Publicado el 1 Octubre, 2019
Según se ha informado durante los últimos meses, mañana el fiscal federal estaría presentando todos los medios probatorios que dan por hecho que Tony Hernández (TH), cometió los delitos que se le imputan.
Tony Hernández, de 41 años de edad, se declaró inocente de los delitos que se le imputan, y si es declarado culpable, podría enfrentar cadena perpetua.
Además, se está a la especulativa de quienes más podrían salir involucrados en la causa imputada a Tony Hernández, ya que en los últimos días, circuló un documento (que serviría como medio probatorio), en el que involucra al actual presidente de Honduras Juan Orlando Hernández y a otros colaboradores de su gabinete de gobierno por haber utilizado dinero de las drogas para ganar las elecciones del año 2013 y 2017, y que además, ofrecieron protección a los narcotraficantes que lo apoyaron.
El presidente Hernández no ha sido acusado en el caso, y los fiscales no usan su nombre en los documentos de la corte; no obstante, lo etiquetan solo como CC-4, es decir, por co-conspirador N°4.
Pese a que no dice su nombre directamente (el del presidente), no cabe menor duda que es a él que se refieren, ya que el documento de la corte, cita: “CC-4 fue elegido presidente de Honduras a fines del 2013”.
Por su parte, Juan Orlando Hernández, ha negado enérgicamente cualquier participación en los delitos de drogas.
El mandatario atribuyó que tales acusaciones en su contra, provienen de una supuesta “venganza” de los traficantes que se oponen a sus fuertes políticas antidrogas.
Todos los hondureños saben que hemos liderado una batalla sin precedentes para liberar al país del control de los narcotraficantes”, dijo Juan Orlando Hernández el 3 de agosto, en respuesta a informes de prensa sobre el memorándum de los fiscales.
En los últimos años, los fiscales federales han acusado al menos siete oficiales de la Policía Nacional de Honduras; a Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa; a varios miembros de la familia Rosenthal; a dos ex alcaldes; a congresistas hondureños (incluido Tony Hernández).
Los fiscales en su reciente presentación, dijeron que el presidente, su hermano y otros conspiradores “confiaron en las ganancias de las drogas para financiar campañas del Partido Nacional y otras operaciones políticas, para controlar grandes sectores del gobierno hondureño, para sobornar a funcionarios que ayudaron a garantizar un paso seguro por su cocaína y en un esfuerzo por protegerse del escrutinio policial en Honduras y en otros sectores”.
Los fiscales señalaron en los documentos que Hernández “fue elegido presidente basado al menos en parte en los ingresos del narcotráfico”.
Pruebas en juicio contra Tony Hernández, podría tener graves repercusiones para JOH
- 30/09/2019
Tony Hernández, abogado, ex diputado y hermano de JOH fue detenido en Miami.
Este
miércoles 2 de octubre inicia el juicio contra Antonio Hernández, hermano de
Juan Orlando Hernández, en una corte norteamericana. El exdiputado del partido
Nacional, es acusado por varios delitos, entre ellos: narcotráfico, tráfico de
armas y conspiración contra el Estado norteamericano por la colaboración e
ingreso de drogas a gran escala.
El panorama, según analistas en materia jurídica, es gris para Tony, y no solo para él, sino también para su hermano Juan Orlando Hernández, quien puede ser mencionado durante el juicio, a través de las pruebas que la fiscalía estadounidense presente contra el imputado.
Según han informado autoridades estadounidenses, el juicio duraría de tres a cuatro semanas, y arrancará con el nombramiento del jurado, que, por petición oficial, se solicitó fuera anónimo, para así evitar intentos de soborno, o en el peor de los casos, poner en riesgo su integridad. La medida se ha tomado por el grado de peligrosidad, del que consideran tiene Tony Hernández. La medida también se había considerado en otro caso a gran escala, como lo fue el del Chapo Guzmán.
El segundo día de juicio, es decir, el jueves 3 de octubre, se le consultará al imputado Tony Hernández, si se declara culpable o inocente, en el proceso pasado, en este caso, Hernández, dijo que es inocente e incluso su representación legal afirmó que la fiscalía no tenía pruebas contundentes en el caso.
Partiendo de la respuesta del imputado, se continuará con el desarrollo del juicio, lo que significa que, si Hernández dice que es culpable, el terreno de presentación de pruebas será menos árido que si el imputado se declara culpable, pues en ese caso, la fiscalía deberá presentar toda la prueba documental y testifical que sostengan las acusaciones contra el exdiputado hondureño.
“Se debe siempre respetar la presunción de inocencia, pero el juicio y la decisión del jurado sobre el caso, será en función de las pruebas presentadas. Si Hernández se declara culpable o lo encuentran culpable, la pena podría ir en más de 20 años por delito o quizá un panorama peor de acuerdo a la legislación de Estados Unidos”, valoró el caso el abogado penalista, Marco Zelaya.
Para Zelaya, el país estará en total expectativa por lo que suceda en el juicio, pues no se descarta que las pruebas que se presenten durante el juicio puedan involucrar a más personajes, entre ellos presidente Juan Orlando Hernández, quien ostenta la titularidad del Poder Ejecutivo, de forma ilegal.
Zelaya dice que perfectamente, de acuerdo a las pruebas se puede abrir un proceso legal contra los mencionados y esto también podría generar un fuerte impacto social y político en el país, por tal razón hay suspenso y expectativa en todos los sectores de Honduras.
Entre tanto, el abogado Keneth Madrid, dice que este juicio abre una nueva etapa en lo que respecta a la situación social que vive el país en este momento, y que el resultado de las pruebas que plantee la fiscalía contra Tony Hernández, puede presionar para que se abra de inmediato un proceso judicial contra más involucrados.
Hasta la fecha se ha mencionado por la fiscalía a Juan Orlando Hernández, como conspirador en asuntos relacionados al tráfico de droga, esa conspiración consistió en recibir dinero del narcotráfico para su campaña política, todo a cambio de protección para varias estructuras criminales.
En varias entrevistas concedidas a medios de comunicación, Juan Orlando Hernández, ha dicho que esas acusaciones son falsas, que son emitidas por testimonios de delincuentes que, en venganza por no recibir el apoyo de él, han tomado la decisión de testificar mentiras. Hernández afirma que, confía en la justicia divina, y cree que su hermano saldrá bien librado de este juicio.
En el marco de este proceso Juan Orlando Hernández, inició una serie de visitas a Estados Unidos. En su última comparecencia a medios de comunicación hondureños, dijo que, ha sostenido reuniones para fomentar el lobby político con sectores de influencia y que son controlados por reconocidas figuras judías en esta nación.
En ese contexto, el abogado Tony García cree que hay preocupación en el gobierno hondureño, sobre todo en Juan Orlando Hernández, pues su principal amenaza, es la evidencia probatoria que puede involucrarlo en narcotráfico y de inmediato recibir una apertura de un expediente judicial en su contra.
El caso de Tony plantea tres escenarios: el primero es que, la fiscalía presente pruebas que lo involucren, ya sean cheques, grabaciones o documentos que obliguen a la justicia norteamericana a abrir una acusación formal.
El segundo, a criterio de Tony García, es que se presenten pruebas contundentes contra Juan Orlando Hernández, pero que la fiscalía conserve las pruebas y las presente hasta que Hernández culmine su periodo como presidente de Honduras.
Y el tercero, es que no haya pruebas y que, al culminar el juicio, quede absuelto de cualquier culpa, de acuerdo al nivel de pruebas que tiene la fiscalía de Estados Unidos.
Tony García considera que hay que mantener la expectativa, y también como sector opositor en el país, seguir presionando por la salida de estos personajes políticos, con vínculos en narcotráfico y corrupción.
La expectativa en Honduras es fuerte, y serán las próximas semanas en la medida que el juicio avance, las que indiquen cual será el destino de Tony Hernández y su hermano.
Octubre
será decisivo para los hondureños “Tony” Hernández, Fredy Nájera y Juan
Ramón Matta, presos en Estados Unidos quien los acusa de delitos
relacionados al narcotráfico. La ronda de juicios empieza con el hermano
de Juan Hernández el próximo miércoles.
Por
otro lado, el también exdiputado, Fredy Nájera se presenta este 10 de
octubre, acusado de narcotráfico, uso y posesión de armas de guerra.
Nájera se declaró culpable; no obstante, en varias ocasiones ha pedido a
los órganos judiciales que anulen su declaración y que se acepte su
inocencia para ir a juicio.
“Aunque
Hernández (Juan) aceptó el miércoles un acuerdo que permitirá que
Estados Unidos obligue a algunos migrantes a solicitar asilo en Honduras
—un pilar del plan de Trump para frenar la migración— los fiscales
federales se estaban preparando para presentar pruebas de que el
presidente hondureño era miembro de la conspiración de narcotráfico por
la que se acusó a su hermano”.
Lo anterior se lee en un artículo publicado recientemente por el periódico The New York Times, mismo que EL LIBERTADOR reproduce íntegramente.
Después
del arresto de Tony, participó voluntariamente en una entrevista
llevada a cabo por las autoridades estadounidenses. A pesar de que
Hernández Alvarado declaró haber viajado en ocasiones a los Estados
Unidos para realizar compras, admitió, en parte, que había viajado a
Houston para reunirse con Carlos González Macías después de una o más
reuniones previas en México, González Macías estaba involucrado en
«tratos» en México y Honduras, y Hernández Alvarado había platicado
sobre presentar a González Macías, un asociado o un ministro en Honduras
que pudiera facilitar un trato ya que el gobierno hondureño adeudaba
dinero en conexión con un contrato relacionado a construcción de
carreteras.
Expediente Público le dio seguimiento a Tradeco Infraestructura, una compañía que recientemente ganó una demanda millonaria al Estado de Honduras por 17.8 millones de dólares estadounidenses, unos 430.8 millones de lempiras, cantidad que el Estado de Honduras le debe pagar a la Sociedad Tradeco Infraestructura.
La orden de ingreso número 352-07 en contra del Estado hondureño por un acto de la desaparecida Secretaría de Obras Públicas y Transporte, ahora Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, Insep, fue resuelta a favor de la empresa.
El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo mandó “ajustar la petición presentada por la Sociedad Tradeco Infraestructura, liquidar la sentencia definitiva del 11 de noviembre de 2010. La resolución establece que el Estado está condenado a pagar por sobrecostos generados por equipo disponible ocioso, equipo y mano de obra inactivos, costos indirectos (gastos no recuperables por mayor permanencia en la obra), costos ocasionados por la falta de liberación de derecho de vía, intereses generados por atraso en el pago de las estimaciones, importe de la estimaciones números 25 y 26, devolución del fondo de garantía, intereses legales y comerciales que se generen durante el transcurso de la demanda, daño emergente.
La resolución señala también que “la ampliación del contrato que aumentó el valor de este en alrededor de 3.5 millones de dólares, llevaba implícito un aumento en costos indirectos del orden de 20% del valor del incremento, si se adopta el mismo porcentaje de contribución que arroja el desglose de costo indirecto presentado”. También que el demandante “subcontrató a varias empresas”.
Los trabajos debían finalizar el 31 de octubre de 2005. En ese periodo, Ricardo Maduro. Por parte del Partido Nacional, era presidente de Honduras y al frente de la Secretaría de Obras Públicas y Transporte, Soptravi, estaba Jorge Carranza Díaz.
Tradeco informó en el juicio que cuando el proyecto estaba en su fase final presentaron reclamo por el pago, de las que solo se les canceló una parte. La compañía informó a la Dirección General de Carreteras que suspendería los trabajos por falta de pago.
La Secretaría, liderada por Carranza en ese tiempo, alegó que el contratista (Tradeco) desde el inicio e injustificadamente retrasó la ejecución de la obra y en su oportunidad fue confirmado y avalado por el gerente del proyecto. «Las causas que incidieron en los retrasos del contratista fueron falta de liquidez, en los primeros 16 meses, el mayor tiempo de retraso en el pago de estimaciones fue de 18 días, en un caso de 30», explicó en el juicio Soptravi.
El Gobierno aseguró que Tradeco siempre estuvo sin fondos económicos suficientes para continuar la obra y, por si fuera poco, el supervisor de la obra afirmó: «El demandante abandonó injustificadamente el proyecto incurriendo en la causal de incumplimiento de contrato». Los supuestos incumplimientos de Tradeco no fueron suficientes para que Soptravi desvirtuara en el juicio lo que acordaron en la cláusula 19 del contrato, donde mencionaron que «el contratista podrá solicitar la rescisión o la cancelación de este contrato o suspender temporalmente los trabajos sin responsabilidad alguna de su parte si el Gobierno injustificadamente retrasara los pagos de las estimaciones mensuales».
En 2011, diputados federales, señalaron a varios funcionarios mexicanos implicados en la ola de corruptelas entre el gobierno federal y la empresa constructora Tradeco Infraestructura S.A.
Indicó que dichos funcionarios estaban colocados en estratégicos puestos relacionados con la adjudicación de la obra pública y con las respectivas auditorías, lo que permitió que dicha empresa acumulara contratos millonarios de las obras consideradas “emblemáticas” para el gobierno federal.
En ese caso, el gobierno de Honduras también podría enfrentar otra demanda por el Corredor Turístico que une a la carretera CA-5 norte con El Progreso, Yoro; Tela y La Ceiba, Atlántida, pero su construcción fue suspendida en 2018 debido a las protestas de las comunidades aledañas, por el impacto que tendría el pago del peaje.
Los trabajos en el Corredor Turístico están abandonados debido a los compromisos legales que debe cumplir el Gobierno con la empresa que manejaba la concesión y la definición de las obras a realizar. Las constructoras del proyecto se retiraron argumentando que el Estado ha incumplido con el contrato de Alianzas Público-Privadas (APP).
En 2013, la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada, Coalianza, adjudicó el proyecto al Consorcio Autopistas del Atlántico, de las constructoras CI Grodco de Colombia, CI Grodco de Panamá y Profesionales de la Construcción (Prodecon) de Honduras.
Las obras para ejecutarse son la ampliación y mantenimiento de 122.6 kilómetros de carretera que conectan importantes ciudades en el Litoral Atlántico de Honduras, donde se concentra gran parte de la actividad industrial, comercial y turística.
El proyecto involucra la construcción y administración por 30 años mediante la instalación de casetas de peaje en el tramo carretero, la Barca, Cortés, pasando por el Progreso, Tela, hasta la Ceiba Atlántida.
El Corredor Turístico está valorado en US$171 millones, más de 4 mil 131 millones de lempiras al tipo de cambio de moneda actual. En este proyecto, el banco estadounidense JP Morgan Chase “tiene una inversión importante, que ya está pidiéndole al Estado el pago de este, porque el mismo garantizó eso.
El contrato permitía a una concesionaria instalar peajes en el Corredor, con lo cual se financiarían las obras, pero en las protestas de finales del año pasado e inicios de este, los peajes fueron quemados y el Gobierno quedó obligado por el contrato a compensar económicamente al concesionario. Bajo ese argumento, la terminación de la concesión del denominado Corredor Turístico a la multinacional colombiana Autopistas del Atlántico S.A. (Adasa) podría costar al Estado hasta 90 millones de dólares, advierte la secretaria de Finanzas de Honduras.
La indagación tiene un avance importante, pero se encuentra bajo secretismo, en vista de que se trata de un caso de alto impacto que involucra a altos funcionarios del Estado que avalaron y suscribieron estos contratos.
En la desaparecida Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi) y en el Fondo Vial se suscribieron alrededor de 60 contratos de obras de construcción, conservación y mantenimiento de carreteras en diferentes regiones del país.
Los Cachiros y sus principales testaferros utilizaron para lavar millonarios fondos a través de este mecanismo de contratación con el Estado a las sociedades mercantiles Inmobiliaria Rivera Maradiaga S.A. de C.V. (Inrimar), Inversiones Acrópolis S.A. de C.V., Lutopas, Arqdico, Consultorías Mantenimientos y Servicios (Comssa) y Concretos del Norte S. de R.L.
En los expedientes investigativos consta que entre 2010-2013 a la sociedad Inrimar le adjudicaron contratos del proyecto denominado “Mantenimiento periódico y rutinario de la red vial no pavimentada”, que estaba a cargo del Fondo Vial y la Dirección General de Carreteras de Soptravi.
Entre los documentos secuestrados por la Ufecic sobresale el contrato FV-0004-2012, suscrito el 8 de febrero de 2012 con el entonces director ejecutivo del Fondo Vial, Hugo Ardón Soriano y Devis Leonel Rivera, gerente de Inmobiliaria Rivera Maradiaga, para el mantenimiento periódico y rutinario de los tramos de la red vial no pavimentada del sector 4 y 5 del departamento de Colón. El señor Hugo Ardón Soriano es hermano de Amílcar Alexander Ardón Soriano, ex alcalde de El Paraíso, Copán, localizado a 400 kilómetros de la capital de Honduras.
Ambos militantes del Partido Nacional son acusados por la Corte Federal de Manhattan por conspirar para traficar droga y usar armas de grueso calibre. Amílcar Alexander Ardón Soriano, es considerado por los Estados Unidos como el principal líder del cartel de los AA. Un documento reveló que fue uno de los narcos protegidos por Pepe Lobo y Juan Orlando Hernández Alvarado. Ahora se volvió uno de los principales testigos en el juicio contra Tony Hernández.
Bajo ese esquema, las autoridades del Fondo Vial, Soptravi y luego Insep pagaron a Inrimar contratos por el orden de 5.1 millones de dólares, desglosados de la siguiente forma: en 2010, un total de 564 mil dólares; en 2011, 2.6 millones dólares; en 2012, 261 mil dólares; en 2013, 784 mil dólares; 2014, 41 mil dólares, y en 2015, un aproximado de 900 mil dólares, este último se efectuó cuando los hermanos Javier Heriberto y Devis Leonel ya se habían entregado a la justicia estadounidense.
Incluso, Inrimar, la empresa nodriza de Los Cachiros, siguió recibiendo pagos del Gobierno aun después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos designara al clan Rivera Maradiaga como narcotraficantes, hecho que ocurrió en septiembre de 2013.
Las autoridades de la Enee concedieron los proyectos de construcción y mantenimiento de los campamentos base de los complejos hidroeléctricos de Patuca III en Olancho y del Valle del Aguán, en el departamento de Colón.
Los contratos fueron adjudicados a las sociedades Acrópolis S.A. de C.V., Comssa, Arqdico, Conor S. de R.L. y Lutopas, algunas de ellas administradas por personajes ligados a Los Cachiros, entre ellos, su apoderado legal Francisco Arturo Mejía, su esposa y un hijo; y socios de Comssa y Lutopas; Nohelia Mercedes Pacheco Murillo, accionista de Inrimar y Ardico, así como Irza Fane Pacheco Murillo y Nohelia Marina Murillo Figueroa, socias de Arqdico y Conor S. de R.L., todos ligados a Devis Leonel Rivera Maradiaga.
De esta forma, Acrópolis y Arqdico se encargaban de la construcción de las viviendas, clínicas y los edificios administrativos; Comssa manejaba el proyecto de mantenimiento y servicios generales del proyecto; Lutopa se encargó de proveer el equipamiento de todos los inmuebles, y Conor supervisaba las obras realizadas por Acrópolis.
De acuerdo con las entidades investigativas, la Enee efectuó pagos a inversiones Acrópolis por 8.4 millones de dólares. Entre tanto, a Comssa se le pagaron 5.7 millones de dólares y a Lutopas 571 mil dólares de un contrato inicial de 1.2 millones de dólares pactados para un global de 22.6 millones de dólares, que incluye los desembolsos de Soptravi.
Investigaciones efectuadas por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) establecen que el campamento base de Patuca III tuvo un costo global de 8.2 millones de dólares, pero hubo una sobrevaloración que implicó un perjuicio económico de 4.2 millones de dólares para el Estado.
Mientras tanto, el complejo habitacional del proyecto energético del Valle del Aguán tuvo un valor de 1.6 millones de dólares, de los cuales hubo una sobrevaloración de costos de obras civiles por un monto de 726 mil dólares.
Juan Orlando Hernández Alvarado, poseyó el 50 por ciento de acciones y su hermano Tony, el otro 50 por ciento. En la directiva de esa empresa, Ana Rosalinda García Carías y Juan Antonio Hernández Alvarado fueron nombrados gerente general de la sociedad inscrita bajo el tomo 31 e inscripción 40 del Registro Mercantil de Gracias, Lempira. (Descargue).
En 2013, Tony fue reelecto como diputado, “por razones de índole personal, -se lee en el acta de protocolización- desea retirarse de la sociedad el socio y también Gerente General Juan Antonio Hernández Alvarado, dando en venta su parte social a su cuñada Ana Rosalinda García Carías, primera dama de la nación. (Descargue).
De acuerdo con el tomo 46, asiento 33 del Registro Mercantil de Gracias, Lempira, en 2017, ante los oficios del notario Miguel Ángel Bonilla, el presidente de la asamblea de socios, Juan Orlando Hernández Alvarado, decide revocar de su cargo como gerente general al señor Juan Antonio Hernández Alvarado y así mismo acuerdan nombrar ejecutor especial al abogado José Walter Bodden Hernández. Esa transición ocurrió al momento que Juan Orlando resultara ganador en las elecciones generales de 2017; allí comenzó su segundo mandato que concluirá el 27 de enero de 2022. (Descargue).
La sociedad Inversiones de Río, -teniendo aún a Tony como Gerente General- la sociedad compró una finca rústica de 136 manzanas denominada El Higuerito, en Olancho, localizada a cuatro horas de la capital de ese país. La propiedad inscrita con la matrícula 1649511, fue comparada a 11.6 millones de Lempiras, (474,472 USD). (Descargue).
Pese a que la empresa fue constituida con en sociedad con Juan Antonio Hernández Alvarado, las autoridades de Honduras no han asegurado la empresa que tiene como finalidad desarrollo de actividades propiedad de la industria turística hotelera, agrícolas y ganaderas. Además, construcción, compra venta de arrendamiento de inmuebles.
La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), dando cumplimiento a una orden emitida en diciembre de 2018 por el Juzgado de Letras de Privación de Dominio aseguraron una propiedad del señor Juan Antonio Hernández Alvarado, consistentes en: una casa de habitación ubicada en residencial Palmeras de San Ignacio de la ciudad de Tegucigalpa, inscrita bajo matrícula 1172596; cuatro vehículos y cinco cuentas bancarias. Dicha petición se sustentó en la investigación en curso realizada por la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico en virtud de la detención de los ciudadanos Magdaleno Meza Fúnez conocido también como Nery Orlando López Sanabria, Erika Julissa Bandy García, Maximiliano Echeverría García, José Santos Mejía Laínez y Daniel Alberto Ticas Santos, en fecha seis de junio de 2018, en la carretera de Vida Nueva, en Cofradía, un municipio a 28 kilómetros de San Pedro Sula, ciudad industrial de Honduras.
Al momento de la detención se les incautó la cantidad 193,220.00 dólares estadounidenses ocultos en un compartimiento dentro de un vehículo en el cual se conducían; “a estas personas les hallaron documentación en la cual se encontraron indicios de vinculación con el señor Juan Antonio Hernández Alvarado, por tal razón dicho ciudadano fue requerido como investigado y se le tomó declaración”, describe el comunicado del Ministerio Público de Honduras.
Al señor Nery Orlando López Sanabria, también le confiscaron “Inversiones Orlando” con matrícula 61483; Inversiones Nilos, Sociedad Anónima de Capital Variable (82217), con nombre comercial La Fortuna, cuya finalidad es engorde, crianza, venta y compra de ganado mayor y menor, así como a la producción comercialización, venta y compra del cultivo de café, granos básicos de consumo y cualquier actividad de lícito comercio relacionada con el giro principal del negocio. La empresa fue constituida en 2013 con los socios Nery Orlando López Sanabria y Valeriano Villanueva, también mediante los servicios profesionales de la notaria Inés Yadira Cubero González.
En el caso de Erika Yulissa Bandy García, esposa de Nery Orlando López Sanabria, le aseguraron Inversiones E. Bandy Hacienda La Fortuna, antes Energy, inscrita bajo matrícula 58142. A su vez, Tecnonet, Sociedad de Responsabilidad Limitada, con matrícula 107085, e inscrita en 2018. La sociedad fue constituida con Erika Yulissa Bandy García y sus hijos: Sergio Orlando López Bandy, Wilson Orlando López Bandy y León Farid López Bandy. En la escritura incluyen el acta falsa de defunción de Nery Orlando López Sanabria. (Descargue escritura). Mientras que a José Santos Mejía Laínez le incautaron la empresa Inversiones Mejía y una propiedad en Bonito Oriental, Colón, Trujillo, adquirida en 2013 por el señor Toni Wilson Martínez Álvarez en seiscientos mil Lempiras y donada a Juan Ramón Rivera Vásquez quien la vendió a José Santos Mejía Laínez por catorce millones de Lempiras.
Individuos objeto de la investigación: descargue las escrituras públicas de empresas y propiedades
30 Sep 2019 – 12:20 PM EDT
El panorama, según analistas en materia jurídica, es gris para Tony, y no solo para él, sino también para su hermano Juan Orlando Hernández, quien puede ser mencionado durante el juicio, a través de las pruebas que la fiscalía estadounidense presente contra el imputado.
Según han informado autoridades estadounidenses, el juicio duraría de tres a cuatro semanas, y arrancará con el nombramiento del jurado, que, por petición oficial, se solicitó fuera anónimo, para así evitar intentos de soborno, o en el peor de los casos, poner en riesgo su integridad. La medida se ha tomado por el grado de peligrosidad, del que consideran tiene Tony Hernández. La medida también se había considerado en otro caso a gran escala, como lo fue el del Chapo Guzmán.
El segundo día de juicio, es decir, el jueves 3 de octubre, se le consultará al imputado Tony Hernández, si se declara culpable o inocente, en el proceso pasado, en este caso, Hernández, dijo que es inocente e incluso su representación legal afirmó que la fiscalía no tenía pruebas contundentes en el caso.
Partiendo de la respuesta del imputado, se continuará con el desarrollo del juicio, lo que significa que, si Hernández dice que es culpable, el terreno de presentación de pruebas será menos árido que si el imputado se declara culpable, pues en ese caso, la fiscalía deberá presentar toda la prueba documental y testifical que sostengan las acusaciones contra el exdiputado hondureño.
“Se debe siempre respetar la presunción de inocencia, pero el juicio y la decisión del jurado sobre el caso, será en función de las pruebas presentadas. Si Hernández se declara culpable o lo encuentran culpable, la pena podría ir en más de 20 años por delito o quizá un panorama peor de acuerdo a la legislación de Estados Unidos”, valoró el caso el abogado penalista, Marco Zelaya.
Para Zelaya, el país estará en total expectativa por lo que suceda en el juicio, pues no se descarta que las pruebas que se presenten durante el juicio puedan involucrar a más personajes, entre ellos presidente Juan Orlando Hernández, quien ostenta la titularidad del Poder Ejecutivo, de forma ilegal.
Zelaya dice que perfectamente, de acuerdo a las pruebas se puede abrir un proceso legal contra los mencionados y esto también podría generar un fuerte impacto social y político en el país, por tal razón hay suspenso y expectativa en todos los sectores de Honduras.
Entre tanto, el abogado Keneth Madrid, dice que este juicio abre una nueva etapa en lo que respecta a la situación social que vive el país en este momento, y que el resultado de las pruebas que plantee la fiscalía contra Tony Hernández, puede presionar para que se abra de inmediato un proceso judicial contra más involucrados.
Hasta la fecha se ha mencionado por la fiscalía a Juan Orlando Hernández, como conspirador en asuntos relacionados al tráfico de droga, esa conspiración consistió en recibir dinero del narcotráfico para su campaña política, todo a cambio de protección para varias estructuras criminales.
En varias entrevistas concedidas a medios de comunicación, Juan Orlando Hernández, ha dicho que esas acusaciones son falsas, que son emitidas por testimonios de delincuentes que, en venganza por no recibir el apoyo de él, han tomado la decisión de testificar mentiras. Hernández afirma que, confía en la justicia divina, y cree que su hermano saldrá bien librado de este juicio.
En el marco de este proceso Juan Orlando Hernández, inició una serie de visitas a Estados Unidos. En su última comparecencia a medios de comunicación hondureños, dijo que, ha sostenido reuniones para fomentar el lobby político con sectores de influencia y que son controlados por reconocidas figuras judías en esta nación.
En ese contexto, el abogado Tony García cree que hay preocupación en el gobierno hondureño, sobre todo en Juan Orlando Hernández, pues su principal amenaza, es la evidencia probatoria que puede involucrarlo en narcotráfico y de inmediato recibir una apertura de un expediente judicial en su contra.
El caso de Tony plantea tres escenarios: el primero es que, la fiscalía presente pruebas que lo involucren, ya sean cheques, grabaciones o documentos que obliguen a la justicia norteamericana a abrir una acusación formal.
El segundo, a criterio de Tony García, es que se presenten pruebas contundentes contra Juan Orlando Hernández, pero que la fiscalía conserve las pruebas y las presente hasta que Hernández culmine su periodo como presidente de Honduras.
Y el tercero, es que no haya pruebas y que, al culminar el juicio, quede absuelto de cualquier culpa, de acuerdo al nivel de pruebas que tiene la fiscalía de Estados Unidos.
Tony García considera que hay que mantener la expectativa, y también como sector opositor en el país, seguir presionando por la salida de estos personajes políticos, con vínculos en narcotráfico y corrupción.
La expectativa en Honduras es fuerte, y serán las próximas semanas en la medida que el juicio avance, las que indiquen cual será el destino de Tony Hernández y su hermano.
¡OCTUBRE DE SENTENCIAS! TRES “FIGURAS” HONDUREÑAS ATERRADAS POR EE.UU.
- Publicado: 01 Octubre 2019
Octubre
será decisivo para los hondureños “Tony” Hernández, Fredy Nájera y Juan
Ramón Matta, presos en Estados Unidos quien los acusa de delitos
relacionados al narcotráfico. La ronda de juicios empieza con el hermano
de Juan Hernández el próximo miércoles.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Tres hondureños comparecerán ante la Just
icia
de Estados Unidos en los próximos días, octubre será decisivo para Juan
Antonio “Tony” Hernández, Fredy Nájera y Juan Ramón Matta Waldurraga.
icia
de Estados Unidos en los próximos días, octubre será decisivo para Juan
Antonio “Tony” Hernández, Fredy Nájera y Juan Ramón Matta Waldurraga.
Los
tres mencionados son imputados por delitos relacionados al
narcotráfico, el primero en el “banquillo” será el hermano del actual
gobernante, “Tony” se presenta este 2 de octubre ante la corte.
El
exdiputado del Partido Nacional, es señalado por la Fiscalía como un
“narco a gran escala” y rendirá cuentas por narcotráfico, uso y posesión
de armas de guerra, y por mentir a las autoridades.
En
tanto, Ramón Matta, se presentará a recibir sentencia el 4 de octubre,
siendo acusado por conspirar para el envío de cinco kilogramos de
cocaína a Estados Unidos.
Matta
Waldurraga, se entregó voluntariamente y confesó culpable de las
acusaciones en su contra, pero su audiencia de sentencia se ha
postergado en tres ocasiones.
Por
otro lado, el también exdiputado, Fredy Nájera se presenta este 10 de
octubre, acusado de narcotráfico, uso y posesión de armas de guerra.
Nájera se declaró culpable; no obstante, en varias ocasiones ha pedido a
los órganos judiciales que anulen su declaración y que se acepte su
inocencia para ir a juicio.
La
Fiscalía de ese país, ha negado la petición. Y es que las autoridades
implican a Nájera en el crimen del zar antidrogas, Julián Arístides
Gonzalez, asesinado el 8 de diciembre de 2009.
NYT: PRESIDENTE DE HONDURAS, PRESENCIA INMINENTE EN CASO DE NARCOTRÁFICO
- Publicado: 01 Octubre 2019
“Aunque
Hernández (Juan) aceptó el miércoles un acuerdo que permitirá que
Estados Unidos obligue a algunos migrantes a solicitar asilo en Honduras
—un pilar del plan de Trump para frenar la migración— los fiscales
federales se estaban preparando para presentar pruebas de que el
presidente hondureño era miembro de la conspiración de narcotráfico por
la que se acusó a su hermano”.Lo anterior se lee en un artículo publicado recientemente por el periódico The New York Times, mismo que EL LIBERTADOR reproduce íntegramente.
Benjamin Weiser y Elisabeth Malkin
Agencias / EL LIBERTADOR
Cuando
un excongresista hondureño vaya a juicio la semana próxima en Nueva
York, acusado de conspirar para la importación de cocaína a Estados
Unidos, su hermano mayor estará ausente de la sala del tribunal, pero
será una presencia importante en el caso.
Ese
hermano mayor, Juan Orlando Hernández, es el presidente de Honduras y
aliado del presidente Donald Trump en materia de inmigración y
seguridad, las principales prioridades de Washington en la región.
Sin
embargo, aunque Hernández aceptó el miércoles un acuerdo que permitirá
que Estados Unidos obligue a algunos migrantes a solicitar asilo en
Honduras —un pilar del plan de Trump para frenar la migración— los
fiscales federales se estaban preparando para presentar pruebas de que
el presidente hondureño era miembro de la conspiración de narcotráfico
por la que se acusó a su hermano.
Juan
Hernández, su hermano menor, Juan Antonio (Tony) Hernández —el hombre
que enfrenta el juicio— y otros políticos y funcionarios de la policía
fueron parte de un “plan criminal más amplio” para usar el narcotráfico
“con el fin de reivindicar el poder y el control en Honduras”,
escribieron los fiscales en una presentación del 2 de agosto en un
tribunal de distrito de Estados Unidos.
Señalaron
que el presidente hondureño usó el dinero del narcotráfico para ayudar a
ganar las elecciones de 2013 y 2017, y que les ofreció protección a los
narcotraficantes que lo apoyaron. Dijeron que Juan Orlando Hernández
también consideró eliminar una ley hondureña que permitía la extradición
de traficantes —una ley que él mismo había impulsado en el Congreso
cuando encabezaba ese organismo— porque temía que Estados Unidos
intentara extraditar a su hermano, según muestran los documentos del
tribunal.
Juan
Orlando Hernández, de 50 años, no ha sido acusado en el caso, y los
fiscales no usan su nombre en los documentos del tribunal, sino que lo
etiquetan simplemente como CC-4, que significa conspirador número
cuatro. Sin embargo, no dejan lugar a dudas sobre su identidad: “CC-4
fue electo presidente de Honduras a finales de 2013”, escribieron los
fiscales.
Después
de que las acusaciones se volvieron públicas en la presentación del
tribunal el mes pasado, manifestantes en Honduras, donde el presidente
cada vez es menos popular, renovaron el llamado a favor de su renuncia, y
muchos agregaron el código CC-4 a las iniciales del presidente —JOH— en
los letreros que aparecen en todos los mítines en los que le exigen que
renuncie.
El presidente ha negado de manera contundente cualquier participación en los crímenes de narcotráfico.
Las
acusaciones del gobierno sobre Hernández son el giro más reciente en
una extensa investigación de narcotráfico por parte de la oficina del
fiscal de Estados Unidos en Manhattan y la Administración para el
Control de Drogas, la cual ha expuesto la corrupción en los más altos
niveles en Honduras, un país de alrededor nueve millones de habitantes
que también es hogar de una base militar estadounidense.
El
país, plagado de pandillas violentas de la droga que han generado una
de las tasas de homicidio más altas del mundo, se ha convertido en una
puerta de entrada para enormes cantidades de cocaína transportadas a
través de México hasta Estados Unidos. Honduras también es el primer
punto de llegada de alrededor del 80 por ciento de los vuelos con
cargamentos de droga que salen de Sudamérica, según ha señalado el
Departamento de Estado.
En
años recientes, los fiscales federales han acusado a por lo menos siete
funcionarios de las fuerzas nacionales de la policía de Honduras; el
hijo del expresidente del país; varios miembros de la familia Rosenthal,
una familia hondureña prominente en la política y el sector bancario;
por lo menos dos exalcaldes hondureños; y tres excongresistas de la
nación, entre ellos Tony Hernández, el hermano del presidente.
En
una sentencia de 2017 de uno de los acusados, un fiscal dijo que las
pruebas mostraban que se trataba de una operación “de narcotráfico
respaldada por el Estado”.
Tony
Hernández, de 41 años, se declaró no culpable de los cargos. En caso de
que lo sentencien, podría enfrentarse a una cadena perpetua. Su
abogado, T. Omar Malone, hace poco le dijo al juez Kevin Castel en el
tribunal que el caso de su cliente se vería afectado si en el juicio se
terminaba litigando “la historia geopolítica de Honduras”.
En
su presentación reciente, los fiscales dijeron que Juan Hernández, su
hermano y otros conspiradores “dependían de las ganancias del
narcotráfico para financiar las campañas del Partido Nacional y otros
operativos políticos, así como para controlar grandes tramos del
gobierno hondureño, sobornar a funcionarios que ayudaban a asegurar el
paso seguro de su cocaína, y como un esfuerzo para protegerse del
escrutinio de la policía en Honduras y otros países”.
Juan
Hernández, como su predecesor, Porfirio Lobo, “resultó electo a la
presidencia por lo menos en parte, gracias a las ganancias del
narcotráfico”, escribieron los fiscales. Lobo no ha sido acusado.
Como
presidente del Congreso Nacional, Juan Hernández logró impulsar un
cambio constitucional en 2012 que permitió la extradición a Estados
Unidos. Después de ganar la presidencia en 2013, comenzó a enviar a
líderes acusados de cárteles hondureños de la droga para que fueran a
juicio en Estados Unidos. También aceptó la ayuda del país
norteamericano para entrenar unidades especializadas de las fuerzas de
seguridad hondureñas con el fin de combatir a los narcotraficantes.
No
obstante, los esfuerzos combinados parecen haber tenido un efecto
mínimo: el Departamento de Estado dijo este año que “no hay información
concreta que sugiera que ha disminuido el volumen total de drogas
ilícitas que se trafican en Honduras”.
Presuntos cómplices de Tony – una historia de beneficios y corrupción entre el Gobierno de Honduras
Investigación y publicación de la revista Expediente Público
También, actas constitutivas de los negocios relacionados con Hernández Alvarado y sus asociados. “Rogamos tratar esta solicitud como urgente y cumplirla lo antes posible a más tardar el primero de marzo de 2019”, describe la solicitud. (Documento inglés y español).
El fiscal que lleva el caso espera poder utilizar estos materiales en el juicio, como pruebas de los delitos de armas y tráfico de drogas imputados a Hernández Alvarado, durante la sentencia, como pruebas de las características personales de Hernández Alvarado que son relevantes al castigo, y en conexión con la investigación de los cómplices conocidos y desconocidos de Hernández Alvarado, la cual se encuentra en curso, describe una misiva enviada a las autoridades hondureñas.
Uno de los teléfonos incautados a Hernández Alvarado en conexión con su arresto contenía documentos relacionados a tratos comerciales con una sociedad mercantil Tradeco y una compañía llamada Profesionales de la Construcción. Además, cheques emitidos por una compañía llamada Latin American Armored Rentals S. A. a una compañía llamada J y V Hernández.
PARTE II
Honduras-La Oficina de Asuntos Internacionales de la División Criminal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos -bajo la referencia CRM-182-67011, febrero 2019- pidió la información a José Luis Cayetano Calderón, Secretario General del Ministerio Público de Honduras, copia de contratos entre el gobierno hondureño y presuntos cómplices de Juan Antonio Hernández Alvarado, más conocido como Tony Hernández, quien está siendo procesado por su participación en una asociación delictuosa de tráfico de drogas y otros delitos relacionados con el uso de armas de fuego.También, actas constitutivas de los negocios relacionados con Hernández Alvarado y sus asociados. “Rogamos tratar esta solicitud como urgente y cumplirla lo antes posible a más tardar el primero de marzo de 2019”, describe la solicitud. (Documento inglés y español).
El fiscal que lleva el caso espera poder utilizar estos materiales en el juicio, como pruebas de los delitos de armas y tráfico de drogas imputados a Hernández Alvarado, durante la sentencia, como pruebas de las características personales de Hernández Alvarado que son relevantes al castigo, y en conexión con la investigación de los cómplices conocidos y desconocidos de Hernández Alvarado, la cual se encuentra en curso, describe una misiva enviada a las autoridades hondureñas.
El arresto
En noviembre de 2018, Juan Antonio Hernández Alvarado fue arrestado en los Estados Unidos; al momento de su arresto, las autoridades estadounidenses entrevistaron a Marlon Fabrizio Pacheco Morales, quien había viajado a Houston con Hernández Alvarado; durante la entrevista Morales declaró, en parte, que había escuchado «rumores» que Hernández Alvarado era un traficante de drogas, él y Hernández Alvarado habían viajado a Houston para reunirse con Theo Franz Uclés Castillo, quien había viajado desde Honduras a Nebraska para inspeccionar un vehículo para una posible compra, detalla la solicitud de información.Uno de los teléfonos incautados a Hernández Alvarado en conexión con su arresto contenía documentos relacionados a tratos comerciales con una sociedad mercantil Tradeco y una compañía llamada Profesionales de la Construcción. Además, cheques emitidos por una compañía llamada Latin American Armored Rentals S. A. a una compañía llamada J y V Hernández.
Expediente Público le dio seguimiento a Tradeco Infraestructura, una compañía que recientemente ganó una demanda millonaria al Estado de Honduras por 17.8 millones de dólares estadounidenses, unos 430.8 millones de lempiras, cantidad que el Estado de Honduras le debe pagar a la Sociedad Tradeco Infraestructura.
Demanda amañada
La demanda de Tradeco, fue presentada por Theo Franz Uclés Castillo, acompañante de Juan Antonio Hernández Alvarado, tras su arresto en Estados Unidos.La orden de ingreso número 352-07 en contra del Estado hondureño por un acto de la desaparecida Secretaría de Obras Públicas y Transporte, ahora Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, Insep, fue resuelta a favor de la empresa.
El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo mandó “ajustar la petición presentada por la Sociedad Tradeco Infraestructura, liquidar la sentencia definitiva del 11 de noviembre de 2010. La resolución establece que el Estado está condenado a pagar por sobrecostos generados por equipo disponible ocioso, equipo y mano de obra inactivos, costos indirectos (gastos no recuperables por mayor permanencia en la obra), costos ocasionados por la falta de liberación de derecho de vía, intereses generados por atraso en el pago de las estimaciones, importe de la estimaciones números 25 y 26, devolución del fondo de garantía, intereses legales y comerciales que se generen durante el transcurso de la demanda, daño emergente.
La resolución señala también que “la ampliación del contrato que aumentó el valor de este en alrededor de 3.5 millones de dólares, llevaba implícito un aumento en costos indirectos del orden de 20% del valor del incremento, si se adopta el mismo porcentaje de contribución que arroja el desglose de costo indirecto presentado”. También que el demandante “subcontrató a varias empresas”.
No realizó la obra
El 20 de marzo de 2003, Soptravi y Tradeco celebraron un contrato de construcción para la ejecución del proyecto «Rehabilitación de carretera Puerto Cortés–frontera con Guatemala, sección I» por un monto original de 15.8 millones de dólares a un plazo de 18 meses. Ambas partes acordaron modificar el contrato original y subieron el monto a 19.4 millones de dólares. El cinco de septiembre de 2005 se amplió el plazo de ejecución a 28 meses con 21 días.Los trabajos debían finalizar el 31 de octubre de 2005. En ese periodo, Ricardo Maduro. Por parte del Partido Nacional, era presidente de Honduras y al frente de la Secretaría de Obras Públicas y Transporte, Soptravi, estaba Jorge Carranza Díaz.
Tradeco informó en el juicio que cuando el proyecto estaba en su fase final presentaron reclamo por el pago, de las que solo se les canceló una parte. La compañía informó a la Dirección General de Carreteras que suspendería los trabajos por falta de pago.
Soptravi guardó silencio
El 27 de septiembre de 2005, Tradeco notificó a Soptravi la rescisión del contrato con el derecho de que el Gobierno le reconociera los costos por los daños y perjuicios motivados por la causa a partir de la suspensión de los trabajos.La Secretaría, liderada por Carranza en ese tiempo, alegó que el contratista (Tradeco) desde el inicio e injustificadamente retrasó la ejecución de la obra y en su oportunidad fue confirmado y avalado por el gerente del proyecto. «Las causas que incidieron en los retrasos del contratista fueron falta de liquidez, en los primeros 16 meses, el mayor tiempo de retraso en el pago de estimaciones fue de 18 días, en un caso de 30», explicó en el juicio Soptravi.
El Gobierno aseguró que Tradeco siempre estuvo sin fondos económicos suficientes para continuar la obra y, por si fuera poco, el supervisor de la obra afirmó: «El demandante abandonó injustificadamente el proyecto incurriendo en la causal de incumplimiento de contrato». Los supuestos incumplimientos de Tradeco no fueron suficientes para que Soptravi desvirtuara en el juicio lo que acordaron en la cláusula 19 del contrato, donde mencionaron que «el contratista podrá solicitar la rescisión o la cancelación de este contrato o suspender temporalmente los trabajos sin responsabilidad alguna de su parte si el Gobierno injustificadamente retrasara los pagos de las estimaciones mensuales».
Tradeco hizo lo mismo en México
En México, Grupo Tradeco también ha incumplido con innumerables contratos dentro del Gobierno de México, incluso ha dejado de pagar a un sinfín de proveedores, ocasionando en varios casos la quiebra de estos. De acuerdo con información publicada en el periódico Reforma de ese país, la empresa utiliza diversas relaciones de orden político con el fin de evadir el cumplimiento de todas y cada una de sus obligaciones de pago y las obras que les fueron asignadas.Historia de corrupciones y beneficios
El artículo publicado cita: “La Secretaría de la Función Pública inhabilitó por más de dos años a la “Constructora Tradeco en México” por los diversos incumplimientos en que han incurrido. Sin embargo, esto no ha impedido que dicha empresa siga tratando de licitar libremente a través de sus filiales.En 2011, diputados federales, señalaron a varios funcionarios mexicanos implicados en la ola de corruptelas entre el gobierno federal y la empresa constructora Tradeco Infraestructura S.A.
Indicó que dichos funcionarios estaban colocados en estratégicos puestos relacionados con la adjudicación de la obra pública y con las respectivas auditorías, lo que permitió que dicha empresa acumulara contratos millonarios de las obras consideradas “emblemáticas” para el gobierno federal.
Vetado en México
En 2016, la Secretaría de Gobernación de México envió una circular pidiendo las dependencias, Procuraduría General de la República y entidades de la Administración Pública Federal, así como a las entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con las empresas Tradeco Infraestructura, S.A. de C.V. y Grupo Industrial IGSA, S.A. de C.V.Corredor Turístico
La empresa Profesionales de la Construcción Prodecon, también es mencionada en la carta de asistencia en el procesamiento contra Tony, puesto que, al momento del arresto, Hernández Alvarado portaba documentos de esa compañía.En ese caso, el gobierno de Honduras también podría enfrentar otra demanda por el Corredor Turístico que une a la carretera CA-5 norte con El Progreso, Yoro; Tela y La Ceiba, Atlántida, pero su construcción fue suspendida en 2018 debido a las protestas de las comunidades aledañas, por el impacto que tendría el pago del peaje.
Los trabajos en el Corredor Turístico están abandonados debido a los compromisos legales que debe cumplir el Gobierno con la empresa que manejaba la concesión y la definición de las obras a realizar. Las constructoras del proyecto se retiraron argumentando que el Estado ha incumplido con el contrato de Alianzas Público-Privadas (APP).
En 2013, la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada, Coalianza, adjudicó el proyecto al Consorcio Autopistas del Atlántico, de las constructoras CI Grodco de Colombia, CI Grodco de Panamá y Profesionales de la Construcción (Prodecon) de Honduras.
Las obras para ejecutarse son la ampliación y mantenimiento de 122.6 kilómetros de carretera que conectan importantes ciudades en el Litoral Atlántico de Honduras, donde se concentra gran parte de la actividad industrial, comercial y turística.
El proyecto involucra la construcción y administración por 30 años mediante la instalación de casetas de peaje en el tramo carretero, la Barca, Cortés, pasando por el Progreso, Tela, hasta la Ceiba Atlántida.
El Corredor Turístico está valorado en US$171 millones, más de 4 mil 131 millones de lempiras al tipo de cambio de moneda actual. En este proyecto, el banco estadounidense JP Morgan Chase “tiene una inversión importante, que ya está pidiéndole al Estado el pago de este, porque el mismo garantizó eso.
El contrato permitía a una concesionaria instalar peajes en el Corredor, con lo cual se financiarían las obras, pero en las protestas de finales del año pasado e inicios de este, los peajes fueron quemados y el Gobierno quedó obligado por el contrato a compensar económicamente al concesionario. Bajo ese argumento, la terminación de la concesión del denominado Corredor Turístico a la multinacional colombiana Autopistas del Atlántico S.A. (Adasa) podría costar al Estado hasta 90 millones de dólares, advierte la secretaria de Finanzas de Honduras.
Constructora de Cachiros
Por otra parte, contratos por casi 500 millones de lempiras, unos 20 millones de dólares, suscribieron las sociedades mercantiles de los hermanos Javier Eriberto y Devis Leonel Rivera Maradiaga, Los Cachiros, con varias instituciones y empresas públicas entre 2010 y 2015, según los hallazgos recabados por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih).La indagación tiene un avance importante, pero se encuentra bajo secretismo, en vista de que se trata de un caso de alto impacto que involucra a altos funcionarios del Estado que avalaron y suscribieron estos contratos.
En la desaparecida Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi) y en el Fondo Vial se suscribieron alrededor de 60 contratos de obras de construcción, conservación y mantenimiento de carreteras en diferentes regiones del país.
Los Cachiros y sus principales testaferros utilizaron para lavar millonarios fondos a través de este mecanismo de contratación con el Estado a las sociedades mercantiles Inmobiliaria Rivera Maradiaga S.A. de C.V. (Inrimar), Inversiones Acrópolis S.A. de C.V., Lutopas, Arqdico, Consultorías Mantenimientos y Servicios (Comssa) y Concretos del Norte S. de R.L.
En los expedientes investigativos consta que entre 2010-2013 a la sociedad Inrimar le adjudicaron contratos del proyecto denominado “Mantenimiento periódico y rutinario de la red vial no pavimentada”, que estaba a cargo del Fondo Vial y la Dirección General de Carreteras de Soptravi.
Entre los documentos secuestrados por la Ufecic sobresale el contrato FV-0004-2012, suscrito el 8 de febrero de 2012 con el entonces director ejecutivo del Fondo Vial, Hugo Ardón Soriano y Devis Leonel Rivera, gerente de Inmobiliaria Rivera Maradiaga, para el mantenimiento periódico y rutinario de los tramos de la red vial no pavimentada del sector 4 y 5 del departamento de Colón. El señor Hugo Ardón Soriano es hermano de Amílcar Alexander Ardón Soriano, ex alcalde de El Paraíso, Copán, localizado a 400 kilómetros de la capital de Honduras.
Ambos militantes del Partido Nacional son acusados por la Corte Federal de Manhattan por conspirar para traficar droga y usar armas de grueso calibre. Amílcar Alexander Ardón Soriano, es considerado por los Estados Unidos como el principal líder del cartel de los AA. Un documento reveló que fue uno de los narcos protegidos por Pepe Lobo y Juan Orlando Hernández Alvarado. Ahora se volvió uno de los principales testigos en el juicio contra Tony Hernández.
Bajo ese esquema, las autoridades del Fondo Vial, Soptravi y luego Insep pagaron a Inrimar contratos por el orden de 5.1 millones de dólares, desglosados de la siguiente forma: en 2010, un total de 564 mil dólares; en 2011, 2.6 millones dólares; en 2012, 261 mil dólares; en 2013, 784 mil dólares; 2014, 41 mil dólares, y en 2015, un aproximado de 900 mil dólares, este último se efectuó cuando los hermanos Javier Heriberto y Devis Leonel ya se habían entregado a la justicia estadounidense.
Incluso, Inrimar, la empresa nodriza de Los Cachiros, siguió recibiendo pagos del Gobierno aun después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos designara al clan Rivera Maradiaga como narcotraficantes, hecho que ocurrió en septiembre de 2013.
Contratos en la Enee
Como parte de su red de lavado de dinero, la banda de narcotraficantes también logró agenciarse multimillonarios contratos de construcción y servicios en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) entre 2010 y 2011.Las autoridades de la Enee concedieron los proyectos de construcción y mantenimiento de los campamentos base de los complejos hidroeléctricos de Patuca III en Olancho y del Valle del Aguán, en el departamento de Colón.
Los contratos fueron adjudicados a las sociedades Acrópolis S.A. de C.V., Comssa, Arqdico, Conor S. de R.L. y Lutopas, algunas de ellas administradas por personajes ligados a Los Cachiros, entre ellos, su apoderado legal Francisco Arturo Mejía, su esposa y un hijo; y socios de Comssa y Lutopas; Nohelia Mercedes Pacheco Murillo, accionista de Inrimar y Ardico, así como Irza Fane Pacheco Murillo y Nohelia Marina Murillo Figueroa, socias de Arqdico y Conor S. de R.L., todos ligados a Devis Leonel Rivera Maradiaga.
De esta forma, Acrópolis y Arqdico se encargaban de la construcción de las viviendas, clínicas y los edificios administrativos; Comssa manejaba el proyecto de mantenimiento y servicios generales del proyecto; Lutopa se encargó de proveer el equipamiento de todos los inmuebles, y Conor supervisaba las obras realizadas por Acrópolis.
De acuerdo con las entidades investigativas, la Enee efectuó pagos a inversiones Acrópolis por 8.4 millones de dólares. Entre tanto, a Comssa se le pagaron 5.7 millones de dólares y a Lutopas 571 mil dólares de un contrato inicial de 1.2 millones de dólares pactados para un global de 22.6 millones de dólares, que incluye los desembolsos de Soptravi.
Investigaciones efectuadas por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) establecen que el campamento base de Patuca III tuvo un costo global de 8.2 millones de dólares, pero hubo una sobrevaloración que implicó un perjuicio económico de 4.2 millones de dólares para el Estado.
Mientras tanto, el complejo habitacional del proyecto energético del Valle del Aguán tuvo un valor de 1.6 millones de dólares, de los cuales hubo una sobrevaloración de costos de obras civiles por un monto de 726 mil dólares.
Socio con el presidente
En 2010, Juan Orlando Hernández Alvarado y Tony Hernández constituyeron la sociedad mercantil Inversiones del Río; fue formada con ochocientos dólares, veinte mil Lempiras. En ese periodo Juan Orlando era presidente del Congreso Nacional en Honduras. (David Romero denunció al inicio de este año)Juan Orlando Hernández Alvarado, poseyó el 50 por ciento de acciones y su hermano Tony, el otro 50 por ciento. En la directiva de esa empresa, Ana Rosalinda García Carías y Juan Antonio Hernández Alvarado fueron nombrados gerente general de la sociedad inscrita bajo el tomo 31 e inscripción 40 del Registro Mercantil de Gracias, Lempira. (Descargue).
En 2013, Tony fue reelecto como diputado, “por razones de índole personal, -se lee en el acta de protocolización- desea retirarse de la sociedad el socio y también Gerente General Juan Antonio Hernández Alvarado, dando en venta su parte social a su cuñada Ana Rosalinda García Carías, primera dama de la nación. (Descargue).
De acuerdo con el tomo 46, asiento 33 del Registro Mercantil de Gracias, Lempira, en 2017, ante los oficios del notario Miguel Ángel Bonilla, el presidente de la asamblea de socios, Juan Orlando Hernández Alvarado, decide revocar de su cargo como gerente general al señor Juan Antonio Hernández Alvarado y así mismo acuerdan nombrar ejecutor especial al abogado José Walter Bodden Hernández. Esa transición ocurrió al momento que Juan Orlando resultara ganador en las elecciones generales de 2017; allí comenzó su segundo mandato que concluirá el 27 de enero de 2022. (Descargue).
La sociedad Inversiones de Río, -teniendo aún a Tony como Gerente General- la sociedad compró una finca rústica de 136 manzanas denominada El Higuerito, en Olancho, localizada a cuatro horas de la capital de ese país. La propiedad inscrita con la matrícula 1649511, fue comparada a 11.6 millones de Lempiras, (474,472 USD). (Descargue).
Pese a que la empresa fue constituida con en sociedad con Juan Antonio Hernández Alvarado, las autoridades de Honduras no han asegurado la empresa que tiene como finalidad desarrollo de actividades propiedad de la industria turística hotelera, agrícolas y ganaderas. Además, construcción, compra venta de arrendamiento de inmuebles.
La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), dando cumplimiento a una orden emitida en diciembre de 2018 por el Juzgado de Letras de Privación de Dominio aseguraron una propiedad del señor Juan Antonio Hernández Alvarado, consistentes en: una casa de habitación ubicada en residencial Palmeras de San Ignacio de la ciudad de Tegucigalpa, inscrita bajo matrícula 1172596; cuatro vehículos y cinco cuentas bancarias. Dicha petición se sustentó en la investigación en curso realizada por la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico en virtud de la detención de los ciudadanos Magdaleno Meza Fúnez conocido también como Nery Orlando López Sanabria, Erika Julissa Bandy García, Maximiliano Echeverría García, José Santos Mejía Laínez y Daniel Alberto Ticas Santos, en fecha seis de junio de 2018, en la carretera de Vida Nueva, en Cofradía, un municipio a 28 kilómetros de San Pedro Sula, ciudad industrial de Honduras.
Al momento de la detención se les incautó la cantidad 193,220.00 dólares estadounidenses ocultos en un compartimiento dentro de un vehículo en el cual se conducían; “a estas personas les hallaron documentación en la cual se encontraron indicios de vinculación con el señor Juan Antonio Hernández Alvarado, por tal razón dicho ciudadano fue requerido como investigado y se le tomó declaración”, describe el comunicado del Ministerio Público de Honduras.
Le aseguran helipuerto
Por otra parte, al señor Nery Orlando López Sanabria, un narco vinculado con los hermanos Valle Valle y ligado a las investigaciones contra Tony Hernández, fue es acusado por los delitos de lavado de activos, tenencia ilegal de armas de fuego y explosivos. López Sanabria fingió su muerte para evitar un proceso penal en Estados Unidos. Las autoridades de Honduras le aseguraron en junio de este año, la sociedad mercantil Aviación Real del Campo, Sociedad Anónima de Capital Variable, con el nombre comercial, Aviareca, cuya finalidad es el establecimiento de helipuertos, escuelas de vuelo, aerotaxis, todo tipo de vuelos; privados, de carga, comerciales y en general alquiler de cualquier tipo de aeronave, detalla la constitución de sociedad, misma que fue realizada con mil dólares, unos 25 mil Lempiras. La empresa fue inscrita en San Pedro Sula con matrícula 86188, en sociedad con Sergio Enmanuel Dubón González y Nery Orlando López Sanabria, mediante los servicios profesionales de la notaria Inés Yadira Cubero González.Al señor Nery Orlando López Sanabria, también le confiscaron “Inversiones Orlando” con matrícula 61483; Inversiones Nilos, Sociedad Anónima de Capital Variable (82217), con nombre comercial La Fortuna, cuya finalidad es engorde, crianza, venta y compra de ganado mayor y menor, así como a la producción comercialización, venta y compra del cultivo de café, granos básicos de consumo y cualquier actividad de lícito comercio relacionada con el giro principal del negocio. La empresa fue constituida en 2013 con los socios Nery Orlando López Sanabria y Valeriano Villanueva, también mediante los servicios profesionales de la notaria Inés Yadira Cubero González.
En el caso de Erika Yulissa Bandy García, esposa de Nery Orlando López Sanabria, le aseguraron Inversiones E. Bandy Hacienda La Fortuna, antes Energy, inscrita bajo matrícula 58142. A su vez, Tecnonet, Sociedad de Responsabilidad Limitada, con matrícula 107085, e inscrita en 2018. La sociedad fue constituida con Erika Yulissa Bandy García y sus hijos: Sergio Orlando López Bandy, Wilson Orlando López Bandy y León Farid López Bandy. En la escritura incluyen el acta falsa de defunción de Nery Orlando López Sanabria. (Descargue escritura). Mientras que a José Santos Mejía Laínez le incautaron la empresa Inversiones Mejía y una propiedad en Bonito Oriental, Colón, Trujillo, adquirida en 2013 por el señor Toni Wilson Martínez Álvarez en seiscientos mil Lempiras y donada a Juan Ramón Rivera Vásquez quien la vendió a José Santos Mejía Laínez por catorce millones de Lempiras.
Individuos objeto de la investigación: descargue las escrituras públicas de empresas y propiedades
- Juan Antonio Hernández Alvarado
- Theo Franz Ucles Castillo
- Félix Francisco Pacheco Reyes
- Erika Julissa Bandy García
- Magdaleno Meza Funez
- Nery Orlando López Sanabria
- José Santos Mejía Lainez
- Devis Leonel Rivera Maradiaga
- Latin American Armored Rentals S.A.
- Profesionales de la Construcción S.A. de C.V.
- Tradeco Infraestructura (Carlos González Macias)
- Daniel Alberto Ticas Santos
- Rubén Dario Pinilla
- Fredy Hernan Roldan Jiménez
- Gester Orlando Jacinto Mirando
- Josue Constantino Zavala Lainez
- Amado Antonio Fernández Orellana
- Gerardo Tulio Martínez Pineda
- J y V Hernández S de R.L.
- Marlon Fabrizio Pacheco Morales
- Maximiliano Echeverría García
HONDURAS / HÉROES DEL SILENCIO, JUICIO DEL SIGLO O “TRIP” DE TONY
La
tarde muere despacio sobre una ciudad lenta… la lluvia cae triste en
las láminas de los barrios más empobrecidos de Tegucigalpa, el juicio de
Tony será mañana, nadie podrá detener el largo trip (viaje, para los
que no hablan inglés), ni el silencio de los héroes en la prensa
tradicional, ni las distracciones, pues lo que ha de ser, será. Por
ahora, un noticiero súper serio, se despide y nos deja un poema del
reguetonero Bad Bunny de fondo: “Si hay sol, hay playa, Si hay playa,
hay alcohol, Si hay alcohol, hay sexo, si es contigo, mejor”.
Reflexión
EL LIBERTADOR
Tegucigalpa.
Y estarán sentados en un frente a frente el “Rojo” y Antonio Hernández
(“Tony” para los de confianza).- Aquel muchacho jovial y risueño, que
corría por las calles de Lempira, con admiración y mates de los grandes
colombianos y, estando ahí se dirán lo que deban decirse, aunque el
corazón se disuelva en miedo y el terror arranque del pecho el valor.
En
palabras de “Tony” sobre el “Rojo”, que lo tendrá como testigo en
contra: “Era una persona, pues, que ayudaba a bastante gente pero
también tenía un carácter bien fuerte. Y.. y él me decía: me gusta de
vos que no pedís”. Solo la cercanía de la camaradería puede dar una
descripción tan maravillosamente perfecta. ¿Qué significará en el mundo
del narcotráfico “carácter bien fuerte”? Es una persona agresiva, es una
persona… que… -continuó Tony- Allá en Gracias, todo mundo lo sabe, si
le tienen miedo a él. Le tienen miedo. Y es una persona muy, muy
aguerrida; muy…”.
Los
medios más influyentes del mundo contienen la respiración ante la
noticia, desde The New York Times hasta Univisión, con los titulares más
escandalosos “Las montañas de Honduras desde donde los narcos
presuntamente ayudaron al presidente Hernández”, “Quién es Juan Antonio
Hernández, el hermano del presidente de Honduras acusado de narcotráfico
por Estados Unidos”. Si observamos con un poquito de curiosidad la mayoría tienen vinculación con el gobernante Hernández.
¿Sabía
Hernández sobre los negocios de su hermano?, pues Tony nos regala una
expresión clave, es una de sus acciones de chico malo “ese mismo día
estábamos bebiendo y le dije yo: Decile, le digo yo, que nos miremos en
algún lado y que nos volemos la madre vos andas con cincuenta personas y
yo con seis muchachos”.
Cuando
Juan Hernández supo que su hermano actuaba como un bravucón, en
palabras de Tony, el gobernante le apuntó “A los dos días mi hermano me
llamó y me dijo que qué tenía que andar diciendo esas cosas a ese señor;
que iba a terminar muerto o comprometiendo a la gente que yo andaba
conmigo”.
Pero
eso no es todo, en la entrevista con el periodista y dramaturgo,
Edgardo Melgar, al preguntarle si sabía de las actividades de su
hermano, CC-4 contestó –después de esquivar unas veinte veces la
pregunta: “Cuando yo escuché los rumores, dije, aquí lo interesante es
salir al paso y dar la cara -¿Ud. Habló con su hermano?- ¡Sí! Yo le
dije, vos tenes que presentarte -Ud.
le preguntó ¿Juan Antonio es cierto que vos estás en el narcotráfico?-
Cuando yo le pregunté él me dijo ¿Cómo te pones a creer? Entonces le
dije para mí lo que vale es que vayas a enfrentar y te van a preguntar
lo que te tengan que preguntar, entonces deciles la verdad”.
El
juicio de Tony será un parteaguas entre la política tradicional,
resquebrajada por la corrupción, el abuso y el descaro, donde no se
trata que el narco filtró la política, es que el narcotráfico es
política de Estado. Olvidemos que se gobierna para crear condiciones
para los hondureños, se gobierna para apagar los radares y que pasen los
submarinos con drogas, no se gobierna para sacar a los más de quince
mil niños en las calles, se gobierna para utilizar las instituciones del
Estado, para darle contratos a los narcos, no se gobierna por la
seguridad del pueblo, para la generación de oportunidades para los
desprotegidos, se gobierna por y para el imperio del narcotráfico,
porque ellos mandan, ellos son el reino de los cielos.
El
brazo judicial es la punta de lanza para crear condiciones en un país,
lo que provoca que las sociedades escojan el desarrollo sobre la
barbarie, ese ente ciego, con la balanza en la mano y la espada en la
otra. ¿Dónde se esconde Chinchilla? Aunque la Maccih lo alabe y diga que
los ayuda, su accionar real no es ser un ejecutivo de la organizaciones
internacionales, se debe a nosotros, se debe al hondureño honesto que
no merece ser gobernando por el crimen organizado ¿y dónde vive Argueta?
¿y el Congreso Nacional-Con todo y los insurrectos opositores-? ¿No son
estas razones suficientes para emprender un juicio político contra
CC-4? Si tanto aman a los gringos ¿Por qué no aprender el respeto a las
leyes?
Pero
bueno, bueno, bueno… ¡Que fatalistas nos pusimos! Uno de mal hondureño,
¿Acaso no vimos los foros de hoy? Los alcaldes alegres de los pueblos
tristes y olvidados, invitan a que por favor los visiten. El siempre
histriónico y siempre serio Renato nos lleva a las maravillosas Ruinas
de Copán y el templo de Rosalila, Canal 11, súper preocupadisisimo por
los femicidios, el Foro del 6, nos invita a ser un buen cristiano en la
semana Morazanica (estos como que se confundieron con la Semana Santa) y
los del Canal 10, lo invitan a Marcala a ver no sé qué cosas. ¡Aaaaah
la Dolce Vita!
Las
grandes presentadoras han estado contándole que se pintaron las uñas de
rosado y se vistieron de rosa, dicen que las aerolíneas no soportan más
la locura de los turistas, aterrizan y se elevan avionetas (pero estas
no llevan sustancias prohibidas, se los prometo), aquel Epaminondas
Marinakis cuenta que no sé cuántos miles de millones de lempiras están
circulando, las billeteras obesas y las tarjetas siempre dispuestas para
ser rayadas, los extranjeros pelean por los pocos cupos que hay para
venir a este paraíso (no fiscal) caribeño, los de la Teletón gritan de
excitación que van a pedirle a los hondureños 63 millones de lempiras,
mientras la noticia llega hasta el Segundo Batallón Táctico Especial,
donde descansa Miguel Pastor. Pero Shhh… a los periodistas se les
prohibió hablar de Miguel.
Pero
mi alma atormentada y siempre curiosa se formuló un par de preguntas
que les quiero transmitir “Quiero que mis enemigos compartan mi miedo”
dijo Batman. ¿Cómo se cambió en los medios tradicionales tan rápido la
programación? ¿Qué pasó con la crisis económica? Y ¿Con el excesivo
presupuesto? ¿Las pérdidas de más de treinta y cinco por ciento de las
“grandes” empresas? ¡¿Y la sequía?! ¡¿Dengue?! ¿Migrantes? ¡¿El
meteorito que iba a caer y nos iba a matar a todos?! ; Pero bueno,
aunque sea confuso quizá yo no sé de ciencias de la comunicación o “no
le entiendo al trámite”.
La
tarde muere despacio sobre una ciudad lenta… la lluvia cae triste en
las láminas de los barrios más empobrecidos de Tegucigalpa, el juicio de
Tony será mañana, nadie podrá detener el largo trip (viaje, para los
que no hablan inglés), ni el silencio de los héroes en la prensa
tradicional, ni las distracciones, pues lo que ha de ser, será. Por
ahora, un noticiero súper serio, se despide y nos deja un poema del
reguetonero Bad Bunny de fondo: “Si hay sol, hay playa, Si hay playa,
hay alcohol, Si hay alcohol, hay sexo, si es contigo, mejor”.
UNIVISION
Las montañas de Honduras desde donde los narcos presuntamente ayudaron al presidente Hernández
Un
juicio por narcotráfico en Nueva York esta semana amenaza con revelar
una presunta conspiración entre el gobernante Partido Nacional de
Honduras y un grupo de narcotraficantes en un remoto rincón de
Centroamérica.
Por: David C AdamsyJeff Ernst
GRACIAS, HONDURAS.- Al
llegar a su casa después de una extenuante jornada laboral en el campo,
al caficultor Domingo Gutiérrez, de 58 años, le gusta ver las noticias.
En
estos días, la remota y montañosa región del occidente de Honduras
donde vive acapara los titulares después de que los narcotraficantes
aprovecharon su ubicación estratégica cerca de la frontera con Guatemala
para traficar cocaína destinada a Estados Unidos.
"Supongo
que hay corrupción en todas partes, pero en las noticias dicen que
Honduras es el país más corrupto del mundo", afirma con su sombrero en
la cabeza y sentado en un banco del parque bajo los frondosos árboles de
Gracias, una localidad colonial de calles empedradas.
Esta semana, Gracias será el foco de atención de un importante juicio por narcotráfico en Nueva York en contra de Juan Antonio 'Tony' Hernández, miembro de una de las familias políticas más prominentes del pueblo y hermano del presidente hondureño Juan Orlando Hernández.
Es
un secreto a voces que los narcotraficantes se apoderaron en los
últimos años de esta región montañosa de bosques de pinos tropicales en
el noroeste de Honduras. Pero en juicio podría levantar el velo sobre
las presuntas actividades ilícitas de Hernández y otros acusados, al
igual que la niebla que cubre las laderas cubiertas de pinos.
Domingo Gutierrez, un cafecultor en Gracias, Lepmira Crédito: Marvin Valladares/Univision
La
semana pasada, Univision Noticias pasó cuatro días entrevistando a
funcionarios locales y ciudadanos para hacerse una idea del potencial
impacto político del juicio que ha cautivado a los residentes.
"No nos importa qué partido político esté involucrado, sólo queremos que se investigue y si son culpables deberían pagar por sus crímenes", dijo Gutiérrez.
"Narcotraficante violento"
Tony Hernández, junto con otros tres acusados, es señalado de ser un "importante narcotraficante violento",
que sobornó a altos funcionarios hondureños para traficar con
tranquilidad envíos de cocaína de varias toneladas. También obtuvo
influencia política tras invertir millones de dólares en las campañas
electorales de 2009 y 2013 de candidatos del Partido Nacional, entre
ellos el presidente Hernández.
Tony Hernández se declaró inocente de los cargos.
El
presidente Hernández, quien es señalado como conspirador pero no está
acusado en el caso, también ha negado firmemente las acusaciones en su
contra, achacándoselas a los traficantes que buscan venganza por sus
medidas políticas en la lucha contra el narcotráfico.
El alcalde de Gracias, Javier Enamorado,
un dentista de 48 años de edad, dijo que no creía las acusaciones.
"Aquí estamos, en mi caso, asombrado, porque nunca vimos un
posicionamiento económico que fuera fuerte como para como lo mencionan",
dijo en una entrevista en su alcaldía en la plaza principal de la
ciudad.
A pesar de todos los rumores sobre el
narcotráfico, Enamorado dijo que Gracias seguía siendo un tranquilo
pueblo cafetero, sin señales visibles de riqueza.
El parque central de Gracias, Lempira, muestra su historia indígena y de la época de la colonia española. Crédito: David Adams/Univision
Familia "bien establecida"
"No
tenemos ni la menor sospecha. Yo lo que conozco, de la familia
Hernández es (que es) una familia distinguida… que ha tenido siempre su
patrimonio bien establecido", dijo el alcalde.
Enamorado señaló que Tony y Juan Orlando Hernández son parte de una gran familia con profundas raíces en el pueblo.
Su padre, Juan Hernández, quien también era un jefe político
aficionado, o 'cacique' rural, tuvo 17 hijos. La familia posee el mejor
hotel de la ciudad, la modesta Posada Don Juan, donde una habitación con
aire acondicionado cuesta $53 por noche, con desayuno incluido.
Enamorado,
quien también es miembro del Partido Nacional, ha fungido como alcalde
desde 2010 y uno de los coacusados en el juicio de Nueva York es su
exvicealcalde de 2010 a 2014, Mario José Cálix, un caficultor conocido localmente por su apodo 'Cubeta'.
La Corte Suprema de Honduras anunció el martes que los funcionarios estadounidenses solicitaron la extradición de Cálix, aunque se desconoce su paradero.
Univision
Noticias visitó su casa en Gracias y habló con su madre, Iris Hernández
de Cálix, en el hotel y restaurante de la familia, La Finca del
Capitán. "No he sabido nada de él en mucho tiempo", dijo con una
expresión de dolor en su rostro. "Confío en su inocencia", añadió.
Un representante legal de la familia, José Madrid, también le dijo a Univision Noticias que los agentes antinarcóticos hondureños habían visitado las propiedades de la familia
en febrero, y pidieron documentos legales, presumiblemente buscando
evidencia de lavado de dinero. Se fueron con las manos vacías, dijo
Madrid. "El hotel ha sido propiedad de la familia durante años. No se ha
confiscado nada", agregó, y señaló que habían pasado ocho meses desde
la visita de los agentes.
"Machetero"
Un político opositor local, Ramón López,
de 40 años de edad, dijo que estaba tan sorprendido como todos por las
revelaciones sobre Cálix y Tony Hernández. Dijo que creció jugando
fútbol con Tony Hernández, de 41 años de edad, y que lo conocía como un
típico ganadero que fue electo al Congreso en 2013. Recordó sus feroces
'tacleadas' en el campo de fútbol.
"No era tan bueno. Nosotros aquí le decimos a la voz popular, decimos machetero, de los que pegan", dijo.
En
Gracias, Tony Hernández es recordado como un típico ganadero que fue
elegido para el congreso en 2013, así como un apasionado jugador de
fútbol. Crédito: Municipio de Gracias, Lempira/Facebook
Tony Hernández también tenía un bufete de abogados y ganó fama al representar con éxito a un colombiano arrestado durante una redada en un laboratorio clandestino de drogas en 2013.
Los
residentes locales y algunos políticos de la oposición descartaron
todas las declaraciones de inocencia como parte de un prolongado
encubrimiento por parte del gobernante Partido Nacional para mantener su
dominio político en la región. Aun así, también expresaron su conmoción
por la magnitud de las presuntas fechorías.
"Tony era un monstruo, sólo que nunca nos dimos cuenta", dijo
Yester Muñoz, de 47 años, exalcalde del Partido Nacional que
antiguamente era allegado de Juan Orlando Hernández, pero dejó el
partido y ahora es miembro por Gracias de la oposición en el Congreso.
Antes de que llegara el dinero de la droga, "Gracias era una aldea virgen", dijo. "De un pueblo pequeño nos hemos convertido en un nido de capos", añadió. "Nadamos en un charco de corrupción. Aquí donde usted toque, sale pus", añadió.
En poco tiempo, los empresarios y políticos locales comenzaron a mostrar señales de nueva riqueza. "Creció como bola de nieve. Comenzaron a construir grandes casas, había fiestas y caballos y autos de lujo", dijo. "Era un secreto a voces de dónde venía el dinero", agregó.
El aeropuerto
Los
jóvenes andan por la ciudad compitiendo con motocicletas todoterreno de
cuatro ruedas. En abril de 2016 el gobierno inauguró un pequeño
aeropuerto en las afueras de la ciudad como parte de un plan turístico
nacional para conectar las principales ciudades con las famosas antiguas
ruinas mayas de Copán.
Pero los turistas nunca llegaron. En cambio, la pista ahora la utiliza casi exclusivamente el presidente Hernández, quien va de visita los fines de semana, y varios otros políticos locales que han construido viviendas en el área.
El
aeródromo de Gracias, Lempira en Honduras, fue construido por el
turismo, pero ha quedado inutilisado, excepto por el presidente. Crédito: David Adams/Univision
Los residentes hablan en voz baja sobre los aviones que aterrizan en la oscuridad de la noche, sospechados de cargar cocaína desde Colombia y la costa atlántica hondureña.
"Es
un despilfarro total de dinero, con toda la pobreza que hay en este
país", dijo un pastor evangélico de 35 años de edad que detuvo su moto
cerca del aeropuerto para hablar con los periodistas, pero que pidió
permanecer en el anonimato. "Que Dios nos guarde de los malos. Dios les
va a pasar la factura", añadió.
La pista de
aterrizaje inutilizada se encuentra en las afueras de la ciudad
custodiada por soldados. A lo largo de una carretera recién pavimentada
que va más allá de la pista de aterrizaje hay una nueva colonia de viviendas, así como varias lujosas residencias modernas en construcción que se destacan en fuerte contraste con las modestas casas tradicionales de un solo piso en el pueblo.
"Campaña sucia"
La
oficina del presidente no respondió a varios mensajes pidiendo sus
comentarios sobre las acusaciones en torno a él y a su hermano. En un
discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el miércoles,
Hernández dijo que fue "víctima" de una "campaña sucia de desprestigio"
por parte de narcotraficantes, policías corruptos y opositores
políticos.
Bajando por un camino de tierra en
las afueras de Gracias está la mansión personal del presidente, un gran
complejo que ocupa varios acres y se esconde detrás de los árboles y una
cerca verde de metal de 10 pies (3 metros) de altura.
La
casa del presidente Hernández ocupa una gran parcela en las afueras de
Gracias, Lempira. Pero solo se ve la bandera nacional. La casa está
escondida detrás de una valla alta. Crédito: Claudia Mendoza/Univision
Después
de pasar por la casa y tomar fotos y videos, un equipo de Univision
Noticias fue seguido por 30 millas en el transcurso de varias horas por
una camioneta con vidrios polarizados perteneciente a una empresa de
seguridad privada, llamada Blindados y Mas. Univision Noticias le
preguntó a la oficina del presidente si el auto fue alquilado a su
equipo de seguridad, pero no recibió respuesta.
Muñoz
describió haber crecido en el seno de una familia de modestos recursos,
al igual que los hermanos Hernández, y cuestionó el rápido
enriquecimiento del presidente con el salario de un funcionario público.
"Ahora me extraña el gran salto, quisiera la varita mágica para ser
multimillonario igual que él", dijo Muñoz. "No pudo hacerlo todo solo. Tiene que haber uno más grande. ¿A saber quién es?", se preguntó.
Según la acusación en Nueva York, una de esas personas es Alexander Ardón,
el exalcalde de El Paraíso, un pueblo ganadero a unas 75 millas (120
km) al noroeste de Gracias en el vecino departamento de Copán.
El occidente de Honduras es una zona remota fronterizo con Guatemala y El Salvador. Crédito: Muaricio Rodriguez-Pons/Univision
Ardón fue imputado el 23 de enero por el mismo tribunal federal de Nueva York,
acusado de importar "enormes cantidades de cocaína a Estados Unidos y
de usar armamento pesado para proteger los envíos de drogas".
Dinero a cambio de protección
Según
documentos judiciales, Ardón, de 43 años, confesó haber ayudado a Tony
Hernández a recaudar $2 millones en dinero ilícito procedente del
narcotráfico para el candidato presidencial del Partido Nacional Porfirio Lobo en 2009 a cambio de protección. Lobo ha negado esa acusación, aunque reconoció que se conocían a través de la política.
En
2010, Ardón presuntamente también accedió a ayudar a Juan Orlando
Hernández a sobornar a sus legisladores con dinero procedente de drogas
ílicitas para obtener los votos necesarios para llegar a la presidencia
del Congreso Nacional.
Exalcalde hondureño será testigo en el caso de narcotráfico contra el hermano de...
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Exalcalde hondureño será testigo en el caso de narcotráfico contra el hermano del presidente Hernández
Luego,
en 2013, también presuntamente donó $1.5 millones en ganancias
procedentes del narcotráfico a la campaña presidencial de Hernández en
el oeste de Honduras, donde Ardón era coordinador de campaña del Partido
Nacional.
Ardón se entregó rápidamente a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) en febrero y los fiscales lo anuncian como el principal testigo contra Tony Hernández.
Por
lo visto, Ardón era un alcalde carismático (que portaba armas de
fuego), a pesar de que solo estudió hasta el quinto grado y a quien le
encantaban los rodeos y las peleas de gallos cuando joven. "Era un líder
nato que se preocupaba por la gente", según su exvicealcalde y amigo
más cercano, Adonías Morales, de 53 años, quien es el actual alcalde de El Paraíso.
Adonias Morales, alcalde de El Paraíso y amigo íntimo de Alexander Ardon. Crédito: David Adams/Univision
"La dupla perfecta"
Los
dos hombres se unieron hace 12 años para tratar de abordar los
problemas sociales, como el crimen y la falta de caminos pavimentados,
escuelas y clínicas de salud, con el apoyo de un grupo de ciudadanos que
se quejaron de que el gobierno nacional no había brindado los servicios
básicos.
Mientras que Ardón era el líder, Morales era el cerebro, graduado en administración de empresas. Localmente los conocían como "la dupla perfecta".
Con
profundas palabras de afecto por su amigo, Morales dijo que fue mentor
de Ardón, ayudándolo a cambiar su comportamiento, incluso persuadiéndolo
para que se rasurara, dijera menos malas palabras y dejara de usar sus
pistolas y su guardaespaldas. No bebía alcohol, ni usaba drogas, dice
Morales.
Las tasas de criminalidad
disminuyeron drásticamente bajo su administración municipal, se
pavimentaron las calles, se construyeron escuelas y clínicas médicas.
También construyeron un nuevo e impresionante edificio municipal con un
pórtico con columnas que se volvió famoso en los medios hondureños.
El
edificio del municipio de El Paraíso se hizo famoso en Honduras, aunque
el alcalde dice que se hizo con dinero del pueblo, no del narcotráfico. Crédito: Claudia Mendoza/Univision
Si
algunas de las obras públicas pueden haber sido pagadas con dinero de
drogas, los residentes dijeron que estaban agradecidos. Cuando se
produjeron asesinatos, fueron principalmente entre narcotraficantes,
agregaron.
"La
gente siempre rumoreaba sobre el negocio de [Ardón]", dijo un residente
local que pidió permanecer en el anonimato. "Independientemente de lo
que [Ardón] andaba haciendo, había más seguridad", añadió.
Otros
se quejaron de fraude electoral en las elecciones locales. "Había un
control total para inclinar la votación hacia el partido que gobernaba",
dijo un vendedor del mercado local. "Yo me iba a votar, pero cuando me presenté a la mesa ya habían votado por mí", dijo otro.
Nexos con el narcotráfico
Morales
dijo que Ardón mantuvo en privado sus tratos comerciales y nunca supo
el alcance de sus supuestos nexos con el narcotráfico. "No era rico,
pero tuvo su época de bonanza," dice.
Incluso,
había dejado el presunto negocio de las drogas ilícitas hace varios
años y esperaba evitar pagar sus pecados anteriores, cuando en enero
salió la acusación en su contra por el tribunal de Nueva York, contó
Morales. "Esperaba pasar la tormenta sin mojarse, pero las últimas gotas lo agarraron," dijo.
Aun
así, Morales dice que le resulta difícil creer que Ardón o Tony
Hernández sean capaces de la magnitud de sus presuntos delitos de
narcotráfico. El municipio de El Paraíso tiene una población de 28,000
habitantes, 10,000 de los cuales viven en la ciudad de El Paraíso, y un
presupuesto anual total de apenas un millón de dólares, según Morales.
Gracias, un municipio más grande y próspero, cuenta con 55,000
habitantes, de los cuales 22,000 viven en la ciudad y tiene un
presupuesto anual de aproximadamente 2 millones de dólares, según el
alcalde Enamorado.
Justicia estadounidense
Aunque
sospecha del sistema de negociación de cargos de Estados Unidos,
Morales reconoció que la policía y el poder judicial hondureños carecían
de los recursos para enfrentar a los narcotraficantes.
"Fue
un mal necesario", dijo, comparando la situación en Honduras con la
guerra contra el narcotráfico en Colombia en las décadas de los ochenta y
los noventa, cuando Pablo Escobar intentó convertir al país en un
narco-estado. "Al igual que Colombia, Honduras estaba absorbida ya por mafias. Y no cualquiera iba a arriesgar su vida para tomar medidas contra las mafias", dijo.
También juró con una mano en el corazón que tiene una profunda fe y confianza en que Ardón dirá la verdad en la corte, aunque le resulte caro al Partido Nacional y al presidente Hernández.
"En
este caso pienso que él (Ardón) tenía la idea de que a los
norteamericanos no se les miente, ellos lo saben todo", le dijo a
Univision Noticias en una entrevista. "Esa era una de las cosas que en
alguna ocasión él me dijo, por eso yo pienso que él va a decir lo que
realmente él sabe", añadió.
Univision
UNIVISION
De presidente a "coconspirador": Honduras espera el resultado del juicio por tráfico de drogas en Nueva York
Tony
Hernández se someterá a un juicio por narcotráfico el 2 de octubre.
Pero todas las miradas estarán puestas en su hermano, el presidente de
Honduras, Juan Orlando Hernández, a quien los fiscales han identificado
como presunto coconspirador en el caso.
29 Ago 2019 – 3:02 PM EDT
El presidente Juan Orlando Hernández (l) y su hermano Juan Antonio 'Tony' Hernández (r) Crédito: Getty Images / David Maris / Univision
La publicación de un documento por parte de fiscales federales estadounidenses en Nueva York a principios de este mes que implica al presidente de Honduras Juan Orlando Hernández
en una conspiración de tráfico de drogas a gran escala, ha conmocionado
a una nación ya frágil de por sí, y ha provocado protestas
generalizadas y un coro de llamados a la renuncia del presidente.
El documento de 44 páginas describe el caso del gobierno contra el hermano del presidente, Antonio 'Tony' Hernández,
quien fue arrestado en Miami a finales del año pasado por tráfico de
drogas y posesión de armas de fuego y será sometido a juicio en Nueva
York el 2 de octubre.
En nuevos documentos
publicados el miércoles, los fiscales alegan que Tony Hernández estuvo
involucrado en el asesinato de ocho personas en una disputa de cocaína
en 2009, y también trató de distribuir ametralladoras a conspiradores en
México y Colombia, incluidos miembros de la antigua guerrilla de las
FARC.
Los fiscales se refieren a "una relación
simbiótica entre narcotraficantes y el Partido Nacional", que fue
dirigida por los expresidentes Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández
durante la última década.
Además, describen a
Tony Hernández como "el conducto clave entre algunos de los
narcotraficantes más grandes de Honduras y el palacio presidencial".
Hernández
ha negado rotundamente las acusaciones diciendo que se basan en el
testimonio inútil de un narcotraficante, Alexander Ardón, quien está
cooperando con los fiscales y desea vengarse de las autoridades
hondureñas después de su captura.
Alexander Ardón, exalcalde del Partido Nacional. Crédito: Cortesía de La Prensa.
Sin
embargo, exfiscales federales le dijeron a Univision Noticias que el
relato de los testigos cooperantes ya fue aprobado y es poco probable
que dichas acusaciones se realicen sin alguna forma adicional de
corroboración.
"La práctica en el Distrito Sur
de Nueva York a menudo ha sido que los testimonios de los cooperantes
se corroboran de varias formas", dijo Jessica Ortiz, exfiscal federal de
Nueva York que también fungió durante un tiempo como jefa de la Unidad
de Narcóticos de la Oficina del Distrito Sur.
Además,
la participación del presidente Hernández en la conspiración fue
corroborada en parte por otro testigo cooperante anónimo, identificado
como un exoficial de policía hondureño que estuvo involucrado en el
tráfico de drogas.
Un exalcalde, uno de los testigos claves que implicó a los Hernández
Los
fiscales alegan que Ardón recibió protección del gobierno, lo cual
queda en evidencia por el hecho de que él era un poderoso político local
del gobernante Partido Nacional y nunca fue acusado en Honduras a pesar
de que su participación en el tráfico de drogas era un secreto a voces.
La
decisión de nombrar a un presidente en funciones como coconspirador es
una decisión que no se tomaría a la ligera. Los fiscales tenían la
opción de nombrar a Hernández simplemente como un funcionario anónimo,
por ejemplo, un seudónimo que se utiliza para cargos del gobierno que
pueden estar vinculados a la conspiración en menor grado y no están
directamente involucrados en la conspiración. Exfiscales del Distrito
Sur de Nueva York le dijeron a Univision Noticias que la designación
como CC (coconspirador) tiene implicaciones más serias.
"Sabiendo
qué se toma en cuenta para identificar a alguien o no, esto me parece
un acto significativo y deliberado", dijo Nick Lewin, exfiscal del
Distrito Sur y alto funcionario del FBI, quien señaló que identificar al
presidente en funciones de un estado extranjero probablemente requiere
de aprobación de alto nivel.
Sin embargo,
el nombramiento de una persona como coconspirador en un caso criminal no
significa que la persona será necesariamente objeto de un futuro
enjuiciamiento. La carga de la prueba es menor que la que se
requiere para un enjuiciamiento. Por lo tanto, muchos coconspiradores
nunca son acusados, enfatizó.
El documento de 44 páginas,
publicado en relación con el próximo juicio por tráfico de drogas de
Antonio 'Tony' Hernández, hermano del presidente, alega, entre otras
acusaciones serias, que en 2013 Juan Orlando Hernández le solicitó a
Ardón aproximadamente 1.5 millones de dólares en financiamiento ilícito
de campaña.
Tony Hernandez Aug 2 Prosec... by
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El
caso de la fiscalía también alega que el presidente Hernández solicitó
sobornos para su elección como presidente del Congreso, que les brindó
protección a los coconspiradores, y que recibió financiamiento ilícito
de campaña en 2009.
El presidente Hernández
rechazó "las acusaciones falsas y perversas", destacando en cambio los
logros de su gobierno en la guerra contra las drogas y haciendo dos viajes sorpresa a Washington DC en las últimas dos semanas, al parecer para demostrar que no tiene problemas legales en Estados Unidos.
Su oficina no respondió a una solicitud de comentarios para este artículo.
El tiempo se acaba
El venidero juicio contra Tony Hernández — que debe comenzar el 2 de octubre en Nueva York
— representa la mayor amenaza hasta el momento para el mandato del
presidente Hernández y pone en tela de juicio la relación del gobierno
hondureño con Estados Unidos en un momento en que la administración
Trump está negociando cambios drásticos en la política migratoria de la
región.
Tony Hernández se declaró inocente de los cargos, mientras que su abogado declinó hacer comentarios para este artículo.
Mientras
tanto, un país entero — y probablemente el Departamento de Estado de
Estados Unidos, cuyo apoyo es crucial para la legitimidad de Hernández —
está en ascuas esperando pruebas que los fiscales aún no han
presentado. Para muchos, no sólo Tony Hernández será sometido a
juicio, sino todo un sistema que se le considera podrido de arriba abajo
por el tráfico de drogas que, según los fiscales, "contribuyó a que Honduras se convirtiera en uno de los lugares más violentos del mundo".
Los
cargos por conspiración de tráfico de drogas tienen un plazo de
prescripción de cinco años que se extienden desde que acaba la
conspiración. En este caso, la fecha de finalización parece caer en 2016
o 2017, según la evidencia presentada por los fiscales hasta el
momento. Eso significaría que éstos tendrían que presentar cargos contra
cualquier cómplice antes de 2022 a más tardar. El período actual de
Hernández termina en enero de 2022.
Tres escenarios
Si,
tras la culminación del juicio a Tony Hernández, los fiscales sienten
que tienen suficiente evidencia como para implicar al presidente
Hernández fuera de toda duda razonable, se podrían presentar tres escenarios potenciales, según los exfiscales del Distrito Sur:
- Si los fiscales creen que tienen el tiempo de su lado, simplemente podrían esperar hasta que el presidente abandone el puesto para presentar cargos, mientras se enfocan en otros coconspiradores.
- También podrían presentar los cargos e intentar extraditar al presidente. En este caso, el presidente no quedaría protegido por la inmunidad diplomática, pero la soberanía y otras consideraciones diplomáticas podrían ser un problema.
- Debido a la obvia dificultad de extraditar a un jefe de un estado extranjero, los fiscales también podrían optar por presentar la acusación bajo sello por cinco años y esperar hasta que el presidente deje el cargo, ya sea en 2022 o más adelante. Incluso entonces, el presidente Hernández disfrutaría de inmunidad bajo la ley hondureña como miembro del parlamento centroamericano durante otros cinco años, como es habitual para los jefes de estado salientes en la región.
¿Qué es un coconspirador?
El
resumen del caso por parte de los fiscales no nombra directamente al
presidente Hernández, sino que lo incluye como 'CC-4' o Coconspirador-4.
Sin embargo, el contexto no deja dudas sobre su identidad, pues alega
que la persona es "hermano del acusado" y ganador de las elecciones presidenciales de 2013.
En
su defensa, Hernández ha sugerido que las acusaciones se basan
únicamente en el testimonio de Ardón, a quien se le identifica como
Testigo Cooperante-3,o 'CW-3', por sus siglas en inglés, y quien fue
acusado de cargos de tráfico de drogas en enero y ahora parece estar
cooperando con los fiscales.
"De
lo que verdaderamente se trata es de las declaraciones como testigo de
un narcotraficante en un caso que no está relacionado directamente
conmigo", dijo Hernández en una conferencia de prensa después de que las acusaciones se hicieron públicas.
Los
fiscales acusan al presidente Hernández de haberle solicitado sobornos a
Ardón para convertirse en presidente del Congreso primero y luego de la
República, a cambio de protección, la cual presuntamente también le
proporcionó a su hermano Tony y otros coconspiradores. Los exfiscales
del Distrito Sur de Nueva York dijeron que las acusaciones contra
Hernández — solicitud de sobornos a cambio de protección — podrían ser
suficientes para un enjuiciamiento si hay suficientes pruebas contra él.
"Si
se hace con el conocimiento y la comprensión de que esos actos se
realizan para promover, facilitar o continuar el tráfico de drogas, todo
eso sería parte de la conspiración de tráfico de drogas, especialmente
cuando los pagos se hacen con el dinero procedente de las drogas", dijo
Rebecca Monck Ricigliano, exfiscal de distrito y antigua jefa de la
Unidad de Narcóticos.
Aunque es cierto que
muchas de las acusaciones que se describen en el documento se basan en
el testimonio de Ardón, la participación de Hernández en la conspiración
fue corroborada en parte por otro testigo colaborador, a quien se le
identifica como CW-4, un exoficial de policía hondureño que estuvo
involucrado en el tráfico de drogas. Según el documento, el contacto
principal de CW-4 era "un oficial de alto rango en la Policía Nacional
de Honduras", quien también es primo de Hernández.
CW-4
le brindó protección para los envíos de drogas, así como "información
confidencial sobre las fuerzas del orden" a la conspiración a cambio de
dinero, promociones y protección, dicen los fiscales. Antes de su
extradición, CW-4 se reunió con el primo de Hernández, quien
presuntamente le dijo que ya no podía ser protegido "debido al interés
de Hernández en buscar la reelección".
Después
de la publicación del resumen de los fiscales de Nueva York sobre el
caso contra Tony Hernández, surgieron fotos en los medios hondureños de
Ardón con Juan Orlando Hernández. Aunque las fotos establecieron que los
dos hombres sí se habían reunido, no prueban mucho más que eso, ya que,
antes de su caída, Ardón era un miembro influyente del Partido Nacional
de Hernández.
Ardón, exalcalde de El Paraíso en la provincia noroccidental de Copán, presuntamente colaboró con Joaquín El Chapo Guzmán, el jefe condenado del Cartel de Sinaloa en México. Según los informes, construyó un ayuntamiento que se asemeja a la Casa Blanca,que tenía incluso un helipuerto en el techo.
Ardón, exalcalde de El Paraíso en la provincia noroccidental de Copán, presuntamente colaboró con Joaquín El Chapo Guzmán, el jefe condenado del Cartel de Sinaloa en México. Según los informes, construyó un ayuntamiento que se asemeja a la Casa Blanca,que tenía incluso un helipuerto en el techo.
Ardón fue acusado en Estados Unidos por delitos de tráfico de drogas y armas a gran escala,
incluido el uso de un laboratorio de cocaína, así como una pista de
aterrizaje clandestina que se utilizaba para recibir aviones cargados de
drogas de América del Sur. "Ardón y otros proveían las fuerzas de
seguridad fuertemente armadas para los envíos de cocaína que se
realizaban dentro de Honduras, incluyendo miembros de la Policía
Nacional de Honduras y narcotraficantes armados con ametralladoras,
entre otras armas", dijeron los fiscales cuando fue acusado en enero.
Problemas de la familia Lobo
Por ahora, el predecesor de Hernández como presidente, Porfirio ‘Pepe’ Lobo,
parece ser que corre un riesgo más inminente. En octubre, el tribunal
escuchará el testimonio de al menos tres exnarcotraficantes que
"explicarán que usaron el dinero procedente de las drogas para apoyar la
campaña presidencial de (Lobo) en 2009 con el fin de obtener su
protección y la de sus asociados", según el resumen del caso que
presentaron los fiscales.
Porfirio ‘Pepe’ Lobo fue presidente de Honduras de 2010 a 2013 representando el partido Nacional. Crédito: AP / Eduardo Verdugo
Eso incluye a Ardón y Devis Leonel Rivera Maradiaga, de la familia criminal 'Los Cachiros'.
Lobo también fue el responsable de poner al hermano de Ardón al frente
de una autoridad vial, presuntamente a cambio de sobornos, que se
utilizó para lavar dinero procedente de las drogas, según los fiscales.
El hijo de Lobo, Fabio Lobo, fue sentenciado a 24 años de prisión en 2017 después de declararse culpable de una acusación estadounidense de conspiración para importar cocaína a Estados Unidos.
El
expresidente Lobo ha negado todas las acusaciones de vínculos con
narcotraficantes y pidió que el presidente Hernández, conocido como
'JOH' por su iniciales, renuncie para que puedan enfrentar cualquier
acusación con igualdad.
Pese a que en su
momento fueron fuertes aliados políticos, actualmente la brecha se ha
ampliado entre los dos debido a las acusaciones a los miembros de la
familia de Lobo por parte de una comisión internacional anticorrupción,
incluida la esposa de Lobo, Rosa Elena Bonilla de Lobo, quien fue condenada esta semana por presunta malversación de 600,000 dólares durante su presidencia, y enfrenta entre 50 y 80 años en la cárcel.
La
exprimera dama hondureña Rosa Elena Bonilla de Lobo abandona el
tribunal después de su condena por cargos de corrupción en Tegucigalpa,
Honduras, el martes 20 de agosto de 2019. Crédito: Elmer Martínez / AP
En
una publicación de Twitter, Lobo advirtió que "le llegó el turno a JOH"
y agregó que "caiga quien caiga, nadie está por encima de la ley".
Extradición
En
estos últimos días, Lobo y Hernández han discutido sobre quién tiene la
responsabilidad por la aprobación de una ley de extradición en 2012.
Lobo señala que, como presidente, el proyecto de ley requería de su
firma. Hernández, quien era presidente del congreso en ese momento, se
ha presentado como el principal defensor del proyecto de ley.
"Aún
contra una feroz oposición y amenazas, fue el presidente Hernández
quien lideró la batalla para aprobar la extradición", dijo un comunicado
oficial del gobierno de Honduras el 3 de agosto.
Un
exdiplomático que habló con Univision Noticias y pidió no ser nombrado
recordó que la iniciativa para aprobar la extradición fue encabezada por
un pequeño grupo dentro del Congreso, pero no recordaba que la
participación de Hernández fuera tan crucial como ha dicho el
presidente.
Sin embargo, el diplomático señaló
que el proyecto de ley requería la aprobación de Hernández y que fue un
aliado mucho más dispuesto que Lobo en la lucha contra el tráfico de
drogas.
Los fiscales muestran un panorama en
el que Hernández presuntamente parecía creer que podría controlar quién
sería extraditado o ponerle fin a la práctica si se volvía demasiado
amenazante.
Hernández tiene sus propios
problemas familiares que van más allá de su hermano. Su hermana, quien
murió en un accidente de helicóptero en diciembre de 2017, fue nombrada
como objeto de una investigación de la DEA y también implicada en una
extensa trama de corrupción para malversar fondos públicos mediante
organizaciones sin fines de lucro.
Un
par de organizaciones sin fines de lucro vinculadas a su esposa y otros
familiares y aliados están bajo investigación oficial por parte de
fiscales hondureños, según reportó Univision Noticias a principios de este mes. Esas ONGs han negado cualquier delito.
Por
otra parte, su hermano, Tony, fue arrestado en Miami a finales de 2018.
Un testigo clave, Rivera Maradiaga, comenzó a cooperar con la DEA en
2013, y grabó al menos una reunión con Tony Hernández al año siguiente,
tras lo cual se entregó a las autoridades estadounidenses en 2015.
Un coacusado, Víctor Hugo Díaz Morales,
quien, según la acusación, operaba desde la ciudad natal de la familia
Hernández, Gracias, en el departamento de Lempira, fue extraditado desde
Guatemala. Según los informes, Ardón y Mario José Cálix Hernández, ex vicealcalde de Gracias y coacusado, también fueron extraditados desde Guatemala.
El
caso de Ardón y Cálix es particularmente revelador. En lugar de
presentar discretamente una solicitud de extradición de ambos, los
fiscales anunciaron su acusación y la solicitud, lo que provocó que
ambos huyeran de Honduras y cayeran en manos de la DEA en Guatemala.
Los
exfiscales del Distrito Sur de Nueva York dijeron que esta diferencia
de enfoques hacia la extradición es probablemente una jugada
estratégica, que, como señalan, dio frutos con la aparente cooperación
de Ardón. No se sabe si Cálix, quien aún no ha presentado una
declaración de culpabilidad, ha decidido cooperar con los fiscales o no.
"Entiendo
que [Cálix) tenía mucha información y que cuando se fue lo hizo
amenazando con delatar a otros ante las autoridades estadounidenses",
dijo Raúl Pineda, abogado y analista político.
¿Qué pasará después?
El
espectáculo del hermano de un presidente de una nación extranjera
siendo sometido a juicio en Nueva York por cargos de tráfico de drogas
tiene pocos precedentes. El panameño Manuel Noriega es
el único jefe de estado en funciones, de facto o de otro tipo, que ha
sido arrestado por funcionarios estadounidenses por cargos de tráfico de
drogas. Se necesitó una invasión militar en diciembre de 1989 para
detener y extraditar a Noriega, quien luego fue condenado y murió en la
cárcel en 2017.
En fotos: El exdictador utilizado por EEUU en Panamá que se convirtió en una pesadilla
Manuel
Antonio Noriega en 1985. Nacido en Ciudad de Panamá en 1934, se graduó
de la escuela militar en el Perú. Noriega se convirtió en jefe de
inteligencia del Geneneral Omar Torrijos, quien tomó el poder en un
golpe de Estado en 1968. Noriega colaboró en secreto con la CIA, que
estaba reuniendo información sobre la propagación del comunismo en
América Latina.
El
presidente Hernández ha cumplido un propósito para la DEA, pues ha
ayudado a extraditar a casi dos docenas de narcotraficantes de Honduras.
El
juicio de octubre, que contará con el testimonio de al menos cinco
testigos cooperantes, podría revelar más pruebas incriminatorias en el
caso, así como la complicidad del gobierno hondureño en el tráfico de
drogas que ha devastado el país y lo ha convertido en uno de los más
peligrosos del mundo.
Eso podría resultar muy
vergonzoso para el presidente Hernández. La presunta carrera de su
hermano en el tráfico de drogas parece haberse beneficiado
considerablemente del poder político de su familia y las conexiones
gubernamentales, según los fiscales, y ha admitido haberse relacionado
con narcotraficantes y haber tenido conocimiento de sus actividades,
según documentos judiciales.
Solicitud de asistencia legal
En febrero, el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó asistencia legal urgente a las autoridades hondureñas
en relación con el uso de dinero procedente de actividades delictivas
para la compra de aviones y bienes inmuebles por parte de Tony Hernández
"o sus familiares y asociados".
Los fiscales
pidieron registros de constitución de negocios relacionados con
Hernández y sus asociados, incluyendo las solicitudes de contratos con
el gobierno hondureño, registros de aeronaves, licencias de armas de
fuego, registros de propiedad y cuentas bancarias.
Los
fiscales dijeron que estos registros se solicitaban "en relación con la
investigación de los coconspiradores conocidos y desconocidos de (Tony)
Hernández Alvarado, que está en curso".
Univision
Noticias le preguntó a la oficina del presidente Hernández si el
gobierno hondureño había cumplido con la solicitud de asistencia, pero
no tuvo respuesta. El Distrito Sur de Nueva York tampoco hizo
comentarios cuando se le preguntó si había recibido la información
solicitada.
Si Tony Hernández resulta
condenado, se convertirá en una herida abierta para el gobierno de su
hermano que sus opositores aprovecharán. Pero, a falta de una acusación
posterior al presidente, es difícil que se dé un escenario en el que el
propio partido de Hernández, que controla los tres poderes del gobierno y
parece haberse beneficiado enormemente de la conspiración, lo obligue a
renunciar.
"Mientras haya sólo referencias y acusaciones, aquí no sucederá nada", dijo Pineda.
El
gobierno de Estados Unidos ha demostrado tener la costumbre de hacer
negocios con actores extranjeros polémicos y podría intentar utilizar la
situación como palanca para impulsar su agenda de migración, en lugar
de imponer sanciones que puedan fomentar la destitución del presidente.
Posiblemente
en ese contexto, el secretario interino del Departamento de Seguridad
Nacional de Estados Unidos, Kevin McAleenan, se reunió el martes con el
presidente Hernández para discutir "un compromiso compartido para
mejorar la seguridad y abordar la migración irregular", según un comunicado de prensa conjunto.
Las protestas en las calles podrían
aumentar en Honduras conforme surjan nuevos detalles durante el juicio,
perpetuando un ciclo de disturbios que probablemente continuará hasta
que Hernández deje el cargo.
"Conociendo a
Hernández como lo conozco, estoy seguro de que va a luchar hasta el
último momento para no renunciar al poder antes del final de su
mandato", dijo Pineda, quien fue miembro del congreso junto con
Hernández a comienzos de siglo.
David Adams contribuyó con este reportaje.
