeres y la continuidad de su trabajo en derechos humanos.
Por último, quisiera rendir homenaje a la memoria de Margarita Murillo, Bertha Cáceres, Gladys Lanza, Magdalena Morales y muchas otras mujeres activistas que allanaron el camino a generaciones de mujeres en Honduras, pero que pagaron el precio más alto por su labor en pro de los derechos humanos.
Recomendaciones:
Las medidas de protección deberían incluir un enfoque específico de género, tanto en el análisis de riesgos, como en la determinación de las medidas de protección.
También insto a las autoridades del Estado a desarrollar campañas de concientización y capacitación sobre los riesgos específicos que enfrentan las defensoras de derechos humanos para los servidores públicos, particularmente aquellas que están en contacto regular con mujeres activistas.
Periodistas y trabajadores de los medios de comunicación
En Honduras, los periodistas siguen siendo asesinados por su análisis crítico del contexto político y por exponer las violaciones de derechos humanos y sus autores. Según el informe anual del CONADEH, de 2001 a 2017: 75 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación fueron asesinados y en el 91% de los casos no ha habido ninguna condena y ningún autor ha sido llevado ante la justicia.
Durante mis reuniones con periodistas y comunicadores sociales, he escuchado con preocupación sus testimonios y su experiencia de acoso, intimidación y violencia en manos del ejército y la policía nacional por filmar o cubrir protestas, en particular durante la crisis postelectoral y en relación con manifestaciones de estudiantes. Los periodistas también han compartido su experiencia de haber sido objeto de campañas de descrédito y difamación, así como de amenazas de muerte, muchos de los cuales viven en una situación financiera precaria por no beneficiarse de contratos de trabajo permanentes. Llamaron mi atención a la Ley de Secretos Oficiales y cómo esta limita su acceso a la información oficial.
También tuve la oportunidad de conocer el costoso y oneroso proceso al que deben someterse las radios comunitarias para poder obtener una licencia de radiodifusión. Según la información recibida, de las 442 frecuencias de radios comunitarias, sólo 25 fueron otorgadas por el Estado. Los comunicadores comunitarios denunciaron haber recibido amenazas de muerte y de otro tipo por parte de alcaldes o políticos, a menudo a través de mensajes telefónicos o mientras estaban en línea desempeñando su crítico trabajo. Me impresionaron las historias personales de los trabajadores de los medios de comunicación que se beneficiaron de las medidas de protección y su continuo compromiso con su trabajo y con los derechos humanos.
Profesionales del derecho
En el curso de la visita me reuní con jueces, magistrados, fiscales, abogados y defensores públicos comprometidos. Los que trabajan en casos de lucha contra la corrupción, la delincuencia organizada y el narcotráfico están particularmente en peligro. También denunciaron la necesidad de fortalecer la unidad de testigos protegidos. A fin de mejorar su protección, los profesionales del derecho pidieron que se estableciera el mecanismo de protección previsto en la ley sobre el mecanismo nacional de protección de los defensores y defensoras de derechos humanos.
El rol de la comunidad internacional
Un gran número de ONGs y defensores y defensoras con los que me reuní durante la misión, se quejaron de la falta de apoyo de la comunidad internacional. Muchos de ellos, en su mayoría fuera de la capital, explicaron que nunca se habían reunido con embajadas o representantes de la comunidad internacional, ni habían sido invitados a compartir sus preocupaciones con las embajadas. Casi todos ellos se quejaron de la falta de financiación cuando trataban de crear nuevas actividades o nuevas organizaciones, sin haber sido informados de ninguna convocatoria de financiación. También se refirieron a la falta de presencia de observadores internacionales cuando son llevados ante los tribunales.
Recomiendo encarecidamente que la comunidad internacional intensifique sus esfuerzos para aplicar plenamente las disposiciones de las directrices internacionales o nacionales sobre la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos, incluso mediante la observación de los juicios y el apoyo político y financiero a los defensores y defensoras en situación de riesgo. Las embajadas deben viajar a las regiones para tratar de llegar a los defensores y defensoras, así como a comunidades remotas.
También escuché muchos testimonies de defensores y defensoras que pedían mayor protección de la comunidad internacional. Apoyo encarecidamente el establecimiento de oficinas locales del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en los departamentos. (OACNUDH).
También me preocupa enormemente el creciente número de actos de intimidación y represalias contra los defensores y defensoras de derechos humanos en relación con su participación en las Naciones Unidas y sus mecanismos de derechos humanos o en organizaciones regionales de derechos humanos. Estas represalias adoptan la forma de campañas de difamación, acoso, intimidación, amenazas, ataques físicos y asesinatos. Debemos poner fin urgentemente a las represalias contra los defensores y defensoras de derechos humanos.
Conclusiones:
Quisiera concluir diciendo que todavía existe una brecha entre el compromiso internacional y la aplicación nacional. Deseo expresar mi compromiso constante de prestar apoyo técnico a las autoridades hondureñas. Al celebrar este año el vigésimo aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, me gustaría invitar al gobierno hondureño a tomar medidas enérgicas contra la impunidad y para el reconocimiento de los defensores y defensoras de derechos humanos aquí en Honduras y en todo el mundo.
Informe preliminar
Hay corrupción, colusión, falta de logros de las recomendaciones dadas al país en el 2012 por la anterior relatora, y pide replantear el Mecanismo de Protección para los defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas comunicadores sociales y operadores de justicia, entre otros.
En Conferencia de Prensa el Relator Forst explicó a la prensa hondureña e internacional paso a paso la difícil situación que viven los defensores y defensoras, tanto en la capital como en el resto del país en donde centró su visita, asegurando que Honduras es uno de los países más peligrosos del mundo en donde no se respeta el trabajo de los defensores.
La estigmatización, encabezada por altos funcionarios y medios de comunicación, no sólo los desempodera, sino que los expone a mayores riesgos. Se enfrentan a campañas de difamación dirigidas a desacreditar su trabajo, a menudo equiparándolos con la oposición política, o tachándolos de antinacionales, criminales o incluso hasta de traidores.
La criminalización de los defensores y defensoras tiene un efecto escalofriante no sólo para ellos, sino también para la sociedad en general. Debilita a los movimientos de la sociedad civil. Los defensores y defensoras tienen que dedicar cada vez más tiempo y recursos para defenderse, lo que debilita su capacidad para proteger a las personas más vulnerables.
No cabe duda de que existe un patrón general de criminalización y hostigamiento judicial contra quienes denuncian el despojo de sus tierras y quienes defienden los intereses de estas comunidades. El uso del sistema de justicia penal, como los delitos de usurpación de tierras, se utiliza comúnmente para desalojar por la fuerza a los agricultores y silenciar la resistencia local.
Contenido del informe
A continuación, www.pasosdeanimalgrande.com da a conocer el informe integro en donde brinda además recomendaciones para el Estado de Honduras y a los organismos internacionales, dejando un retrato hablado del interés que ha mostrado el Estado en el respeto de los derechos humanos y en la búsqueda de parar la impunidad contra los agresores en Honduras.
“Declaración de Fin de Misión Michel Forst, El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, visita a Honduras, 29 de abril al 12 de mayo
1. Introducción
Buenos días, damas y caballeros,
Quisiera iniciar con un sincero agradecimiento al Gobierno de Honduras por la invitación a realizar una misión oficial, la cual se llevó a cabo del 30 de abril al 12 de mayo de 2018. Deseo felicitar al Gobierno por su excelente cooperación y esfuerzos para garantizar una visita provechosa. Agradezco la oportunidad de reunirme con el Presidente de la República, los Ministros y representantes de alto nivel de diversos ministerios, autoridades judiciales y otras instituciones del Estado, tanto al nivel departamental como al nivel municipal.
Es sabido que los defensores y defensoras de derechos humanos que viven en zonas remotas son los que están en mayor riesgo, y deseando tener una visión global de la situación en todas las regiones del país, viajé a Tegucigalpa, La Paz, La Esperanza, Santa Bárbara, San Pedro Sula, El Progreso, Tela, La Ceiba, Tocoa y Choluteca.
En total, me reuní con 400 defensores y defensoras de derechos humanos de todo el país, de los cuales, el 40 por ciento eran mujeres. Algunos de ellos incluso viajaron dos días para reunirse conmigo. Agradezco, en particular, sus testimonios, recomendaciones e ideas, así como sus esfuerzos en la preparación de mis reuniones y visitas. También quisiera agradecer a todos aquellos que ayudaron a organizar esta visita, en especial a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras.
El objetivo de mi visita es evaluar, en un espíritu de cooperación y diálogo, si Honduras ofrece los elementos básicos de un entorno seguro y propicio para los defensores y defensoras de derechos humanos. Es decir, la visita pretendía responder a la pregunta de si los defensores y defensoras de derechos humanos se sienten seguros y empoderados en Honduras.
Asegurar estas condiciones es una parte primordial de la responsabilidad del Estado de Honduras desde que adoptó la Declaración de la ONU sobre Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en 1998. Por lo tanto, me he centrado principalmente en evaluar algunos de los elementos básicos de ese entorno seguro y favorable, a saber: un marco jurídico e institucional propicio; el acceso a la justicia; una institución nacional independiente y sólida de derechos humanos; políticas y mecanismos de protección eficaces que den atención a los grupos en riesgo y apliquen un enfoque de género; actores no gubernamentales que respeten y apoyen la labor de los defensores y defensoras; y una comunidad de defensores y defensoras sólida y dinámica.
También he leído detenidamente el informe de mi predecesora, Margaret Sekaggya, quien visitó Honduras en el 2012.
Para comenzar, deseo recordar que no soy funcionario de las Naciones Unidas y que mi cargo es honorario. Como experto independiente, ejerzo mi juicio profesional e imparcial e informo directamente al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a la Asamblea General.
Hoy me limitaré a formular observaciones y recomendaciones preliminares sobre algunos de los principales problemas, que se detallarán en el informe. Una vez que haya examinado a fondo los materiales y documentos que he reunido durante la visita, presentaré mi informe final al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, en marzo de 2019.
2. Evaluación general: ¿Existe en Honduras un entorno seguro y propicio para los defensores y defensoras de los derechos humanos?
Esta misión y todas las reuniones y discusiones con los defensores y defensoras, tuvieron lugar en el contexto de la crisis post electoral y la declaración del estado de emergencia durante diez días. He recibido docenas de testimonios de una violencia extrema en todo el país, que ha sido ampliamente documentada por varios observadores internacionales que confirmaron el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, la policía militar y el ejército, lo que causó la muerte de manifestantes y transeúntes, así como detenciones y encarcelamientos masivos.
Me han conmovido realmente todas las reuniones, testimonios e historias de familiares de personas desaparecidas, así como de defensores y defensoras que han sido arrestados arbitrariamente, algunos de los cuales han sido maltratados por la policía o el ejército, líderes comunitarios e indígenas, que han denunciado haber sido privados de sus tierras, sus cultivos han sido destruidos y sus cosechas robadas, defensores y defensoras que trabajan en temas delicados como los derechos sexuales y reproductivos o la orientación sexual e identidad de género. Me ha impresionado la sociedad civil valiente, activa, vibrante y comprometida que opera en todo el país.
Habiendo examinado detenidamente la información recibida del Gobierno, la sociedad civil y otras partes interesadas, llego a la conclusión de que, a pesar de los grandes esfuerzos por establecer un mecanismo eficaz de protección, la gran mayoría de los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras no pueden trabajar en un entorno seguro y propicio.
Están en peligro en la mayor parte del país y no se sienten seguros debido a los numerosos ataques y amenazas, la criminalización de sus actividades y la falta de acceso a la justicia. La estigmatización, encabezada por altos funcionarios y medios de comunicación, no sólo los desempodera, sino que los expone a mayores riesgos. Se enfrentan a campañas de difamación dirigidas a desacreditar su trabajo, a menudo equiparándolos con la oposición política, o tachándolos de antinacionales, criminales o incluso hasta de traidores.
En numerosos casos, los defensores y defensoras han sido atacados, amenazados, llevados ante los tribunales y acusados con cargos políticos o inventados. He recibido varios testimonios creíbles de defensores y defensoras que denunciaron haber sido amenazados y atacados por empresas, especialmente en el ámbito de las industrias extractivas o hidroeléctricas. También he recibido testimonios de supuestas confabulaciones entre empresas internacionales o nacionales y políticos, a veces a alto nivel del Congreso.
3. Marco legislativo e institucional
Marco Legal
La Constitución de Honduras de 1982 garantiza el principio de no discriminación, en particular por motivos de sexo (art. 60), el derecho inviolable a la vida, la dignidad, la integridad física, moral y mental y el derecho a no ser sometido a torturas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. También garantiza la libertad de opinión y expresión (art. 72), de circulación (art. 81), de pensamiento, religión, reunión y asociación (art. 78), y reconoce el derecho de hábeas corpus y el recurso de amparo (art. 182).
En virtud de la Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Estado forman parte del derecho interno desde el momento de su entrada en vigor y tienen precedencia sobre la legislación nacional. Hasta abril de 2018, Honduras ha ratificado casi todos los tratados de derechos humanos pertinentes, incluidos los nueve tratados básicos de derechos humanos. Sin embargo, Honduras aún no es parte en el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Recomendación:
La ratificación de esos instrumentos proporcionaría a los defensores y defensoras de derechos humanos instrumentos importantes para hacer efectivos los derechos de la mujer, los niños y los derechos económicos y sociales y contribuiría a aumentar la rendición de cuentas.
Honduras también ha ratificado el Convenio 169 de la OIT y ha votado a favor de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. A pesar de los pasos iniciales, Honduras aún necesita adoptar regulaciones nacionales para hacer efectivo el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado de acuerdo con el Convenio de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas. Es importante que esto se lleve a cabo en consulta con la más amplia gama de organizaciones representativas de los pueblos indígenas del país.
Recomendación:
Exhorto al Gobierno de Honduras a que reactive este proceso de diálogo y siga las recomendaciones del Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Esta es una cuestión fundamental y una de las causas fundamentales de las continuas violaciones de los derechos humanos que afectan a los pueblos indígenas en Honduras, así como una demanda clave de los pueblos indígenas y de los defensores y defensoras de la tierra y del medio ambiente.
Criminalización de los defensores y defensoras de derechos humanos
Me preocupa mucho la práctica generalizada de criminalizar a los defensores y defensoras de derechos humanos por su labor en el ámbito de los derechos humanos, en particular en el contexto del ejercicio de su derecho a la protesta y la libertad de expresión. He recibido numerosos testimonios de defensores y defensoras de derechos humanos y de ciudadanos común y corrientes, organizando o participando en protestas pacíficas en forma de plantones o concentraciones en espacios públicos (carreteras, rotondas, parques, etc.), por las que pueden ser objeto de acusaciones penales. Los testimonios recibidos en relación con las protestas contra proyectos de industrias hidroeléctricas, mineras y otras industrias extractivas; derechos sexuales y reproductivos; elecciones y asuntos relacionados con la universidad.
La criminalización suele tener lugar mediante la presentación de denuncias o denuncias infundadas basadas en delitos penales, que pueden no ajustarse al principio de legalidad o a las normas internacionales de derechos humanos. Someter a los defensores y defensoras a largos procesos legales es claramente una herramienta para intimidarlos y someter su incidencia por los derechos humanos.
En la mayoría de los casos relacionados con el medio ambiente y los derechos sobre la tierra, los cargos criminales utilizados en Honduras incluyen coerción, allanamiento de morada y confiscación ilegal, o cargos relacionados con la usurpación de tierras.
En el caso de los estudiantes, la criminalización vino a través de la acusación de sedición y usurpación de la propiedad pública. En el contexto de la participación o la organización de protestas postelectorales, la gran mayoría de los casos se referían a la detención a corto plazo de manifestantes por violar el toque de queda, pero sin cargos formales. En mi opinión, esto último también constituye una forma de criminalización de los manifestantes en el sentido más amplio del término. También he recibido testimonios de periodistas, comunicadores sociales y defensores de derechos humanos que se enfrentan a acciones legales por difamación y calumnia, así como a la amenaza de las mismas.
A partir de las experiencias que recopilé, la criminalización también significó la estigmatización e intimidación de los afectados. En la mayoría de los casos, se trataba de multas financieras y la obligación de reportarse a la policía semanalmente, lo que para los campesinos e indígenas que viven en zonas remotas implica altos costos y largos viajes. Para algunos, la criminalización también implicaba la prisión y para los estudiantes, la expulsión de la universidad y otras medidas administrativas como la suspensión de las becas. Quisiera señalar que el arresto y la detención arbitraria también se utilizan para disuadir a los disidentes.
La criminalización de los defensores y defensoras tiene un efecto escalofriante no sólo para ellos, sino también para la sociedad en general. Debilita a los movimientos de la sociedad civil. Los defensores y defensoras tienen que dedicar cada vez más tiempo y recursos para defenderse, lo que debilita su capacidad para proteger a las personas más vulnerables de la sociedad. La criminalización también socava la confianza de la sociedad civil en el Gobierno
También es preocupante la aprobación por el Congreso de la reforma a los artículos 335 a y 335 b, sobre terrorismo, del nuevo Código Penal, que parece extremadamente amplio. Me preocupa el impacto que estos nuevos artículos puedan tener en los defensores y defensoras de los derechos humanos y en el derecho a la libertad de expresión. Asimismo, el proyecto de ley sobre ciberseguridad es problemático. Amenaza la libertad de expresión con el fin de regular las campañas de odio y discriminación en las redes sociales y en Internet. Las multas oscilarían entre 50.000 y un millón de lempiras y podrían incluir el cierre y bloqueo del sitio web. La Asociación de Medios de Comunicación (AMC), ha pedido al Congreso de Honduras que no apruebe este proyecto de ley por violar los "derechos fundamentales y garantías constitucionales"3.
Recomendación:
Recomiendo que se revisen las leyes utilizadas para criminalizar a los defensores y defensoras de derechos humanos por su trabajo legítimo, con miras a que su contenido y ejecución se ajusten al principio de legalidad y a otras normas internacionales de derechos humanos.
Desarrollos institucionales
Quisiera destacar como acontecimiento positivo, el reciente ascenso de la Secretaría de Derechos Humanos a nivel ministerial. Esto incluye un mandato más amplio para promover y proteger los derechos humanos y el Estado de derecho y más recursos para la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos.
Hace seis años, cuando mi predecesora visitó el país, el crimen organizado, el narcotráfico, la violencia de las pandillas y la corrupción policial ampliamente denunciada hicieron de Honduras uno de los lugares más peligrosos del mundo. Según datos oficiales, en menos de seis años, el Estado de Honduras redujo a la mitad la tasa de homicidios en el país. Estos resultados han contribuido una combinación de esfuerzos concertados, incluidas políticas para contrarrestar la violencia de las pandillas, la corrupción y los delitos de cuello blanco, el desmantelamiento de grandes estructuras criminales, un proceso de purga de la policía nacional y la reforma penitenciaria. Lamentablemente, la reducción de los homicidios no ha ido acompañada de una reducción uniforme del número de asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos, que, por el contrario, ha aumentado drásticamente en los últimos años.
Además, en el 2014 el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, una institución de alto nivel encabezada por el Presidente de la República, estableció la Fuerza Nacional de Seguridad Interinstitucional. La militarización de las funciones de aplicación de la ley es una cuestión que ha sido planteada con preocupación por diversos organismos de derechos humanos. Los defensores y defensoras de derechos humanos siguen identificando tanto a la policía nacional, como al ejército entre los principales autores de ataques y violaciones contra ellos.
El actual proceso de selección y elección del Fiscal General es fundamental para fortalecer el estado de derecho, la lucha contra la impunidad y la corrupción y la protección de los derechos humanos.
Recomendación:
Insto a todas las partes interesadas que intervienen en el proceso de selección a que se adhieran a las normas más estrictas y a criterios estrictos para evaluar la integridad, idoneidad y competencia de los solicitantes. Subrayo la importancia de la transparencia, la publicidad y el acceso a la información en este proceso, y hago énfasis en la necesidad de una observación independiente de todo el proceso, haciendo hincapié en el papel de la sociedad civil en particular.
4. Impunidad y acceso a la justicia
La impunidad generalizada por las agresiones contra los defensores y defensoras de derechos humanos
Al final de la visita oficial a Honduras de mi predecesor, en 2012, concluyó que había habido "poco o ningún progreso en la investigación de los ataques y amenazas contra periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos y activistas políticos desde 2009".
Durante los últimos seis años, el Estado de Honduras ha adoptado múltiples iniciativas para mejorar el acceso a la justicia y la rendición de cuentas por las violaciones. Entre ellas cabe mencionar: la creación de diez Fiscalías Especiales, entre ellas una de Derechos Humanos con una sección especial dedicada a los defensores y defensoras de derechos humanos; la duplicación del número de fiscales y del presupuesto de la Fiscalía General de la Nación; un proceso de investigación de antecedentes que condujo a la destitución de 4.925 agentes de policía presuntamente vinculados a faltas de conducta y corrupción; un nuevo proceso de selección competitiva para la selección de 191 jueces; nuevos tribunales en zonas rurales y un plan para reducir las demoras en los procedimientos judiciales.
Más recientemente, en marzo de 2018, el Fiscal General anunció la decisión de establecer dentro de su institución una Fiscalía Especial para la protección de defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas y operadores de justicia.
Recomendación:
Exhorto a las autoridades competentes a que aceleren el proceso de creación y puesta en marcha de esta institución, y pido la estrecha cooperación y colaboración con la Fiscalía Especial de Derechos Humanos en vista de la dimensión específica de estos ataques y amenazas.
A pesar de los esfuerzos del Estado por mejorar el acceso general a la justicia, los resultados siguen siendo mínimos. En cuanto a los defensores y defensoras de derechos humanos, los niveles de impunidad por ataques y violaciones contra ellos no han mejorado. Según varios informes, en Honduras aproximadamente el 97 por ciento de los crímenes cometidos contra defensores y defensoras de derechos humanos, incluyendo defensoras de derechos humanos, siguen sin resolverse.
La falta de rendición de cuentas por los asesinatos y otros delitos cometidos contra los defensores y defensoras de derechos humanos y los periodistas alimenta aún más la violencia contra ellos. No es de extrañar que Honduras siga siendo uno de los países más peligrosos de América Latina para los defensores y defensoras de derechos humanos, especialmente para quienes defienden los derechos relacionados con la tierra, el territorio y el medio ambiente. La situación de los periodistas también es crítica. Desde 2001, 75 periodistas, comunicadores sociales y personal de los medios de comunicación han sido asesinados y sólo en 6 casos se ha identificado a los autores. La impunidad y la falta de investigación de las agresiones contra los defensores y defensoras de derechos humanos y los periodistas continúan siendo la norma y no la excepción.
El asesinato de la defensora de derechos, Berta Cáceres, en marzo de 2016, es un caso emblemático. Berta Cáceres fue asesinada -como muchas otras defensoras de derechos humanos menos conocidas en Honduras- por la defensa del medio ambiente y del derecho al agua. Hasta la fecha, nueve personas han sido acusadas de homicidio o tentativa de homicidio y actualmente están detenidas. Recientemente, dos años después de su asesinato, el Sr. Castillo, presidente ejecutivo del DESA, la empresa hondureña que construyó la represa de Agua Zarca, a la que Berta Cáceres se oponía, fue arrestado. Es el cuarto detenido vinculado al ejército hondureño y la primera persona acusada de ser el autor intelectual del crimen.
Conocía a Berta personalmente y durante mi visita conocí a dos de sus hijas y a su madre. Buscan justicia por el asesinato de su ser querido y no pararán hasta que esto se logre. Continuaré dando seguimiento y apoyando su difícil situación. Lamento profundamente que ellas también se enfrenten a amenazas, arriesgando sus vidas por esta misma razón y por lo tanto requieren medidas de protección. No obstante, no todos los casos de defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras están progresando hasta este punto.
Recomendación:
Me preocupa seriamente el efecto multiplicador de la impunidad de los asesinatos, la violencia y los ataques contra defensores y defensoras de derechos humanos. Insto al Gobierno a que invierta urgentemente la tendencia a la impunidad en Honduras.
La lucha contra la corrupción y la impunidad
Durante mi visita, tuve la oportunidad de conocer el importante trabajo y los retos que enfrenta la Misión de Apoyo a la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), creada en virtud de un acuerdo entre la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el gobierno de Honduras a principios de 2016, en respuesta a un fuerte movimiento social contra la corrupción (Los indignados). Desde entonces, los esfuerzos iniciales se han centrado en el fortalecimiento del marco legal e institucional anticorrupción de Honduras, el establecimiento de unidades integradas por fiscales locales e internacionales y la investigación y resolución de casos de corrupción.
Los resultados de las investigaciones integradas y la adjudicación de casos representan un hito en la lucha contra la corrupción en Honduras. También elogio la decisión de MACCIH-OEA, en julio de 2017, de iniciar la investigación (con la Procuraduría General de la República) de la presunta corrupción en el Proyecto Agua Zarca. Berta Cáceres había denunciado repetidamente, incluso en el momento de su asesinato, la corrupción en la adjudicación de contratos, la falta de consulta previa, libre e informada con los pueblos indígenas y otras violaciones conexas de los pueblos indígenas Lencas. Subrayo la importancia de esclarecer estas acusaciones de corrupción y de los posibles vínculos con su asesinato.
No obstante, la continuidad de la MACCIH podría estar en riesgo. El 6 de marzo de 2018, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aceptó un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por un grupo de abogados representantes de los cinco diputados vinculados a uno de los casos de corrupción bajo consideración de la MACCIH, conocido como la "Red de Diputados". Si el Tribunal falla a favor de la apelación, la MACCIH podría tener que abandonar el país y parecería que la institución anticorrupción establecida hasta ahora y los casos investigados podrían entonces correr el riesgo de quedar desprovistos de fundamento jurídico.
Me gustaría recordar que fue un movimiento social, "Los Indignados", el que salió a las calles en 2015 exigiendo el fin de la corrupción. Para el respeto de los derechos humanos, el Estado de Derecho y la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción, es fundamental que la MACCIH pueda continuar su importante labor. Los responsables de la corrupción, por muy cercanos que estén al Gobierno o a sectores poderosos de la sociedad, deben rendir cuentas por sus delitos.
Recomendación:
El Relator Especial pide al Presidente de la República, al Gobierno y a todas las instituciones pertinentes del Estado que apoyen firmemente la importante labor de la MACCIH y de la Fiscalía General de la Nación.
5. Institución Nacional de Derechos Humanos/CONADEH
Me reuní con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un órgano constitucional con el firme mandato de proteger y promover los derechos humanos en Honduras. En mis reuniones con defensores y defensoras de derechos humanos, muchos de ellos señalaron su decepción y la falta de confianza en la institución y las debilidades de sus acciones. También cuestionaron la falta de credibilidad y liderazgo del Comisionado. En 2013, el Subcomité de Acreditación del Instituto Nacional de Derechos Humanos rebajó la categoría del CONADEH a la categoría "B" por incumplimiento de los Principios de París.
En todas y cada una de las ocasiones, recuerdo que, como parte de la arquitectura institucional del Estado, las instituciones nacionales de derechos humanos desempeñan un papel fundamental para garantizar un entorno seguro y propicio para los defensores y defensoras. Las instituciones nacionales de derechos humanos que cumplen los Principios de París están en una posición única para orientar y asesorar a los gobiernos sobre sus obligaciones en materia de derechos humanos y velar por que los principios y normas internacionales se incorporen adecuadamente en la legislación nacional y se incorporen en las políticas públicas, incluida la de los defensores y defensoras de derechos humanos.
La evidencia demuestra que, cuando el mandato de las instituciones nacionales de derechos humanos incluye la competencia para investigar denuncias individuales y proporcionar protección efectiva a los ciudadanos, estas pueden desempeñar un papel fundamental en los casos en que los sistemas judiciales de los Estados no pueden o no quieren pronunciarse sobre presuntas violaciones contra los defensores y defensoras.
Recomendación
El CONADEH debería considerar priorizar a los defensores y defensoras de derechos humanos en su agenda y las quejas presentadas por ellos. Por lo tanto, con la responsabilidad de supervisar su situación y fomentar vínculos más estrechos con la sociedad civil, este debería tener un centro de coordinación designado para los defensores y defensoras de derechos humanos.
En el mismo sentido, es crucial que el CONADEH fortalezca sus métodos de trabajo y desarrolle una estrategia más proactiva para llegar a los defensores y defensoras de derechos humanos que buscan protección. La institución debería ser más explícita y hacer llamamientos públicos para que se tomen medidas cuando los defensores y defensoras de derechos humanos estén en peligro o sean asesinados.
6- Mecanismo Nacional de Protección
En el 2015, el Congreso de Honduras aprobó una ley para proteger a los defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia. Con el apoyo de los defensores y defensoras de derechos humanos y de la sociedad civil, esta ley dio lugar a la creación del Mecanismo Nacional de Protección y al desarrollo de su marco normativo.
La adopción de la ley y el mecanismo representa un hito para la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras. Ayudan a reconocer la dimensión de los riesgos y violaciones que enfrentan los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras, así como su papel positivo y su contribución a la sociedad. Tanto la ley, como el mecanismo, responden a una de las principales recomendaciones formuladas por mi predecesora tras su visita a Honduras en 2012. También dirigieron al menos cinco recomendaciones a Honduras durante su último Examen Periódico Universal y algunos aspectos del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso López Lone contra Honduras.
Hasta la fecha, el Mecanismo Nacional de Protección ha proporcionado 810 medidas de protección a 211 personas, la gran mayoría de las cuales eran defensores y defensoras de derechos humanos. Dentro del número actual de casos del Mecanismo, hay 198 casos abiertos de los cuales: 125 corresponden a defensores y defensoras de derechos humanos, 37 a periodistas, 22 a comunicadores sociales y 14 a funcionarios del sistema de justicia.
En respuesta a las demandas de los beneficiarios y de la sociedad civil, el mecanismo amplió el tipo de respuestas de protección proporcionadas a los defensores y defensoras de derechos humanos más allá de las medidas policiales (escolta policial, reubicación temporal, evacuación, etc.). Entre las nuevas medidas figuran la capacitación para la autoprotección, el apoyo psicosocial y el subsidio para el transporte y la comunicación.
Desde febrero de 2017, el Mecanismo también permite la adopción de otras medidas, como el apoyo psicosocial, los subsidios de transporte y comunicaciones, las medidas tecnológicas y de infraestructura, los cursos de autoprotección y las notificaciones a las autoridades policiales y militares que solicitan que se permita la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos. No obstante, prevalecen las medidas de tipo policial.
El Mecanismo Nacional de Protección también ha fortalecido su estructura interna, sus procedimientos de trabajo y su funcionamiento, y ha aumentado su presupuesto anual en aproximadamente en un 60%. A pesar de los problemas actuales, ha logrado aumentar la confianza con los defensores y defensoras de derechos humanos, tal como lo demuestra el aumento gradual de las solicitudes de protección a pesar de la constante tasa de ataques contra los defensores y defensoras (el Mecanismo Nacional de Protección tramitó 9 casos en el 2015 y 143 en el 2017).
A pesar de estos importantes logros, la realidad actual de la vigilancia, las amenazas, el hostigamiento, la estigmatización y la criminalización de los defensores y defensoras de derechos humanos, así como los ataques contra ellos con una impunidad casi total, exige una respuesta más amplia y eficaz del Mecanismo. Sobre la base de la información y los testimonios que recabe de las autoridades del Estado, los defensores y defensoras de derechos humanos y la sociedad civil durante mi visita, he identificado una serie de obstáculos que deben abordarse y medidas concretas que, de aplicarse, mejorarían considerablemente la eficiencia del Mecanismo de Protección:
Desafíos claves:
Existe una necesidad urgente adoptar una política pública integral de protección para los defensores y defensoras de derechos humanos y asignar el presupuesto necesario para su efectiva implementación. El Estado hondureño debe cumplir con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, en particular, con las obligaciones consagradas en las sentencias López Lone y Carlos Escaleras, que, con el actual Mecanismo de Protección, sólo se han cumplido parcialmente. El presupuesto actual del Mecanismo Nacional de Protección sólo representa un porcentaje muy pequeño del presupuesto total del Ministerio de Derechos Humanos. (0,00018%). –
Existe una falta subyacente de confianza de los defensores y defensoras de derechos humanos y de la sociedad civil hacia el Mecanismo Nacional de Protección, en particular en los departamentos y municipios: Un número importante de los más de 400 defensores y defensoras de derechos humanos con los que me reuní, han expresado una profunda desconfianza en el Mecanismo Nacional de Protección y en su principal respuesta de protección, sobre todo en las medidas de tipo policial.
Esto se relaciona con una variedad de factores que se entrelazan entre sí. A pesar de los esfuerzos y logros del Estado en la depuración de la policía nacional, los defensores y defensoras siguen identificando a la Policía Nacional (y militar) como los principales autores de las violaciones a los derechos humanos, así como de los abusos y ataques contra ellos. El fortalecimiento de la rendición de cuentas de los miembros del sector de la seguridad debería ser una prioridad. Según datos oficiales proporcionados por el Ministerio de Seguridad, en el 2017 no se adoptaron medidas disciplinarias contra agentes de policía, ya que 52 agentes de policía estaban siendo investigados por homicidio y 39 por tortura.
El reciente y continuo uso excesivo de la fuerza por parte de la policía nacional (y militar) en la represión de las manifestaciones, el papel de la policía en los desalojos forzosos y la falta de resultados en las investigaciones policiales de los ataques contra los defensores y defensoras no hacen sino exacerbar esta falta de confianza. La lucha contra la impunidad de los delitos y abusos contra los defensores y defensoras de derechos humanos cometidos por las fuerzas del orden y la policía militar es fundamental para la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos y para el éxito del Mecanismo.
La falta de conocimiento y conciencia del Mecanismo por parte de las autoridades del Estado y los defensores y defensoras de derechos humanos, en particular en los departamentos y municipios, requiere una mayor difusión fuera de Tegucigalpa de la Ley de Protección y del Mecanismo. Es necesario hacer más para que las instituciones del Estado en todas las partes del país identifiquen y comprendan el papel de los defensores y defensoras de derechos humanos, su importante función y la labor del mecanismo nacional.
La falta de coordinación efectiva y de participación regular entre los actores estatales de alto nivel involucrados en la implementación de las medidas de protección y la escasa participación de la sociedad civil en el Mecanismo, explican a menudo la inexactitud e ineficiencia de las medidas de protección otorgadas a los defensores y defensoras.
La ausencia y frecuente rotación de los funcionarios que participan en el Sistema Nacional de Protección dificulta la coordinación efectiva en detrimento de la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos y contribuye a perpetuar aún más la desconfianza mutua existente entre las autoridades del Estado y la sociedad civil y los beneficiarios.
El Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia necesitan una representación regular y de alto nivel en las reuniones del Comité Nacional de Protección y en el Comité Técnico. También es necesario fortalecer la participación de la sociedad civil en el Mecanismo, limitado ahora a dos de los 14 escaños del Consejo Nacional de Protección.
Recomendaciones:
A la luz de los desafíos mencionados recientemente, insto al Estado hondureño a avanzar en las áreas clave de trabajo del Mecanismo, en particular:
La adopción de un protocolo para investigar los delitos contra los defensores y defensoras de derechos humanos, los periodistas y las personas responsables de la administración de justicia, que sirva de apoyo a la labor de la nueva Fiscalía de Defensores de los Derechos Humanos.
La consolidación de un análisis de riesgos individuales y colectivos que evalúe los riesgos diferenciados de las distintas categorías y géneros de los defensores y defensoras y, en consecuencia, que identifique las respuestas diferenciadas. Para las defensoras de los derechos humanos, las personas y comunidades indígenas y los defensores de los derechos de la comunidad LGBTI y agrupa la necesidad de evaluaciones de riesgos y medidas de protección diferenciadas.
La identificación y adopción de medidas de protección colectiva en consulta con las comunidades en situación de riesgo, en particular en las zonas rurales; y la necesidad de aumentar la oferta de medidas de protección de tipo no policial, como el apoyo psicosocial.
La necesidad de abordar los retrasos indebidos y los largos períodos de espera entre el momento en que se registra la primera denuncia y el análisis de riesgos, hasta la aplicación efectiva de las medidas. Tales retrasos ponen a los defensores y defensoras de derechos humanos en una situación de mayor riesgo.
La creación de la Unidad de Prevención y Análisis del Contexto.
El mayor papel y seguimiento sistemático del Mecanismo Nacional de Protección en la investigación de casos contra defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia ante la Fiscalía General de la Nación.
7. Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en riesgo agravado
Algunos grupos de defensores son particularmente vulnerables debido a la naturaleza misma de los derechos que defienden, a su propia identidad o a las especificidades de su trabajo. Entre ellas se encuentran defensoras de los derechos de las mujeres, defensores y defensoras de los derechos LGBTI, blogueras, juezas y abogados, periodistas, líderes comunitarios e indígenas, así como profesionales. La lista es larga y no exhaustiva.
Los defensores y defensoras de derechos humanos en el contexto del período electoral y postelectoral
Me conmovieron las docenas de testimonios de una violencia extrema en todo el país contra los ciudadanos de a pie y los defensores y defensoras de derechos humanos, que habían decidido salir a las calles para expresar su profundo descontento y manifestarse a favor de sus derechos civiles y políticos para participar en elecciones libres y justas. No olvidaré el testimonio de los padres, madres, hermanas y esposas que compartieron conmigo cómo perdieron a sus seres queridos o su propia experiencia de haber sido golpeados por los agentes del orden.
En el mismo período, El Alto Comisionado para los Derechos Humanos había verificado la muerte de por lo menos 23 personas en el contexto de protestas, de las cuales una era un oficial de policía, por lo menos y 16 se consideraban asesinados por las fuerzas de seguridad. Encontré particularmente preocupantes las conclusiones de la OACDH de que "mientras algunos de los manifestantes se volvieron violentos, el análisis del tipo de lesiones sufridas por las víctimas indica que las fuerzas de seguridad hicieron uso letal intencional de armas de fuego".
Según la información recibida, hasta abril de 2018 no se habían presentado cargos contra las fuerzas de seguridad, mientras que al menos 114 personas habían sido acusadas de delitos contra la seguridad del Estado y el orden público, delitos contra la persona y delitos contra la propiedad.
También recibí testimonios de detenciones masivas, palizas a manifestantes y represión y uso de la violencia contra periodistas que intentaban grabar y documentar manifestaciones. En el curso de mis reuniones, también me reuní con estudiantes que participaron en diversas manifestaciones relacionadas con las demandas educativas y que ahora corren el riesgo de ser expulsados.
Me complació saber que recientemente la Sala Constitucional del Tribunal Supremo decidió que los procedimientos administrativos de la UNAH y la decisión sobre la expulsión de estudiantes violaban el principio de legalidad. Espero que a estos estudiantes se les permita regresar pronto y que la decisión de la UNAH se reoriente en consecuencia.
Defensores y Defensoras que trabajan en temas ambientales y derechos a la tierra
Estoy consternado por el número de conflictos relacionados con la protección de los recursos naturales y los derechos sobre la tierra. Según informes internacionales, Honduras se ha convertido tristemente en uno de los países más mortíferos del mundo para los ambientalistas.
Todos tenemos en mente el asesinato de Bertha Cáceres y el hostigamiento contra los miembros de COPINH, pero se pueden encontrar múltiples ejemplos en muchas zonas del país, particularmente en aquellas ricas en recursos naturales.
Durante mi visita a Honduras, tuve la oportunidad de reunirme con muchas personas y comunidades que se dedican a la protección de sus tierras y que se oponen a proyectos de gran escala como la minería, las represas, la explotación forestal o el turismo. No he visto en estas personas a los terroristas, delincuentes o al anti desarrollo que a menudo aparecen en los medios de comunicación. En cambio, vi a humildes campesinos, comunidades indígenas y pacíficas que están genuinamente preocupados por el futuro de sus hijos porque los bosques que rodean a sus comunidades están desapareciendo o el agua que beben está envenenada. En muchas situaciones, estas personas se convirtieron en defensores y defensoras de derechos humanos por necesidad porque no tenían otra opción que hablar para defender sus propios medios de vida.
Escuché testimonios preocupantes sobre situaciones en el Bajo Aguán, Santa Bárbara, la Aurora, Pajuiles, la isla de la Exposición, entre otros. No cabe duda de que existe un patrón general de criminalización y hostigamiento judicial contra quienes denuncian el despojo de sus tierras y quienes defienden los intereses de estas comunidades. El uso del sistema de justicia penal, como los delitos de usurpación de tierras, se utiliza comúnmente para desalojar por la fuerza a los agricultores y silenciar la resistencia local. Organizaciones como el CNTC, el Movimiento amplio por la dignidad y la justicia, la MILPAH o el MAS se encuentran entre los movimientos cuyos miembros son regularmente blanco tanto de actores estatales como no estatales. Según algunos informes, aproximadamente 5.000 agricultores enfrentan actualmente acciones judiciales.
El despliegue de fuerzas militares también se presenta como una estrategia para intimidar a las comunidades en lugar de protegerlas de actores privados como las empresas de seguridad. Muchos defensores y defensoras a quienes la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han otorgado medidas cautelares siguen enfrentando un gran peligro, ya que no han encontrado ninguna o muy poca respuesta por parte de las autoridades estatales, tanto a nivel nacional como local.
Recomendación:
En este contexto, insto a las autoridades hondureñas a que lleven a cabo investigaciones rápidas e independientes sobre los ataques contra los defensores y defensoras de los derechos del medio ambiente y a que reconozcan públicamente el papel que desempeñan como actores clave en la protección de los bienes comunes.
También aliento al Estado a que elabore evaluaciones independientes de los efectos ambientales, de conformidad con las normas internacionales sobre el medio ambiente, los derechos humanos y los objetivos de desarrollo sostenible. Estas evaluaciones deberían realizarse con la participación activa de las comunidades locales y los defensores y defensoras de derechos humanos.
Defensores y defensoras de los derechos de los pueblos indígenas
En un gran número de casos, las amenazas que enfrentan los pueblos indígenas están intrínsecamente ligadas a la defensa de sus tierras y su entorno cercano. Las comunidades Lenca, Tolupán, Garífunas, Chortí, Pech y Misquitos que tratan de proteger sus tierras ancestrales se enfrentan a menudo a la criminalización, la estigmatización y el acoso judicial y a menudo son tratadas como ciudadanos de segunda clase. La falta o el uso indebido de una consulta significativa, como se establece en el Convenio núm. 169 de la OIT, son también un gran factor de riesgo, ya que comunidades enteras están siendo privadas de sus tierras y recursos naturales. Es el caso de las comunidades Garífunas de Punta Piedra, Triunfo de la Cruz y Cayos Cochinos, ubicadas en la costa del Caribe y cuya situación sigue siendo precaria debido al desarrollo de ciudades modelo (Ley de la ZEDE).
Una vez más, muchos líderes indígenas que han sido asesinados eran beneficiarios de medidas cautelares, lo que demuestra la falta de implementación y seguimiento adecuado por parte de las autoridades del Estado, incluyendo el Mecanismo de Protección y CONADEH.
Me sorprendió escuchar los innumerables obstáculos que enfrenta la comunidad indígena para acceder a la información sobre los llamados proyectos de desarrollo. También debo mencionar los numerosos testimonios que ponen de relieve las estrategias establecidas por las empresas en connivencia con las autoridades locales para dividir a las comunidades, tratando de conseguir la aceptación de los miembros de la comunidad, lo que puede conducir a la destrucción de su tejido social y su desplazamiento a otras zonas del país. También me preocupa la participación de empresas e inversionistas internacionales que llevan a los tribunales a los defensores y defensoras de derechos humanos, en particular a los dirigentes Garífunas que se oponen a los proyectos de desarrollo.
Durante la visita me reuní con jueces, magistrados, fiscales, abogados y defensores públicos muy comprometidos. Los que trabajan en casos de lucha contra la corrupción, la delincuencia organizada y el narcotráfico están particularmente en peligro. También denunciaron la necesidad de fortalecer la unidad de testigos protegidos. Los profesionales del derecho solicitaron el establecimiento del mecanismo de protección previsto en la ley sobre el mecanismo nacional de protección de los defensores y defensoras de derechos humanos, con el fin de mejorar su protección.
Recomendación:
Insto a las autoridades hondureñas a que apliquen todas las recomendaciones formuladas por la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas al final de su visita oficial en 2016.
Defensores y Defensoras de los derechos de las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales
Me preocupa mucho el elevado número de asesinatos y ataques violentos contra personas LGTB y la falta de rendición de cuentas y la impunidad casi total. Según los informes recibidos, desde 2008 hasta principios de 2018, ha habido en Honduras al menos 295 asesinatos contra personas LGBT, 11 de los cuales eran defensores y defensoras de derechos humanos. Sólo en 2017, se han reportado 34 asesinatos contra personas LGBT.
Así mismo, fueron muy preocupantes los testimonios de los defensores y defensoras de los derechos humanos de las personas LGBTI que denunciaron la inacción del Estado para reducir el uso por parte de los medios de comunicación de la incitación al odio contra ellos y la comunidad LGBTI. Me explicaron cómo los programas de televisión a menudo transmiten programas y debates morales en los que se utiliza la religión para discriminar, desaprobar y generar odio contra los miembros de estas comunidades. Me gustaría tomar un momento para honrar a algunos de los defensores y defensoras de derechos humanos que perdieron la vida en la promoción y protección de los derechos de las personas LGBTI: María Lourdes Madariaga, Marco Tulio Montoya Sánchez, René Antoni Martínez, Williams Afif Hernández y Wilmer Alvarado.
También quisiera aprovechar esta oportunidad para recordar, como lo he hecho en mis comunicaciones al Estado de Honduras, que la orientación sexual y la identidad de género son motivos de discriminación prohibidos por el derecho internacional, y que Honduras es Estado Parte en todos los tratados de derechos humanos pertinentes.
En 2016, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales estableció que "cualquier otra condición social", tal como se establece en el artículo 2.2 del PIDESC, incluye la orientación sexual. El Comité de Derechos Humanos también subrayó la obligación legal de los Estados Partes de garantizar a todas las personas los derechos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sin distinción basada en la orientación sexual o la identidad de género, y estableció que "los Estados Partes deben responder adecuadamente a la violencia contra ciertas categorías de víctimas, incluida la violencia contra las personas basada en su orientación sexual o identidad de género.
A menudo las mujeres han destacado la indiferencia -cuando no la hostilidad- de las autoridades públicas, los grupos religiosos y los medios de comunicación. Pero su aislamiento también puede provenir de sus propias comunidades y de su entorno cercano, que no apoyan su compromiso con los derechos humanos. Debido a que desafían el patriarcado, la desigualdad y la injusticia, las mujeres son a menudo son descritas como "malas mujeres", "malas madres" o como amenazas a la moralidad y a los valores tradicionales. Por último, la falta de un enfoque de género en las medidas de protección y el acceso a la justicia, también constituye un importante factor de riesgo para todas estas mujeres, especialmente las que viven en zonas remotas.
Quiero reconocer y apoyar públicamente el gran trabajo realizado por la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos y otras redes dedicadas a los derechos de las mujeres. En muchos casos, estas redes han proporcionado una valiosa respuesta al riesgo inmediato para las mujeres activistas, desarrollando refugios de emergencia, capacitación en seguridad y espacios seguros para la reconstrucción que han demostrado ser críticos para la seguridad de las mujeres y la continuidad de su trabajo en derechos humanos.
Por último, quisiera rendir homenaje a la memoria de Margarita Murillo, Bertha Cáceres, Gladys Lanza, Magdalena Morales y muchas otras mujeres activistas que allanaron el camino a generaciones de mujeres en Honduras, pero que pagaron el precio más alto por su labor en pro de los derechos humanos.
Recomendaciones:
Las medidas de protección deberían incluir un enfoque específico de género, tanto en el análisis de riesgos, como en la determinación de las medidas de protección.
También insto a las autoridades del Estado a desarrollar campañas de concientización y capacitación sobre los riesgos específicos que enfrentan las defensoras de derechos humanos para los servidores públicos, particularmente aquellas que están en contacto regular con mujeres activistas.
Periodistas y trabajadores de los medios de comunicación
En Honduras, los periodistas siguen siendo asesinados por su análisis crítico del contexto político y por exponer las violaciones de derechos humanos y sus autores. Según el informe anual del CONADEH, de 2001 a 2017: 75 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación fueron asesinados y en el 91% de los casos no ha habido ninguna condena y ningún autor ha sido llevado ante la justicia.
Durante mis reuniones con periodistas y comunicadores sociales, he escuchado con preocupación sus testimonios y su experiencia de acoso, intimidación y violencia en manos del ejército y la policía nacional por filmar o cubrir protestas, en particular durante la crisis postelectoral y en relación con manifestaciones de estudiantes. Los periodistas también han compartido su experiencia de haber sido objeto de campañas de descrédito y difamación, así como de amenazas de muerte, muchos de los cuales viven en una situación financiera precaria por no beneficiarse de contratos de trabajo permanentes. Llamaron mi atención a la Ley de Secretos Oficiales y cómo esta limita su acceso a la información oficial.
También tuve la oportunidad de conocer el costoso y oneroso proceso al que deben someterse las radios comunitarias para poder obtener una licencia de radiodifusión. Según la información recibida, de las 442 frecuencias de radios comunitarias, sólo 25 fueron otorgadas por el Estado. Los comunicadores comunitarios denunciaron haber recibido amenazas de muerte y de otro tipo por parte de alcaldes o políticos, a menudo a través de mensajes telefónicos o mientras estaban en línea desempeñando su crítico trabajo. Me impresionaron las historias personales de los trabajadores de los medios de comunicación que se beneficiaron de las medidas de protección y su continuo compromiso con su trabajo y con los derechos humanos.
Profesionales del derecho
En el curso de la visita me reuní con jueces, magistrados, fiscales, abogados y defensores públicos comprometidos. Los que trabajan en casos de lucha contra la corrupción, la delincuencia organizada y el narcotráfico están particularmente en peligro. También denunciaron la necesidad de fortalecer la unidad de testigos protegidos. A fin de mejorar su protección, los profesionales del derecho pidieron que se estableciera el mecanismo de protección previsto en la ley sobre el mecanismo nacional de protección de los defensores y defensoras de derechos humanos.
El rol de la comunidad internacional
Un gran número de ONGs y defensores y defensoras con los que me reuní durante la misión, se quejaron de la falta de apoyo de la comunidad internacional. Muchos de ellos, en su mayoría fuera de la capital, explicaron que nunca se habían reunido con embajadas o representantes de la comunidad internacional, ni habían sido invitados a compartir sus preocupaciones con las embajadas. Casi todos ellos se quejaron de la falta de financiación cuando trataban de crear nuevas actividades o nuevas organizaciones, sin haber sido informados de ninguna convocatoria de financiación. También se refirieron a la falta de presencia de observadores internacionales cuando son llevados ante los tribunales.
Recomiendo encarecidamente que la comunidad internacional intensifique sus esfuerzos para aplicar plenamente las disposiciones de las directrices internacionales o nacionales sobre la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos, incluso mediante la observación de los juicios y el apoyo político y financiero a los defensores y defensoras en situación de riesgo. Las embajadas deben viajar a las regiones para tratar de llegar a los defensores y defensoras, así como a comunidades remotas.
También escuché muchos testimonies de defensores y defensoras que pedían mayor protección de la comunidad internacional. Apoyo encarecidamente el establecimiento de oficinas locales del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en los departamentos. (OACNUDH).
También me preocupa enormemente el creciente número de actos de intimidación y represalias contra los defensores y defensoras de derechos humanos en relación con su participación en las Naciones Unidas y sus mecanismos de derechos humanos o en organizaciones regionales de derechos humanos. Estas represalias adoptan la forma de campañas de difamación, acoso, intimidación, amenazas, ataques físicos y asesinatos. Debemos poner fin urgentemente a las represalias contra los defensores y defensoras de derechos humanos.
Conclusiones:
Quisiera concluir diciendo que todavía existe una brecha entre el compromiso internacional y la aplicación nacional. Deseo expresar mi compromiso constante de prestar apoyo técnico a las autoridades hondureñas. Al celebrar este año el vigésimo aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, me gustaría invitar al gobierno hondureño a tomar medidas enérgicas contra la impunidad y para el reconocimiento de los defensores y defensoras de derechos humanos aquí en Honduras y en todo el mundo.
