Cuatro heridos en desalojo contra grupo campesinos en Tutule
El pasado 28 de noviembre se emitió una resolución en la cual el Juzgado de Letras Seccional de La Paz ordena un desalojo para el 06 de enero del 2017, contra los pobladores de la empresa 09 de Julio, que desde hace siete años ocupan dichos predios. Al no ejecutarse se reprogramó para hoy 13 de enero a las 6:00 de la mañana. Se ha informado que está presente en el lugar 12 patrullas de la Policía Preventiva, 3 comandos de la Policía Militar y representación de la Fiscalía. Ya se iniciaron los ataques, aunque los campesino les hicieron saber sobre los documentos de los Escritos presentados por el COFADEH: un Recurso de Amparo con Suspensión del Acto Reclamado ante la Sala de los Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el pasado 05 de enero; y dos Manifiestos en relación dicho Recurso de Amparo y haciendo de conocimiento la reprogramación del desalojo, interpuesto en esa misma Sala y el Juzgado de Letras de La Paz, ayer 12 de enero.
Pese a que el COFADEH ha colocado estos tres Escritos para detener el desalojo, ninguno se ha resuelto, por lo que se entraría un acto de brutalidad si se repiten los hechos del 11 de mayo del 2016 con este mismo grupo campesino; hoy ya se reporta que los ataques de la policía han provocado que el presidente del Consejo Indígena de Simpinula, La Paz, y miembro del Movimiento Indígena Independiente de La Paz- Honduras (MILPAH), Víctor Vásquez, haya sido herido en su rodilla derecha, donde tiene una bala insertada, mientras tomaba video del desalojo; David Vásquez de Tutule tiene perforaciones en la mano izquierda, y se informa de más personas heridas.
Peticiones
El COFADEH solicita que se resuelva los tres escritos presentados ante el Poder Judicial, a favor de los campesinos: un Recurso de Amparo con Suspensión del Acto Reclamado presentando el 05 de enero ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y dos manifiestos en relación al Recurso de presentados ayer 12 de enero ante la CSJ de Tegucigalpa y el Juzgado de Letras de La Paz.
Que se demande del Gobierno de la República de Honduras garantice los derechos legalmente protegidos en la Constitución de la República en los artículos 1, 59, 66, 127, 142, 178; La Ley de Municipalidades en el artículo 68.3 y 70; la Ley de Justicia Constitucional en los artículos 41 y 60; y el artículo 45 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. La labor de las autoridades gubernamentales va encaminada a dar respuestas a los Escritos presentados por el COFADEH, donde se da a conocer nuestras preocupaciones y haciendo solicitudes al Sistema Judicial para que no se ejecute el desalojo violento como se acostumbra.
A la solidaridad nacional e internacional para que solicite a las autoridades competentes la no repetición de las acciones de salvajismo contra el grupo campesino 09 de Julio, que desde hace siete años está en proceso de recuperación de tierras, y cuyos derechos están amparados en convenios y tratados internacionales.
De los hechos y los hechores ni olvido ni perdón
Tegucigalpa M.D.C, 13 de enero de 2017 COFADEH
Hacer llamamiento a las siguientes autoridades:
Abogado
JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ
Presidente de Honduras
Juan Orlando Hernández
E-mail: info@presidencia.gob.hn
Teléfono: 2290-5000 /2235-4982
Casa Presidencial, Bulevar Juan Pablo II
Abog. Rolando Argueta
Presidente de la Corte Suprema de Justicia
Tel (504) 2269-3000 2269-3069
Mail: cedij@poderjudicial.gob.hn
Abogado
OSCAR FERNANDO CHINCHILLA
Fiscal General de la República.
Fax (504) 2221-5667
Tel (504) 2221-5670/2221-3099
Abogada
Norma Allegra Cerrato
SUB-SECRETARIA JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Tel: (504) 2231-1542; 2232-0231 (+504) 2232-7800
Fax: (504) 2232-0226
@sdhjgdhn
Señor
ROBERTO HERRERA CACERES
COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
Tel: (504) 2220-7648; 2232-0433
Teléfono: (504) 9990 0544
E mail: consultorinternacionalhn1@gmai
Preocupa a ONU Derechos Humanos desalojo forzoso violento en municipio de San Pedro de Tutule, La Paz
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras observó que el día de hoy en horas de la mañana, elementos de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y Fuerzas Especiales ejecutaron una orden judicial de desalojo de familias campesinas en el asentamiento 9 de julio ubicado en el municipio de San Pedro de Tutule, La Paz.
En el desalojo forzoso las fuerzas de seguridad portaron armas de fuego y usaron bombas lacrimógenas, incluso hora y media después de que se había logrado el control y la dispersión de los campesinos, hechos verificados por dos Oficiales de Derechos Humanos de nuestra oficina que estaban presentes en el lugar.
Cuatro personas fueron heridas, entre ellas Víctor Vázquez, integrante del Movimiento Indígena Lenca de La Paz (MILPAH), quien recibió un disparo de bala en la pierna derecha. Es importante señalar que integrantes de MILPAH son beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Igualmente, la Oficina tuvo conocimiento que miembros de las fuerzas de seguridad involucradas también fueron heridos. La Oficina no ha podido corroborar esta información.
De acuerdo a los estándares internacionales, la ejecución del desalojo forzoso debe realizarse de manera excepcional y cuando no exista otra posibilidad razonable, previo a un estudio del impacto del desalojo y reubicación y tras agotar los recursos judiciales oportunos. La Oficina ha constatado que el Juzgado de Letras de La Paz tenía conocimiento de un recurso de amparo pendiente de resolverse, lo que dejaba en suspenso la ejecución del desalojo.
Asimismo, destacamos que los desalojos forzosos no implican necesariamente el uso de la fuerza y que únicamente se empleará apegándose a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, recordando que las armas de fuego y el uso de gases lacrimógenos no deben utilizarse en desalojos forzosos.
María Soledad Pazo, Representante Residente de OACNUDH, señala: “Nos preocupa que al existir un amplio catálogo de estándares internacionales para la ejecución de desalojos, éstos no sean aplicados. Si un tribunal nacional ha fallado a favor del desalojo, esta situación todavía puede constituir un desalojo forzoso ilegal e injustificado. En este caso, también me preocupa enormemente que no exista un reubicación de las personas desalojadas, por lo que será importante que el Gobierno realice una serie de acciones para garantizar el goce de sus derechos. Finalmente, Honduras necesita legislar el uso de la fuerza y armas de fuego en desalojos y manifestaciones públicas, apegándose a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Hago un llamado a todas las partes involucradas en este lamentable incidente para que promuevan espacios de diálogos y conciliación con el fin de evitar que se repitan este tipo de hechos.”
“BÁJENSE QUE VAN A LA CÁRCEL”, POLICÍA HONDUREÑA A ACTIVISTA SOCIAL
La
coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH),
Miriam miranda (foto), ha denunciado que el lunes anterior varios
oficiales de la Policía Nacional, quisieron efectuar una detención de
forma arbitraria; la ganadora del premio “Carlos Escaleras 2016”,
notificó que por su rápida denuncia del acto, los agentes optaron por
dejarla en libertad a ella y otros activistas.Honduras ha sido señalada como uno de los países más peligrosos para ejercer la defensa del medio ambiente, según el informe de la de la Asociación para una Ciudadanía Participativa (Aci-Participa), entre noviembre de 2015 y octubre de 2016, 18 defensores de derechos humanos fueron asesinados.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa.
La Plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras denunció este
día que varios activistas de derechos humanos, entre ellos la
coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH)
Miriam Miranda, fueron detenidos arbitrariamente en La Ceiba, Atlántida,
norte de Honduras.
Entre
otras personas que fueron capturadas de forma irregular están Luis
Gutiérrez, Oscar Gaboa y Luis Miranda, también integrantes de esa
organización de luchadores sociales por los derechos de minorías y
grupos étnicos del país.
Según
narra la reconocida activista social, los agentes de policía detuvieron
el vehículo en el que se transportaban y después de revisar sus
documentos, procedieron de forma agresiva a ordenar: “bájense que van
para la cárcel”.
Según
cuenta la ganadora del premio Carlos Escaleras 2016, alertó por
teléfono sobre la situación que estaban pasando y que como respuesta los
oficiales se prestaron a silenciarlos de forma violenta.
Miranda
denunció que todo sucedió en aproximadamente media hora y que por las
llamadas de alerta los oficiales decidieron dejarlos en libertad a ella y
a sus compañeros de trabajo social por las minorías y el ambiente de
Honduras.
Cabe
destacar que la defensora dijo en su momento a EL LIBERTADOR que en
Honduras ejercer la defensa de los derechos humanos y del medio ambiente
es volverse una “persona que atenta contra el Estado”.
Como
medida de prevención y protección a defensores, Miranda propuso la
colectivización de la lucha social, ya que aseguró que los activistas
sociales siempre serán criminalizados.
Según
un informe de la Asociación para una Ciudadanía Participativa
(Aci-Participa), entre noviembre de 2015 y octubre de 2016, en Honduras
18 defensores de derechos humanos fueron asesinados, entre los que
destaca la líder indígena Berta Cáceres, cuyo crimen fue perpetrado el 3
de marzo pasado.
El
informe de Aci-Participa, además revelo que en ese lapso de tiempo,
nueve dirigentes de patronatos de comunidades fueron asesinados;
asimismo 10 defensores sufrieron atentados criminales y otros 12 fueron
amenazados a muerte.
Honduras
y Guatemala han sido señalados por la plataforma de información
Infobae, como los dos países más peligrosos para ejercer la defensa de
los derechos humanos.
Entre
2002 y 2014, se registró la cifra de 111 asesinatos a defensores y
según el miembro de la organización Global Witness, Chris Moye, más de
80 de los casos sucedieron en el sector del Bajo Aguán, departamento de
Colón, noroeste del territorio hondureño.
En
Honduras se han registrado varios crímenes en contra de las mujeres que
ejercen la defensa del medio ambiente, el primero en trascender fue el
de Jeanette Kawas, quien fue ejecutada en su casa el 6 de febrero de
1995 dos días después de protestar contra el gobierno de Carlos Roberto
Reina, por otorgar concesiones a campesinos y empresarios en el parque
Punta Sal, que hoy lleva el nombre de la activista y donde también fue
construido hace unos años en alianza de capital público-privado el
exclusivo destino turístico Indura Beach & Golf Resort.
Otras
activistas como Berta Cáceres y Gladys Lanza, muertas ambas, fueron
perseguidas por la justicia hasta el momento de su muerte, la
coordinadora del movimiento feminista “Visitación Padilla” estuvo
comprometida a seguir de cerca la causa social. Y Berta fue asesinada
por sicarios la noche del 2 de marzo de 2016 en su casa de habitación.
Ataques cibernéticos pretenden acallar medios alternativos
Desde el pasado 23 de diciembre,
el periódico digital Criterio.hn permanece fuera de linea, tras un
ataque considerado contra la libertad de expresión y la libertad de
prensa, dado que es un medio que denuncia la impunidad y acompaña las
acciones en pro de los derechos humanos.
El equipo de periodistas de Criterio.hn,
denunció el hecho a través del siguiente escrito, así mismo hacen un
llamado a la solidaridad para volver a ser voz de denuncia en Honduras:
(Redacción Criterio.hn)
Desde que fundamos el periódico el 1 de mayo de 2015 hemos sido
víctimas de ataques cibernéticos sistemáticos, a tal grado que nuestro
web master ha contabilizado a diario un promedio de 50 ataques de fuerza
bruta o intentos fallidos de ingreso al administrador de la página.
Estos ataques se dan al menos cinco días
a la semana, es decir que se producen casi a diario. Creemos que la
situación obedece al contenido del material que publicamos que
generalmente es de denuncias de corrupción y violaciones a los derechos
humanos.
El último incidente se produjo el
viernes anterior cuando los constantes ataques provocaron que la página
web se cayera producto del consumo excesivo de los recursos del hosting,
como medida para evitar los ataques de fuerza bruta provocados por
bots.
Curiosamente la caída de la página
ocurrió el día siguiente en que publicamos una noticia en la que
poníamos al descubierto la violación que cometieron elementos de la
Policía Militar del Orden Público (PMOP) y de la Dirección de Lucha
Contra el Narcotráfico (DLCN) al ingresar de manera abrupta a Café
Paradiso y otra noticia titulada “Conferencia Episcopal pide a políticos
frenar la corrupción, pero obvia la ilegal reelección”.
En esta última noticia hacíamos
referencia por qué es ilegal la reelección presidencial de acuerdo a la
Constitución de la República y poníamos al descubierto el papel que ha
jugado de la iglesia católica en temas políticos.
“No quisiera pensar que esas dos
noticias habrían incrementado la cantidad de ataques, pero hasta el
momento no encuentro alguna otra razón que me haga pensar que las causas
son otras. Tampoco quiero pensar que en todo esto estén involucrados
funcionarios o instituciones del gobierno, aunque me resisto a pensar lo
contrario porque no es la primera vez que nos sucede esto, ya que es
algo reiterativo y ha ocurrido siempre que el periódico publica actos de
corrupción o violaciones.
Para frenar los ataques sistemáticos,
hemos cambiado el proveedor del hosting en dos oportunidades y
actualmente quienes nos brindan ese servicio nos recomendaron en las
últimas horas que debemos invertir en un hosting dedicado, lo que
implica hacer una nueva inversión, pero lastimosamente nos vemos
imposibilitados en hacerlo porque no contamos con un respaldo
financiero.
En virtud de lo anterior invocamos la
solidaridad de organismos nacionales e internacionales que trabajan en
la defensa y promoción de la libertad de expresión, porque no queremos
que nuestro proyecto se muera en el intento por contribuir a construir
una Honduras más justa y democrática.
NOTA: Criterio.hn
recibe ataques de fuerza bruta al menos cinco días a la semana con hasta
50 intentos diarios, procedentes de IPs nacionales e internacionales.
El informe del que hizo el web master, David Valladares, sobre la parte de seguridad del periódico, es el siguiente:
En la parte de seguridad como primera
medida y ante los constates ataques de fuerza bruta, hemos cambiado de
proveedor de hosting en dos oportunidades. Actualmente el nuevo
proveedor ofrece protección firewall para ataques de tipo DDOS y hemos
procedido a instalar algunos plugins de WordPress recomendados por el
mismo proveedor que ofrecen una capa de seguridad extra en cuanto a
protección antispam e intentos fraudulentos de logins al administrador
del sitio.
Hay mejoras extras que se pudieron haber
implementado pero teniendo en cuenta que cada uno de estos plugins
consume recursos extra se decidió no utilizarlos todos para evitar el
uso excesivo de recursos, ello ayudó considerablemente a mantener a raya
la moderación de spam en los comentarios de las publicaciones, así como
el bloqueo de IPs por intentos fraudulentos de acceso al administrador,
pero no es suficiente porque si bien ayudan a mantener seguro el sitio
de accesos no autorizados, consumen recursos extras que al final afectan
la utilización de recursos y por ende la futura suspensión de la
cuenta.
Recomendación: Al igual
que la categoría anterior, la recomendación es la actualización del
plan de hosting a un plan VPS, ya que esto nos permite un mayor rango de
acción que incluye instalación de más y mejores componentes de
seguridad WordPress sin preocuparnos tanto por la parte de consumo de
recursos.
ONU CONDENA ASESINATO DE MENOR HONDUREÑO POR POLICÍA MILITAR
La
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Honduras ha
condenado el asesinato de menor de edad por Policía Militar. “El
empleo arbitrario o abusivo de la fuerza o de armas de fuego por parte
de los funcionarios de hacer cumplir la ley debe investigarse así como
castigarse como delito”, enfatiza la organización mundial de Derechos
Humanos.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. De
manera reiterada, Honduras se exhibe ante el mundo como un país
violador de Derechos Humanos, pese a eso, los países cooperantes
continúan callando y apoyando al gobierno nacionalista de Juan Hernández
en su pretensión reeleccionista, en franca violación a la Carta Magna.
Sin
embargo, ante un hecho tan abominable, la Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras,
emitió un comunicado el 4 de enero del presente año, en el que expresa
su preocupación por la muerte de Edgar José Moreno Rodríguez, de 17
años, hecho acaecido el primer día del mes de enero de 2017 en el
municipio de Santa María del Real, Olancho. El menor de edad fue
asesinado a causa de un disparo efectuado por un agente de la Policía
Militar de Orden Público (PMOP).
En
su afán de contar con todos los elementos necesarios para investigar el
condenable hecho, la Oficina de OACNUDH lamentó que sus intentos de
comunicarse en reiteradas ocasiones con la coordinación general de la
Fuerza Nacional de Seguridad Interinstitucional (FUSINA) fueron
infructuosos.
“El
empleo arbitrario o abusivo de la fuerza o de armas de fuego por parte
de los funcionarios de hacer cumplir la ley debe investigarse así como
castigarse como delito”, enfatizó la organización de derechos humanos.
La
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (con sede en Ginebra, Suiza) fue creada en Honduras el 23 de
noviembre de 2016 y su representante residente es la señora María Soledad Pazo.
A continuación reproducimos el texto completo del Comunicado:
Neoliberalismo, profetas y mártires - 09 de Diciembre 2016
Recién se acaba de celebrar el quinto aniversario del asesinato de Alfredo Landaverde y merece la pena reflexionar sobre el significado de su muerte pues se une a la larga cadena de los mártires y profetas, tanto sociales como creyentes, de los últimos años y que tienen como trasfondo el neoliberalismo globalizado que se sirve de gobiernos sumisos y obedientes a la “economía del mercado” como son los nuestros.
¿Qué han dicho o resaltado los medios de comunicación ante el aniversario de su muerte?:
Ø Su muerte cambió la historia e incrementó la demanda social en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico.
Ø Su legado sigue vigente para quienes continúan su lucha que él emprendió y que no debe terminar.
Ø En su asesinato participaron al menos 24 miembros de la policía y en respuesta a su denuncia de colaboradores del narcotráfico.
Ø Fue un héroe moderno y permitió que Honduras enfrentara con más rigor y responsabilidad el tema del narcotráfico.
Ø Landaverde fue un agricultor que sembró una semilla que empieza a dar sus frutos para el bien nacional.
Ø Era un hombre consecuente con sus acciones y su pensamiento.
Ø Tuvo una lucha frontal contra el narcotráfico porque honestamente creía que era un flagelo contra la juventud.
Ø Su vida contribuyó a crear la esperanza en la sociedad que es posible lograr el objetivo de combatir el narcotráfico y el crimen organizado.
Ø Su viuda pide, exige y reclama aunque hay una persona entre las rejas, se hace necesario desenmascarar cómo lo asesinaron y a los autores intelectuales.
Ø Hilda Caldera, la viuda de Alfredo Landaverde, afirma sin dudar que toda persona tiene su dignidad, tiene su honor y no hay por qué asesinarla. “La vida la da Dios y la quita Dios”.
Ø Alfredo es un símbolo, un héroe moderno y un profeta porque vaticinó la ola de violencia que nos ha llegado. Su muerte ha servido para evidenciar la verdad.
Ø Es un mártir ya que por luchar y denunciar lo mataron; incomodaba lo que él decía.
Ø Debemos luchar para que no haya impunidad, que la justicia sea un hecho para todos los asesinados.
Ø Era un soñador pues anhelaba formar a los jóvenes en la política para poder transformar el país.
Hoy nadie pone en duda que uno de los efectos mayores de la consolidación neoliberal ha sido la creación de un rosario interminable de “mártires y profetas” correspondiente a un amplio abanico de creencias, ideologías, militancias, grupos étnicos y sociales, así como de variedad de las identidades y luchas por las que dieron sus vidas. Hemos subrayado el binomio de “profetas y mártires”. Lo primero porque fueron bien lúcidos de la causa por la que luchaban y defendían. Y lo segundo porque ofrendaron su vida por el bien de una sociedad que se niega a aceptar la colonización de un sistema político-económico al servicio de unas minorías y que se impone en contra de sus mismas sociedades.
Desde la sociología nos recuerda Max Weber que la profecía no solamente incomoda a la sociedad donde se desarrolla sino que genera un triple mecanismo para hacerle frente: la asimilación, la neutralización y el exterminio o la aniquilación del profeta. La mayor parte de las veces tienen éxito con los dos primeros mecanismos. Pero no sucede lo mismo con el profeta que pone al desnudo una “economía de mercado” a la que se inmolan los que luchan por la justicia, la verdad y la dignidad humana.
Sin jerarquizar ni dignificar más a unos que otros, desde Berta Cáceres, nuestros indígenas tolupanes, las víctimas de los recursos naturales, o hasta Alfredo Landaverde, necesitamos de nuestros profetas y mártires para que anuncien que ni la política ni la economía pueden estar por encima de nadie.
Por favor! No digan que hay petróleo en la Mosquitia hondureña!!!
Mejor digan que ahí es la luna
martes, 10 de enero de 2017
Honduras: OACNUD demanda protección efectiva para quienes gozan de medidas cautelares de la CIDH
Escrito por Cesario Padilla | Enero 10 del 2017
Tegucigalpa (Conexihon).- Ante los asesinatos ocurridos en 2016 contra líderes y lideresas sociales, que gozaban de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUD) exhortó al Estado de Honduras a garantizar “la protección efectiva” de las mismas.
En un comunicado emitido
en las últimas horas, La OACNUD, por medio de su Representante Residente
en el país, María Soledad Pazo, hizo un llamado al Estado para que
corrijan e investiguen lo que consideró como “una falta de coordinación”
y que pone en riesgo la vida de quienes gozan de medidas cautelares del
organismo interamericano.
“Exhorto al Estado a garantizar la protección efectiva de las personas beneficiarias de medidas cautelares”, sostuvo Pazo.
En
la misma línea, esta Oficina de la ONU condenó el asesinato de Julio
Cesar Alemán el sábado anterior en la ciudad de la Ceiba, en el
departamento de Atlántida. Cabe señalar que el pasado 30 de octubre fue
asesinado su hijo Fernando Alemán Banegas, cuya madre es la lideresa
social Esly Banegas.
Julio Cesar
Alemán era beneficiario de medidas Cautelares de la Comisión
Interamericana desde el 06 de diciembre del año recién pasado, publicó
la OACNUD en su comunicado.
“Considerando
que muchas personas defensoras de derechos humanos en Honduras, gozan
del mismo tipo de medidas, para la oficina es alarmante que estén
ocurriendo fallas en las instituciones encargadas de velar por sus vidas
e integridad”, puntualizó el comunicado.
El
2016 dejó registrado el asesinato al menos beneficiarios de medidas
cautelares de la CIDH. Iniciando con Berta Cáceres en el mes de marzo,
Coordinadora General del Consejo Cívico de Organizaciones populares e
Indígenas de Honduras (COPINH). Y en noviembre fueron asesinados José
Angel Flores y Silmer Dionisio George, quienes integraban el Movimiento
Unificado Campesino del Aguán (MUCA). En el caso de Flores era el
Presidente la organización.
Esto suma
a un listado de 13 personas que van desde líderes sindicales,
periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos en la última
década, elaborado por la Asociación para una ciudadanía Participativa
(ACI-Participa).
http://conexihon.hn/site/notic
Ataque a la cultura no puede quedar en silencio
La escritora Anarella Vélez, propietaria
del Librería Café Paradiso, asistió hoy al Comité de Familiares de
Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, para dialogar con su
coordinadora general Bertha Oliva, con respecto al allanamiento ilegal
de la cual fue víctima dicha casa de cultura y memoria en el centro de
Tegucigalpa, el pasado 22 de diciembre en horas de la noche.
Al preguntar por el motivo de la
invasión policial, le dijeron que era una actividad regular, “pero no es
cierto”, comentó Vélez, “comprobamos que fue el único allanamiento en
la cuadra, por lo que concluimos que fue un acto dirigido a Café
Paradiso, un lugar de encuentro para escritores nacionales y extranjeros
que pasan por Tegucigalpa.
Es un lugar al servicio de la cultura en
Honduras, con casi tres décadas de albergar poesías, fotografías y la
emisión de libres pensamientos.
He venido al COFADEH, porque es la casa
que tiene históricamente un papel de defensa de los derechos humanos,
para ver qué acciones se podrían realizar en cuanto a denuncias, porque
no es posible que dejemos pasar este tipo de acciones, agregó la
escritora.
Las denuncias pueden ser ante el
Ministerio Público, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, y otras
entidades cuyo deber es velar por la integridad de las personas, por lo
que es necesario consultar las acciones correspondientes, declaró la
propietaria de Paradiso.
Declaró
que no había ninguna orden de allanamiento. Se compartía una noche de
poesía, eran las 9:25 pm, cuando de la patrulla con registro RHPM- 6310,
descendieron miembros de la Policía Militar de Orden Público, PMOP, y
elementos de la Dirección Nacional de Lucha contra el Narcotráfico,
DNLCN, sorprendieron a los presentes, entre ellos poetas de todas las
generaciones Libio Ramírez, José Luís Quezada, Mayra Oyuela, Venus
Mejía, Dennis Ávila y Paola Valverde de nacionalidad costarricense.
“Nunca nos había ocurrido un ataque de este tipo, por lo que considero es contra la cultura”, afirmó Anarella Vélez.
Según testigos presenciales, entraron y
comenzaron a decir que en este lugar habían drogas, a todos los que
estaban en el recital los trataron de drogadictos, hicieron registro por
todos lados, registraron a quienes quisieron y nunca mostraron la orden
judicial siempre decían que la andaba otro, describe el periódico
digital conexihon.hn.
Paradiso, ubicado en el casco histórico
de Tegucigalpa, se fundó en 1987 por la pareja de poetas Rigoberto
Paredes (QDDG) y Anarella Vélez. Cada jueves dedica un espacio para la
lectura de poemas, presentación de cine independiente y conversatorios
sobre los acontecimientos del país en el ámbito político.
Vélez sostuvo que el objetivo de esta
librería y centro cultural en tres décadas “siempre ha sido un espacio
para que se abran las mentes hacia el pensamiento crítico”.
El robo del expediente de Berta
Bueno, al respecto ha reaccionado la MACCI pidiendo cuentas al poder judicial. Argueta, el jefe de los abogados nacionalistas y liberales que conforman el pleno de la Corte del gobierno, responde tranquilo.
Argueta dice que es normal que jueces y magistrados se lleven a sus casas los expedientes de crímenes atroces, estafas milenarias, robos millonarios o del crimen organizado. Y dice que no hay por qué preocuparse, que la Corte tiene copia de todo el expediente. Y que van a certificar página por página.
La prensa oficial llama extravío a este robo y la vocería gubernamental minimiza el incidente. Así le llaman a esta acción criminal, un incidente de delincuencia común. Así como hacían parecer el crimen de Berta al principio. Un acto de delincuentes comunes sin experiencia. O el ataque posterior al periodista Félix Molina. O el robo del teléfono a un pariente de la asesinada.
El ex juez del área penal Felix Ávila dijo el viernes que los expedientes que se encuentran en los Tribunales de Justicia no deben salir de ahí y que no hay justificación para que un juez o magistrado lleve a su casa o a cualquier otro lugar este tipo de documentación.
Es decir, la magistrada de la Corte de Apelaciones María Luisa Ramos debería ser sancionada con la suspensión de su cargo y hasta con pena de cárcel de confirmarse que ella incurrió en dolo al sacar el expediente a su casa.
El viejo Código Penal de Honduras señala como delito la destrucción, pérdida o extravió de documentos y se sanciona a la persona que lo haya cometido con penas de tres hasta seis años de prisión.
El problema no es solamente el dolo, el problema es que en el expediente hay nombres de personas de carne y hueso, testigas de los hechos cuya seguridad personal y sus vidas están ahora en alto riesgo.
En el crimen de Berta Cáceres está implicada de un modo o de otro la policía, el ejército, la empresa DESA y al menos dos bancos locales, cuyos ejecutivos han lanzado a través del COHEP una campaña para reabrir el proyecto Agua Zarca.
La campaña hace apología al concepto capitalista burgués de “desarrollo” y criminaliza a las personas y organizaciones que se oponen a la desviación del curso de los ríos para generar energía limpia, dicen. Y atacan a quienes protestan por el represamiento. Y utilizan a pobres persosnas para hablar a su favor. Es una campaña tendenciosa en la que participa también el banco de Holanda, el FMO.
En ese contexto de campaña sucia es que pierden el expediente de Berta Cáceres.
Estamos hablando que en el expediente desaparecido hay actores con poder político y económico, y con poder de fuego. Y por eso el robo del expediente es de vida o muerte para seres humanos concretos. No se trata de la pérdida de unas páginas o folios solamente.
Es decir, a partir de la fecha 30 de septiembre, la muerte violenta de testigos protegidos en el caso de Berta Cáceres recaerá sobre el poder judicial; es decir, sobre el Estado de Honduras.
Y también la impunidad de los autores intelectuales del crimen recae sobre el Estado.
Y, entonces, esta política estatal de proteger banqueros criminales y promotores del desarrollo ensangrentado, debe parar.
“Seis estudiantes” una historia de represión contra los ideales de la juventud
Por Sandra Rodríguez
La década de los ochentas está marcada por el terrorismo impuesto por la Doctrina de Seguridad Nacional en Honduras, la que atentaba contra la integridad física y emocional de las personas que alzaban su voz en contra de las políticas de Estado violatorias a los derechos humanos.
La situación en la actualidad no ha cambiado, al contrario, con los avances tecnológicos se ha facilitado la persecución, levantamiento de perfiles y ataque mediáticos contra los y las defensoras de derechos humanos, que ejercen su labor en Honduras, país que, según Amnistía Internacional, es de los más riesgosos para los y las defensoras; y donde el Sistema de Justicia se colude con quien ostenta el poder.
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) tiene un registro de 184 casos de desapariciones forzadas desde finales de los años 70 hasta principios de 90, cabe señalar que decenas de desapariciones nunca fueron reportadas, y otros casos que fueron desapariciones forzadas temporales, como el de un grupo de seis estudiantes universitarios en 1982.
Dicho caso denominado “Guillermo López Lone y otros, contra el Estado de Honduras”, es conocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se denuncia la detención ilegal, secuestro y la aplicación de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, contra seis estudiantes: Guillermo López Lone, Edwin Dagoberto López Lone, Milton Danilo Jiménez Puerto, Marlen Irasema Jiménez Puerto, Gilda María Rivera Sierra y Ana Suyapa Rivera Sierra, con registro 12,891.
La CIDH estimó que contra los y las estudiantes universitarias, agentes del Estado de Honduras cometieron violaciones a los artículos 5 (derechos a la integridad personal), 7 (derechos a la libertad personal), 8 (garantías judiciales) y 15 (derecho de reunión) de la Convención Americana de Derechos Humanos.
A Billy Fernando Joya Améndola, capitán en retiro de la policía, ex-integrante de Inteligencia 3-16 y fundador del Escuadrón élite de represión Lince de los Cobras y primer Comandante de este Escuadrón, se le señala responsabilidad directa en al menos 16 casos y operativos especiales que dejaron más de una decena de personas muertas y torturadas entre ellos, la desaparición temporal de los seis estudiantes, documenta el COFADEH.
Por lo que, el Juez Manuel Cardona le reformó el auto de prisión por considerar que Joya no fue más allá de la detención ilegal. El Capitán retirado que permaneció cuatro años prófugo y se presentó al Juzgado Primero de Letras de lo Criminal en diciembre de 1998; recobró su libertad al pagar una fianza de 2,400.00 lempiras. Joya permaneció dos meses detenidos en el Primer Batallón de Infantería, porque el Juez que conoció la causa inicial le aplicó el Auto Acordado de la Corte Suprema de Justicia de julio de 1996.
Las seis víctimas sobrevivieron a su cautiverio y coincidieron en declarar que sufrieron violencia física, verbal y psicológica por parte sus captores, además reconocieron que la casa donde estuvieron cautivos durante varias semanas era propiedad del general Amílcar Zelaya, en Amarateca, 25 kilómetros al norte de Tegucigalpa.
Defensores sin temor
Cada uno y una de ellas, han dedicado su vida a la defensa de los derechos humanos, en temas feministas, institucionalidad del país, integridad personal, democracia, participación política, igualdad, justicia, impunidad y demás, ya sea de forma organizada o individual y sin amedrentarse, de igual forma lo hacen en la actualidad cientos de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), entre ellos criminalizados y judicializados por defender el derecho a la educación pública y no excluyente.
La lucha sigue siendo la misma que la de aquellos jóvenes de 1982, pero los nombres han cambiado, ellos son: Moisés David Cáceres, Cesario Padilla, Sergio Luis Ulloa, Josué Armando Velásquez, Isael Alonzo y Dayanara Elizabeth Castillo, ella desde hace un año está fuera del país, por las represalias que tenia de parte de las autoridades de la UNAH, han declarado los mismos estudiantes.
Desde hace dos semanas, se han realizado acciones de parte de la comunidad estudiantil universitaria en Tegucigalpa, quienes exigen un diálogo abierto con la rectora Julieta Castellanos, pero lo que han recibido es una serie de agresiones y ataques de parte de las fuerzas represoras públicas y guardias de seguridad privada que están dentro de la ciudad universitaria, incluso un guardia de seguridad les apunto y disparó con una arma de fuego.
Las acusaciones corresponden, según el requerimiento fiscal por el delito de Usurpación de suelos de uso y dominio público, que según el artículo 231 del Código Penal es penado de 3 a 5 años de prisión. Cabe mencionar que cuatro de estos requerimientos son para estudiantes que tienen medidas sustitutivas a la prisión, ya que en julio del 2015 fueron requeridos por el mismo delito, por lo que podrían ir a prisión tras la orden solicitada por las autoridades universitarias, sin que se les haya probado su participación.
Lorena Cálix, portavoz del Ministerio público, dijo que las actuaciones fiscales son consecuencia de las averiguaciones posteriores a la denuncia interpuesta por autoridades de la UNAH, quienes denunciaron la toma de las instalaciones del Alma Máter a inicios de esta semana, y que entregaron el martes, desde ese día los jóvenes tienen orden de captura.
Los manifestantes son estudiantes generalmente con excelencia académica y por egresar de sus carreras. Son personas con conciencia social que luchan por los derechos de las mayorías, y no sólo por un índice académico que de 60 pasaría a 70 porciento, sino por las reformas integrales que mejoren la calidad educativa, trato digno para los alumnos y docentes, y que no excluya a quienes por razones distintas no aprueban un examen de admisión, o bajan su índice académico, reiteran en declaraciones públicas.
Después de la toma de las instalaciones que fueron entregadas el pasado martes, rodeados de policías y hombres con pasamontañas, se realizó una inspección de los edificios, y las autoridades universitarias denunciaron daños y saqueo de documentos, así mismo los estudiantes desmienten esas acusaciones, ya que ellos no han saqueado nada, mucho menos en lugares que tienen cerraduras las que no están forzadas.
También, se les ha señalado por estar “encapuchados”, y es que los y las manifestantes se cubren el rostro, para protegerse de la criminalización de la que son víctimas, además sus pañuelos les sirven para cubrirse de los efectos de los gases lacrimógenos que lanzan los policías, aclaran.
Los seis estudiantes de la actualidad, hoy se han manifestado diciendo que “no se han ido” ya que, hoy más que nunca están cohesionándose como estudiantes conscientes respecto de la problemática general de nuestro Alma Máter, direccionados en recuperar la academia secuestrada por el régimen nefasto y autoritario de Julieta Castellanos, enfocados en la lucha por la democratización de la UNAH y para que el gasto público se priorice en la academia y ciencia, y no en los lujos suntuosos de la rectora.
Entre los imputados, según los jóvenes hay uno que es desconocido por el Movimiento Estudiantil Universitario (MEU), otros están en prácticas profesionales fuera de la ciudad y otra fuera de país.
Una lucha criminalizada desde hace varios años
En el 2011 se puso en agenda estudiantil la Asamblea Constituyente Estudiantil Universitaria (ACEU), cuyo fin es democratizar con participación estudiantil los órganos de co-gobierno universitario (comités técnicos de carreras, juntas directivas de facultades y centros regionales, y Consejo Universitario).
En el 2012 impulsaron la primera campaña para organizar las asociaciones de estudiantes de carreras en Ciudad Universitaria, tal como dictan las normativas internas de la UNAH.
En el 2013, los y las estudiantes levantaron la voz en contra de la violación de la Autonomía Universitaria del régimen de la UNAH por hacer uso del tráfico de influencias con el Partido Nacional, con el fin de reelegir a Julieta Gonzalina Castellanos. Además contra la trama de eliminar el proceso electoral estudiantil que le permite actualmente a las autoridades imponer estudiantes “de dedo” para no tener ninguna oposición contra todo el proceso. En este mismo contexto alzamos la voz contra el anteproyecto de Ley de Educación Superior donde pretenden darle “autonomía responsable” a las universidades privadas, agudizando el proceso de mercantilización de la educación en Honduras.
En el 2014 entran las normas académicas excluyentes, acompañadas por un nuevo plan de arbitrios con un aumento indiscriminado de los servicios estudiantiles, el cual se dieron protestas y tomas de edificios. Hay compañeros que ni estuvieron en las tomas y presentaron constancias de ello; hubo dañas algunas instalaciones y culparon a quienes realizaban las manifestaciones, desarrollando un proceso de expulsión viciado y violentando los procesos administrativos internos de la UNAH, denuncian los y las estudiantes.
Para el 2015 se agudizaron los conflictos en la UNAH-Valle se Sula, y además de las normas académicas. Por lo que se ejecutan protestas y tomas de edificios, que desembocó en una toma general de Ciudad Universitaria, UNAH-VS, La Ceiba (CURLA), Comayagua (CURC), Choluteca (CURLP), los compañeros que estábamos expulsados y reintegrados por orden de la Corte Suprema de Justicia, acompañábamos las protestas pero no dirigíamos los procesos –aclaran que- en las audiencias en los Juzgados jamás se les prohibió participar en la protesta ya que es un derecho humano universal. Empero, el régimen autoritario a través de Roger Aguilar jefe de los guardias privados ESPA, comienza un proceso de investigación con instancias y agencias de inteligencia como la ATIC dándonos seguimiento y construyendo historiales de vida, donde este señor Aguilar, y los “relacionadores públicos” de cada facultad, se han dedicado a levantar perfiles de los protestantes, con fotografías, nombres, y otros datos que les sirven.
En estas tomas el régimen arremete con tres estudiantes que fuimos expulsados, dándonos requerimientos fiscales a Cesario Padilla, Moisés Cáceres y Sergio Ulloa, la cual el informe de la DNI no presenta nombres porque todos estaban encapuchados. Pero el Ministerio Público al servicio de Julieta Gonzalina Castellanos presenta a Roger Aguilar con la finalidad de levantar un falso testimonio con el objetivo de imputarnos, cuando Cesario Moisés y Sergio acompañaban a los estudiantes indignados como el comité por defensa de los DDHH en la UNAH, denuncian a través de una carta pública.
En el 2016, los y las universitarias, consideran que se ha llegado al punto más álgido en contra de las normas académicas, en donde a raíz de las protestas y la toma de 24 horas, se libra orden de captura contra seis de ellos, que el único que estuvo presente fue Cesario Padilla como periodista independiente y defensor de DDHH.
Hoy esa lucha la han afirmado con una multitudinaria asamblea, donde el anfiteatro fue insuficiente, y las calles a lo interno de la UNAH se invadieron de gritos demostrando la presencia universitaria, no la mediática, sino la real, la que exige una formación integral.
Mientras que los seis estudiantes criminalizados, afirman que “¡NO! No nos hemos ido, nuestra denuncia, nuestras fotografías, pero sobre todo nuestro compromiso con la academia, realizando práctica profesional, ejerciendo la profesión y en último caso, en el exilio, buscando el acceso a la educación que la UNAH nos niega, a golpes, gaseadas, expulsiones, criminalización, campañas de odio y hasta balas”.
Con amor revolucionario…
Los que estamos firmes por la lucha de la justicia social y la educación pública, gratuita, laica y de calidad.
ARGENTINA
Los trabajadores tercerizados cobran hasta un 62% menos
La diferencia salarial obedece a que están encuadrados en convenios laborales que no son los que les corresponden por su actividad. La maniobra empresarial también afecta las normas de seguridad. El ranking de las actividades más afectadas por esta situación.
Los sueldos de los trabajadores tercerizados son hasta un 62%
inferiores a los que percibirían si trabajaran para la empresa principal
para la que prestan sus servicios. La diferencia salarial se produce
porque están encuadrados en convenios laborales que no son los que
corresponden a la actividad que desarrollan. Eso permite, por ejemplo,
que a un operario que arregla un caño de gas le paguen como si fuera un
administrativo. Así lo determinó un estudio realizado sobre los sectores
de telecomunicaciones, televisión, electricidad, gas y siderurgia, que
utilizó información oficial del Sistema Integrado Provisional Argentino
(SIPA) y analizó los salarios de 259 empresas entre agosto y octubre de
2014.
“En algunos casos, la tercerización laboral se asocia a mecanismos de evasión parcial y por lo tanto de fraude en el registro de los trabajadores tercerizados”, agregó el informe elaborado por el Centro de Estudios de Trabajo y Desarrollo de la Universidad Nacional de San Martín, que se publicará en los próximos meses. “Por ejemplo, un caso paradigmático es el de gas, en el cual se registran actividades concurrentes, de extrema peligrosidad y alta calificación y complejidad”, completaron los investigadores al referirse a la situación que viven los trabajadores subcontratados por Metrogas y Gas Natural Ban, que reciben salarios hasta un 54,7% más bajos que el personal de esas distribuidoras.
Las diferencias salariales, junto a la falta de elementos protección y seguridad para el trabajador, están sostenidas por el mal encuadramiento gremial: los tercerizados están fuera del convenio de la actividad que realizan. En la mayoría de los casos los empleadores los ubican dentro del convenio colectivo de Comercio. Así se garantizan pagar el salario más bajo posible, al menos en blanco.
Esa forma de contratación es la que genera reclamos gremiales y conflictos intrasindicales por el correcto encuadramiento gremial, el pase a planta de la empresa principal y mejoras en las condiciones laborales. Esa es la explicación del reclamo que terminó con el asesinato de Mariano Ferreyra, militante del Partido Obrero. Por ese crimen fueron condenados, entre otros, los dirigentes de la Unión Ferroviaria, José Pedraza y Juan Carlos Fernández, que se oponían la regularización de la relación laboral porque tenían una empresa tercerizada que prestaba servicios para los ferrocarriles.
La peor parte de los sectores analizados se la llevan los trabajadores de telecomunicaciones, donde tienen diferencias salariales de hasta el 62 por ciento.
Detrás siguen los trabajadores de electricidad, que tienen diferencias de hasta el 59 por ciento; los de gas, con saltos de hasta el 54,7 por ciento; televisión (43 por ciento) y siderurgia (32 por ciento). “La extensión de cadenas de subcontratación favorece el fraude laboral, en la medida en que es en estas empresas donde se registran los mayores porcentajes de trabajadores con salarios ínfimos y fuera de todo parámetro legal”, concluyó el informe coordinado por Sebastián Etchemeni.
Hasta ahora, este tipo de investigaciones se limitaba a fuentes sindicales y empresariales pero el nuevo trabajo está elaborado en base a datos surgidos desde el Estado. Esta información oficial confirma y, al mismo tiempo, precisa los datos que se manejaban. Pero, además, observaron que “en varios sectores, los salarios de un alto porcentaje de los trabajadores de las contratistas se determinan por escalas salariales inferiores a las que establece como piso el salario básico de convenio de la categoría más baja de las empresas principales; inclusive, en algunos sectores un porcentaje significativo de trabajadores no alcanza a percibir un salario mínimo, como lo marca la ley”.
La clave de esas diferencias está, como demostró el informe, en que trabajadores de los sectores analizados son ubicados en otros convenios laborales, que volvieron a estar en discusión cuando el presidente Mauricio Macri planteó la necesidad de modificar esos contratos entre sindicatos y patronales, que permiten regular las relaciones laborales por actividad. La advertencia no avanzó hasta ahora, pero marca el sentido de las modificaciones en la legislación laboral que proyectan en el gobierno nacional.
La tercerización laboral, como se conoce hoy, no siempre existió en la Argentina: hasta 1976, la Ley de Contrato de Trabajo la permitía pero obligaba a encuadrar a los trabajadores bajo el mismo convenio que los efectivos y en casos en los que la tarea no fuera la principal de la empresa que hacía la contratación. Pero la dictadura realizó las modificaciones que reclamaba el sector empresario: se eliminaron 25 y se modificaron 98 de los 301 artículos que tenía la Ley 20.744.
“A partir de ese cambio, el único límite es para el caso de despido y establece la solidaridad de la empresa principal al momento de pagar la indemnización. Pero las diferencias salariales fuertes y la falta de protección durante las jornadas laborales son posibles gracias al mal encuadramiento gremial”, indicó Matías Cremonte, abogado de ATE y presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas.
Ese escenario de tercerización está vigente también en el sector público. “Para acceder a financiamiento del FMI, el Estado aceptó reducir la planta de personal pero disfrazó contrataciones en distintos rubros del Presupuesto. Eso permitió obtener los créditos y, al mismo tiempo, tercerizar personal que ya no tenía la estabilidad que brinda el Estado. Así tercerizaron el personal de limpieza y seguridad de los ministerios y lo mismo ocurre en el sistema de salud, como si esas tareas no fueran parte integral del servicio que allí se presta”, concluyó Cremonte.
“En algunos casos, la tercerización laboral se asocia a mecanismos de evasión parcial y por lo tanto de fraude en el registro de los trabajadores tercerizados”, agregó el informe elaborado por el Centro de Estudios de Trabajo y Desarrollo de la Universidad Nacional de San Martín, que se publicará en los próximos meses. “Por ejemplo, un caso paradigmático es el de gas, en el cual se registran actividades concurrentes, de extrema peligrosidad y alta calificación y complejidad”, completaron los investigadores al referirse a la situación que viven los trabajadores subcontratados por Metrogas y Gas Natural Ban, que reciben salarios hasta un 54,7% más bajos que el personal de esas distribuidoras.
Las diferencias salariales, junto a la falta de elementos protección y seguridad para el trabajador, están sostenidas por el mal encuadramiento gremial: los tercerizados están fuera del convenio de la actividad que realizan. En la mayoría de los casos los empleadores los ubican dentro del convenio colectivo de Comercio. Así se garantizan pagar el salario más bajo posible, al menos en blanco.
Esa forma de contratación es la que genera reclamos gremiales y conflictos intrasindicales por el correcto encuadramiento gremial, el pase a planta de la empresa principal y mejoras en las condiciones laborales. Esa es la explicación del reclamo que terminó con el asesinato de Mariano Ferreyra, militante del Partido Obrero. Por ese crimen fueron condenados, entre otros, los dirigentes de la Unión Ferroviaria, José Pedraza y Juan Carlos Fernández, que se oponían la regularización de la relación laboral porque tenían una empresa tercerizada que prestaba servicios para los ferrocarriles.
La peor parte de los sectores analizados se la llevan los trabajadores de telecomunicaciones, donde tienen diferencias salariales de hasta el 62 por ciento.
Detrás siguen los trabajadores de electricidad, que tienen diferencias de hasta el 59 por ciento; los de gas, con saltos de hasta el 54,7 por ciento; televisión (43 por ciento) y siderurgia (32 por ciento). “La extensión de cadenas de subcontratación favorece el fraude laboral, en la medida en que es en estas empresas donde se registran los mayores porcentajes de trabajadores con salarios ínfimos y fuera de todo parámetro legal”, concluyó el informe coordinado por Sebastián Etchemeni.
Hasta ahora, este tipo de investigaciones se limitaba a fuentes sindicales y empresariales pero el nuevo trabajo está elaborado en base a datos surgidos desde el Estado. Esta información oficial confirma y, al mismo tiempo, precisa los datos que se manejaban. Pero, además, observaron que “en varios sectores, los salarios de un alto porcentaje de los trabajadores de las contratistas se determinan por escalas salariales inferiores a las que establece como piso el salario básico de convenio de la categoría más baja de las empresas principales; inclusive, en algunos sectores un porcentaje significativo de trabajadores no alcanza a percibir un salario mínimo, como lo marca la ley”.
La clave de esas diferencias está, como demostró el informe, en que trabajadores de los sectores analizados son ubicados en otros convenios laborales, que volvieron a estar en discusión cuando el presidente Mauricio Macri planteó la necesidad de modificar esos contratos entre sindicatos y patronales, que permiten regular las relaciones laborales por actividad. La advertencia no avanzó hasta ahora, pero marca el sentido de las modificaciones en la legislación laboral que proyectan en el gobierno nacional.
La tercerización laboral, como se conoce hoy, no siempre existió en la Argentina: hasta 1976, la Ley de Contrato de Trabajo la permitía pero obligaba a encuadrar a los trabajadores bajo el mismo convenio que los efectivos y en casos en los que la tarea no fuera la principal de la empresa que hacía la contratación. Pero la dictadura realizó las modificaciones que reclamaba el sector empresario: se eliminaron 25 y se modificaron 98 de los 301 artículos que tenía la Ley 20.744.
“A partir de ese cambio, el único límite es para el caso de despido y establece la solidaridad de la empresa principal al momento de pagar la indemnización. Pero las diferencias salariales fuertes y la falta de protección durante las jornadas laborales son posibles gracias al mal encuadramiento gremial”, indicó Matías Cremonte, abogado de ATE y presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas.
Ese escenario de tercerización está vigente también en el sector público. “Para acceder a financiamiento del FMI, el Estado aceptó reducir la planta de personal pero disfrazó contrataciones en distintos rubros del Presupuesto. Eso permitió obtener los créditos y, al mismo tiempo, tercerizar personal que ya no tenía la estabilidad que brinda el Estado. Así tercerizaron el personal de limpieza y seguridad de los ministerios y lo mismo ocurre en el sistema de salud, como si esas tareas no fueran parte integral del servicio que allí se presta”, concluyó Cremonte.
Autor: Izquierda Revolucionaria - Hombre Nuevo
El Bolsón
10 Enero 2017
Masiva movilización contra el saqueo de tierras
El fin de semana pasado más de 10 mil personas marcharon en defensa del agua y la tierra en la ciudad chubutense de El Bolsón. Se manifestaron contra el loteo de 850 hectáreas al empresario Joe Lewis para la construcción de un country de lujo que cercaría la principal reserva natural de agua.
Detrás del
megaemprendimiento se encuentra un magnate británico de fuertes vínculos
con el poder político local y nacional, quien en 1997 adquirió 12 mil
hectáreas en la región y, literalmente, privatizó para sí el Lago
Escondido. Varias son las pruebas de la cercana relación que tienen
Lewis y Macri, una de ellas cuando en marzo de 2016 el presidente viajó a
Villa La Angostura con su familia y se alojó en la estancia que
mantiene cerrados los caminos públicos de acceso al lago. Esta vez, el
proyecto aprobado por el Concejo Deliberante de El Bolsón incluye una
zona con la principal reserva de agua natural, donde surgen todas las
vertientes de este recurso vital que utiliza la población.
Las
y los manifestantes denuncian la complicidad del intendente y el
Concejo Municipal con el empresario, también su desacuerdo con las
políticas del gobierno provincial, siendo que aprobaron este Loteo en
una zona de reserva natural. Como respuesta, desde el 17 de diciembre
mantienen un acampe un grupo de 100 personas, con vecinas y vecinos que
se turnan, otras y otros que acercan su solidaridad, en la plaza central
-rebautizada como "Plaza de la Soberanía Popular"- para rechazar este
proyecto.
La histórica movilización
expresó el contundente respaldo popular con el que cuenta esta lucha
donde se juegan, nada más y nada menos, que los recursos naturales y el
futuro de las próximas generaciones.
Todo
el apoyo a la lucha del pueblo de El Bolsón: En defensa del agua, la
vida y la tierra exigimos ¡Fuera Lewis de la Patagonia!
Agencia Para La Libertad - Periodismo de Intervención social
PERIODISMOS
Página 12 censuró el nombre de Nicolás del Caño entre los luchadores que fueron a apoyar a la comunidad mapuche reprimida en Cushamen, Chubut
(APL) Censurar la
presencia del único diputado nacional (Mandato Cumplido) y ex candidato a
presidente que va a apoyar a la comunidad mapuche reprimida por el
aparato estatal no perjudica al ex legislador, sino a LAS PROPIAS COMUNIDADES PORQUE INVISIBILIZAN EL APOYO Y LA SOLIDARIDAD TAN NECESARIAS
luego de más de 500 años de escarnio y genocidio que no se detienen.
También nos afecta a todos nosotros porque la manipulación agrede a los
lectores. Sólo beneficia al poder y a los “dueños” de la tierra. Como
puede apreciarse, sin esfuerzos, no solo Clarín miente. En la foto de
la Izquierda Diario: Pablo Pimentel, de la APDH-La Matanza; Nora
Cortiñas (Madres Línea Fundadora); María del Carmen Verdú, (Correpi);
Margarita Cruz de Ex Detenidos Desaparecidos y Nicolás del Caño,
(diputado nacional (MC) por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores
y referente junto a Myriam Bregmam del PTS,
entre otras personalidades, quienes visitaron a los presos en Esquel y
exigieron al juez la libertad inmediata tras la brutal represión al
pueblo mapuche y las golpizas en el penal.
Este viernes el matutino Página 12, cuya dirección es
kirchnerista, informó sobre los viajeros solidarios aunque omitió la
presencia de Nicolás del Caño, entre los que fueron a reclamar el fin de
la represión al pueblo mapuche. La Agencia Para la Libertad, citando la
fuente, tomó un párrafo de la nota de Página 12 de esa edición con los
nombres que señalaba el texto del diario y desconocía que el ex
candidato a presidente por el FIT había sido censurado. Por lo tanto también omitió, involuntariamente, su nombre.
Una luchadora, con toda justicia, nos reclamó por el ninguneo. Nosotros le explicamos los hechos y esperamos hasta hoy porque tal vez se trataba de un error sin intencionalidad. Pero, en la edición de hoy, Página 12 nada dice, nada aclara, ni pide disculpas. Es más, en la nueva foto, aparece el Caño – no podían cortarlo sin también hacerlo con otrxs luchadores, dada la ubicación en que se sentaron-, PERO TAMPOCO LO NOMBRAN.
Censurar la presencia del único diputado nacional (Mandato Cumplido) y ex candidato a presidente que va a apoyar a la comunidad mapuche reprimida por el aparato estatal no perjudica al ex legislador, sino a LAS PROPIAS COMUNIDADES PORQUE INVISIBILIZAN EL APOYO Y LA SOLIDARIDAD TAN NECESARIAS luego de más de 500 años de escarnio y genocidio que no se detienen. También a todos nosotros porque la omisión es una manipulación que agrede a los lectores. Sólo beneficia al poder y a los “dueños” de la tierra. Como puede apreciarse, sin esfuerzos, no solo Clarín miente. Quien escribe estas líneas no pertenece a ningún partido político, es tan solo un periodista del pueblo. Ni más, ni menos.
Una luchadora, con toda justicia, nos reclamó por el ninguneo. Nosotros le explicamos los hechos y esperamos hasta hoy porque tal vez se trataba de un error sin intencionalidad. Pero, en la edición de hoy, Página 12 nada dice, nada aclara, ni pide disculpas. Es más, en la nueva foto, aparece el Caño – no podían cortarlo sin también hacerlo con otrxs luchadores, dada la ubicación en que se sentaron-, PERO TAMPOCO LO NOMBRAN.
Censurar la presencia del único diputado nacional (Mandato Cumplido) y ex candidato a presidente que va a apoyar a la comunidad mapuche reprimida por el aparato estatal no perjudica al ex legislador, sino a LAS PROPIAS COMUNIDADES PORQUE INVISIBILIZAN EL APOYO Y LA SOLIDARIDAD TAN NECESARIAS luego de más de 500 años de escarnio y genocidio que no se detienen. También a todos nosotros porque la omisión es una manipulación que agrede a los lectores. Sólo beneficia al poder y a los “dueños” de la tierra. Como puede apreciarse, sin esfuerzos, no solo Clarín miente. Quien escribe estas líneas no pertenece a ningún partido político, es tan solo un periodista del pueblo. Ni más, ni menos.
12 de enero de 2017
“Ante una agenda gubernamental y empresarial: unidad de acción del movimiento obrero”
Mediante un Comunicado, los trabajadores aceiteros expresaron su preocupación “ante los anuncios realizados por el gobierno nacional de avanzar con una serie de medidas tendientes a profundizar la flexibilización y precariedad laboral, incluyendo la restauración de la metodología de pasantías y la baja de contribuciones patronales, que se suman a otras como la incorporación de cláusulas de productividad en los Convenios Colectivos de Trabajo, la reforma del régimen de riesgos de trabajo y la destrucción de la Justicia laboral”. Asimismo aseveran que sólo se podrá enfrentar esta “batería de anuncios flexibilizadores” mediante “la unidad de acción del movimiento obrero, con la herramienta fundamental de la huelga y un plan de lucha que lo sostenga”.
Comunicado de la F.T.C.I.O.D y A.R.A.
Profundización de la flexibilización laboral y pérdida de derechos de la clase trabajadora
Jueves 12 de enero de 2017 | Ante los anuncios realizados por el gobierno nacional de avanzar con una serie de medidas tendientes a profundizar la flexibilización y precariedad laboral en nuestro país, incluyendo la restauración de la metodología de pasantías y la baja de contribuciones patronales, que se suman a otras en curso como la incorporación de cláusulas de productividad en los Convenios Colectivos de Trabajo, la reforma del régimen de riesgos de trabajo y la destrucción de la Justicia laboral, mientras no cesan los despidos en el ámbito estatal y privado, desde la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina expresamos:
Que la implementación generalizada de la metodología de pasantías implicaría una inmediata profundización de la precarización laboral que continúa sufriendo nuestra clase trabajadora; la creación vinculada de una "agencia de talentos" llevaría la lógica flexibilizadora hacia dentro del sistema educativo, naturalizando en la conciencia de las trabajadoras y trabajadores más jóvenes un régimen laboral degradado. La creación de empleo no pasa por la reducción de derechos.
Que la precarización laboral, sea mediante las pasantías, el sistema de contratistas u otras modalidades, se traduce en peores condiciones laborales, con polifuncionalidad y rotación de tareas sin la adecuada preparación, menores remuneraciones tanto para el precarizado como para el resto de los asalariados, y marcado aumento de la siniestralidad, esto es: más trabajadoras y trabajadores heridos y muertos.
Que el aumento de trabajadores temporales no implica más puestos de trabajo sino la reducción de trabajadores en planta estable.
Que la baja de contribuciones patronales no genera nuevos puestos de trabajo, como se ha demostrado sobradamente en la historia reciente de nuestro país así como en otros territorios, tanto de las economías desarrolladas como las periféricas. En Argentina, esta política -impulsada en primer lugar por los entonces presidente Carlos Saúl Menem y ministro de economía Domingo Cavallo- llevó a una reducción de las contribuciones patronales del 49% a 34% entre los años 1990 y 2002, pero el desempleo en esos mismos años creció del 7,5% al 17,4%, superando el 25 % en muchas zonas del país. La subocupación alcanzó valores similares en el mismo período, con lo cual la mitad de los trabajadores de nuestro país sufría problemas con el empleo. Es además engañoso presentarlo como una reducción de impuestos, cuando los aportes y contribuciones no son impuestos al trabajo sino salario indirecto. Además de ineficaz para crear o blanquear empleo, la rebaja de contribuciones patronales desfinancia al sistema de salud y previsional, esto es, pone en riesgo en el mediano plazo el cobro de jubilaciones de nuestros mayores y por ende, el futuro de todas las trabajadoras y trabajadores activos.
Que la pretensión de discutir aumentos salariales por productividad impulsada por el gobierno para la próxima ronda de paritarias apunta a precarizar las condiciones laborales de los trabajadores. Concretamente, desde el Ministerio de Trabajo anuncian su deseo de que se incluyan mecanismos para que se reduzca la cantidad de trabajadores para una misma tarea, el ahorro en gastos que la patronal considere "superfluos" y la baja en el costo de la hora de trabajo por vía de "mayor eficiencia". Se trata de otro refrito de las políticas de flexibilización de la década del 90; en 1994 Cavallo impuso que todos los convenios tuvieran cláusulas de productividad, lo que no redundó en ningún tipo de beneficio.
Que la reforma en curso de Ley de Riesgos de Trabajo sólo agrava los peores aspectos de la misma. Se trata de una legislación que desde su sanción en 1995 nunca ha servido para cumplir con el mandato constitucional de garantizar las condiciones dignas y equitativas de labor y la salud de los trabajadores, sino que únicamente garantiza la rentabilidad empresaria. Desde ámbitos gubernamentales se vuelve a hablar de la "industria del juicio" como bandera mientras se implementan mayores obstáculos para las víctimas de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo.
Que los intentos de reformas intempestivas a la Justicia del Trabajo, como el traspaso inconsulto de la Justicia Nacional a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, momentáneamente frenada gracias a la resistencia multisectorial de organizaciones gremiales, abogados laboralistas y trabajadores del sector, con los argumentos repetidos de una supuesta elevada "litigiosidad", expresan otro aspecto de la misma política de limitar o eliminar derechos y conquistas laborales obtenidos tras largos años de lucha.
Que el actual incremento de la desocupación -que este paquete de medidas, se argumenta, paliaría- es resultado directo de las supuestas medidas antiinflacionarias implementadas por el actual gobierno desde su asunción: una política monetaria que se concentró en disminuir el dinero circulante y elevar las tasas de interés en detrimento de la inversión productiva, junto a la apertura irrestricta de la importación, llevando a la caída del empleo y de la industria. Muy por el contrario, la creación de puestos de trabajo se da mediante un incremento de la actividad económica y la demanda de bienes y servicios. Esto es especialmente cierto en nuestro país donde el consumo interno explica el 78% del Producto Bruto Interno.
Que vuelve la política de "techos" a los aumentos salariales en las paritarias, con el agravante de que se plantea desde el Gobierno Nacional que en la ronda negocial de este año se discuta la inflación futura, esto es, la que se prevé para el 2017, que según el presupuesto nacional sería de entre un 17% y un 20%. Desde la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina ratificamos que deben garantizarse paritarias libres, en las que los sindicatos que cuentan con salarios dignos puedan plantear como mínimo la recuperación del poder adquisitivo del salario, es decir, lo perdido en el año 2016, que según las estadísticas oficiales no bajará del 40%.
En este sentido también reafirmamos que con salarios dignos nos referimos al que cada trabajador y trabajadora tienen derecho, esto es, el Salario Mínimo, Vital y Móvil que según su definición en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, debe asegurar a los trabajadores "alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión", que según nuestras estimaciones supera los $ 25.000 a la fecha, y esto constituye un pilar fundamental de nuestra política gremial.
Los trabajadores aceiteros y desmotadores nos expresamos en el Plenario Extraordinario de Delegados de Base y en el 66º Congreso de nuestra Federación por el salario mínimo, vital y móvil como un derecho para toda la clase trabajadora, la eliminación de la tercerización y el sistema de contratistas y de toda forma de flexibilización laboral, la implementación de Comités Mixtos de Seguridad e Higiene Industrial para la integridad psicofísica del trabajador, la eliminación del impuesto a las ganancias, y el fin de los despidos y suspensiones.
Frente a la batería de anuncios flexibilizadores, insistimos en que la única manera de enfrentar la crisis económica es con salarios mínimos y vitales según su definición legal que, al tiempo que garantizan una vida digna a los trabajadores, motoricen el mercado interno, generando producción y empleo. Ante una agenda gubernamental y empresarial que va en sentido contrario, la forma de lograrlo es con la unidad de acción del movimiento obrero, con la herramienta fundamental de la huelga y un plan de lucha que lo sostenga.
Comisión Directiva
Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina
F.T.C.I.O.D y A.R.A.
Organizarnos: esa es la tarea
En estos 12 meses, las políticas de gobierno se encarnaron en medidas que expresan la versión más cruenta de un proyecto neoliberal que se creía sepultado. En este marco, la alternativa una vez más, es la organización popular.
Tal como lo afirmara el presidente de la Nación en el Foro de Inversión y Desarrollo o el “Mini Davos” –como le llamaron al encuentro cuyo único objetivo fue vender al mejor postor las riquezas de nuestro país–, “Argentina es un país de emprendedores”. Esta óptica que pone el foco sobre los agentes individuales no es nueva y tras la pantalla de la innovación, el esfuerzo y el mérito propio para “llegar a la cima”, o “ser lo que quieres ser”, se esconde una concepción neoliberal que, primero, busca fomentar el beneficio privado y segundo, plantear un Estado desentendido de su intervención económica sobre variables que hacen a su desarrollo, por ejemplo, la reducción del desempleo.
El punto no es la oposición a quienes emprenden, porque hoy es una herramienta para desarrollar diversos nichos comerciales y productivos. Pero no debe ser esta la principal política pública que el gobierno nacional utilice para generar trabajo y crecimiento económico. Los índices de desocupación aumentaron este año al borde de llegar a los dos dígitos. Pensar que con el emprendedorismo podremos solucionar el problema de la desocupación, seria correr el eje de la discusión y no atender una necesidad de los trabajadores y trabajadoras que ellos mismos generaron.
Sin ir más lejos, la autogestión de empresas y el cooperativismo de trabajo tiene que ver con esto: generar el propio empleo para salir adelante.La diferencia, es que se hace colectivamente, con intereses comunes y un objetivo que va mucho más allá del análisis de rentabilidad y las ganancias que pueda traer un negocio.
Articular para definir
Ante esta situación, y con un modelo cuyas políticas están destinadas a la concentración de riquezas y capitales en un sector en detrimento del otro, la alternativa es seguir fomentando la intercooperación en la economía social y la articulación y el trabajo con otras organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y sindicalespara constituir un actor social y político que si bien es heterogéneo, está entero y unificado, con demandas claras, necesidades y reclamos legítimos.
Siguiendo esta línea, se ha consolidando el Frente por Trabajo y Dignidad Milagro Sala, que naciera a partir de la voluntad de unidad de un conjunto de organizaciones populares que –durante la primera semana de diciembre– constituyeron dos grandes movilizaciones que cristalizaron el rechazo a las políticas económicas desplegadas por el gobierno y la pelea por reparar las esperanzas y los sueños rotos de los más humildes de nuestro país.
Es tiempo entonces de que la organización popular articule y potencie todas sus fuerzas para construir nuevas trincheras de lucha que llevarán, sin dudas, a la victoria del Pueblo. «
Autor: Izquierda Revolucionaria - Hombre Nuevo
Editorial A Vencer - La Llamarada, enero de 2017
12 Enero 2017
Se abre un año de lucha y construcción política
Tras un año de ajuste y entrega, la asunción de Dujovne viene a profundizar esa perspectiva. Es el proyecto que Macri quiere revalidar en las urnas. Ni el PJ ni Massa expresan una alternativa popular. Es preciso hacer crecer una propuesta de izquierda que llegue a los más amplios sectores de nuestro pueblo trabajador y que pueda contribuir a un cambio de fondo.
A Vencer - La Llamarada (Enero - 2017)
Terminó el segundo
semestre de 2016 y fue peor que el primero, llegando a diciembre con
siete meses de caída consecutiva (-3,2% del PBI en un año). Según el
INDEC para octubre, la caída en la actividad llegaba al 4,7% interanual,
destacándose la construcción (-19,2%) y la industria (-8%) con sectores
como automotriz (19,1 %), siderurgia (16,2%), textil (26,7%) o
cigarrillos (26,9%).
El endeudamiento
externo contiene el colapso a costa de reforzar la dependencia. Según
el Observatorio de Deuda Externa de la UMET, la deuda tomada en 2016 fue
de u$s48.343 millones en 2016, por bonos del sector público (u$s29.493
millones), letras del Tesoro –Letes- (cerca de u$s7.000 millones),
títulos de las provincias (cerca de u$s7.000 millones), y endeudamiento
de empresas privadas (u$s5.800 millones). Así, la deuda alcanzó el 54,8%
del PBI, lo que implica una suba de más de 10 puntos en tan solo un
año.
El otro pilar del "modelo"
neoliberal macrista es la apropiación de recursos del pueblo trabajador,
siempre en beneficio de multinacionales, mineras, bancos y el campo.
La
multiplicación de despidos y del ataque al salario es impactante. La
desocupación trepó al 10% en diciembre. Y la brecha social -dice el
INDEC- se amplió en el tercer trimestre de 2016: la distancia entre el
10% más rico y el 10% más pobre superó el 2.500% (25,6 veces). Ahora,
más del 50% tiene ingresos inferiores a $8.000, sólo el 30% obtiene
ingresos que superan la canasta básica por sobre la línea de pobreza
(estimada en $13.126 por el INDEC en noviembre) y los ingresos
individuales que alcanzan la canasta familiar (estimada en unos $22.000)
son patrimonio del 10% que encabeza la pirámide.
Sobre
este escenario se dio la renuncia del primer fusible del macrismo,
Alfonso Prat-Gay, quien había cumplido sus dos tareas principales, la
devaluación del peso y el acuerdo con los buitres, aunque, como bien
dijo, la "caída de la economía fue mayor a la prevista". Aceleraron su
salida el traspié con la ley de ganancias y las dificultades para
alcanzar el déficit fiscal previsto (sólo sorteadas por la entrada
excepcional de US$ 90.000 millones por el blanqueo que benefició a los
evasores).
Un nuevo ministro para otra etapa del ajuste
Al
finalizar el año, Macri les dio tarea a sus ministros para la próxima
reunión del gabinete: traer la lista de las diez cosas que van a
recortar en cada área. Eso ordena las metas para el flamante ministro de
Hacienda, Nicolás Dujovne. Lo primero, es llevar el déficit fiscal a
4.2% del PBI (0.6 puntos menos que 2016). El recorte incluye subsidios
del Estado (que impactará en aumentos de servicios públicos), empresas
estatales (considerando insuficiente el recorte de $30.000 millones de
2016) y afecta a todos los ministerios.
En
sectores sensibles como Trabajo, se proyecta eliminar programas de
reinserción laboral por $1.000 millones y de paso, debilitar a las
organizaciones piqueteras que hoy los canalizan. Como contrapartida, el
macrismo beneficia al empresariado con un plan para reducir los aportes
patronales, bajo la excusa de que llevará a los capitalistas a generar
más empleo. Va de la mano de la reciente reducción por decreto a las
retenciones para la soja, que en 2018 bajará el 0,5% por mes hasta
llegar al 18%. De esta forma, una serie de reformas impositivas –muchas
aún en proceso- acompañan el plan de ajuste.
El
escenario es adverso. El mismo Carlos Pagni –vocero del establishment y
conductor del programa de TN para el que Dujovne hacía la columna
económica- explicó en La Nación que "los países emergentes que, como la
Argentina, esperan inversiones directas de los más desarrollados deberán
rever sus expectativas. La inversión directa se dirigirá a los sectores
en los que es inevitable: por ejemplo, actividades extractivas, como
hidrocarburos y minería. Macri deberá soportar esta paradoja: mientras
Wall Street le exige más austeridad en el gasto, las multinacionales
industriales lo vuelven más dependiente de la inversión pública".
Pero
la obra pública sigue completamente parada. Y las medidas de Dujovne
para tentar al capital extranjero –anulando la obligatoriedad de residir
al menos 120 días en el país-, no resuelven el problema, ya que esos
capitales "golondrina" huyen ante la primera corrida.
Las
expectativas del gobierno siguen centradas en lo mismo. Ampliar el
endeudamiento externo, con al menos otros u$s$30.000 millones,
consiguiendo los primeros 10 en los primeros meses –para eso promovieron
a Luis Caputo de secretario a ministro de Finanzas-. Y transferir
ingresos desde los sectores populares. El plan de ajuste ya iniciado
este año incluye aumentos en agua, transporte (subte, colectivos en
distintas provincias), naftas, peajes, estacionamientos, prepagas,
impuestos municipales, telefonía celular, colegios privados, fin de
devolución del 5% de IVA a las tarjetas de débito, entre otros. Esto se
da mientras el abandono del gasto se evidencia en la carencia de agua y
de luz y mientras sigue la arremetida contra el trabajo con la nueva ola
de despidos en el sector público (Conicet, Ministerio de Educación, de
Trabajo, de Hacienda, Universidad de La Matanza) y el crecimiento de los
despidos en el sector privado, con casos destacados de lucha como
Canale y ESPN.
2017 de campaña
El
año que arranca está marcado por el escenario electoral, en el que
Macri apuesta con todo a revalidar su gestión, para poder tomar medidas
aún más drásticas y reafirmar su perspectiva de entrega y
flexibilización.
Massa y el PJ
constituyen el bloque que está tratando de estructurarse para invertir
la correlación de fuerzas y disputar la elección del 2019.
Por
ahora, el massismo, que cogobernó todo 2016 con Macri apoyando todas
sus medidas centrales, es el más jugado a una candidatura propia, por
más que en el reciente congreso del PJ bonaerense, la intendente de La
Matanza lo convocó a un retorno al peronismo oficial. El tigrense,
candidato de la embajada de EEUU y defensor de la mano dura y la baja de
la edad de imputabilidad, logró arrastrar consigo al GEN de Stolbitzer
-profundizando la bancarrota de la centroizquieda argentina- y sigue
apostando a su candidatura separada –aunque sin dejar de dialogar con
Insaurralde y otros intendentes- aprovechando que el PJ no ha resuelto
sus internas.
Lo que sí es claro en
el PJ, como lo demostró el último encuentro provincial, es que las
fuerzas más tradicionales han recobrado espacios de poder (apoderados) y
que, aun así, el kirchnerismo sigue aferrado a su línea de no abandonar
el barco pejotista, aunque se encuentre lleno de "traidores", como
solían decirles. La convocatoria de los sectores del kirchnerismo a
acompañar a como dé lugar este armado dirigido por parte de lo más
rancio de la política vernácula, da cuenta de la bancarrota política de
gran parte de este progresismo, que se ha subordinado en pleno al PJ,
uno de los partidos más probados en la entrega nacional. No está ni
siquiera descartada una reunificación detrás de Massa.
Por
otro lado, no hay que dejar de considerar que Cristina Kirchner
conserva una buena intención de voto en provincia de Buenos Aires.
Cualquier armador político sabe que éste territorio es central, no es
por azar que María Eugenia Vidal haya destinado 25.000 millones de pesos
para preparar el armado de 2017.
Resistir y forjar una alternativa política
El
escenario para las y los trabajadores y el pueblo es muy duro. Por eso,
la lucha contra el ajuste nos debe encontrar unidos en la calle,
peleando, para poner freno a los ataques y defender las conquistas
populares.
Sobre la base de esa
resistencia, de esa lucha diaria que llevamos adelante en el movimiento
obrero, en los sectores precarizados, en la lucha contra el gatillo
fácil y la represión, en el movimiento de mujeres y de colectivos
disidentes, en la juventud, el movimiento estudiantil y las expresiones
de cultura popular, sobre ese pilar de organización cotidiana se nos
plantea avanzar hacia la estructuración de una propuesta política que
pueda presentar un camino alternativo al que nos proponen una y otra vez
los sectores de poder.
Una respuesta
popular no vendrá de la mano del PJ, ni de Massa, ni de una
descompuesta centroizquierda que ya no tiene ni perfil propio.
Es
preciso hacer crecer una propuesta de izquierda que llegue a los más
amplios sectores de nuestro pueblo trabajador y que pueda contribuir a
un cambio de fondo. Para aportar en ese camino es que desde nuestras
organizaciones venimos apostando al desarrollo de la Corriente de
Izquierda PODER POPULAR, cuya meta es sumar, es fortalecer y ampliar la
izquierda, para conquistar un futuro digno para nuestra clase.
El desafío de la unidad
La unión es la única alternativa para dar batalla al avance neoliberal. Ese fue el punto de partida para la discusión y el debate en el Encuentro Internacional de Sindicalismo y Cooperativismo.
Tras una larga jornada de intercambio y debate sobre la
situación actual que viven los trabajadores y trabajadoras en la región,
se desarrolló con gran éxito el Encuentro Internacional de Sindicalismo
y Cooperativismo en América Latina.
La conclusión fue que la unidad es la única alternativa para dar batalla al avance neoliberal. En tiempos donde nos quieren hacer creer que desde lo individual se puede llegar más lejos que desde lo colectivo, nosotros nos reunimos para caracterizar las situaciones del sector en los países de la región y afirmar que la unidad es lo único que nos dará fortaleza para que no nos quiten los derechos que hemos logrado conseguir en estos años”, señaló Christian Miño, presidente de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo en el marco del encuentro internacional “Socialismo y Cooperativismo. El desafío de la clase trabajadora en América Latina”.
“Charlamos en distintos encuentros internacionales que la derecha afecta a los cooperativistas y a los trabajadores sindicalizados. Pensamos en cómo hacer para que no sigan avanzando sobre nosotros”, dijo Hugo Cabrera, secretario de Internacionales de la CNCT.
De esta iniciativa, de la que participaron representantes de Brasil, Uruguay y Argentina, surgió un programa de acción conjunta y una agenda de trabajo para los próximos meses. El conjunto de los trabajadores se proclamó en contra de retirar a Venezuela del Mercosur y además, hizo un fuerte reclamo: pasar la Navidad sin presas políticas.
Caracterizando el problema
En la última década, los trabajadores y trabajadoras de gran parte de América Latina han sido protagonistas de procesos políticos que han logrado conquistas fundamentales. En esos años, se pudo ver el avance en una mejor distribución de la riqueza, y una gran mejora en las condiciones de vida y de trabajo. Además de lograr los mayores niveles de integración y de cooperación que haya vivido nuestra región, gracias a la conformación de organismos tales como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), además de la consolidación de los ya existentes, como el Mercado Común del Sur (Mercosur).
Sin embargo, en el último año el panorama ha cambiado radicalmente para los países suramericanos. La destitución de gobiernos democráticos, como el de Dilma en Brasil –y anteriormente Zelaya en Honduras y Lugo en Paraguay–, el triunfo electoral de Mauricio Macri en Argentina, sumado sumado a los intentos desestabilizadores en las democracias de Venezuela, Ecuador y Bolivia, trazan el escenario de una nueva etapa donde la derecha neoliberal ha vuelto a ocupar espacios de gobierno y busca revertir todo el proceso de conquistas alcanzadas en los últimos diez años. El objetivo detrás de estas maniobras no es otro que condenar a la región a la dependencia y al subdesarrollo. En definitiva, al hambre de nuestros pueblos.
En el caso de Argentina, a un año de la llegada de Macri al gobierno, las consecuencias son devastadoras: la cifra de despidos ya asciende a 200 mil. A su vez, el gobierno avanza con medidas que apuntan hacia mayores niveles de flexibilización y precariedad laboral. Con respecto al sector de trabajadores autogestionados, ya se les ha retirado la personería a 6000 cooperativas. Además, se ha incrementado enormemente la cantidad de requisitos y de mecanismos burocráticos para las cooperativas, en un gesto de clara persecución política.
Por el lado de Brasil, el gobierno antidemocrático de Michel Temer avanza con medidas de ajuste, como el congelamiento del gasto público por un lapso de 20 años. En Uruguay, crece la estigmatización del desarrollo del Fondes por parte de los medios de comunicación, que buscan dirigir la opinión pública hacia la desacreditación de dicho organismo. Este es tan solo un esbozo del aparato de medidas que se vienen aplicando en conjunto en toda la región.
Al finalizar el encuentro se acordó que esta será la premisa para encarar este tiempo. Se sentaron las bases para un programa de organización latinoamericana de los trabajadores que promueva, difunda, impulse y accione en pos de la defensa de todos los derechos conquistados en estos años. «
La conclusión fue que la unidad es la única alternativa para dar batalla al avance neoliberal. En tiempos donde nos quieren hacer creer que desde lo individual se puede llegar más lejos que desde lo colectivo, nosotros nos reunimos para caracterizar las situaciones del sector en los países de la región y afirmar que la unidad es lo único que nos dará fortaleza para que no nos quiten los derechos que hemos logrado conseguir en estos años”, señaló Christian Miño, presidente de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo en el marco del encuentro internacional “Socialismo y Cooperativismo. El desafío de la clase trabajadora en América Latina”.
“Charlamos en distintos encuentros internacionales que la derecha afecta a los cooperativistas y a los trabajadores sindicalizados. Pensamos en cómo hacer para que no sigan avanzando sobre nosotros”, dijo Hugo Cabrera, secretario de Internacionales de la CNCT.
De esta iniciativa, de la que participaron representantes de Brasil, Uruguay y Argentina, surgió un programa de acción conjunta y una agenda de trabajo para los próximos meses. El conjunto de los trabajadores se proclamó en contra de retirar a Venezuela del Mercosur y además, hizo un fuerte reclamo: pasar la Navidad sin presas políticas.
Caracterizando el problema
En la última década, los trabajadores y trabajadoras de gran parte de América Latina han sido protagonistas de procesos políticos que han logrado conquistas fundamentales. En esos años, se pudo ver el avance en una mejor distribución de la riqueza, y una gran mejora en las condiciones de vida y de trabajo. Además de lograr los mayores niveles de integración y de cooperación que haya vivido nuestra región, gracias a la conformación de organismos tales como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), además de la consolidación de los ya existentes, como el Mercado Común del Sur (Mercosur).
Sin embargo, en el último año el panorama ha cambiado radicalmente para los países suramericanos. La destitución de gobiernos democráticos, como el de Dilma en Brasil –y anteriormente Zelaya en Honduras y Lugo en Paraguay–, el triunfo electoral de Mauricio Macri en Argentina, sumado sumado a los intentos desestabilizadores en las democracias de Venezuela, Ecuador y Bolivia, trazan el escenario de una nueva etapa donde la derecha neoliberal ha vuelto a ocupar espacios de gobierno y busca revertir todo el proceso de conquistas alcanzadas en los últimos diez años. El objetivo detrás de estas maniobras no es otro que condenar a la región a la dependencia y al subdesarrollo. En definitiva, al hambre de nuestros pueblos.
En el caso de Argentina, a un año de la llegada de Macri al gobierno, las consecuencias son devastadoras: la cifra de despidos ya asciende a 200 mil. A su vez, el gobierno avanza con medidas que apuntan hacia mayores niveles de flexibilización y precariedad laboral. Con respecto al sector de trabajadores autogestionados, ya se les ha retirado la personería a 6000 cooperativas. Además, se ha incrementado enormemente la cantidad de requisitos y de mecanismos burocráticos para las cooperativas, en un gesto de clara persecución política.
Por el lado de Brasil, el gobierno antidemocrático de Michel Temer avanza con medidas de ajuste, como el congelamiento del gasto público por un lapso de 20 años. En Uruguay, crece la estigmatización del desarrollo del Fondes por parte de los medios de comunicación, que buscan dirigir la opinión pública hacia la desacreditación de dicho organismo. Este es tan solo un esbozo del aparato de medidas que se vienen aplicando en conjunto en toda la región.
Al finalizar el encuentro se acordó que esta será la premisa para encarar este tiempo. Se sentaron las bases para un programa de organización latinoamericana de los trabajadores que promueva, difunda, impulse y accione en pos de la defensa de todos los derechos conquistados en estos años. «
Una cruzada flexibilizadora contra la clase trabajadora
El gobierno de Macri intenta aprovechar el verano para mandar al descenso los llamados "costos laborales". Un coro mediático -empresarial aplaude con fervor estas iniciativas destinadas a abaratar la mano de obra y a maximizar la tasa de ganancia de las patronales.
Para los trabajadores y trabajadoras lo que el capital llama costos laborales son nuestros salarios y nuestras condiciones de trabajo y de vida. Es decir, son nuestros derechos para vivir dignamente.
La reforma laboral no es otra cosa que una arremetida flexibilizadora para cargarse con las conquistas de nuestras luchas que quedan en pie, con el argumento de hacer competitiva nuestra economía. La cantinela se repite país por país: los empresarios afirman que hay que reducir el costo laboral para competir con los empresarios del país vecino .Así en cada economía nacional se avanza sobre el salario y los convenios colectivos y se intensifica la explotación.
En su cruzada se esmeran en buscar argumentos seductores. El nuevo ministro Nicolás Dujovne habla de bajar los impuestos al trabajo que son "ridículos". Le llama impuestos a los aportes patronales para las jubilaciones, las obras sociales, las asignaciones familiares. Le llama impuestos a lo que para nosotros no es otra cosa que salario indirecto o diferido.
Qué son los aportes jubilatorios sino parte del precio de la fuerza de trabajo que se acuerda cobrar al fin de la vida laboral. Qué son los aportes a las obras sociales sino parte del precio por desplegar el trabajo que se cobra en atenciones médicas.
No son impuestos, fue la lucha del movimiento obrero la que consiguió estos derechos que atenúan la condición de inseguridad que atraviesa la vida de la clase trabajadora.
Si no podemos trabajar por enfermedad, invalidez, vejez o porque nos despiden nos hundimos en el abismo de la miseria. La llamada seguridad social vino a poner límites a estos padecimientos.
Por eso para nosotros el precio de la fuerza de trabajo es el conjunto de la retribución que el obrero percibe, sin que importe que le sea entregada directamente (salario directo) o más tarde como salario diferido.
Además vale recordar que los aportes patronales ya fueron rebajados por Menem-Cavallo y nunca fueron restituídos. Curiosamente con los mismos argumentos que Dujovne: así se favorecería el empleo en blanco. Una gran desocupación fue el corolario de aquel embate del capital contra el trabajo.
La flexibilización laboral no es una respuesta para superar la crisis sino una trampa para utilizarla en favor de los responsables de haberla generado: los dueños del poder económico nacional y extranjero.
Quiénes sino ellos pueden hablar de bajar costos laborales como solución económica, cuando la mitad de la clase trabajadora del país (8 millones de hombres y mujeres) gana menos de 8 mil pesos según cifras del Indec.
Esto no es todo el gobierno ya tiene en carpeta un proyecto de ley para cambiar el régimen de las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART) y reducir los juicios laborales y el ministro Triaca ya anunció la iniciativa para reimpulsar el sistema de pasantías otra forma utilizada desde los 90 para encubrir la extensión de la precarización laboral.
La dirigencia sindical en tanto, mira para otro lado o solo verbaliza algún disgusto. Es cómplice por acción u omisión de un ataque en regla contra la clase a la que dicen representar.
Agustín Tosco decía que a la injusticia se la enfrenta cuando se la padece y también cuando se la comprende.
Comprender la magnitud de la arremetida del capital es el primer paso para salir a enfrentarla con la mayor articulación posible y con los métodos que son propios de la clase trabajadora: la democracia y el protagonismo para tomar desde abajo las mejores decisiones y defender nuestros derechos .Si la reforma flexibilizadora avanza será el conjunto de nuestra clase la que pagará el costo de la crisis que el capitalismo genera. Ponerse de pie y enfrentar la injusticia nos hace más dignos como personas y nos permite también accionar por un futuro distinto para los y las que vienen: el de un país donde el afán de lucro y la avaricia del capital no sean el motor de la economía ,donde los valores de la solidaridad y la cooperación dejen atrás las desigualdades y todas las formas de la opresión humanas comenzando por la del explotación del trabajo ajeno.
Un plan de lucha contra la reforma laboral basado en estos cimientos solo puede provenir de quienes día a día padecemos y nos indignamos frente a tanta mentira organizada para defender los privilegios de los que mandan.
Enrique Gandolfo
Secretario adjunto de la Central de los Trabajadores Argentinos de Bahía Blanca-Coronel Dorrego
y del Sindicato Unificado de la Educación de Buenos Aires Bahía Blanca
Enviado por Abel BoEl gobierno de Macri intenta aprovechar el verano para mandar al descenso los llamados "costos laborales". Un coro mediático -empresarial aplaude con fervor estas iniciativas destinadas a abaratar la mano de obra y a maximizar la tasa de ganancia de las patronales.
Para los trabajadores y trabajadoras lo que el capital llama costos laborales son nuestros salarios y nuestras condiciones de trabajo y de vida. Es decir, son nuestros derechos para vivir dignamente.
La reforma laboral no es otra cosa que una arremetida flexibilizadora para cargarse con las conquistas de nuestras luchas que quedan en pie, con el argumento de hacer competitiva nuestra economía. La cantinela se repite país por país: los empresarios afirman que hay que reducir el costo laboral para competir con los empresarios del país vecino .Así en cada economía nacional se avanza sobre el salario y los convenios colectivos y se intensifica la explotación.
En su cruzada se esmeran en buscar argumentos seductores. El nuevo ministro Nicolás Dujovne habla de bajar los impuestos al trabajo que son "ridículos". Le llama impuestos a los aportes patronales para las jubilaciones, las obras sociales, las asignaciones familiares. Le llama impuestos a lo que para nosotros no es otra cosa que salario indirecto o diferido.
Qué son los aportes jubilatorios sino parte del precio de la fuerza de trabajo que se acuerda cobrar al fin de la vida laboral. Qué son los aportes a las obras sociales sino parte del precio por desplegar el trabajo que se cobra en atenciones médicas.
No son impuestos, fue la lucha del movimiento obrero la que consiguió estos derechos que atenúan la condición de inseguridad que atraviesa la vida de la clase trabajadora.
Si no podemos trabajar por enfermedad, invalidez, vejez o porque nos despiden nos hundimos en el abismo de la miseria. La llamada seguridad social vino a poner límites a estos padecimientos.
Por eso para nosotros el precio de la fuerza de trabajo es el conjunto de la retribución que el obrero percibe, sin que importe que le sea entregada directamente (salario directo) o más tarde como salario diferido.
Además vale recordar que los aportes patronales ya fueron rebajados por Menem-Cavallo y nunca fueron restituídos. Curiosamente con los mismos argumentos que Dujovne: así se favorecería el empleo en blanco. Una gran desocupación fue el corolario de aquel embate del capital contra el trabajo.
La flexibilización laboral no es una respuesta para superar la crisis sino una trampa para utilizarla en favor de los responsables de haberla generado: los dueños del poder económico nacional y extranjero.
Quiénes sino ellos pueden hablar de bajar costos laborales como solución económica, cuando la mitad de la clase trabajadora del país (8 millones de hombres y mujeres) gana menos de 8 mil pesos según cifras del Indec.
Vienen por todo, vienen por más
Como
parte de un andanada para nada improvisada, Macri anunció un nuevo
marco regulatorio para explotar el petróleo y el gas no convencionales
en Vaca Muerta mediante el método de la fractura hidráulica (fracking)
de altísmo impacto contaminante. Como parte del plan, el presidente ha
destacado una fuerte flexibilización laboral del convenio petrolero en
respuesta a las demandas de las grandes empresa petroleras. El acuerdo
se consiguió con la anuencia de la burocracia sindical del sector que
acompañó la presentación presidencial. Sin embargo no se trata de un
acuerdo aislado, el gobierno pretende que el nuevo convenio sea un caso
testigo para avanzar sobre otros a los que Macri presenta como la
herencia del siglo XX. El argumento es siempre el mismo: así se
habilitarán más puestos de trabajo. Dicho esto al mismo tiempo que otra
oleada de despidos estremece la vida de cientos de trabajadores/as.Esto no es todo el gobierno ya tiene en carpeta un proyecto de ley para cambiar el régimen de las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART) y reducir los juicios laborales y el ministro Triaca ya anunció la iniciativa para reimpulsar el sistema de pasantías otra forma utilizada desde los 90 para encubrir la extensión de la precarización laboral.
La dirigencia sindical en tanto, mira para otro lado o solo verbaliza algún disgusto. Es cómplice por acción u omisión de un ataque en regla contra la clase a la que dicen representar.
Agustín Tosco decía que a la injusticia se la enfrenta cuando se la padece y también cuando se la comprende.
Comprender la magnitud de la arremetida del capital es el primer paso para salir a enfrentarla con la mayor articulación posible y con los métodos que son propios de la clase trabajadora: la democracia y el protagonismo para tomar desde abajo las mejores decisiones y defender nuestros derechos .Si la reforma flexibilizadora avanza será el conjunto de nuestra clase la que pagará el costo de la crisis que el capitalismo genera. Ponerse de pie y enfrentar la injusticia nos hace más dignos como personas y nos permite también accionar por un futuro distinto para los y las que vienen: el de un país donde el afán de lucro y la avaricia del capital no sean el motor de la economía ,donde los valores de la solidaridad y la cooperación dejen atrás las desigualdades y todas las formas de la opresión humanas comenzando por la del explotación del trabajo ajeno.
Un plan de lucha contra la reforma laboral basado en estos cimientos solo puede provenir de quienes día a día padecemos y nos indignamos frente a tanta mentira organizada para defender los privilegios de los que mandan.
Enrique Gandolfo
Secretario adjunto de la Central de los Trabajadores Argentinos de Bahía Blanca-Coronel Dorrego
y del Sindicato Unificado de la Educación de Buenos Aires Bahía Blanca
Frenemos la ofensiva del gobierno sobre los docentes y la escuela pública.
11 ene 17
Despidos en el Ministerio de Educación, anulación de la paritaria
nacional, caída de los presupuestos educativos, tope a las paritarias
provinciales, desguace el INET: empezó la "Campaña al Desierto" de Macri
y Bullrich
El receso escolar viene recargado de ajuste en la educación. A
horas del brindis navideño Bullrich firmó un decreto que disponía el
cierre de los postítulos de formación nacionales y la consecuente
pérdida de 3000 puestos de trabajo. Empleados del Ministerio, docentes
tutores y docentes cursantes hicieron punta en la resistencia a este
atropello y sufrieron la represión policial.Mientras aumentan los combustibles y la inflación sigue a paso firme, la urgente recomposición salarial aparece llena de nubarrones.El coctel no deja lugar a dudas sobre las intenciones oficiales: baja del presupuesto educativo nacional y provincial, anulación de la paritaria nacional, reunión de gobernadores para poner "tope" a los reclamos docentes.
El año pasado perdimos casi un 10% de nuestro poder adquisitivo (y los jubilados casi un 20%!), todos hablan de una inflación real para este año cercana al 25%... ¡pero los gobernadores quieren tomar como referencia el aumento del 18% que acordó la burocracia de UPCN en provincia de Buenos Aires!
El desguace del INET y su reemplazo por una "agencia de talentos" para formar mano de obra barata a medida de las empresas es otro ataque a la educación pública.
La anunciada Campaña al Desierto de Bullrich está en marcha.
Pero la ofensiva es global. Quieren avanzar contra el salario y los derechos del conjunto de los trabajadores. Cuentan para ello con la complicidad de la burocracias sindicales.
No alcanza con declaraciones a los medios.
No podemos esperar a febrero.
Reclamamos un plan de lucha nacional del conjunto de los trabajadores para frenar el ajuste, los despidos y la represión.
Plata para salud y educación y no para los empresarios y la banca internacional.
Preparemos el NO INICIO en todo el país.
Desguace del INET y "formación de talentos"
12 ene 17
Cuando la formación de quienes nos gobiernan tiene poco que ver con
el área en el que se desempeña, generalmente opera como norma principal,
el DESCONOCIMIENTO y UN VISIÓN UNILATERAL. Es que no se puede ser "CEO
de mediodía”. De esta manera una escuela técnica que debiera ser un
instituto de formación de técnicos se transforma en una mera oficina de
formación de recursos humanos a medida de las empresas.
Siguiendo esta lógica, no es coincidencia que Gabriel Sánchez
Zinni, Director Ejecutivo del INET, sea Lic. en Ciencias Económicas de
la Universidad de San Andrés y también tenga un título de la
Universidad de Georgetown.- Según informes periodísticos, está a la firma del presidente Macri un decreto elaborado por el Ministro Bullrich que establece la creación de una nueva “AGENCIA DE TALENTOS” para sustituir al INET.
Este nuevo ataque a la educación técnica no debe sorprendernos. En el marco del programa “CAPACIDADES 2020”, el mismo proyecto que la Lic. en Bioquímica Claudia Balagué presentara en agosto de 2016 en la Fundación Libertad de Rosario (la cueva del pensamiento empresarial de Rosario), el INET emitió un informe detallando qué sectores productivos requerían la formación de “talentos”: gastronomía, turismo, química, petroquímicas y farmacéuticas y, en menor medida, enfermería.-
Luego llegó la Autoevaluación Institucional , que vino disfrazada de "encuesta" y que denunciamos desde Amsafe Rosario en Octubre de 2016 , como un nuevo intento de desmantelamiento del curriculum de formación de técnicos en nuestro país.
Desde la Secretaria de Técnica creemos que es necesario denunciar esta maniobra que atenta contra la esencia de la escuela técnica. Se trata de una política a medida de las necesidades de los empresarios y el mercado que condiciona la formación de las próximas generaciones.-
Rechazamos la concepción elitista, individualista y competitiva de formar "talentos".
Todos nuestros jóvenes necesitan más y mejores escuelas técnicas donde reciban una formación integral que los prepare para insertarse en sociedad, continuar sus estudios e integrarse debidamente en el mundo del trabajo.
Grave situación en la provincia de Chubut. Denuncian desapariciones tras la represión a la comunidad Mapuche
10 ene 17
Desde Amsafe Rosario repudiamos la represión contra el pueblo
Mapuche y nos solidarizamos con la lucha por la defensa de sus
tierras.
Chubut: denuncian desapariciones tras represión a comunidad mapucheGendarmería está reprimiendo y abriendo fuego sobre unas tierras recuperadas por mapuches a Benetton. Las mujeres están cercadas con sus hijos, y amenazan con prenderse fuego, porque se llevaron a los hombres de la comunidad por la fuerza. Cerraron la R40 y todos los accesos al lugar a lugareños y periodistas.
Cabe recordar que desde hace meses se viene preparando el terreno para avanzar contra la recuperación de tierras que llevan a cabo integrantes de pueblos originarios de la zona. Todo un arsenal para tratar de influencia a la opinión pública desde los medios de comunicación mediante falacias y notas totalmente tendenciosas, impulsadas desde el gobierno provincial de Mario Das Neves y nacional de Mauricio Macri.
Organizaciones sociales de distintas partes de la provincia del Chubut y Río Negro convocan a hacerse presente en los lugares de los hechos para llevar solidaridad a la lucha.
Jueves 12 • Enero • 2017
Involucran al jefe de la Agencia Federal de Inteligencia argentina en caso Petrobras
En un acuerdo para entregar información a cambio de beneficios
procesales, el cambista Leonardo Meirelles, uno de los condenados en
Brasil por el escándalo de Petrobras, aportó documentos que involucran
al actual jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de Argentina,
Gustavo Arribas. Según informó el diario La Nación, en esos
documentos consta que le entregó a Arribas 600.000 dólares en 2013, en
cinco transferencias. Esas entregas se hicieron al día siguiente de la
reactivación de un contrato para que la firma Odebrecht, para la que
operaba Meirelles, se encargara de las obras para hacer un tramo
subterráneo de la línea de tren Sarmiento. Según recordó Página 12,
en esa obra, que tuvo idas y vueltas, Odebrecht está asociada con
Iecsa, la empresa de un primo de Mauricio Macri, Angelo Calcaterra.
En 2013, informó La Nación, Arribas vivía en Brasil y se dedicaba a representar a futbolistas y clubes. Ayer, el jefe de la AFI reconoció en un comunicado que recibió 70.000 dólares por la venta de un inmueble en San Pablo y aclaró que no tuvo ninguna relación con Meirelles. Pese a las aclaraciones, la diputada Elisa Carrió, integrante de la coalición gobernante, Cambiemos, presentó una denuncia en su contra. Por su parte, la legisladora porteña Graciela Ocaña, que denunció irregularidades en la obra del tren Sarmiento, dijo que ampliará su denuncia para que se investigue a Arribas.
En 2013, informó La Nación, Arribas vivía en Brasil y se dedicaba a representar a futbolistas y clubes. Ayer, el jefe de la AFI reconoció en un comunicado que recibió 70.000 dólares por la venta de un inmueble en San Pablo y aclaró que no tuvo ninguna relación con Meirelles. Pese a las aclaraciones, la diputada Elisa Carrió, integrante de la coalición gobernante, Cambiemos, presentó una denuncia en su contra. Por su parte, la legisladora porteña Graciela Ocaña, que denunció irregularidades en la obra del tren Sarmiento, dijo que ampliará su denuncia para que se investigue a Arribas.
