Piden orden de captura contra gobernante de Honduras por narcotráfico
octubre 14, 2019
Redaccion
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. –Un grupo de hondureños aglutinados en la Plataforma Social Ciudadana por Honduras pidió este lunes al Ministerio Público que proceda a emitir orden de captura contra el gobernante, Juan Hernández, por suponerlo responsable de lo delitos de tráfico de drogas agravado, asociación ilícita y lavado de activos.
“Para neutralizar los efectos de los delitos denunciados, ya que el individuo Juan Orlando Hernández Alvarado está ejerciendo ilegalmente la Presidencia de la República, se solicite contra él urgentemente la orden de captura procedente”, dice una denuncia-criminal en la que los ciudadanos piden una urgente investigación por parte de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) contra el jefe de gobierno; su hermano, Juan Antonio “Tony” Hernández y contra los miembros del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.
La denuncia contra Juan Hernández es por su ejercicio en la Presidencia de la República, comandante general de las Fuerzas Armadas y como presidente del Consejo Nacional del Defensa y Seguridad y contra Tony Hernández, como exdiputado al Congreso Nacional
La denuncia fue presentada por el abogado, René Adán Tomé; el excandidato presidencial de la Alianza de Oposición Contra la Dictadura, Salvador Nasralla; el presidente del Partido Innovación y Unidad-Social Demócrata (Pinu-SD), Guillermo Valle Marichal; el diputado del Pinu-SD, Luis Redondo y Antonio García Carranza, quien ostenta un poder especial de los denunciantes
A.-Lista de los denunciados (Miembros del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad):
1.-Juan Hernández, como presidente de la República de hecho (facto) y presidente del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.
2.-Mauricio Oliva Herrera, como diputado presidente del Congreso Nacional y miembro del Consejo.
3.-Rolando Edgardo Argueta Pérez, como magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia y miembro del Consejo.
4.-Óscar Fernando Chinchilla Banegas, como fiscal general de la República y miembro del Consejo.
5.-Fredy Santiago Díaz Zelaya, como secretario de Estado en el Despacho de Defensa y miembro de Consejo.
6.-Julián Pacheco Tinoco, como secretario de Estado en el Despacho de Seguridad y miembro del Consejo.
B.-Otros altos funcionarios de Estado:
1.-René Orlando Ponce Fonseca, como jefe del Estado Mayor Conjunto y comandante en jefe de las Fuerzas;
2.-Lourdes Alejandra Hernández Quan, como subsecretaria de Estado en el Despacho de Seguridad; y
3.-Soraya Carolina Cálix Ponce, como directora de Lucha Contra el Narcotráfico y alta funcionaria del Ministerio Público;
C.-Varios funcionarios del Estado:
1.-Juan Antonio Hernández Alvarado alias “Tony Hernández” o “TH”, como exdiputado al Congreso Nacional;
2.-Mario Cálix Hernández alias “Cubeta, como ex vicealcalde del municipio de Gracias, Lempira;
3.-Amílcar Alexander Ardón Soriano alias “Chande Ardón”, como exalcalde del municipio de El Paraíso, Copán;
4.-Arnaldo Urbina Soto, como exalcalde del municipio de Yoro, Yoro.; y
5.-Mauricio Cálix Pineda, como ex subcomisionado de la Policía Nacional; y
D.-Varios ciudadanos particulares, entre ellos:
1.-Devis Leonel Rivera Maradiaga alais “El Cachiro”; y
2.-Víctor Hugo Díaz Morales alias “El Rojo”.
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. –Un grupo de hondureños aglutinados en la Plataforma Social Ciudadana por Honduras pidió este lunes al Ministerio Público que proceda a emitir orden de captura contra el gobernante, Juan Hernández, por suponerlo responsable de lo delitos de tráfico de drogas agravado, asociación ilícita y lavado de activos.
“Para neutralizar los efectos de los delitos denunciados, ya que el individuo Juan Orlando Hernández Alvarado está ejerciendo ilegalmente la Presidencia de la República, se solicite contra él urgentemente la orden de captura procedente”, dice una denuncia-criminal en la que los ciudadanos piden una urgente investigación por parte de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) contra el jefe de gobierno; su hermano, Juan Antonio “Tony” Hernández y contra los miembros del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.
La denuncia contra Juan Hernández es por su ejercicio en la Presidencia de la República, comandante general de las Fuerzas Armadas y como presidente del Consejo Nacional del Defensa y Seguridad y contra Tony Hernández, como exdiputado al Congreso Nacional
La denuncia fue presentada por el abogado, René Adán Tomé; el excandidato presidencial de la Alianza de Oposición Contra la Dictadura, Salvador Nasralla; el presidente del Partido Innovación y Unidad-Social Demócrata (Pinu-SD), Guillermo Valle Marichal; el diputado del Pinu-SD, Luis Redondo y Antonio García Carranza, quien ostenta un poder especial de los denunciantes
A.-Lista de los denunciados (Miembros del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad):
1.-Juan Hernández, como presidente de la República de hecho (facto) y presidente del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.
2.-Mauricio Oliva Herrera, como diputado presidente del Congreso Nacional y miembro del Consejo.
3.-Rolando Edgardo Argueta Pérez, como magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia y miembro del Consejo.
4.-Óscar Fernando Chinchilla Banegas, como fiscal general de la República y miembro del Consejo.
5.-Fredy Santiago Díaz Zelaya, como secretario de Estado en el Despacho de Defensa y miembro de Consejo.
6.-Julián Pacheco Tinoco, como secretario de Estado en el Despacho de Seguridad y miembro del Consejo.
B.-Otros altos funcionarios de Estado:
1.-René Orlando Ponce Fonseca, como jefe del Estado Mayor Conjunto y comandante en jefe de las Fuerzas;
2.-Lourdes Alejandra Hernández Quan, como subsecretaria de Estado en el Despacho de Seguridad; y
3.-Soraya Carolina Cálix Ponce, como directora de Lucha Contra el Narcotráfico y alta funcionaria del Ministerio Público;
C.-Varios funcionarios del Estado:
1.-Juan Antonio Hernández Alvarado alias “Tony Hernández” o “TH”, como exdiputado al Congreso Nacional;
2.-Mario Cálix Hernández alias “Cubeta, como ex vicealcalde del municipio de Gracias, Lempira;
3.-Amílcar Alexander Ardón Soriano alias “Chande Ardón”, como exalcalde del municipio de El Paraíso, Copán;
4.-Arnaldo Urbina Soto, como exalcalde del municipio de Yoro, Yoro.; y
5.-Mauricio Cálix Pineda, como ex subcomisionado de la Policía Nacional; y
D.-Varios ciudadanos particulares, entre ellos:
1.-Devis Leonel Rivera Maradiaga alais “El Cachiro”; y
2.-Víctor Hugo Díaz Morales alias “El Rojo”.
Iglesia católica de Honduras condena colusión de los políticos con el narcotráfico
octubre 14, 2019
Redaccion
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. –La iglesia católica de Honduras emitió este lunes un comunicado mediante el cual señala que sin la colusión de los órganos del Estado, el narcotráfico no hubiera permeado las instituciones.
“Nada de lo que el narcotráfico ha logrado en nuestro país, podría haberse alcanzado sin la colusión de los órganos que, por razón de su ser, estaban llamados a defender la vida y proporcionar seguridad a todos”, dicen los obispos de la Conferencia Episcopal de Honduras (C.E.H.), que además refieren que los culpables son “los políticos que han pactado con el crimen organizado”.
En el escrito, la iglesia católica apunta que la política vernácula hondureña se ha caracterizado por la costumbre de ignorar directamente al pueblo, hablar en su nombre y terminar haciendo pactos que en nada benefician al mismo pueblo. Ejemplo de ello es cuando, históricamente, las instituciones han estado al servicio de un caudillo y no de una democracia participativa fundada en la ley, reza el texto.
Los religiosos se han referido al narcotráfico en el marco del juicio contra Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano del gobernante hondureño, Juan Hernández. En el juicio, que inició el 2 de octubre pasado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, varios narcotraficantes han confesado que el actual presidente y expresidente de Honduras, Porfirio “Pepe” Lobo y Juan Hernández, respectivamente, recibieron sobornos para financiar sus campañas políticas.
En el juicio de Tony Hernández, se ha develado además la construcción de una plataforma al interior del Estado para poner en marcha las actividades del narcotráfico y crimen organizado en general.
Migración
La Conferencia Episcopal hace referencia a la masiva migración de hondureños, que, motivados por alcanzar una mejor vida, han salido huyendo del país. En ese sentido contextualiza que en lo que va del año 87,337 hondureños han sido deportados en su intento migratorio.
Código Penal
También lamentan la entrada en vigor del nuevo Código Penal y que se haya hecho caso omiso a los reclamos de muchas instituciones, “a las que también nos sumamos nosotros, para que la entrada en vigencia del mismo no se lleve a cabo”, apunta el comunicado.
El nuevo Código Penal, que entrará en vigencia el 10 de noviembre próximo, vulnera el derecho a la libre expresión, a la protesta y otros derechos fundamentales y beneficia los delitos relacionados al narcotráfico y a la corrupción.
Finalmente, los obispos hacen un llamado a la ciudadanía, clase política, empresarial, academia, colegios profesionales, campesinos y obreros, a llevar a cabo un proceso de transformación del país que tenga como norte el bien común y la paz.
“Por eso, hacemos un fuerte llamado a la conciencia de todos los actores involucrados, directa e indirectamente en la presente crisis, para que revisen el valor del sano patriotismo que debe estar por encima de cualquier interés personal, apego al cargo o intereses de partido”.
Durante el golpe de Estado de 2009 la iglesia católica se unió a los sectores más conservadores de Honduras y se mostró a favor de la ruptura del orden constitucional, que en aquel entonces derrocó del poder al presidente Manuel Zelaya Rosales.
En los últimos meses, la Conferencia Episcopal ha hecho algunos señalamientos contra el gobierno, lo que a juicio de algunos líderes de opinión, es un pequeño giro contra el poder.
Tegucigalpa. –La iglesia católica de Honduras emitió este lunes un comunicado mediante el cual señala que sin la colusión de los órganos del Estado, el narcotráfico no hubiera permeado las instituciones.
“Nada de lo que el narcotráfico ha logrado en nuestro país, podría haberse alcanzado sin la colusión de los órganos que, por razón de su ser, estaban llamados a defender la vida y proporcionar seguridad a todos”, dicen los obispos de la Conferencia Episcopal de Honduras (C.E.H.), que además refieren que los culpables son “los políticos que han pactado con el crimen organizado”.
En el escrito, la iglesia católica apunta que la política vernácula hondureña se ha caracterizado por la costumbre de ignorar directamente al pueblo, hablar en su nombre y terminar haciendo pactos que en nada benefician al mismo pueblo. Ejemplo de ello es cuando, históricamente, las instituciones han estado al servicio de un caudillo y no de una democracia participativa fundada en la ley, reza el texto.
Los religiosos se han referido al narcotráfico en el marco del juicio contra Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano del gobernante hondureño, Juan Hernández. En el juicio, que inició el 2 de octubre pasado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, varios narcotraficantes han confesado que el actual presidente y expresidente de Honduras, Porfirio “Pepe” Lobo y Juan Hernández, respectivamente, recibieron sobornos para financiar sus campañas políticas.
En el juicio de Tony Hernández, se ha develado además la construcción de una plataforma al interior del Estado para poner en marcha las actividades del narcotráfico y crimen organizado en general.
Migración
La Conferencia Episcopal hace referencia a la masiva migración de hondureños, que, motivados por alcanzar una mejor vida, han salido huyendo del país. En ese sentido contextualiza que en lo que va del año 87,337 hondureños han sido deportados en su intento migratorio.
Código Penal
También lamentan la entrada en vigor del nuevo Código Penal y que se haya hecho caso omiso a los reclamos de muchas instituciones, “a las que también nos sumamos nosotros, para que la entrada en vigencia del mismo no se lleve a cabo”, apunta el comunicado.
El nuevo Código Penal, que entrará en vigencia el 10 de noviembre próximo, vulnera el derecho a la libre expresión, a la protesta y otros derechos fundamentales y beneficia los delitos relacionados al narcotráfico y a la corrupción.
Finalmente, los obispos hacen un llamado a la ciudadanía, clase política, empresarial, academia, colegios profesionales, campesinos y obreros, a llevar a cabo un proceso de transformación del país que tenga como norte el bien común y la paz.
“Por eso, hacemos un fuerte llamado a la conciencia de todos los actores involucrados, directa e indirectamente en la presente crisis, para que revisen el valor del sano patriotismo que debe estar por encima de cualquier interés personal, apego al cargo o intereses de partido”.
Durante el golpe de Estado de 2009 la iglesia católica se unió a los sectores más conservadores de Honduras y se mostró a favor de la ruptura del orden constitucional, que en aquel entonces derrocó del poder al presidente Manuel Zelaya Rosales.
En los últimos meses, la Conferencia Episcopal ha hecho algunos señalamientos contra el gobierno, lo que a juicio de algunos líderes de opinión, es un pequeño giro contra el poder.
Descargue aquí el comunicado de la Conferencia Episcopal de Honduras
Fiscal de EE.UU. señala al presidente de Honduras de recibir millonarios sobornos del 'Chapo' y otros narcos
Publicado: 2 oct 2019 21:30 GMT | Última actualización: 3 oct 2019 11:59 GMT - RT
La acusación fue sustentada durante un
juicio en Nueva York, EE.UU., contra Juan Antonio Hernández, hermano del
mandatario.
Un
fiscal estadounidense acusó este miércoles al presidente de Honduras,
Juan Orlando Hernández, de recibir millonarios sobornos de
narcotraficantes, incluyendo coimas de Joaquín Guzmán Loera, 'el
Chapo'.
La acusación contra Juan Orlando Hernández se hizo en el marco del juicio en una corte de Manhattan, Nueva York, contra su hermano, el excongresista del Partido Nacional, Juan Antonio, acusado de narcotráfico en EE.UU.
El fiscal Jason Richman reveló en la corte estadounidense que 'el Chapo' Guzmán habría dado un millón de dólares en coimas a 'Tony', para que fueran entregados a su hermano Juan Orlando Hernández, presidente del país centroamericano en dos periodos (2014-2018) y (2018-2022).
A cambio de los presuntos sobornos, los narcotraficantes recibían protección del mandatario hondureño, según la acusación de los fiscales del caso.
Según explicó el mandatario, el "narcotraficante confeso" buscaba una candidatura a una alcaldía de Honduras, pero que él se lo negó.
"Esta persona alegó que había contribuido con la campaña. Lo que sí dijo es que no era que me había dado a mí el dinero ni a nadie más, sino que ellos habían participado. Tendrá que probar a ver si es cierto eso que ha mencionado", dijo Juan Orlando Hernández a la agencia EFE.
Entre
las pruebas contra 'Tony' Hernández destacan mensajes de textos
capturados entre narcotraficantes, en los que hablan del envío de un kilogramo de cocaína con las iniciales "TH".
El hermano del mandatario hondureño, quien se encuentra recluido en el Centro Correccional Metropolitano de Manhattan, se ha declarado no culpable de las imputaciones.
No obstante, los fiscales describieron a 'Tony' Hernández como un "violento traficante de droga de épicas proporciones", que ganó miles de dólares traficando estupefacientes, según reportó la agencia AP.
En el primer día del juicio contra Juan Antonio Hernández no se reveló cuándo se habría hecho el soborno por parte del 'Chapo' Guzmán, condenado a cadena perpetua por conspiración para traficar drogas a EE.UU., violencia con arma de fuego y lavado de dinero.
"En Honduras siempre he dicho yo lo siguiente: nadie está por encima de la ley. Claro, cuando se trata de alguien cercano, por sangre o cualquier amigo, es un golpe duro", declaró.
La acusación contra Juan Orlando Hernández se hizo en el marco del juicio en una corte de Manhattan, Nueva York, contra su hermano, el excongresista del Partido Nacional, Juan Antonio, acusado de narcotráfico en EE.UU.
El fiscal Jason Richman reveló en la corte estadounidense que 'el Chapo' Guzmán habría dado un millón de dólares en coimas a 'Tony', para que fueran entregados a su hermano Juan Orlando Hernández, presidente del país centroamericano en dos periodos (2014-2018) y (2018-2022).
"Venganza"
A finales de agosto, Juan Orlando negó que hubiera recibido dinero del narcotráfico y aseguró que las acusaciones eran una "venganza" de un capo.Según explicó el mandatario, el "narcotraficante confeso" buscaba una candidatura a una alcaldía de Honduras, pero que él se lo negó.
"Esta persona alegó que había contribuido con la campaña. Lo que sí dijo es que no era que me había dado a mí el dinero ni a nadie más, sino que ellos habían participado. Tendrá que probar a ver si es cierto eso que ha mencionado", dijo Juan Orlando Hernández a la agencia EFE.
Acusaciones a 'Tony'
El 23 de noviembre pasado, 'Tony' Hernández fue detenido en el aeropuerto de Miami, Florida, acusado de conspirar para ingresar drogas a EE.UU., de uso y posesión de ametralladoras, y de mentirle a agentes federales.El hermano del mandatario hondureño, quien se encuentra recluido en el Centro Correccional Metropolitano de Manhattan, se ha declarado no culpable de las imputaciones.
No obstante, los fiscales describieron a 'Tony' Hernández como un "violento traficante de droga de épicas proporciones", que ganó miles de dólares traficando estupefacientes, según reportó la agencia AP.
En el primer día del juicio contra Juan Antonio Hernández no se reveló cuándo se habría hecho el soborno por parte del 'Chapo' Guzmán, condenado a cadena perpetua por conspiración para traficar drogas a EE.UU., violencia con arma de fuego y lavado de dinero.
"Golpe duro"
Sobre las acusaciones de 'Tony', Juan Orlando Hernández ha declarado que son un "golpe duro", aunque señaló que todo mundo "tiene que asumir sus responsabilidades"."En Honduras siempre he dicho yo lo siguiente: nadie está por encima de la ley. Claro, cuando se trata de alguien cercano, por sangre o cualquier amigo, es un golpe duro", declaró.
Fiscal de EEUU acusa al presidente de Honduras de recibir sobornos millonarios de narcos
Opinión
04/10/2019
La
Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó al mandatario
ultraderechista hondureño Juan Orlando Hernández de ser “un hombre que
recibió millones de dólares en sobornos de dinero de drogas” de parte de
narcotraficantes como “El Chapo” Guzmán y el cartel de Sinaloa.
Esta acusación fue lanzada por el fiscal Jason Richman en el primer día de juicio por narcotráfico contra Juan Antonio Hernández, mejor conocido como Tony Hernández, hermano del mandatario hondureño. Richman dijo que el capo mexicano de la droga “personalmente entregó un millón de dólares al acusado para su hermano, sobornos que le pagaron para proteger al acusado, para proteger a su organización y mantenerlos en el negocio”. El gobernante salió al paso y aseguró que “de hecho, el fiscal no dijo eso, nunca dijo que el presidente recibió nada”.
Juan Orlando Hernández amplió que “la alegación en sí es 100% falsa, absurda y ridícula… esto es menos serio que Alicia en el País de las Maravillas”. El fiscal no especificó cuándo ocurrió el supuesto pago de “El Chapo”. El mexicano fue recientemente condenado a cadena perpetua y está preso en una cárcel de Estados Unidos. “Durante mucho tiempo estos sobornos funcionaron. El acusado y sus co-conspiradores tuvieron mucho éxito”, dijo el fiscal.
Richman también aseguró que Tony Hernández confiaba en que nunca sufriría repercusiones porque su hermano era el presidente de su país. El proceso legal se espera con expectación en Honduras porque ha salpicado al presidente, a quien los fiscales acusaron en agosto de recibir 1.5 millones de dólares proveniente de las drogas para la campaña que lo llevó a la presidencia en 2013.
Richman afirmó que Tony Hernández pertenecía a “una organización auspiciada por el Estado que distribuyó cocaína durante años” en Estados Unidos. Además, señaló que negoció con narcos de siete países para traficar la cocaína. Reveló que Tony Hernández traficó cientos de miles de kilos de cocaína junto a Alexander Ardón, exalcalde de El Paraíso, Copán, al occidente de Honduras.
La droga aparentemente era transportada por una ruta controlada por Ardón, quien resultó salpicado por primera vez el 23 de enero de 2019 en la acusación presentada por la Corte Federal de Manhattan por conspirar para traficar droga y usar armas de grueso calibre.
Richman dijo al jurado que durante el juicio se darán detalles sobre dos asesinatos en los que Tony Hernández habría estado involucrado: el de un traficante que estaba bloqueando una ruta de droga hacia la frontera con Guatemala y de un exsocio que había sido arrestado y se temía hablara demasiado con las autoridades.
Añadiò que en el juicio se escuchará el testimonio de agentes de la agencia antidrogas estadounidense (DEA), de un experto en historia y política de Honduras y de extraficantes que supuestamente colaboraron con Tony Hernández. Entre ellos se encuentra uno que ha confesado haber estado involucrado en casi 80 asesinatos, dijo Richman.
La agencia AP explicó que el fiscal no mencionó a ese traficante por nombre, pero que Devis Leonel Rivera Maradiaga, exjefe del cartel de Los Cachiros que testificó hace años en la misma corte durante el juicio de un hijo del expresidente hondureño Porfirio Lobo Sosa, aseguró haber participado u ordenado ese número de asesinatos.
Richman añadió que durante el juicio se mostrará un video de 2014 que muestra a Tony Hernández, que en ese momento era congresista, reuniéndose con el traficante. El fiscal destacó que Tony Hernández era tan “arrogante” que estampaba sus ladrillos de cocaína, con sus iniciales TH, y que los miembros del jurado podrían ver una fotografía que lo demuestra.
Tony Hernández recibió jugosas cantidades de dinero por la cocaína que transportaba, ya que “un kilo en Estados Unidos cuesta unos 30,000 dólares. Una tonelada tiene un valor de unos 30 millones de dólares. Estamos hablando de cientos de veces esa cantidad. Números increíbles”, dijo el fiscal.
“Performance” presidencial
El primer escándalo que sacudió al gobierno fue la revelación del uso de dinero proveniente del saqueo al Instituto Hondureño de Seguridad Social en la primera campaña presidencial de Hernández, donado a través de empresas fantasmas. Hernández admitió este hecho y alegó desconocimiento sobre la fuente ilegal de dichas donaciones.
El escándalo provocó que decenas de miles de hondureños protestaran cada viernes en las principales ciudades del país, portando antorchas y pidiendo la renuncia del presidente bajo la consigna “Fuera JOH”, y exigiendo la conformación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad y la Corrupción en Honduras (CICIH).
En marzo de 2016 asesinaron a la mundialmente conocida activista indígena y ambientalista Berta Cáceres, lo cual fue condenado a nivel nacional e internacional. Amnistía Internacional y el Comité de la ONU contra la Tortura criticaron la deficiente investigación de las autoridades hondureñas en el caso. Congresistas estadounidenses propusieron suspender la ayuda económica a los entes de seguridad en Honduras, por lo cual Hernández viajó a Washington para impedirlo.
En enero de 2017, Global Witness publicó un informe en el que señalaba a Honduras como el país más peligroso del mundo para el activismo ambiental, con 123 personas asesinadas desde 2010 por oponerse a proyectos de represas, con participación de la policía y el ejército. Señalaba directamente a la presidenta del Partido Nacional y vicepresidenta del Congreso Nacional, Gladys Aurora López Calderón y a su marido.
En abril de 2015, la Corte Suprema de Justicia falló a favor de un recurso de inaplicabilidad al artículo 239 de la Constitución, lo cual permitió la reelección presidencial. La decisión fue calificada por expertos como una violación a la constitución y una extralimitación de las facultades de la Corte Suprema.
Tras las elecciones generales de 2017, en las que Hernández fue declarado ganador, se sucedieron una serie de protestas violentas alegando fraude, las cuales dejaron un saldo de al menos 23 muertes según la ONU. Incluso análisis de la OEA y la revista The Economist arrojaron dudas sobre la transparencia de los comicios; todo lo cual contribuyó a la generación de una crisis poselectoral.
Al final de mayo de 2019, fiscales estadounidenses abrieron algunos documentos, los cuales revelaron que Hernández fue investigado por narcotráfico y lavado de dinero, junto a su hermana Hilda, y otros personajes.
Mirko C. Trudeau|
Economista del Observatorio de Estudios Macroeconómicos (Nueva York), Analista de temas de EEUU y Europa, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)
http://estrategia.la/2019/10/
Esta acusación fue lanzada por el fiscal Jason Richman en el primer día de juicio por narcotráfico contra Juan Antonio Hernández, mejor conocido como Tony Hernández, hermano del mandatario hondureño. Richman dijo que el capo mexicano de la droga “personalmente entregó un millón de dólares al acusado para su hermano, sobornos que le pagaron para proteger al acusado, para proteger a su organización y mantenerlos en el negocio”. El gobernante salió al paso y aseguró que “de hecho, el fiscal no dijo eso, nunca dijo que el presidente recibió nada”.
Juan Orlando Hernández amplió que “la alegación en sí es 100% falsa, absurda y ridícula… esto es menos serio que Alicia en el País de las Maravillas”. El fiscal no especificó cuándo ocurrió el supuesto pago de “El Chapo”. El mexicano fue recientemente condenado a cadena perpetua y está preso en una cárcel de Estados Unidos. “Durante mucho tiempo estos sobornos funcionaron. El acusado y sus co-conspiradores tuvieron mucho éxito”, dijo el fiscal.
Richman también aseguró que Tony Hernández confiaba en que nunca sufriría repercusiones porque su hermano era el presidente de su país. El proceso legal se espera con expectación en Honduras porque ha salpicado al presidente, a quien los fiscales acusaron en agosto de recibir 1.5 millones de dólares proveniente de las drogas para la campaña que lo llevó a la presidencia en 2013.
Richman afirmó que Tony Hernández pertenecía a “una organización auspiciada por el Estado que distribuyó cocaína durante años” en Estados Unidos. Además, señaló que negoció con narcos de siete países para traficar la cocaína. Reveló que Tony Hernández traficó cientos de miles de kilos de cocaína junto a Alexander Ardón, exalcalde de El Paraíso, Copán, al occidente de Honduras.
La droga aparentemente era transportada por una ruta controlada por Ardón, quien resultó salpicado por primera vez el 23 de enero de 2019 en la acusación presentada por la Corte Federal de Manhattan por conspirar para traficar droga y usar armas de grueso calibre.
Richman dijo al jurado que durante el juicio se darán detalles sobre dos asesinatos en los que Tony Hernández habría estado involucrado: el de un traficante que estaba bloqueando una ruta de droga hacia la frontera con Guatemala y de un exsocio que había sido arrestado y se temía hablara demasiado con las autoridades.
Añadiò que en el juicio se escuchará el testimonio de agentes de la agencia antidrogas estadounidense (DEA), de un experto en historia y política de Honduras y de extraficantes que supuestamente colaboraron con Tony Hernández. Entre ellos se encuentra uno que ha confesado haber estado involucrado en casi 80 asesinatos, dijo Richman.
La agencia AP explicó que el fiscal no mencionó a ese traficante por nombre, pero que Devis Leonel Rivera Maradiaga, exjefe del cartel de Los Cachiros que testificó hace años en la misma corte durante el juicio de un hijo del expresidente hondureño Porfirio Lobo Sosa, aseguró haber participado u ordenado ese número de asesinatos.
Richman añadió que durante el juicio se mostrará un video de 2014 que muestra a Tony Hernández, que en ese momento era congresista, reuniéndose con el traficante. El fiscal destacó que Tony Hernández era tan “arrogante” que estampaba sus ladrillos de cocaína, con sus iniciales TH, y que los miembros del jurado podrían ver una fotografía que lo demuestra.
Tony Hernández recibió jugosas cantidades de dinero por la cocaína que transportaba, ya que “un kilo en Estados Unidos cuesta unos 30,000 dólares. Una tonelada tiene un valor de unos 30 millones de dólares. Estamos hablando de cientos de veces esa cantidad. Números increíbles”, dijo el fiscal.
“Performance” presidencial
El primer escándalo que sacudió al gobierno fue la revelación del uso de dinero proveniente del saqueo al Instituto Hondureño de Seguridad Social en la primera campaña presidencial de Hernández, donado a través de empresas fantasmas. Hernández admitió este hecho y alegó desconocimiento sobre la fuente ilegal de dichas donaciones.
El escándalo provocó que decenas de miles de hondureños protestaran cada viernes en las principales ciudades del país, portando antorchas y pidiendo la renuncia del presidente bajo la consigna “Fuera JOH”, y exigiendo la conformación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad y la Corrupción en Honduras (CICIH).
En marzo de 2016 asesinaron a la mundialmente conocida activista indígena y ambientalista Berta Cáceres, lo cual fue condenado a nivel nacional e internacional. Amnistía Internacional y el Comité de la ONU contra la Tortura criticaron la deficiente investigación de las autoridades hondureñas en el caso. Congresistas estadounidenses propusieron suspender la ayuda económica a los entes de seguridad en Honduras, por lo cual Hernández viajó a Washington para impedirlo.
En enero de 2017, Global Witness publicó un informe en el que señalaba a Honduras como el país más peligroso del mundo para el activismo ambiental, con 123 personas asesinadas desde 2010 por oponerse a proyectos de represas, con participación de la policía y el ejército. Señalaba directamente a la presidenta del Partido Nacional y vicepresidenta del Congreso Nacional, Gladys Aurora López Calderón y a su marido.
En abril de 2015, la Corte Suprema de Justicia falló a favor de un recurso de inaplicabilidad al artículo 239 de la Constitución, lo cual permitió la reelección presidencial. La decisión fue calificada por expertos como una violación a la constitución y una extralimitación de las facultades de la Corte Suprema.
Tras las elecciones generales de 2017, en las que Hernández fue declarado ganador, se sucedieron una serie de protestas violentas alegando fraude, las cuales dejaron un saldo de al menos 23 muertes según la ONU. Incluso análisis de la OEA y la revista The Economist arrojaron dudas sobre la transparencia de los comicios; todo lo cual contribuyó a la generación de una crisis poselectoral.
Al final de mayo de 2019, fiscales estadounidenses abrieron algunos documentos, los cuales revelaron que Hernández fue investigado por narcotráfico y lavado de dinero, junto a su hermana Hilda, y otros personajes.
Mirko C. Trudeau|
Economista del Observatorio de Estudios Macroeconómicos (Nueva York), Analista de temas de EEUU y Europa, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)
http://estrategia.la/2019/10/
“El objetivo de la investigación de Fiscalía en EEUU no es Tony, sino JOH”
- 03/10/2019
Analista político Raúl Pineda.
Sigue en desarrollo el juicio
contra el exdiputado nacionalista Tony Hernández, hermano de Juan Orlando
Hernández, en Estados Unidos. Hasta el momento ambos han salido salpicados por
hechos directos con el narcotráfico.
Juan Orlando Hernández fue mencionado en recibir dinero de narcotraficantes por medio de su hermano, dinero que fue utilizado en campañas políticas, asimismo se vincula a Tony con el tráfico de armas, y de ser un narcotraficante a gran escala, estos elementos, a criterio del abogado Raúl Pineda, muestran un interés más profundo por parte de la Fiscalía, el que podría llegar hasta JOH, mediante la relación que tuvo su hermano Tony en estos delitos.
Para Pineda, las pruebas que se presenten en el juicio y que involucren a JOH, se van a convertir en un nuevo proceso judicial, que en este caso será contra él, y que muy probablemente, sea desarrollado después que JOH salga de la presidencia.
¿Cómo interpreta el desarrollo de juicio contra JOH?
Es una situación en la que más del 90% de los casos judiciales no llegan a juicio, como es en el caso de Tony Hernández, en USA la mayoría de los asuntos se resuelven mediante un acuerdo entre el fiscal y el defensor que avala el juez, mediante el que se descarta algún delito, ciertos hechos o se descarta una sentencia condenatoria, un juicio de la naturaleza de Hernández, anda en el rango de uno a dos millones de dólares.
Cuando se va a juicio, hay casi una certeza de una condena elevada, porque la investigación que hace la DEA es controlada por el fiscal y pasa ciertos controles de calidad, una vez que se tiene la información, pasa a un jurado de juzgamiento, este jurado valora las pruebas y ve si hay fundamento razonable como para poder presentar un juicio, hay dos jurados, el de acusación y el de juzgamiento.
Cuando llega a un juicio por jurado, pasó por tres niveles, donde la acusación va bien sustentada y avalada por estos actores.
Hemos escuchado en Honduras una argumentación que dice que son testimonios de narcotraficantes, pero en estos casos, la acusación se fundamenta en la prueba científica: vaciados telefónicos, dinero utilizado, grabaciones, fotografías, videos, testimonios y documentos.
Cuando se llega a estos niveles, la condena es lo común, la investigación que hace la policía en Estados Unidos, hay una relación estrecha entre los entes investigadores con el Poder Ejecutivo, esto definitivamente cuando se presentan y reciben el caso hay una convicción de culpabilidad.
Juan Orlando Hernández fue mencionado en recibir dinero de narcotraficantes por medio de su hermano, dinero que fue utilizado en campañas políticas, asimismo se vincula a Tony con el tráfico de armas, y de ser un narcotraficante a gran escala, estos elementos, a criterio del abogado Raúl Pineda, muestran un interés más profundo por parte de la Fiscalía, el que podría llegar hasta JOH, mediante la relación que tuvo su hermano Tony en estos delitos.
Para Pineda, las pruebas que se presenten en el juicio y que involucren a JOH, se van a convertir en un nuevo proceso judicial, que en este caso será contra él, y que muy probablemente, sea desarrollado después que JOH salga de la presidencia.
¿Cómo interpreta el desarrollo de juicio contra JOH?
Es una situación en la que más del 90% de los casos judiciales no llegan a juicio, como es en el caso de Tony Hernández, en USA la mayoría de los asuntos se resuelven mediante un acuerdo entre el fiscal y el defensor que avala el juez, mediante el que se descarta algún delito, ciertos hechos o se descarta una sentencia condenatoria, un juicio de la naturaleza de Hernández, anda en el rango de uno a dos millones de dólares.
Cuando se va a juicio, hay casi una certeza de una condena elevada, porque la investigación que hace la DEA es controlada por el fiscal y pasa ciertos controles de calidad, una vez que se tiene la información, pasa a un jurado de juzgamiento, este jurado valora las pruebas y ve si hay fundamento razonable como para poder presentar un juicio, hay dos jurados, el de acusación y el de juzgamiento.
Cuando llega a un juicio por jurado, pasó por tres niveles, donde la acusación va bien sustentada y avalada por estos actores.
Hemos escuchado en Honduras una argumentación que dice que son testimonios de narcotraficantes, pero en estos casos, la acusación se fundamenta en la prueba científica: vaciados telefónicos, dinero utilizado, grabaciones, fotografías, videos, testimonios y documentos.
Cuando se llega a estos niveles, la condena es lo común, la investigación que hace la policía en Estados Unidos, hay una relación estrecha entre los entes investigadores con el Poder Ejecutivo, esto definitivamente cuando se presentan y reciben el caso hay una convicción de culpabilidad.
Tony Hernández, ex diputado y hermano de Juan Orlando Hernández.
¿Qué
le convenía a Tony, declararse culpable o inocente?
El acuerdo era fundamental, con el acuerdo no hay declaraciones ni testimonios ni investigaciones ulteriores que involucren a terceros en el caso, entiendo que la idea era que se declarara culpable, darle el carpetazo al juicio con una declaración de estas, el problema es que se va a develar con las declaraciones del imputado Hernández y de los testigos que van a presentar en el juicio, es un delito federal, y como tal, son delitos objeto de una investigación minuciosa y una pena muy elevada.
Estos son personajes especializados que no se van a arriesgar a un fracaso judicial que logre la inocencia de Alvarado, parece que todo está contra Tony y es muy remota que salga libre. Si a mí me dijeran que le recomiendo, sin tener todos los elementos de juicio, él hubiera colaborado con la fiscalía.
¿Por qué mantener la idea de que son inocentes?
Es difícil responder eso, solo siendo absolutamente inocente se puede mantener una declaratoria de estas, la pueden cambiar en cualquier momento, pero el problema de los políticos hondureños, es que no conocen el mundo del crimen organizado, no saben a lo que se meten, y ellos no tienen problemas de recibir dinero caliente, dinero que no hay que tocar, entonces se meten en problemas y hasta que están con el agua al cuello se dan cuenta de esto, insisto, creo que Hernández no es inocente, pero tampoco creo que sea tan culpable, lo triste es que todos esos narcos que están juzgando no tienen ningún proceso abierto en Honduras, significa que la justicia no sirve para nada en el país.
¿Debe estar preocupado JOH?
Creo que él está preocupado, se está preparando para las revelaciones. Básicamente le preocupa las consecuencias de los testimonios y pruebas que se muestren en el juicio, que pueden terminar en un encausamiento en su contra.
¿En qué caso se daría paso a un proceso contra JOH?
En el caso que hubiese duda razonable contra él, estoy convencido que lo van a mencionar, y acusar de recibir dinero del narcotráfico para su campaña política y de establecerse que él tuviera conocimiento de ello y del origen de los fondos, Juan Orlando Hernández, tendría un grave problema.
Hay que tener claro que con esto él no va a renunciar, como espera mucha gente, él va a continuar manteniendo la tesis que es una conspiración en su contra, va a mantener ese discurso para seguir en el cargo hasta el final.
¿Cómo valora las pruebas presentadas que vinculan a JOH con el narcotráfico?
En el juicio se van a revelar una serie de situaciones donde los fiscales van a escarbar, creo que el objetivo de esta investigación no es Tony, sino precisamente JOH, y se quiere llegar a él a través de su hermano. Sabemos que hay factores como el cargo que ostenta JOH y los intereses de USA en el país.
¿Qué impacto tendrá esto en el país?
Yo no creo que haya otro político tan cuestionado como JOH. Donde usted vaya encontrará sectores que lo rechazan, a pesar que haya hecho o no cosas buenas o malas. Creo que, aunque haga cosas buenas, siempre tendría repudio, si usted le agrega a eso que en EEUU lo involucre en estos casos, esto empeora.
Mire viene el próximo proceso electoral en Estados Unidos, y en su momento acusarán a Trump de proteger a Hernández, y en ese momento, pueden tomar acciones contra él, y pueden suceder cosas en el país, cuando llegue ese momento, sí debe preocuparse.
¿Sale salpicado JOH de este juicio?
Creo que sí. Es difícil desmarcar al presidente de las responsabilidades y complicaciones que se van a dar en el juicio.
Si sale salpicado ¿cómo actuaría la justicia norteamericana?
Surge una acusación contra él, si hay elementos de juicio, pero creo que eso se dará cuando él no sea presidente, pues no creo que USA se meta con un presidente en funciones, yo lo que veo es una crónica de una muerte anunciada, a menos que surja algo extraordinario, de salir mencionado en el juicio habrá uno contra JOH y otras personas involucradas.
El acuerdo era fundamental, con el acuerdo no hay declaraciones ni testimonios ni investigaciones ulteriores que involucren a terceros en el caso, entiendo que la idea era que se declarara culpable, darle el carpetazo al juicio con una declaración de estas, el problema es que se va a develar con las declaraciones del imputado Hernández y de los testigos que van a presentar en el juicio, es un delito federal, y como tal, son delitos objeto de una investigación minuciosa y una pena muy elevada.
Estos son personajes especializados que no se van a arriesgar a un fracaso judicial que logre la inocencia de Alvarado, parece que todo está contra Tony y es muy remota que salga libre. Si a mí me dijeran que le recomiendo, sin tener todos los elementos de juicio, él hubiera colaborado con la fiscalía.
¿Por qué mantener la idea de que son inocentes?
Es difícil responder eso, solo siendo absolutamente inocente se puede mantener una declaratoria de estas, la pueden cambiar en cualquier momento, pero el problema de los políticos hondureños, es que no conocen el mundo del crimen organizado, no saben a lo que se meten, y ellos no tienen problemas de recibir dinero caliente, dinero que no hay que tocar, entonces se meten en problemas y hasta que están con el agua al cuello se dan cuenta de esto, insisto, creo que Hernández no es inocente, pero tampoco creo que sea tan culpable, lo triste es que todos esos narcos que están juzgando no tienen ningún proceso abierto en Honduras, significa que la justicia no sirve para nada en el país.
¿Debe estar preocupado JOH?
Creo que él está preocupado, se está preparando para las revelaciones. Básicamente le preocupa las consecuencias de los testimonios y pruebas que se muestren en el juicio, que pueden terminar en un encausamiento en su contra.
¿En qué caso se daría paso a un proceso contra JOH?
En el caso que hubiese duda razonable contra él, estoy convencido que lo van a mencionar, y acusar de recibir dinero del narcotráfico para su campaña política y de establecerse que él tuviera conocimiento de ello y del origen de los fondos, Juan Orlando Hernández, tendría un grave problema.
Hay que tener claro que con esto él no va a renunciar, como espera mucha gente, él va a continuar manteniendo la tesis que es una conspiración en su contra, va a mantener ese discurso para seguir en el cargo hasta el final.
¿Cómo valora las pruebas presentadas que vinculan a JOH con el narcotráfico?
En el juicio se van a revelar una serie de situaciones donde los fiscales van a escarbar, creo que el objetivo de esta investigación no es Tony, sino precisamente JOH, y se quiere llegar a él a través de su hermano. Sabemos que hay factores como el cargo que ostenta JOH y los intereses de USA en el país.
¿Qué impacto tendrá esto en el país?
Yo no creo que haya otro político tan cuestionado como JOH. Donde usted vaya encontrará sectores que lo rechazan, a pesar que haya hecho o no cosas buenas o malas. Creo que, aunque haga cosas buenas, siempre tendría repudio, si usted le agrega a eso que en EEUU lo involucre en estos casos, esto empeora.
Mire viene el próximo proceso electoral en Estados Unidos, y en su momento acusarán a Trump de proteger a Hernández, y en ese momento, pueden tomar acciones contra él, y pueden suceder cosas en el país, cuando llegue ese momento, sí debe preocuparse.
¿Sale salpicado JOH de este juicio?
Creo que sí. Es difícil desmarcar al presidente de las responsabilidades y complicaciones que se van a dar en el juicio.
Si sale salpicado ¿cómo actuaría la justicia norteamericana?
Surge una acusación contra él, si hay elementos de juicio, pero creo que eso se dará cuando él no sea presidente, pues no creo que USA se meta con un presidente en funciones, yo lo que veo es una crónica de una muerte anunciada, a menos que surja algo extraordinario, de salir mencionado en el juicio habrá uno contra JOH y otras personas involucradas.
La «mara» de los Hernández es superior a todas las maras: Ramón Barrios
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. – A juicio del abogado penalista, Ramón Barrios, los Hernández constituyeron una mafia criminal superior a la Mara Salvatrucha y a la Pandilla 18.
Barrios se refiere a la familia presidencial encabezada por el gobernante hondureño, Juan Hernández y su hermano—el supuesto narcotraficante— Juan Antonio “Tony” Hernández, quien está siendo objeto de un juicio en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, por cargos de narcotráfico.
En el marco del juicio, que inició el 2 de octubre, el fiscal Jason Richman, dijo que Tony Hernández recibió personalmente del famoso narcotraficante mexicano, Joaquín Guzmán, más conocido como “El Chapo” Guzmán, un millón de dólares que, posteriormente, entregó a su hermano y actual presidente de Honduras, Juan Hernández, para que financiara su campaña política.
“Con todas estas evidencias y revelaciones nunca nos imaginamos que había una mara superior a todas estas maras. La mara de los Hernández ha sido más que una asociación ilícita, ha sido más que un crimen organizado, que penetró todas las estructuras del país y le ha hecho mucho daño al país”, expresó Barrios un catedrático universitario de derecho constitucional.
Pesquisas de medios internacionales, especializados en crimen organizado, establecen que el gobernante hondureño construyó una estructura criminal para mantenerse en el poder.
Como parte de esa estructura, Barrios dijo en una entrevista con CRITERIO que Hernández ha colocado en puestos claves de la institucionalidad hondureña a personajes de su entorno territorial, refiriéndose a la zona occidental de Honduras, donde supuestamente operaba el cártel que lideraba Tony Hernández,
El abogado considera que Hernández se ha rodeado de funcionarios afines para tener una concentración del poder y con ello gozar de impunidad.
“Es vergonzoso, la mayoría de los narcotraficantes del país nunca tuvieron un expediente abierto en el Ministerio Público, la mayoría de los narcotraficantes se entregaron a los Estados Unidos o fueron directamente capturados por la DEA”, dijo Barrios.
Ante dicho extremo, Hernández ha salido al paso diciendo que rodo es falso e incluso intentó manipular los señalamientos del fiscal al decir que éste nunca mencionó que narcotraficantes le hayan dado dinero para financiar su campaña política.
A juicio del abogado Ramón Barrios la postura de Hernández es asumida en un país donde el poder está altamente concentrado.
“Evidentemente el presidente Hernández tiene una concentración de poderes que los demás poderes correlativos, incluyendo la Fiscalía General del Estado y los otros poderes del Estado dependen y están ahí en función de que los ha nombrado o ha influido para su nombramiento”, apuntó.
Barrios recordó que cuando en Honduras se comenzó a hablar sobres los supuestos vínculos en el narcotráfico de Tony Hernández, el gobernante hondureño le pidió a su hermano que se pusiera a las órdenes de las autoridades norteamericanas. Con base a ese consejo y frente a los rumores que vinculan al jefe de gobierno de Honduras con el narcotráfico, Barrios le pidió hoy Hernández que no siga haciendo una campaña de relaciones públicas a su favor, sino que asuma una actitud de un hombre valiente y se ponga a las órdenes de las autoridades norteamericanas.
Por otro lado, el profesional del derecho lamentó que la oposición política le apueste a un proceso electoral en medio de una institucionalidad controlada por Hernández, que no garantiza la transparencia y sobre todo porque no tiene un posicionamiento fuerte que le pida la renuncia al gobernante, producto de las serias acusaciones en su contra.
Tegucigalpa. – A juicio del abogado penalista, Ramón Barrios, los Hernández constituyeron una mafia criminal superior a la Mara Salvatrucha y a la Pandilla 18.
Barrios se refiere a la familia presidencial encabezada por el gobernante hondureño, Juan Hernández y su hermano—el supuesto narcotraficante— Juan Antonio “Tony” Hernández, quien está siendo objeto de un juicio en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, por cargos de narcotráfico.
En el marco del juicio, que inició el 2 de octubre, el fiscal Jason Richman, dijo que Tony Hernández recibió personalmente del famoso narcotraficante mexicano, Joaquín Guzmán, más conocido como “El Chapo” Guzmán, un millón de dólares que, posteriormente, entregó a su hermano y actual presidente de Honduras, Juan Hernández, para que financiara su campaña política.
“Con todas estas evidencias y revelaciones nunca nos imaginamos que había una mara superior a todas estas maras. La mara de los Hernández ha sido más que una asociación ilícita, ha sido más que un crimen organizado, que penetró todas las estructuras del país y le ha hecho mucho daño al país”, expresó Barrios un catedrático universitario de derecho constitucional.
Pesquisas de medios internacionales, especializados en crimen organizado, establecen que el gobernante hondureño construyó una estructura criminal para mantenerse en el poder.
Como parte de esa estructura, Barrios dijo en una entrevista con CRITERIO que Hernández ha colocado en puestos claves de la institucionalidad hondureña a personajes de su entorno territorial, refiriéndose a la zona occidental de Honduras, donde supuestamente operaba el cártel que lideraba Tony Hernández,
El abogado considera que Hernández se ha rodeado de funcionarios afines para tener una concentración del poder y con ello gozar de impunidad.
“Es vergonzoso, la mayoría de los narcotraficantes del país nunca tuvieron un expediente abierto en el Ministerio Público, la mayoría de los narcotraficantes se entregaron a los Estados Unidos o fueron directamente capturados por la DEA”, dijo Barrios.
¿Cómo se han manejado los principales casos de los capos hondureños?
-
Carlos Arnoldo, alias “El Negro” Lobo, fue capturado por el comisionado general de la Policía Nacional, Ramón Sabillón
-
Los líderes del cártel de los Valle Valle, fueron capturados por el comisionado general de la Policía Nacional, Ramón Sabillón, suspendido del cargo por este hecho.
-
Digna Valle (cártel Valle-Valle) fue capturada en Estados Unidos.
-
Los Cachiros se entregaron a la Agencia Anti Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).
-
Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa, fue capturado por la DEA en Haití.
-
Juan Antonio “Tony Hernández, fue capturado en Miami por agentes de la DEA.
-
Alexander Ardón se entregó en Guatemala
-
Fredy Nájera se entregó en EE.UU.
-
Juan Ramón Mata Baldurraga se entregó en EE.UU.
-
Wilter Blanco fue capturado en Costa Rica por la DEA
-
Yankel Rosenthal fue capturado en Miami
-
Yani Rosenthal se entregó en EE.UU.
- Víctor Hugo Díaz Morales, alias “El Rojo” fue capturado en Guatemala
Ante dicho extremo, Hernández ha salido al paso diciendo que rodo es falso e incluso intentó manipular los señalamientos del fiscal al decir que éste nunca mencionó que narcotraficantes le hayan dado dinero para financiar su campaña política.
A juicio del abogado Ramón Barrios la postura de Hernández es asumida en un país donde el poder está altamente concentrado.
“Evidentemente el presidente Hernández tiene una concentración de poderes que los demás poderes correlativos, incluyendo la Fiscalía General del Estado y los otros poderes del Estado dependen y están ahí en función de que los ha nombrado o ha influido para su nombramiento”, apuntó.
Barrios recordó que cuando en Honduras se comenzó a hablar sobres los supuestos vínculos en el narcotráfico de Tony Hernández, el gobernante hondureño le pidió a su hermano que se pusiera a las órdenes de las autoridades norteamericanas. Con base a ese consejo y frente a los rumores que vinculan al jefe de gobierno de Honduras con el narcotráfico, Barrios le pidió hoy Hernández que no siga haciendo una campaña de relaciones públicas a su favor, sino que asuma una actitud de un hombre valiente y se ponga a las órdenes de las autoridades norteamericanas.
Por otro lado, el profesional del derecho lamentó que la oposición política le apueste a un proceso electoral en medio de una institucionalidad controlada por Hernández, que no garantiza la transparencia y sobre todo porque no tiene un posicionamiento fuerte que le pida la renuncia al gobernante, producto de las serias acusaciones en su contra.
Pruebas contra Tony Hernández deben haber pasado procesos científicos de validación
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-La científica Hondureña Mary Lorena Vallecillo, radicada en los Estados Unidos ha escrito en su cuenta de Facebook que como especialista en Bioquímica Forense no le cabe la menor duda que las pruebas contra Tony Hernández deben haber sido sometidas a varios procesos científicos para validarlas.
Pero, dado el caso, por esta vez tendré que hablar un poco del asunto…Dada la situación actual, sobre el juicio que se lleva a cabo en NY y por el escepticismo de algunos, les diré algo como un pequeño aporte para contrarrestar la desinformación de los medios al servicio del mal gobierno en Honduras: Bioquímica Forense es una de mis sub-especialidades, y les puedo decir con conocimiento de causa, que cuando un fiscal lleva a la corte una prueba, ésta ya ha sido validada a través no de uno, sino de varios procesos científicos, dependiendo del tipo de prueba… por ejemplo, esas libretas, tengan la plena seguridad que están validadas con respecto al tiempo que lleva la tinta en la libreta, los rasgos caligráficos, el tipo de papel, ADN que se pudo haber encontrado en cada hoja de papel, etc. Lo mismo ocurre con los vídeos, fotografías, llamadas y vaciados telefónicos, audios, emails, etc.
Además, los fiscales se preparan para ganar los casos, porque su reputación es valiosa, y no van a ir a mentir, a presentar testigos o pruebas falsas ante un juez porque eso constituye un delito terrible. Ellos (los fiscales) llevan un orden en el juicio, y saben en qué momento presentar un testigo y presentar las evidencias correspondientes.
Así que lo que diga el defensor de TH, Joh, y todos los medios tarifados que le adulan, que tergiversan y cambian todo a su conveniencia, no tiene efecto ni validez, si hay una prueba científica que respalde lo que dice el fiscal. Personalmente, yo estoy muy optimista con el juicio, y esperemos el resultado. Pasen buenas noches.
Ese hermano mayor, Juan Orlando Hernández, es el presidente de Honduras y aliado del presidente Donald Trump en materia de inmigración y seguridad, las principales prioridades de Washington en la región.
Sin embargo, aunque Hernández aceptó el miércoles un acuerdo que permitirá que Estados Unidos obligue a algunos migrantes a solicitar asilo en Honduras —un pilar del plan de Trump para frenar la migración— los fiscales federales se estaban preparando para presentar pruebas de que el presidente hondureño era miembro de la conspiración de narcotráfico por la que se acusó a su hermano.
Juan Hernández, su hermano menor, Juan Antonio (Tony) Hernández —el hombre que enfrenta el juicio— y otros políticos y funcionarios de la policía fueron parte de un “plan criminal más amplio” para usar el narcotráfico “con el fin de reivindicar el poder y el control en Honduras”, escribieron los fiscales en una presentación del 2 de agosto en un tribunal de distrito de Estados Unidos.
Señalaron que el presidente hondureño usó el dinero del narcotráfico para ayudar a ganar las elecciones de 2013 y 2017, y que les ofreció protección a los narcotraficantes que lo apoyaron. Dijeron que Juan Orlando Hernández también consideró eliminar una ley hondureña que permitía la extradición de traficantes —una ley que él mismo había impulsado en el Congreso cuando encabezaba ese organismo— porque temía que Estados Unidos intentara extraditar a su hermano, según muestran los documentos del tribunal.
Juan Orlando Hernández, de 50 años, no ha sido acusado en el caso, y los fiscales no usan su nombre en los documentos del tribunal, sino que lo etiquetan simplemente como CC-4, que significa conspirador número cuatro. Sin embargo, no dejan lugar a dudas sobre su identidad: “CC-4 fue electo presidente de Honduras a finales de 2013”, escribieron los fiscales.
Después de que las acusaciones se volvieron públicas en la presentación del tribunal el mes pasado, manifestantes en Honduras, donde el presidente cada vez es menos popular, renovaron el llamado a favor de su renuncia, y muchos agregaron el código CC-4 a las iniciales del presidente —JOH— en los letreros que aparecen en todos los mítines en los que le exigen que renuncie.
El presidente ha negado de manera contundente cualquier participación en los crímenes de narcotráfico.
Las acusaciones del gobierno sobre Hernández son el giro más reciente en una extensa investigación de narcotráfico por parte de la oficina del fiscal de Estados Unidos en Manhattan y la Administración para el Control de Drogas, la cual ha expuesto la corrupción en los más altos niveles en Honduras, un país de alrededor nueve millones de habitantes que también es hogar de una base militar estadounidense.
El país, plagado de pandillas violentas de la droga que han generado una de las tasas de homicidio más altas del mundo, se ha convertido en una puerta de entrada para enormes cantidades de cocaína transportadas a través de México hasta Estados Unidos. Honduras también es el primer punto de llegada de alrededor del 80 por ciento de los vuelos con cargamentos de droga que salen de Sudamérica, según ha señalado el Departamento de Estado.
En años recientes, los fiscales federales han acusado a por lo menos siete funcionarios de las fuerzas nacionales de la policía de Honduras; el hijo del expresidente del país; varios miembros de la familia Rosenthal, una familia hondureña prominente en la política y el sector bancario; por lo menos dos exalcaldes hondureños; y tres excongresistas de la nación, entre ellos Tony Hernández, el hermano del presidente.
En una sentencia de 2017 de uno de los acusados, un fiscal dijo que las pruebas mostraban que se trataba de una operación “de narcotráfico respaldada por el Estado”.
Tony Hernández, de 41 años, se declaró no culpable de los cargos. En caso de que lo sentencien, podría enfrentarse a una cadena perpetua. Su abogado, T. Omar Malone, hace poco le dijo al juez Kevin Castel en el tribunal que el caso de su cliente se vería afectado si en el juicio se terminaba litigando “la historia geopolítica de Honduras”.
En su presentación reciente, los fiscales dijeron que Juan Hernández, su hermano y otros conspiradores “dependían de las ganancias del narcotráfico para financiar las campañas del Partido Nacional y otros operativos políticos, así como para controlar grandes tramos del gobierno hondureño, sobornar a funcionarios que ayudaban a asegurar el paso seguro de su cocaína, y como un esfuerzo para protegerse del escrutinio de la policía en Honduras y otros países”.
Juan Hernández, como su predecesor, Porfirio Lobo, “resultó electo a la presidencia por lo menos en parte, gracias a las ganancias del narcotráfico”, escribieron los fiscales. Lobo no ha sido acusado.
Como presidente del Congreso Nacional, Juan Hernández logró impulsar un cambio constitucional en 2012 que permitió la extradición a Estados Unidos. Después de ganar la presidencia en 2013, comenzó a enviar a líderes acusados de cárteles hondureños de la droga para que fueran a juicio en Estados Unidos. También aceptó la ayuda del país norteamericano para entrenar unidades especializadas de las fuerzas de seguridad hondureñas con el fin de combatir a los narcotraficantes.
No obstante, los esfuerzos combinados parecen haber tenido un efecto mínimo: el Departamento de Estado dijo este año que “no hay información concreta que sugiera que ha disminuido el volumen total de drogas ilícitas que se trafican en Honduras”.
EFE. El narcotraficante Víctor Hugo Díaz Morales, testigo de
la Fiscalía de Nueva York y que cumple condena en EE.UU., aseguró este
jueves que dio 40.000 dólares para la campaña para diputado de 2005 de
Juan Orlando Hernández, actual presidente de Honduras.
En el juicio que se le realiza al exdiputado Juan Antonio Hernández, hermano del presidente de Honduras, la Fiscalía de Nueva York también aseguró ayer miércoles que tiene evidencia de que Juan Orlando Hernández y su familia recibieron dinero del narcotraficante mexicano Joaquín el «Chapo» Guzmán, lo que ya fue negado desde la Presidencia hondureña.
De acuerdo a ProHonduras Network alias «El Rojo», reveló durante que su testimonio, que se reunía 3 o 4 veces al año con Tony y en las reuniones estaban presentes Mario José Cálix, Carlos Toledo, Juan Carlos Valenzuela (actual diputado por el Partido Nacional) y el guardaespalda de de Juan Orlando Hernández de apellido Portillo.
En la audiencia de hoy Víctor Hugo Díaz Morales, que lleva 17 meses en prisión por narcotráfico, también involucró en su declaración al diputado Juan Carlos Valenzuela. EFE
Tegucigalpa.-La científica Hondureña Mary Lorena Vallecillo, radicada en los Estados Unidos ha escrito en su cuenta de Facebook que como especialista en Bioquímica Forense no le cabe la menor duda que las pruebas contra Tony Hernández deben haber sido sometidas a varios procesos científicos para validarlas.
«Por ejemplo, esas libretas. Tengan la plena seguridad que están validadas con respecto al tiempo que lleva la tinta en la libreta, los rasgos caligráficos, el tipo de papel, ADN que se pudo haber encontrado en cada hoja de papel, etc. Lo mismo ocurre con los vídeos, fotografías, llamadas y vaciados telefónicos, audios, emails, etc», escribió VallecilloConfieso que no me gusta hablar de lo que he estudiado, ni andar poniéndome títulos con mi nombre etc, y es por eso que siempre me presento simplemente con mi nombre.
Escribió Además que, los fiscales se preparan para ganar los casos, porque su reputación es valiosa, y no van a ir a mentir, a presentar testigos o pruebas falsas ante un juez porque eso constituye un delito terrible. Ellos (los fiscales) llevan un orden en el juicio, y saben en qué momento presentar un testigo y presentar las evidencias correspondientes.
Nota relacionada Fiscalía de EE.UU. pide reservas para proteger pruebas contra Tony Hernández
Aquí lo publicado en su muro de Facebook:
Pero, dado el caso, por esta vez tendré que hablar un poco del asunto…Dada la situación actual, sobre el juicio que se lleva a cabo en NY y por el escepticismo de algunos, les diré algo como un pequeño aporte para contrarrestar la desinformación de los medios al servicio del mal gobierno en Honduras: Bioquímica Forense es una de mis sub-especialidades, y les puedo decir con conocimiento de causa, que cuando un fiscal lleva a la corte una prueba, ésta ya ha sido validada a través no de uno, sino de varios procesos científicos, dependiendo del tipo de prueba… por ejemplo, esas libretas, tengan la plena seguridad que están validadas con respecto al tiempo que lleva la tinta en la libreta, los rasgos caligráficos, el tipo de papel, ADN que se pudo haber encontrado en cada hoja de papel, etc. Lo mismo ocurre con los vídeos, fotografías, llamadas y vaciados telefónicos, audios, emails, etc.
Además, los fiscales se preparan para ganar los casos, porque su reputación es valiosa, y no van a ir a mentir, a presentar testigos o pruebas falsas ante un juez porque eso constituye un delito terrible. Ellos (los fiscales) llevan un orden en el juicio, y saben en qué momento presentar un testigo y presentar las evidencias correspondientes.
Así que lo que diga el defensor de TH, Joh, y todos los medios tarifados que le adulan, que tergiversan y cambian todo a su conveniencia, no tiene efecto ni validez, si hay una prueba científica que respalde lo que dice el fiscal. Personalmente, yo estoy muy optimista con el juicio, y esperemos el resultado. Pasen buenas noches.
Publicado el 29 Septiembre, 2019
NUEVA YORK, EE.UU.
Cuando un excongresista hondureño vaya a juicio la semana próxima en
Nueva York, acusado de conspirar para la importación de cocaína a
Estados Unidos, su hermano mayor estará ausente de la sala del tribunal,
pero será una presencia importante en el caso.Ese hermano mayor, Juan Orlando Hernández, es el presidente de Honduras y aliado del presidente Donald Trump en materia de inmigración y seguridad, las principales prioridades de Washington en la región.
Sin embargo, aunque Hernández aceptó el miércoles un acuerdo que permitirá que Estados Unidos obligue a algunos migrantes a solicitar asilo en Honduras —un pilar del plan de Trump para frenar la migración— los fiscales federales se estaban preparando para presentar pruebas de que el presidente hondureño era miembro de la conspiración de narcotráfico por la que se acusó a su hermano.
Juan Hernández, su hermano menor, Juan Antonio (Tony) Hernández —el hombre que enfrenta el juicio— y otros políticos y funcionarios de la policía fueron parte de un “plan criminal más amplio” para usar el narcotráfico “con el fin de reivindicar el poder y el control en Honduras”, escribieron los fiscales en una presentación del 2 de agosto en un tribunal de distrito de Estados Unidos.
Señalaron que el presidente hondureño usó el dinero del narcotráfico para ayudar a ganar las elecciones de 2013 y 2017, y que les ofreció protección a los narcotraficantes que lo apoyaron. Dijeron que Juan Orlando Hernández también consideró eliminar una ley hondureña que permitía la extradición de traficantes —una ley que él mismo había impulsado en el Congreso cuando encabezaba ese organismo— porque temía que Estados Unidos intentara extraditar a su hermano, según muestran los documentos del tribunal.
Juan Orlando Hernández, de 50 años, no ha sido acusado en el caso, y los fiscales no usan su nombre en los documentos del tribunal, sino que lo etiquetan simplemente como CC-4, que significa conspirador número cuatro. Sin embargo, no dejan lugar a dudas sobre su identidad: “CC-4 fue electo presidente de Honduras a finales de 2013”, escribieron los fiscales.
Después de que las acusaciones se volvieron públicas en la presentación del tribunal el mes pasado, manifestantes en Honduras, donde el presidente cada vez es menos popular, renovaron el llamado a favor de su renuncia, y muchos agregaron el código CC-4 a las iniciales del presidente —JOH— en los letreros que aparecen en todos los mítines en los que le exigen que renuncie.
El presidente ha negado de manera contundente cualquier participación en los crímenes de narcotráfico.
Las acusaciones del gobierno sobre Hernández son el giro más reciente en una extensa investigación de narcotráfico por parte de la oficina del fiscal de Estados Unidos en Manhattan y la Administración para el Control de Drogas, la cual ha expuesto la corrupción en los más altos niveles en Honduras, un país de alrededor nueve millones de habitantes que también es hogar de una base militar estadounidense.
El país, plagado de pandillas violentas de la droga que han generado una de las tasas de homicidio más altas del mundo, se ha convertido en una puerta de entrada para enormes cantidades de cocaína transportadas a través de México hasta Estados Unidos. Honduras también es el primer punto de llegada de alrededor del 80 por ciento de los vuelos con cargamentos de droga que salen de Sudamérica, según ha señalado el Departamento de Estado.
En años recientes, los fiscales federales han acusado a por lo menos siete funcionarios de las fuerzas nacionales de la policía de Honduras; el hijo del expresidente del país; varios miembros de la familia Rosenthal, una familia hondureña prominente en la política y el sector bancario; por lo menos dos exalcaldes hondureños; y tres excongresistas de la nación, entre ellos Tony Hernández, el hermano del presidente.
En una sentencia de 2017 de uno de los acusados, un fiscal dijo que las pruebas mostraban que se trataba de una operación “de narcotráfico respaldada por el Estado”.
Tony Hernández, de 41 años, se declaró no culpable de los cargos. En caso de que lo sentencien, podría enfrentarse a una cadena perpetua. Su abogado, T. Omar Malone, hace poco le dijo al juez Kevin Castel en el tribunal que el caso de su cliente se vería afectado si en el juicio se terminaba litigando “la historia geopolítica de Honduras”.
En su presentación reciente, los fiscales dijeron que Juan Hernández, su hermano y otros conspiradores “dependían de las ganancias del narcotráfico para financiar las campañas del Partido Nacional y otros operativos políticos, así como para controlar grandes tramos del gobierno hondureño, sobornar a funcionarios que ayudaban a asegurar el paso seguro de su cocaína, y como un esfuerzo para protegerse del escrutinio de la policía en Honduras y otros países”.
Juan Hernández, como su predecesor, Porfirio Lobo, “resultó electo a la presidencia por lo menos en parte, gracias a las ganancias del narcotráfico”, escribieron los fiscales. Lobo no ha sido acusado.
Como presidente del Congreso Nacional, Juan Hernández logró impulsar un cambio constitucional en 2012 que permitió la extradición a Estados Unidos. Después de ganar la presidencia en 2013, comenzó a enviar a líderes acusados de cárteles hondureños de la droga para que fueran a juicio en Estados Unidos. También aceptó la ayuda del país norteamericano para entrenar unidades especializadas de las fuerzas de seguridad hondureñas con el fin de combatir a los narcotraficantes.
No obstante, los esfuerzos combinados parecen haber tenido un efecto mínimo: el Departamento de Estado dijo este año que “no hay información concreta que sugiera que ha disminuido el volumen total de drogas ilícitas que se trafican en Honduras”.
Publicado el 3 Octubre, 2019
En el juicio que se le realiza al exdiputado Juan Antonio Hernández, hermano del presidente de Honduras, la Fiscalía de Nueva York también aseguró ayer miércoles que tiene evidencia de que Juan Orlando Hernández y su familia recibieron dinero del narcotraficante mexicano Joaquín el «Chapo» Guzmán, lo que ya fue negado desde la Presidencia hondureña.
De acuerdo a ProHonduras Network alias «El Rojo», reveló durante que su testimonio, que se reunía 3 o 4 veces al año con Tony y en las reuniones estaban presentes Mario José Cálix, Carlos Toledo, Juan Carlos Valenzuela (actual diputado por el Partido Nacional) y el guardaespalda de de Juan Orlando Hernández de apellido Portillo.
En la audiencia de hoy Víctor Hugo Díaz Morales, que lleva 17 meses en prisión por narcotráfico, también involucró en su declaración al diputado Juan Carlos Valenzuela. EFE
Honduras rechaza la información de que el presidente recibió sobornos de narcotraficantes
Redacción ConfidencialHN
MOSCÚ, RUSIA
(Spútnik) El Gobierno de Honduras tachó de falsas las informaciones de varios medios, que citan al fiscal neoyorquino Jason Richman, de que el dirigente de la República recibió dinero en sobornos de parte de narcotraficantes.
La Presidencia de la República de Honduras «aclara de manera contundente que durante el juicio del ciudadano Juan Antonio Hernández, un fiscal de Nueva York en ningún momento manifestó que el Presidente de la república, Juan Orlando Hernández, recibió dinero por parte del narcotraficante Joaquín Guzmán», dice el comunicado, emitido el 2 de octubre.
En este contexto, Tegucigalpa «rechaza la desinformación irresponsable publicada sin evidencia» por varios medios de comunicación, entre ellos Washington Post, sobre «las supuestas declaraciones» del fiscal neoyorquino contra el líder hondureño.
El 2 de octubre Richman afirmó que el condenado narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán, más conocido como El Chapo, había entregado en persona un millón de dólares en sobornos al hermano del presidente de Honduras para que se lo diera al mandatario, según informan varios medios.
El fiscal hizo sus declaraciones en un Tribunal federal de Manhattan durante el juicio de Juan Antonio Hernández, también conocido como Tony Hernández, a quien se imputa el uso de contactos gubernamentales para contrabandear cocaína a Estados Unidos a través de Honduras.
«El acusado era protegido y tenía acceso a su hermano, el presidente de Honduras, hombre que recibió millones de dólares de la droga en sobornos, que recibió de unos de los más importantes traficantes de cocaína del mundo, (…) de hombres como El Chapo y el cartel de Sinaloa», cita al fiscal The Washington Post.
La Presidencia hondureña en su comunicado insiste en que «la única referencia existente» de Guzmán en Honduras es el envío de «un misterioso jet a un alto personaje hondureño y luego abandonado en el aeropuerto Toncontín en febrero de 2006 siendo presidente Manuel Zelaya Rosales».
Tegucigalpa llamó a la comunidad tanto nacional como internacional a no confiar en las informaciones publicadas por medios respecto a las presuntas declaraciones de Richman.
«El Gobierno de Honduras no cederá, juntos a sus aliados nacionales e internacionales, en la lucha frontal contra el narcotráfico por lo que pide a la comunidad nacional e internacional no dejarse sorprender por historias novelescas e incongruentes para llamar la atención de forma maliciosa y perversa», indica el mensaje.
En agosto Honduras vivió una ola de protestas iniciada por los manifestantes que exigían la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández.
Las manifestaciones se desencadenaron en vista de señalamientos de la Fiscalía de Nueva York sobre un supuesto complot encabezado por Hernández para llegar al poder con dinero del narcotráfico.
En documentos judiciales desclasificados el 2 de agosto aparece un hombre llamado «co-conspirador 4» (CC4) que participó supuestamente en un acuerdo para usar 1,5 millones de dólares provenientes del narcotráfico para impulsar su campaña presidencial y es identificado como «el presidente electo de Honduras a finales de 2013», año en que Hernández ganó su primer periodo de gobierno.
La esposa del narco presidente Juan
Orlando Hernández, Ana García tras el juicio que enfrenta en los Estados
Unidos su cuñado Tony Hernández, donde también se ha mencionado a su
esposo Juan Orlando Hernández de haber recibido millonarios sobornos de
narcotraficantes, posteó en su cuenta de twitter lo siguiente:
Sin duda los Hernández pasan por un momento incómodo en el que como toda persona con miedo recurre a versículos bíblicos para poder transformar su miedo en fe y tranquilidad.
(Spútnik) El Gobierno de Honduras tachó de falsas las informaciones de varios medios, que citan al fiscal neoyorquino Jason Richman, de que el dirigente de la República recibió dinero en sobornos de parte de narcotraficantes.
La Presidencia de la República de Honduras «aclara de manera contundente que durante el juicio del ciudadano Juan Antonio Hernández, un fiscal de Nueva York en ningún momento manifestó que el Presidente de la república, Juan Orlando Hernández, recibió dinero por parte del narcotraficante Joaquín Guzmán», dice el comunicado, emitido el 2 de octubre.
En este contexto, Tegucigalpa «rechaza la desinformación irresponsable publicada sin evidencia» por varios medios de comunicación, entre ellos Washington Post, sobre «las supuestas declaraciones» del fiscal neoyorquino contra el líder hondureño.
El 2 de octubre Richman afirmó que el condenado narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán, más conocido como El Chapo, había entregado en persona un millón de dólares en sobornos al hermano del presidente de Honduras para que se lo diera al mandatario, según informan varios medios.
El fiscal hizo sus declaraciones en un Tribunal federal de Manhattan durante el juicio de Juan Antonio Hernández, también conocido como Tony Hernández, a quien se imputa el uso de contactos gubernamentales para contrabandear cocaína a Estados Unidos a través de Honduras.
«El acusado era protegido y tenía acceso a su hermano, el presidente de Honduras, hombre que recibió millones de dólares de la droga en sobornos, que recibió de unos de los más importantes traficantes de cocaína del mundo, (…) de hombres como El Chapo y el cartel de Sinaloa», cita al fiscal The Washington Post.
La Presidencia hondureña en su comunicado insiste en que «la única referencia existente» de Guzmán en Honduras es el envío de «un misterioso jet a un alto personaje hondureño y luego abandonado en el aeropuerto Toncontín en febrero de 2006 siendo presidente Manuel Zelaya Rosales».
Tegucigalpa llamó a la comunidad tanto nacional como internacional a no confiar en las informaciones publicadas por medios respecto a las presuntas declaraciones de Richman.
«El Gobierno de Honduras no cederá, juntos a sus aliados nacionales e internacionales, en la lucha frontal contra el narcotráfico por lo que pide a la comunidad nacional e internacional no dejarse sorprender por historias novelescas e incongruentes para llamar la atención de forma maliciosa y perversa», indica el mensaje.
En agosto Honduras vivió una ola de protestas iniciada por los manifestantes que exigían la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández.
Las manifestaciones se desencadenaron en vista de señalamientos de la Fiscalía de Nueva York sobre un supuesto complot encabezado por Hernández para llegar al poder con dinero del narcotráfico.
En documentos judiciales desclasificados el 2 de agosto aparece un hombre llamado «co-conspirador 4» (CC4) que participó supuestamente en un acuerdo para usar 1,5 millones de dólares provenientes del narcotráfico para impulsar su campaña presidencial y es identificado como «el presidente electo de Honduras a finales de 2013», año en que Hernández ganó su primer periodo de gobierno.
Publicado el 3 Octubre, 2019
Sin duda los Hernández pasan por un momento incómodo en el que como toda persona con miedo recurre a versículos bíblicos para poder transformar su miedo en fe y tranquilidad.
Relacionado
Mujer de JOH ahora es una prominente empresaria inmobilaria17 Marzo, 2019En «Honduras»
MACCIH involucra a Ana García al Caso Pandora31 Julio, 2019En «¡COMPARTE!»
Piden incautar bienes de Ana Garcia de Hernandez1 Agosto, 2019En «Honduras»
TEGUCIGALPA, HONDURAS. El Ex-director General de la Policía
Nacional, Juan Carlos «El tigre» Bonilla, negó rotundamente los
señalamientos del narcotraficante «El Rojo» en la Corte de Nueva York,
al catalogarlo como hombre de confianza que trabajaba bajo las órdenes
de «Tony» Hernández.
En ese sentido, Bonilla respondió que «Es sorprendente. Están
manipulando y manejando una situación tan complicada y compleja como es
ese juicio. En lo particular, no tengo nada que aclarar».
De igual forma, dijo que le llamó la atención que un testigo lo involucre como un hombre de confianza del actual mandatario del país o de su hermano. «Rechazo categóricamente la relación de confianza que dicen que tenía de su persona. Un sub-alterno no puede tener una relación cercana con un presidente», aseveró.
A juicio de Bonilla, durante el período presidencial de Juan Orlando Hernández, todavía no fungía como director general de la institución. «Fui director en el periodo 2011-2013 luche frontalmente contra las estructuras criminales dentro y fuera de la institución policial».
Por lo anterior, reiteró: «Niego, categóricamente, esa relación y aclaró a la sociedad hondureña. No tengo dos caras. No tengo ninguna relación directa o indirecta con ‘Tony’ Hernández y el presidente».
Del mismo modo añadió que él renunció de su puesto al no estar de
acuerdo con «como se estaba manejando la Policía Nacional en ese momento
cuando estaba de ministro Arturo Corrales, varias cosas que en su
momento saldrán a la luz».
«No soy de los que sirven a una persona, sino a la sociedad. Con los únicos que tengo confianza son mis padres, que ya murieron. Me dediqué a trabajar como corresponde», aseguró el exdirector de la Policía.
En el listado de políticos publicados ayer por la fiscalía
de EEUU dos nombres pasarían desapercibidos si uno hoy no hubiera sido
mencionado por alias “El Rojo” y otro mencionado en la libreta de un
agente de la DEA durante el interrogatorio al narcotraficante Miguel
Valle.
En la audiencia de hoy Víctor Hugo Díaz Morales, que lleva 17 meses en prisión por narcotráfico, involucró en su declaración al diputado Juan Carlos Valenzuela quien hace poco meses se indignó en el hemiciclo legislativo exigiendo pruebas de que en el Congreso Nacional existían diputados narcotraficantes.
Reynaldo Ekonomo aparece en la libreta compartida por la cadena Telemundo como la mano derecha de Juan Orlando Hernández durante una reunión de mafiosos en Sudáfrica durante el mundial de fútbol.
Los dos personajes antes mencionados se desempeñan como diputados en funciones sin que la fiscalía hondureña proceda de oficio a investigar sus patrimonios y sus vínculos con los carteles de la droga más grandes del mundo.
MACCIH involucra a Ana García al Caso Pandora31 Julio, 2019En «¡COMPARTE!»
Piden incautar bienes de Ana Garcia de Hernandez1 Agosto, 2019En «Honduras»
JOH busca eludir señalamiento de fiscal federal por dinero del Chapo; apunta contra Mel
2 octubre, 2019
Redacción ConfidencialHN
TEGUCIGALPA, HONDURAS
El Ejecutivo nacionalista negó hoy que el fiscal federal Reichman haya dicho en el juicio de Juan Antonio Hernández que el capo mexicano Joaquín el Chapo Guzmán le haya dado un millón de dólares.
Mediante un comunicado, se denunció una supuesta campaña de desinformación de algunos medios luego que el acusador federal dijera al jurado que el imputado recibió de manera personal de Guzmán la fuerte suma de dinero que luego fue entregada al inquilino de Casa Presidencial.
Aprovecharon la coyuntura para cargar contra el expresidente Manuel Zelaya ya que en 2006 llegó al aeropuerto de Toncontín una aeronave procedente de México.
Según el pronunciamiento oficial, tanto el Chapo como sus otros compinches se enfrentaron al «valiente gobierno» que dirige Hernández ya que logró enviar a EE.UU. a capos de la droga.
La revelación del fiscal federal Reichman es un fuerte golpe al régimen nacionalista y al propio Hernández, sobre quien penden señalamientos de vínculos con el narcotráfico y delincuencia organizada.
El juicio contra el exlegislador nacionalista inició el miércoles en el tribunal federal de Manhattan luego que el juez Kevin Castel nombrara el jurado que al cierre del proceso emitirá su veredicto que apunta a una larga condena de prisión.
El señalado afronta varias acusaciones por movilizar toneladas de cocaína hacia el país del norte, así como el uso de armas para resguardar los cargamentos de estupefacientes, en contubernio con altos funcionarios de seguridad y defensa.
El Ejecutivo nacionalista negó hoy que el fiscal federal Reichman haya dicho en el juicio de Juan Antonio Hernández que el capo mexicano Joaquín el Chapo Guzmán le haya dado un millón de dólares.
Mediante un comunicado, se denunció una supuesta campaña de desinformación de algunos medios luego que el acusador federal dijera al jurado que el imputado recibió de manera personal de Guzmán la fuerte suma de dinero que luego fue entregada al inquilino de Casa Presidencial.
Aprovecharon la coyuntura para cargar contra el expresidente Manuel Zelaya ya que en 2006 llegó al aeropuerto de Toncontín una aeronave procedente de México.
Según el pronunciamiento oficial, tanto el Chapo como sus otros compinches se enfrentaron al «valiente gobierno» que dirige Hernández ya que logró enviar a EE.UU. a capos de la droga.
La revelación del fiscal federal Reichman es un fuerte golpe al régimen nacionalista y al propio Hernández, sobre quien penden señalamientos de vínculos con el narcotráfico y delincuencia organizada.
El juicio contra el exlegislador nacionalista inició el miércoles en el tribunal federal de Manhattan luego que el juez Kevin Castel nombrara el jurado que al cierre del proceso emitirá su veredicto que apunta a una larga condena de prisión.
El señalado afronta varias acusaciones por movilizar toneladas de cocaína hacia el país del norte, así como el uso de armas para resguardar los cargamentos de estupefacientes, en contubernio con altos funcionarios de seguridad y defensa.
Publicado el 4 Octubre, 2019
De igual forma, dijo que le llamó la atención que un testigo lo involucre como un hombre de confianza del actual mandatario del país o de su hermano. «Rechazo categóricamente la relación de confianza que dicen que tenía de su persona. Un sub-alterno no puede tener una relación cercana con un presidente», aseveró.
A juicio de Bonilla, durante el período presidencial de Juan Orlando Hernández, todavía no fungía como director general de la institución. «Fui director en el periodo 2011-2013 luche frontalmente contra las estructuras criminales dentro y fuera de la institución policial».
Por lo anterior, reiteró: «Niego, categóricamente, esa relación y aclaró a la sociedad hondureña. No tengo dos caras. No tengo ninguna relación directa o indirecta con ‘Tony’ Hernández y el presidente».
«No soy de los que sirven a una persona, sino a la sociedad. Con los únicos que tengo confianza son mis padres, que ya murieron. Me dediqué a trabajar como corresponde», aseguró el exdirector de la Policía.
El juicio de Tony: Mencionan a Roberto Ordóñez y Miguel Pastor por posibles nexos con narcos
TEGUCIGALPA, HONDURAS
El exsecretario de Obras Públicas Miguel Pastor y su sucesor Roberto Ordóñez fueron mencionados hoy en un tribunal federal de Nueva York mediante documentación presentada por la físcalía, según informó el periodista norteamericano Jeff Ernst.
El comunicador dijo a través de Twitter que si bien no ha sido mencionado el actual secretario de la Presidencia, Ebal Díaz, aparecieron los nombres de ambos líderes nacionalistas, quienes ya son oficialmente sujetos de interés para la justicia norteamericana.
«La corte presentó un listado al jurado de nombres que seran mencionados durante el juicio. No está incluido Ebal Díaz, pero sí Roberto Ordóñez y Miguel Pastor, por lo cual podria ser que uno de ellos es CC-5», indicó.
Esta revelación da otro giro al juicio que deberá iniciar este miércoles y que será presidido por el juez federal Kevin Castel, quien instruyó que los debates y deliberaciones duren entre 10 y 12 días que concluirá con una sentencia y que se da por descontado que será condenatoria contra Hernández.
Con relación a la condena, se prevé que oscile entre los 10 años de cárcel y cadena perpetua ya que conspiró para introducir drogas a EE.UU.
Entre los testigos que participarán en el proceso están Víctor Hugo el Rojo Diaz Morales, Alexander Chande Ardón y el agente especial de la DEA Sandalio González, entre otros.
En el caso de Pastor, se encuentra bajo prisión preventiva ya que la MACCIH lo imputó en la trama Narcopolítica por haber permitido el blanqueo de capitales del cártel los Cachiros mediante contratos de infraestructura.
Ordóñez funge en la actualidad como secretario de Energía y es la mano derecha del titular del Ejecutivo nacionalista Juan Orlando Hernández; fue retirado del requerimiento que fue presentado en el juzgado anticorrupción en el marco de la causa que fue presentada hace varios meses.
Resulta que sobre este funcionario penden acusaciones por abuso de autoridad, cohecho pasivo impropio y lavado de dinero, según un documento de asistencia judicial elaborada en su momento por la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) y que está en el escritorio del fiscal general Óscar Chinchilla, quien se ha resistido a imputarlo.
El exsecretario de Obras Públicas Miguel Pastor y su sucesor Roberto Ordóñez fueron mencionados hoy en un tribunal federal de Nueva York mediante documentación presentada por la físcalía, según informó el periodista norteamericano Jeff Ernst.
El comunicador dijo a través de Twitter que si bien no ha sido mencionado el actual secretario de la Presidencia, Ebal Díaz, aparecieron los nombres de ambos líderes nacionalistas, quienes ya son oficialmente sujetos de interés para la justicia norteamericana.
«La corte presentó un listado al jurado de nombres que seran mencionados durante el juicio. No está incluido Ebal Díaz, pero sí Roberto Ordóñez y Miguel Pastor, por lo cual podria ser que uno de ellos es CC-5», indicó.
Esta revelación da otro giro al juicio que deberá iniciar este miércoles y que será presidido por el juez federal Kevin Castel, quien instruyó que los debates y deliberaciones duren entre 10 y 12 días que concluirá con una sentencia y que se da por descontado que será condenatoria contra Hernández.
Con relación a la condena, se prevé que oscile entre los 10 años de cárcel y cadena perpetua ya que conspiró para introducir drogas a EE.UU.
Entre los testigos que participarán en el proceso están Víctor Hugo el Rojo Diaz Morales, Alexander Chande Ardón y el agente especial de la DEA Sandalio González, entre otros.
En el caso de Pastor, se encuentra bajo prisión preventiva ya que la MACCIH lo imputó en la trama Narcopolítica por haber permitido el blanqueo de capitales del cártel los Cachiros mediante contratos de infraestructura.
Ordóñez funge en la actualidad como secretario de Energía y es la mano derecha del titular del Ejecutivo nacionalista Juan Orlando Hernández; fue retirado del requerimiento que fue presentado en el juzgado anticorrupción en el marco de la causa que fue presentada hace varios meses.
Resulta que sobre este funcionario penden acusaciones por abuso de autoridad, cohecho pasivo impropio y lavado de dinero, según un documento de asistencia judicial elaborada en su momento por la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) y que está en el escritorio del fiscal general Óscar Chinchilla, quien se ha resistido a imputarlo.
Publicado el 3 Octubre, 2019
En la audiencia de hoy Víctor Hugo Díaz Morales, que lleva 17 meses en prisión por narcotráfico, involucró en su declaración al diputado Juan Carlos Valenzuela quien hace poco meses se indignó en el hemiciclo legislativo exigiendo pruebas de que en el Congreso Nacional existían diputados narcotraficantes.
Reynaldo Ekonomo aparece en la libreta compartida por la cadena Telemundo como la mano derecha de Juan Orlando Hernández durante una reunión de mafiosos en Sudáfrica durante el mundial de fútbol.
Los dos personajes antes mencionados se desempeñan como diputados en funciones sin que la fiscalía hondureña proceda de oficio a investigar sus patrimonios y sus vínculos con los carteles de la droga más grandes del mundo.
Cómo entró la DEA a Honduras para perseguir el narcotráfico y hasta el hermano del presidente acabó detenido
Este miércoles
comienza en Nueva York un juicio por narcotráfico que afecta a
políticos, policías y militares supuestamente corruptos en Honduras. Al
igual que otros casos de drogas que involucraron a los famosos carteles
en Colombia y México, este último caso revela cómo las autoridades
locales de este país centroamericano fueron incapaces de enfrentarse a
los narcos. En cambio, se dejó su lucha a la DEA.
Por: David C.Adams y Jeff Ernst/Univisión
TEGUCIGALPA.- El general
Leandro Osorio dice que sus problemas comenzaron el 31 de enero de 2014
cuando lo enviaron a allanar un laboratorio de drogas en la pequeña
aldea montañosa de Iguala en la occidental provincia de Lempira, en
Honduras.
En la neblina de la madrugada, su unidad especial de investigación policial sorprendió a dos colombianos apenas despiertos, los arrestó y confiscó varias armas y 6,000 plantas de marihuana y heroína. Dos meses después, Osorio dijo que se enteró de que los colombianos habían sido liberados
después de la intervención de un influyente abogado de la cercana
ciudad de Gracias llamado Juan Antonio ‘Tony’ Hernández, e inmediatamente huyeron del país.
A pesar de trabajar para un pequeño
bufete provincial, Hernández no era un abogado cualquiera. También era
miembro del congreso y hermano del presidente hondureño Juan Orlando
Hernández. «Qué casualidad. No sé cómo los sacó, por arte de magia»,
dice Osorio, de 55 años.
Hernández es sometido a juicio en
la corte federal de Nueva York desde este miércoles acusado de ser un
«importante narcotraficante violento» que sobornó a altos funcionarios hondureños para contrabandear con tranquilidad envíos de cocaína de varias toneladas, y
presuntamente obtuvo influencia política tras invertir millones de
dólares en las campañas electorales de los candidatos gobernantes del
Partido Nacional, incluyendo las de su hermano.
Tony Hernández se declaró inocente de los cargos.
El presidente Hernández, quien es un co-conspirador no acusado en el
caso, también ha negado rotundamente cualquier relación con el dinero
ilícito procedente de las drogas.
La redada en el laboratorio de drogas
de 2014 fue sólo uno de los numerosos ejemplos de cómo los políticos
hondureños intervinieron en casos criminales relacionados con
narcotraficantes desde hace varias décadas, frustrando el trabajo de un
honesto equipo de policías, militares y fiscales que arriesgaron sus
carreras, y a menudo sus vidas, para combatir el narcotráfico. Como
resultado, la corrupción del narcotráfico anduvo rampante durante años y el poder judicial hondureño no pudo procesar ni un sólo caso importante de narcotráfico.
En el caso de Tony Hernández, los fiscales estadounidenses dicen que su participación en el narcotráfico comenzó a principios de 2004. Pero
nunca enfrentó cargos en Honduras a pesar de la creciente evidencia
recopilada por funcionarios hondureños, según múltiples fuentes de las
fuerzas del orden hondureñas que hablaron con Noticias Univision.
Al final, la policía estadounidense se
vio obligada a intervenir y hacerse cargo de enjuiciar a los presuntos
traficantes, como Tony Hernández, quien finalmente fue arrestado en
Miami en noviembre pasado.
El general Leandro Osorio, 55, fue jefe de la unidad de investigaciones especiales de la policía hondureña (DNIC) de 2012-2015. Crédito: David Adams/Univision
Esfuerzos de EEUU
«Este juicio es la culminación de mucho trabajo duro por parte de mucha gente», dijo el ex embajador de Estados Unidos, James Nealon,
quien prestó servicios en Honduras desde 2014 a 2017 en un momento en
que se estaban acelerando los esfuerzos estadounidenses en la lucha
contra el narcotráfico.
«Se ha hecho el esfuerzo paralelo de
intentar fortalecer las instituciones hondureñas para que, en el futuro,
los casos de corrupción y narcotráfico puedan llevarse a juicio en
Honduras, como hemos comenzado a ver», añadió, refiriéndose a una gran
cantidad de nuevos casos de corrupción que están siendo manejados por fiscales en Honduras, con el respaldo internacional de
la Organización de los Estados Americanos (OEA). En el caso de Osorio,
su carrera fue cuesta abajo después de la redada en el laboratorio.
Dos meses más tarde lo sacaron de la unidad de investigación, sin ninguna explicación. «Me pusieron en otra oficina, prácticamente como un adorno, sin una secretaria», le dijo a Noticias Univision.
Se vio obligado a jubilarse
prematuramente el año pasado como parte de una purga y reestructuración
de la policía respaldada por Estados Unidos, a la cual muchos le
atribuyen la limpieza de la fuerza, aunque nunca fue acusado de ningún
delito. También lo despojaron de su visa estadounidense, lo que indica que los funcionarios estadounidenses ya no confiaban en su honestidad.
Pero mantiene que cualquier mancha en
su historial no es nada en comparación con lo que otros a su alrededor
estaban haciendo. Al igual que muchos otros funcionarios, dijo que fue
víctima de una cultura política que obligaba a los funcionarios a
archivar los casos y guardar silencio, o arriesgarse a ser asesinados.
En diciembre de 2009, Julián Arístides González,
el zar antinarcóticos de Honduras que algunos llamaban ‘la última gran
esperanza’, fue asesinado en una emboscada en las calles de la capital,
Tegucigalpa. Se cree que el asesinato lo llevaron a cabo agentes de policía contratados por políticos y narcotraficantes, aunque el caso sigue sin resolverse oficialmente.
Y dos años después, Alfredo Landaverde, asesor de seguridad y lucha contra el narcotráfico, también fue asesinado cuando unos sicarios en motocicleta le dispararon dentro de su automóvil en
las afueras de Tegucigalpa. Según los investigadores, la evidencia en
su caso, que todavía está bajo investigación, también ha implicado a
importantes generales, políticos y narcotraficantes.
«Aquí la clase política ha estado involucrada en el crimen organizado. Nadie
se metía con los narcos en este país», dijo Osorio. «Aquí los narcos
tenían un mando a nivel nacional. Si alguien se metía con ellos,
enseguida lo desaparecían», añadió.
Noticias Univision entrevistó a seis
ex altos funcionarios policiales y militares, y otros dos aún en
servicio activo, incluyendo tres generales y dos coroneles, quienes
contaron historias similares sobre investigaciones infructuosas debido a
la interferencia política.
«Tocó las estructuras no sólo de las Fuerzas Armadas, también la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, jueces y todo. Es
una estructura enorme y grande que coludió todas las autoridades de
nuestro país», dice Santos Rodríguez, un ex capitán del ejército
hondureño de 45 años que participó en las misiones antidrogas.
Fue suspendido de las fuerzas armadas y luego dado de baja deshonrosa después de haber estado involucrado en la incautación en 2014 de un helicóptero vinculado a Tony Hernández.
Funcionarios estadounidenses dicen que
él mismo era sospechoso de corrupción relacionada con el narcotráfico,
pero nunca fue acusado.
Rodríguez ha luchado por limpiar su
nombre, alegando que lo están castigando para encubrir la corrupción
política. «Se reportaba de las actividades de diputados, de ministros y
todo eso a lo que se dedicaban, y las Fuerzas Armadas nunca tomó las
riendas del problema», dijo.
Irónicamente, una de las principales
fuentes de información provino de ayudantes y los escoltas de seguridad
militares y policiales, que viajaban por el país con los políticos.
El
excapitán del ejército hondureño, Santos Rodríguez Orellana, participó
en las misiones antidrogas. Fue suspendido de las fuerzas armadas y
luego dado de baja deshonrosa después de haber estado involucrado en la
incautación en 2014 de un helicóptero vinculado a Tony Hernández. Crédito: Univision
«La milla extra»
Un oficial en servicio activo, quien
pidió permanecer en el anonimato, recordó haber estado en el terreno
realizando patrullaje antidrogas sin los recursos adecuados y tener que
pedir prestados alimentos a los agricultores locales.
«Queríamos hacer la milla extra y
hacer más operaciones de lo que esperaban de nosotros», dijo. «Enviamos
informes. Nunca pasó nada. Siempre se quedó en el aire. Los informes se
engavetaron», añadió.
Describió cómo otros policías lo tentaron con sobornos. » Me ofrecieron $150,000 por mirar hacia otro lado durante 15 minutos», dijo. «Capturamos a un mexicano una vez y nos ofreció $1 millón», añadió.
«Podía haber sido millonario y un gran
terrateniente. Pero eso nunca me interesó. Me criaron con principios.
La paz que tengo en este momento no tiene precio», explicó.
También dijo que tuvo problemas en su carrera cuando comenzó a descubrir indicios que vinculaban a Tony Hernández y otros políticos locales con narcotraficantes en la remota región de La Mosquitia en el este de Honduras en la costa atlántica.
Gran parte de sus esfuerzos fueron
inútiles. Dos oficiales describieron que se destruyeron decenas de
pistas de aterrizaje clandestinas con explosivos, pero que eran
reparadas en cuestión de días por equipos de hombres armados con
motosierras que cortaban troncos de pino y rellenaban los cráteres con
sacos de tierra.
Una área clandestina de aterrizaje conocida como ‘narco pista’ en el departamento de Gracias a Dios, en el este de Honduras.
Crédito: FUSINA (Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional)
Crédito: FUSINA (Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional)
Sin embargo, en los últimos años dijeron que las
operaciones mejoraron con la ayuda de informantes locales y la
inteligencia proporcionada por la Agencia de Control de Drogas de
Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) que brindó inteligencia.
Tasa de homicidios
Los funcionarios estadounidenses
comenzaron a darse cuenta de que tenían un gran problema en sus manos
cuando la tasa de asesinatos se disparó en Honduras durante la primera
administración de Barack Obama (2009-2013).
Para 2011, la tasa de homicidios alcanzó un máximo histórico de 86.5 por cada 100,000 habitantes, lo que convirtió a Honduras en el país más violento del mundo.
Exalcalde hondureño será testigo en el caso de narcotráfico contra el hermano del presidente Hernández
En enero de 2012, funcionarios
estadounidenses y hondureños, entre ellos Juan Orlando Hernández, quien
entonces era presidente del congreso hondureño, se reunieron
discretamente en Miami para elaborar un acuerdo que permitiría, por
primera vez, extraditar a ciudadanos hondureños de su propio país a Estados Unidos.
Pocos días después, tras una votación a
mano alzada a puerta cerrada, el congreso hondureño aprobó una reforma
al artículo 102 de la Constitución para permitir la extradición de
personas acusadas de narcotráfico, terrorismo u otras formas de crimen
organizado.
Funcionarios hondureños niegan haber
sido presionados para que accedieran al acuerdo. «No creo que Estados
Unidos tenga que presionar mucho a Honduras. Si Estados Unidos le dice a
Honduras que quiere que se haga algo, Honduras no tiene mucha
alternativa», dijo Patricio Navia, profesor de estudios latinoamericanos
de la Universidad de Nueva York, a quien los fiscales listan como
testigo experto en el juicio de Nueva York.
«Cuando Estados Unidos les dice a algunos países latinoamericanos que hagan algo, hay algunos que no pueden decir que no y Honduras es uno de esos».
El involucramiento de Estados Unidos en Honduras tiene raíces profundas que se remontan a los primeros días de la llamada ‘ República Bananera’, cuando las compañías estadounidenses controlaban grandes plantaciones en la costa norte.
En la década de 1980, Estados Unidos
financió una contrainsurgencia secreta contra el régimen izquierdista
sandinista, encabezado por Daniel Ortega, en la vecina Nicaragua
Acuerdo con la DEA
Después de que entró en vigor el
acuerdo de extradición, las ruedas de la justicia finalmente comenzaron a
moverse. El 8 de octubre de 2012, Estados Unidos y Honduras firmaron un
acuerdo secreto para crear una ‘Unidad de Investigación Sensible’, o SIU (por sus siglas en inglés) en Honduras.
El programa le permite a la DEA investigar y capacitar personal policial y militar local para su uso en operaciones enfocadas en narcotraficantes y carteles.
Se crearon otras unidades especiales para combatir el secuestro y la extorsión, así como un Grupo de Operaciones Especiales Tácticas (GOET) respaldado por el FBI con una sofisticada tecnología de escuchas electrónicas para escuchar las llamadas telefónicas.
En
2012, Estados Unidos y Honduras crearon unidades especiales para
combatir el secuestro y la extorsión, así como un Grupo de Operaciones
Especiales Tácticas respaldado por el FBI con una sofisticada tecnología
de escuchas electrónicas para escuchar las llamadas telefónicas.
Elaboraron un plan de acción, titulado: «Plan de Operaciones para el
2013 de las unidades verificadas policiales apoyadas por el gobierno de
los Estados Unidos de América».
La DEA le atribuye a la SIU haber logrado algunas de sus mayores redadas. En Honduras los resultados fueron de gran alcance.
En septiembre de 2013, el Departamento
del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones bajo la Ley para la
Designación de Cabecillas del Narcotráfico en el Extranjero (conocida
como Ley Kingpin) contra la familia criminal de Los Cachiros, incluyendo a los hermanos Javier Eriberto Rivera Maradiaga y Devis Leonel Rivera Maradiaga. Las sanciones provocaron que los hermanos se entregaran la DEA en enero de 2015.
Posteriormente ese mismo mes, Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo,
fue capturado por la DEA en Haití y luego extraditado a Estados Unidos
para que enfrentara cargos de narcotráfico. Más tarde se declaró
culpable y fue sentenciado a 24 años de prisión.
Fue acusado de utilizar su posición de
privilegio político para actuar como intermediario entre la familia
criminal de Los Cachiros y otros altos funcionarios gubernamentales que
se confabularon para concederles contratos gubernamentales a las
empresas ficticias de lavado de dinero de Los Cachiros, presuntamente
como pago por contribuciones y favores realizados durante la campaña
electoral de 2009.
Luego vinieron más casos. Desde el 2014 a la fecha, 25 hondureños vinculados a la narcoactividad han sido extraditados hacia Estados Unidos y al menos una docena más se entregó por voluntad propia.
A finales del año pasado, la tasa de
homicidios había caído a 41.4 por 100,000 habitantes, menos de la mitad
de la tasa máxima siete años antes, aunque todavía era una de las tasas
más altas del mundo.
‘El Tigre’
El ex jefe de la Policía Nacional, el general Juan Carlos Bonilla,
le dijo a Noticias Univision que el papel de Estados Unidos era clave.
«Ese momento fue un parteaguas,» dijo. «Llegó el momento oportuno cuando
ya de una manera sincronizada articulada con el Departamento de Estado,
con la DEA y un apoyo total de la embajada americana y de Colombia y
México hicimos trabajos en conjunto con las autoridades del país», dijo.
«Sí es importante saber que se había
hecho caso omiso a este flagelo y pareciera o parecía que había un
contubernio. Y ese contubernio, pues, llegó a su fin… Como yo dije una
vez, esto no va a ser su territorio», añadió.
Bonilla, conocido como ‘El Tigre’, dijo que la DEA tuvo acceso a los archivos policiales y de inteligencia de
Honduras, incluyendo todos los informes ignorados sobre presuntos
traficantes y sus amigos políticos. «Todos los informes fueron a la DEA.
Lo recibieron todo», dijo.
El
ex jefe de la Policía Nacional, el general Juan Carlos ‘El Tigre’
Bonilla, le dijo a Univisión que el papel de Estados Unidos era clave en
la lucha antinarcótica en Honduras. Bonilla dijo que la DEA tuvo acceso
a los archivos policiales y de inteligencia de Honduras, incluyendo
todos los informes ignorados sobre presuntos traficantes y sus amigos
políticos.
Todo eso tuvo una conclusión de gran
alcance en octubre de 2016 cuando funcionarios estadounidenses le
informaron al presidente Hernández que su hermano era objeto de una investigación de la DEA. Unos
días después, Tony Hernández voló a Miami para reunirse con
funcionarios de la DEA como parte de una entrevista voluntaria. Más
tarde se reveló que durante la entrevista, Hernández negó haber conocido
a la familia de Los Cachiros, a pesar de que se le mostró en video la
prueba de un encuentro.
Pero los funcionarios estadounidenses
aparentemente carecían de los documentos legales que necesitaban para
arrestarlo en el acto. Hernández regresó a Honduras y proclamó su
inocencia.
Durante dos años, Hernández permaneció
en libertad en Honduras, aunque renunció al congreso en 2017. Sin
embargo, su hermano diseñó una reforma constitucional para postularse
exitosamente a la reelección, lo cual provocó violentas protestas
callejeras.
Quizás envalentonado por la supremacía
política de su hermano, y aparentemente ajeno a su claro riesgo legal,
Tony Hernández regresó a Miami en noviembre de 2018.
En esta ocasión su recepción fue diferente. Las
evidentes mentiras que Hernández contó ese día resultaron en un cargo
adicional de «falsas declaraciones a funcionarios federales» en su acusación.
Las llaves del reino
El arresto de su hermano ha puesto al
presidente Hernández en una situación difícil. Si la evidencia en el
juicio demuestra que su campaña recibió dinero procedente de las drogas,
como se alega, su futuro político podría verse en peligro. Incluso podría ser enjuiciado algún día, aunque goza de inmunidad mientras esté en el cargo.
El presidente Hernández señala sus logros en el cargo, entre ellos l a reducción de la tasa de homicidios de Honduras y la purga de 5,600 policías corruptos, incluyendo el 47% de todos los altos funcionarios.
«Por mi lucha contra el crimen
organizado, soy sujeto a atentados y ahora a una campaña sucia de
desprestigio liderada por narcotraficantes, mareros (pandilleros),
policías corruptos y depurados, asesinos confesos, empresarios coludidos
que financian a estos criminales y hasta políticos», dijo en un
discurso a las Naciones Unidas la semana pasada. La oficina del
presidente no respondió a una solicitud de entrevista con Univision.
Su cooperación con Estados Unidos es un arma de doble filo, dijo Eric Olson,
un experto en Centroamérica del Wilson Center en Washington DC. «Quizás
entregó las llaves del reino», dijo, refiriéndose a la aplicación de
los esfuerzos anticorrupción, incluyendo la extradición. «Todo esto
puede resultarle contraproducente», dijo.
La semana pasada, Hernández obtuvo una
gran victoria cuando el presidente Donald Trump le estrechó la mano en
las Naciones Unidas y lo elogió por hacer un trabajo «fantástico» después de firmar un acuerdo de asilo diseñado para ayudar a Estados Unidos a reducir el flujo de inmigrantes.
Los
presidentes de Honduras y Estados Unidos firmaron un acuerdo de asilo
durante la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre
de 2019. Crédito: Twitter: @DHSMcAleenan
Pero Olson, y otros, se preguntan si
ese apretón de manos podría convertirse en una vergüenza para Trump
conforme se comience a escuchar la evidencia a poca distancia de la ONU
en el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York.
«Él [Juan Orlando Hernández] se ha
arriesgado cada vez más, una de sus únicas protecciones es seguir
cooperando con Estados Unidos. Si le da la espalda a Estados Unidos, es
un muerto viviente».
