Berta Cáceres: entre la impunidad y solidaridad - 05 Enero 2017
Han pasado 10 meses desde el macabro día en que militares y empresarios hidroeléctricos asesinaron a Berta Cáceres. Son 10 meses de dolor para su familia, 10 meses bañados de impunidad por el gobierno y 10 meses de exigencia de justicia a nivel nacional e internacional.
El rasgo central del gobierno en el crimen de Berta es de complicidad e impunidad. En estos diez meses no se ha permitido la creación de una Comisión internacional independiente de expertos investigue el crimen, han sido meses de represión a los indígenas que no cesan la lucha por justicia.
Pero también son 10 meses de muestras hermosas de resistencia y solidaridad en Honduras y el mundo. Han sido meses en que las organizaciones populares e indígenas han realizado plantones en el Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia; meses de peregrinaciones, actos culturales, de producción musical, de pintura, grafiti, acto ecuménico: todo movido por el espíritu libertario de Berta Cáceres.
Berta es la hondureña más conocida en todo el mundo. Su lucha y ejemplo movilizó a miles de ciudadanos del planeta a realizar actos de exigencia de justicia. El 2 de cada mes en Honduras, El Salvador, Alemania, Estados Unidos, España entre otros países, se convirtió en ocasión para sacar carteles y antorchas de justicia.
Sin duda esa solidaridad internacional es muy importante, la agradecemos y les animamos a que siga acompañando, ya que la administración actual y los operadores de justicia sólo actuarán en la medida que aumente la presión nacional e internacional.
Por ello, exhortamos a las organizaciones populares e indígenas a convertir el presente año en una oportunidad para articular esfuerzos y convertir la exigencia de justicia por el crimen Berta Cáceres como caso emblemático y desde ahí articular la exigencia de justicia por todos los defensores y defensoras asesinados en la última década. Una articulación social que tenga pie en la demanda de justicia y en la defensa de los territorios y bienes naturales.
Animamos al pueblo Lenca a convertir la exigencia de justicia de Berta Cáceres en oportunidad para promover un encuentro de la docena de organizaciones, que unen esfuerzos para impulsar una resistencia indígena que defiende los ríos y bosque en sus territorios y desde ahí fortalece la lucha nacional. Sin suda, en esa gran tarea Berta Cáceres nos acompaña.
ASESINAN PERIODISTA DE "HCH" EN NORTE DE HONDURAS
Este
martes, encapuchados asesinaron al periodista Igor Padilla (foto) de la
populosa cadena Hable Como Habla (HCH); según testigos, el comunicador
realizaba un comercial y minutos antes de su ejecución atendió una
llamada telefónica, cuando fue sorprendido por los antisociales que sin
mediar palabra dispararon contra su integridad física.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
San Pedro Sula.
En la tarde de este martes, desconocidos ejecutaron al periodista, Igor
Padilla quien laboraba para la cadena de televisión Hable Como Habla
(HCH), en el norte de Honduras.
Según
testigos, Padilla estaba filmando un comercial en la colonia Suyapa,
cuando salió para atender una llamada y encapuchados aprovecharon para
dispararle.
Inmediatamente
el reportero fue llevado a urgencias de un centro asistencial, sin
embargo lo médicos afirmaron que Padilla llego sin signos de vida.
El director de la cadena, Eduardo Maldonado lamentó el deceso de su empleado “le han quitado un brazo a HCH” aseguró.
Sus
compañeros de trabajo se trasladaron hasta el centro donde Padilla fue
trasladado y con mucho dolor anunciaron su muerte en directo; en redes
sociales los hondureños manifestaron repudió por el crimen.
“Ironía
de la vida, cubría la nota roja de la ciudad más peligrosa del mundo y
ahora es parte de las noticias, tu #VidaMejor @JuanOrlandoH” manifestó
indignada una cibernauta.
“Cada
vez que asesinan un periodista se resquebraja más la libertad de
prensa, derecho clave de la democracia” expresó el usuario
@sergiojellinek, quien dirigió el mensaje a la cuenta de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La
Relatora especial de la CIDH, Catalina Botero, mencionó que la
situación en toda Latinoamérica respecto a la Libertad de Expresión está
mal.
Las
instituciones que estudian y evalúan la libertad de expresión en
Honduras coinciden en señalar que los mayores problemas del país son la
inseguridad generalizada para los periodistas, la impunidad, la lenta
adaptación de la legislación nacional a la normativa internacional sobre
ese derecho, la falta de independencia de los medios y la tensión entre
el gobierno y los titulares de los medios.
Según
el Comité por la Libertad de Expresion en Honduras (C-Libre), dos
periodistas del populoso canal de Televisión fueron amenazados a través
de la red social Facebook.
El
asesinato del periodista enluta el gremio y acrecienta la indignación
que los hondureños viven a diario ante tanta impunidad, violencia y
corrupción.
En
los últimos 15 años más de 60 periodistas han sido asesinados en
Honduras, y la mayoría destacaba por ejercer en un medio de comunicación
alternativo.
Con Igor Padilla suman 64 los periodistas asesinados desde 2001
Por Marvin Palacios
Tras el asesinato el martes 17 de enero en San Pedro Sula, del periodista, productor de televisión y locutor de radio, Igor Padilla suman 64, las personas vinculadas a medios de comunicación que murieron en forma violenta en el país; en el período comprendido entre 2001 y 2017.
Padilla murió en la ciudad de San Pedro Sula acribillado a balazos por desconocidos que se trasportaban en dos vehículos, mientras se encontraba filmando uno de sus programas de entretenimiento que transmitía en el canal HCH.
Además de desempeñarse como corresponsal del canal HCH, Igor Padilla era el productor de un programa humorístico denominado “Los Verduleros” y había incursionado en el cine produciendo la película “Chinche Man”.
Del total de crímenes, los únicos casos judicializados han sido: Georgino Orellana ocurrido en 2010, Aníbal Barro acontecido en 2013 y el de Alfredo Villatoro perpetrado en 2012.
Un informe sobre libertad de expresión divulgado en 2016 por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (CONADEH), registra que entre 2001 y 2016 murieron en forma violenta 63 personas vinculadas a los medios de comunicación, entre periodistas, comunicadores sociales y propietarios de medios.
De las 63 muertes de comunicadores sociales, el 95 por ciento de los casos se encuentran en la impunidad. Además el informe indicó que de ese total, 55 comunicadores sociales fueron asesinados por arma de fuego, 3 con arma blanca, 2 por estrangulamiento y 3 en las que no se precisó el arma.
Los departamentos de Francisco Morazán, Cortés, Yoro y Olancho son las regiones que registran la mayor cantidad de muertes violentas de periodistas, comunicadores sociales y personas ligadas a los medios de comunicación.
Otro dato importante es que en los últimos 3 años, han sido asesinados 9 comunicadores sociales que trabajaban para la radio, 7 para la televisión, 3 propietarios de medios de comunicación, un ex directivo de la Asociación de Prensa Hondureña (APH), un productor de televisión y un locutor de radio.
En 2001 se registró la muerte de un periodista, igual ocurrió en 2003, 2007 y 2008, disparándose las muertes violentas a partir del golpe de estado político-militar-empresarial perpetrado en 2009.
La ONU pide esclarecer asesinato de periodista hondureño Igor Padilla
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) expresó hoy su consternación por el asesinato del periodista Igor Padilla en la ciudad de San Pedro Sula, norte del país centroamericano, y pidió que se esclarezca el crimen.
La OACNUDH recordó que “cualquier ataque, amenaza o desprecio a la libertad de expresión, incluyendo la intimidación, el hostigamiento, la censura y el infundir miedo a quienes ejercen la labor periodística, va en contra de un estado democrático de derecho donde el respeto a los derechos es fundamental”.
En un comunicado, la OACNUDH también expresó su solidaridad con la familia y los colegas de Padilla “ante este lamentable hecho”.
“Hacemos un llamado a las autoridades del Estado de Honduras a esclarecer este vil asesinato con el fin de presentar ante los tribunales de justicia a los responsables de él”, subraya la nota oficial de la OACNUDH en Tegucigalpa.
El periodistas Igor Padilla, quien trabajaba para el canal de televisión Hable Como Habla (HCH) en San Pedro Sula, fue asesinado por desconocidos que lo acribillaron en una calle.
Uno de los camarógrafos de HCH que acompañaba a Padilla dijo a periodistas que andaban grabando un material para un anuncio y que al parecer el comunicador, de 37 años, recibió una llamada telefónica de una mujer cuando estaba en el interior de un establecimiento.
Al salir del local, Padilla, quien era casado y tenía dos hijos, fue acribillado y su cuerpo quedó tirado en la calle.
Según versiones de la prensa local, los criminales hicieron al menos 25 disparos contra Padilla, quien además era productor de televisión y fundador en 2009 del programa humorístico “Los verduleros”.
Padilla era corresponsal de HCH, que transmite desde Tegucigalpa, cuyo propietario es el periodista Eduardo Maldonado, quien también condenó el hecho y exigió que el crimen sea investigado y se castigue a los culpables.
Colegas de Padilla también han expresado su consternación por la muerte violenta del comunicador, quien se suma a una lista de 51, entre periodistas, locutores y presentadores de televisión, entre otros, asesinados entre 2003 y 2016, según registros del estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.
En Honduras, país con 8,7 millones de habitantes, la violencia criminal deja un promedio de trece muertos diarios, según cifras de organismos oficiales. (Por agencia EFE)
HONDURAS: INTENSIFICAN ATAQUES CIBERNÉTICOS CONTRA MEDIOS ALTERNATIVOS
En
las últimas semanas, en Honduras el ejercicio de la prensa alternativa
(medios de comunicación no alineados a la campaña oficial), se ha
convertido en un enorme obstáculo, a tal grado que los ataques a
portales digitales se han intensificado, así afirma el “web máster” del
periódico Criterio.hn.
Cabe
destacar que recientemente, periódico EL LIBERTADOR en su versión
digital, que circula desde hace 14 años, fue atacado por “bots” (cuentas
falsas) y códigos maliciosos, encargados de infectar y redireccionar
los contenidos que publica este prestigioso rotativo en su versión
digital. Debido a los históricos ataques ya se han creado cuatro páginas
web de EL LIBERTADOR y se ha invertido con enorme esfuerzo en caros
sistemas de protección, pero siempre hayan otras formas de ataques que
se han intensificado en los últimos siete años, sólo en 2016 este
periódico sufrió diez “hackeos”.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa.
Desde que fundamos Criterio.hn el 1 de mayo de 2015 hemos sido víctimas
de ataques cibernéticos sistemáticos, a tal grado que nuestro web
master ha contabilizado a diario un promedio de 50 ataques de fuerza
bruta o intentos fallidos de ingreso al administrador de la página, ha
publicado este medio digital.
Estos
ataques se dan al menos cinco días a la semana, es decir que se
producen casi a diario. Creemos que la situación obedece al contenido
del material que publicamos que generalmente es de denuncias de
corrupción y violaciones a los derechos humanos.
El
último incidente se produjo el viernes anterior cuando los constantes
ataques provocaron que la página web se cayera producto del consumo
excesivo de los recursos del hosting, como medida para evitar los
ataques de fuerza bruta provocados por bots.
Curiosamente
la caída de la página ocurrió el día siguiente en que publicamos una
noticia en la que poníamos al descubierto la violación que cometieron
elementos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y de la
Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) al ingresar de manera
abrupta a Café Paradiso y otra noticia titulada “Conferencia Episcopal
pide a políticos frenar la corrupción, pero obvia la ilegal reelección”.
En
esta última noticia hacíamos referencia por qué es ilegal la reelección
presidencial de acuerdo a la Constitución de la República y poníamos al
descubierto el papel que ha jugado de la iglesia católica en temas
políticos.
“No
quisiera pensar que esas dos noticias habrían incrementado la cantidad
de ataques, pero hasta el momento no encuentro alguna otra razón que me
haga pensar que las causas son otras. Tampoco quiero pensar que en todo
esto estén involucrados funcionarios o instituciones del gobierno,
aunque me resisto a pensar lo contrario porque no es la primera vez que
nos sucede esto, ya que es algo reiterativo y ha ocurrido siempre que el
periódico publica actos de corrupción o violaciones, narran los
administradores de Criterio.
Para
frenar los ataques sistemáticos, hemos cambiado el proveedor del
hosting en dos oportunidades y actualmente quienes nos brindan ese
servicio nos recomendaron en las últimas horas que debemos invertir en
un hosting dedicado, lo que implica hacer una nueva inversión, pero
lastimosamente nos vemos imposibilitados en hacerlo porque no contamos
con un respaldo financiero.
En
virtud de lo anterior invocamos la solidaridad de organismos nacionales
e internacionales que trabajan en la defensa y promoción de la libertad
de expresión, porque no queremos que nuestro proyecto se muera en el
intento por contribuir a construir una Honduras más justa y democrática.
A continuación un extracto del informe del web master, David Valladares, sobre la parte de seguridad del periódico:
En
la parte de seguridad como primera medida y ante los constates ataques
de fuerza bruta, hemos cambiado de proveedor de hosting en dos
oportunidades. Actualmente el nuevo proveedor ofrece protección firewall
para ataques de tipo DOS y hemos procedido a instalar algunos plugins
de Wordpress recomendados por el mismo proveedor que ofrecen una capa de
seguridad extra en cuanto a protección antispam e intentos fraudulentos
de logins al administrador del sitio.
Hay
mejoras extras que se pudieron haber implementado pero teniendo en
cuenta que cada uno de estos plugins consume recursos extra se decidió
no utilizarlos todos para evitar el uso excesivo de recursos, ello ayudó
considerablemente a mantener a raya la moderación de spam en los
comentarios de las publicaciones, así como el bloqueo de IPs por
intentos fraudulentos de acceso al administrador, pero no es suficiente
porque si bien ayudan a mantener seguro el sitio de accesos no
autorizados, consumen recursos extras que al final afectan la
utilización de recursos y por ende la futura suspensión de la cuenta.
Recomendación:
Al igual que la categoría anterior, la recomendación es la
actualización del plan de hosting a un plan VPS, ya que esto nos permite
un mayor rango de acción que incluye instalación de más y mejores
componentes de seguridad Wordpress sin preocuparnos tanto por la parte
de consumo de recursos.
NOTA:
Criterio.hn recibe ataques de fuerza bruta al menos cinco días a la
semana con hasta 50 intentos diarios, procedentes de IPs nacionales e
internacionales.
Honduras: Agresión armada contra el defensor lenca Víctor Vásquez
Víctor Vásquez es el Presidente del Consejo Indígena de Simpinula en Santa María, La Paz, y el líder local del Movimiento Indígena Independiente Lenca de La Paz (MILPAH), los cuales defienden el derecho del pueblo indígena lenca a la auto-determinación y a sus tierras ancestrales. El defensor ha sido amenazado en repetidas ocasiones por apoyar a grupos de campesinos en La Paz en actividades de recuperación de tierras que consideran haber sido privatizadas ilegalmente por las autoridades locales.
El 13 de enero de 2017, Víctor Vásquez acompañaba a integrantes del Grupo Campesino 9 de Julio, quienes habían sido amenazados con ser desalojados por las autoridades locales. El grupo ocupaba tierras que habían sido privatizadas y vendidas ilegalmente por autoridades locales. Alrededor de las 9 de la mañana, aproximadamente entre 150 y 200 militares y policías llegaron al área y comenzaron a desalojar violentamente a los campesinos usando gas lacrimógeno. En ese momento el defensor de derechos humanos Víctor Vásquez comenzó a filmar los eventos con su teléfono celular. Cuando los campesinos empezaron a correr para escapar de la agresión, uno de ellos se quedó atascado en un alambre de púas. Víctor Vásquez regresó para asistir al compañero que se había quedado atascado y ayudarle a liberarse, cuando recibió un disparo en la rodilla. Varios otros campesinos fueron heridos de bala como resultado del operativo. Organizaciones locales que brindan apoyo a defensores y defensoras de derechos humanos están acompañando a Víctor Vásquez en su recuperación.
Víctor Vásquez ha sido anteriormente perseguido y amenazado por terratenientes locales, por el alcalde de Santa María, Sr. Gabino Agrieta Gálvez y el gobernador de la misma municipalidad, Sr. René Melgar Argueta.
Defensores y defensoras lenca y sus comunidades han estado bajo ataque constante en Honduras. Integrantes de MILPAH en La Paz han sido blanco de acoso judicial, amenazas de muerte, incendio provocado, intentos de asesinato y hasta asesinatos, como resultado de sus actividades en defensa de sus tierras ancestrales y el medio ambiente mediante la aplicación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre consulta previa, libre e informada. Muchos de sus integrantes son beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, incluyendo la ganadora del Premio 2016 de Front Line Defenders para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Riesgo Ana Mirian Romero.
Front Line Defenders expresa su preocupación por el repetido uso de violencia por parte de autoridades estatales contra defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras y condena enérgicamente esta agresión violenta contra el defensor Víctor Vásquez, así como la represión generalizada contra integrantes de MILPAH.
Front Line Defenders urge a las autoridades de Honduras a:
1. Realizar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre la agresión contra Víctor Vásquez, con vista a publicar los resultados y traer los responsables ante la justicia de acuerdo con estándares internacionales;
2. Tomar todas las medidas necesarias, en consulta con el defensor, para garantizar la integridad física y psicológica de Víctor Vásquez, así como los demás integrantes de MILPAH;
3. Brindar y cubrir el costo del tratamiento médico para Víctor Vásquez, incluyendo apoyo psicosocial;
4. Cesar el ataque contra defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras, particularmente la instrumentalización de autoridades estatales para violentar a defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras;
5. Garantizar en todas las circunstancias que todos los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras puedan realizar sus actividades legítimas de derechos humanos sin miedo de represalias y libre de toda restricción, incluyendo ataques por fuerzas de seguridad pública.
Denuncia OFRANEH: Estado habría malversado millones de lempiras destinados al saneamiento de territorios garífunas
Tuesday, 10 January 2017 23:02 Written by Tomy Morales Published in Contexto
Félix Omar Valentín López, miembro de la Organización Fraternal
Negra de Honduras, OFRANEH, denunció que el Estado de Honduras a través
del Instituto Nacional Agrario, INA, habría malversado casi diez
millones de lempiras que fueron establecidos para el saneamiento de
comunidades garífunas hace diez años, dinero que ahora sumaría entre 50
a 60 millones de lempiras.
En el año 2003 la OFRANEH interpuso una denuncia ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos,CIDH, en relación a los despojos
territoriales y violaciones de los derechos humanos en detrimento del
territorio y pueblo Garifuna en Honduras, señalando específicamente a
las comunidades de Triunfo de la Cruz, Punta Piedra y Cayos Cochinos,
consignada como petición en la CIDH bajo el No. 906-03.
La CIDH informó a OFRANEH que el 01 de octubre de 2013 transfirió el caso No.12-761 de la Comunidad Garífuna de Punta Piedra ante la CorteIDH . Esta comunidad sufrió una invasión territorial promovida por militares de alto rango que utilizaron campesinos para apoderarse de la cuenca del río Miel, territorio utilizado primordialmente por las mujeres para el cultivo de tubérculos.
A inicios de la década de los años 90, los militares intentaron apoderarse de la franja entre Limón y Punta Piedra ante la supuesta existencia de yacimientos de petróleo y la expansión de la palma africana.
Uno de los puntos claves de las sentencias, se refiere a la creación de mecanismos de Registro de la Propiedad, “La Corte estima pertinente ordenar al Estado que cree los mecanismos adecuados para evitar que en el futuro hechos similares puedan generar afectaciones al derecho a la propiedad en zonas rurales como las analizadas en el presente caso”.
Hasta la fecha el traslape de documentos continúa al igual que la persecución contra líderes garífunas defensores del territorio ancestral, demostrando una vez más como el Estado de Honduras desconoce las sentencias de la CorteIDH y no se apega a los Convenios Internacionales en relación a los pueblos indígenas
El 18 de diciembre de 2015 la CorteIDH hizo públicas las sentencias en relación a los casos de las comunidades garífunas de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz. Un año después de la publicación, el Estado se ha abstenido de apegarse a las sentencias.
El ente interamericano de justicia responsabilizó al Estado de Honduras por incumplimiento del deber de garantía por haber otorgado títulos de dominio pleno en 1993 y 1999 a personas no indígenas, sin considerar que la comunidad garífuna tiene títulos ancestrales.
Punta Piedra
Félix Omar Valentín López, miembro de OFRANEH, historió que el problema inició en los años 90 cuando un Coronel de apellido Pavón estaba al mando del régimen militar en la zona, quien formó un grupo para desalojar a los habitantes que vivían en Rio Miel, tierras que pertenecen a la gente de Punta Piedra, prácticamente fue una invasión armada, se asentaron los ocupantes y tiempo después vendieron las tierras a “ladinos” que no tenían nada que ver con este pueblo étnico. Debido a la violencia que generó el escuadrón uniformado el 15 de junio del 2007 OFRANEH solicitó medidas cautelares para la comunidad, dichas medidas fueron otorgadas por la CIDH el 20 agosto del 2007.
Por ende, la comunidad de Punta Piedra agotó las instancias nacionales y tuvieron que acudir a las internacionales, por eso en el informe de la sentencia, la CorteIDH mencionó que hubo violación a los artículos 8, 21, 25 de la Convención Americana que se refiere en este caso a las comunidades garífunas de Cayos Cochinos, Punta Piedra y Triunfo de la Cruz, petición realizada en el 2003.
Dos derechos fueron violentados en esas acciones; el derecho a la propiedad consagrado en el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el derecho a la protección judicial plasmada en el artículo 25 de la misma.
Entre las recomendaciones de la CorteIDH están las medidas de saneamiento. Al respecto Valentín mencionó que “hubo acuerdos en que el mismo Estado se pronunció y una partida presupuestaria para hacer el saneamiento y la reubicación de la gente que está en Rio Miel, pero el mismo Estado por parte del INA malversaron esos fondos, casi diez millones de lempiras hace diez años, ahora son casi cincuenta o sesenta millones”.
Fue así que el Estado perdió otra demanda contra el pueblo Garífuna a nivel internacional, ya pasó un año de que dictaron la sentencia y “el gobierno ni siquiera se ha pronunciado, haciendo caso omiso a lo que dictaminó la Corte, no salió en la Gaceta como es debido, también tiene que haber un espacio pagado por el Estado donde notifique al pueblo lo que paso en la CorteIDH”, informó Valentín.
En el fallo se estableció que debe haber saneamiento y la devolución de las tierras a la comunidad Garífuna respetando el titulo ancestral y que entre más se tarden en cumplir la sentencia, el mismo Estado tendrá más pérdidas con el evaluó que se debe hacer para la reubicación.
“Este es el fenómeno que se da en muchos pueblos indígenas, que si todos tuvieran esa capacidad de poder demandar en el plano internacional, no solo serían las sentencias de OFRANEH sino de todos los pueblos indígenas porque están en la misma situación”, dijo el dirigente garífuna.
Triunfo de la Cruz
OFRANEH en una publicación mencionó que en el caso de Triunfo de la Cruz, la Corte estableció su sentencia en donde se debe reparar el daño hecho, también ordenó que debía ser publicada la sentencia y su resumen, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, proceder a demarcar las tierras sobre las cuales ha sido otorgada la propiedad colectiva y otorgar el título de propiedad colectiva.
Además de iniciar la investigación de las muertes ocurridas a Jesús Álvarez, Oscar Brega, Jorge Castillo Jiménez y Julio Alberto Morales como consecuencia de la disputa de las tierras, con el fin de deducir responsabilidad penal a los perpetradores.
En relación a los asesinatos cometidos en contra de Garífunas en Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, el Ministerio Publico no ha emprendido acción alguna para dilucidar los casos, los cuales se encuentran impregnados del letal racismo que prevalece en el país.
Otra de las resoluciones fueron la creación un fondo de desarrollo comunitario a favor de los miembros de la Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y pagar la cantidad fijada en la Sentencia por reintegro de costas y gastos.
Asimismo, la Corte dispuso que el Estado debiera reintegrar al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte las cantidades erogadas durante la tramitación del presente caso”.
______________________________
Vea sentencia de CorteIDH en el caso de Punta Piedra Aquí
Vea Sentencia de CorteIDH en caso de Triunfo de la Cruz Aquí
La CIDH informó a OFRANEH que el 01 de octubre de 2013 transfirió el caso No.12-761 de la Comunidad Garífuna de Punta Piedra ante la CorteIDH . Esta comunidad sufrió una invasión territorial promovida por militares de alto rango que utilizaron campesinos para apoderarse de la cuenca del río Miel, territorio utilizado primordialmente por las mujeres para el cultivo de tubérculos.
A inicios de la década de los años 90, los militares intentaron apoderarse de la franja entre Limón y Punta Piedra ante la supuesta existencia de yacimientos de petróleo y la expansión de la palma africana.
Uno de los puntos claves de las sentencias, se refiere a la creación de mecanismos de Registro de la Propiedad, “La Corte estima pertinente ordenar al Estado que cree los mecanismos adecuados para evitar que en el futuro hechos similares puedan generar afectaciones al derecho a la propiedad en zonas rurales como las analizadas en el presente caso”.
Hasta la fecha el traslape de documentos continúa al igual que la persecución contra líderes garífunas defensores del territorio ancestral, demostrando una vez más como el Estado de Honduras desconoce las sentencias de la CorteIDH y no se apega a los Convenios Internacionales en relación a los pueblos indígenas
El 18 de diciembre de 2015 la CorteIDH hizo públicas las sentencias en relación a los casos de las comunidades garífunas de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz. Un año después de la publicación, el Estado se ha abstenido de apegarse a las sentencias.
El ente interamericano de justicia responsabilizó al Estado de Honduras por incumplimiento del deber de garantía por haber otorgado títulos de dominio pleno en 1993 y 1999 a personas no indígenas, sin considerar que la comunidad garífuna tiene títulos ancestrales.
Punta Piedra
Félix Omar Valentín López, miembro de OFRANEH, historió que el problema inició en los años 90 cuando un Coronel de apellido Pavón estaba al mando del régimen militar en la zona, quien formó un grupo para desalojar a los habitantes que vivían en Rio Miel, tierras que pertenecen a la gente de Punta Piedra, prácticamente fue una invasión armada, se asentaron los ocupantes y tiempo después vendieron las tierras a “ladinos” que no tenían nada que ver con este pueblo étnico. Debido a la violencia que generó el escuadrón uniformado el 15 de junio del 2007 OFRANEH solicitó medidas cautelares para la comunidad, dichas medidas fueron otorgadas por la CIDH el 20 agosto del 2007.
Por ende, la comunidad de Punta Piedra agotó las instancias nacionales y tuvieron que acudir a las internacionales, por eso en el informe de la sentencia, la CorteIDH mencionó que hubo violación a los artículos 8, 21, 25 de la Convención Americana que se refiere en este caso a las comunidades garífunas de Cayos Cochinos, Punta Piedra y Triunfo de la Cruz, petición realizada en el 2003.
Dos derechos fueron violentados en esas acciones; el derecho a la propiedad consagrado en el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el derecho a la protección judicial plasmada en el artículo 25 de la misma.
Entre las recomendaciones de la CorteIDH están las medidas de saneamiento. Al respecto Valentín mencionó que “hubo acuerdos en que el mismo Estado se pronunció y una partida presupuestaria para hacer el saneamiento y la reubicación de la gente que está en Rio Miel, pero el mismo Estado por parte del INA malversaron esos fondos, casi diez millones de lempiras hace diez años, ahora son casi cincuenta o sesenta millones”.
Fue así que el Estado perdió otra demanda contra el pueblo Garífuna a nivel internacional, ya pasó un año de que dictaron la sentencia y “el gobierno ni siquiera se ha pronunciado, haciendo caso omiso a lo que dictaminó la Corte, no salió en la Gaceta como es debido, también tiene que haber un espacio pagado por el Estado donde notifique al pueblo lo que paso en la CorteIDH”, informó Valentín.
En el fallo se estableció que debe haber saneamiento y la devolución de las tierras a la comunidad Garífuna respetando el titulo ancestral y que entre más se tarden en cumplir la sentencia, el mismo Estado tendrá más pérdidas con el evaluó que se debe hacer para la reubicación.
“Este es el fenómeno que se da en muchos pueblos indígenas, que si todos tuvieran esa capacidad de poder demandar en el plano internacional, no solo serían las sentencias de OFRANEH sino de todos los pueblos indígenas porque están en la misma situación”, dijo el dirigente garífuna.
Triunfo de la Cruz
OFRANEH en una publicación mencionó que en el caso de Triunfo de la Cruz, la Corte estableció su sentencia en donde se debe reparar el daño hecho, también ordenó que debía ser publicada la sentencia y su resumen, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, proceder a demarcar las tierras sobre las cuales ha sido otorgada la propiedad colectiva y otorgar el título de propiedad colectiva.
Además de iniciar la investigación de las muertes ocurridas a Jesús Álvarez, Oscar Brega, Jorge Castillo Jiménez y Julio Alberto Morales como consecuencia de la disputa de las tierras, con el fin de deducir responsabilidad penal a los perpetradores.
En relación a los asesinatos cometidos en contra de Garífunas en Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, el Ministerio Publico no ha emprendido acción alguna para dilucidar los casos, los cuales se encuentran impregnados del letal racismo que prevalece en el país.
Otra de las resoluciones fueron la creación un fondo de desarrollo comunitario a favor de los miembros de la Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y pagar la cantidad fijada en la Sentencia por reintegro de costas y gastos.
Asimismo, la Corte dispuso que el Estado debiera reintegrar al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte las cantidades erogadas durante la tramitación del presente caso”.
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Vea sentencia de CorteIDH en el caso de Punta Piedra Aquí
Vea Sentencia de CorteIDH en caso de Triunfo de la Cruz Aquí
HONDUREÑOS CASTIGADOS CON AUMENTO DE 10% EN ENERGÍA
En
unos días, los abonados a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica
(ENEE), ahora Empresa Energía Honduras (EEH), deberán afrontar una
fuerte alza de 10 por ciento en los costos del fluido eléctrico si
consumen de 0 a 500 kilovatios al mes a partir de este 1 de enero, y si
consumen más, se aplicará tarifa con base a la distribución de energía
por horarios, dividida en “horas Valle” y “horas Pico”.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa.
A partir del primer día de enero próximo, los abonados a la Empresa
Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) del sector residencial, con consumo
menor a 500 kilovatios, recibirán otro aumento a su tarifa, esta vez
será del 10 por ciento.
Esta
nueva tarifa surge luego de que la ENEE, solicitará una revisión del
costo del servicio, el cual fue aprobado en junio pasado por la Comisión
Reguladora de Energía Eléctrica (CREE).
La
CREE, estima que el costo de los primeros 50 kilovatios pase de 1.4588 a
2.9544, duplicando el precio actual; por otro lado, para los siguientes
y hasta los 500 kilovatios, subirá de 3.6051 a 3.8446 lempiras.
Es
decir que si un abonado paga por 100 kilovatios consumidos la cantidad
de 315 lempiras, a partir de enero pagará 40 lempiras más.
La
CREE recordó que la autorización del aumento a las tarifas, sería de
forma gradual para evitar “un mayor impacto” en el bolsillo de los
hondureños.
El
documento tarifario establece que a partir de 2017 la ENEE, deberá
ajustar su sistema de cómputo, de modo que podrá establecer cobros por
horarios.
Estos
serán aplicados a los abonados del sector residencial de baja, media y
alta tensión que consuman más de 500 kilovatios al mes; es decir que la
energía será distribuida en “horas Valle” que es de menor consumo y
“horas Pico”, siendo estas las de mayor consumo.
Se
prevé que en horas Pico, el costo por kilovatio varié entre 3.36
lempiras y 4.20, dependiendo del sector al que pertenezca el abonado; y
en las horas Valle, puede tener un costo entre 1.52 y 1.84 lempiras.
La
población ha venido rechazando las medidas que el gobierno de Honduras
ha tomado en relación a la distribución de energía eléctrica, tomando en
cuenta los múltiples proyectos de “energía limpia”, que parecieran no
existir al fin y al cabo.
Honduras: SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA BEB IDA Y SIMILARES “S T I B Y S” COMUNICADO DE PRENSA DEL STIBYS
* CERVECERIA HONDUREÑA CAMBIA SU SEXTO DUEÑO EN 100 AÑOS
* COCA COLA SE SEPARARÁ DE CERVECERIA HONDUREÑA
* EL CONFLICTO LABORAL ENTRE CERVECERIA Y STIBYS PASA A CONCILIACION
* GOBIERNO OBLIGADO A EXIGIR A LAS TRANSNACIONALES RESPETO A LA ESTABILIDAD LABORAL
Oficialmente el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares (STIBYS), fue comunicado a finales de 2016 de la venta de SABMiller (Sud Africana) dueña de Cervecería Hondureña, a AB InBev (belga-brasileña) quien, a partir de ahora tendrá el 58% del mercado mundial de la cerveza y las marcas más famosas.
En los últimos cien años la Cervecería ha tenido por dueños a seis transnacionales. En todos estos casos de sustitución de patrono por venta, el STIBYS ha hecho respetar la estabilidad laboral. Estos cambios de dueño han afectado, en muchos casos, el liderazgo de la Cervecería en el mercado.
Extra oficialmente la prensa informa que Coca Cola se separará de AB InBev en más de 17 países incluyendo Honduras, porque “En Latinoamérica AB InBev embotella bebidas de su archirrival Pepsi en mercados claves como Brasil, Argentina, Perú, Uruguay, Panamá y otros”. Y “en Centroamérica su subsidiaria AMBEV tiene como fuerte aliado a CBC que distribuye Pepsi en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua”.
Los trabajadores afiliados al STIBYS, en masivas Asambleas Generales en toda Honduras, RESOLVIERON que ante posibles intimidaciones de parte de AB InBev y Coca Cola para que los trabajadores acepten prestaciones, estos no lo hagan y no firmen nada que no haya sido previamente acordado con el sindicato quien defenderá la estabilidad laboral.
A ese atentado a la estabilidad laboral se suma el conflicto colectivo por:
1) 591 puestos de trabajo permanentes TERCERIZADOS;
2) NO QUERER APLICAR LA CONTRATACION COLECTIVA a más de 200 pre vendedores sindicalizados;
3) SALARIOS CONGELADOS POR MAS DE DOS AÑOS; y
4) EL NO QUERER PAGAR EL AUMENTO SALARIAL POR EL TIEMPO QUE HA TARDADO LA NEGOCIACION COLECTIVA.
El STIBYS URGE respetuosamente al Ministro del Trabajo integre la Junta de Conciliación para que conozca de estos casos.
El Gobierno de Honduras, ante estas transacciones hechas por las transnacionales a sus espaldas, debe exigirles respetar la estabilidad laboral en estos casos de sustitución de patrono, a fin que los contratos de trabajo incluyendo el contrato colectivo continúen vigentes como lo manda el Articulo 28 del Código del Trabajo.
San Pedro Sula 11 de enero 2016
JUNTA DIRECTIVA CENTRAL STIBYS
La MACCIH que Honduras necesita - 11 Enero 2017
Ante todo, la MACCIH que Honduras necesita es la que en este año 2017 se decide a tomar distancia real, y no sólo de palabra, del equipo de gobierno que preside Juan Orlando Hernández. Esto no significa que deja de tener relación, puesto que interactuar con el gobierno es parte esencial de su función. Pero esta condición no debía ser nunca razón para que tenga su propia autonomía e independencia frente a un gobierno que tiene la más alta cuota de responsabilidad en los hechos y las dinámicas de corrupción que a la MACCIH le toca investigar.
De igual manera, la MACCIH que Honduras necesita es la que sabe escuchar a los sectores defensores de DDHH y a las diversas organizaciones vinculadas con las víctimas de violaciones y de los actos de corrupción. La MACCIH deberá escuchar a las organizaciones que son estigmatizadas e incluso criminalizadas por defender sus bienes naturales o luchan por los bienes públicos privatizados. Y tras la escucha, identificar e investigar los contratos de explotación o concesiones establecidos entre el gobierno con sectores de la empresa privada nacionales o transnacionales.
La MACCIH que Honduras necesita es la que no se acomoda a una relación de contubernio con el Ministerio Público. Es cierto que el actual fiscal general del Estado ha contado con el respaldo y aval de la Embajada Americana, pero también es cierto que es de conocimiento público que este alto funcionario es extremadamente dócil al presidente Juan Orlando Hernández lo que deja en precario la credibilidad de sus funciones y decisiones. El Ministerio Público es experto en torcer investigaciones hasta lograr que las víctimas aparezcan como victimarias y los victimarios como blancas palomitas.
Esa ha sido nuestra experiencia ante la denuncia que presentamos luego de los atropellos de las que fueron víctimas nuestra compañera periodista Sandra Marybel Sánchez y la defensora de derechos humanos Karla Lara mientras participaban en la jornada pacífica en contra de los peajes que el gobierno concedió a la empresa COVI. El Ministerio Público actuó conforme a los intereses de la empresa dejando a las víctimas todavía en mayor indefensión que antes de sufrir los atropellos y violaciones a sus derechos humanos. Este es apenas un botón de muestra para advertir que la MACCIH que Honduras necesita es la que mantiene una relación de precaución e incluso de sospecha ante el Ministerio Público.
La MACCIH no tiene más que el camino de responder a los clamores de investigar e identificar a los responsables de la corrupción que brotaron de decenas de miles de gargantas que salieron a las calles por varios meses. Estos clamores están íntimamente unidos a la desconfianza hacia la actual administración pública. Y responder a ellos desde una clara distancia de los hilos de poder del actual gobierno es lo que muchos sectores en Honduras esperan de la MACCIH en este año 2017. O toma esta osada decisión o su paso por Honduras quedará como es progenitora: una OEA cualquiera.
ARGENTINA
Violenta represión contra trabajadores gráficos en Buenos Aires
La imprenta del grupo Clarín despidió a 380 trabajadores.
Fuerzas de choque avanzan contra los trabajadores frente a la imprenta propiedad del grupo Clarín. Foto: Central de Trabajadores Argentinos.
Fuerzas de la policía y la
gendarmeria argentinas reprimieron a los trabajadores de Artes Gráficas
Rioplatense (AGR), la imprenta mas grande del país, que protestaban
contra el cierre de la empresa, propiedad del grupo Clarín.
Señalan algunos medios, como La izquierda diario,
que se utilizaron palos, gases y balas de goma para desalojar el portón
de la fábrica. No obstante, los obreros habrían logrado recuperar el
portón y mantener la ocupación.
La planta, ubicada en el barrio porteño de
Pompeya, está ocupada por su personal luego de la decisión de sus
propietarios de cerrarla aduciendo una crisis. Allí se imprimen
publicaciones como la Revista Viva, Rumbos, Genios, Jardín, Cablevisión,
guías telefónicas, libros escolares y folletería.
Durante la ocupación de la planta se montó
en el exterior lo que los sindicatos consideran “un desproporcionado
aparato represivo de la policía federal, gendarmería y personal de
seguridad privada”.
Señala el matutino Página/ 12 que
la empresa justificó el cierre en la necesidad de “preservar la salud
financiera y la fuente laboral del resto del complejo industrial de
AGR”. Sostuvo que debe adoptar nuevas tecnologías de impresión y “hasta
responsabilizó a la comisión interna de trabajadores por haber agravado
la supuesta inviabilidad de la planta”.
17 de enero de 2017
Policía Federal reprime a los trabajadores de AGR-Clarín
La Policía Federal reprimió esta tarde con balas de goma y gases a los trabajadores de la imprenta AGR-Clarín, quienes se encuentran ocupando la planta ubicada en el barrio de Nueva Pompeya, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en defensa de sus puestos de trabajo, luego de que la patronal anunciara el cierre de la fábrica gráfica. Por ANRed / Imágenes y video: Prensa del Partido Obrero - Actualización 18.07: hay desplazamiento de más efectivos, y se visualizan camiones hidrantes frente a la gráfica. Trabajadores de Clarín en alerta ante refuerzo de operativo policial en la redacción del diario. AMPLIAREMOS.
Fuerzas Policiales, reprimen a los trabajadores de la gráfica Artes Gráficas Rioplatense del grupo Clarín, ubicada en el barrio de Pompeya. Los obreros se encuentran ocupando la planta en defensa de sus puestos de trabajo luego de que la patronal anunciara el cierre de la fábrica gráfica.
Desde la Comisión Interna de la Fábrica convocan a todas las organizaciones a concurrir a la planta en Corrales 1393, barrio porteño de Pompeya, para "rodear de solidaridad al conflicto".
"Que renuncie Triaca"
En una improvisada conferencia de prensa los trabajadores denunciaron la brutal represión: "Nos han tirado balazos de goma, y han reprimido con gases y agua caliente a nuestras familias por defender nuestros puestos de trabajo".
17 de enero de 2017
Represión a trabajadores de AGR-Clarín: solidaridad y repudio en las redes sociales
A contramano de la ausencia casi total en la cobertura de los medios hegemónicos, luego de la represión policial sufrida hoy por la tarde por los trabajadores de la gráfica AGR-Clarín, enseguida comenzaron a circular en redes sociales como Twitter y Facebook muestras de repudio y apoyo a los trabajadores, en un intento de quebrar el silencio y deninformación en torno al conflicto. Los principales hashtag con los que circulan esos mensajes son #NoAlCercoMediático y #YoApoyoALosObreros. Compartimos los primeros mensajes. Por ANRed / Imágenes: capturas de las redes.
Difundimos mensajes de apoyo y repudio, y comunicados:
El Grupo Clarín cerró la planta de AGR en Pompeya
Un cierre con 380 trabajadores despedidos
La empresa justificó el cierre en la necesidad de “preservar la salud financiera y la fuente laboral del resto del complejo industrial de AGR”. Sostuvo que debe adoptar nuevas tecnologías de impresión y hasta responsabilizó a la comisión interna de trabajadores por haber agravado la supuesta inviabilidad de la planta. Contra estos argumentos, los delegados señalaron que en el taller estaban “tapados de trabajo”.
Allí se imprimen las revistas Viva, Rumbos, Genios, Jardín, Cablevisión, además de manuales escolares y otras publicaciones. “No hay una situación de quiebra, sino una especulación de la empresa para lograr que esta planta deje de funcionar con trabajadores bajo convenio colectivo y precarizar el empleo”, aseguró Pablo Viñas, titular de la comisión interna.
“Echaron a trabajadores que tienen, en promedio, 20 años de antigüedad”, dijo a PáginaI12 Juan Litwiller, de la Federación Gráfica Bonaerense. El dirigente añadió que el de Pompeya “es un taller grande, que ha logrado un nivel salarial importante y mejores condiciones de trabajo. La empresa venía intentando flexibilizarlas; venía planteando modificar las vacaciones e implementar la multifunción. Había intentado un achique de 56 compañeros. Insistía en dejar de lado el convenio para implementar ‘reglas propias’”. Para el gremio, el objetivo del cierre es reemplazar a trabajadores bajo convenio y con antigüedad por otros nuevos, fuera de convenio y flexibilizados.
Los trabajadores mantenían una vigilia en el lugar desde antes de los despidos. Tras su confirmación, ayer por la mañana, algunos lograron ingresar al taller, donde permanecen, y otros quedaron del lado de afuera. Efectivos de la Policía Federal y la Gendarmería desplegaron un fuerte operativo alrededor del taller. También el edificio donde funciona la redacción de Clarín fue rodeado con patrulleros y camiones de Infantería. “Lo sucedido en el taller de Pompeya nos ha obligado a tomar algunas prevenciones que quizás les han causado alguna incomodidad”, señaló la gerencia de personal en una comunicación enviada a los trabajadores, que en una asamblea dieron su respaldo a los despedidos, para los que organizaron una colecta de alimentos.
A la planta de Pompeya ayer se acercaron delegaciones gremiales, legisladores y dirigentes políticos. Este mediodía habrá una audiencia de conciliación en el Ministerio de Trabajo. La Federación Gráfica hará un plenario de delegados y debatirá un paro por 24 horas en los talleres gráficos porteños y bonaerenses para el jueves.
Autor: Izquierda Revolucionaria - Hombre Nuevo
AGR
17 Enero 2017
Una lucha contra los despidos y la flexibilización
Los gráficos de AGR Clarín ocuparon la planta tras la noticia del despido de los 380 trabajadores. La respuesta de la patronal de Magnetto, con todo el apoyo del Estado, fue la presencia policial en distintas empresas del grupo. La Federación Gráfica Bonaerense convocó a un paro general para el Jueves. Una lucha testigo contra la flexibilización laboral.
Los trabajadores de Artes
Gráficas Rioplatenses, empresa perteneciente al Grupo Clarín, tomaron
la planta ubicada en Pompeya el lunes por la madrugada, luego de que se
conociera la maniobra empresarial para vaciar la empresa y despedir a
los 380 gráficos. Durante el fin de semana, los obreros sostuvieron una
vigilia que impidió a la patronal retirar las bobinas y maquinaria
importante.
La Federación Gráfica
Bonaerense lanzó un paro general del gremio para el jueves 18 de enero y
el plenario de delegados ratificó la medida. A su vez, se decidió que
ningún taller gráfico realizará trabajos procedentes de AGR. Durante la
vigilia el fin de semana y en un importante acto organizado por la
Comisión Interna de AGR el lunes 16 de enero por la tarde, numerosos
trabajadores del gremio, organizaciones obreras, sociales y políticas,
se hicieron presentes para solidarizarse con los trabajadores en lucha y
repudiar la presencia policial de la planta de Pompeya como de otras
empresas del Grupo Clarín, por ejemplo en la redacción periodística de
AGEA ubicada en la calle Tacuarí, lo que generó un rechazo generalizado
en todos los trabajadores de las empresas del multimedios.
El acto solidario del lunes fue abierto por el Secretario de
Organización de la Federación Gráfica Bonaerense, Mario Abraham, que
anunció la medida convocada para el jueves y sostuvo que el sindicato no
va a dejar pasar ningún despido.
Luego de dieciocho oradores, entre los cuales se destacaron los miembros
de las Comisiones Internas gráficas como Morvillo, La Nación o la
recuperada Donnelley- Madygraf así como las Comisiones Internas de
SiPreBA del Grupo Clarín (Canal 13 – TN y AGEA- Clarín) el acto fue
cerrado por el delegado de AGR y miembro de La Naranja Gráfica Pablo
Viñas, que trepado a las rejas desde el interior de la planta ocupada
reivindicó la lucha de sus compañeros, agradeció a todas las
organizaciones presentes y le dedicó un claro mensaje a Magnetto, "los
trabajadores tenemos el cuero duro. No nos vamos a dejar doblegar. Vamos
a luchar hasta que nos reincorporen a todos".
Cada lucha es un bastión contra la reforma laboral
La empresa del grupo Clarín, excusó su maniobra de vaciamiento
argumentando que el contexto del sector gráfico es crítico (como sucedió
con el cierre de empresas como Donnelley). Sin embargo en AGR hay
trabajo de sobra. En el acta donde explica los motivos del "achique",
ataca la organización gremial de los trabajadores por oponerse a
flexibilizar sus condiciones de trabajo y defender el convenio colectivo
del año `89. La empresa sin decirlo, reivindica el ataque que acaban de
sufrir los petroleros de Neuquen a su convenio colectivo a través de
las adendas que Guillermo Pereyra negoció con las petroleras y que el
gobierno de Macri tanto reivindica, o el acuerdo de características
similares que por estos días pretenden llevar adelante en el gremio
marítimo.
Éste es el modelo de las
patronales tanto extranjeras como locales: atacar las conquistas
históricas de la clase trabajadora con el pretexto de los avances
técnicos y el supuesto desfasaje temporal de aquellos convenios. En
realidad quieren volver al Siglo XIX, superexplotar a los trabajadores
para maximizar sus ganancias sin leyes laborales que nos defiendan.
Es importante el ejemplo que dieron los gráficos de AGR de tomar
inmediatamente la planta como primer paso, para enfrentar este ataque
feroz. Pero además de ese paso inicial, es
necesario darse una política unitaria. Si cada conflicto obrero de esta
naturaleza será una batalla del conjunto de la clase trabajadora contra
el ajuste, hay que tomarlo como tal y hacer partícipe en primer lugar a
las organizaciones obreras, del sector y del conjunto de la clase y no
segmentarlo de acuerdo a la acumulación político sindical o político
partidaria propia. Es por eso que es más importante que las acciones
(como el acto del lunes) sean acciones del gremio dirigido por la
Comisión Interna y no de la organización política que interviene en el
conflicto.
La convocatoria al paro general
La
Federación Gráfica Bonaerense,después de 30 años, convocó a un paro
general tal como lo exigieron por la mañana los trabajadores de AGR a
través de cánticos y en una reunión con los dirigentes que se acercaron a
la planta de Pompeya. El paro es una oportunidad no sólo para difundir y
extender el conflicto en el propio gremio sino para marcarle la cancha
al conjunto de los empresarios que miran como caso testigo la lucha que
se da en una patronal que cuenta con todo el apoyo del Estado macrista y
que no casualmente eligieron este contexto para llevar adelante el
golpe.
El sindicato del sector es
parte de la Corriente Federal y en su intervención el Secretario de
Organización cuestionó, correctamente, el rol de la CGT. Claro que ese
mismo rol tienen otros sindicatos enrolados en la misma corriente en los
conflictos de su gremio, como ocurre por ejemplo con el SAT SAID que
convoca a paros fantasmas que nunca se realizan porque el ministerio
dicta conciliaciones obligatorias a medida de los empresarios. Para el
sindicato gráfico que conduce Héctor Amichetti y su Corriente este
conflicto será una muestra de si están a la altura de las circunstancias
históricas o si su combatividad es sólo discursiva.
En
lo que respecta a las organizaciones de la izquierda y el movimiento
obrero combativo es necesario apelar a la unidad del conjunto de
organizaciones de la clase y para que el conflicto triunfe es central
que el sindicato se ponga a la cabeza. La unidad de acción en un
contexto como el actual no es una posibilidad sino una necesidad.
Otra vez, la Patagonia rebelde
por Osvaldo Bayer
La Haine - 17/01/2017 -: Argentina
A contramano de toda lógica humana, el capitalismo sigue arrasando a las comunidades originarias. [Vídeo]
Después de haber visto las imágenes de semejante brutalidad oficial
ejercida contra la comunidad mapuche en Chubut, ya no resulta exagerado
afirmar que se repite la historia, mientras van relanzando la Campaña
del Desierto. Y no, no sobredimensiono mis palabras, para nada. De
hecho, esta semana volvió a ejecutarse la misma política que aplicaba
Julio Argentino Roca: la mentira y la represión más cruel sobre aquellos
que consideran inferiores, aquellos que no consideran "argentinos",
aquellos que no ostentan el “mérito" de vivir en las tierras que
habitaron por siglos.
A contramano de toda lógica humana, el capitalismo sigue arrasando a las comunidades originarias, mediante un Estado manejado por gobiernos que responden incondicionalmente a sus intereses, que nunca son los intereses del pueblo. Y así, van pasando diversos funcionarios, uno tras otro, asumiendo el poder con retórica democrática, cuando en realidad sólo vienen a engordar el capital de los más ricos. Pues en este caso, la bolilla le cayó en todos los colores de Benetton, que llegó al país para desequilibrar todavía más la balanza de la igualdad, penetrando en la economía y la política nacional, a tal punto que las Fuerzas reprimen al servicio de su vergonzosa empresa.
Nuestros hermanos mapuches han sufrido tres violentas represiones en menos de dos días y nosotros tenemos la obligación de gritar frente a estos atropellos inadmisibles e inexplicables. O más bien, muy fácilmente explicable: lo que ocurrió en la Patagonia demuestra hasta dónde son capaces de llegar, Mauricio Macri y compañía. ¿Pero cómo contrarrestar esta ofensiva que parece no mermar? No hay otra opción más que salir a la calle a luchar por los derechos de nuestros pueblos que, sin duda, son el paradigma de la resistencia histórica argentina.
www.lapoderosa.org.ar
Allanamiento en Pu Lof en Resistencia del Depto Cushamen - Puel Mapu 10-01-2017 https://youtu.be/k263gTQSxRo
A contramano de toda lógica humana, el capitalismo sigue arrasando a las comunidades originarias, mediante un Estado manejado por gobiernos que responden incondicionalmente a sus intereses, que nunca son los intereses del pueblo. Y así, van pasando diversos funcionarios, uno tras otro, asumiendo el poder con retórica democrática, cuando en realidad sólo vienen a engordar el capital de los más ricos. Pues en este caso, la bolilla le cayó en todos los colores de Benetton, que llegó al país para desequilibrar todavía más la balanza de la igualdad, penetrando en la economía y la política nacional, a tal punto que las Fuerzas reprimen al servicio de su vergonzosa empresa.
Nuestros hermanos mapuches han sufrido tres violentas represiones en menos de dos días y nosotros tenemos la obligación de gritar frente a estos atropellos inadmisibles e inexplicables. O más bien, muy fácilmente explicable: lo que ocurrió en la Patagonia demuestra hasta dónde son capaces de llegar, Mauricio Macri y compañía. ¿Pero cómo contrarrestar esta ofensiva que parece no mermar? No hay otra opción más que salir a la calle a luchar por los derechos de nuestros pueblos que, sin duda, son el paradigma de la resistencia histórica argentina.
www.lapoderosa.org.ar
Allanamiento en Pu Lof en Resistencia del Depto Cushamen - Puel Mapu 10-01-2017 https://youtu.be/k263gTQSxRo
Videos
Represión a la Comunidad Lof Cushamen
https://youtu.be/OSsorxslPmk
Nueva y Brutal represion con balas de plomo a comunidad mapuche enfrentada con Benetton
https://youtu.be/lVcWdt-b4Ls
Entrevista a cacique mapuche excombatiente de Malvinas.
https://youtu.be/Z5xu4JQd7A0
Reprimen a comunidad mapuche en un intento de desalojo en Chubut, a pedido de Benetton
https://youtu.be/Gf4mWWbSlMI
Difusion Pu Lof en Resistencia Cushamen
https://youtu.be/a7ox3QpFUfg
URUGUAY
Miércoles 18 • Enero • 2017
Consternados, rabiosos
El silencio que acompañó la lectura del fallo por parte de la
presidenta de la Tercera Corte de Asís de Roma, Evelina Canale, siguió
luego de que la Corte se retiró. Ningún grito, muy pocas lágrimas. Una
rabia contenida, una indignación feroz, una incredulidad dolida
atravesaban las caras de los muchos uruguayos presentes. Mirtha Guianze,
palidísima, se esforzaba por hablar, pero las palabras casi no salían;
en voz bajísima dijo a la diaria que no comprendía la sentencia
y que esperaba que hubiera posibilidad de apelar: “Está absuelta la
mayor parte de los uruguayos que en Uruguay fueron condenados, y son
casos sobre los que teníamos muchísimas pruebas”, dijo. “No comprendo”,
fue lo único que pudo decir pocos segundos después de la lectura de la
sentencia. El vicepresidente Raúl Sendic, opaco, con la cara contraída,
quedó en medio de la gente de la embajada de Uruguay en Roma, igualmente
angustiada. No quiso dar declaraciones en los momentos sucesivos a la
sentencia y se encerró con el abogado de la República Oriental del
Uruguay, Fabio Maria Galiani, en una sala contigua, para acordar una
declaración para la numerosa prensa, italiana y extranjera, que se hizo
presente el último día del juicio. Los fiscales Giancarlo Capaldo y
Tiziana Cugini salieron del Aula mudos, sin hacer declaraciones.
Francesco Guzzo, abogado del ex marino prófugo en Italia Jorge Néstor
Tróccoli, guardaba las hojas del expediente dentro de su maletín,
visiblemente satisfecho: “Todavía no he hablado con mi asistido y,
claramente, estamos contentos”, dijo antes de salir.
De los 33 imputados durante el juicio del Plan Cóndor en Roma, de los cuales seis fallecieron en el curso del procedimiento, sólo ocho resultaron condenados: los chilenos Hernán Jerónimo Ramírez Ramírez y Rafael Ahumada Valderrama; los bolivianos Luis García Meza Tejada y Luis Arce Gómez; los peruanos Francisco Morales-Bermúdez Cerruti, Pedro Richter Prada y Germán Ruiz Figueroa; y el uruguayo Juan Carlos Blanco. Todos los otros, la mayor parte uruguayos, fueron absueltos. Y una vez más se precisa recordar los nombres de esas personas que la Justicia italiana declaró inocentes: los chilenos Pedro Octavio Espinoza Bravo, Daniel Aguirre Mora, Carlos Luco Astroza, Orlando Moreno Vásquez, Manuel Abraham Vásquez Chauan; el peruano Martín Martínez Garay y, finalmente, los uruguayos José Ricardo Arab Fernández, José Horacio Nino Gavazzo Pereira, Juan Carlos Larcebeau Aguirregaray, Pedro Antonio Mato Narbondo, Luis Alfredo Maurente Mata, Ricardo José Medina Blanco, Ernesto Avelino Ramas Pereira, José Sande Lima, Jorge Alberto Silveira Quesada, Ernesto Soca, Jorge Néstor Tróccoli Fernández, Gilberto Vázquez Bissio y Ricardo Eliseo Chávez Domínguez.
Aurora Meloni, esposa de Daniel Banfi, asesinado en Buenos Aires en 1974, agregaba a su emoción por la condena de Juan Carlos Blanco, condenado por la muerte de su esposo, el dolor y la incredulidad por las muchas absoluciones: “La condena de Blanco fue justa y era lo que esperábamos después de 42 años, no sólo por Daniel, sino porque con él perdieron la vida otras dos personas que están siempre presentes: Guillermo Jabif y Luis Latronica. Esta condena sirve mucho por mis hijas, que ahora tienen justicia, porque no tuvieron a su padre. Pero sobre la absolución de las otras personas estoy muy apenada y prefiero no hablar”.
Mientras la sala empezaba a vaciarse y los abogados intercambiaban opiniones y sacaban cuentas de condenados y absueltos, Cristina Mihura, que desde hace 40 años lucha para saber el paradero de Bernardo Arnone, su esposo, trataba de entender lo que había pasado y qué “faltas” podían explicar este resultado: “Me siento mal, me siento muy mal. Hemos luchado tanto, y ellos son culpables. Nosotros no pudimos llevar elementos suficientes para poder probar lo específico y las responsabilidades directas. Es como si la Corte hubiese reconocido la existencia del Plan Cóndor, y condenó sólo a los que tenían responsabilidades. Creo que tenemos elementos para apelar, y lo vamos a hacer. Estoy muy sorprendida por la decisión de la Corte”. Su abogado, Paolo Sodani, dijo que le parecía increíble que no se hubieran tomado en cuenta las muchísimas pruebas que había en contra de Gavazzo y Arab.
Era tan fuerte y visible el dolor y el desaliento de los uruguayos presentes -en su mayoría, familiares y amigos de las víctimas, que viajaron a Roma en algunos casos desde muy lejos- que los chilenos, que obtuvieron justicia, no lograban festejar. María Paz Venturelli -hija de Omar, desaparecido en 1973-, quien tuvo que enfrentar hace seis años la absolución de Alfonso Podlech del homicidio de su padre, logró que fuera reconocida la culpabilidad de Ramírez Ramírez, uno de los seis imputados en ese juicio por la muerte de Venturelli: “Estoy contenta porque por lo menos a uno lo condenaron. Ramírez Ramírez era el general de la provincia de Cautín. Lo que pasó hoy es que reconocieron la responsabilidad de los jefes en la cadena de mando. Los demás que estaban imputados para mi caso son unos carniceros que están vivos y libres y no los condenaron porque no hay la relación directa en la jerarquía. Para mi caso, es la primera condena. Algo es algo. Todavía falta”.
Los policías del tribunal empezaron a pedir con fuerza que la gente saliera del Aula, y el aire helado de Roma golpeó a los grupos de personas que se iban tristemente. Al pasillo abierto entre las dos aulas salió para dar su declaración el vicepresidente de Uruguay, Sendic: “El Estado uruguayo estuvo al lado de los familiares y las víctimas. Las violaciones a los derechos humanos coordinadas entre los gobiernos represivos han sido demostradas en distintos tribunales y juicios. En relación a la sentencia de hoy, es evidente que esperábamos otra cosa y que nos sentimos defraudados, pero respetamos la separación entre poderes. Esta era una posibilidad y sabíamos que podía ocurrir. Yo no juzgo al tribunal por esta sentencia; soy el vicepresidente de Uruguay y tengo responsabilidades institucionales. Nos queda la tranquilidad de haber hecho todo lo que teníamos que hacer: haber presentado pruebas y testimonios, haber apoyado a los familiares. Entiendo el dolor de los familiares, un dolor acumulado a lo largo de los años. Conozco la situación porque me tocó vivirla de cerca, por lo tanto entiendo la indignación”. A mitad de su declaración, Sendic fue interrumpido por María Victoria Moyano, hija de María Asunción Artigas y Freddy Moyano, que cuestionó la política de derechos humanos del Estado uruguayo y soltó toda su rabia y su decepción: “Tengo todo el derecho a cuestionar al gobierno de Uruguay. Estamos acá porque en Uruguay los juicios no existen. Me declararon ciudadana ilustre por ser hija de desaparecidos y lo más perverso es que en Uruguay no puedo iniciar un juicio a los asesinos de mis padres, porque hay ley de impunidad. Es una vergüenza”.
Los abogados recuperaron sus togas, armaron sus maletas y empezaron a salir, casi todos con la mismas explicaciones ante una sentencia de este tipo: “No fue probada la responsabilidad respecto a hechos específicos, mientras que sí se condenaron las posiciones apicales, porque se reconoció la existencia del Plan Cóndor”, dijo Alessia Liistro, que llevó las causas de Stamponi (Argentina) y Gómez Rosano (Uruguay), mientras que Arturo Salerni, que representaba los casos de Recagno, Bellizzi, Río Casas, Moyano (Uruguay), Montiglio y AFDD (Chile), Stamponi, Campiglia (Argentina) y ASOFAMD (Bolivia), expresó su sorpresa por la falta de condena para Tróccoli: “En su caso había muchas pruebas y, encima, además, una autorreivindicación de los hechos. Espero que la Fiscalía decida apelar; nosotros vamos a acompañar”.
El abogado Galiani, que representó a la República Oriental del Uruguay y a la parte civil Soledad Dossetti, mostró, al salir del Tribunal, toda su indignación con una sentencia que consideró injusta: “En estos nueve años hicimos de todo para contribuir en este juicio, y nuestra contribución fue decisiva. La del Estado uruguayo no fue una participación formal; hemos llevado pruebas y hechos. La sentencia es fruto de una gestión del juicio que no fue eficaz. Varias veces la presidenta de la Corte lo dijo, e invitó a la Fiscalía a retomar el hilo del juicio y a llevar pruebas. En toda mi experiencia nunca vi en Italia una absolución frente a un compendio probatorio como este. Con el vicepresidente acordamos tomar un poco más de tiempo para reflexionar y no tomar decisiones temerarias”. Interrogado por la diaria sobre la polémica que surgió durante el juicio con la ex fiscal uruguaya Guianze, Galiani dijo que no habló con ella. Relató, en cambio, que, aunque todavía no haya hablado con Dossetti, cree que apelarán en contra de Tróccoli.
Cuando ya casi todos se habían ido, Moyano, su tío Dardo y otros pocos seguían en las afueras del Tribunal, entre el estacionamiento y la carretera. Ya la noche había caído en Roma, y ella clavó sus ojos negros en los de los presentes y contó su verdad y su lucha: “Me parece que la sentencia no muestra la realidad. Nadie puede decir que esto no existió. Yo nací en un centro clandestino, y decir que Tróccoli no es responsable porque no fue él directamente el que apretó el gatillo es absurdo. Me voy completamente indignada de que se fortalezca ese personaje. Uruguay tiene un problema importante por la vigencia de las leyes de impunidad. Esto no termina acá, vamos a seguir adelante mientras nuestros padres no tengan justicia y nuestros hermanos no recuperen su identidad. La indignación no se convierte en derrota. Me voy más fortalecida”.
De los 33 imputados durante el juicio del Plan Cóndor en Roma, de los cuales seis fallecieron en el curso del procedimiento, sólo ocho resultaron condenados: los chilenos Hernán Jerónimo Ramírez Ramírez y Rafael Ahumada Valderrama; los bolivianos Luis García Meza Tejada y Luis Arce Gómez; los peruanos Francisco Morales-Bermúdez Cerruti, Pedro Richter Prada y Germán Ruiz Figueroa; y el uruguayo Juan Carlos Blanco. Todos los otros, la mayor parte uruguayos, fueron absueltos. Y una vez más se precisa recordar los nombres de esas personas que la Justicia italiana declaró inocentes: los chilenos Pedro Octavio Espinoza Bravo, Daniel Aguirre Mora, Carlos Luco Astroza, Orlando Moreno Vásquez, Manuel Abraham Vásquez Chauan; el peruano Martín Martínez Garay y, finalmente, los uruguayos José Ricardo Arab Fernández, José Horacio Nino Gavazzo Pereira, Juan Carlos Larcebeau Aguirregaray, Pedro Antonio Mato Narbondo, Luis Alfredo Maurente Mata, Ricardo José Medina Blanco, Ernesto Avelino Ramas Pereira, José Sande Lima, Jorge Alberto Silveira Quesada, Ernesto Soca, Jorge Néstor Tróccoli Fernández, Gilberto Vázquez Bissio y Ricardo Eliseo Chávez Domínguez.
Aurora Meloni, esposa de Daniel Banfi, asesinado en Buenos Aires en 1974, agregaba a su emoción por la condena de Juan Carlos Blanco, condenado por la muerte de su esposo, el dolor y la incredulidad por las muchas absoluciones: “La condena de Blanco fue justa y era lo que esperábamos después de 42 años, no sólo por Daniel, sino porque con él perdieron la vida otras dos personas que están siempre presentes: Guillermo Jabif y Luis Latronica. Esta condena sirve mucho por mis hijas, que ahora tienen justicia, porque no tuvieron a su padre. Pero sobre la absolución de las otras personas estoy muy apenada y prefiero no hablar”.
Mientras la sala empezaba a vaciarse y los abogados intercambiaban opiniones y sacaban cuentas de condenados y absueltos, Cristina Mihura, que desde hace 40 años lucha para saber el paradero de Bernardo Arnone, su esposo, trataba de entender lo que había pasado y qué “faltas” podían explicar este resultado: “Me siento mal, me siento muy mal. Hemos luchado tanto, y ellos son culpables. Nosotros no pudimos llevar elementos suficientes para poder probar lo específico y las responsabilidades directas. Es como si la Corte hubiese reconocido la existencia del Plan Cóndor, y condenó sólo a los que tenían responsabilidades. Creo que tenemos elementos para apelar, y lo vamos a hacer. Estoy muy sorprendida por la decisión de la Corte”. Su abogado, Paolo Sodani, dijo que le parecía increíble que no se hubieran tomado en cuenta las muchísimas pruebas que había en contra de Gavazzo y Arab.
Era tan fuerte y visible el dolor y el desaliento de los uruguayos presentes -en su mayoría, familiares y amigos de las víctimas, que viajaron a Roma en algunos casos desde muy lejos- que los chilenos, que obtuvieron justicia, no lograban festejar. María Paz Venturelli -hija de Omar, desaparecido en 1973-, quien tuvo que enfrentar hace seis años la absolución de Alfonso Podlech del homicidio de su padre, logró que fuera reconocida la culpabilidad de Ramírez Ramírez, uno de los seis imputados en ese juicio por la muerte de Venturelli: “Estoy contenta porque por lo menos a uno lo condenaron. Ramírez Ramírez era el general de la provincia de Cautín. Lo que pasó hoy es que reconocieron la responsabilidad de los jefes en la cadena de mando. Los demás que estaban imputados para mi caso son unos carniceros que están vivos y libres y no los condenaron porque no hay la relación directa en la jerarquía. Para mi caso, es la primera condena. Algo es algo. Todavía falta”.
Los policías del tribunal empezaron a pedir con fuerza que la gente saliera del Aula, y el aire helado de Roma golpeó a los grupos de personas que se iban tristemente. Al pasillo abierto entre las dos aulas salió para dar su declaración el vicepresidente de Uruguay, Sendic: “El Estado uruguayo estuvo al lado de los familiares y las víctimas. Las violaciones a los derechos humanos coordinadas entre los gobiernos represivos han sido demostradas en distintos tribunales y juicios. En relación a la sentencia de hoy, es evidente que esperábamos otra cosa y que nos sentimos defraudados, pero respetamos la separación entre poderes. Esta era una posibilidad y sabíamos que podía ocurrir. Yo no juzgo al tribunal por esta sentencia; soy el vicepresidente de Uruguay y tengo responsabilidades institucionales. Nos queda la tranquilidad de haber hecho todo lo que teníamos que hacer: haber presentado pruebas y testimonios, haber apoyado a los familiares. Entiendo el dolor de los familiares, un dolor acumulado a lo largo de los años. Conozco la situación porque me tocó vivirla de cerca, por lo tanto entiendo la indignación”. A mitad de su declaración, Sendic fue interrumpido por María Victoria Moyano, hija de María Asunción Artigas y Freddy Moyano, que cuestionó la política de derechos humanos del Estado uruguayo y soltó toda su rabia y su decepción: “Tengo todo el derecho a cuestionar al gobierno de Uruguay. Estamos acá porque en Uruguay los juicios no existen. Me declararon ciudadana ilustre por ser hija de desaparecidos y lo más perverso es que en Uruguay no puedo iniciar un juicio a los asesinos de mis padres, porque hay ley de impunidad. Es una vergüenza”.
Los abogados recuperaron sus togas, armaron sus maletas y empezaron a salir, casi todos con la mismas explicaciones ante una sentencia de este tipo: “No fue probada la responsabilidad respecto a hechos específicos, mientras que sí se condenaron las posiciones apicales, porque se reconoció la existencia del Plan Cóndor”, dijo Alessia Liistro, que llevó las causas de Stamponi (Argentina) y Gómez Rosano (Uruguay), mientras que Arturo Salerni, que representaba los casos de Recagno, Bellizzi, Río Casas, Moyano (Uruguay), Montiglio y AFDD (Chile), Stamponi, Campiglia (Argentina) y ASOFAMD (Bolivia), expresó su sorpresa por la falta de condena para Tróccoli: “En su caso había muchas pruebas y, encima, además, una autorreivindicación de los hechos. Espero que la Fiscalía decida apelar; nosotros vamos a acompañar”.
El abogado Galiani, que representó a la República Oriental del Uruguay y a la parte civil Soledad Dossetti, mostró, al salir del Tribunal, toda su indignación con una sentencia que consideró injusta: “En estos nueve años hicimos de todo para contribuir en este juicio, y nuestra contribución fue decisiva. La del Estado uruguayo no fue una participación formal; hemos llevado pruebas y hechos. La sentencia es fruto de una gestión del juicio que no fue eficaz. Varias veces la presidenta de la Corte lo dijo, e invitó a la Fiscalía a retomar el hilo del juicio y a llevar pruebas. En toda mi experiencia nunca vi en Italia una absolución frente a un compendio probatorio como este. Con el vicepresidente acordamos tomar un poco más de tiempo para reflexionar y no tomar decisiones temerarias”. Interrogado por la diaria sobre la polémica que surgió durante el juicio con la ex fiscal uruguaya Guianze, Galiani dijo que no habló con ella. Relató, en cambio, que, aunque todavía no haya hablado con Dossetti, cree que apelarán en contra de Tróccoli.
Cuando ya casi todos se habían ido, Moyano, su tío Dardo y otros pocos seguían en las afueras del Tribunal, entre el estacionamiento y la carretera. Ya la noche había caído en Roma, y ella clavó sus ojos negros en los de los presentes y contó su verdad y su lucha: “Me parece que la sentencia no muestra la realidad. Nadie puede decir que esto no existió. Yo nací en un centro clandestino, y decir que Tróccoli no es responsable porque no fue él directamente el que apretó el gatillo es absurdo. Me voy completamente indignada de que se fortalezca ese personaje. Uruguay tiene un problema importante por la vigencia de las leyes de impunidad. Esto no termina acá, vamos a seguir adelante mientras nuestros padres no tengan justicia y nuestros hermanos no recuperen su identidad. La indignación no se convierte en derrota. Me voy más fortalecida”.
Asociación de Familiares dice que el fallo de Roma es difícil de entender
“Hay tristeza. Queda una tristeza que no hay caso. Estamos a veces negativos con este asunto porque estamos esperando que la Justicia aparezca.
Pienso que las presiones existen en todas las áreas de las vidas de los países. Hasta los gobernantes más poderosos han sufrido presiones.
Hacer todo ese barullo para decir que son inocentes… porque si no los llevan presos, son inocentes. Las lecturas son bien sencillas. Algo raro tiene que haber pasado”.
Guianze: “Esto va a ser objeto de apelación”
El único procesado de la causa que se tramitó en Roma es el excanciller de la dictadura uruguaya Juan Carlos Blanco, a quien condenaron a cadena perpetua.
La ex fiscal Mirtha Guianze, integrante del directorio de la Institución Nacional de Derechos Humanos, criticó el fallo y anunció que apelará.
“Es una sorpresa, no esperábamos este resultado. Ha sido condenado a cadena perpetua Juan Carlos Blanco por los mismos delitos que imputaban a los demás, por desaparición forzada y muerte de uruguayos y fueron absueltos por no encontrarse culpables del delito de homcidio, está prescripto el delito de secuestro de personas. No tiene fundamentos, esto va a ser objeto de apelación. Queremos conocer los fundamentos del fallo que se van a dar a conocer dentro de un mes” expresó Guianze a Telemundo (La Tele).
Excanciller Blanco fue el único condenado a cadena perpetua
Plan Cóndor: fallo absolutorio genera fuerte rechazo en Uruguay
Organizaciones como la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos adelantaron su disposición a apelar el polémico fallo.
Tras nueve años de juicio, el Tribunal condenó ayer a cadena perpetua a 8 de los 27 imputados inicialmente por la muerte de una veintena de ítalo-latinoamericanos en el marco del Plan Cóndor, incluido Blanco y siete militares de Bolivia, Chile y Perú.
Además de Blanco, purgarán condena por el resto de sus días, los chilenos Hernán Jerónimo Ramírez y Rafael Ahumada Valderrama, los bolivianos Luis García Meza y Luis Arce Gómez y los peruanos Francisco Morales Bermúdez (expresidente), Pedro Richter Prada y Germán Ruiz Figueroa.
En la derivación más polémica del juicio en Roma, el Tribunal absolvió a los militares uruguayos José Ricardo Arab Fernández, Nino José Horacio Gavazzo, Juan Carlos Larcebeau, Pedro Antonio Mato Narbondo, Luis Alfredo Maurente, Ernesto Avelino Ramas Pereira, José Sande Lima, Jorge Alberto Silveira, Ernesto Soca, Jorge Néstor Tróccoli, Gilberto Vázquez Bissio y Ricardo Eliseo Chávez (ya lo había hecho antes) y al expolicía Ricardo José Medina Blanco.
Tomó la misma decisión respecto de los chilenos Pedro Octavio Espinoza Bravo, Daniel Aguirre Mora, Carlos Luco Astroza, Orlando Moreno Vásquez y Manuel Abraham Vásquez Chauan, así como respecto al peruano Martín Martínez Garay. La Fiscalía de Roma había pedido en octubre la cadena perpetua para todos ellos (excepto para el uruguayo Chávez).
Rechazo en Uruguay
Organizaciones de derechos humanos, como Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos se reunirán con los demandantes y abogados para estudiar la posible apelación al fallo que absolvió a 13 de los 14 uruguayos acusados de participar del Plan Cóndor. Solamente el canciller de la dictadura, Juan Carlos Blanco, fue condenado a cadena perpetua. Para conocer los fundamentos de la sentencia habrá que esperar unos 30 días. La Asociación de Familiares de Desaparecidos no ocultó su desazón con el fallo.
“Ahora, estamos esperando una reunión con la gente que fue a Roma y los abogados para ver como sigue esto y evaluar jurídicamente la situación”, dijo a LA REPÚBLICA, Nilo Patiño, vocero de Familiares. Agregó que “esto no borra los crímenes cometidos, aunque para nosotros es como un tropezón, como muchos de los que tuvimos, pero vamos a seguir.
Hay que recordar que el juicio de Roma se empieza por el tema de Tróccoli, que no fue enjuiciado en Uruguay, una cosa que se la debemos al embajador Abin que presentó tarde el pedido de extradición. Tróccoli era más del 90% de lo que importaba porque el resto ya está condenado en Uruguay. Este caso, era más bien un efecto simbólico, además fue algo que se trabajó durante mucho tiempo, fueron nueve años con mucho esfuerzo, pero vamos a seguir”, subrayó Patiño.
“Hay mucha desazón porque el dictamen no colma las expectativas, por lo tanto está ese sentimiento de angustia, pero a su vez la idea de que es posible apelar el fallo y revertir el resultado adverso está.
Además la convicción de que la lucha por verdad y justicia seguirá y que los responsables seguirán siendo objeto de seguimiento penal para que se haga justicia”, dijo por su parte a LA REPÚBLICA, Felipe Michelini, coordinador del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia. Sobre el caso particular de Tróccoli que está libre en Italia, Michelini dijo que “El caso de Tróccoli amerita un estudio particular pero hay que esperar los fundamentos de la sentencia”, indicó.
El vicepresidente Raúl Sendic, que viajó a Roma en representación del Estado uruguayo, parte querellante en el juicio al igual que el Frente Amplio, expresó su sorpresa por la absolución de Tróccoli y los otros militares uruguayos, y dijo que en las próximas horas evaluarán con los Familiares de Detenidos y Desaparecidos los pasos a seguir. Sendic dijo que se sintieron defraudados ante la decisión del Tribunal y que se coordinará con los familiares los pasos a seguir.
El vicepresidente afirmó que siente la “tranquilidad de que el Estado uruguayo dio los pasos necesarios”, pero se expresó “defraudado por la decisión”. Asimismo aclaró que no está en condiciones de juzgar los elementos que evaluó el Tribunal porque “no tengo juicios sobre qué evaluación hizo el Tribunal”.
“Vamos a seguir trabajando para asegurar el conocimiento de la verdad y la búsqueda de la justicia”, dijo el vicepresidente. Sendic aseguró que si bien se aguardaba un pronunciamiento diferente por parte del tribunal su decisión no es cuestionable. “Estamos defraudados por el pronunciamiento pero no estamos en condiciones, ni es nuestra voluntad, cuestionar o criticar al tribunal, porque tendrá sus elementos, sus motivos, para haber llegado a esta conclusión”, dijo.
Para el vicepresidente, la Justicia italiana “usó un criterio piramidal donde condenó a cadena perpetua a los principales jefes pero absolvió a los brazos ejecutores en el caso de Uruguay, Bolivia y Chile”. Recordó que el Estado uruguayo, conjuntamente con el italiano, se presentó como parte civil demandante contra un grupo de militares de varios países acusados de violaciones a los derechos humanos.
No influye para militares procesados en Uruguay
Por su parte, la directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), la exfiscal Mirtha Guianze, quien también viajó a Roma a asistir a la lectura del fallo, dijo no entender los argumentos de la Justicia para absolver a Tróccoli y a los otros militares. Sobre la absolución de Jorge Tróccoli manifestó que si bien fue absuelto, “sigue en el proceso ya que hay instancias de apelación”, En cuanto a la situación procesal de los militares uruguayos en Uruguay, no influye para nada”, señaló.
“No esperábamos este resultado porque es incomprensible”, señaló. La exfiscal dijo que el excanciller Juan Carlos Blanco, único condenado a cadena perpetua, fue condenado “por el mismo delito que se imputaba a los demás”.
Consultada por Radio Uruguay apenas conocido el fallo, Guianze señaló que algunos de los imputados de otros países que había en la causa fueron condenados este martes sin que hubiera “prueba tan abundante” como la que había contra los uruguayos. “Ha sido condenado a cadena perpetua Juan Carlos Blanco por los mismos delitos que imputaban a los demás, por desaparición forzada y muerte de uruguayos y fueron absueltos por no encontrarse culpables del delito de homicidio, está prescripto el delito de secuestro de personas.
No tiene fundamentos, esto va a ser objeto de apelación. Queremos conocer los fundamentos del fallo que se van a dar a conocer dentro de un mes”, apuntó la exfiscal. “En Italia no prescribe el delito de homicidio”, dijo Guianze y agregó que la Justicia italiana dictó el fallo sobre los militares involucrados en el Plan Cóndor señalando responsable a Juan Carlos Blanco pero “no se le imputó homicidios a otros”.
Según su interpretación, el Tribunal entendió que los demás militares acusados, entre ellos varios uruguayos, serían responsables del delito de secuestro, pero esto prescribió.
“¿Qué podía hacer una persona que tenía a su cargo un detenido; necesitaba una orden?”, se preguntó Guianze. “Acá sabemos cómo se procedía y sabemos cómo se procedía en todo el Plan Cóndor”, agregó.
En tanto el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda escribió en las redes sociales: “Ninguna sentencia puede negar el pasado. La lucha continúa”.
La condena a 27 personas y la absolución a Tróccoli
La Operación Cóndor fue ideada por el general chileno y dictador Augusto Pinochet que coordinó la represión en las décadas de 1970 y 1980 de los regímenes dictatoriales de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.
Ayer la III Corte Penal del Tribunal de Roma absolvió a los 13 de los 14 uruguayos para los que la fiscalía de Roma había pedido cadena perpetua por su presunta participación en el Plan Cóndor. En total la fiscalía Italiana imputó a 27 uniformados uruguayos, chilenos, bolivianos y peruanos, acusados de asesinar y de desaparecer a 42 jóvenes, entre ellos 20 italianos. Entre los imputados hay dos de nacionalidad boliviana, siete chilenos, cuatro peruanos y 14 uruguayos.
Los uruguayos son Gregorio Álvarez, quien murió el pasado 28 de diciembre, José Arab, Juan Carlos Blanco, José “Nino” Gavazzo, Juan Carlos Larcebeay, Pedro Mato, Luis Alfredo Maurente, Ricardo Medina, Ernesto Ramas, José Lima, Jorge Silveira Quesada, Ernesto Soca y Gilberto Vázquez.
Juan Carlos Blanco de 82 años, ministro de Relaciones Exteriores entre 1972 y 1976, cumple una pena en Uruguay por los asesinatos de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, del matrimonio de refugiados políticos, exmilitantes del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros Rosario Barredo y William Whitelaw, y del asesinato y posterior desaparición de la maestra Elena Quinteros, fue el único uruguayo condenado a cadena perpetua.
El exmarino Jorge Tróccoli fue el único de los imputados que se apersonó en el juicio donde fue finalmente absuelto. El exmilitar está en libertad en Italia desde 2007, cuando se escapó de la Justicia uruguaya que quería su extradición. El otro militar que está en libertad es Mato.
La situación de Tróccoli y “la política de desaparición”
Tróccoli no estuvo en la instancia judicial pero sí lo hizo su abogado, Alfonso Domingo Scarano, que en declaraciones a la prensa celebró el fallo pero aseguró que lo esperaban, pues la Fiscalía, a su juicio, “no ha aportado ninguna prueba que demuestra” su culpabilidad.
Tróccoli fue miembro de los servicios de inteligencia S2 del Fusna, el cuerpo de fusileros navales, durante la dictadura. Su defensa no niega que haya estado en operativos, pero alega “obediencia debida” ya que “no podía hacer nada frente a las decisiones de sus superiores”.
Sin embargo, la justicia tiene en cuenta lo que el mismo Tróccoli contó en su libro, “La ira de Leviatán”, una tesis escrita por el marino en 1998 para la licenciatura en Antropología.
Tróccoli llama a las desapariciones y asesinatos de lesa humanidad como “una política de desaparición en acuerdo con la orden del Ejecutivo Argentino de aniquilar la guerrilla”. Ahora Tróccoli tiene la nacionalidad italiana desde 2002 y en la actualidad reside en Marina di Camerota, una pequeña localidad de la provincia de Salerno, en el sur de Italia. La Justicia uruguaya trató de juzgarle en 2007, pero entonces ya había fugado del país hacia Italia.
Ese año la Fiscalía de Roma emitió 146 órdenes de arresto entre ellos para Tróccoli, acusado del asesinato de italianos latinoamericanos en el marco del Plan Cóndor. En diciembre de 2007 ingresó en una prisión italiana como medida preventiva, hasta que dos meses después, en febrero de 2008, un Tribunal de Roma dictaminó su excarcelación al no ver pruebas suficientes para proseguir con el encarcelamiento.
Amparándose en el derecho internacional, Italia no le extraditó, aunque no impidió el juicio por el asesinado de varios italianos latinoamericanos y por el de una veintena de uruguayos.
Victoria Moyano: fallo “vergonzoso”
Victoria Moyano, hija de dos uruguayos desaparecidos, se mostró indignada con el fallo de la justicia al que calificó de “vergonzoso”. Presente en Roma en el momento de la lectura de la sentencia, la joven descargó su malestar una vez concluida la audiencia. En diálogo con los medios, recordó que nació hace 39 años en cautiverio, en el centro clandestino de detención conocido como El Pozo de Banfield (Buenos Aires) y que sus padres siguen desaparecidos.
Victoria es hija de María Asunción Artigas y Alfredo Moyano, que eran militantes relacionados con los Grupos de Acción Unificadora (GAU) y refugiados políticos en la República Argentina. Ambos fueron secuestrados en 1977 y desaparecidos en 1978. Los operativos contra los militantes del GAU exiliados en Argentina eran llevados a cabo por Fusileros Navales (Fusna) de la marina uruguaya y de la ESMA (de la Marina argentina) y que finalizaron con la desaparición de la mayoría de sus integrantes, luego de su traslado clandestino hacia Uruguay.
“Me voy completamente indignada. Mis padres están desaparecidos. Yo nací en un centro clandestino, tengo 39 años y Tróccoli va a salir libre. Yo no sé dónde están mis padres. Esto es una vergüenza. Quiero repetir que veníamos a buscar condena porque en Uruguay no hay condena a los genocidas. Nos vamos como vinimos”, afirmó. Moyano planteó que si quieren pruebas “yo soy una prueba viviente” y “mis padres están desaparecidos”.
“Este señor (en relación a Tróccoli) era parte del sistema represivo. No puede ser que nos vayamos así. Voy a seguir peleando como lo hago desde que encontré mi identidad; tengo 39 años (pero) hay jóvenes que como yo hasta el día de hoy no tienen identidad como me pasó a mí; voy a seguir denunciando y luchando como lo hemos hecho todos estos años”, afirmó.
Moyano había declarado en esta causa como testigo y querellante, al igual que otros familiares de desaparecidos, denunciando un plan sistemático de robo de bebés nacidos en la clandestinidad. También mencionó cómo las fuerzas uruguayas en coordinación con las argentinas visitaban los centros clandestinos donde había detenidos uruguayos, habiendo testigos que pueden ratificar estos hechos.
Actos de justicia póstuma
Dos desaparecidos argentinos con doble nacionalidad italiana, Horacio Campiglia y Lorenzo Ismael Viñas, obtuvieron un postrer acto de justicia al condenar a cadena perpetua un tribunal italiano a seis militares (dos bolivianos y cuatro peruanos) considerados responsables de sus asesinatos en el marco del juicio por el Plan Cóndor en Roma. Ambos habían sido detenidos en Brasil.
La condena comprendió al ex presidente boliviano Luis García Meza y su ministro del Interior, Luis Arce Gómez. Los peruanos enviados a prisión por vida fueron Martín Martínez Garay, Francisco Morales Bermúdez, Pedro Richter Prada y Germán Ruiz Figueroa.
Otro argentino, Luis Stamponi, y su madre lograron una justicia póstuma. En sus casos, el acusado era precisamente el excanciller uruguayo Juan Carlos Blanco. Stamponi, compañero del Che, había sido atrapado en Bolivia y trasladado a Buenos Aires, a la cárcel clandestina Automotores Orletti.
Los otros dos ítalo-argentinos en la lista de desaparecidos en este proceso son Alejandro Logoluso y Dora Landi, que habían sido secuestrados en Paraguay. No hubo condenas en estos casos porque sus verdugos murieron de muerte natural.
