Evidencia en juicio por narcotráfico en EE. UU. podría derrocar al presidente de Honduras
octubre 2, 2019
Redacción
Tomado de: InSigthCrime
Aunque será su hermano menor quien comparezca en la corte por acusaciones de narcotráfico, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, también será juzgado en las próximas semanas por dirigir lo que puede calificarse como un narcoestado.
El juicio de Juan Antonio “Tony” Hernández —cuyo inicio está programado para el 2 de octubre— puede resultar una bomba, y podría confirmar la sospecha de nexos entre el crimen organizado y el presidente Hernández, a quien los fiscales han señalado de haber recibido millones de dólares del narcotráfico para financiar sus campañas políticas.
El presidente Hernández, su hermano menor y otros políticos y representantes del gobierno recurrieron al narcotráfico para “mantener y acrecentar su poder político”, alegan los fiscales estadounidenses.
En noviembre de 2018, las autoridades federales detuvieron a Tony Hernández en Miami, por delitos relacionados con drogas y armas. Las autoridades lo acusan de ser un “narcotraficante a gran escala”, y tan osado que llegó a marcar los paquetes de cocaína con sus iniciales, afirma el expediente criminal.
Desde esa fecha, en manos de la justicia han caído prominentes figuras, desde alcaldes hasta funcionarios de alto rango de la policía, lo que ha apretado la soga en torno al presidente, cuya pose de paladín del crimen irónicamente lo llevó al poder.
A continuación, InSight Crime analiza parte de la evidencia y de los actores en el juicio que podrían poner fin a este mandato presidencial.
Los contactos de Tony con el hampa
Poco después de su detención, Tony Hernández rindió extensa declaración ante agentes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA por sus siglas en inglés), en la que describió sus conexiones con la crema y nata del narcotráfico de Centroamérica.
Entre ellos se encontraban Héctor Emilio Fernández, alias “Don H”, quien purga cadena perpetua en Estados Unidos por tráfico de cocaína; Víctor Hugo Díaz Morales, alias “El Rojo”, coacusado en el caso de Hernández, y Los Cachiros, familia de ladrones de ganado que se hicieron narcos.
El exdiputado también está relacionado con varios representantes del gobierno sospechosos de tener nexos criminales. Entre ellos se cuentan Amilcar Alexander Ardón, exalcalde que declaró a los fiscales que negoció con Tony Hernández para entregar ganancias de la droga para las campañas de Juan Orlando Hernández; Fredy Nájera Montoya, exdiputado que enfrenta cargos por narcotráfico; y Mario José Cálix Hernández, exalcalde a quien Estados Unidos ha solicitado en extradición por narcotráfico y es otro de los acusados en el caso.
Además, el clan de los Valle Valle —que en su mejor momento fue uno de los enlaces más importantes entre organizaciones narcotraficantes mexicanas, colombianas y guatemaltecas— vio a Tony Hernández y sus conexiones con la élite política de Honduras como una forma de blindarse frente a la extradición.
“Hablé con [un cómplice de Los Valle] por teléfono una sola vez… él me ofreció helicópteros… lo que quería era tener gente en el Congreso para poder… para poder manejar, obviamente, el tema de las extradiciones”, declaró Tony Hernández a la DEA después de su captura.
Cediendo a la presión de Estados Unidos en 2012, el Congreso hondureño sancionó una reforma constitucional mediante la cual el expresidente Porfirio Lobo autoriza la extradición. El presidente Juan Orlando Hernández, en ese entonces uno de los diputados más importantes, tuvo una participación fundamental.
Aun cuando ambos presidentes procedieron a extraditar una larga lista de importantes narcos, los fiscales pueden tener más evidencia para demostrar cómo Tony Hernández y el presidente Hernández intentaron usar la influencia política de este último para proteger a narcos de su círculo más cercano.
Devis Rivera Maradiaga: las conversaciones de un capo
Sorprendentemente, las drogas no fueron el tema de una conversación interceptada entre Tony Hernández y Devis Rivera Maradiaga, una de las cabezas del poderoso clan narco Los Cachiros, quienes terminaron cooperando con la DEA.
En un encuentro en febrero de 2014, Rivera Maradiaga le preguntó a Hernández, cuyo hermano acababa de convertirse en presidente, sobre las deudas del gobierno con una firma constructora de propiedad de Los Cachiros. La firma había recibido US$2,7 millones en contratos a cambio de sobornos durante la administración Lobo.
La reunión, grabada en secreto por Rivera Maradiaga, es una de las pocas pruebas incontrovertibles que se han conocido hasta el momento en el caso contra Hernández. Dos fotos borrosas de Hernández en la reunión también se cuentan entre los documentos presentados por los fiscales, quienes dicen que este recibió US$50.000 como soborno del traficante. Durante una entrevista con agentes de la DEA, Hernández negó que conociera a Rivera Maradiaga, aun después de que se le mostraron esas mismas imágenes.
Los fiscales han usado el testimonio de Rivera Maradiaga y las conversaciones interceptadas para condenar al hijo del expresidente Lobo, Fabio Lobo; Alberto Valladares Zúñiga, jefe de policía que actuaba como sicario para Los Cachiros, y Sergio Neftalí Mejía Duarte, alias “El Compa”, narcotraficante que trabajó en el cartel de Sinaloa y se dice que estuvo presente en una reunión en la que se planeó el asesinato en 2009 del entonces zar de la droga, Julián Arístides González. También han utilizado dichas evidencias para inculpar a otros oficiales de policía y funcionarios de gobierno.
Rivera Maradiaga también ha implicado a miembros de la poderosa familia Rosenthal, entre ellos al magnate de la banca Jaime Rosenthal, en lavado de dinero para Los Cachiros. Yankel Rosenthal, quien fungió como ministro de inversiones en el mandato del presidente Hernández hasta junio de 2015, y su primo Yani Rosenthal, se declararon culpables de los cargos de lavado de dinero formulados por Estados Unidos.
Es muy probable que Rivera Maradiaga sea llamado como testigo en el juicio de Hernández. La pregunta es qué más podría aparecer en su grabación de la reunión, y si se menciona a Juan Orlando ahí o en otras conversaciones.
Nueva evidencia podría recabarse de los dos teléfonos celulares de Tony Hernández, que fueron incautados por los agentes de la DEA al momento del arresto de aquel. Los fiscales también han solicitado acceso a varias cuentas de correo electrónico para rastrear las comunicaciones entre Hernández y sus coconspiradores.
‘El Rojo’: amigo de Tony y coacusado
Víctor Hugo Díaz Morales, alias “El Rojo”, es una figura del hampa hondureña , sobre quien pesan acusaciones de narcotráfico en el mismo caso de Tony Hernández.
Arrestado en 2017 en Ciudad de Guatemala, Díaz Morales operó durante más de una década en el oeste de Honduras, a lo largo de la frontera con Guatemala.
En el curso de las investigaciones en torno a Díaz Morales —quien presuntamente se apoyó en una red de políticos y funcionarios de la policía y el ejército para facilitar sus delitos—, un funcionario de la embajada de Estados Unidos le informó a InSightCrime que el hermano del presidente había sido calificado de “persona de interés” en 2016.
La organización de Díaz Morales tenía su sede en Gracias, Lempira —la ciudad de la familia de Hernández y también el departamento donde Juan Orlando se lanzó a la política nacional como diputado—. En la entrevista con las autoridades estadounidenses después de su arresto, Hernández admite que él y Díaz Morales “tenían una buena amistad”, y declara que este último le pidió que participara en “una carga” y le ofreció “trabajo”, con lo que se refería a transportar estupefacientes a Estados Unidos. También admite que Díaz Morales le dio regalos por medio de un cómplice de nombre Carlitos.
Los regalos, entre los que había dos pistolas Glock, un reloj Rolex y un caballo peruano, eran “un bono”, según le dijo Carlitos, por ser “buen amigo”.
Mauricio Hernández Pineda: alto oficial de policía, primo y coacusado
Antes de posesionarse en 2014, Juan Orlando Hernández prometió mano dura en la lucha contra los grupos del crimen organizado de su país, que han convertido a Honduras en uno de los países más violentos de Latinoamérica.
Como parte del llamado compromiso, el presidente Hernández comenzó en 2016 un proceso de depuración de la policía nacional. Pero en ese periodo las acusaciones criminales y las detenciones han asediado a la comisión encargada de dicha depuración, y no se retiraron todas las manzanas podridas.
Mauricio Hernández Pineda, antiguo alto oficial de la policía nacional y primo de Tony y Juan Orlando Hernández, ahora enfrenta cargos por delitos de drogas y armas como parte del caso contra Tony. Supuestamente él fue desvinculado de la institución en agosto de 2017, no por su presunta conducta criminal, sino como parte de una “reestructuración” más amplia.
Durante casi 20 años, alegan los fiscales, Hernández Pineda prestó servicios de seguridad armada para cargamentos de cocaína y entregó “información policial sensible sobre planes de operaciones” a sus coconspiradores para ayudarles a eludir su captura.
Los fiscales también señalan que, aunque Juan Orlando Hernández fungía como diputado en 2010, su primo sobornó a otro oficial de la policía nacional con regalos y pagos para obtener información sobre operativos de seguridad, con el fin de beneficiar la conspiración de drogas de Tony Hernández, según un resumen de la evidencia .
Años después, en 2012, cuando el otro agente de policía, que es identificado en los documentos de la corte solo como un testigo cooperador (CW-4), mencionó preocupación por su posible extradición a Estados Unidos, Hernández Pineda le aseguró a su colega que, aunque la extradición estaba vigente “en teoría”, ellos “no serían extraditados”.
El presidente Hernández había considerado suprimir la ley de extradición que él mismo ayudó a aprobar en 2012, por temor, según los documentos judiciales, de que su hermano fuera objeto de una orden de extradición de Estados Unidos. En últimas no lo hizo.
Según los fiscales, Tony Hernández y Hernández Pineda conspiraron para aprovechar el narcotráfico con el fin de “mantener y acrecentar […] el poder del Partido Nacional en Honduras”, del cual su pariente, el presidente Hernández, era una estrella en ascenso que más tarde se convirtió en la imagen del partido como jefe de Estado.
El nombre de Hernández Pineda nunca aparece en la entrevista de Tony con la DEA. Pero Tony señala que su hermano le había advertido, en términos generales, sobre las compañías que frecuentaba.
“Si hay algo, será problema tuyo”, afirma Tony que le dijo su hermano Juan Orlando Hernández.
Este caso podría demostrar lo contrario.
Nueva York, Estados Unidos. El actual presidente de
Honduras, Juan Orlando Hernández, fue mencionado 97 veces durante el
testimonio del político y narcotraficante hondureño, Alexander “Chande”
Ardón. El narcotraficante describió las reuniones y los sobornos
entregados a Hernandez. e
NOTIBOMBA (NB) presentó en exclusiva el testimonio integro, autentico, completo y traducido al español del narcotraficante y político hondureño Amilcar Alexander Ardón Soriano, en donde detalla el modus operandi de su organización criminal coludido con el actual presidente, Juan Orlando Hernández.
Hernández es mencionado en múltiples ocasiones al ser acusado de presuntamente recibir dinero de Ardón y otros narcotraficantes entre ellos el infame, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, para costear campañas políticas desde que Hernández aspiraba a ser diputado del Congreso Nacional, presidente del Congreso hasta llegar a Presidente de la República.
Los días húmedos y fríos de octubre nos recuerdan los tiempos
tremendos que han tenido que soportar los pueblos desde antes del
nacimiento de la República hace 198 años.
Las luchas de Francisco Morazán antes de 1821 fueron precisamente contra este mismo matrimonio diabólico que hoy une a eclesiásticos con criminales, en octubre 2019.
El clan de los Aycinenas era en 1875 un cartel bendecido por un dios sinverguenza con quien traficaban en la centroamérica del siglo 17 y 18, hasta que Morazán los metió al mamo a punta de espada.
Este paladín de la independencia Patria no tiene nada que ver con el soldado narco de hoy, con los oficiales corruptos sobornados por los cachiros, el chapo y los muchachos de Lempira.
La celebración del 3 de octubre recién pasado, con chafas exhibiendo uniformes, camuflages, armas pesadas, fragatas y aviones de combate, fue la patética imagen de una dictadura criminal que encubre un cartel de delincuentes miserables al frente del Estado.
Si Morazán hubiera descabalgado ese día es absolutamente seguro que los habría partido con su espada, por utilizar esos armamentos contra el pueblo durante las manifestaciones pacíficas que exigen el retorno al Estado de Derecho.
Por todos los medios posibles los chafas y los chepos corruptos han intentado desatar el odio y la venganza entre un pueblo noble, bueno y valiente, que a pesar de las humillaciones, las torturas y los crímenes en su contra, no desciende al nivel de los basuras. No desenfunda sus armas ni pierde la cabeza, a pesar del dolor.
Estas fuerzas armadas de los carteles criminales de Honduras son directamente responsables de la destrucción institucional de la Nación. Han otorgado las rutas de circulación terrestres, marítimas y áreas a los traficantes, han garantizado la protección de los extorsionadores a gran escala y blindan a los enormes corruptos, que se sampan las hostias católicas y se ungen con los aceites evangélicos.
Desde la era Ferrari pasando por el tiempo Mata hasta el momento Vesace, los militares deshonestos, corruptos y obedientes de la línea Pentágono y Comando Sur, nos atacan junto a este big brother que controla toda la inmundicia.
El juicio en Nueva York contra el impostor Juan Orlando Hernández Alvarado es una de esas pocas oportunidades que la sociedad hondureña tiene para conocer los detalles de la pudrición institucional.
Los testimonios del Rojo, el Chande, el don H, el Tonny y los otros, junto a las pruebas de la fiscalía del distrito sur de esa ciudad, nos permiten aproximarnos al mierdero en que han metido a la República Libre, Soberana e Independiente que proclamó el héroe.
Es un momento de vergüenza internacional la que sufrimos, un momento que revela las brutalidades del narcotráfico a nivel local, que es apenas una de las actividades del crimen organizado, que incluye además el lavado de dinero de las actividades corruptas, el tráfico de personas con fines de explotación sexual, la comercialización ilegal de armas, la mafiosa industria farmacéutica, los bancos y los paraísos fiscales para los déspotas.
Estas otras atrocidades que destruyen nuestro tejido social siguen pendientes de sanción penal. Ese día debe llegar y cubrir también la miseria de los medios de comunicación, de sus dueños, ejecutivos y marionetas, auténticos carteles de la mentira y el silencio criminal.
Pero volviendo a los militares y a Morazán, el reconocido abogado Juaquín Mejía nos ayuda a terminar bien esta columna nocturnal de Voces contra el Olvido. Citamos:
“Las fronteras nacionales que las Fuerzas Armadas deben proteger son un paso fácil para la cocaína que va hacia Estados Unidos. Según el informe “Estrategia Internacional de Control de Narcóticos 2019”, del Departamento de Estado, Honduras es uno de los principales países productores de droga y de lavado de dinero.
Además, a los militares se les dio la responsabilidad no solo de proteger las fronteras, sino también la democracia, las elecciones, los derechos humanos, la alternabilidad en el poder y los bosques. Pero las evidencias demuestran que han fracasado debido a su complicidad con el crimen organizado.
Por tanto, está claro que las Fuerzas Armadas no sirven para nada que beneficie a la sociedad, pues se han convertido en perros guardianes de quienes les tiran migajas de poder. Es un reto patriótico que desaparezcan y así destinar el presupuesto que malgastan en garantizar condiciones de dignidad para la población.
Seguro que si Morazán viviera se preguntaría ¿cómo es posible que de acuerdo con la DEA, el 80% de la cocaína que llega a Estados Unidos pasa por las fronteras marítimas, áreas y terrestres custodiadas históricamente por las Fuerzas Armadas?”. Fin de la cita.
Buenas noches!
Editorial Voces contra El Olvido, sábado 5 de octubre de 2019
Honduras ocupa un lugar marginal en la agenda de los medios
tradicionales. En la actualidad vive una crisis institucional y su
democracia es casi ficcional. Tras los intentos de privatización de la
salud y la educación pública, el pueblo salió a las calles a
manifestarse y la respuesta fue represión. El periodista Manuel Martínez
dialogó con el programa Tengo una Idea, que conducen Graciela
Carballo, Carlos Morchio y Nicolás Rosales, y realizó un repaso
histórico para entender aún más la actualidad hondureña. (Por La Retaguardia)
Foto: simpatizantes de Nasralla denunciaron fraude tras las últimas elecciones (RT)
Con el incremento de las políticas neoliberales en Latinoamérica, las noticias de los medios que tienen estos temas en agenda, muestran ajuste y represión. Honduras es un país que está viviendo una crisis profunda, con el pueblo resistiendo en las calles; sin embargo, en los medios tradicionales no parece ser importante. El periodista Manuel Martínez resumió parte de un conflicto que viene de años. Comenzó analizando el contexto histórico. “En este momento se está viviendo un polvorín, hace 10 había un gobierno que viviendo del Partido Liberal había ido hacia el ALBA (Alternativa Bolivariana de las Américas), hacia la influencia de lo que se conoció como el chavismo y fue echado del poder por los EEUU. Fue el primer golpe contra los gobiernos populares antiliberales de este siglo 21. El segundo fue contra Lugo en Paraguay, y el tercero fue contra Dilma en el 2016 en Brasil”.
“Yo quisiera señalar las particularidades de Honduras. Es un país pequeño que está en triangulo norte de Centroamérica que está formado por Guatemala y El Salvador. Fue un país históricamente dominado por los EEUU. Ahí estaban las famosas empresas de frutas, las United Fruits, la Standart, Cuyamel, que convirtieron a la economía de Honduras en una economía bananera propiamente. La palabra que se usa incluso despectivamente, diciendo este es un país bananero se refiere a eso. Estas compañías eran enormes, y tenían además los ferrocarriles, puertos y bancos. Tenían el control total del país”, detalló.
Conexión con Argentina
“Hace 40 años, en 1979, cuando se produjo la Revolución nicaragüense sandinista, que se perdió lamentablemente, 10 años después. Ahí está la base de Palmerola, una base militar yanqui que queda en el corazón de Honduras. Desde allí se dirigieron todas las contrarrevoluciones, donde hubo una guerra bastante compleja. Un enfrentamiento armado difícil que finalmente Nicaragua ganó, que fue los “Contras” y los “Sandinistas”, donde el pueblo nicaragüense se movilizó y luchó”, explicó.
Continuando con su repaso histórico, Martínez estableció una relación con la dictadura Argentina. “Cabe recordar que esas operaciones estaban dirigidas por la CIA y que habían organizado grupos paramilitares y de civiles armados que enfrentaban a la Revolución sandinista y que también tenían asesoramiento de militares argentinos. De eso se conoce poco. En la revista norteamericana Times, en aquella época, 1982, cuentan que un periodista entra a un bar en Tegucigalpa, que es la capital de Honduras, se encuentra con un montón de gente que no eran hondureños, que por el genotipo eran algunos norteamericanos, “gringos”, y también argentinos. Se sorprende, porque lo primero que hace es sentir el acento argentino. Y después, en las declaraciones que hubo posteriormente en varios procesos judiciales que se hicieron después de la guerra entre el sandinismo y los contras, también hay declaraciones en el sentido que efectivamente había oficiales del Ejército argentino asesorando a estos grupos contrarrevolucionarios en Honduras”, dijo, respecto del reconocido intercambio entre los ejércitos represores de América Latina en los años más oscuros.
Centroamérica como patio trasero
Manuel Martínez relató cómo comenzó el proceso que terminó con la destitución del presidente constitucional de aquel momento, una década atrás. “Hace 10 años en Honduras gobernaba Manuel Mel Zelaya, que venía del Partido Liberal, el partido clásico que había ganado las elecciones y que cometió un pecado mortal para el imperialismo, que fue unirse al ALBA (Alternativa Bolivariana de las Américas). Centroamérica ha sido el lugar estratégico, el patio trasero que los yanquis siempre han cuidado de una manera particular. Las dictaduras en Centroamérica han sido terribles. Honduras fue calificada como un gobierno chavista. Además, Mel Zelaya en proceso electoral interno planteó una boleta adicional donde se le consulte al pueblo si aceptaba o no la reforma constitucional para reelegir al presidente. Ese elemento fue tomado como la gota que colmó el vaso y como que Zelaya quería perpetuarse en el poder”. Luego recordó como el 28 de Junio del 2009 lo sacaron en pijamas y lo sacaron de Costa Rica.
Para la oposición, un dictador apoyado por EEUU
Martínez recordó cómo fue la última instancia electoral: “El gobierno de Juan Orlando Hernández (el actual), es un gobierno de derecha de corte neoliberal, corrupto y extremadamente autoritario. Además fue reelegido en elecciones fraudulentas, por eso la oposición lo considera un dictador, donde el escrutinio tardó 3 o 4 semanas en contar los votos y decir quién era finalmente el ganador. Le ganó a (Salvador) Nasralla, que era el candidato de un frente único de todos los partidos que había sido impulsado por el ex presidente Zelaya. Estado Unidos apoyó ese proceso. A Hernández se le ocurrió privatizar la educación y la salud pública. Por otro lado hubo un paro de transportistas y junto a eso empezó la lucha del sector educativo y de los trabajadores de la salud. Entonces se empezó a configurar un panorama bastante complejo y en ese contexto estalla un paro policial, lo cual es sumamente llamativo. Este paro plantea claramente que no van a reprimir a las luchas populares. Además denunciando que se los obliga a reprimir de manera habitual”.
La lucha en las calles
“Rápidamente el proceso dio lugar a unificación política y el planteo pasó de ser meramente reivindicativo para pasar a ser político, el lema es “Fuera Juan Orlando Hernández”, para echarlo del poder. Hernández arregló parcialmente la lucha de los transportistas y la lucha de la policía. Pero al mismo tiempo militarizó el escenario nacional para salir a la calle y reprimir la movilización. La escalada represiva fue tan fuerte a tal punto que entró al campus de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, causando varios heridos”
“Frente a todo esto, el planteo es continuar con las movilizaciones y desarrollar una lucha nacionalmente. El conflicto se extiende. La policía es posible que ya esté dividida (los 'Cobras', la policía que no quiere reprimir), los van a depurar”, finalizó su análisis.
Lo cierto es que el actual presidente parece empeñado en avanzar con la privatización. Honduras es el segundo país más pobre de Latinoamérica y se encuentra en claro retroceso de los derechos humanos.
Por Marpa
Tegucigalpa.- Una nueva delegación de observadores de derechos humanos, procedentes del País Vasco se encuentra tanto en Honduras como en Guatemala, para constatar la situación actual por la que atraviesan las comunidades campesinas que luchan contra los proyectos extractivistas y la condición vulnerable que enfrentan los defensores y defensoras de la tierra y los territorios. Otros grupos también se exponen a situaciones desfavorables que ponen en riesgo sus vidas.
La delegación que se encuentra en Honduras, está compuesta por la abogada Mirtha Vásquez, de nacionalidad peruana, experta en temas ambientales, la Dra. Cristina Churruca Muguruza, profesora de Relaciones Internacionales y acción Humanitaria y construcción de la Paz en el instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Deusto y el Dr. Luis Miguel Uharte, investigador social y catedrático de la Universidad del País Vasco.
El viernes 20 de septiembre en horas de la mañana, luego de sostener conversaciones con autoridades de la Embajada de España en Tegucigalpa, la delegación estuvo presente en la presentación del Contexto y Casos Emblemáticos expuesto por las coordinaciones de La Vía Campesina, Central Nacional de Trabajadores del campo (CNTC), Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Centro de Estudios de la Mujer-Honduras (CEM-H) y dirigentes del Grupo Campesino 9 de Julio y Las Torres, del departamento de La Paz.
En el evento, el sociólogo Eugenio Sosa expuso sobre las consecuencias, las secuelas y la implicación para el pueblo hondureño, tanto del golpe de estado de 2009, como de los fraudes electorales de 2013 y 2017.
Sosa explicó que los problemas de Honduras se han agudizado en los últimos 10 años, con una economía de bajo crecimiento frente al incremento poblacional que incluye una gran demanda social no satisfecha en temas de vivienda, empleo, salud y educación.
“Con esta economía de muy bajo crecimiento, hay mucha desigualdad y concentración de la riqueza. Casi cualquier cosa en términos de la tierra, tecnología, ingresos y créditos; marcan una desigualdad enorme donde los sectores que acaparan son muy pocos, como los más altos en sectores de consumo medios y altos”, detalló el investigador social.
Otros problemas estructurales se han agudizado como la corrupción, las redes ilícitas de narcotráfico, la destrucción de la institucionalidad, con una democracia mínimamente aceptada en términos de soberanía popular y el surgimiento de un autoritarismo que ha agudizado la crisis hondureña.
“Cuando analizamos la situación hondureña que es bastante grave, nos preguntamos ante qué estamos, hay varias cosas que se ensayan pero que en el fondo todas quieren reflejar la situación grave. Hablamos de una crisis múltiple, una crisis continuada y permanente después del golpe, una crisis política y de gobernabilidad; que no termina de salir y hablamos realmente de una tragedia”, aseguró Sosa.
Entretanto la Coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva, reiteró que Honduras es un estado deshecho, y en ese sentido dijo, es que podrán entender cuál es la situación que vivimos los que apostamos a mejorar la situación en materia de derechos humanos.
Al hacer la tarea de acompañar los procesos, a las víctimas de la política criminal de estado, porque eso es lo que tenemos “una política criminal de estado”, lo enfrentamos con los instrumentos internacionales que tenemos a nuestro alcance y lo orientamos haciendo uso de lo que reza la Constitución de la República, aunque sabidas estamos; que eso no va a tener ningún efecto.
“Cuando hablamos de una política criminal nos referimos a que nunca, porque nosotras tenemos 37 años de trabajar el tema de los derechos humanos y nunca como hoy enfrentamos los niveles de espionaje, los niveles de infiltración, los niveles de seguimiento que tienen la mayoría de las organizaciones”, porque aquí se ha incrementado la militarización y el militarismo”, denunció la reconocida defensora de derechos humanos.
La Coordinadora del COFADEH también apuntó que debe insistirse sobre la investigación de los temas de las desapariciones forzadas de los años ochenta, ya que se han repetido las acciones de este crimen de lesa humanidad “y con los mismos actores del pasado, por lo que es más atroz lo que se vive en el país”.
“Tenemos una emergencia en temas de los derechos humanos y eso no podemos catalogarlo de otra manera, es emergencia permanente en derechos humanos. La situación, así como la estamos viendo, nos viene peor”, advirtió Olivia.
Por su parte la directora del Centro de Estudios de la Mujer- Honduras (CEM-H), Suyapa Martínez, resaltó el escenario de acoso, hostigamiento, exclusión, violaciones sexuales y crímenes que se cometen contra las mujeres hondureñas.
Martínez destacó también la situación vulnerable que enfrentan niñas y jóvenes reclutadas por maras y pandillas que sirven de “banderas” para el crimen organizado o el narcotráfico. Estas implicaciones han llevado al asesinato de féminas jóvenes en el país.
La Coordinadora del CEM-H reveló que un 62.8 por ciento de los asesinatos de las mujeres ocurren en lugares públicos, en la casa un 21.4 por ciento, en negocios un 4.6 por ciento, en cuarterías 2.0 por ciento, en solares baldíos 1.5 por ciento, en hoteles un 1.5 por ciento, en autobuses 1.5 por ciento. Lanzadas a un río 1 por ciento.
En los últimos 10 años se han registrado 4 mil 736 femicidios o crímenes contra mujeres. Solo entre 2018 y 2019 se contabilizaron 800 casos de mujeres asesinadas, de los cuales solo 11 casos fueron judicializados como femicidios, que representa apenas el 1.43 por ciento.
Acerca de la lucha de las comunidades campesinas por una parcela de tierra, el Director Ejecutivo de la Vía Campesina, Rafael Alegría, expuso que la crisis por la que atraviesa el campesinado sin acceso a la tierra, tiene su raíz en la Ley de Modernización para el Desarrollo del Sector Agrícola, impulsado por el gobierno de Rafael Leonardo Callejas.
Añadió que los procesos de legalización de tierras impulsados por el ex presidente Manuel Zelaya, fueron invalidados por el golpe de estado. “El decreto 18-2008, aprobado por Zelaya estipulaba que las tierras que estaban ocupadas por los campesinos fueran tituladas y nos preparábamos para aprobar una nueva ley que sustituyera la de modernización agrícola”.
Alegría quien aboga por la aprobación de una “Ley de Derechos Campesinos y otras Gentes”, sostuvo que en los últimos diez años se han registrado asesinatos de campesinos, la destrucción de movimientos, desalojos violentos y procesos de judicialización contra los trabajadores y trabajadoras del campo.
“La criminalización de la lucha por la tierra ha estado a la orden del día en estos últimos diez años, y ahora con otro elemento, que es una lucha contra la minería y contra las represas en defensa del agua; entonces ahí hay una combinación de tierra, agua y bienes naturales”, sostuvo el director de La Vía Campesina.
Para finalizar Alegría mencionó que este mismo día, se produjo un desalojo por parte de efectivos policiales en contra del Grupo Campesino Buenos Amigos en Choloma, Cortés. “Por esos desalojos han ido a parar a la cárcel, alrededor de 8 mil 500 campesinos, incluyendo mil 700 mujeres, y otros tienen medidas cautelares donde tienen que estar firmando en los tribunales”.
La llegada de la Misión de Observación Internacional de los Derechos Humanos fue organizada por “Mundubat”, en coordinación con las organizaciones socias con las que trabaja en Honduras como son: La Vía Campesina, COFADEH, CNTC y CEM-H, con el apoyo de la Agencia Vasca de Cooperación y el Gobierno Vasco. Dos grupos de la delegación se encuentran simultáneamente en Guatemala y Honduras desde el 19 al 25 de septiembre.
Aunque será su hermano menor quien comparezca en la corte por acusaciones de narcotráfico, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, también será juzgado en las próximas semanas por dirigir lo que puede calificarse como un narcoestado.
El juicio de Juan Antonio “Tony” Hernández —cuyo inicio está programado para el 2 de octubre— puede resultar una bomba, y podría confirmar la sospecha de nexos entre el crimen organizado y el presidente Hernández, a quien los fiscales han señalado de haber recibido millones de dólares del narcotráfico para financiar sus campañas políticas.
El presidente Hernández, su hermano menor y otros políticos y representantes del gobierno recurrieron al narcotráfico para “mantener y acrecentar su poder político”, alegan los fiscales estadounidenses.
En noviembre de 2018, las autoridades federales detuvieron a Tony Hernández en Miami, por delitos relacionados con drogas y armas. Las autoridades lo acusan de ser un “narcotraficante a gran escala”, y tan osado que llegó a marcar los paquetes de cocaína con sus iniciales, afirma el expediente criminal.
Desde esa fecha, en manos de la justicia han caído prominentes figuras, desde alcaldes hasta funcionarios de alto rango de la policía, lo que ha apretado la soga en torno al presidente, cuya pose de paladín del crimen irónicamente lo llevó al poder.
A continuación, InSight Crime analiza parte de la evidencia y de los actores en el juicio que podrían poner fin a este mandato presidencial.
Los contactos de Tony con el hampa
Poco después de su detención, Tony Hernández rindió extensa declaración ante agentes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA por sus siglas en inglés), en la que describió sus conexiones con la crema y nata del narcotráfico de Centroamérica.
Entre ellos se encontraban Héctor Emilio Fernández, alias “Don H”, quien purga cadena perpetua en Estados Unidos por tráfico de cocaína; Víctor Hugo Díaz Morales, alias “El Rojo”, coacusado en el caso de Hernández, y Los Cachiros, familia de ladrones de ganado que se hicieron narcos.
El exdiputado también está relacionado con varios representantes del gobierno sospechosos de tener nexos criminales. Entre ellos se cuentan Amilcar Alexander Ardón, exalcalde que declaró a los fiscales que negoció con Tony Hernández para entregar ganancias de la droga para las campañas de Juan Orlando Hernández; Fredy Nájera Montoya, exdiputado que enfrenta cargos por narcotráfico; y Mario José Cálix Hernández, exalcalde a quien Estados Unidos ha solicitado en extradición por narcotráfico y es otro de los acusados en el caso.
Además, el clan de los Valle Valle —que en su mejor momento fue uno de los enlaces más importantes entre organizaciones narcotraficantes mexicanas, colombianas y guatemaltecas— vio a Tony Hernández y sus conexiones con la élite política de Honduras como una forma de blindarse frente a la extradición.
“Hablé con [un cómplice de Los Valle] por teléfono una sola vez… él me ofreció helicópteros… lo que quería era tener gente en el Congreso para poder… para poder manejar, obviamente, el tema de las extradiciones”, declaró Tony Hernández a la DEA después de su captura.
Cediendo a la presión de Estados Unidos en 2012, el Congreso hondureño sancionó una reforma constitucional mediante la cual el expresidente Porfirio Lobo autoriza la extradición. El presidente Juan Orlando Hernández, en ese entonces uno de los diputados más importantes, tuvo una participación fundamental.
Aun cuando ambos presidentes procedieron a extraditar una larga lista de importantes narcos, los fiscales pueden tener más evidencia para demostrar cómo Tony Hernández y el presidente Hernández intentaron usar la influencia política de este último para proteger a narcos de su círculo más cercano.
Devis Rivera Maradiaga: las conversaciones de un capo
Sorprendentemente, las drogas no fueron el tema de una conversación interceptada entre Tony Hernández y Devis Rivera Maradiaga, una de las cabezas del poderoso clan narco Los Cachiros, quienes terminaron cooperando con la DEA.
En un encuentro en febrero de 2014, Rivera Maradiaga le preguntó a Hernández, cuyo hermano acababa de convertirse en presidente, sobre las deudas del gobierno con una firma constructora de propiedad de Los Cachiros. La firma había recibido US$2,7 millones en contratos a cambio de sobornos durante la administración Lobo.
La reunión, grabada en secreto por Rivera Maradiaga, es una de las pocas pruebas incontrovertibles que se han conocido hasta el momento en el caso contra Hernández. Dos fotos borrosas de Hernández en la reunión también se cuentan entre los documentos presentados por los fiscales, quienes dicen que este recibió US$50.000 como soborno del traficante. Durante una entrevista con agentes de la DEA, Hernández negó que conociera a Rivera Maradiaga, aun después de que se le mostraron esas mismas imágenes.
Los fiscales han usado el testimonio de Rivera Maradiaga y las conversaciones interceptadas para condenar al hijo del expresidente Lobo, Fabio Lobo; Alberto Valladares Zúñiga, jefe de policía que actuaba como sicario para Los Cachiros, y Sergio Neftalí Mejía Duarte, alias “El Compa”, narcotraficante que trabajó en el cartel de Sinaloa y se dice que estuvo presente en una reunión en la que se planeó el asesinato en 2009 del entonces zar de la droga, Julián Arístides González. También han utilizado dichas evidencias para inculpar a otros oficiales de policía y funcionarios de gobierno.
Rivera Maradiaga también ha implicado a miembros de la poderosa familia Rosenthal, entre ellos al magnate de la banca Jaime Rosenthal, en lavado de dinero para Los Cachiros. Yankel Rosenthal, quien fungió como ministro de inversiones en el mandato del presidente Hernández hasta junio de 2015, y su primo Yani Rosenthal, se declararon culpables de los cargos de lavado de dinero formulados por Estados Unidos.
Es muy probable que Rivera Maradiaga sea llamado como testigo en el juicio de Hernández. La pregunta es qué más podría aparecer en su grabación de la reunión, y si se menciona a Juan Orlando ahí o en otras conversaciones.
Nueva evidencia podría recabarse de los dos teléfonos celulares de Tony Hernández, que fueron incautados por los agentes de la DEA al momento del arresto de aquel. Los fiscales también han solicitado acceso a varias cuentas de correo electrónico para rastrear las comunicaciones entre Hernández y sus coconspiradores.
‘El Rojo’: amigo de Tony y coacusado
Víctor Hugo Díaz Morales, alias “El Rojo”, es una figura del hampa hondureña , sobre quien pesan acusaciones de narcotráfico en el mismo caso de Tony Hernández.
Arrestado en 2017 en Ciudad de Guatemala, Díaz Morales operó durante más de una década en el oeste de Honduras, a lo largo de la frontera con Guatemala.
En el curso de las investigaciones en torno a Díaz Morales —quien presuntamente se apoyó en una red de políticos y funcionarios de la policía y el ejército para facilitar sus delitos—, un funcionario de la embajada de Estados Unidos le informó a InSightCrime que el hermano del presidente había sido calificado de “persona de interés” en 2016.
La organización de Díaz Morales tenía su sede en Gracias, Lempira —la ciudad de la familia de Hernández y también el departamento donde Juan Orlando se lanzó a la política nacional como diputado—. En la entrevista con las autoridades estadounidenses después de su arresto, Hernández admite que él y Díaz Morales “tenían una buena amistad”, y declara que este último le pidió que participara en “una carga” y le ofreció “trabajo”, con lo que se refería a transportar estupefacientes a Estados Unidos. También admite que Díaz Morales le dio regalos por medio de un cómplice de nombre Carlitos.
Los regalos, entre los que había dos pistolas Glock, un reloj Rolex y un caballo peruano, eran “un bono”, según le dijo Carlitos, por ser “buen amigo”.
Mauricio Hernández Pineda: alto oficial de policía, primo y coacusado
Antes de posesionarse en 2014, Juan Orlando Hernández prometió mano dura en la lucha contra los grupos del crimen organizado de su país, que han convertido a Honduras en uno de los países más violentos de Latinoamérica.
Como parte del llamado compromiso, el presidente Hernández comenzó en 2016 un proceso de depuración de la policía nacional. Pero en ese periodo las acusaciones criminales y las detenciones han asediado a la comisión encargada de dicha depuración, y no se retiraron todas las manzanas podridas.
Mauricio Hernández Pineda, antiguo alto oficial de la policía nacional y primo de Tony y Juan Orlando Hernández, ahora enfrenta cargos por delitos de drogas y armas como parte del caso contra Tony. Supuestamente él fue desvinculado de la institución en agosto de 2017, no por su presunta conducta criminal, sino como parte de una “reestructuración” más amplia.
Durante casi 20 años, alegan los fiscales, Hernández Pineda prestó servicios de seguridad armada para cargamentos de cocaína y entregó “información policial sensible sobre planes de operaciones” a sus coconspiradores para ayudarles a eludir su captura.
Los fiscales también señalan que, aunque Juan Orlando Hernández fungía como diputado en 2010, su primo sobornó a otro oficial de la policía nacional con regalos y pagos para obtener información sobre operativos de seguridad, con el fin de beneficiar la conspiración de drogas de Tony Hernández, según un resumen de la evidencia .
Años después, en 2012, cuando el otro agente de policía, que es identificado en los documentos de la corte solo como un testigo cooperador (CW-4), mencionó preocupación por su posible extradición a Estados Unidos, Hernández Pineda le aseguró a su colega que, aunque la extradición estaba vigente “en teoría”, ellos “no serían extraditados”.
El presidente Hernández había considerado suprimir la ley de extradición que él mismo ayudó a aprobar en 2012, por temor, según los documentos judiciales, de que su hermano fuera objeto de una orden de extradición de Estados Unidos. En últimas no lo hizo.
Según los fiscales, Tony Hernández y Hernández Pineda conspiraron para aprovechar el narcotráfico con el fin de “mantener y acrecentar […] el poder del Partido Nacional en Honduras”, del cual su pariente, el presidente Hernández, era una estrella en ascenso que más tarde se convirtió en la imagen del partido como jefe de Estado.
El nombre de Hernández Pineda nunca aparece en la entrevista de Tony con la DEA. Pero Tony señala que su hermano le había advertido, en términos generales, sobre las compañías que frecuentaba.
“Si hay algo, será problema tuyo”, afirma Tony que le dijo su hermano Juan Orlando Hernández.
Este caso podría demostrar lo contrario.
Publicado el 8 Octubre, 2019
NOTIBOMBA (NB) presentó en exclusiva el testimonio integro, autentico, completo y traducido al español del narcotraficante y político hondureño Amilcar Alexander Ardón Soriano, en donde detalla el modus operandi de su organización criminal coludido con el actual presidente, Juan Orlando Hernández.
Hernández es mencionado en múltiples ocasiones al ser acusado de presuntamente recibir dinero de Ardón y otros narcotraficantes entre ellos el infame, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, para costear campañas políticas desde que Hernández aspiraba a ser diputado del Congreso Nacional, presidente del Congreso hasta llegar a Presidente de la República.
Abogado Omar Menjívar: Fiscal General ya debió instruir una investigación con lo que ha salido del juicio en la corte de EUA
Tuesday, 08 October 2019 22:25 Written by Dina Meza Published in Contexto - PASOS DE ANIMAL GRANDE
La Fiscalía General de la República al mando de su titular, Oscar
Fernando Chinchilla, debe instruir de inmediato una investigación ,
diligenciar las acciones necesarias de acuerdo con los convenios de
asistencia recíproca con los Estados Unidos, para obtener información en
poder de la DEA , en relación al juicio contra Tony Hernández, donde se
involucra al presidente Juan Orlando Hernández, en acciones vinculadas
al narcotráfico, señaló el abogado Omar Menjivar, la noche de este
martes 08 de octubre de 2019.
Desde el pasado 03 de octubre el juicio contra Tony Hernández,
hermano del mandatario, inició con las declaraciones de varios
narcotraficantes denominados por la Fiscalía como “testigos
cooperantes”, y desde esa fecha han salido a relucir varias
aseveraciones sobre el involucramiento del presidente de Honduras;
políticos; jefes policiales y militares, entre otros personajes, que han
hecho uso de la estructura estatal para agenciarse millones de dólares
del tráfico de drogas hacia el país del Norte.
Fiscal General ya debe haber iniciado investigación
El abogado independiente Omar Menjívar, fue fiscal del Ministerio Público y conoce palmo a palmo las atribuciones de ese ente del Estado. También ha llevado la representación legal en el ámbito nacional de perseguidos políticos, defensores de derechos humanos, estudiantes y periodistas. Así como casos de violaciones a derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.
Consultado por pasosdeanimalgrande.com sobre el silencio del Fiscal General en relación a toda la información que se está ventilando en la corte federal de Manhattan, en los Estados Unidos, alrededor del juicio contra Tony Hernández, Menjivar expresó que el funcionario ya debió hacer saber a la justicia de los Estados Unidos su interés por acceder a la información con todas las formalidades del caso. “Debe pedir certificación de las actas del juicio e instruir de inmediato la investigación”.
No obstante lo que señala el ex fiscal Menjívar, la alta figura del Ministerio Público no da visos de que quiere cumplir con la Ley, lo que le pondría en aprietos si se le dedujeran responsabilidades porque está violentando la Ley del Ministerio Público que ya señala sus atribuciones.
Chinchilla fue reelegido el 29 de junio de 2018, por el Congreso Nacional, en medio de serias críticas de un proceso poco transparente. Diversos sectores sociales señalaron que su candidatura no estaba entre las cinco seleccionadas por una Junta que se encargó de analizar las hojas de vida de las personas que se postularon para el puesto.
Se asoció esta reelección con la presión del presidente Juan Orlando Hernández para tener en esa institución a una persona de su confianza para cuidarse las espaldas antes futuros procesos penales, y el juicio en los Estados Unidos será una prueba de fuego para que demuestre lo contrario.
Se ha denunciado también que la concentración de poder que tiene el titular del Ejecutivo, abarca su intromisión para la elección de la Corte Suprema de Justicia, donde el parlamento nombró como presidente al abogado Rolando Argueta, un hombre fiel al presidente, de acuerdo a los señalamientos de sectores sociales.
Fiscal General ya debe haber iniciado investigación
El abogado independiente Omar Menjívar, fue fiscal del Ministerio Público y conoce palmo a palmo las atribuciones de ese ente del Estado. También ha llevado la representación legal en el ámbito nacional de perseguidos políticos, defensores de derechos humanos, estudiantes y periodistas. Así como casos de violaciones a derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.
Consultado por pasosdeanimalgrande.com sobre el silencio del Fiscal General en relación a toda la información que se está ventilando en la corte federal de Manhattan, en los Estados Unidos, alrededor del juicio contra Tony Hernández, Menjivar expresó que el funcionario ya debió hacer saber a la justicia de los Estados Unidos su interés por acceder a la información con todas las formalidades del caso. “Debe pedir certificación de las actas del juicio e instruir de inmediato la investigación”.
No obstante lo que señala el ex fiscal Menjívar, la alta figura del Ministerio Público no da visos de que quiere cumplir con la Ley, lo que le pondría en aprietos si se le dedujeran responsabilidades porque está violentando la Ley del Ministerio Público que ya señala sus atribuciones.
Chinchilla fue reelegido el 29 de junio de 2018, por el Congreso Nacional, en medio de serias críticas de un proceso poco transparente. Diversos sectores sociales señalaron que su candidatura no estaba entre las cinco seleccionadas por una Junta que se encargó de analizar las hojas de vida de las personas que se postularon para el puesto.
Se asoció esta reelección con la presión del presidente Juan Orlando Hernández para tener en esa institución a una persona de su confianza para cuidarse las espaldas antes futuros procesos penales, y el juicio en los Estados Unidos será una prueba de fuego para que demuestre lo contrario.
Se ha denunciado también que la concentración de poder que tiene el titular del Ejecutivo, abarca su intromisión para la elección de la Corte Suprema de Justicia, donde el parlamento nombró como presidente al abogado Rolando Argueta, un hombre fiel al presidente, de acuerdo a los señalamientos de sectores sociales.
Las luchas de Francisco Morazán antes de 1821 fueron precisamente contra este mismo matrimonio diabólico que hoy une a eclesiásticos con criminales, en octubre 2019.
El clan de los Aycinenas era en 1875 un cartel bendecido por un dios sinverguenza con quien traficaban en la centroamérica del siglo 17 y 18, hasta que Morazán los metió al mamo a punta de espada.
Este paladín de la independencia Patria no tiene nada que ver con el soldado narco de hoy, con los oficiales corruptos sobornados por los cachiros, el chapo y los muchachos de Lempira.
La celebración del 3 de octubre recién pasado, con chafas exhibiendo uniformes, camuflages, armas pesadas, fragatas y aviones de combate, fue la patética imagen de una dictadura criminal que encubre un cartel de delincuentes miserables al frente del Estado.
Si Morazán hubiera descabalgado ese día es absolutamente seguro que los habría partido con su espada, por utilizar esos armamentos contra el pueblo durante las manifestaciones pacíficas que exigen el retorno al Estado de Derecho.
Por todos los medios posibles los chafas y los chepos corruptos han intentado desatar el odio y la venganza entre un pueblo noble, bueno y valiente, que a pesar de las humillaciones, las torturas y los crímenes en su contra, no desciende al nivel de los basuras. No desenfunda sus armas ni pierde la cabeza, a pesar del dolor.
Estas fuerzas armadas de los carteles criminales de Honduras son directamente responsables de la destrucción institucional de la Nación. Han otorgado las rutas de circulación terrestres, marítimas y áreas a los traficantes, han garantizado la protección de los extorsionadores a gran escala y blindan a los enormes corruptos, que se sampan las hostias católicas y se ungen con los aceites evangélicos.
Desde la era Ferrari pasando por el tiempo Mata hasta el momento Vesace, los militares deshonestos, corruptos y obedientes de la línea Pentágono y Comando Sur, nos atacan junto a este big brother que controla toda la inmundicia.
El juicio en Nueva York contra el impostor Juan Orlando Hernández Alvarado es una de esas pocas oportunidades que la sociedad hondureña tiene para conocer los detalles de la pudrición institucional.
Los testimonios del Rojo, el Chande, el don H, el Tonny y los otros, junto a las pruebas de la fiscalía del distrito sur de esa ciudad, nos permiten aproximarnos al mierdero en que han metido a la República Libre, Soberana e Independiente que proclamó el héroe.
Es un momento de vergüenza internacional la que sufrimos, un momento que revela las brutalidades del narcotráfico a nivel local, que es apenas una de las actividades del crimen organizado, que incluye además el lavado de dinero de las actividades corruptas, el tráfico de personas con fines de explotación sexual, la comercialización ilegal de armas, la mafiosa industria farmacéutica, los bancos y los paraísos fiscales para los déspotas.
Estas otras atrocidades que destruyen nuestro tejido social siguen pendientes de sanción penal. Ese día debe llegar y cubrir también la miseria de los medios de comunicación, de sus dueños, ejecutivos y marionetas, auténticos carteles de la mentira y el silencio criminal.
Pero volviendo a los militares y a Morazán, el reconocido abogado Juaquín Mejía nos ayuda a terminar bien esta columna nocturnal de Voces contra el Olvido. Citamos:
“Las fronteras nacionales que las Fuerzas Armadas deben proteger son un paso fácil para la cocaína que va hacia Estados Unidos. Según el informe “Estrategia Internacional de Control de Narcóticos 2019”, del Departamento de Estado, Honduras es uno de los principales países productores de droga y de lavado de dinero.
Además, a los militares se les dio la responsabilidad no solo de proteger las fronteras, sino también la democracia, las elecciones, los derechos humanos, la alternabilidad en el poder y los bosques. Pero las evidencias demuestran que han fracasado debido a su complicidad con el crimen organizado.
Por tanto, está claro que las Fuerzas Armadas no sirven para nada que beneficie a la sociedad, pues se han convertido en perros guardianes de quienes les tiran migajas de poder. Es un reto patriótico que desaparezcan y así destinar el presupuesto que malgastan en garantizar condiciones de dignidad para la población.
Seguro que si Morazán viviera se preguntaría ¿cómo es posible que de acuerdo con la DEA, el 80% de la cocaína que llega a Estados Unidos pasa por las fronteras marítimas, áreas y terrestres custodiadas históricamente por las Fuerzas Armadas?”. Fin de la cita.
Buenas noches!
Editorial Voces contra El Olvido, sábado 5 de octubre de 2019
Honduras: ebullición y silencio
Foto: simpatizantes de Nasralla denunciaron fraude tras las últimas elecciones (RT)
Con el incremento de las políticas neoliberales en Latinoamérica, las noticias de los medios que tienen estos temas en agenda, muestran ajuste y represión. Honduras es un país que está viviendo una crisis profunda, con el pueblo resistiendo en las calles; sin embargo, en los medios tradicionales no parece ser importante. El periodista Manuel Martínez resumió parte de un conflicto que viene de años. Comenzó analizando el contexto histórico. “En este momento se está viviendo un polvorín, hace 10 había un gobierno que viviendo del Partido Liberal había ido hacia el ALBA (Alternativa Bolivariana de las Américas), hacia la influencia de lo que se conoció como el chavismo y fue echado del poder por los EEUU. Fue el primer golpe contra los gobiernos populares antiliberales de este siglo 21. El segundo fue contra Lugo en Paraguay, y el tercero fue contra Dilma en el 2016 en Brasil”.
“Yo quisiera señalar las particularidades de Honduras. Es un país pequeño que está en triangulo norte de Centroamérica que está formado por Guatemala y El Salvador. Fue un país históricamente dominado por los EEUU. Ahí estaban las famosas empresas de frutas, las United Fruits, la Standart, Cuyamel, que convirtieron a la economía de Honduras en una economía bananera propiamente. La palabra que se usa incluso despectivamente, diciendo este es un país bananero se refiere a eso. Estas compañías eran enormes, y tenían además los ferrocarriles, puertos y bancos. Tenían el control total del país”, detalló.
Conexión con Argentina
“Hace 40 años, en 1979, cuando se produjo la Revolución nicaragüense sandinista, que se perdió lamentablemente, 10 años después. Ahí está la base de Palmerola, una base militar yanqui que queda en el corazón de Honduras. Desde allí se dirigieron todas las contrarrevoluciones, donde hubo una guerra bastante compleja. Un enfrentamiento armado difícil que finalmente Nicaragua ganó, que fue los “Contras” y los “Sandinistas”, donde el pueblo nicaragüense se movilizó y luchó”, explicó.
Continuando con su repaso histórico, Martínez estableció una relación con la dictadura Argentina. “Cabe recordar que esas operaciones estaban dirigidas por la CIA y que habían organizado grupos paramilitares y de civiles armados que enfrentaban a la Revolución sandinista y que también tenían asesoramiento de militares argentinos. De eso se conoce poco. En la revista norteamericana Times, en aquella época, 1982, cuentan que un periodista entra a un bar en Tegucigalpa, que es la capital de Honduras, se encuentra con un montón de gente que no eran hondureños, que por el genotipo eran algunos norteamericanos, “gringos”, y también argentinos. Se sorprende, porque lo primero que hace es sentir el acento argentino. Y después, en las declaraciones que hubo posteriormente en varios procesos judiciales que se hicieron después de la guerra entre el sandinismo y los contras, también hay declaraciones en el sentido que efectivamente había oficiales del Ejército argentino asesorando a estos grupos contrarrevolucionarios en Honduras”, dijo, respecto del reconocido intercambio entre los ejércitos represores de América Latina en los años más oscuros.
Centroamérica como patio trasero
Manuel Martínez relató cómo comenzó el proceso que terminó con la destitución del presidente constitucional de aquel momento, una década atrás. “Hace 10 años en Honduras gobernaba Manuel Mel Zelaya, que venía del Partido Liberal, el partido clásico que había ganado las elecciones y que cometió un pecado mortal para el imperialismo, que fue unirse al ALBA (Alternativa Bolivariana de las Américas). Centroamérica ha sido el lugar estratégico, el patio trasero que los yanquis siempre han cuidado de una manera particular. Las dictaduras en Centroamérica han sido terribles. Honduras fue calificada como un gobierno chavista. Además, Mel Zelaya en proceso electoral interno planteó una boleta adicional donde se le consulte al pueblo si aceptaba o no la reforma constitucional para reelegir al presidente. Ese elemento fue tomado como la gota que colmó el vaso y como que Zelaya quería perpetuarse en el poder”. Luego recordó como el 28 de Junio del 2009 lo sacaron en pijamas y lo sacaron de Costa Rica.
Para la oposición, un dictador apoyado por EEUU
Martínez recordó cómo fue la última instancia electoral: “El gobierno de Juan Orlando Hernández (el actual), es un gobierno de derecha de corte neoliberal, corrupto y extremadamente autoritario. Además fue reelegido en elecciones fraudulentas, por eso la oposición lo considera un dictador, donde el escrutinio tardó 3 o 4 semanas en contar los votos y decir quién era finalmente el ganador. Le ganó a (Salvador) Nasralla, que era el candidato de un frente único de todos los partidos que había sido impulsado por el ex presidente Zelaya. Estado Unidos apoyó ese proceso. A Hernández se le ocurrió privatizar la educación y la salud pública. Por otro lado hubo un paro de transportistas y junto a eso empezó la lucha del sector educativo y de los trabajadores de la salud. Entonces se empezó a configurar un panorama bastante complejo y en ese contexto estalla un paro policial, lo cual es sumamente llamativo. Este paro plantea claramente que no van a reprimir a las luchas populares. Además denunciando que se los obliga a reprimir de manera habitual”.
La lucha en las calles
“Rápidamente el proceso dio lugar a unificación política y el planteo pasó de ser meramente reivindicativo para pasar a ser político, el lema es “Fuera Juan Orlando Hernández”, para echarlo del poder. Hernández arregló parcialmente la lucha de los transportistas y la lucha de la policía. Pero al mismo tiempo militarizó el escenario nacional para salir a la calle y reprimir la movilización. La escalada represiva fue tan fuerte a tal punto que entró al campus de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, causando varios heridos”
“Frente a todo esto, el planteo es continuar con las movilizaciones y desarrollar una lucha nacionalmente. El conflicto se extiende. La policía es posible que ya esté dividida (los 'Cobras', la policía que no quiere reprimir), los van a depurar”, finalizó su análisis.
Lo cierto es que el actual presidente parece empeñado en avanzar con la privatización. Honduras es el segundo país más pobre de Latinoamérica y se encuentra en claro retroceso de los derechos humanos.
Ante la CIDH, organizaciones denuncian brutal y sistemática represión de protestas en Honduras
septiembre 25, 2019
Redacción
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.- En el marco del 173° Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el día de hoy, organizaciones de sociedad civil denunciaron la política de represión, violencia y criminalización implementada por el Estado de Honduras para disuadir, desintegrar y eliminar por completo la protesta social en el país. De acuerdo con la información presentada por las organizaciones, el accionar del gobierno ha dejado nueve personas asesinadas, 88 heridas y más de 200 personas criminalizadas en lo que va del 2019.
173° Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
La audiencia, solicitada por la Coalición Contra la Impunidad, Amnistía Internacional, la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), dio cuenta de los patrones implementados, de manera intencional y sistemática, para reprimir las protestas, como aquellas que tuvieron lugar en rechazo a las reformas del sector de salud y educación este año.
Entre estos patrones destacan la militarización de la seguridad pública y el uso excesivo de la fuerza, incluyendo armas de fuego, así como el uso indiscriminado de gases lacrimógenos, agresiones a la integridad física y psíquica, campañas de estigmatización, detenciones arbitrarias, y criminalización.
En particular, presentaron información actualizada sobre el riesgo diferenciado que enfrentan en este contexto las personas defensoras de derechos humanos, las mujeres, los y las periodistas, y las comunidades campesinas e indígenas. Con respecto a estas últimas, recordaron que nueve integrantes de la tribu indígena tolupán de San Francisco Locomapa y ocho defensores de los ríos Guapinol y San Pedro enfrentan actualmente procesos penales como represalia por haber instalado acciones de protesta permanente en contra de la instalación de proyectos extractivos en sus territorios.
“Como no podemos manifestarnos en Honduras, venimos hasta Washington D.C. para denunciar ante la CIDH la grave situación de criminalización, de impunidad, de nuevos ataques y asesinatos en contra de la población que se atreve a levantar la voz para defender sus derechos y sus opiniones. Tenemos personas asesinadas, personas privadas de libertad en cárceles de máxima seguridad por el simple motivo de manifestarse. Hoy exigimos que la crisis de Honduras se reconozca como tal y se tomen, de manera inmediata, las medidas necesarias para prevenir nuevas violaciones y garantizar justicia”, aseguró Martha Dubón representante de la Coalición Contra la Impunidad.
Ante lo expuesto por parte de las organizaciones, el Estado sostuvo que, durante protestas violentas, la protección de los derechos de las personas manifestantes deja de ser una obligación estatal. Sin embargo, los y las comisionadas le corrigieron, explicando que todas las protestas son pacíficas en sí mismas y que, aún frente a la ejecución de acciones individuales de violencia, el Estado tiene la obligación de respetar los límites del uso de la fuerza y garantizar los derechos a la libertad de expresión, el derecho a la protesta y el derecho defender derechos humanos, los cuales reconocieron como pilares de la democracia.
Finalmente, las organizaciones peticionarias expusieron una serie de demandas dirigidas al Estado de Honduras. Entre ellas solicitan que Honduras ponga fin inmediato al uso indiscriminado y excesivo de la fuerza en las manifestaciones; se abstenga de usar indebidamente el derecho penal para estigmatizar y criminalizar a las personas defensoras; y elabore e implemente una política pública con enfoque de género e interseccionalidad para garantizar las condiciones para la defensa de los derechos humanos, así como una Ley de Consulta Previa, Libre e Informada que garantice los derechos de los pueblos indígenas y comunidades en concordancia con los estándares internacionales en la materia.
Asimismo, solicitan que la Comisión Interamericana, así como otros organismos de derechos humanos y la comunidad internacional, monitoreen la crisis de manera cercana y se pronuncien para exigir la investigación, juzgamiento y sanción de todas las personas responsables de las violaciones de derechos humanos perpetradas.
Tegucigalpa.- En el marco del 173° Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el día de hoy, organizaciones de sociedad civil denunciaron la política de represión, violencia y criminalización implementada por el Estado de Honduras para disuadir, desintegrar y eliminar por completo la protesta social en el país. De acuerdo con la información presentada por las organizaciones, el accionar del gobierno ha dejado nueve personas asesinadas, 88 heridas y más de 200 personas criminalizadas en lo que va del 2019.
173° Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
La audiencia, solicitada por la Coalición Contra la Impunidad, Amnistía Internacional, la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), dio cuenta de los patrones implementados, de manera intencional y sistemática, para reprimir las protestas, como aquellas que tuvieron lugar en rechazo a las reformas del sector de salud y educación este año.
Entre estos patrones destacan la militarización de la seguridad pública y el uso excesivo de la fuerza, incluyendo armas de fuego, así como el uso indiscriminado de gases lacrimógenos, agresiones a la integridad física y psíquica, campañas de estigmatización, detenciones arbitrarias, y criminalización.
En particular, presentaron información actualizada sobre el riesgo diferenciado que enfrentan en este contexto las personas defensoras de derechos humanos, las mujeres, los y las periodistas, y las comunidades campesinas e indígenas. Con respecto a estas últimas, recordaron que nueve integrantes de la tribu indígena tolupán de San Francisco Locomapa y ocho defensores de los ríos Guapinol y San Pedro enfrentan actualmente procesos penales como represalia por haber instalado acciones de protesta permanente en contra de la instalación de proyectos extractivos en sus territorios.
“Como no podemos manifestarnos en Honduras, venimos hasta Washington D.C. para denunciar ante la CIDH la grave situación de criminalización, de impunidad, de nuevos ataques y asesinatos en contra de la población que se atreve a levantar la voz para defender sus derechos y sus opiniones. Tenemos personas asesinadas, personas privadas de libertad en cárceles de máxima seguridad por el simple motivo de manifestarse. Hoy exigimos que la crisis de Honduras se reconozca como tal y se tomen, de manera inmediata, las medidas necesarias para prevenir nuevas violaciones y garantizar justicia”, aseguró Martha Dubón representante de la Coalición Contra la Impunidad.
Ante lo expuesto por parte de las organizaciones, el Estado sostuvo que, durante protestas violentas, la protección de los derechos de las personas manifestantes deja de ser una obligación estatal. Sin embargo, los y las comisionadas le corrigieron, explicando que todas las protestas son pacíficas en sí mismas y que, aún frente a la ejecución de acciones individuales de violencia, el Estado tiene la obligación de respetar los límites del uso de la fuerza y garantizar los derechos a la libertad de expresión, el derecho a la protesta y el derecho defender derechos humanos, los cuales reconocieron como pilares de la democracia.
Nota relacionada Gobierno de Honduras advierte represión contra ciudadanos que participen en las protestas del paro nacional
Adicionalmente, los y las comisionadas expresaron su preocupación ante la situación que enfrenta el pueblo hondureño y solicitaron que el Estado informe sobre los procesos que lleva para investigar, juzgar y sancionar a los responsables de los hechos denunciados, que, de acuerdo con las organizaciones se mantienen en total impunidad.Finalmente, las organizaciones peticionarias expusieron una serie de demandas dirigidas al Estado de Honduras. Entre ellas solicitan que Honduras ponga fin inmediato al uso indiscriminado y excesivo de la fuerza en las manifestaciones; se abstenga de usar indebidamente el derecho penal para estigmatizar y criminalizar a las personas defensoras; y elabore e implemente una política pública con enfoque de género e interseccionalidad para garantizar las condiciones para la defensa de los derechos humanos, así como una Ley de Consulta Previa, Libre e Informada que garantice los derechos de los pueblos indígenas y comunidades en concordancia con los estándares internacionales en la materia.
Asimismo, solicitan que la Comisión Interamericana, así como otros organismos de derechos humanos y la comunidad internacional, monitoreen la crisis de manera cercana y se pronuncien para exigir la investigación, juzgamiento y sanción de todas las personas responsables de las violaciones de derechos humanos perpetradas.
Condiciones críticas enfrentan los defensores de la tierra y los territorios en Honduras
Por defensores -
20 septiembre, 2019Tegucigalpa.- Una nueva delegación de observadores de derechos humanos, procedentes del País Vasco se encuentra tanto en Honduras como en Guatemala, para constatar la situación actual por la que atraviesan las comunidades campesinas que luchan contra los proyectos extractivistas y la condición vulnerable que enfrentan los defensores y defensoras de la tierra y los territorios. Otros grupos también se exponen a situaciones desfavorables que ponen en riesgo sus vidas.
La delegación que se encuentra en Honduras, está compuesta por la abogada Mirtha Vásquez, de nacionalidad peruana, experta en temas ambientales, la Dra. Cristina Churruca Muguruza, profesora de Relaciones Internacionales y acción Humanitaria y construcción de la Paz en el instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Deusto y el Dr. Luis Miguel Uharte, investigador social y catedrático de la Universidad del País Vasco.
El viernes 20 de septiembre en horas de la mañana, luego de sostener conversaciones con autoridades de la Embajada de España en Tegucigalpa, la delegación estuvo presente en la presentación del Contexto y Casos Emblemáticos expuesto por las coordinaciones de La Vía Campesina, Central Nacional de Trabajadores del campo (CNTC), Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Centro de Estudios de la Mujer-Honduras (CEM-H) y dirigentes del Grupo Campesino 9 de Julio y Las Torres, del departamento de La Paz.
En el evento, el sociólogo Eugenio Sosa expuso sobre las consecuencias, las secuelas y la implicación para el pueblo hondureño, tanto del golpe de estado de 2009, como de los fraudes electorales de 2013 y 2017.
Sosa explicó que los problemas de Honduras se han agudizado en los últimos 10 años, con una economía de bajo crecimiento frente al incremento poblacional que incluye una gran demanda social no satisfecha en temas de vivienda, empleo, salud y educación.
“Con esta economía de muy bajo crecimiento, hay mucha desigualdad y concentración de la riqueza. Casi cualquier cosa en términos de la tierra, tecnología, ingresos y créditos; marcan una desigualdad enorme donde los sectores que acaparan son muy pocos, como los más altos en sectores de consumo medios y altos”, detalló el investigador social.
Otros problemas estructurales se han agudizado como la corrupción, las redes ilícitas de narcotráfico, la destrucción de la institucionalidad, con una democracia mínimamente aceptada en términos de soberanía popular y el surgimiento de un autoritarismo que ha agudizado la crisis hondureña.
“Cuando analizamos la situación hondureña que es bastante grave, nos preguntamos ante qué estamos, hay varias cosas que se ensayan pero que en el fondo todas quieren reflejar la situación grave. Hablamos de una crisis múltiple, una crisis continuada y permanente después del golpe, una crisis política y de gobernabilidad; que no termina de salir y hablamos realmente de una tragedia”, aseguró Sosa.
Entretanto la Coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva, reiteró que Honduras es un estado deshecho, y en ese sentido dijo, es que podrán entender cuál es la situación que vivimos los que apostamos a mejorar la situación en materia de derechos humanos.
Al hacer la tarea de acompañar los procesos, a las víctimas de la política criminal de estado, porque eso es lo que tenemos “una política criminal de estado”, lo enfrentamos con los instrumentos internacionales que tenemos a nuestro alcance y lo orientamos haciendo uso de lo que reza la Constitución de la República, aunque sabidas estamos; que eso no va a tener ningún efecto.
“Cuando hablamos de una política criminal nos referimos a que nunca, porque nosotras tenemos 37 años de trabajar el tema de los derechos humanos y nunca como hoy enfrentamos los niveles de espionaje, los niveles de infiltración, los niveles de seguimiento que tienen la mayoría de las organizaciones”, porque aquí se ha incrementado la militarización y el militarismo”, denunció la reconocida defensora de derechos humanos.
Oliva mencionó el incremento de cárceles de tortura creadas por el actual régimen, donde han sido enviados ambientalistas y opositores al régimen, que son presos políticos. “Uno de los que debería estar ahí es el señor Juan Orlando Hernández, no solo porque se robó las elecciones, no solo porque violó la Constitución para reelegirse, no es tanto por eso, porque al final de cuentas, esa parte la han avalado los organismos internacionales, aunque están conscientes que robó, que hubo una crisis y que hubo más de 37 asesinados durante esa reclamación. Y en este momento no tenemos ni un tan solo avance de esos asesinatos, sostuvo Oliva.“Tenemos una emergencia en temas de los derechos humanos y eso no podemos catalogarlo de otra manera, es emergencia permanente en derechos humanos. La situación, así como la estamos viendo, nos viene peor”: Bertha Oliva
La Coordinadora del COFADEH también apuntó que debe insistirse sobre la investigación de los temas de las desapariciones forzadas de los años ochenta, ya que se han repetido las acciones de este crimen de lesa humanidad “y con los mismos actores del pasado, por lo que es más atroz lo que se vive en el país”.
“Tenemos una emergencia en temas de los derechos humanos y eso no podemos catalogarlo de otra manera, es emergencia permanente en derechos humanos. La situación, así como la estamos viendo, nos viene peor”, advirtió Olivia.
Por su parte la directora del Centro de Estudios de la Mujer- Honduras (CEM-H), Suyapa Martínez, resaltó el escenario de acoso, hostigamiento, exclusión, violaciones sexuales y crímenes que se cometen contra las mujeres hondureñas.
Martínez destacó también la situación vulnerable que enfrentan niñas y jóvenes reclutadas por maras y pandillas que sirven de “banderas” para el crimen organizado o el narcotráfico. Estas implicaciones han llevado al asesinato de féminas jóvenes en el país.
La Coordinadora del CEM-H reveló que un 62.8 por ciento de los asesinatos de las mujeres ocurren en lugares públicos, en la casa un 21.4 por ciento, en negocios un 4.6 por ciento, en cuarterías 2.0 por ciento, en solares baldíos 1.5 por ciento, en hoteles un 1.5 por ciento, en autobuses 1.5 por ciento. Lanzadas a un río 1 por ciento.
En los últimos 10 años se han registrado 4 mil 736 femicidios o crímenes contra mujeres. Solo entre 2018 y 2019 se contabilizaron 800 casos de mujeres asesinadas, de los cuales solo 11 casos fueron judicializados como femicidios, que representa apenas el 1.43 por ciento.
Acerca de la lucha de las comunidades campesinas por una parcela de tierra, el Director Ejecutivo de la Vía Campesina, Rafael Alegría, expuso que la crisis por la que atraviesa el campesinado sin acceso a la tierra, tiene su raíz en la Ley de Modernización para el Desarrollo del Sector Agrícola, impulsado por el gobierno de Rafael Leonardo Callejas.
“La base de esa ley era terminar con la Reforma Agraria, con los procesos redistributivos de la tierra, porque eso impedía el desarrollo agrícola en el país y que terminando con la reforma agraria iba a venir desarrollo en el agro, iba a haber empleo en el agro. Esa ley terminó con la reforma agraria, privatizaron todos los servicios que en ese momento existían para el campo, como el crédito, la asistencia técnica, todo lo privatizaron”, dijo Alegría.“La criminalización de la lucha por la tierra ha estado a la orden del día en estos últimos diez años, y ahora con otro elemento, que es una lucha contra la minería y contra las represas en defensa del agua; entonces ahí hay una combinación de tierra, agua y bienes naturales”: Rafael Alegría
Añadió que los procesos de legalización de tierras impulsados por el ex presidente Manuel Zelaya, fueron invalidados por el golpe de estado. “El decreto 18-2008, aprobado por Zelaya estipulaba que las tierras que estaban ocupadas por los campesinos fueran tituladas y nos preparábamos para aprobar una nueva ley que sustituyera la de modernización agrícola”.
Alegría quien aboga por la aprobación de una “Ley de Derechos Campesinos y otras Gentes”, sostuvo que en los últimos diez años se han registrado asesinatos de campesinos, la destrucción de movimientos, desalojos violentos y procesos de judicialización contra los trabajadores y trabajadoras del campo.
“La criminalización de la lucha por la tierra ha estado a la orden del día en estos últimos diez años, y ahora con otro elemento, que es una lucha contra la minería y contra las represas en defensa del agua; entonces ahí hay una combinación de tierra, agua y bienes naturales”, sostuvo el director de La Vía Campesina.
Para finalizar Alegría mencionó que este mismo día, se produjo un desalojo por parte de efectivos policiales en contra del Grupo Campesino Buenos Amigos en Choloma, Cortés. “Por esos desalojos han ido a parar a la cárcel, alrededor de 8 mil 500 campesinos, incluyendo mil 700 mujeres, y otros tienen medidas cautelares donde tienen que estar firmando en los tribunales”.
La llegada de la Misión de Observación Internacional de los Derechos Humanos fue organizada por “Mundubat”, en coordinación con las organizaciones socias con las que trabaja en Honduras como son: La Vía Campesina, COFADEH, CNTC y CEM-H, con el apoyo de la Agencia Vasca de Cooperación y el Gobierno Vasco. Dos grupos de la delegación se encuentran simultáneamente en Guatemala y Honduras desde el 19 al 25 de septiembre.
Aumenta número de periodistas desplazados por amenazas a muerte
- 27/09/2019
15 periodistas han sido desplazados por amenazas a muerte durante el 2019.
De
acuerdo a cifras oficiales del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
(Conadeh), al menos 15 periodistas han sido víctimas del desplazamiento forzado
durante el 2019, producto de las constantes amenazas a muerte que reciben por
la labor periodística que realizan en sus comunidades.
Los casos más recientes de desplazamiento se reportan en la zona sur del país. A mediados de marzo fue asesinado el periodista Gabriel Hernández, reconocido por su posición crítica ante el gobierno. Este crimen se dio en un contexto violento contra manifestantes, quienes todas las semanas salen a las calles a protestar contra la corrupción, el fraude electoral y la crisis económica.
Junto al asesinato de Gabriel, cinco periodistas han sido desplazados por atentados y amenazas a muerte. En declaraciones a Radio Progreso, uno de los periodistas desplazados del sur hondureño, relató la situación que atraviesa por las amenazas a muerte.
El comunicador, por más de 14 años llevó el micrófono a la gente más empobrecida de Choluteca y Valle. Dio cobertura a conflictos ambientales generados por la explotación minera y la instalación de empresas generadoras de energía solar. A través de la información ha acompañado a las comunidades que están siendo despojadas de sus territorios por terratenientes en el municipio de Amapala, Valle.
“Es normal que uno reciba amenaza por lo que hace, pero cuando éstas se van concretando el miedo nos invade”. Él está convencido que las amenazas vienen de quienes ostentan el poder político y económico en la zona que, aprovechando la ubicación geográfica con salida al océano pacífico, tienen vínculos directos con el crimen organizado y narcotráfico. “Por eso es muy fácil amenazar o matar a un periodista”, dijo haciendo referencia a Gabriel, asesinado hace unos meses.
Hoy se encuentra junto a su familia sin trabajo en otra ciudad. Con la esperanza de que las organizaciones de derechos humanos le ayuden a salir del país. La espera es difícil, pero regresar a su casa sería una tragedia que prefiere evitar.
Esta realidad refleja la situación real que viven los periodistas en los de territorios, dijo en Radio Progreso, Dina Meza, la periodista y defensora de derechos humanos. Ella asegura que, las organizaciones llevan un sub registro donde se refleja que muchos comunicadores se han visto obligados a abandonar sus trabajos y cerrar sus redes sociales por amenazas.
Según informes de organizaciones de derechos humanos, los periodistas desplazados no siguen la línea informativa de Casa Presidencial. Con su trabajo hacen contrapeso informando lo que pasa en las comunidades, sobre todo en temas vinculados a la corrupción, narcotráfico, derechos humanos e instalación de proyectos extractivos sin consulta. “Hay mucha presión, y no tenemos a la par de eso un sistema de protección”, dijo.
Por recomendaciones de diversos países del mundo, en Honduras se creó el Mecanismo de Protección para Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos, la Fiscalía Especial de Protección para Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos y la Unidad Especial de Investigación. “Los índices de impunidad que mantiene la justicia hondureña, delatan que es mínimo el trabajo que logran realizar estas entidades”, apunta Meza.
En el país existe una enorme cantidad de denuncias por amenazas que Fiscalía de los Derechos Humanos y la Fiscalía de Protección para Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos. Esta última, acumuló en su primer año de gestión 80 denuncias, de las que no ha judicializado ni una, denuncia la periodista.
En lo que va del 2019, tres periodistas han sido asesinado en Honduras. El 17 de marzo, fue asesinado Leonardo Gabriel Hernández en Nacaome, Valle, en circunstancias aún no esclarecidas por las autoridades. El 6 de julio, fue ultimado el comunicador social Santiago Carbajal, luego de ser atacado a balazos por desconocidos en la ciudad de Puerto Cortés, departamento de Cortés.
Y la tercera víctima es Edgar Joel Aguilar, asesinado el 31 de agosto, en La Entrada (municipio de Nueva Arcadia) departamento de Copán. Aguilar era corresponsal de Canal 6. En los últimos 10 años, unos 80 periodistas han sido asesinado. Según el Conadeh, el 43% de estos crímenes ocurrieron en los últimos cinco años del gobierno de Juan Orlando Hernández.
Retos
Artículo 19, organización mexicana que defiende la libertad de expresión y el derecho a la información, realiza un diagnóstico de la situación que atraviesan los periodistas y defensores de derechos humanos en el país. Esta organización toma su nombre del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual proclama la libertad de expresión.
Claudia Ordóñez representante de Artículo 19 en entrevista a Radio Progreso, dijo que les preocupa la falta de un marco legislativo que garantice la libre de expresión de las ideas y la protesta social. “Esto se traduce en censura y falta de información para la población”.
Claudia considera que los periodistas de Centroamérica están frente al reto de fortalecer las instituciones encargadas de velar por su seguridad, pero, sobre todo, frente al reto de organizarse para hacer prevalecer sus derechos y el derecho de la sociedad.
Los casos más recientes de desplazamiento se reportan en la zona sur del país. A mediados de marzo fue asesinado el periodista Gabriel Hernández, reconocido por su posición crítica ante el gobierno. Este crimen se dio en un contexto violento contra manifestantes, quienes todas las semanas salen a las calles a protestar contra la corrupción, el fraude electoral y la crisis económica.
Junto al asesinato de Gabriel, cinco periodistas han sido desplazados por atentados y amenazas a muerte. En declaraciones a Radio Progreso, uno de los periodistas desplazados del sur hondureño, relató la situación que atraviesa por las amenazas a muerte.
El comunicador, por más de 14 años llevó el micrófono a la gente más empobrecida de Choluteca y Valle. Dio cobertura a conflictos ambientales generados por la explotación minera y la instalación de empresas generadoras de energía solar. A través de la información ha acompañado a las comunidades que están siendo despojadas de sus territorios por terratenientes en el municipio de Amapala, Valle.
“Es normal que uno reciba amenaza por lo que hace, pero cuando éstas se van concretando el miedo nos invade”. Él está convencido que las amenazas vienen de quienes ostentan el poder político y económico en la zona que, aprovechando la ubicación geográfica con salida al océano pacífico, tienen vínculos directos con el crimen organizado y narcotráfico. “Por eso es muy fácil amenazar o matar a un periodista”, dijo haciendo referencia a Gabriel, asesinado hace unos meses.
Hoy se encuentra junto a su familia sin trabajo en otra ciudad. Con la esperanza de que las organizaciones de derechos humanos le ayuden a salir del país. La espera es difícil, pero regresar a su casa sería una tragedia que prefiere evitar.
Esta realidad refleja la situación real que viven los periodistas en los de territorios, dijo en Radio Progreso, Dina Meza, la periodista y defensora de derechos humanos. Ella asegura que, las organizaciones llevan un sub registro donde se refleja que muchos comunicadores se han visto obligados a abandonar sus trabajos y cerrar sus redes sociales por amenazas.
Según informes de organizaciones de derechos humanos, los periodistas desplazados no siguen la línea informativa de Casa Presidencial. Con su trabajo hacen contrapeso informando lo que pasa en las comunidades, sobre todo en temas vinculados a la corrupción, narcotráfico, derechos humanos e instalación de proyectos extractivos sin consulta. “Hay mucha presión, y no tenemos a la par de eso un sistema de protección”, dijo.
Por recomendaciones de diversos países del mundo, en Honduras se creó el Mecanismo de Protección para Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos, la Fiscalía Especial de Protección para Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos y la Unidad Especial de Investigación. “Los índices de impunidad que mantiene la justicia hondureña, delatan que es mínimo el trabajo que logran realizar estas entidades”, apunta Meza.
En el país existe una enorme cantidad de denuncias por amenazas que Fiscalía de los Derechos Humanos y la Fiscalía de Protección para Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos. Esta última, acumuló en su primer año de gestión 80 denuncias, de las que no ha judicializado ni una, denuncia la periodista.
En lo que va del 2019, tres periodistas han sido asesinado en Honduras. El 17 de marzo, fue asesinado Leonardo Gabriel Hernández en Nacaome, Valle, en circunstancias aún no esclarecidas por las autoridades. El 6 de julio, fue ultimado el comunicador social Santiago Carbajal, luego de ser atacado a balazos por desconocidos en la ciudad de Puerto Cortés, departamento de Cortés.
Y la tercera víctima es Edgar Joel Aguilar, asesinado el 31 de agosto, en La Entrada (municipio de Nueva Arcadia) departamento de Copán. Aguilar era corresponsal de Canal 6. En los últimos 10 años, unos 80 periodistas han sido asesinado. Según el Conadeh, el 43% de estos crímenes ocurrieron en los últimos cinco años del gobierno de Juan Orlando Hernández.
Retos
Artículo 19, organización mexicana que defiende la libertad de expresión y el derecho a la información, realiza un diagnóstico de la situación que atraviesan los periodistas y defensores de derechos humanos en el país. Esta organización toma su nombre del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual proclama la libertad de expresión.
Claudia Ordóñez representante de Artículo 19 en entrevista a Radio Progreso, dijo que les preocupa la falta de un marco legislativo que garantice la libre de expresión de las ideas y la protesta social. “Esto se traduce en censura y falta de información para la población”.
Claudia considera que los periodistas de Centroamérica están frente al reto de fortalecer las instituciones encargadas de velar por su seguridad, pero, sobre todo, frente al reto de organizarse para hacer prevalecer sus derechos y el derecho de la sociedad.
Mientras la justicia va a paso de tortuga: Periodista tiroteado debe enfrentar onerosos gastos para la recuperación
Tuesday, 16 April 2019 16:29 Written by German Reyes Published in Amenazas a la Libertad de Expresión - PASOS DE ANIMAL GRANDE
El periodista Geovanny Sierra de UneTv quedará con limitaciones
físicas a pesar que debe colocarse una prótesis muy costosa en su brazo
derecho, producto de los tiros que recibió de policías penitenciarios en
noviembre de 2018 cuando cubría una manifestación contra la permanencia
en el poder de Juan Orlando Hernández. Sin dinero para tratar las
secuelas de este ataque, a diario se pregunta cómo le hará ahora para
seguir ejerciendo el periodismo.
El atentado contra Sierra ocurrió en las cercanías de la casa
presidencial, en la colonia Miraflores de Tegucigalpa, el 26 de
noviembre de 2018, una bala de grueso calibre penetró su brazo que a
cuatro meses del incidente lo mantiene incapacitado y con reducidas
posibilidades de recuperar la movilidad.
A las seis de la tarde, del lunes 26 de noviembre, guardias del Instituto Nacional Penitenciario, abrieron fuego contra la manifestación y una de esas balas alcanzó al periodista, Geovanny Sierra.
Este medio de comunicación en su línea editorial considera usurpador de la silla presidencial y señala a Hernández de haberse robado las elecciones generales, en noviembre del 2017. Y en represalia, los miembros de la policía y del ejército, que reprimen las manifestaciones populares, han golpeado, intimidado, perseguido y disparado contra los periodistas de este medio de comunicación.
Por ejemplo, cuando Geovanny fue tiroteado, andaba plenamente identificado como periodista, portaba el chaleco del canal donde trabaja y además andaba en su mano el micrófono con el logo del medio de comunicación. Eso indica, que el agente que le disparó sabía perfectamente bien que es periodista.
El disparo le destruyó la mitad del hueso del codo, el humero y el radio, situación que lo mantiene sin movilidad en su brazo e imposibilitado para escribir, lavarse los dientes, echarse desodorante, y “si quiero saludarlo no puedo darle la mano”, lamentó el periodista.
Para él su situación es difícil, pero se complica más cuando los médicos le aseguran que independiente del tratamiento siempre quedará con limitaciones físicas.
Para mitigar un poco la situación un ortopeda le ha recetado 10 terapias de rehabilitación, que según le ha explicado le permitirían un movimiento de 90 grados, que es el equivalente a levantar su mano a la altura del pecho.
También los médicos le han recomendado el implante de una prótesis, que en el exterior tiene un valor aproximado de 8 mil a 10 mil dólares, suma de dinero a la que difícilmente puede acceder un periodista honesto de este país centroamericano, donde los salarios son demasiado bajos.
“El medico dice que con la prótesis podría hacer más movimientos”, señaló Sierra, pero es una posibilidad, que solo puede alcanzarla con la ayuda solidaria.
El brazo de Geovanny está inflamado por las operaciones a las que se ha sometido, mantiene incrustados 16 clavos y tres placas de metal, situación que lo obliga a mantenerse vendado y con la esperanza de poderse recuperarse.
Vale decir que en el momento del incidente Geovanny fue conducido al Hospital Escuela Universitario, considerado el principal centro hospitalario de Honduras, pero fue alejado de ese lugar, debido a que desde el inicio los médicos recomendaban amputarle el brazo por lo que fue internado en una clínica privada y allí lo operaron.
Lamenta el periodista el tortuguismo en que actúa la justicia en casos como éste, pues a cuatro meses del hecho, la Fiscalía de Protección no tiene en su poder ni siquiera el dictamen de Medicina Forense y los culpables no han sido sancionados.
Por otro lado, el Instituto Nacional Penitenciario (INP), se comprometió a realizar las investigaciones de los hechos desde la fecha en que sucedieron, pero hasta la fecha no hay un informe público que señale de forma imparcial por qué dispararon contra el comunicador social.
Estados son responsables de proteger a periodistas
Los relatores especiales de Liebrtad de Expresión de la CIDH y de la ONU, en un comunicado conjunto emitido en en septiembre de 2013 observaron que "en el contexto de manifestaciones y situaciones de alta conflictividad social, el trabajo de periodistas y comunicadores, y el libre flujo de información a través de medios alternativos como las redes sociales, es fundamental para mantener informada a la población sobre los acontecimientos, a la vez que cumple un importante rol al reportar sobre la actuación del Estado y de la Fuerza Pública ante las manifestaciones, previniendo el uso desproporcionado de la fuerza y el abuso de autoridad".
Agregaron que los ataques contra periodistas que cubren estas situaciones viola tanto el aspecto individual de la libertad de expresión —pues se les impide ejercer su derecho a buscar y difundir información, y se genera un efecto de amedrentamiento—, como su aspecto colectivo—pues se priva a la sociedad del derecho a conocer la información que los periodistas obtienen. Por esta razón, las relatorías han reconocido que dada la importancia de la labor que cumplen los periodistas que cubren estas situaciones, el Estado debe otorgarles el máximo grado de garantías para que cumplan su función. Este deber no se limita a otorgar medidas concretas de protección para los comunicadores. Incluye también la obligación de crear las condiciones necesarias para mitigar el riesgo del ejercicio de la profesión en esas situaciones.
En dicho comunicado señalaron que el Estado tiene el deber de garantizar que los periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa en el marco de una manifestación pública no sean detenidos, amenazados, agredidos, o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su profesión.
A las seis de la tarde, del lunes 26 de noviembre, guardias del Instituto Nacional Penitenciario, abrieron fuego contra la manifestación y una de esas balas alcanzó al periodista, Geovanny Sierra.
Este medio de comunicación en su línea editorial considera usurpador de la silla presidencial y señala a Hernández de haberse robado las elecciones generales, en noviembre del 2017. Y en represalia, los miembros de la policía y del ejército, que reprimen las manifestaciones populares, han golpeado, intimidado, perseguido y disparado contra los periodistas de este medio de comunicación.
Por ejemplo, cuando Geovanny fue tiroteado, andaba plenamente identificado como periodista, portaba el chaleco del canal donde trabaja y además andaba en su mano el micrófono con el logo del medio de comunicación. Eso indica, que el agente que le disparó sabía perfectamente bien que es periodista.
El disparo le destruyó la mitad del hueso del codo, el humero y el radio, situación que lo mantiene sin movilidad en su brazo e imposibilitado para escribir, lavarse los dientes, echarse desodorante, y “si quiero saludarlo no puedo darle la mano”, lamentó el periodista.
Para él su situación es difícil, pero se complica más cuando los médicos le aseguran que independiente del tratamiento siempre quedará con limitaciones físicas.
Para mitigar un poco la situación un ortopeda le ha recetado 10 terapias de rehabilitación, que según le ha explicado le permitirían un movimiento de 90 grados, que es el equivalente a levantar su mano a la altura del pecho.
También los médicos le han recomendado el implante de una prótesis, que en el exterior tiene un valor aproximado de 8 mil a 10 mil dólares, suma de dinero a la que difícilmente puede acceder un periodista honesto de este país centroamericano, donde los salarios son demasiado bajos.
“El medico dice que con la prótesis podría hacer más movimientos”, señaló Sierra, pero es una posibilidad, que solo puede alcanzarla con la ayuda solidaria.
El brazo de Geovanny está inflamado por las operaciones a las que se ha sometido, mantiene incrustados 16 clavos y tres placas de metal, situación que lo obliga a mantenerse vendado y con la esperanza de poderse recuperarse.
Vale decir que en el momento del incidente Geovanny fue conducido al Hospital Escuela Universitario, considerado el principal centro hospitalario de Honduras, pero fue alejado de ese lugar, debido a que desde el inicio los médicos recomendaban amputarle el brazo por lo que fue internado en una clínica privada y allí lo operaron.
Lamenta el periodista el tortuguismo en que actúa la justicia en casos como éste, pues a cuatro meses del hecho, la Fiscalía de Protección no tiene en su poder ni siquiera el dictamen de Medicina Forense y los culpables no han sido sancionados.
Por otro lado, el Instituto Nacional Penitenciario (INP), se comprometió a realizar las investigaciones de los hechos desde la fecha en que sucedieron, pero hasta la fecha no hay un informe público que señale de forma imparcial por qué dispararon contra el comunicador social.
Estados son responsables de proteger a periodistas
Los relatores especiales de Liebrtad de Expresión de la CIDH y de la ONU, en un comunicado conjunto emitido en en septiembre de 2013 observaron que "en el contexto de manifestaciones y situaciones de alta conflictividad social, el trabajo de periodistas y comunicadores, y el libre flujo de información a través de medios alternativos como las redes sociales, es fundamental para mantener informada a la población sobre los acontecimientos, a la vez que cumple un importante rol al reportar sobre la actuación del Estado y de la Fuerza Pública ante las manifestaciones, previniendo el uso desproporcionado de la fuerza y el abuso de autoridad".
Agregaron que los ataques contra periodistas que cubren estas situaciones viola tanto el aspecto individual de la libertad de expresión —pues se les impide ejercer su derecho a buscar y difundir información, y se genera un efecto de amedrentamiento—, como su aspecto colectivo—pues se priva a la sociedad del derecho a conocer la información que los periodistas obtienen. Por esta razón, las relatorías han reconocido que dada la importancia de la labor que cumplen los periodistas que cubren estas situaciones, el Estado debe otorgarles el máximo grado de garantías para que cumplan su función. Este deber no se limita a otorgar medidas concretas de protección para los comunicadores. Incluye también la obligación de crear las condiciones necesarias para mitigar el riesgo del ejercicio de la profesión en esas situaciones.
En dicho comunicado señalaron que el Estado tiene el deber de garantizar que los periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa en el marco de una manifestación pública no sean detenidos, amenazados, agredidos, o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su profesión.
¡ALERTA! ATENTAN CONTRA OTRO PERIODISTA EN OCCIDENTE DE HONDURAS
- Publicado: 06 Septiembre 2019
Esta
madrugada el comunicador Marlon Zelaya, fue víctima de un atentado en
su propio hogar, cuando dos sujetos incendiaron uno de sus vehículos. El
periodista ha dicho que el ataque está relacionado a personas que ha
denunciado en su programa de debates y denuncias.
En
la última semana, tres comunicadores han sido atacados en Honduras, dos
atentados suscitaron en Copán, y en uno de los asaltos fue asesinado el
corresponsal de Canal 6, Joel Aguilar.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa.
En menos de una semana tres periodistas han sido víctima de atentados,
dos de ellos, se han registrado en el occidente de Honduras. El último
ataque a la prensa, fue denunciado por, Marlon Zelaya, quien es el
director de un programa de denuncias en Santa Rosa de Copán.
El
periodista denunció que el ataque fue en su propia casa, según su
relato, a eso de la 1:00 de la madrugada de este viernes, identificó a
dos sujetos que merodeaban por su vivienda, estos posteriormente
incendiaron su motocicleta y rompieron los cristales de su automóvil.
Se
maneja que el comunicador ha sido atacado por la línea editorial de su
programa. Ante esta situación, Zelaya ha pedido una investigación
puntual a las autoridades, ya que es la segunda ocasión que es atacado.
“Esto
viene desde una agresión que tuvimos en Semana Santa, también la
denunciamos”, dijo a la prensa. Aseguró que actualmente teme por su vida
y ha mencionado que los posibles autores son aquellos a los que ha
cuestionado en su programa.
El miedo que ha invadido a Zelaya es entendible, ya que hace una semana en el occidente del país, el corresponsal de Canal 6, Joel Aguilar, fue salvajemente asesinado mientras esperaba en una barbería.
Cabe
destacar que además, el pasado domingo 1 de septiembre, en Santa
Bárbara otro periodista fue atacado de forma similar a Zelaya, se trata
del comunicador, Miguel Troches, quien recibió varias llamadas
extorsivas. Posteriormente, el periodista alertó que desconocidos
incendiaron su vehículo.
De
ese modo, en la última semana, tres comunicadores han sido atacados en
Honduras, señalado por organismos internacionales, como uno de los
países más peligrosos para ejercer la defensoría de derechos humanos.
Datos
del Comité por la Libre Expresión en Honduras (C-Libre), enumeran 78
los profesionales de medios de comunicación que han sido asesinados en
Honduras, donde más del 90 por ciento de casos se ha registrado en la
última década.
Atacan unidad móvil de Radio Progreso en cobertura del 1 de Mayo
Luego de dar cobertura periodística a la
represión con que terminó la movilización en el marco del día del
trabajador y trabajadora en Tegucigalpa, el vehículo de Radio Progreso
que funciona como unidad móvil fue atacado por un desconocido.
Según informaron nuestros periodistas
asignados a la capital de Honduras, Eleana Borja y Hector Maradiaga,
este miércoles, 1 de mayo, a las 12:10 del mediodía se dirigieron al
lugar donde habían dejado estacionado el automóvil, identificado con los
logos de Radio Progreso, y en ese instante se enteraron que el vidrio
frontal había sido quebrado por un hombre, el que registraba el bolso de
Eleana Borjas; el hombre, quien vestía un short color gris, sin camisa y
tenis, no robó las pertenencias ni nada de valor, solo llevó la llave
del vehículo personal de nuestra periodista.
El carro de Radio Progreso estaba
estacionado a media cuadra del retén policial y militar del Congreso
Nacional, en la calle que conduce al Barrio La Hoya.
El director de la emisora, Ismael Moreno
sj, padre Melo, hizo pública la denuncia, asegurando que existe
sospecha que el vehículo fue víctima de ataques de manos y decisiones de
la oficialidad del Estado de Honduras, que actualmente es conducida por
Juan Orlando Hernández. “Nosotros tenemos la responsabilidad de
expresar no únicamente nuestra responsabilidad sino la sospecha que,
nuestro vehículo fue víctima de manos y decisiones que seguramente
pueden estar procediendo de la oficialidad del Estado de Honduras, que
dirige Juan Orlando Hernández”.
El P. Melo agregó que, claramente es
conocida la labor que realiza Radio Progreso, un medio con un
cuestionamiento crítico al fraude electoral del año 2017, y a la
presencia irregular del actual régimen hondureño. “Nosotros
responsabilizamos al gobierno, y demandamos una investigación profunda
sobre los móviles que llevaron a la destrucción de nuestro vehículo.
Alzamos la voz a nivel internacional e interpondremos la denuncia ante
los entes nacionales”, concluyó el director de la radioemisora.
El abogado Eddy Tábora director
ejecutivo del Comité por la Libre Expresión, C-Libre, dijo que estos
acontecimientos se dan en medio de una serie de ataques contra
periodistas que cubren las acciones ciudadanas en rechazo al actual
gobierno de Juan Orlando Hernández.
Tábora recordó las agresiones y
criminalización que viven los comunicadores de la zona sur, quienes
brindan cobertura a las movilizaciones de antorcha y denuncia por el
fraude electoral.
C-Libre en las próximas horas acompañará a Radio Progreso a interponer la denuncia ante el Ministerio Público.
Trump quiere migrantes blancos y con dinero
Menores hijos de padres latinos
sostienen un cartel en apoyo a sus progenitores y de las personas
arrestadas durante una redada contra migrantes no autorizados en una
planta procesadora de carne, en Catón, Missouri. El letrero dice
“Nuestros padres no son delincuentes”.
(AP)
Un cambio drástico a la doctrina estadounidense...
Agosto 14, 2019
8:37 PM
WASHINGTON (AP) — HOY (Los Angeles)
El
gobierno del presidente Donald Trump está en curso de cambiar el rostro a
la inmigración en Estados Unidos mediante mecanismos que la hagan más
blanca y con más dinero.
La intención supone un cambio drástico a la doctrina estadounidense que da la bienvenida a “vuestros seres pobres y cansados, a esas masas ansiosas de ser libres”, inscrita en la Estatua de la Libertad, para que ahora sea “dadme a tus cansados y tus pobres que puedan sostenerse sobre sus propios pies y no se convertirán en una carga pública”.
El funcionario responsable de esta modificación, Ken Cuccinelli, director interino del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés), afirmó el miércoles que sus palabras fueron intencionales, incluido su concepto adicional de que el poema fue escrito para europeos. Señaló en un comunicado que su agencia “tiene el encargo de hacer cumplir la ley, no un poema”.
Se trata de otro paso desafiante en la gran marcha de Trump para
modificar el pensamiento estadounidense respecto de los inmigrantes, una
estrategia con la que espera granjearse a suficientes electores para
conseguir un segundo periodo en el puesto.
El mandatario ha incrementado la certidumbre de que la campaña
política de 2020 estará profundamente arraigada en una batalla cultural
por la identidad nacional.
Sin embargo, Trump enfrenta el peligro inherente de que su línea radical les dé más energía a los demócratas, le genere distanciamiento de las mujeres de los suburbios y propicie un incremento en el número de latinos empadronados.
Los demócratas señalaron de inmediato que el eje de las normativas anunciadas el lunes por el gobierno —impedir el otorgamiento de tarjetas de residencia a muchos inmigrantes legales que reciben prestaciones públicas— se basa en la animadversión racial.
“Este gobierno finalmente ha admitido lo que hemos sabido desde el
principio: ellos creen que la Estatua de la Libertad está dedicada sólo a
la gente blanca”, dijo el exrepresentante Beto O’Rourke, precandidato
presidencial demócrata.
El presidente y sus colaboradores “han manchado aún más la tradición de este país como un faro de esperanza para los inmigrantes”, dijo el presidente de la Federación Hispana, José Calderón. “Qué vergüenza”.
Dependiendo de cómo se apliquen las nuevas normativas sobre ser una “carga pública”, los expertos dicen que los cambios con los que se pretende pronosticar la posibilidad de que los solicitantes recurran a prestaciones públicas podrían alterar drásticamente la composición de los grupos de inmigrantes con derecho a tarjetas de residencia o a la residencia permanente en Estados Unidos porque tomarán en cuenta sus ingresos, edad e historial de empleo.
De acuerdo con un estudio del Instituto de Políticas de Migración, un organismo apartidista, las normativas probablemente reducirían la inmigración procedente de México y América Central, al tiempo que aumentarían la de otras regiones, en especial de Europa.
El criterio del ingreso económico, en particular, podría reducir el número de solicitantes mexicanos, centroamericanos, caribeños, africanos y asiáticos. Los solicitantes canadienses y austriacos podrían salir beneficiados, al igual que los de países donde no predomina la raza blanca como la India y Japón.
El estudio también halló que las nuevas reglas habrían puesto a los
residentes legales permanentes más recientes en riesgo de que se les
retire la residencia, ya que en los últimos cinco años el 69% de los
recipientes de tarjetas de residencia tuvieron al menos uno de los
“factores negativos” identificados por el gobierno.
Las reglas posiblemente dificultarán más que padres de ciudadanos estadounidenses se reúnan con sus hijos en el país porque lo más probable es que sean adultos mayores, sin trabajo y con problemas de salud.
“Estados Unidos siempre ha sido un camino hacia el éxito para millones de personas y ahora Estados Unidos quiere hacer que ese camino sea sólo para quienes ya triunfaron”, dijo Aaron Reichlin-Melnick, analista de política en el American Immigration Council, un organismo activista.
Trump ascendió a la Casa Blanca avivando la inquietud en torno a la diversidad creciente de la nación, en la que las tendencias demográficas y de inmigración proyectan que los blancos serán minoría en menos de dos décadas. Según él, los inmigrantes están robando empleos a sus simpatizantes y haciendo que sus salarios se reduzcan, negándole oportunidades para el éxito a los blancos de clase trabajadora.
Los inmigrantes han sido realmente chivos expiatorios, en especial en localidades del corazón industrial y otras zonas deprimidas económicamente que aún sufren las consecuencias de la pérdida de empleos mientras el resto del país experimenta una recuperación económica. Y Trump continúa insistiendo en ese mensaje.
Su gobierno ha intentado restringir severamente el número de
migrantes que solicitan asilo en Estados Unidos y reducido drásticamente
la admisión de refugiados, y es posible que haya reducciones
adicionales el mes próximo cuando se anuncien los límites en el número
de refugiados del año entrante.
Trump también aprobó una iniciativa que reducirá considerablemente las tasas de inmigración legal, al tiempo que impulsa una reorganización total sobre el tipo de inmigrantes que deberían ser aceptados, favoreciendo a aquellos con ciertas habilidades y ofertas de empleo con altos sueldos sobre quienes tengan vínculos familiares en Estados Unidos.
Debido a la oposición demócrata en el Congreso, Trump ha recurrido a la acción administrativa, con resultados mixtos que enfrentan impugnaciones judiciales.
Además de los cambios que ha realizado y propuesto, el presidente ha hablado despectivamente acerca de la inmigración procedente de países de mayoría negra e hispana, incluyendo haberse referido a los inmigrantes mexicanos como violadores y delincuentes cuando lanzó su campaña en 2016.
El año pasado, Trump se refirió en privado a la naciones
centroamericanas y africanas como países “de mierda” y dejó entrever que
Estados Unidos recibirá a más inmigrantes de países europeos como
Noruega, que es predominantemente de raza blanca.
Cuccinelli, el funcionario de inmigración, pareció limitar el alcance del poema de la Estatua de la Libertad en una entrevista con la cadena CNN. Señaló que el poema hace referencia a “personas provenientes de Europa donde había sociedades separadas en clases en las que se consideraba miserables a quienes no se encontraran en la clase correcta”.
A la propia agencia de Cuccinelli parece gustarle el original. En su “almanaque ciudadano” distribuido entre los nuevos estadounidenses, la agencia ensalza el poema y lo describe como un faro para “los millones de inmigrantes que llegaron a Estados Unidos en busca de libertad y oportunidades”.
El
magistrado presidente del casi extinto Tribunal Supremo Electoral
(TSE), David Matamoros Batson, repudiado en todo el país por su
cuestionado papel en los comicios electorales de 2017, asumió ayer la
presidencia de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
Desde que se anunció el cierre del TSE, se especuló cuál sería el próximo empleo de Batson en el Gobierno, varios meses atrás surgió el rumor que llegaría a Conatel para censurar a la prensa crítica del régimen.
En
las elecciones de 2017, Matamoros Batson fue doblegado por la entonces
encargada de negocios de Estados Unidos Heide Fulton, quien incluso
llegó a contar votos. Para la madrugada del 28 de noviembre, el
presidenciable de la oposición Salvador Nasralla lograba una ventaja
irreversible ante Hernández, declarado ganador el 17 de diciembre.
La intención supone un cambio drástico a la doctrina estadounidense que da la bienvenida a “vuestros seres pobres y cansados, a esas masas ansiosas de ser libres”, inscrita en la Estatua de la Libertad, para que ahora sea “dadme a tus cansados y tus pobres que puedan sostenerse sobre sus propios pies y no se convertirán en una carga pública”.
El funcionario responsable de esta modificación, Ken Cuccinelli, director interino del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés), afirmó el miércoles que sus palabras fueron intencionales, incluido su concepto adicional de que el poema fue escrito para europeos. Señaló en un comunicado que su agencia “tiene el encargo de hacer cumplir la ley, no un poema”.
Sin embargo, Trump enfrenta el peligro inherente de que su línea radical les dé más energía a los demócratas, le genere distanciamiento de las mujeres de los suburbios y propicie un incremento en el número de latinos empadronados.
Los demócratas señalaron de inmediato que el eje de las normativas anunciadas el lunes por el gobierno —impedir el otorgamiento de tarjetas de residencia a muchos inmigrantes legales que reciben prestaciones públicas— se basa en la animadversión racial.
Agosto 14, 2019
El presidente y sus colaboradores “han manchado aún más la tradición de este país como un faro de esperanza para los inmigrantes”, dijo el presidente de la Federación Hispana, José Calderón. “Qué vergüenza”.
Dependiendo de cómo se apliquen las nuevas normativas sobre ser una “carga pública”, los expertos dicen que los cambios con los que se pretende pronosticar la posibilidad de que los solicitantes recurran a prestaciones públicas podrían alterar drásticamente la composición de los grupos de inmigrantes con derecho a tarjetas de residencia o a la residencia permanente en Estados Unidos porque tomarán en cuenta sus ingresos, edad e historial de empleo.
De acuerdo con un estudio del Instituto de Políticas de Migración, un organismo apartidista, las normativas probablemente reducirían la inmigración procedente de México y América Central, al tiempo que aumentarían la de otras regiones, en especial de Europa.
El criterio del ingreso económico, en particular, podría reducir el número de solicitantes mexicanos, centroamericanos, caribeños, africanos y asiáticos. Los solicitantes canadienses y austriacos podrían salir beneficiados, al igual que los de países donde no predomina la raza blanca como la India y Japón.
Agosto 13, 2019
Las reglas posiblemente dificultarán más que padres de ciudadanos estadounidenses se reúnan con sus hijos en el país porque lo más probable es que sean adultos mayores, sin trabajo y con problemas de salud.
“Estados Unidos siempre ha sido un camino hacia el éxito para millones de personas y ahora Estados Unidos quiere hacer que ese camino sea sólo para quienes ya triunfaron”, dijo Aaron Reichlin-Melnick, analista de política en el American Immigration Council, un organismo activista.
Trump ascendió a la Casa Blanca avivando la inquietud en torno a la diversidad creciente de la nación, en la que las tendencias demográficas y de inmigración proyectan que los blancos serán minoría en menos de dos décadas. Según él, los inmigrantes están robando empleos a sus simpatizantes y haciendo que sus salarios se reduzcan, negándole oportunidades para el éxito a los blancos de clase trabajadora.
Los inmigrantes han sido realmente chivos expiatorios, en especial en localidades del corazón industrial y otras zonas deprimidas económicamente que aún sufren las consecuencias de la pérdida de empleos mientras el resto del país experimenta una recuperación económica. Y Trump continúa insistiendo en ese mensaje.
Trump también aprobó una iniciativa que reducirá considerablemente las tasas de inmigración legal, al tiempo que impulsa una reorganización total sobre el tipo de inmigrantes que deberían ser aceptados, favoreciendo a aquellos con ciertas habilidades y ofertas de empleo con altos sueldos sobre quienes tengan vínculos familiares en Estados Unidos.
Debido a la oposición demócrata en el Congreso, Trump ha recurrido a la acción administrativa, con resultados mixtos que enfrentan impugnaciones judiciales.
Además de los cambios que ha realizado y propuesto, el presidente ha hablado despectivamente acerca de la inmigración procedente de países de mayoría negra e hispana, incluyendo haberse referido a los inmigrantes mexicanos como violadores y delincuentes cuando lanzó su campaña en 2016.
Cuccinelli, el funcionario de inmigración, pareció limitar el alcance del poema de la Estatua de la Libertad en una entrevista con la cadena CNN. Señaló que el poema hace referencia a “personas provenientes de Europa donde había sociedades separadas en clases en las que se consideraba miserables a quienes no se encontraran en la clase correcta”.
A la propia agencia de Cuccinelli parece gustarle el original. En su “almanaque ciudadano” distribuido entre los nuevos estadounidenses, la agencia ensalza el poema y lo describe como un faro para “los millones de inmigrantes que llegaron a Estados Unidos en busca de libertad y oportunidades”.
“MAGISTER DEL FRAUDE”, ASUME CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES
- Publicado: 14 Septiembre 2019
El
magistrado presidente del casi extinto Tribunal Supremo Electoral
(TSE), David Matamoros Batson, repudiado en todo el país por su
cuestionado papel en los comicios electorales de 2017, asumió ayer la
presidencia de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).Desde que se anunció el cierre del TSE, se especuló cuál sería el próximo empleo de Batson en el Gobierno, varios meses atrás surgió el rumor que llegaría a Conatel para censurar a la prensa crítica del régimen.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa.
Ayer se hizo oficial que el magistrado presidente del casi desaparecido
Tribunal Supremo Electoral (TSE), David Matamoros Batson, ahora
desempeñaría como presidente de la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (Conatel).
Luego del bochornoso papel de Matamoros Batson en los comicios electorales de 2017, el repudio de los hondureños provocó que el “magister de golpes electorales”, se ausentara del foco público.
En
tanto, el gobernante Juan Hernández, nombraba a su hija, Andrea
Matamoros, como alta funcionaria en la Secretaría de Comunicaciones de
Casa Presidencial.
Desde
que se anunció que el TSE tenía los días contados, producto de las
reformas electorales, se especuló el próximo destino de Matamoros Batson
como “peón” del Gobierno. El rumor de su llegada a Conatel cogió fuerza
hace unos meses, luego que se revelara un plan para censurar a los
medios de comunicación críticos de Hernández.
Ayer,
oficialmente los empleados de Conatel dieron la bienvenida al nuevo
comisionado, quien ya ocupó un cargo similar durante el Gobierno de
Ricardo Maduro (2002-2006), siendo uno de los miembros del “círculo de
confianza” del presidente.
En
las elecciones de 2017, Matamoros Batson fue doblegado por la entonces
encargada de negocios de Estados Unidos Heide Fulton, quien incluso
llegó a contar votos. Para la madrugada del 28 de noviembre, el
presidenciable de la oposición Salvador Nasralla lograba una ventaja
irreversible ante Hernández, declarado ganador el 17 de diciembre.
En
conferencia de prensa transmitida en diferido, Matamoros Batson dijo
que Hernández había ganado la elección por los votos rurales; sin
embargo, según observaciones de la OEA, el sistema de conteo de votos se
detuvo el lunes 28 de noviembre, posteriormente presentando fallas
entre el martes 29 y miércoles 30.
A
pesar de los “escrutinios especiales”, la tendencia se fue reducioendo
hasta que los votos a favor de Hernández superaron en 50 mil a los de
Nasralla, irrespetando el voto popular y agravando la crisis social,
económica y política que venía desde el golpe de Estado en 2009.
La subasta de la biodiversidad en el paraíso de la corrupción y el narcotrafico
ofraneh / septiembre 4, 2019
El colapso político y moral que se viene dando en Honduras es
evidente en medio de la persecución que ha decretado el Estado contra
las defensoras y defensores de la madre tierra, quienes vienen siendo
aniquilados o encarcelados por el actual régimen.
Desde el 2010 al 2017 según Global Witness en honduras ocurrieron alrededor de 120 asesinatos a defensores de la madre tierra, sumando un sinnúmero de procesos judiciales que han llevado a la cárcel a centenares de personas vinculadas a la defensa de los territorios y recursos naturales, que hoy día son objeto de explotación minera o forestal así como cuencas hidrográficas entregadas a inversionistas privados para la construcción de represas hidroeléctricas.
Honduras ha sido convertida en la última década en una especie de infierno jurídico donde el aparato judicial representa los intereses de una élite de poder asociada con la destrucción premeditada de la madre tierra, al mismo tiempo que se han dedicado al trasiego de estupefacientes y otros negocios ilícitos.
Desde el golpe de estado de 2009, se ha fraguado la utilización de áreas protegidas para la implementación de proyectos de destrucción en nombre de un supuesto desarrollo que beneficiará a la reducida élite de poder.
En el caso de Guapinol, la alteración de los límites del Parque Nacional Carlos Escaleras, sirvió para que la empresa Pinares obtuviera por parte de MIAMBIENTE las licencias necesarias para proceder a la destrucción de la cuenca hidrográficas dentro de la zona núcleo de área protegida.
El Ministerio Público ha procedido contra 37 miembros de la comunidad de Guapinol siendo el último episodio el encarcelamiento de 7 integrantes del Comité Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Naturales de Tocoa, cuando una jueza con jurisdicción nacional dictó el pasado domingo. nn auto de formal procesamiento con prisión preventiva en contra de siete ambientalistas de Guapinol
La persecución es desatada por el clan Facussé Perez, con el aval del alcalde de Tocoa el señor Adan Funez (quien curiosamente pertenece al partido LIBRE), y el que se ha negado a efectuar un cabildo abierto como, tal como lo indica la actual y cuestionada Ley de Minería.
El clan Facussé desde hace décadas ha mantenido una estado de terror en el Bajo Aguan, situación que desde el 2010 ha sido un escenario de guerra de baja intensidad, agravado por la ausencia de un estado de ley en el país, y en el que el poder judicial pasó a ser controlado por el poder ejecutivo a partir de diciembre 12 del 2012.
La detención de Orfirio Sorto Cedillo, José Abelino Cedillo, Kelvin Alejandro Romero, Arnold Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Orbin Nahún Hernández y Daniel Márquez; es un señal inequívoca de como los operadores de justicia se encuentra probablemente bajo el influjo del clan Facussé Perez; bordeando las acciones emprendidas, el prevaricato
Es inaudito que mientras la cúpula del poder ejecutivo y miembros del legislativo, ademas de fuerzas de sugeridas son señalados por la justicia estadounidense de estar vinculados al narcotráfico, lmientras defensores del agua en honduras son perseguidos por la justicia y asesinados.
Será que existe autoridad moral por parte del poder judicial en Honduras de criminalizar a los defensores y defensoras de Guapinol, mientras integrantes del Estado son proseguidos por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, por haber utilizado la estructura del Estado para delinquir
4 de Septiembre del 2019
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
Desde el 2010 al 2017 según Global Witness en honduras ocurrieron alrededor de 120 asesinatos a defensores de la madre tierra, sumando un sinnúmero de procesos judiciales que han llevado a la cárcel a centenares de personas vinculadas a la defensa de los territorios y recursos naturales, que hoy día son objeto de explotación minera o forestal así como cuencas hidrográficas entregadas a inversionistas privados para la construcción de represas hidroeléctricas.
Honduras ha sido convertida en la última década en una especie de infierno jurídico donde el aparato judicial representa los intereses de una élite de poder asociada con la destrucción premeditada de la madre tierra, al mismo tiempo que se han dedicado al trasiego de estupefacientes y otros negocios ilícitos.
Desde el golpe de estado de 2009, se ha fraguado la utilización de áreas protegidas para la implementación de proyectos de destrucción en nombre de un supuesto desarrollo que beneficiará a la reducida élite de poder.
En el caso de Guapinol, la alteración de los límites del Parque Nacional Carlos Escaleras, sirvió para que la empresa Pinares obtuviera por parte de MIAMBIENTE las licencias necesarias para proceder a la destrucción de la cuenca hidrográficas dentro de la zona núcleo de área protegida.
El Ministerio Público ha procedido contra 37 miembros de la comunidad de Guapinol siendo el último episodio el encarcelamiento de 7 integrantes del Comité Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Naturales de Tocoa, cuando una jueza con jurisdicción nacional dictó el pasado domingo. nn auto de formal procesamiento con prisión preventiva en contra de siete ambientalistas de Guapinol
La persecución es desatada por el clan Facussé Perez, con el aval del alcalde de Tocoa el señor Adan Funez (quien curiosamente pertenece al partido LIBRE), y el que se ha negado a efectuar un cabildo abierto como, tal como lo indica la actual y cuestionada Ley de Minería.
El clan Facussé desde hace décadas ha mantenido una estado de terror en el Bajo Aguan, situación que desde el 2010 ha sido un escenario de guerra de baja intensidad, agravado por la ausencia de un estado de ley en el país, y en el que el poder judicial pasó a ser controlado por el poder ejecutivo a partir de diciembre 12 del 2012.
La detención de Orfirio Sorto Cedillo, José Abelino Cedillo, Kelvin Alejandro Romero, Arnold Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Orbin Nahún Hernández y Daniel Márquez; es un señal inequívoca de como los operadores de justicia se encuentra probablemente bajo el influjo del clan Facussé Perez; bordeando las acciones emprendidas, el prevaricato
Es inaudito que mientras la cúpula del poder ejecutivo y miembros del legislativo, ademas de fuerzas de sugeridas son señalados por la justicia estadounidense de estar vinculados al narcotráfico, lmientras defensores del agua en honduras son perseguidos por la justicia y asesinados.
Será que existe autoridad moral por parte del poder judicial en Honduras de criminalizar a los defensores y defensoras de Guapinol, mientras integrantes del Estado son proseguidos por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, por haber utilizado la estructura del Estado para delinquir
4 de Septiembre del 2019
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
TERMINÓ LA MOJIGANGA
PATRIOTERA
por Rodolfo
Cortés Calderón
Se terminó Septiembre el mes
del circo patriotero de los esclavos del sistema neoliberal e imperial hondureño.
Mojiganga en que se arropan todos los poderes del Estado: ninguno se escapa;
porque son gobierno, aunque no lo quieran, los 128 diputados y sus suplentes
representados en el Legislativo; todos los magistrados del Judicial y, no
digamos, los lambiscones que le sostienen los brazos al dictador como ministros,
comisionados militares o policiales o de los organismos contralores.
Lo que más duele de toda esta
patraña son los desfiles imitando a los represores y asesinos militares con sus
bandas, sus estúpidas marchas, requiebres de inocentes niñas y redobles de
tambores como si los niños y jóvenes sintieran alguna identificación con los
chafarotes y como que con esto se honrara a la Patria.
LOS
GUARDIANES DE LA PATRIA
¿Pero, qué decir del proyecto
militarista del dictador JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ, JOH en contra de la indefensa
niñez hondureña?
Niños de escasos recursos,
pobrísimos, de las áreas rurales y periurbanas son reclutados de las escuelas
públicas, con el consentimiento de los directores, donde les dan una miserable
comida--quizá sustrayendo los dineros de la “merienda escolar”—adoctrinándolos contra
las luchas sociales y enseñándoles a manejar armas.
¿Por qué el dictador si quiere
elevar los sentimientos patrios de la niñez no envía a sus familiares: nietos,
sobrinos, amigos de sus empresas y a los niños de las escuelas bilingües privadas
a esta alienación educativa?
Todo esto es política impuesta
por el Imperio y su megalómano guerrerista DONALD TRUMP.
LOS
LICEOS MILITARES
Hace poco la dictadura inauguró
en el Liceo Militar del Norte con una inversión de 17 millones de Lempiras
modernos laboratorios y el dictador vía teléfono prometió abrir más liceos
militares en otras regiones de Honduras, mientras la educación pública está por
los suelos, principalmente en el área rural.
Al
respecto en un sesudo editorial de Radio Progreso de fecha 1 de octubre señala,
dentro de otros aspectos, sobre el militarismo, lo siguiente:
“De acuerdo con un
estudio elaborado por el Instituto Internacional de Investigación para la Paz
de Estocolmo, Suecia, la inversión militar en Honduras supera la de 46 países
del mundo: es mayor que la de 8 países de América, 6 de Europa, 5 de Asia, 2 de
Oceanía y 25 de África.
En Centroamérica,
Honduras también es el país con mayor inversión militar, la cual alcanza los
364 millones de dólares. Le siguen Guatemala con 284 millones, El Salvador con
247, Nicaragua con 83.9 y Belice con 22.8 millones. La diferencia es
indudablemente abismal y refleja la locura armamentista de la dictadura
hondureña”.
Para un país como Honduras con una pobreza social rallante, esto
es una vergüenza. Honduras junto a Haití se disputan el certamen de pobreza
mundial.
200
AÑOS DE SUPUESTA INDEPENDENCIA
El 15 de septiembre de 2021 los
pueblos centroamericanos, incluyendo Honduras, estarán cumpliendo 200 años de
supuesta independencia. De independencia no hay nada, hoy más que nunca
nuestros pueblos están dominados por los halcones del Norte (EEUU, CANADÁ y
EUROPA) y los últimos 9 presidentes de la falsa democracia (1982-2019) no han
conocido lo que es la dignidad y soberanía. Han sido peor que mandaderos del
Imperio, principalmente los dos últimos.
Hace un par de años un grupo de
comprometidos ciudadanos y ciudadanas hondureños emitieron en la plaza
principal de San Pedro Sula una proclama proponiendo un NUEVO HORIZONTE PATRIO
para la celebración del BICENTENARIO de
la Independencia Patria. Hasta ahora parece que todo eso quedó en un simple
anhelo porque no se han conocido acciones que conduzcan hacia ese anhelado
futuro.
CONCLUSIONES
·
Ya es tiempo que los autodenominados maestros se
liberen de su conducta y actitud militarista que arrastra a la niñez, juventud
y sociedad en general a épocas cavernarias y nos reflejan como una sociedad
ultra conservadora. Ustedes, forjadores de la niñez y juventud, no deben
alimentar las actitudes guerreristas del dictador con sus guardianes de la
patria.
·
Los ciudadanos y ciudadanas que amamos este país
debemos retomar la iniciativa de San Pedro Sula para celebrar los 200 años de independencia con un nuevo planteamiento y una
visión más llena de dignidad y soberanía, teniendo además como transparente
idea la abolición de las Fuerzas Armadas y el ejército.
¡Denunciamos
al gobierno dictatorial de Honduras por el asesinato en pasados días de ADOLFO REDONDO y MILGEN IDÁN
SOTO ÁVILA, líderes de la etnia TOLUPÁN en el departamento de Yoro y afiliados
al Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ! ¡Exigimos justicia!
2
de octubre 2019
Directores de medios se pusieron de acuerdo para asegurar que la agente de la ATIC se suicidó
octubre 1, 2019
Redaccion
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. –La exdirectora de Medicina Forense del Ministerio Público, Julissa Villanueva, aseguró este martes que un grupo de directores de medios de comunicación se reunió con autoridades del Ministerio Público para ponerse de acuerdo sobre el abordaje de la muerte de la agente de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Sherill Yubissa Hernández Mancía.
Villanueva aseguró a periodistas que previo a la divulgación del comunicado hubo una reunión a puertas cerradas entre funcionarios del Ministerio Público y directores de medios de comunicación.
La patóloga sugirió que muchos directores de medios le han dado crédito al comunicado porque temen a ser objetos de requerimientos fiscales, sobre todo ahora que ha trascendido a través de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) que personas ligadas a los medios de comunicación serán requeridas por la justicia.
El comunicado, que no fue compartido en las redes sociales del Ministerio Público y que no tiene fecha de emisión, asevera que para dilucidar el caso se conformó un equipo multidisciplinario de diferentes instituciones como la Dirección Nacional de Investigaciones e Inteligencia (DNI), integrado por fiscales, investigadores, forenses, especialistas en balística, analistas, patólogos y otros, quienes fueron asistidos por un conjunto de expertos internacionales.
Asimismo, que “las investigaciones demostraron la ausencia de evidencia que oriente a un homicidio, y que, por el contrario, si existe diversidad de evidencia con factores de riesgo que lleva a concluir que su muerte es un acto de suicidio”.
A partir del viernes los medios corporativos comenzaron a hacer sendas publicaciones asegurando que el caso de la agente de la ATIC es un suicidio, contradiciendo la versión de la exdirectora de Medicina Forense que documentó el caso como un homicidio.
La patóloga denunció además que cuando solicitó a la oficina de Recursos Humanos del Ministerio Público el expediente de Sherill Yubissa— que consta sobre su perfil sicométrico—el personal de la ATIC lo secuestró para que ella no tuviera acceso y se demostrara lo que, a su juicio, es un femicidio en el que están involucradas “las fuerzas oscuras involucradas en la narcoactividad, el crimen organizado, con el contubernio del Ministerio Público”.
Villanueva, que abandera denuncias sobre reiteradas irregularidades en la Dirección de Medicina Forense, dijo que en virtud que el caso de la agente de la ATIC ya ha sido cerrado por el Ministerio Público, quedan otras instancias internacionales donde defensores de derechos humanos, seguirán exigiendo para que se haga justicia.
La directora de Medicina Forense informó que denunció el crimen de la agente ante la MACCIH, pero que el director de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción del Ministerio Público (Ufecic-MP), Luis Javier Santos, le exteriorizó que el asunto no podía ser investigado por dicha unidad porque el fiscal general de la República, Óscar Chinchilla, no lo iba a permitir.
Sherill Yubissa Hernández Mancía, quien tenía 28 años al momento de su muerte, fue encontrada sin vida la mañana del 11 de junio del 2018 en su apartamento del barrio El Calvario de Santa Rosa de Copán. La joven fue encontrada acostada en una cama, sujetando con su mano derecha una pistola, calibre nueve milímetros, supuestamente, la que tenía asignada.
Tegucigalpa. –La exdirectora de Medicina Forense del Ministerio Público, Julissa Villanueva, aseguró este martes que un grupo de directores de medios de comunicación se reunió con autoridades del Ministerio Público para ponerse de acuerdo sobre el abordaje de la muerte de la agente de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Sherill Yubissa Hernández Mancía.
Noticia Relacionada: ¿Qué se esconde detrás de la muerte de la jefa regional de la ATIC?
El viernes anterior los medios pertenecientes a las corporaciones mediáticas aseguraron, basándose en un comunicado oficial del Ministerio Público, que la joven investigadora se suicidó.Villanueva aseguró a periodistas que previo a la divulgación del comunicado hubo una reunión a puertas cerradas entre funcionarios del Ministerio Público y directores de medios de comunicación.
La patóloga sugirió que muchos directores de medios le han dado crédito al comunicado porque temen a ser objetos de requerimientos fiscales, sobre todo ahora que ha trascendido a través de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) que personas ligadas a los medios de comunicación serán requeridas por la justicia.
El comunicado, que no fue compartido en las redes sociales del Ministerio Público y que no tiene fecha de emisión, asevera que para dilucidar el caso se conformó un equipo multidisciplinario de diferentes instituciones como la Dirección Nacional de Investigaciones e Inteligencia (DNI), integrado por fiscales, investigadores, forenses, especialistas en balística, analistas, patólogos y otros, quienes fueron asistidos por un conjunto de expertos internacionales.
Asimismo, que “las investigaciones demostraron la ausencia de evidencia que oriente a un homicidio, y que, por el contrario, si existe diversidad de evidencia con factores de riesgo que lleva a concluir que su muerte es un acto de suicidio”.
A partir del viernes los medios corporativos comenzaron a hacer sendas publicaciones asegurando que el caso de la agente de la ATIC es un suicidio, contradiciendo la versión de la exdirectora de Medicina Forense que documentó el caso como un homicidio.
Noticia Relacionada: Agente de la ATIC asesinada en Santa Rosa de Copán investigaba el cártel de occidente
En una entrevista con CRITERIO el 1 de julio pasado, la exdirectora de Medicina Forense, Julissa Villanueva, reiteró que fue separada de su cargo por haber demostrado la verdad sobre este misterioso caso que desde un inicio fue manejado como un suicidio por el director de la ATIC, Ricardo Castro.Villanueva ha sostenido en diversas ocasiones que la vida de la agente fue segada por uno de sus compañeros y que prueba de ello es el examen de la autopsia sicológica hecha por expertos de Medicina Forense, integrada por médicos, sicólogos, psiquiatras, médicos legistas y trabajadores sociales, que en su momento evidenciaron que la joven no tenía un perfil suicida.
La patóloga denunció además que cuando solicitó a la oficina de Recursos Humanos del Ministerio Público el expediente de Sherill Yubissa— que consta sobre su perfil sicométrico—el personal de la ATIC lo secuestró para que ella no tuviera acceso y se demostrara lo que, a su juicio, es un femicidio en el que están involucradas “las fuerzas oscuras involucradas en la narcoactividad, el crimen organizado, con el contubernio del Ministerio Público”.
Villanueva, que abandera denuncias sobre reiteradas irregularidades en la Dirección de Medicina Forense, dijo que en virtud que el caso de la agente de la ATIC ya ha sido cerrado por el Ministerio Público, quedan otras instancias internacionales donde defensores de derechos humanos, seguirán exigiendo para que se haga justicia.
La directora de Medicina Forense informó que denunció el crimen de la agente ante la MACCIH, pero que el director de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción del Ministerio Público (Ufecic-MP), Luis Javier Santos, le exteriorizó que el asunto no podía ser investigado por dicha unidad porque el fiscal general de la República, Óscar Chinchilla, no lo iba a permitir.
Sherill Yubissa Hernández Mancía, quien tenía 28 años al momento de su muerte, fue encontrada sin vida la mañana del 11 de junio del 2018 en su apartamento del barrio El Calvario de Santa Rosa de Copán. La joven fue encontrada acostada en una cama, sujetando con su mano derecha una pistola, calibre nueve milímetros, supuestamente, la que tenía asignada.
Comunicado del Ministerio Público:
