“Pero no todo está perdido. Soy un ciudadano convencido de la fuerza que anidan las energías ocultas de la ciudadanía, ese furor subterráneo que un buen día, como si fuera el viejo topo de la historia, irrumpirá en la superficie para descalabrar las viejas estructuras. Cuando ese momento llegue, debemos estar listos para emprender la tarea de volver a darle a Honduras los atributos virtuosos de una verdadera república.”
La hora de la verdad
octubre 11, 2019
Redacción
Por: Víctor Meza
Por fin llegó octubre, el mes esperado por muchos compatriotas para conocer los detalles y revelaciones que contiene el juicio contra el ex diputado nacionalista Antonio “Tony” Hernández, hermano menor del inquilino ilegal de la Casa Presidencial. Tal como lo habíamos adelantado en un artículo anterior (“Octubre incierto”), buena parte de la población se mantiene como en un estado de hipnosis colectiva frente a la pantalla de sus televisores o escucha la radio con pasión desmedida, esperando cada día nuevas noticias sobre el famoso juicio, confiados en que se revelarán escandalosos secretos e interioridades de los personajes clave envueltos en esta trama de crimen, trasiego de drogas y sobornos políticos.
Parece que fuera una telenovela de narcotráfico y corrupción, pero no lo es. Se trata, en realidad, de una lenta y dolorosa radiografía del país que tenemos y de la mal llamada clase política que lo dirige. Cada día, al escuchar o leer las declaraciones de los testigos que relatan sus andanzas de la mano de los políticos locales, los hondureños decentes no tenemos más alternativa que sentir vergüenza, pena por el país, sonrojo y asco.
Es hora, también, de sentir la parte de culpa que nos corresponde a todos por haber permitido que una pandilla de cretinos, traficantes de drogas, políticos de oficio y asesinos a sueldo se apoderaran del país, controlando eslabones clave del Estado y sometiendo a su servidumbre criminal las instituciones gubernamentales. Todos, en alguna medida, unos más y otros menos, hemos permitido la ignominia. Los niveles de tolerancia social han sido el caldo de cultivo apropiado para que estos gamberros hicieran y deshicieran lo que quisieron con las estructuras del Estado.
Mediante el uso del dinero sucio, producto de la compra y venta de drogas, los narcotraficantes, en asqueroso contubernio con dirigentes políticos de toda laya y color, fueron poco a poco copando los eslabones vitales del gobierno, deformando la naturaleza republicana de la patria. No hay ni puede haber república ahí en donde se produce la concentración desmedida del poder, el abuso de un presidencialismo con tufillo a monarquía, el autoritarismo desmedido y el irrespeto a la división de los poderes del Estado. Para superar esta lamentable situación, Honduras debe volver a ser república.
El juicio que se está llevando a cabo en Nueva York debe servir como un aldabonazo en la adormilada conciencia de la ciudadanía. Las interioridades y entresijos que ahí se ventilan y revelan, son bofetadas en el rostro de la sociedad entera. Nos recuerdan, con insufrible constancia, cuán profundo es el abismo de ignominia y podredumbre en que han caído muchos dirigentes y activistas políticos, otras tantas autoridades civiles y militares, operadores de justicia y comunicadores sociales. Todos, en amalgama maloliente, han sido actores directos o cómplices solícitos del crimen organizado y sus múltiples ramificaciones.
El juicio contra el señor Hernández, al margen de su desenlace final, debe servir como si fuera un espejo retorcido en donde vemos a diario la imagen ensombrecida de la patria. Ahí está, con sus arrugas y verrugas, el lamentable rostro del país que un día fue república y que, por obra y gracia de la corrupción política, hoy ha quedado convertido ante los ojos del mundo en la versión tropical y centroamericana de un Estado tan fallido como desprestigiado. Triste destino para una nación que merece mejor suerte y mayor respeto.
Pero no todo está perdido. Soy un ciudadano convencido de la fuerza que anidan las energías ocultas de la ciudadanía, ese furor subterráneo que un buen día, como si fuera el viejo topo de la historia, irrumpirá en la superficie para descalabrar las viejas estructuras. Cuando ese momento llegue, debemos estar listos para emprender la tarea de volver a darle a Honduras los atributos virtuosos de una verdadera república.
No puedo menos que recordar el final de un bello soneto dedicado a Honduras por el poeta Pompeyo del Valle: “Pero otra Honduras de potente aurora/ decidida, total y vengadora/ alza la frente perseguida y bella/ porque una tropa juvenil se agita/ bajo su cielo y en su voz gravita/ el porvenir fundado en una estrella”.
Por fin llegó octubre, el mes esperado por muchos compatriotas para conocer los detalles y revelaciones que contiene el juicio contra el ex diputado nacionalista Antonio “Tony” Hernández, hermano menor del inquilino ilegal de la Casa Presidencial. Tal como lo habíamos adelantado en un artículo anterior (“Octubre incierto”), buena parte de la población se mantiene como en un estado de hipnosis colectiva frente a la pantalla de sus televisores o escucha la radio con pasión desmedida, esperando cada día nuevas noticias sobre el famoso juicio, confiados en que se revelarán escandalosos secretos e interioridades de los personajes clave envueltos en esta trama de crimen, trasiego de drogas y sobornos políticos.
Parece que fuera una telenovela de narcotráfico y corrupción, pero no lo es. Se trata, en realidad, de una lenta y dolorosa radiografía del país que tenemos y de la mal llamada clase política que lo dirige. Cada día, al escuchar o leer las declaraciones de los testigos que relatan sus andanzas de la mano de los políticos locales, los hondureños decentes no tenemos más alternativa que sentir vergüenza, pena por el país, sonrojo y asco.
Es hora, también, de sentir la parte de culpa que nos corresponde a todos por haber permitido que una pandilla de cretinos, traficantes de drogas, políticos de oficio y asesinos a sueldo se apoderaran del país, controlando eslabones clave del Estado y sometiendo a su servidumbre criminal las instituciones gubernamentales. Todos, en alguna medida, unos más y otros menos, hemos permitido la ignominia. Los niveles de tolerancia social han sido el caldo de cultivo apropiado para que estos gamberros hicieran y deshicieran lo que quisieron con las estructuras del Estado.
Mediante el uso del dinero sucio, producto de la compra y venta de drogas, los narcotraficantes, en asqueroso contubernio con dirigentes políticos de toda laya y color, fueron poco a poco copando los eslabones vitales del gobierno, deformando la naturaleza republicana de la patria. No hay ni puede haber república ahí en donde se produce la concentración desmedida del poder, el abuso de un presidencialismo con tufillo a monarquía, el autoritarismo desmedido y el irrespeto a la división de los poderes del Estado. Para superar esta lamentable situación, Honduras debe volver a ser república.
El juicio que se está llevando a cabo en Nueva York debe servir como un aldabonazo en la adormilada conciencia de la ciudadanía. Las interioridades y entresijos que ahí se ventilan y revelan, son bofetadas en el rostro de la sociedad entera. Nos recuerdan, con insufrible constancia, cuán profundo es el abismo de ignominia y podredumbre en que han caído muchos dirigentes y activistas políticos, otras tantas autoridades civiles y militares, operadores de justicia y comunicadores sociales. Todos, en amalgama maloliente, han sido actores directos o cómplices solícitos del crimen organizado y sus múltiples ramificaciones.
El juicio contra el señor Hernández, al margen de su desenlace final, debe servir como si fuera un espejo retorcido en donde vemos a diario la imagen ensombrecida de la patria. Ahí está, con sus arrugas y verrugas, el lamentable rostro del país que un día fue república y que, por obra y gracia de la corrupción política, hoy ha quedado convertido ante los ojos del mundo en la versión tropical y centroamericana de un Estado tan fallido como desprestigiado. Triste destino para una nación que merece mejor suerte y mayor respeto.
Pero no todo está perdido. Soy un ciudadano convencido de la fuerza que anidan las energías ocultas de la ciudadanía, ese furor subterráneo que un buen día, como si fuera el viejo topo de la historia, irrumpirá en la superficie para descalabrar las viejas estructuras. Cuando ese momento llegue, debemos estar listos para emprender la tarea de volver a darle a Honduras los atributos virtuosos de una verdadera república.
No puedo menos que recordar el final de un bello soneto dedicado a Honduras por el poeta Pompeyo del Valle: “Pero otra Honduras de potente aurora/ decidida, total y vengadora/ alza la frente perseguida y bella/ porque una tropa juvenil se agita/ bajo su cielo y en su voz gravita/ el porvenir fundado en una estrella”.
Berta Oliva: “Vamos a seguir caminando hasta lograr sacar la dictadura”
Por defensores -
10 octubre, 2019
Tegucigalpa.- A pesar de la lluvia y las bombas lacrimógenas, la marcha para dignificar Honduras convocada por la Convergencia Contra el Continuismo (CCC) y organizaciones sociales, logró movilizar al pueblo que lucha, que reclama y sobretodo que exige la salida del narco dictador del poder, Juan Orlando Hernández.
La movilización tuvo como punto de encuentro frente a la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), y avanzó hacia el centro de Tegucigalpa, donde el pueblo caminó exigiendo la salida de Juan Orlando Hernández del poder.
El régimen en un intento fallido por disolver la movilización que se levanta en contra de su gobierno ilegitimo, y que además está siendo mencionado en una corte de Nueva York, Estados Unidos, donde se ventila el juicio por narcotráfico contra su hermano, mandó a los cuerpos represores del estado a que reprimieran al pueblo, lanzando bombas lacrimógenas de una manera desmedida, pero no pudo contra la unidad y el grito común.
La coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), y miembro de la coordinación de la Convergencia Contra el Continuismo, Berta Oliva, expresó, mientras se movilizaba junto al pueblo, su satisfacción por la respuesta del pueblo a la convocatoria.
“Yo vengo enormemente satisfecha por la presencia de la gente, se mantuvo bajo lluvia y bajo bombas lacrimógenas, porque la idea era desarticular toda esa presión ciudadana social y lo que ha pasado es que todavía caminamos y andamos. El objetivo de ellos no ha sido logrado, creo que se sienten derrotados de todas maneras, y hemos derrotado el miedo, hemos resistido la lluvia y hemos derrotado también a los que hacen uso de lo que siempre han hecho que ya me imagino que los principales afectados son ellos”.
Asimismo dijo que “no hay duda que las denuncias que no las estamos haciendo nosotros, sino que las están haciendo ellos mismos ante un juzgado internacional en Nuevo York, lo están diciendo ellos, aquí nadie los está presionando y tampoco los están torturando como torturan a nuestros compatriotas cuando los detiene injustamente, esto demuestra el nivel de pudrición y pone en un alto nivel de vulnerabilidad al país”.
Indicó que nosotros pensamos que la razón nos ha asistido y nos va seguir asistiendo y lo más importante de esto es que tenemos la gente que andamos con ella, que caminamos juntos, hay unas con muchos años encima que resistimos y aguantamos.
La coordinadora del COFADEH afirmó que además de personas mayores de edad también hay una mezcla de juventud y allí se cifra la esperanza, en los jóvenes que caminan, que tienen conciencia, que son dignos de un mejor país, porque ellos se han dado cuenta que el cinismo oficial de esta dictadura y de este dictador, que hoy es un narco gobierno, no tiene límites.
Finalmente señaló que vamos a seguir caminando, vamos a seguir haciendo cosas hasta lograr sacar la dictadura.
Es importante mencionar que varias personas resultaron heridas, producto de la brutalidad policial con la que se intentó disolver la movilización, siendo trasladadas a un centro asistencial.
Tony Hernández se ha declarado inocente porque de lo contrario arrastraría a JOH
octubre 7, 2019
Redaccion
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. -Juan Antonio, alias “Tony” Hernández se ha declarado inocente en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, porque si se declara culpable automáticamente arrastraría a su hermano, el gobernante de Honduras, Juan Hernández.
“Es un derecho que Tony se declare inocente y un deber de la fiscalía estadounidense quebrar su estado de inocencia y demostrar que es culpable”. Sin embargo, “se ha declarado inocente, porque si se declara culpable indirectamente su hermano tiene responsabilidad”, dijo Espinoza.
Tony Hernández fue capturado en el aeropuerto de Miami el 23 de noviembre de 2018. Su juicio inició el 2 de octubre pasado y ha sido imputado por los delitos de narcotráfico, tráfico de armas, conspiración para introducir droga a los Estados Unidos y falso testimonio.
La dirigente liberal apuntó que el jefe de gobierno de Honduras no puede alegar que no sabía lo que hacía su hermano, porque también ocupa la presidencia del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.
A criterio de la profesional del derecho, el juicio de Tony Hernández no es lo relevante, sino que la sola mención del gobernante hondureño en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, porque con ello se ha salpicado y mancillado el honor de la nación porque desde ya el país está siendo considerado a nivel internacional como un narco-estado.
Caricatura
Por otra parte, comentó que el gobernante se ha convertido en una caricatura, porque está hablando por las instituciones y lo único que demuestra con ello, es que él las controla.
Añadió que, al analizar las declaraciones de Hernández, se colige que está diciendo que él es el paladín de las extradiciones, que fue quien hizo las capturas y que además está usurpando las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia, del Congreso Nacional y de la Fiscalía.
“Por las propias palabras de Juan Orlando Hernández tenemos claridad que él controla todas las instituciones”: Maribel Espinoza, abogada y vicepresidenta del Partido Liberal de Honduras.
Tegucigalpa. -Juan Antonio, alias “Tony” Hernández se ha declarado inocente en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, porque si se declara culpable automáticamente arrastraría a su hermano, el gobernante de Honduras, Juan Hernández.
Noticia Relacionada: Juicio de Tony Hernández abrirá investigación para el presidente de Honduras
Lo anterior es una aseveración de la abogada constitucionalista y vicepresidenta del Partido Liberal de Honduras, Maribel Espinoza, al ser consultada sobre la implicación jurídica que tiene el hecho que Tony Hernández insista ante los tribunales estadounidense en que es inocente por los delitos que le ha imputado la fiscalía de aquel país.“Es un derecho que Tony se declare inocente y un deber de la fiscalía estadounidense quebrar su estado de inocencia y demostrar que es culpable”. Sin embargo, “se ha declarado inocente, porque si se declara culpable indirectamente su hermano tiene responsabilidad”, dijo Espinoza.
Tony Hernández fue capturado en el aeropuerto de Miami el 23 de noviembre de 2018. Su juicio inició el 2 de octubre pasado y ha sido imputado por los delitos de narcotráfico, tráfico de armas, conspiración para introducir droga a los Estados Unidos y falso testimonio.
La dirigente liberal apuntó que el jefe de gobierno de Honduras no puede alegar que no sabía lo que hacía su hermano, porque también ocupa la presidencia del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.
A criterio de la profesional del derecho, el juicio de Tony Hernández no es lo relevante, sino que la sola mención del gobernante hondureño en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, porque con ello se ha salpicado y mancillado el honor de la nación porque desde ya el país está siendo considerado a nivel internacional como un narco-estado.
Caricatura
Por otra parte, comentó que el gobernante se ha convertido en una caricatura, porque está hablando por las instituciones y lo único que demuestra con ello, es que él las controla.
Añadió que, al analizar las declaraciones de Hernández, se colige que está diciendo que él es el paladín de las extradiciones, que fue quien hizo las capturas y que además está usurpando las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia, del Congreso Nacional y de la Fiscalía.
“Por las propias palabras de Juan Orlando Hernández tenemos claridad que él controla todas las instituciones”: Maribel Espinoza, abogada y vicepresidenta del Partido Liberal de Honduras.
En el III Batallón de Infantería se entrenaban a narcos: Santos Rodríguez Orellana
octubre 7, 2019
Redaccion
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. – A casi tres años de haber recibido la baja deshonrosa, curiosamente, tras denunciar que Juan Antonio, alias “Tony” Hernández, estaba vinculado con el narcotráfico, Santos Rodríguez Orellana, sigue haciendo explosivas revelaciones sobre el quehacer de las altas esferas de la institución castrense.
Este lunes en una entrevista con CRITERIO, el militar reveló que en el III Batallón de Infantería, ubicado en Naco, Cortés, los miembros de los cárteles de las drogas recibían entrenamiento para realizar con éxito sus actividades dentro del crimen organizado.
“Utilizaron incluso equipo y unidades militares para el trasiego de la droga”, expresó Rodríguez Orellana, al increpar al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas sobre si se enteró que unidades militares “se prestaron para entrenarle la gente a Magdaleno, para entrenarle la gente a los Valle Valle”.
El militar se refirió en primera instancia a Nery Orlando López Sanabria, quien se identifica como Magdaleno Meza Funez, y que había fingido su muerte. López Sanabria ha sido acusado por el Ministerio Público de Honduras por los delitos de uso de nombre supuesto, tenencia de armas de uso comercial y prohibido y tenencia de explosivos prohibidos. El supuesto narcotraficante, que está en prisión en Honduras, es socio del cártel de los Valle Valle.
En segunda instancia, Santos Rodríguez Maradiaga, hizo alusión a los integrantes del cártel de los Valle Valle, capturados por el comisionado general de policía, Ramón Sabillón. Los Valle Valle fueron condenados por narcotráfico en Estados Unidos y según la Fiscalía de Nueva York conspiraron junto a Tony Hernández—hermano del gobernante hondureño Juan Hernández— para enviarle armas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El militar manifestó que las pruebas de su aseveración están sustentadas, pero lastimosamente no existe una institucionalidad que investigue y sancione los hechos.
Santos Rodríguez Orellana insiste que quien protegía a los narcotraficantes para el trasiego de la droga eran las Fuerzas Armadas y es la razón que evita que la jerarquía de esta institución no se haya pronunciado hasta el momento sobre todo lo que ocurre y está ocurriendo alrededor del tráfico de drogas.
Manifestó además que el juicio que se ventila en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, contra “Tony” Hernández, traerá la respuesta de una serie de políticos y de funcionarios públicos que contribuyeron para el trasiego de drogas hacia los Estados Unidos.
Tegucigalpa. – A casi tres años de haber recibido la baja deshonrosa, curiosamente, tras denunciar que Juan Antonio, alias “Tony” Hernández, estaba vinculado con el narcotráfico, Santos Rodríguez Orellana, sigue haciendo explosivas revelaciones sobre el quehacer de las altas esferas de la institución castrense.
Este lunes en una entrevista con CRITERIO, el militar reveló que en el III Batallón de Infantería, ubicado en Naco, Cortés, los miembros de los cárteles de las drogas recibían entrenamiento para realizar con éxito sus actividades dentro del crimen organizado.
“Utilizaron incluso equipo y unidades militares para el trasiego de la droga”, expresó Rodríguez Orellana, al increpar al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas sobre si se enteró que unidades militares “se prestaron para entrenarle la gente a Magdaleno, para entrenarle la gente a los Valle Valle”.
El militar se refirió en primera instancia a Nery Orlando López Sanabria, quien se identifica como Magdaleno Meza Funez, y que había fingido su muerte. López Sanabria ha sido acusado por el Ministerio Público de Honduras por los delitos de uso de nombre supuesto, tenencia de armas de uso comercial y prohibido y tenencia de explosivos prohibidos. El supuesto narcotraficante, que está en prisión en Honduras, es socio del cártel de los Valle Valle.
En segunda instancia, Santos Rodríguez Maradiaga, hizo alusión a los integrantes del cártel de los Valle Valle, capturados por el comisionado general de policía, Ramón Sabillón. Los Valle Valle fueron condenados por narcotráfico en Estados Unidos y según la Fiscalía de Nueva York conspiraron junto a Tony Hernández—hermano del gobernante hondureño Juan Hernández— para enviarle armas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El militar manifestó que las pruebas de su aseveración están sustentadas, pero lastimosamente no existe una institucionalidad que investigue y sancione los hechos.
Santos Rodríguez Orellana insiste que quien protegía a los narcotraficantes para el trasiego de la droga eran las Fuerzas Armadas y es la razón que evita que la jerarquía de esta institución no se haya pronunciado hasta el momento sobre todo lo que ocurre y está ocurriendo alrededor del tráfico de drogas.
Manifestó además que el juicio que se ventila en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, contra “Tony” Hernández, traerá la respuesta de una serie de políticos y de funcionarios públicos que contribuyeron para el trasiego de drogas hacia los Estados Unidos.
Tony Hernández, fue capturado en el aeropuerto de Miami el 23 de noviembre de 2018. Su juicio inició el 2 de octubre pasado y ha sido imputado por los delitos de narcotráfico, tráfico de armas, conspiración para introducir droga a los Estados Unidos y falso testimonio.
Santos
Rodríguez Orellana a iniciado un movimiento social para incitar la
salida del poder del jefe de gobierno de Honduras, Juan Hernández. Hoy
el militar, efectuó junto a a su esposa Jennifer Bonilla, un plantón
frente a la UNAH. En la imagen dialoga con el dirigente social, Tomás
Andino.
Sobre
el extravío masivo de armas de destacamentos militares y unidades
policiales, durante la última década, Rodríguez Orellana, respondió que
con ese y otros propósitos en Honduras se montó una estructura en todas
las instituciones del Estado y especial en las Fuerzas Armadas y la
Policía Nacional, integrada por familiares del jefe de gobierno y sus
excompañeros, egresados del Liceo Militar del Norte.
Adicional a dicho extravío, citó que del Comando de Apoyo Logístico de las Fuerzas Armadas de Honduras (CALFA) se perdieron al menos 100 fusiles RPG y nunca se llevó a cabo una investigación para esclarecer los hechos. Entonces, “todo esto, hoy en día viene a remarcar que todas estas armas eran utilizadas por el narcotráfico”, expresó.
Se apagaban los radares
En declaraciones en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, el narcotraficante, Víctor Hugo Díaz Morales, alias “El Rojo”, dijo que le pagaba $ 50 mil a Tony Hernández para que le ayudara a apagar los radares que controlan el tráfico aéreo para detectar el trasiego de drogas.
El militar recordó además que cuando él participó en los operativos antinarcóticos los radares eran apagados sin explicación alguna y que como palabras claves se utilizaba: “ya el TV está apagado”.
Noticia Relacionada: Conozca por qué las Fuerzas Armadas son tan leales a JOH
En ese orden, señaló que durante el periodo en que el general y primo del gobernante, Jorge Arnaldo Fuentes Hernández, comandó una unidad militar se reportó el extravío de fusiles M-60 y equipo militar y nunca hubo una respuesta sobre esta irregularidad.Adicional a dicho extravío, citó que del Comando de Apoyo Logístico de las Fuerzas Armadas de Honduras (CALFA) se perdieron al menos 100 fusiles RPG y nunca se llevó a cabo una investigación para esclarecer los hechos. Entonces, “todo esto, hoy en día viene a remarcar que todas estas armas eran utilizadas por el narcotráfico”, expresó.
Se apagaban los radares
En declaraciones en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, el narcotraficante, Víctor Hugo Díaz Morales, alias “El Rojo”, dijo que le pagaba $ 50 mil a Tony Hernández para que le ayudara a apagar los radares que controlan el tráfico aéreo para detectar el trasiego de drogas.
El militar recordó además que cuando él participó en los operativos antinarcóticos los radares eran apagados sin explicación alguna y que como palabras claves se utilizaba: “ya el TV está apagado”.
Conozca por qué las Fuerzas Armadas son tan leales a JOH
enero 13, 2018
Redacción
Por: Joaquín Mejia
Como
parte de la concentración de poder, Juan Orlando Hernández ha comprado
lealtades y ha colocado en puestos claves de las «honorables Fuerzas
Armadas a parientes y amigos para garantizar un fiel ejército de perros
de garra.
- Su primo, el General Jorge Arnaldo Fuentes Hernández, es rector de la Universidad de Defensa y Subjefe del Estado Mayor Presidencial.
- Su excompañero liceísta, el Teniente Coronel Carlos Roberto Aldana Zelaya, es director de la poderosa Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia y es especialista en espionaje cibernético.
- Su excompañero liceísta, el Coronel Willy Joel Oseguera Rodas, Comandante del Primer Batallón de Fuerzas Especiales. «Casualmente» fue ascendido por el Congreso Nacional en 2015.
- Su excompañero liceísta, el Teniente Coronel René Barrientos Alvarado, es el Jefe del Estado Mayor General Aéreo (Jefe de la Fuerza Aérea).
- Su amigo íntimo, el General René Orlando Ponce Fonseca, es el Comandante General del Ejército y el nuevo Jefe del Estado Mayor Conjunto de las «honorables» Fuerzas Armadas.
- Su hermano, el Coronel en retiro Amílcar Hernández Flores, es asesor en casa presidencial.
Nota relacionada Abogados constitucionalistas emplazan a las Fuerzas Armadas a parar la reelección
¿Está
claro por qué las «honorables» Fuerzas Armadas se comportan como perros
de garra del presidente fraudulento? Los militares hondureños deshonran
su profesión y son indignos de portar el uniforme.
Confirman que arma confiscada al Chapo iba dirigida a Juan Orlando Hernández
8 octubre, 2019
Redacción ConfidencialHN
TEGUCIGALPA, HONDURAS
Una poderosa arma pesada que fue confiscada al capo Joaquín el Chapo Guzmán iba dirigida al titular del Ejecutivo nacionalista Juan Orlando Hernández, de acuerdo a la presentación de evidencias que realizó hoy la fiscalía federal de Nueva York en el juicio contra el exdiputado Juan Antonio Tony Hernández.
El periodista de Univisión, Jeff Ernst, indicó que la evidencia, con número de clave 203 R4, presentada por los fiscales federales, indica de que un arma de grueso calibre lleva la leyenda «Juan Orlando H., presidente de la república», por lo que apunta a que el artefacto iba a ser entregado al inquilino del palacio José Cecilio del Valle.
Esa arma, expresaron los acusadores, debió ser entregada por Tony a su hermano como un obsequio girado por el capo sinaloense en el contexto de las negociaciones para la entrega de alrededor de un millón de dólares para financiar la controvertida campaña presidencial que ganó Hernández bajo fuertes denuncias de fraude.
En una intensa jornada, Chande confesó haber cometido alrededor de 56 crímenes y participó en torturas de sus opositores; también afirmó que el exjefe policial Juan Carlos el Tigre Bonilla fue contratado para realizar trabajos sucios durante la época dorada de los señores de la droga en la región occidental de Honduras.
Hernández, por su parte, se ha enrocado en un discurso de que no tiene relación con sus posibles mecenas respecto a los narcodólares que sirvieron para financiar su campaña proselitista y que las declaraciones de Chande y Víctor Hugo Díaz Morales, el Rojo, colindan con las anécdotas de la novela Alicia en el país de las maravillas.
En caso de que Tony sea hallado culpable, afrontaría una pena que oscila entre los 30 años de prisión a cadena perpetua por sus delitos de narcotráfico, uso de armas para movilizar drogas hacia EE.UU. y mentir a agentes federales.
TEGUCIGALPA, HONDURAS
La Conferencia Episcopal de Honduras (CEH) arremetió hoy contra los
políticos que están pactando con el narcotráfico y delincuencia
organizada.
El portavoz de la CEH, Juan Ángel López, denunció que “nada de lo que el narcotráfico ha logrado en nuestro país podría haberse alcanzado sin la colusión de los órganos que por la razón de su ser estaban llamados a defender la vida y a proporcionar seguridad a todos”.
En un fortísimo mensaje, el religioso insistió en que los políticos son culpables por haber “pactado con el crimen organizado, olvidando que la ética les obligaba ante todo a velar por el bien común y no por el beneficio personal o los de su grupo”.
Dijo que se sienten apesarados de cómo el narcotráfico -considerado por el papa argentino Jorge Mario Bergoglio o Francisco- ya que «que ha puesto fin a tantas vidas y que es mantenida y sostenida por hombres sin escrúpulos, es una realidad que ha permeado las instituciones de nuestro país y que como consecuencia ha derivado en un deterioro de la imagen de nuestra patria en el concurso de las naciones”.
La conferencia, añadió López, denunció que la política tradicional
tomó como costumbre ningunear a la población, así como su conducta
cínica al hablar a nombre del coletivo y de hacer componendas que
atentan contra los intereses de la sociedad.
Recordó que el papel de evangelización de la iglesia católica no sólo se limita a anunciar a Jesús, sino a denunciar las conductas que van contra el desarrollo social.
«Por eso, hacemos un fuerte llamado a la conciencia de todos los actores involucrados, directa e indirectamente en la presente crisis, para que revisen el valor del sano patriotismo, que debe estar por encima de cualquier interés personal, apego al cargo o intereses de partido», indicó.
Esta declaración de la Conferencia Episcopal es un mensaje velado contra el régimen nacionalista de Juan Orlando Hernández, señalado por un tribunal federal neoyorquino de nexos con el narcotráfico, en el contexto del juicio contra su hermano Tony que finalizará los próximos días y todo apunta a una sentencia condenatoria.
La iglesia católica ha dado paso al lado desde la proclama del ¡basta ya!, como consigna para frenar los abusos cometidos por el actual Ejecutivo.
Una poderosa arma pesada que fue confiscada al capo Joaquín el Chapo Guzmán iba dirigida al titular del Ejecutivo nacionalista Juan Orlando Hernández, de acuerdo a la presentación de evidencias que realizó hoy la fiscalía federal de Nueva York en el juicio contra el exdiputado Juan Antonio Tony Hernández.
El periodista de Univisión, Jeff Ernst, indicó que la evidencia, con número de clave 203 R4, presentada por los fiscales federales, indica de que un arma de grueso calibre lleva la leyenda «Juan Orlando H., presidente de la república», por lo que apunta a que el artefacto iba a ser entregado al inquilino del palacio José Cecilio del Valle.
Esa arma, expresaron los acusadores, debió ser entregada por Tony a su hermano como un obsequio girado por el capo sinaloense en el contexto de las negociaciones para la entrega de alrededor de un millón de dólares para financiar la controvertida campaña presidencial que ganó Hernández bajo fuertes denuncias de fraude.
En una intensa jornada, Chande confesó haber cometido alrededor de 56 crímenes y participó en torturas de sus opositores; también afirmó que el exjefe policial Juan Carlos el Tigre Bonilla fue contratado para realizar trabajos sucios durante la época dorada de los señores de la droga en la región occidental de Honduras.
Hernández, por su parte, se ha enrocado en un discurso de que no tiene relación con sus posibles mecenas respecto a los narcodólares que sirvieron para financiar su campaña proselitista y que las declaraciones de Chande y Víctor Hugo Díaz Morales, el Rojo, colindan con las anécdotas de la novela Alicia en el país de las maravillas.
En caso de que Tony sea hallado culpable, afrontaría una pena que oscila entre los 30 años de prisión a cadena perpetua por sus delitos de narcotráfico, uso de armas para movilizar drogas hacia EE.UU. y mentir a agentes federales.
«Cachiro» señala de narcotráfico a Tony Hernández, Pepe Lobo y Òscar Nàjera
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.- Este viernes es el séptimo día del juicio contra Juan Antonio «Tony» Hernández inició con las declaraciones de Devis Leonel Rivera Maradiaga quien afirma recibir ayuda del hermano del presidente Juan Hernández para que el Estado de Honduras le pagara entre 25 a 38 millones de lempiras que le debía el Gobierno a su empresa para lavar activos, INRIMAR
Maradiaga relatò que a cambio de la ayuda con el pago de la deuda Tony Hernández le solicitó un adelanto de $100,000 dólares más una propiedad en Tegucigalpa que usaría como oficina para sus negocios de narcotráfico.
El Cachiro también afirmò haber recibido entre 250 y 300 millones de lempiras del Gobierno de Honduras, por ejecutar los contratos que le aprobaban a la empresa INRIMAR.
Maradiaga informò que el actual diputado por el departamento de Colòn, Oscar Nájera es otra de las personas que le ayudaba con información y seguridad en sus actividades ilícitas quitando operativos de la policía y del ejército.
El «Cachiro» también revelo que Tony se reuniò con èl para discutir una deuda que el gobierno tenia con ellos y que fue contraída con la Administración de Porfirio Lobo Sosa que en el 2009 se comprometió a darles protección y a no exraditarlos.
Devis Leonel Rivera Maradiaga grabò en un reloj la reuniòn que sostuvo con Tony Hernàndez en un restaurante en Tegucigalpa en el año 2014 para hablar sobre los contratos que tenìan con el gobierno.
Màs adelante el Devis Rivera Maradiaga relatò: “Líder, no se preocupe,- le dijo Devis a Joh por teléfono- nosotros le ayudamos a los siguientes políticos: Reynaldo Ekónomo (Cortés), Oscar Nájera (Colón), Milton Puerto y Arnaldo Urbina (Yoro ),Carmen Rivera (Atlántida), todos del PN, nosotros les apoyamos».
«También apoyamos a Fredy Nájera del Partido Liberal que nos apoyaba cuando aterrizaban nuestras avionetas en su propiedad, Midence Oquelí del partido Liberal, quien proporcionaba seguridad y limpieza en la zona, les dábamos un porcentaje de la venta de la droga” dijo Devis Leonel hoy en su presentación durante el juicio de Tony Hernàndez.
Tegucigalpa.- Este viernes es el séptimo día del juicio contra Juan Antonio «Tony» Hernández inició con las declaraciones de Devis Leonel Rivera Maradiaga quien afirma recibir ayuda del hermano del presidente Juan Hernández para que el Estado de Honduras le pagara entre 25 a 38 millones de lempiras que le debía el Gobierno a su empresa para lavar activos, INRIMAR
Maradiaga relatò que a cambio de la ayuda con el pago de la deuda Tony Hernández le solicitó un adelanto de $100,000 dólares más una propiedad en Tegucigalpa que usaría como oficina para sus negocios de narcotráfico.
El Cachiro también afirmò haber recibido entre 250 y 300 millones de lempiras del Gobierno de Honduras, por ejecutar los contratos que le aprobaban a la empresa INRIMAR.
Maradiaga informò que el actual diputado por el departamento de Colòn, Oscar Nájera es otra de las personas que le ayudaba con información y seguridad en sus actividades ilícitas quitando operativos de la policía y del ejército.
Nota relacionada Expolicía confeso implica más a Tony Hernandez en negocio del narcotráfico
Devis manifestó que comenzó a trabajar para la DEA en el año 2013 y grabò un vídeo de Tony Hernàndez en 2014 discutiendo el lavado de dinero de los Cachiros a través de contratos gubernamentales.El «Cachiro» también revelo que Tony se reuniò con èl para discutir una deuda que el gobierno tenia con ellos y que fue contraída con la Administración de Porfirio Lobo Sosa que en el 2009 se comprometió a darles protección y a no exraditarlos.
Devis Leonel Rivera Maradiaga grabò en un reloj la reuniòn que sostuvo con Tony Hernàndez en un restaurante en Tegucigalpa en el año 2014 para hablar sobre los contratos que tenìan con el gobierno.
Màs adelante el Devis Rivera Maradiaga relatò: “Líder, no se preocupe,- le dijo Devis a Joh por teléfono- nosotros le ayudamos a los siguientes políticos: Reynaldo Ekónomo (Cortés), Oscar Nájera (Colón), Milton Puerto y Arnaldo Urbina (Yoro ),Carmen Rivera (Atlántida), todos del PN, nosotros les apoyamos».
«También apoyamos a Fredy Nájera del Partido Liberal que nos apoyaba cuando aterrizaban nuestras avionetas en su propiedad, Midence Oquelí del partido Liberal, quien proporcionaba seguridad y limpieza en la zona, les dábamos un porcentaje de la venta de la droga” dijo Devis Leonel hoy en su presentación durante el juicio de Tony Hernàndez.
Los cachiros pagaron sobornos a JOH y al secretario de Seguridad a cambio de protección
11 octubre, 2019
Redacción ConfidencialHN
TEGUCIGALPA, HONDURAS
El exjefe narco Devis Leonel Rivera Maradiaga confirmó hoy que pagó sobornos al jefe del Ejecutivo nacionalista Juan Orlando Hernández y al secretario de Seguridad Julián Pacheco a cambio de protección.
«Esta es la tercera vez que Julián Pacheco Tinoco, el actual Secretario de Seguridad en Honduras, estuvo implicado en el narcotráfico. Dos veces antes se alegó que estaba involucrado en el tráfico de drogas. Esta es la primera vez que se alegan sobornos», indicó a través de Twitter la periodista del diario The New York Times, Emily Palmer.
«Invertimos en otras propiedades, en vehículos, casas; en sobornar al acusado a Juan Orlando (Hernández), en sobornar a políticos, a miembros del Ejército hondureño, incluso a Julián Pacheco Tinoco (quien) fue sobornado y a miembros de la Policía Nacional», confesó Rivera Maradiaga a la fiscalía federal de Nueva York.
En la comparecencia efectuada este viernes en el marco del juicio contra el exparlamentario nacionalista Juan Antonio Tony Hernández, mencionó a los líderes nacionalistas Milton Puerto, Arnaldo Urbina Soto, Roberto Ordóñez, Hugo Ardon y Carmen Rivera.
Asimismo, indicó que ayudó a los liberales Midence Martínez y Fredy Nájera (ambos presos en EE.UU.), cuando estos se encontraban en campaña política.
Dejó claro que el dinero «fue invertido» en pago de sobornos a un connotado grupo de políticos, compra de una aeronave, regalos a sus novias, entre otros menesteres. «Lo oculté en algún lugar de Honduras», dijo.
Rivera Maradiaga confesó que el fallecido banquero Jaime Rosenthal le entregó en efectivo alrededor de 100 millones de lempiras.
El dinero, prosiguió, estaba cerca de ser congelado, por lo que se le pidió que retirara la fuerte suma de dinero.
El exjefe narco Devis Leonel Rivera Maradiaga confirmó hoy que pagó sobornos al jefe del Ejecutivo nacionalista Juan Orlando Hernández y al secretario de Seguridad Julián Pacheco a cambio de protección.
«Esta es la tercera vez que Julián Pacheco Tinoco, el actual Secretario de Seguridad en Honduras, estuvo implicado en el narcotráfico. Dos veces antes se alegó que estaba involucrado en el tráfico de drogas. Esta es la primera vez que se alegan sobornos», indicó a través de Twitter la periodista del diario The New York Times, Emily Palmer.
«Invertimos en otras propiedades, en vehículos, casas; en sobornar al acusado a Juan Orlando (Hernández), en sobornar a políticos, a miembros del Ejército hondureño, incluso a Julián Pacheco Tinoco (quien) fue sobornado y a miembros de la Policía Nacional», confesó Rivera Maradiaga a la fiscalía federal de Nueva York.
En la comparecencia efectuada este viernes en el marco del juicio contra el exparlamentario nacionalista Juan Antonio Tony Hernández, mencionó a los líderes nacionalistas Milton Puerto, Arnaldo Urbina Soto, Roberto Ordóñez, Hugo Ardon y Carmen Rivera.
Asimismo, indicó que ayudó a los liberales Midence Martínez y Fredy Nájera (ambos presos en EE.UU.), cuando estos se encontraban en campaña política.
Dejó claro que el dinero «fue invertido» en pago de sobornos a un connotado grupo de políticos, compra de una aeronave, regalos a sus novias, entre otros menesteres. «Lo oculté en algún lugar de Honduras», dijo.
Rivera Maradiaga confesó que el fallecido banquero Jaime Rosenthal le entregó en efectivo alrededor de 100 millones de lempiras.
El dinero, prosiguió, estaba cerca de ser congelado, por lo que se le pidió que retirara la fuerte suma de dinero.
Publicado el 14 Octubre, 2019
El portavoz de la CEH, Juan Ángel López, denunció que “nada de lo que el narcotráfico ha logrado en nuestro país podría haberse alcanzado sin la colusión de los órganos que por la razón de su ser estaban llamados a defender la vida y a proporcionar seguridad a todos”.
En un fortísimo mensaje, el religioso insistió en que los políticos son culpables por haber “pactado con el crimen organizado, olvidando que la ética les obligaba ante todo a velar por el bien común y no por el beneficio personal o los de su grupo”.
Dijo que se sienten apesarados de cómo el narcotráfico -considerado por el papa argentino Jorge Mario Bergoglio o Francisco- ya que «que ha puesto fin a tantas vidas y que es mantenida y sostenida por hombres sin escrúpulos, es una realidad que ha permeado las instituciones de nuestro país y que como consecuencia ha derivado en un deterioro de la imagen de nuestra patria en el concurso de las naciones”.
Recordó que el papel de evangelización de la iglesia católica no sólo se limita a anunciar a Jesús, sino a denunciar las conductas que van contra el desarrollo social.
«Por eso, hacemos un fuerte llamado a la conciencia de todos los actores involucrados, directa e indirectamente en la presente crisis, para que revisen el valor del sano patriotismo, que debe estar por encima de cualquier interés personal, apego al cargo o intereses de partido», indicó.
Esta declaración de la Conferencia Episcopal es un mensaje velado contra el régimen nacionalista de Juan Orlando Hernández, señalado por un tribunal federal neoyorquino de nexos con el narcotráfico, en el contexto del juicio contra su hermano Tony que finalizará los próximos días y todo apunta a una sentencia condenatoria.
La iglesia católica ha dado paso al lado desde la proclama del ¡basta ya!, como consigna para frenar los abusos cometidos por el actual Ejecutivo.
“Comisión depuradora jugó papel importante en la separación de oficiales que obstaculizaban operaciones del cártel de los Hernández”, excomisionado Aldo Oliva
- 08/10/2019
Excomisionado de Policía Nacional, Aldo Oliva.
En entrevista con Radio
Progreso, el excomisionado de Policía Nacional, Aldo Oliva se refirió a varios
temas sobre la Policía Nacional, desde la vinculación en el juicio contra Tony
Hernández. El vínculo de autoridades policiales en el crimen organizado, hasta
el papel de la Comisión Depuradora de la Policía en la separación de
uniformados.
A criterio de Oliva, históricamente las instituciones armadas han estado en el control de los gobernantes, quienes en muchas ocasiones las usan a su antojo para hacer el trabajo sucio. Crean una serie de situaciones que les permite tener control de esas entidades y de quitar de su camino a los agentes que puedan ser un obstáculo para sus propósitos, dijo.
Asimismo, Aldo Oliva se refiere a las acusaciones contra Juan Carlos “el tigre” Bonilla, en la narcoactividad, además, relata cómo funcionó la Policía, cuando Óscar Álvarez y Armando Calidonio estaban al frente de la Secretaría de Seguridad.
RP. ¿Qué papel ha jugado la Comisión Depuradora con los policías involucrados en narcotráfico?
Hizo un gran papel, sacar a los que estaban en contra del cártel de los Hernández.
La situación dentro de la policía estaba que no se soportaba, unos con unos carteles y otros de otros, y los que no estaban en ninguno no hablaban porque los podrían asesinar.
¿Ha sido manipulable el papel de la Comisión Depuradora?
Le cuento: cuando se nombró la Comisión Depuradora, de los altos mandos del gobierno se les dio órdenes de a quien quitar, y prueba de ello es que los oficiales que en el pasado habían sido incondicionales con Óscar Álvarez, los mandan al control y les dijeron den el listado de quienes no quieren que estén acá, es decir, que quienes lo hicieron fueron los oficiales que trabajaban para el gobierno, oficiales cachurecos.
En el momento más álgido de la depuración, fueron nombrados oficiales con vínculos en narcotráfico y no pasó nada, ahí están, ese era el momento en el que la depuradora tenía que sacarlos, pero ahí están.
¿Cómo fue el periodo en el que Óscar Álvarez y Armando Calidonio estuvieron al frente de la Secretaría de Seguridad?
Cuando fue ministro Óscar Álvarez, yo todavía estoy adentro de la institución y empiezo a ver todo lo que empiezan a hacer estos dos personajes con la institución, Óscar Álvarez y Calidonio, inician con el control total de la institución, los directores se le tenían que arrodillar, lo que ellos decían era ley, y nadie se atrevía a llevarles la contraria.
Empezaron a decirle a la gente de confianza de que policías estaban molestando y evitaban que se operará en el narcotráfico sin problema, por ahora no le puedo decir a qué cárteles ayudaban, pero ellos se fueron metiendo y colaborando, ahí están las informaciones: hubo vehículos que entraron con dinero, y la información ahí está y la Fiscalía no ha hecho nada hasta la fecha, entonces, ellos empezaron la destrucción de la Policía.
¿Cuándo los narcotraficantes tienen a agentes policiales aliados, cómo colabora la Policía con el narcotráfico?
Primero entran las Fuerzas Armadas, es a la que primero neutralizan, ya puesto en el territorio la droga, hay muchos caminos donde transportarla, entonces, ellos temen a un retén o a un patrullaje, tratan de controlar ese espacio, y lo hacen comprando las voluntades de los jefes, hay varias formas, pueden controlar al jefe del municipio, departamento o a los propios patrulleros.
En Nueva York mencionaron a Juan Carlos Bonilla, exdirector de la Policía ¿Cómo valora esto?
Le voy a decir el Tigre Bonilla antes de ser director de la Policía, estaba marginado, yo recuerdo que en la universidad, Bonilla y Tony Hernández eran amigos, no sé si ahí hubo acercamiento, lo desconozco.
Lo cierto es que Bonilla tiene muchos antecedentes criminales y ha sido absuelto porque él solo cumple órdenes, en este país el corruptor más grande son los gobiernos, porque por medio de las instituciones armadas hacen muchos trabajos sucios.
Ellos buscan a las personas sucias, en este caso en particular uno lo vio, el propio Ramón Custodio, lo denunció por varios asesinatos, y la Fiscalía se coludió porque en realidad recibía las órdenes de los gobiernos, las instituciones no son independientes.
A criterio de Oliva, históricamente las instituciones armadas han estado en el control de los gobernantes, quienes en muchas ocasiones las usan a su antojo para hacer el trabajo sucio. Crean una serie de situaciones que les permite tener control de esas entidades y de quitar de su camino a los agentes que puedan ser un obstáculo para sus propósitos, dijo.
Asimismo, Aldo Oliva se refiere a las acusaciones contra Juan Carlos “el tigre” Bonilla, en la narcoactividad, además, relata cómo funcionó la Policía, cuando Óscar Álvarez y Armando Calidonio estaban al frente de la Secretaría de Seguridad.
RP. ¿Qué papel ha jugado la Comisión Depuradora con los policías involucrados en narcotráfico?
Hizo un gran papel, sacar a los que estaban en contra del cártel de los Hernández.
La situación dentro de la policía estaba que no se soportaba, unos con unos carteles y otros de otros, y los que no estaban en ninguno no hablaban porque los podrían asesinar.
¿Ha sido manipulable el papel de la Comisión Depuradora?
Le cuento: cuando se nombró la Comisión Depuradora, de los altos mandos del gobierno se les dio órdenes de a quien quitar, y prueba de ello es que los oficiales que en el pasado habían sido incondicionales con Óscar Álvarez, los mandan al control y les dijeron den el listado de quienes no quieren que estén acá, es decir, que quienes lo hicieron fueron los oficiales que trabajaban para el gobierno, oficiales cachurecos.
En el momento más álgido de la depuración, fueron nombrados oficiales con vínculos en narcotráfico y no pasó nada, ahí están, ese era el momento en el que la depuradora tenía que sacarlos, pero ahí están.
¿Cómo fue el periodo en el que Óscar Álvarez y Armando Calidonio estuvieron al frente de la Secretaría de Seguridad?
Cuando fue ministro Óscar Álvarez, yo todavía estoy adentro de la institución y empiezo a ver todo lo que empiezan a hacer estos dos personajes con la institución, Óscar Álvarez y Calidonio, inician con el control total de la institución, los directores se le tenían que arrodillar, lo que ellos decían era ley, y nadie se atrevía a llevarles la contraria.
Empezaron a decirle a la gente de confianza de que policías estaban molestando y evitaban que se operará en el narcotráfico sin problema, por ahora no le puedo decir a qué cárteles ayudaban, pero ellos se fueron metiendo y colaborando, ahí están las informaciones: hubo vehículos que entraron con dinero, y la información ahí está y la Fiscalía no ha hecho nada hasta la fecha, entonces, ellos empezaron la destrucción de la Policía.
¿Cuándo los narcotraficantes tienen a agentes policiales aliados, cómo colabora la Policía con el narcotráfico?
Primero entran las Fuerzas Armadas, es a la que primero neutralizan, ya puesto en el territorio la droga, hay muchos caminos donde transportarla, entonces, ellos temen a un retén o a un patrullaje, tratan de controlar ese espacio, y lo hacen comprando las voluntades de los jefes, hay varias formas, pueden controlar al jefe del municipio, departamento o a los propios patrulleros.
En Nueva York mencionaron a Juan Carlos Bonilla, exdirector de la Policía ¿Cómo valora esto?
Le voy a decir el Tigre Bonilla antes de ser director de la Policía, estaba marginado, yo recuerdo que en la universidad, Bonilla y Tony Hernández eran amigos, no sé si ahí hubo acercamiento, lo desconozco.
Lo cierto es que Bonilla tiene muchos antecedentes criminales y ha sido absuelto porque él solo cumple órdenes, en este país el corruptor más grande son los gobiernos, porque por medio de las instituciones armadas hacen muchos trabajos sucios.
Ellos buscan a las personas sucias, en este caso en particular uno lo vio, el propio Ramón Custodio, lo denunció por varios asesinatos, y la Fiscalía se coludió porque en realidad recibía las órdenes de los gobiernos, las instituciones no son independientes.
JOH DESTITUYÓ A DIRECTOR DE POLICÍA PARA PROTEGER A “TONY”: “CHANDE”
- Publicado: 09 Octubre 2019
En
2014, el director de la Policía Nacional, Ramón Sabillón (foto) fue
destituido por el gobernante Juan Hernández por declaraciones referentes
a una posible captura de Antonio “Tony” Hernández, según lo reveló este
martes el exalcalde del Partido Nacional, Alexander “Chande” Ardón.
“Juan
Orlando Hernández dijo que lo iba a despedir (a Sabillón) porque había
dicho por qué Tony Hernández y yo no habíamos sido arrestados si éramos
narcotraficantes”, dijo el exedil.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa.
El exalcalde de El Paraíso, departamento de Copán, Alexander Ardón, que
es uno de los cooperantes de la Fiscalía de New York, ha revelado este
martes que el gobernante Juan Hernández separó al director de la Policía
Nacional para cuidar a su hermano Antonio “Tony” Hernández.
En
ese contexto, en 2014 Ramón Sabillón habría sido separado de su cargo
por emitir declaraciones referentes a aprisionar a “Tony”. “Había dicho
que por qué no capturaban a ‘Tony’ Hernández y a mí, que eramos
narcotraficantes”, dijo Ardón.
En su testimonio, Ardón dio más detalles acerca de supuestos pagos que se hicieron para impulsar la campaña política de Juan Hernández de cara a las elecciones de 2017.
Mencionó
que el gobernante le pidió financiamiento para la campaña en los
departamentos de Copán y Lempira, supuestamente porque las encuestas no
le resultaban favorables en esos sectores del occidente de Honduras.
Sabillón
fue destituido tras tener diferencias con el entonces secretario de
Seguridad Arturo Corrales, siendo asignado a una “misión” en el
extranjero por el propio Hernández. A la mañana siguiente, Corrales negó
haber discutido con el oficial de Policía.
En
2016, Sabillón fue uno de los “altos oficiales” suspendidos de la
Policía por la Comisión de Transformación y Depuración, con él, también
se suspendió al también exdirector Ricardo Ramírez del Cid. Ese mismo
año, debido a amenazas, salió del país.
Narcotráfico cooptó a la prensa hondureña
- 10/10/2019
Periodistas en conferencia de prensa.
El juicio contra Juan “Tony” Antonio Hernández, acusado
de narcotraficante a gran escala, coloca en la mesa de discusión el papel de
los medios de comunicación y sus periodistas en la cobertura o abordaje de los
temas relacionados con la narcoactividad y criminalidad organizada.
En ese sentido, en el marco de la tertulia semanal en el noticiero Zona Informativa de Radio Progreso, las periodistas e investigadoras Claudia Mendoza y Wendy Funes señalan que la prensa omitió hablar del narcotráfico y sus implicaciones en la agenda periodística, puesto que desde la institucionalidad y el narcotráfico se cooptaron los medios de comunicación, por sus negocios con la narco-política.
En ese sentido, en el marco de la tertulia semanal en el noticiero Zona Informativa de Radio Progreso, las periodistas e investigadoras Claudia Mendoza y Wendy Funes señalan que la prensa omitió hablar del narcotráfico y sus implicaciones en la agenda periodística, puesto que desde la institucionalidad y el narcotráfico se cooptaron los medios de comunicación, por sus negocios con la narco-política.
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
Honduras: la farsa de la guerra contra las drogas y la narcodemocracia
Honduras a partir del golpe de estado de
2009 fue convertida en un laboratorio político, siendo posible condensar
la historia de la última década, en un narcocorrido donde las bandas
del carro azul y rojo se dedicaron al narcotráfico y el saqueo del país;
todo bajo la discreta mirada y complicidad de las administraciones de
Obama y Trump.
La masacre de indígenas Miskitos a manos de la DEA y la policía hondureña, acontecida en mayo de 2012, dio inicio a una ofensiva como parte de la supuesta guerra contra las drogas. En dicho operativo murieron dos mujeres embazadas y dos menores de edad, los que según las autoridades estadounidenses atacaron un helicóptero con armas de fuego. Años después el departamento de estado reconoció la inocencia de los asesinados, sin que hasta la fecha se haya logrado justicia alguna ante la inmunidad otorgada a los agentes extranjeros y el veredicto de la justicia hondureña que dictaminó la inocencia de los artilleros de la policía nacional.
Días antes de la masacre el New York Times publicó un artículo sobre la aplicación en Honduras de las lecciones aprendidas en Irak, el artículo en cuestión ensalzaba la aplicación de técnicas de guerra experimentadas en Irak, en el escenario de la costa norte de Honduras, cone el supuesto propósito de frenar el trasiego de narcóticos.
Es indudable que la Moskitia al igual que otros parajes despoblados en Centroamérica han sido utilizados como trampolines en la ruta de la coca. En el caso especifico de Honduras, el verdadero epicentro del narcotráfico, no ha sido precisamente las pistas ilegales en la costa norte, sino el Congreso Nacional, cuyos respetables miembros se han dedicado al trasiego de estupefacientes al mismo tiempo que contribuyen a erosionar los erarios nacionales, siendo la corrupción su leitmotiv.
En Honduras se viene librando una guerra no precisamente contra las drogas sino contra el pueblo, el que viene confrontado una oleada de violencia, agravada por un estado fallido inducido, que desde hace una década viene desangrando la población; sin que hasta la fecha exista posibilidad alguna de emerger de las tinieblas en que nos encontramos. Para el 2011, Honduras alcanzó la cifra de más 90 asesinatos por cada cien mil habitantes, superando más de diez veces el promedio mundial de homicidios
El éxodo masivo que se viene dando desde hace años, ha sido soterrado por los serviles medios de comunicación masivos, que obviaron la problemática hasta la aparición de las caravanas mediáticas, utilizadas por Trump como combustible explosivo, es para las elecciones de término medio en Estados Unidos efectuadas a finales de 2018.
El caso de Honduras es semejante al que se ha dado en varios naciones de África occidental, donde desde hace más de dos décadas, los sátrapas de turno se convirtieron en aliados del crimen organizado sudamericano; y por supuesto las presiones internacionales fluctúan de acuerdo a la docilidad del régimen en cuanto a la denominada explotación de “recursos naturales”. El caso de Honduras y el de Guinea Bissau, presentan una serie de similitudes, que demuestran un cierto interés de parte de la comunidad internacional en mantener regímenes corruptos como parte de los trampolines en la ruta de la coca, tan esenciales como son los paraisos fiscales, para el lucrativo negocio de drogas y armas ilícitas
En los más de 40 años de existencia de la supuesta guerra contra las drogas, los paraísos fiscales donde termina buena parte de las ganancias, continúan incólumes a pesar de las supuestas presiones. Mientras el trasiego de precursores químicos se mantiene vigente.
Golpe de estado y narcodemocracia
Es a partir del golpe de estado de 2009, cuando se establece una política de cielos abiertos en el país, contando con el aparente apoyo de las fuerzas de seguridad. Durante varios años el crimen organizado asociados con políticos y militares actuaron sin aparente reparo alguno de los Estados Unidos, que mostraba una cierta complacencia con el gobierno autoritario surgido de una farsa electoral, donde la oposición había sido prácticamente aniquilada, ademas de fusionarse los partidos de centro derecha que durante décadas acapararon la política vernácula.
Uno de los proyectos de país impulsado después del golpe de estado, fue el de las ciudades modelo promovida por los libertarios estadounidense, con el cual hasta la fecha se pretende subastar ciertas partes del país, casualmente habitadas por pueblos indígenas. Las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) conocidas como ciudades modelo, han formado parte del esquema de Disrrupcion de la Democracia con la cual los libertarios neorreaccionarios estadounidense, han pretendido retornar al sueño de William Walkerm creando ciudades-estado, con sus propias constituciones y fuerzas de seguridad.
Todo parece indicar que en la última década los carteles de las drogas y partidos políticos se han fusionado en Honduras, los fuertes rumores han sido confirmados por la Corte Sur del Distrito de Nueva York, donde familiares de los dos últimos presidentes desfilan al mismo tiempo que la lista de implicados se va engrosando, sacando a flote la complicidad existente hasta la fecha entre crimen organizado, partido políticos, situación que aparentemente ha sido tratada con una enorme benevolencia pro parte de las autoridades estadounidenses.
Fraude masivo en elecciones en el Paraíso de la derecha.
Las “elecciones” del 2013, se caracterizaron por una participación abierta de narcotraficantes que se postularon a alcaldías y diputaciones, siendo uno de las más llamativos, el proceso efectuado en El Paraiso, Copán, donde el Sr. Alexander Ardon ganó con un 81,4% de los votos, después brindo “protección” tanto a los observadores y periodistas que acompañaron el “proceso electoral¨.
Durante la votación Ardón encerró en un hotel a los observadores de las mesas electorales. Ardón quien se hacía llamar el “rey del pueblo”; el que el día de hoy, testifica en la Corte Sur de Nueva York, en contra del actual mandatario, convertido en el centro de la atención, ante su inaudita capacidad para mantenerse en el poder, a pesar de los señalamientos, situación que conlleva a pensar que cuenta con el apoyo irrestricto de Washington.
La elecciones de 2017, demostraton como en Honduras el crimen roganizado y los partidos pol´ticos convergieron en una sólida arremetida contra opositores, hacieno uso de las tropas de élite que el actual mandatario tiene a su disposción, acompañadas de un séquito de pastores evangélicos y alguno altos prelados de la iglesia católico, los que suelen disparar el apoyo total al régimen.
Las elecciones de 2009, 2013 y 2017, demostraron como en Honduras los procesos electorales se convirtieron en otro negocio más a manos del crimen organizado, los que absorbieron a los partidos políticos existentes.
La guerra contra las drogas, pueblos indígenas y desterritorialización
Los pueblos indígenas del caribe mesoamericano fuimos entregados al crimen organizado con la complicidad de las fuerzas de seguridad de los estados-nación. Ahora somos víctimas de la represión que va dirigida más a la desterritorialización que a frenar el trafico de estupefacientes.
Mientras tanto las comunidades indígenas y negras del Chocó en Colombia se ven afectados por un fenómeno similar con el agravante que se dio durante años del uso de defoliantes sobre sus territorios, estrategia que se aplica en otros países andinos.
Como parte del control del territorio aparecen las enormes plantaciones de palma africana en zonas selváticas, dando lugar a desplazamientos poblacionales, los que parece ser no tienen fina a pesar del precio irrisorio del aceite de palma en el mercado internacional.
En el caso del pueblo Gárifuna, nuestro territorio ha sido utilizado durante años por el crimen organizado, el que se encuentra en un aparente simbiosis con las fuerzas de seguridad, dando lugar a un estado fallido, donde el imperio de ley se desvanece ante la violencia imperante.
Los narcos se han apoderado de buena parte de la costa norte a trabes de compras muchas veces ilegales, además de manipulación de los registros de Propiedad, tal como sucedió con el Instituto de la Propiedad en la ciudad de La Ceiba
El caso del territorio Garífuna de Vallecito, este fue apropiado en un 80% por el crimen organizado, La OFRANEH después de años de presión logró la remedición y recuperación del lugar en el 2014. No obstante las presiones territoriales continúan, con la presencia frecuente de bandas de hombres con armas largas, sin que el estado manifieste voluntad alguna en ejercer el control del territorio nacional.
La Ceiba, 7 de octubre del 2019
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
La masacre de indígenas Miskitos a manos de la DEA y la policía hondureña, acontecida en mayo de 2012, dio inicio a una ofensiva como parte de la supuesta guerra contra las drogas. En dicho operativo murieron dos mujeres embazadas y dos menores de edad, los que según las autoridades estadounidenses atacaron un helicóptero con armas de fuego. Años después el departamento de estado reconoció la inocencia de los asesinados, sin que hasta la fecha se haya logrado justicia alguna ante la inmunidad otorgada a los agentes extranjeros y el veredicto de la justicia hondureña que dictaminó la inocencia de los artilleros de la policía nacional.
Días antes de la masacre el New York Times publicó un artículo sobre la aplicación en Honduras de las lecciones aprendidas en Irak, el artículo en cuestión ensalzaba la aplicación de técnicas de guerra experimentadas en Irak, en el escenario de la costa norte de Honduras, cone el supuesto propósito de frenar el trasiego de narcóticos.
Es indudable que la Moskitia al igual que otros parajes despoblados en Centroamérica han sido utilizados como trampolines en la ruta de la coca. En el caso especifico de Honduras, el verdadero epicentro del narcotráfico, no ha sido precisamente las pistas ilegales en la costa norte, sino el Congreso Nacional, cuyos respetables miembros se han dedicado al trasiego de estupefacientes al mismo tiempo que contribuyen a erosionar los erarios nacionales, siendo la corrupción su leitmotiv.
En Honduras se viene librando una guerra no precisamente contra las drogas sino contra el pueblo, el que viene confrontado una oleada de violencia, agravada por un estado fallido inducido, que desde hace una década viene desangrando la población; sin que hasta la fecha exista posibilidad alguna de emerger de las tinieblas en que nos encontramos. Para el 2011, Honduras alcanzó la cifra de más 90 asesinatos por cada cien mil habitantes, superando más de diez veces el promedio mundial de homicidios
El éxodo masivo que se viene dando desde hace años, ha sido soterrado por los serviles medios de comunicación masivos, que obviaron la problemática hasta la aparición de las caravanas mediáticas, utilizadas por Trump como combustible explosivo, es para las elecciones de término medio en Estados Unidos efectuadas a finales de 2018.
El caso de Honduras es semejante al que se ha dado en varios naciones de África occidental, donde desde hace más de dos décadas, los sátrapas de turno se convirtieron en aliados del crimen organizado sudamericano; y por supuesto las presiones internacionales fluctúan de acuerdo a la docilidad del régimen en cuanto a la denominada explotación de “recursos naturales”. El caso de Honduras y el de Guinea Bissau, presentan una serie de similitudes, que demuestran un cierto interés de parte de la comunidad internacional en mantener regímenes corruptos como parte de los trampolines en la ruta de la coca, tan esenciales como son los paraisos fiscales, para el lucrativo negocio de drogas y armas ilícitas
En los más de 40 años de existencia de la supuesta guerra contra las drogas, los paraísos fiscales donde termina buena parte de las ganancias, continúan incólumes a pesar de las supuestas presiones. Mientras el trasiego de precursores químicos se mantiene vigente.
Golpe de estado y narcodemocracia
Es a partir del golpe de estado de 2009, cuando se establece una política de cielos abiertos en el país, contando con el aparente apoyo de las fuerzas de seguridad. Durante varios años el crimen organizado asociados con políticos y militares actuaron sin aparente reparo alguno de los Estados Unidos, que mostraba una cierta complacencia con el gobierno autoritario surgido de una farsa electoral, donde la oposición había sido prácticamente aniquilada, ademas de fusionarse los partidos de centro derecha que durante décadas acapararon la política vernácula.
Uno de los proyectos de país impulsado después del golpe de estado, fue el de las ciudades modelo promovida por los libertarios estadounidense, con el cual hasta la fecha se pretende subastar ciertas partes del país, casualmente habitadas por pueblos indígenas. Las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) conocidas como ciudades modelo, han formado parte del esquema de Disrrupcion de la Democracia con la cual los libertarios neorreaccionarios estadounidense, han pretendido retornar al sueño de William Walkerm creando ciudades-estado, con sus propias constituciones y fuerzas de seguridad.
Todo parece indicar que en la última década los carteles de las drogas y partidos políticos se han fusionado en Honduras, los fuertes rumores han sido confirmados por la Corte Sur del Distrito de Nueva York, donde familiares de los dos últimos presidentes desfilan al mismo tiempo que la lista de implicados se va engrosando, sacando a flote la complicidad existente hasta la fecha entre crimen organizado, partido políticos, situación que aparentemente ha sido tratada con una enorme benevolencia pro parte de las autoridades estadounidenses.
Fraude masivo en elecciones en el Paraíso de la derecha.
Las “elecciones” del 2013, se caracterizaron por una participación abierta de narcotraficantes que se postularon a alcaldías y diputaciones, siendo uno de las más llamativos, el proceso efectuado en El Paraiso, Copán, donde el Sr. Alexander Ardon ganó con un 81,4% de los votos, después brindo “protección” tanto a los observadores y periodistas que acompañaron el “proceso electoral¨.
Durante la votación Ardón encerró en un hotel a los observadores de las mesas electorales. Ardón quien se hacía llamar el “rey del pueblo”; el que el día de hoy, testifica en la Corte Sur de Nueva York, en contra del actual mandatario, convertido en el centro de la atención, ante su inaudita capacidad para mantenerse en el poder, a pesar de los señalamientos, situación que conlleva a pensar que cuenta con el apoyo irrestricto de Washington.
La elecciones de 2017, demostraton como en Honduras el crimen roganizado y los partidos pol´ticos convergieron en una sólida arremetida contra opositores, hacieno uso de las tropas de élite que el actual mandatario tiene a su disposción, acompañadas de un séquito de pastores evangélicos y alguno altos prelados de la iglesia católico, los que suelen disparar el apoyo total al régimen.
Las elecciones de 2009, 2013 y 2017, demostraron como en Honduras los procesos electorales se convirtieron en otro negocio más a manos del crimen organizado, los que absorbieron a los partidos políticos existentes.
La guerra contra las drogas, pueblos indígenas y desterritorialización
Los pueblos indígenas del caribe mesoamericano fuimos entregados al crimen organizado con la complicidad de las fuerzas de seguridad de los estados-nación. Ahora somos víctimas de la represión que va dirigida más a la desterritorialización que a frenar el trafico de estupefacientes.
Mientras tanto las comunidades indígenas y negras del Chocó en Colombia se ven afectados por un fenómeno similar con el agravante que se dio durante años del uso de defoliantes sobre sus territorios, estrategia que se aplica en otros países andinos.
Como parte del control del territorio aparecen las enormes plantaciones de palma africana en zonas selváticas, dando lugar a desplazamientos poblacionales, los que parece ser no tienen fina a pesar del precio irrisorio del aceite de palma en el mercado internacional.
En el caso del pueblo Gárifuna, nuestro territorio ha sido utilizado durante años por el crimen organizado, el que se encuentra en un aparente simbiosis con las fuerzas de seguridad, dando lugar a un estado fallido, donde el imperio de ley se desvanece ante la violencia imperante.
Los narcos se han apoderado de buena parte de la costa norte a trabes de compras muchas veces ilegales, además de manipulación de los registros de Propiedad, tal como sucedió con el Instituto de la Propiedad en la ciudad de La Ceiba
El caso del territorio Garífuna de Vallecito, este fue apropiado en un 80% por el crimen organizado, La OFRANEH después de años de presión logró la remedición y recuperación del lugar en el 2014. No obstante las presiones territoriales continúan, con la presencia frecuente de bandas de hombres con armas largas, sin que el estado manifieste voluntad alguna en ejercer el control del territorio nacional.
La Ceiba, 7 de octubre del 2019
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
35 organizaciones piden al Congreso Nacional que el Código Penal no entre en vigencia
septiembre 6, 2019
Redacción
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.- Unas 35 organizaciones entregaron al titular del Poder Legislativo un documento donde exigen que no entre en vigencia el nuevo Código Penal, porque lo consideran como un instrumento de protección para los corruptos y narcotraficantes.
Señalan que después de haber realizado un análisis jurídico y comparativo hay circunstancias que son necesarias que se tomen en cuenta antes de la entrada en vigencia de dicha norma jurídica ya que el Código Penal publicado difiere al que se socializó inicialmente entre el año 2015 y 2016 ante organizaciones de sociedad civil y expertos en derecho penal, quienes en su momento realizaron las observaciones, y los consultores lo único que hicieron fue recibirlas, pero jamás fueron tomadas en cuenta; de igual manera, se puede determinar que el proyecto de Código dictaminado por la Corte Suprema de Justicia no es el mismo al promulgado; lo manifestado en este numeral redonda en la falta de transparencia en el trámite legislativo.
En términos generales se ha observado que las penas consignadas en el nuevo Código Penal, respecto a los delitos en contra de la Administración Pública disminuyeron de manera que las personas eventualmente sometidas a la justicia y sancionadas, podrán gozar de beneficios alternos a la privación de libertad; por lo que es evidente que se ha creado un Código sin una teoría del delito acorde a la realidad de nuestro país, generando impunidad en el mismo.
Apuntan que con la entrada en vigencia del Decreto 130-20 I 7 se beneficiarán mediante el principio de retroactividad de la ley consignado en nuestra Constitución dc la República en su artículo 96; las personas ya condenadas por diversos delitos, con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, pedirán la revisión de sus sentencias y se les podrían rebajar las penas, esto viene en contra de los indicadores sociales que ya nuestro país figura en las posiciones más deplorables, pero con la entrada en vigencia estaremos sin duda en el último lugar en el indicador Lucha Contra la Corrupción.
Que de acuerdo a las recomendaciones que el Estado ha tenido, por parte de instancias supranacionales en materia de derechos humanos; se ha podido constatar que la incorporación de los delitos contra el honor, constituyen una lesión al derecho a la libertad de expresión, así como a la libre emisión del pensamiento, puesto que la normativa penal en proceso de vacación, determina en diferentes articulo sanciones penales, en contra de comunicadores sociales, desatendiéndose de esta forma la regulación ya consignada en el Código Procesal Civil, para el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados al honor de quienes se sienten afectados; al mismo tiempo, el articulo 28 del Decreto en mención, consiste en un mecanismo de represión y vulneración al derecho universal de la libertad de expresión dirigido de manera específica al trabajo que realizan los redactores, directores de publicación o programa, directores de la empresa editora, difusora o emisora y los directores de la empresa de grabación o impresión; en vista que se les deducirá responsabilidad penal por informar a la ciudadanía hechos que los corruptos a su juicio considerarán lesiones al honor.
Que el Decreto 130-2017, establece que las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos dolosos que cometan los representantes legales o administradores de las mismas; siendo esta norma una transgresión dirigida a la seguridad jurídicas de las empresas, ya que se estaría contradiciendo el principio de responsabilidad subjetiva, puesto que las personas jurídicas no tienen capacidad de dolo, o sea, voluntad, conocimiento de cometer un hecho delictivo; esto causa una generalidad de problemática que convierte menos atractivo nuestro país a la inversión extranjera, generando:
1.-EI desconocimiento del principio de residualidad;
2.- Pérdida de enfoque preventivo;
3.-Inseguridad Jurídica;
4.- Desconocimiento de la prohibición de confiscación;
5.- Desconocimiento del principio de responsabilidad penal individual;
6.- Desconocimiento del principio del debido proceso.
Actualmente, en el delito de Lavado de Activos se exige que deben existir delitos precedentes para acreditar la ilicitud del origen del dinero, pero en este nuevo Código, se ha omitido el hecho que aquellos delitos que atentan contra el buen funcionamiento de la administración pública como ser: el fraude, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, exacciones ilegales y prevaricato; a su vez desaparecen: la asociación ilícita y apropiación indebida, siendo estos relacionados intrínsecamente con el Lavado de Activos, provocando el debilitamiento en el combate a la criminalidad organizada.
Que el principio de justicia universal prescrito en el Decreto 130-2017 tal como se ha redactado, constituye un artilugio jurídico consignado con el objeto de que las personas que hayan cometido delitos transnacionales como el tráfico ilícito de estupefacientes o sustancias psicotrópicas entre otros, eviten ser extraditados para ser sometidos ante la débil e inoperante justicia hondureña, evitando penas aplicadas en Cortes de otros países.
El Decreto 130-2017 establece los periodos de tiempo que sumamente conos para que el ejercicio de la acción penal prescriba, por lo que desde ya podemos decir que quienes hayan lesionado un bien jurídico de la administración pública en instituciones que se amparan bajo la ley de clasificación de documentos públicos, nunca serán sometidos a la justicia.
En el precitado Decreto se evitó definir el concepto de funcionario o empleado público, en consonancia con lo establecido en instrumentos internacionales suscritos por el Estado de Honduras, como ser: la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, Convención Interamericana contra la Corrupción. Convención para combatir el cohecho de funcionarios públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales.
De acuerdo con lo consignado cn la nueva norma penal, la violencia y agresión en contra de las mujeres, se conviene en un delito eco otorgándose una pena de prisión baja a quienes ejerzan acciones contra la integridad Os., psicológica y corporal de las damas; permitiendo a los agresores ser beneficiados con penas alternas a la privación de libertad.
El decreto en mención establece que la utilización de sitios web o redes sociales para emitir opiniones, podrán ser consideradas en menoscabo al decoro de los funcionarios públicos, por lo que se considerará como una agravante en los delitos contra el honor, lo anterior, con el objeto de limitar la crítica pública que están expuestos los servidores públicos, desconociéndose los preceptos consignados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto al nivel de tolerancia que deberán de mantener las personas que ejerzan una función pública.
El decreto cuestionado criminaliza la protesta social a través de una serie de figuras delictivas que pueden considerarse como graves formas de sancionar la protesta. tal como se observa en el articulo 553 del nuevo Código Penal, conforme al estándar interamericano, considerado como incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos (CADII).
Tegucigalpa.- Unas 35 organizaciones entregaron al titular del Poder Legislativo un documento donde exigen que no entre en vigencia el nuevo Código Penal, porque lo consideran como un instrumento de protección para los corruptos y narcotraficantes.
Señalan que después de haber realizado un análisis jurídico y comparativo hay circunstancias que son necesarias que se tomen en cuenta antes de la entrada en vigencia de dicha norma jurídica ya que el Código Penal publicado difiere al que se socializó inicialmente entre el año 2015 y 2016 ante organizaciones de sociedad civil y expertos en derecho penal, quienes en su momento realizaron las observaciones, y los consultores lo único que hicieron fue recibirlas, pero jamás fueron tomadas en cuenta; de igual manera, se puede determinar que el proyecto de Código dictaminado por la Corte Suprema de Justicia no es el mismo al promulgado; lo manifestado en este numeral redonda en la falta de transparencia en el trámite legislativo.
En términos generales se ha observado que las penas consignadas en el nuevo Código Penal, respecto a los delitos en contra de la Administración Pública disminuyeron de manera que las personas eventualmente sometidas a la justicia y sancionadas, podrán gozar de beneficios alternos a la privación de libertad; por lo que es evidente que se ha creado un Código sin una teoría del delito acorde a la realidad de nuestro país, generando impunidad en el mismo.
Apuntan que con la entrada en vigencia del Decreto 130-20 I 7 se beneficiarán mediante el principio de retroactividad de la ley consignado en nuestra Constitución dc la República en su artículo 96; las personas ya condenadas por diversos delitos, con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, pedirán la revisión de sus sentencias y se les podrían rebajar las penas, esto viene en contra de los indicadores sociales que ya nuestro país figura en las posiciones más deplorables, pero con la entrada en vigencia estaremos sin duda en el último lugar en el indicador Lucha Contra la Corrupción.
Que de acuerdo a las recomendaciones que el Estado ha tenido, por parte de instancias supranacionales en materia de derechos humanos; se ha podido constatar que la incorporación de los delitos contra el honor, constituyen una lesión al derecho a la libertad de expresión, así como a la libre emisión del pensamiento, puesto que la normativa penal en proceso de vacación, determina en diferentes articulo sanciones penales, en contra de comunicadores sociales, desatendiéndose de esta forma la regulación ya consignada en el Código Procesal Civil, para el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados al honor de quienes se sienten afectados; al mismo tiempo, el articulo 28 del Decreto en mención, consiste en un mecanismo de represión y vulneración al derecho universal de la libertad de expresión dirigido de manera específica al trabajo que realizan los redactores, directores de publicación o programa, directores de la empresa editora, difusora o emisora y los directores de la empresa de grabación o impresión; en vista que se les deducirá responsabilidad penal por informar a la ciudadanía hechos que los corruptos a su juicio considerarán lesiones al honor.
Que el Decreto 130-2017, establece que las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos dolosos que cometan los representantes legales o administradores de las mismas; siendo esta norma una transgresión dirigida a la seguridad jurídicas de las empresas, ya que se estaría contradiciendo el principio de responsabilidad subjetiva, puesto que las personas jurídicas no tienen capacidad de dolo, o sea, voluntad, conocimiento de cometer un hecho delictivo; esto causa una generalidad de problemática que convierte menos atractivo nuestro país a la inversión extranjera, generando:
1.-EI desconocimiento del principio de residualidad;
2.- Pérdida de enfoque preventivo;
3.-Inseguridad Jurídica;
4.- Desconocimiento de la prohibición de confiscación;
5.- Desconocimiento del principio de responsabilidad penal individual;
6.- Desconocimiento del principio del debido proceso.
Actualmente, en el delito de Lavado de Activos se exige que deben existir delitos precedentes para acreditar la ilicitud del origen del dinero, pero en este nuevo Código, se ha omitido el hecho que aquellos delitos que atentan contra el buen funcionamiento de la administración pública como ser: el fraude, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, exacciones ilegales y prevaricato; a su vez desaparecen: la asociación ilícita y apropiación indebida, siendo estos relacionados intrínsecamente con el Lavado de Activos, provocando el debilitamiento en el combate a la criminalidad organizada.
Que el principio de justicia universal prescrito en el Decreto 130-2017 tal como se ha redactado, constituye un artilugio jurídico consignado con el objeto de que las personas que hayan cometido delitos transnacionales como el tráfico ilícito de estupefacientes o sustancias psicotrópicas entre otros, eviten ser extraditados para ser sometidos ante la débil e inoperante justicia hondureña, evitando penas aplicadas en Cortes de otros países.
El Decreto 130-2017 establece los periodos de tiempo que sumamente conos para que el ejercicio de la acción penal prescriba, por lo que desde ya podemos decir que quienes hayan lesionado un bien jurídico de la administración pública en instituciones que se amparan bajo la ley de clasificación de documentos públicos, nunca serán sometidos a la justicia.
En el precitado Decreto se evitó definir el concepto de funcionario o empleado público, en consonancia con lo establecido en instrumentos internacionales suscritos por el Estado de Honduras, como ser: la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, Convención Interamericana contra la Corrupción. Convención para combatir el cohecho de funcionarios públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales.
De acuerdo con lo consignado cn la nueva norma penal, la violencia y agresión en contra de las mujeres, se conviene en un delito eco otorgándose una pena de prisión baja a quienes ejerzan acciones contra la integridad Os., psicológica y corporal de las damas; permitiendo a los agresores ser beneficiados con penas alternas a la privación de libertad.
El decreto en mención establece que la utilización de sitios web o redes sociales para emitir opiniones, podrán ser consideradas en menoscabo al decoro de los funcionarios públicos, por lo que se considerará como una agravante en los delitos contra el honor, lo anterior, con el objeto de limitar la crítica pública que están expuestos los servidores públicos, desconociéndose los preceptos consignados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto al nivel de tolerancia que deberán de mantener las personas que ejerzan una función pública.
El decreto cuestionado criminaliza la protesta social a través de una serie de figuras delictivas que pueden considerarse como graves formas de sancionar la protesta. tal como se observa en el articulo 553 del nuevo Código Penal, conforme al estándar interamericano, considerado como incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos (CADII).
CIDH publica nuevo informe sobre la situación de los derechos humanos en Honduras
octubre 3, 2019
Redacción
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publica hoy el informe “Situación de los Derechos Humanos en Honduras”. La elaboración de este informe se basa en la observación realizada durante la visita in loco que tuvo lugar del 30 de julio al 3 de agosto de 2018, así como otras visitas de la CIDH y de sus Relatorías Temáticas, en el monitoreo que la Comisión realiza en cumplimiento de su mandato y a través de la utilización de los diversos mecanismos a su alcance, tales como audiencias, procesamiento de medidas cautelares, peticiones y casos.
En este informe, la CIDH aborda la situación de derechos humanos en el país, con énfasis en el conflicto poselectoral, seguridad ciudadana, administración de justicia, libertad de expresión, la situación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Asimismo, la Comisión analiza de manera particular la situación de grupos y personas de especial preocupación, como mujeres; niñas, niños y adolescentes; personas LGBTI; personas defensoras de derechos humanos y operadoras de justicia; personas privadas de libertad; pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades garífunas; y personas en contexto de movilidad humana. En el informe, la CIDH advierte que para que en el país exista un pleno disfrute de los derechos humanos, resulta indispensable que Honduras avance en el proceso de fortalecimiento de su institucionalidad democrática, garantice una auténtica separación de poderes y fortalezca el Estado de Derecho. La CIDH ofrece recomendaciones con el objetivo de asistir al Estado hondureño en el fortalecimiento de sus esfuerzos para proteger y garantizar los derechos humanos en el país.
La CIDH valora las medidas adoptadas por el Estado de Honduras para hacer frente a algunas de las situaciones presentadas en el informe. En particular, reconoce la creación de la Secretaría de Estado en el Despacho de Derechos Humanos, con el fin de impulsar e implementar la Política Pública y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos. Asimismo, valora la creación e implementación del Sistema de Recomendaciones de Honduras (SIMOREH) con el fin de dar seguimiento a las recomendaciones formuladas al Estado de Honduras por los distintos mecanismos internacionales y regionales de protección a los derechos humanos. Igualmente reconoce la aprobación de la Ley de la Carrera Policial y los esfuerzos realizados en cuanto a la disminución en la tasa general de homicidios y para fortalecer y profesionalizar a la policía. Asimismo, reconoce la creación de la Fiscalía Especial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, así como el compromiso manifestado de continuar con el fortalecimiento del Mecanismo Nacional de Protección.
Honduras enfrenta niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares. La falta de acceso a la justicia ha creado una situación de impunidad de carácter estructural que tiene el efecto de perpetuar y, en ciertos casos, de favorecer la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos. Organizaciones de la sociedad civil informaron a la CIDH sobre la existencia de lo que consideran una “justicia selectiva” que, por un lado, actúa de manera tardía sin ofrecer respuesta efectiva en relación con violaciones a derechos humanos, pero que, por otra parte, actuaría favoreciendo los intereses de diversos actores vinculados al poder público, político y empresarial. Asimismo, persisten desafíos que debilitan la garantía de independencia e imparcialidad, como la ausencia de suficientes garantías de independencia de los órganos de control de jueces y juezas. Ello, debido a que continúa prevaleciendo un excesivo control por parte de la Corte Suprema tanto en el sistema de nombramiento como de remoción de jueces y juezas.
La Comisión resalta que para que exista un pleno disfrute de los derechos humanos, resulta indispensable que Honduras avance en su proceso de institucionalidad democrática, garantice una auténtica separación de poderes y fortalezca el Estado de Derecho. En este contexto, resulta crucial que la ciudadanía recobre la confianza en sus instituciones estatales. Para ello, el Estado debe tomar medidas decisivas en la administración de justicia y en la lucha contra la impunidad y corrupción, así como en reformas al sistema electoral conforme a las recomendaciones internacionales elaboradas en dicho sentido. Asimismo, el Estado debe asegurar una transformación real y efectiva para la erradicación de la situación de pobreza, exclusión y desigualdad estructural que persistente en el país, que impactan en el ejercicio y disfrute de los derechos humanos, sobre todo en los grupos en situación de particular riesgo. Lo anterior requiere la adopción de medidas efectivas y acordes con los estándares internacionales aplicables.
En este contexto, la CIDH realiza una serie de recomendaciones al Estado de Honduras. En especial, la Comisión recomienda al Estado, como medidas inmediatas, fortalecer la institucionalidad democrática; garantizar que en las movilizaciones sociales que se llevan a cabo en ejercicio del derecho de reunión y manifestación pacífica se protejan los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal de todos y todas quienes se manifiestan; avanzar en las investigaciones por los hechos de violencia, asesinatos, y malos tratos en el contexto de las protestas surgidas después de las elecciones; o avanzar en la implementación del plan de relevo gradual de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, acorde con los estándares interamericanos de derechos humanos. El informe también incluye otras recomendaciones específicas en relación con la administración de justicia, la violencia e inseguridad, y sobre sectores específicos de la población tales como mujeres, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, personas defensoras de derechos humanos, la niñez, personas migrantes y personas bajo custodia del Estado.
La CDIH reitera su compromiso con el Estado hondureño en la búsqueda de soluciones a los problemas identificados, y en la implementación de las recomendaciones del presente informe, formuladas con un espíritu constructivo y de cooperación. La CIDH está a disposición del Estado para colaborar en dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe con el fin de asegurar el goce efectivo de los derechos humanos de todas las personas bajo su jurisdicción.
La Comisión reitera su agradecimiento al presidente Juan Hernández y a su Gobierno la invitación a realizar la visita in loco. Asimismo, agradece todas las facilidades logísticas y la asistencia brindadas para la realización satisfactoria de la misma. La Comisión valora la información suministrada por las autoridades estatales y la apertura para dialogar constructivamente con la CIDH. Asimismo, la Comisión agradece el esfuerzo de víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares, colectivos, organizaciones de la sociedad civil y autoridades indígenas y afrodescendientes para reunirse con la delegación y presentar testimonios, denuncias y comunicaciones.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
Tegucigalpa.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publica hoy el informe “Situación de los Derechos Humanos en Honduras”. La elaboración de este informe se basa en la observación realizada durante la visita in loco que tuvo lugar del 30 de julio al 3 de agosto de 2018, así como otras visitas de la CIDH y de sus Relatorías Temáticas, en el monitoreo que la Comisión realiza en cumplimiento de su mandato y a través de la utilización de los diversos mecanismos a su alcance, tales como audiencias, procesamiento de medidas cautelares, peticiones y casos.
En este informe, la CIDH aborda la situación de derechos humanos en el país, con énfasis en el conflicto poselectoral, seguridad ciudadana, administración de justicia, libertad de expresión, la situación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Asimismo, la Comisión analiza de manera particular la situación de grupos y personas de especial preocupación, como mujeres; niñas, niños y adolescentes; personas LGBTI; personas defensoras de derechos humanos y operadoras de justicia; personas privadas de libertad; pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades garífunas; y personas en contexto de movilidad humana. En el informe, la CIDH advierte que para que en el país exista un pleno disfrute de los derechos humanos, resulta indispensable que Honduras avance en el proceso de fortalecimiento de su institucionalidad democrática, garantice una auténtica separación de poderes y fortalezca el Estado de Derecho. La CIDH ofrece recomendaciones con el objetivo de asistir al Estado hondureño en el fortalecimiento de sus esfuerzos para proteger y garantizar los derechos humanos en el país.
La CIDH valora las medidas adoptadas por el Estado de Honduras para hacer frente a algunas de las situaciones presentadas en el informe. En particular, reconoce la creación de la Secretaría de Estado en el Despacho de Derechos Humanos, con el fin de impulsar e implementar la Política Pública y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos. Asimismo, valora la creación e implementación del Sistema de Recomendaciones de Honduras (SIMOREH) con el fin de dar seguimiento a las recomendaciones formuladas al Estado de Honduras por los distintos mecanismos internacionales y regionales de protección a los derechos humanos. Igualmente reconoce la aprobación de la Ley de la Carrera Policial y los esfuerzos realizados en cuanto a la disminución en la tasa general de homicidios y para fortalecer y profesionalizar a la policía. Asimismo, reconoce la creación de la Fiscalía Especial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, así como el compromiso manifestado de continuar con el fortalecimiento del Mecanismo Nacional de Protección.
Honduras enfrenta niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares. La falta de acceso a la justicia ha creado una situación de impunidad de carácter estructural que tiene el efecto de perpetuar y, en ciertos casos, de favorecer la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos. Organizaciones de la sociedad civil informaron a la CIDH sobre la existencia de lo que consideran una “justicia selectiva” que, por un lado, actúa de manera tardía sin ofrecer respuesta efectiva en relación con violaciones a derechos humanos, pero que, por otra parte, actuaría favoreciendo los intereses de diversos actores vinculados al poder público, político y empresarial. Asimismo, persisten desafíos que debilitan la garantía de independencia e imparcialidad, como la ausencia de suficientes garantías de independencia de los órganos de control de jueces y juezas. Ello, debido a que continúa prevaleciendo un excesivo control por parte de la Corte Suprema tanto en el sistema de nombramiento como de remoción de jueces y juezas.
La Comisión resalta que para que exista un pleno disfrute de los derechos humanos, resulta indispensable que Honduras avance en su proceso de institucionalidad democrática, garantice una auténtica separación de poderes y fortalezca el Estado de Derecho. En este contexto, resulta crucial que la ciudadanía recobre la confianza en sus instituciones estatales. Para ello, el Estado debe tomar medidas decisivas en la administración de justicia y en la lucha contra la impunidad y corrupción, así como en reformas al sistema electoral conforme a las recomendaciones internacionales elaboradas en dicho sentido. Asimismo, el Estado debe asegurar una transformación real y efectiva para la erradicación de la situación de pobreza, exclusión y desigualdad estructural que persistente en el país, que impactan en el ejercicio y disfrute de los derechos humanos, sobre todo en los grupos en situación de particular riesgo. Lo anterior requiere la adopción de medidas efectivas y acordes con los estándares internacionales aplicables.
En este contexto, la CIDH realiza una serie de recomendaciones al Estado de Honduras. En especial, la Comisión recomienda al Estado, como medidas inmediatas, fortalecer la institucionalidad democrática; garantizar que en las movilizaciones sociales que se llevan a cabo en ejercicio del derecho de reunión y manifestación pacífica se protejan los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal de todos y todas quienes se manifiestan; avanzar en las investigaciones por los hechos de violencia, asesinatos, y malos tratos en el contexto de las protestas surgidas después de las elecciones; o avanzar en la implementación del plan de relevo gradual de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, acorde con los estándares interamericanos de derechos humanos. El informe también incluye otras recomendaciones específicas en relación con la administración de justicia, la violencia e inseguridad, y sobre sectores específicos de la población tales como mujeres, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, personas defensoras de derechos humanos, la niñez, personas migrantes y personas bajo custodia del Estado.
La CDIH reitera su compromiso con el Estado hondureño en la búsqueda de soluciones a los problemas identificados, y en la implementación de las recomendaciones del presente informe, formuladas con un espíritu constructivo y de cooperación. La CIDH está a disposición del Estado para colaborar en dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe con el fin de asegurar el goce efectivo de los derechos humanos de todas las personas bajo su jurisdicción.
La Comisión reitera su agradecimiento al presidente Juan Hernández y a su Gobierno la invitación a realizar la visita in loco. Asimismo, agradece todas las facilidades logísticas y la asistencia brindadas para la realización satisfactoria de la misma. La Comisión valora la información suministrada por las autoridades estatales y la apertura para dialogar constructivamente con la CIDH. Asimismo, la Comisión agradece el esfuerzo de víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares, colectivos, organizaciones de la sociedad civil y autoridades indígenas y afrodescendientes para reunirse con la delegación y presentar testimonios, denuncias y comunicaciones.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
Anuncian incrementos a los combustibles a partir del lunes en Honduras
5 octubre, 2019
Redacción ConfidencialHN
TEGUCIGALPA, HONDURAS
Nuevos incrementos a los combustibles se registrarán a partir del próximo lunes en Honduras, informó el sábado la Secretaría de Energía.
La gasolina superior que cuesta 95.53 subirá alrededor de 50 centavos, por lo que migrará a 96.03 lempiras por galón.
En cambio, la gasolina regular no variará su precio, por lo que seguirá costando 86.56 lempiras por galón.
Respecto al diésel, subirá 42 centavos y pasará a costar 82 lempiras con 29 centavos.
El queroseno también sufrirá un incremento de 30 centavos, por lo que su costo pasará desde los 63.63 a 63.93 lempiras por galón.
El gas licuado vehicular LPG tendrá una subida de 14 centavos y su valor será de 36.61 lempiras.
Nuevos incrementos a los combustibles se registrarán a partir del próximo lunes en Honduras, informó el sábado la Secretaría de Energía.
La gasolina superior que cuesta 95.53 subirá alrededor de 50 centavos, por lo que migrará a 96.03 lempiras por galón.
En cambio, la gasolina regular no variará su precio, por lo que seguirá costando 86.56 lempiras por galón.
Respecto al diésel, subirá 42 centavos y pasará a costar 82 lempiras con 29 centavos.
El queroseno también sufrirá un incremento de 30 centavos, por lo que su costo pasará desde los 63.63 a 63.93 lempiras por galón.
El gas licuado vehicular LPG tendrá una subida de 14 centavos y su valor será de 36.61 lempiras.
