Reflexiones desde el CPTRT en ocasión del día internacional en apoyo a las víctimas de la tortura...
voselsoberano.com | Miércoles 22 de Junio de 2011
Reflexiones desde el CPTRT en ocasión del día internacional en apoyo a las víctimas de la tortura 26 junio 2011
“El SPT recibió el testimonio escrito de una mujer de 26 años, embarazada, detenida por policías del Comando de Operaciones Especiales “Cobras” en su domicilio de San Pedro Sula el 29 de julio de 2009, junto con otra mujer y siete varones. Mientras eran trasladados a la cuarta estación ubicada en el Barrio La Guardia, en el recinto de la DNIC, los policías aplicaban cigarrillos encendidos en las plantas de los pies, las manos y las orejas de los varones. Ya en la estación de policía, los varones fueron golpeados mientras yacía boca abajo en el suelo y continuaban aplicándoles cigarrillos encendidos. Uno de ellos recibió toques eléctricos en el vientre, orejas y lengua. Al día siguiente, en la audiencia ante el juez, la defensora pública pidió que uno de los varones fuera examinado por Medicina Forense porque estaba sangrando. A los demás detenidos no les preguntó si habían sido objeto de malos tratos.”
El 26 de junio se conmemora el día internacional en apoyo a las víctimas de la tortura y sus familiares, por lo que el CPTRT[1] realiza durante la semana del 20 al 26 una serie de actividades para concientizar sobre el tema, y para denunciar que a partir del golpe de Estado de 2009 los casos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes han venido empeorando en el país, particularmente en la región del Aguan.
Entre el 2007 y el primer semestre de 2009, CPTRT había atendido un promedio mensual de 2.5 casos de tortura. Esta cifra se elevó a 118.75 casos mensuales desde el golpe de Estado en la cantidad de casos de tortura y TCID (tratos crueles, inhumanos y degradantes) atendidos por la institución.
Víctimas atendidas enero 2010 a junio 2011 | Cantidad |
Mujeres menores 18 años | 12 |
Mujeres 18 a 60 años | 41 |
Hombres menores 18 años | 28 |
Hombres mayores 18 años | 92 |
Total | 173 |
Si en 2009 se argumentaba que existía un “estado excepcional” para explicar (nunca justificar) la tortura, la tendencia alta de los casos en 2010 y 2011 revela que esta práctica existe en Honduras debido a la debilidad y el resquebrajamiento institucional de la pobre institucionalidad democrática del país como el hecho que las fuerzas de seguridad del Estado han recuperado la práctica masiva de la tortura y TCID como herramienta fundamental de su doctrina.
En 2009 se dieron cientos de casos a partir del 28 de junio, con algunos puntos particulares en el tiempo (septiembre, noviembre) en los que se intensificaron. Durante las elecciones, por ejemplo el espíritu democrático del momento incluyó: allanamientos ilegales, Hostigamientos y atentados contra la integridad psíquica y moral, militarización de comunidades enteras (Zacate Grande en el sur, Guadalupe Carney en Trujillo), Asesinatos, Detenciones ilegales, Violaciones al derecho de locomoción. Violación al derecho de libre expresión.
Sin embargo la práctica de la tortura en Honduras no es una respuesta coyuntural de pánico de algunos agentes del Estado ante una situación de crisis. La situación de militarización del Aguan no respondía a la coyuntura electoral, sino al uso de la hegemonía obtenida a través del golpe por parte de los grupos de poder para lanzar un asalto militar contra las comunidades campesinas más y mejor organizadas del país, a través de la militarización y represión que sólo en el caso del CPTRT ha implicado la atención de más de 600 casos durante el 2010 y 2011 y que continúa hasta el día de hoy.
La situación de militarización del Aguan no respondía a la coyuntura electoral, sino al uso de la hegemonía obtenida a través del golpe por parte de los grupos de poder para lanzar un asalto militar contra las comunidades campesinas más y mejor organizadas del país, a través de la militarización y represión que sólo en el caso del CPTRT ha implicado la atención de más de 600 casos durante el 2010 y 2011 y que continúa hasta el día de hoy.
La destrucción de la institucionalidad empeora la práctica de la tortura y TCID
La militarización y violaciones de derechos humanos en el aguan remarcan la pérdida de legitimidad –frágil para empezar- del sistema de justicia hondureño. La corte suprema, fiscalías, ejército, policías e incluso instancias como el Instituto Nacional de la Mujer y el Ministerio de Cultura, se convierten bajo la administración producto del golpe en instancias politizadas en lugar de instancias de derecho, que contribuyen a la persecución de la disensión política y la protesta social.
Particularmente grave es la situación del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, en algún optimista momento considerada una institución fundamental que desde el Estado, permitía espacios de incidencia, diálogo, negociación y acercamientos entre Estado y sociedad civil en cuando a derechos humanos, y convertido actualmente en una broma de mal gusto.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2010) reporta: “Durante su visita la CIDH pudo constatar que en Honduras a partir del golpe de Estado se han producido graves violaciones a los derechos humanos de sus habitantes, incluyendo muertes, declaración arbitraria del estado de excepción, represión de manifestaciones públicas a través de un uso desproporcionado de la fuerza, criminalización de la protesta social, detenciones arbitrarias de miles de personas, tratos crueles, inhumanos y degradantes y malas condiciones de detención, la militarización del territorio, aumento de las situaciones de discriminación racial, violaciones a los derechos de las mujeres, serias restricciones arbitrarias al derecho a la liberad de expresión y graves vulneraciones de los derechos políticos, La CIDH también comprobó la ineficacia de los recursos judiciales para proteger los derechos humanos”
De acuerdo al subcomité para la prevención de la tortura: “Ninguno de los detenidos entrevistados por el SPT denunció la tortura o los malos tratos relatados, aún cuando algunos pudieron haberlo hecho durante la audiencia ante el Ministerio Público o el juez, argumentando temor a represalias o ineficacia de los recursos disponibles. Algunos detenidos manifestaron al SPT que los propios defensores les habían aconsejado no denunciar ante el juez el mal trato que habían sufrido. En este sentido, el SPT recuerda que se deberán tomar medidas para asegurar que quienes presenten una queja por tortura o malos tratos estén protegidos contra posibles represalias”
La fiscal especial de DDHH señalaba en septiembre de 2009 que “la policía omitía la observancia de las reglas en materia de detención previstas en el artículo 282 del Código Procesal Penal... manifestando además que el Decreto mediante el que se restringía el derecho a la libre circulación no cumplía con los requisitos previstos en la Constitución, por lo que las detenciones efectuadas en base al mismo eran ilegales”.
En términos de políticas públicas, la Ley Plan de País que en teoría orientara las políticas de desarrollo de Honduras durante los próximos 24 años, bajo la que se basa la actuación del gobierno nacionalista y apoyada con entusiasmo por la cooperación internacional no hace mención de políticas específicas de protección a los derechos humanos.
Esta es una omisión grave y reveladora en la estrategia de poder. En los últimos años hemos presenciado enormes aumentos en la violencia contra niños, niñas y adolescentes, contra las mujeres, contra la comunidad LGTB, hemos presenciado y documentado aumento de la tortura y los tratos crueles inhumanos y degradantes, todo ello en un Estado que en teoría cuenta con mecanismos legales e instituciones para proteger a la población, pero que se vuelven inútiles ante el aumento de la represión como política estatal y el desinterés de las y los operadores de justicia.
FIN PRIMERA PARTE
(1 de 3)
Redes internacionales denuncian continuación de asesinatos y otras violaciones graves de derechos humanos
Pronunciamiento internacional
Honduras - Bajo Aguan: Redes internacionales denuncian continuación de asesinatos y otras violaciones graves de derechos humanos
Las organizaciones firmantes nos manifestamos en contra de la violencia e impunidad imperante en el Valle del Bajo Aguan (Honduras) donde continúan los asesinatos de campesinos y otras graves violaciones en contra de los derechos humanos.
Después de la Misión Internacional de Investigación sobre las violaciones de derechos humanos en la región del Bajo Aguan realizada entre el 25 de febrero y 4 de marzo de 20111, se continúan cometiendo en total impunidad amenazas, secuestros, desapariciones y asesinatos, sin que hasta el momento se vislumbre una salida justa y duradera a este conflicto agrario.
Resumen de acontecimientos registrados
del 18 de marzo al 15 de junio de 2011:
Asesinatos2:
Según las informaciones recibidas y verificadas por organizaciones nacionales de derechos humanos, han sido asesinados 9 campesinos organizados3 desde abril de 2011:
20 de abril de 2011: Tarín Daniel García Enamorado y Carlos Alberto Acosta Canales, asociados a la empresa Productores de Colón
5 de mayo de 2011: Henry Roney Díaz, de la cooperativa El Despertar
10 de mayo de 2011: José Paulino Lemus Cruz, miembro de la Cooperativa Brisas del Edén
29 de mayo de 2011: Olvin Gallegos y Secunino Gómez, ambos de la Cooperativa El Despertar
5 de junio de 2011: Guillermo Recinos Aguilar, Joel Santamaría y Genaro Acosta,
campesinos asociados a la cooperativa San Esteban.
Heridos:
Durante mayo y junio de 2011, se han registrado por lo menos 6 campesinas/os gravemente heridas/os durante acciones de desalojo contra el movimiento campesino:
5 de mayo de 2011: Antonio Rivas herido durante intento de desalojo a la Cooperativa La Trinidad
7 de mayo de 2011: Juan Licona y Manuel Vásquez de la Cooperativa El Despertar fueron heridos durante intento de desalojo en la finca el Despertar
13 de mayo de 2011: Neptalí Esquivel, campesino herido de gravedad durante desalojo de movilización en Planes municipio de Sonaguera. Resultó discapacitado, después de que un soldado le disparara en la pierna izquierda.
5 de junio 2011: Doris Pérez Vásquez y Oliver Gonzales, campesinos albergados en las instalaciones del Instituto Nacional Agrario (INA) en Sinaloa, heridos por los disparos de guardias de seguridad privada cuando éstos violentamente entraron al INA.
Secuestros y Desaparecidos:
14 de abril de 2011: Desaparición de Tarín Daniel García Enamorado y Carlos Alberto Acosta Canales, asociados a la empresa Productores de Colón; fueron encontrados torturados y asesinados el día 20 de abril.
5 de mayo de 2011: Desaparición de José Paulino Lemus Cruz de la Cooperativa Brisas del Edén, encontrado asesinado el día 10 de mayo.
10 de mayo de 2011: Alejandro Gómez de la Cooperativa La Trinidad, secuestrado y torturado.
Desaparecido desde el 15 de mayo de 2011: Francisco Pascual López de la Cooperativa Rigores.
29 de mayo de 2011: Secuestro de Olvin Gallegos y Secunino Gómez, ambos de la Cooperativa El Despertar, ambos encontrados asesinados el mismo día.
Amenazas de muerte:
Desde eel 2 de junio de 2011, el Abogado Antonio Trejo Cabrera, apoderado legal del Movimiento Auténtico Reivindicativo Campesino del Aguan (MARCA) y en particular de las cooperativas San Isidro, Despertar, la Trinidad y San Esteban, ha recibido amenazas de muerte en su celular contra él y su familia. El 10 de junio de 2011, el Sr. Trejo fue seguido por varios vehículos y en el mismo momento, recibió mensajes de amenazas de muerte en su contra y en contra de su familia. En su denuncia interpuesta ante la Dirección General de la Investigación Criminal, el abogado amenazado responsabiliza de cualquier atentado contra su vida, su familia y sus bienes a dos empresarios de la zona cuyas fuerzas de seguridad privada han sido identificadas como principales agresores contra las comunidades campesinas.
Denunciamos la ola de violencia que continúa sin detenerse, en una región donde la población campesina organizada vive en una situación de permanente peligro y total indefensión, caracterizada por la plena impunidad de los crímenes cometidos.
Al mismo tiempo, la implementación de las disposiciones legales y acuerdos políticos existentes para resolver el conflicto agrario no ha avanzado en una manera significativa4. Las autoridades reconocieron el 23 de abril de 2011 no haber cumplido con el Acuerdo del 13 de abril de 2010 entre Porfirio Lobo y representantes del Movimiento Unificado Campesino del Aguan (MUCA), y renovaron su compromiso de implementarlo. En relación a las tierras reclamadas por el Movimiento Auténtico Reivindicativo Campesino del Aguan MARCA, el INA entregó un total de 471 has a campesinas y campesinos afiliados a este gremio.
El 7 de junio de 2011, el Ministro Director del INA manifestó ante el Consejo de Ministros que la falta de implementación del Acuerdo se debe a la falta de avance en la legalización de la tierra, lo que según el INA, se debe a "la falta de voluntad política de los terratenientes y en este caso el señor Miguel Facussé Barjum quien no ha querido aceptar el precio que tiene la tierra y que ha sido establecido de acuerdo a lo establecido en la Ley". Por lo tanto, "el Ministro propone para resolver este problema en el Bajo Aguan, expropiar esas tierras por necesidad pública, mediante Decreto Legislativo"5.
Ante esta situación, las organizaciones abajo firmantes reiteramos las siguientes recomendaciones a las autoridades nacionales y la comunidad internacional, así como fue determinado en la Misión Internacional de Investigación6. Instamos a las autoridades nacionales a que:
a) Cumplan con su deber de investigar y sancionar de forma expedita todos los crímenes y las otras violaciones graves de derechos humanos cometidas en el Bajo Aguan, y perseguir penalmente tanto a los autores materiales como intelectuales.
b) Cesen de inmediato la represión y la violencia contra el movimiento campesino, detengan especialmente los desalojos forzosos, y adopten medidas efectivas que brinden protección a las personas en riesgo.
c) Regulen debidamente el funcionamiento de las empresas de seguridad privada,
imponiéndoles que respeten plenamente los derechos humanos de la población so pena
de la cancelación del permiso de operación en el país.
imponiéndoles que respeten plenamente los derechos humanos de la población so pena
de la cancelación del permiso de operación en el país.
d) Cumplan las disposiciones legales y los acuerdos políticos relativos a los conflictos agrarios, para lograr una solución justa y sostenible del problema de la tenencia de la tierra.
Consideramos que la comunidad internacional juega un papel fundamental en la protección y promoción de los derechos humanos en Honduras. Es lamentable que la OEA haya reincorporado a Honduras sin considerar la ausencia de garantías en materia de investigación y sanción de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante y después del golpe de Estado. Es urgente, que la comunidad internacional refuerce su atención y acción sobre la situación de derechos humanos en Honduras, en particular en el Bajo Aguan, por lo que debe:
a) Contribuir con medidas concretas y contundentes a una mayor protección de las personas en riesgo, en particular en relación al Bajo Aguan.
b) Realizar un monitoreo permanente de la situación en el Bajo Aguan y particularmente de los resultados de la resolución del conflicto agrario, así como de la investigación y condena de los responsables de los asesinatos cometidos y formular recomendaciones a las autoridades nacionales.
c) Asegurar la efectiva implementación de la estrategia local de las líneas directrices de la
Unión Europea para la protección de defensores de derechos humanos.
Unión Europea para la protección de defensores de derechos humanos.
d) Establecer una oficina permanente del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos en Honduras.
Derechos Humanos en Honduras.
17 de junio de 2011
Organizaciones firmantes:
ALOP (Asociación Latinomericana de Organizaciones de Promoción al Desarrollo) APRODEV (Asociación de Agencias de Desarrollo ligadas al Concejo Mundial de Iglesias)
CIFCA (Iniciativa de Copenhague para América Central y México)
FIAN Internacional (Organización Internacional por el Derecho a la Alimentación)
FIDH (Federación Internacional de Derechos Humanos)
Grupo Sur
La Vía Campesina Internacional
PIDHDD (Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo)
Rel-UITA (Regional latinoamericana de la Unión Internacional de los Trabajadores de la
Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines)
1- La Misión fue conformada por las redes y organizaciones internacionales siguientes: APRODEV (Asociación de Agencias de Desarrollo ligadas al Concejo Mundial de Iglesias); CIFCA (Iniciativa de Copenhague para América Central y México); FIAN Internacional (Organización Internacional por el Derecho a la Alimentación); FIDH (Federación Internacional de Derechos Humanos); Rel-UITA (Regional latinoamericana de la Unión Internacional de los Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines), y Vía Campesina Internacional.
2- La Misión había documentado para el plazo del enero de 2010 al marzo de 2011, 25 asesinatos relacionados al conflicto agrario en el Bajo Aguan: 23 campesinos afiliados a las organizaciones campesinas del Aguan, más el asesinato del periodista Nahum Palacios y su pareja, también presuntamente ligado al trabajo de información que este periodista había hecho sobre el conflicto agrario antes de ser asesinado, ver informe preliminar en http://www.cifca.org/lnforme%20mision%20final.pdf, pág. 12-16.
3- Todos afiliados a una de las tres organizaciones campesinas del Bajo Aguan: Movimiento Campesino del Aguan (MCA), Movimiento Unificado Campesino del Aguan (MUCA) y Movimiento Auténtico Reivindicativo Campesino del Aguan (MARCA).
4- Ver descripción de las disposiciones legales y acuerdos políticos en relación al conflicto agrario, y el grado de su ¡mplementación en el informe preliminar de la Misión, páginas 33-41.
5- Nota de la Oficina de Relaciones Públicas del INA, 7 de junio 2011.
6- Ver en el informe preliminar de la Misión, páginas 45-48.
Redes internacionales denuncian continuación de asesinatos y otras violaciones graves de derechos humanos
Varias organizacionesAdital
Por Redes Internacionales*
http://nicaraguaymasespanol.blogspot.com
Nueve redes y organizaciones internacionales difundieron este viernes (17/6) un pronunciamiento sobre la situación de Derechos Humanos en el Bajo Aguán, Honduras. El comunicado conjunto expresa la profunda preocupación internacional por la violencia contra las comunidades campesinas, que ha continuado también después de que una Misión Internacional evaluó la situación de los derechos humanos en la zona (del 25 de febrero al 4 de marzo 2011).
La Misión documentó el asesinato de 23 campesinos entre enero de 2010 y marzo del 2011, y otros dos asesinatos más, presuntamente ligados al conflicto agrario (25 víctimas mortales hasta marzo). De marzo a junio 2011, otros 9 campesinos han sido asesinados, por lo que destacamos que entre enero de 2010 y junio de 2011 han sido asesinados 32 campesinos afiliados a uno de los tres movimientos campesinos del Aguán. Además, un campesino más está desaparecido desde el 15 de mayo.
Pronunciamiento internacional
Las organizaciones firmantes nos manifestamos en contra de la violencia e impunidad imperante en el Valle del Bajo Aguán (Honduras) donde continúan los asesinatos de campesinos y otras graves violaciones en contra de los derechos humanos.
Después de la Misión Internacional de Investigación sobre las violaciones de derechos humanos en la región del Bajo Aguán realizada entre el 25 de febrero y 4 de marzo de 2011[1] se continúan cometiendo en total impunidad amenazas, secuestros, desapariciones y asesinatos, sin que hasta el momento se vislumbre una salida justa y duradera a este conflicto agrario.
Resumen de acontecimientos registrados del 18 de marzo al 15 de junio de 2011:
Asesinatos [2]: Según las informaciones recibidas y verificadas por organizaciones nacionales de derechos humanos, han sido asesinados 9 campesinos organizados[3] desde abril de 2011:
20 de abril de 2011: Tarín Daniel García Enamorado y Carlos Alberto Acosta Canales, asociados a la empresa Productores de Colón
5 de mayo de 2011: Henry Roney Díaz, de la cooperativa El Despertar
10 de mayo de 2011: José Paulino Lemus Cruz, miembro de la Cooperativa Brisas del Edén
29 de mayo de 2011: Olvin Gallegos y Secunino Gómez, ambos de la Cooperativa El Despertar
5 de junio de 2011: Guillermo Recinos Aguilar, Joel Santamaría y Genaro Acosta, campesinos asociados a la cooperativa San Esteban.
Heridos: Durante mayo y junio de 2011, se han registrado por lo menos 6 campesinas/os gravemente heridas/os durante acciones de desalojo contra el movimiento campesino:
5 de mayo de 2011: Antonio Rivas herido durante intento de desalojo a la Cooperativa La Trinidad
7 de mayo de 2011: Juan Licona y Manuel Vásquez de la Cooperativa El Despertar fueron heridos durante intento de desalojo en la finca el Despertar
13 de mayo de 2011: Neptalí Esquivel, campesino herido de gravedad durante desalojo de movilización en Planes municipio de Sonaguera. Resultó discapacitado, después de que un soldado le disparara en la pierna izquierda.
5 de junio 2011: Doris Pérez Vásquez y Oliver Gonzales, campesinos albergados en las instalaciones del Instituto Nacional Agrario (INA) en Sinaloa, heridos por los disparos de guardias de seguridad privada cuando éstos violentamente entraron al INA.
Secuestros y Desaparecidos:
14 de abril de 2011: Desaparición de Tarín Daniel García Enamorado y Carlos Alberto Acosta Canales, asociados a la empresa Productores de Colón; fueron encontrados torturados y asesinados el día 20 de abril.
5 de mayo de 2011: Desaparición de José Paulino Lemus Cruz de la Cooperativa Brisas del Edén, encontrado asesinado el día 10 de mayo.
10 de mayo de 2011: Alejandro Gómez de la Cooperativa La Trinidad, secuestrado y torturado.
Desaparecido desde el 15 de mayo de 2011: Francisco Pascual López de la Cooperativa Rigores.
29 de mayo de 2011: Secuestro de Olvin Gallegos y Secunino Gómez, ambos de la Cooperativa El Despertar, ambos encontrados asesinados el mismo día.
Amenazas de muerte: Desde el 2 de junio de 2011, el Abogado Antonio Trejo Cabrera, apoderado legal del Movimiento Auténtico Reivindicativo Campesino del Aguán (MARCA) y en particular de las cooperativas San Isidro, Despertar, la Trinidad y San Esteban, ha recibido amenazas de muerte en su celular contra él y su familia. El 10 de junio de 2011, el Sr. Trejo fue seguido por varios vehículos y en el mismo momento, recibió mensajes de amenazas de muerte en su contra y en contra de su familia. En su denuncia interpuesta ante la Dirección General de la Investigación Criminal, el abogado amenazado responsabiliza de cualquier atentado contra su vida, su familia y sus bienes a dos empresarios de la zona cuyas fuerzas de seguridad privada han sido identificadas como principales agresores contra las comunidades campesinas.
Denunciamos la ola de violencia que continúa sin detenerse, en una región donde la población campesina organizada vive en una situación de permanente peligro y total indefensión, caracterizada por la plena impunidad de los crímenes cometidos.
Al mismo tiempo, la implementación de las disposiciones legales y acuerdos políticos existentes para resolver el conflicto agrario no ha avanzado en una manera significativa[4]. Las autoridades reconocieron el 23 de abril de 2011 no haber cumplido con el Acuerdo del 13 de abril de 2010 entre Porfirio Lobo y representantes del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), y renovaron su compromiso de implementarlo. En relación a las tierras reclamadas por el Movimiento Auténtico Reivindicativo Campesino del Aguán MARCA, el INA entregó un total de 471 has. a campesinas y campesinos afiliados a este gremio.
El 7 de junio de 2011, el Ministro Director del INA manifestó ante el Consejo de Ministros que la falta de implementación del Acuerdo se debe a la falta de avance en la legalización de la tierra, lo que según el INA, se debe a "la falta de voluntad política de los terratenientes y en este caso el señor Miguel Facussé Barjum quien no ha querido aceptar el precio que tiene la tierra y que ha sido establecido de acuerdo a lo establecido en la Ley”. Por lo tanto, "el Ministro propone para resolver este problema en el Bajo Aguán, expropiar esas tierras por necesidad pública, mediante Decreto Legislativo”[5].
Ante esta situación, las organizaciones abajo firmantes reiteramos las siguientes recomendaciones a las autoridades nacionales y la comunidad internacional, así como fue determinado en la Misión Internacional de Investigación[6]. Instamos a las autoridades nacionales a que:
* Cumplan con su deber de investigar y sancionar de forma expedita todos los crímenes y las otras violaciones graves de derechos humanos cometidas en el Bajo Aguán, y perseguir penalmente tanto a los autores materiales como intelectuales.
* Cesen de inmediato la represión y la violencia contra el movimiento campesino, detengan especialmente los desalojos forzosos, y adopten medidas efectivas que brinden protección a las personas en riesgo.
* Regulen debidamente el funcionamiento de las empresas de seguridad privada, imponiéndoles que respeten plenamente los derechos humanos de la población so pena de la cancelación del permiso de operación en el país.
* Cumplan las disposiciones legales y los acuerdos políticos relativos a los conflictos agrarios, para lograr una solución justa y sostenible del problema de la tenencia de la tierra.
Consideramos que la comunidad internacional juega un papel fundamental en la protección y promoción de los derechos humanos en Honduras. Es lamentable que la OEA haya reincorporado a Honduras sin considerar la ausencia de garantías en materia de investigación y sanción de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante y después del golpe de Estado.
Es urgente, que la comunidad internacional refuerce su atención y acción sobre la situación de derechos humanos en Honduras, en particular en el Bajo Aguán, por lo que debe:
* Contribuir con medidas concretas y contundentes a una mayor protección de las personas en riesgo, en particular en relación al Bajo Aguán.
* Realizar un monitoreo permanente de la situación en el Bajo Aguán y particularmente de los resultados de la resolución del conflicto agrario, así como de la investigación y condena de los responsables de los asesinatos cometidos y formular recomendaciones a las autoridades nacionales.
* Asegurar la efectiva implementación de la estrategia local de las líneas directrices de la Unión Europea para la protección de defensores de derechos humanos.
* Establecer una oficina permanente del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras.
17 de junio de 2011
*Organizaciones firmantes:
ALOP (Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción al Desarrollo)
APRODEV (Asociación de Agencias de Desarrollo ligadas al Concejo Mundial de Iglesias)
CIFCA (Iniciativa de Copenhague para América Central y México)
FIAN Internacional (Organización Internacional por el Derecho a la Alimentación)
FIDH (Federación Internacional de Derechos Humanos)
Grupo Sur
La Vía Campesina Internacional
PIDHDD (Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo)
Rel-UITA (Regional latinoamericana de la Unión Internacional de los Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines)
Notas:
[1] La Misión fue conformada por las redes y organizaciones internacionales siguientes: APRODEV (Asociación de Agencias de Desarrollo ligadas al Concejo Mundial de Iglesias); CIFCA (Iniciativa de Copenhague para América Central y México); FIAN Internacional (Organización Internacional por el Derecho a la Alimentación); FIDH (Federación Internacional de Derechos Humanos); Rel-UITA (Regional latinoamericana de la Unión Internacional de los Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines), y Vía Campesina Internacional.
[2] La Misión había documentado para el plazo del enero de 2010 al marzo de 2011, 25 asesinatos relacionados al conflicto agrario en el Bajo Aguán: 23 campesinos afiliados a las organizaciones campesinas del Aguán, más el asesinato del periodista Nahum Palacios y su pareja, también presuntamente ligado al trabajo de información que este periodista había hecho sobre el conflicto agrario antes de ser asesinado, ver informe preliminar pág. 12-16.
[3] Todos afiliados a una de las tres organizaciones campesinas del Bajo Aguán: Movimiento Campesino del Aguán (MCA), Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) y Movimiento Auténtico Reivindicativo Campesino del Aguán (MARCA).
[4] Ver descripción de las disposiciones legales y acuerdos políticos en relación al conflicto agrario, y el grado de su implementación en el informe preliminar de la Misión, páginas 33-41.
[5] Nota de la Oficina de Relaciones Públicas del INA, 7 de junio 2011.
[6] Ver en el informe preliminar de la Misión, páginas 45-48.
Profesores reprimidos por policías deberán pagarle al Estado
Wednesday, 22 June 2011 Sandra Rodríguez
Los profesores fueron capturados, golpeados salvajemente por policías cuando estaban dentro de la Universidad Pedagógica Francisco Morazán
El juez Mario Ríos, del Juzgado de lo Penal de Francisco Morazán, siguiendo órdenes de “arriba” mantiene las medidas sustitutivas a los cuatro docentes que el pasado 20 de agosto fueron agredidos brutalmente por policías, después de una manifestación pacífica magisterial.
Uno de los acusados del delito de Manifestaciones Ilícitas, por parte del Ministerio Público, es el profesor Luís Sosa, quien dijo firmemente que él continuará en juicio oral e irá a los juzgados competentes a demostrar su inocencia.
Mientras tanto, Andrés Martínez, Carlos Anariva y Edgar Soriano, se fueron a conciliación y será la Procuraduría General de la República, que establecerá una cuantía que los mentores golpeados por el contingente policial, deben pagar al Estado de Honduras.
“Por mi parte mantengo mi posición que el agredido fui yo y que es el Estado de Honduras es quien debe responder por los daños que me han ocasionado”, manifestó Luís Sosa, quien además forma parte de los cinco profesores que mantuvieron una huelga de hambre por más de 40 días, a la par del edificio del Congreso Nacional, en Tegucigalpa, exigiendo al Estado los restituyeran en sus puestos, de los cuales fueron separados, siempre por exigir sus derechos. Hasta el momento no han obtenido resultados a su favor.
Manifestó que el Juez Mario Ríos, es un hombre muy profesional y admirarle en su campo, y que él sigue los preceptos que la Corte de Apelaciones le envía, y es la de mantenerlos con medidas sustitutivas, pues ha sido muy claros al decirles que son medidas impuestas de arriba.
Sosa, tras salir de la audiencia de hoy 21 de junio, dijo enfáticamente que “esta es una persecución política que tenemos en el país”, y como él continúa su juicio, pues no acepta la acusación de manifestarse ilícitamente, estará pendiente que le comuniquen la fecha para continuar con el debido proceso.
Los profesores antes mencionados fueron capturados, golpeados salvajemente por policías cuando estaban dentro de la Universidad Pedagógica Francisco Morazán, UNPNFM, al concluir una manifestación pacífica del magisterio el 20 de agosto de 2010, después fueron acusados por el Ministerio Público por los delitos de Manifestaciones Ilícitas y Daños al Estado de Honduras . El segundo fue sobreseído hace varios meses.
El pasado 11 de abril, el Juez del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Tegucigalpa, prohibió a los docentes Andrés Martínez, Carlos Anariva, Luís Sosa y Edgard Soriano, Salir de Francisco Morazán, deben presentarse a firmar todos los martes y no concurrir a determinadas reuniones “como ser manifestaciones ilícitas que obstruyen la vía pública y toma de edificios”, según la apreciación del Ministerio Público que desde el golpe de Estado ha perseguido políticamente de más de 100 personas.
El año pasado la Fiscalía interpuso una apelación por la decisión del Juzgado de sobreseer el delito de manifestaciones ilícitas, ante la Corte Primera de Apelaciones, instancia que revocó la decisión del Juzgado y mantuvo este delito.
Desde el golpe de Estado la criminalización de la protesta social ha sido una constante, más de 100 personas mantienen procesos pendientes por el solo hecho de ejercer su derecho a la protesta pacífica en las calles de Honduras.
Varias misiones internacionales que han visitado el país a constatar las violaciones a los derechos humanos desde el golpe militar de Estado del 28 de junio de 2009, han señalado que se criminaliza el accionar del pueblo hondureño por protestar en defensa de sus derechos y contra el rompimiento del orden institucional.
Al menos 10 estudiantes centralistas fueron afectados por represión policial
Wednesday, 22 June 2011 Sandra Rodríguez
Los y las adolescentes afectadas tenían golpes y heridas a causa de las bombas, además signos de intoxicación por los gases lacrimógenos
Unos 10 estudiantes del Instituto Central Vicente Cáceres de Comayagüela, fueron agredidos y gaseados por elementos policiales que llegaron a reprimir a un grupo de alumnos que exigían respeto para dos de sus compañeros amenazados de expulsión.
Integrantes de grupos organizados en frentes estudiantiles de la institución, presionaban con una toma del Boulevard Fuerzas Armadas, a la altura del colegio para que las autoridades de ese centro de estudios no cumplieran la amenaza de expulsar a dos de sus líderes que el 20 de junio organizaron otra manifestación en protesta para que se les aumente el bono de 400 lempiras para transporte que el Estado les asigna una vez al año, y que está pendiente de pago.
La mayoría de las víctimas son menores de 16 años, pues la represión fue a eso de las 11:00 de la mañana, cuando los alumnos de Ciclo Común, salían de su jornada de clases para regresar a sus hogares.
Los y las adolescentes afectadas tenían golpes y heridas a causa de las bombas, además signos de intoxicación por los gases lacrimógenos.
Posteriormente fueron atendidos en la enfermería de la institución, dónde se les brindó los primeros auxilios para que regresaran a sus casas.
Una estudiante de tercer curso iba a tomar el autobús para regresar a su casa, cuando sintió un fuerte impacto en su hombro derecho, por lo que corrió apresuradamente para huir, pero el ambiente lleno de gas le imposibilitó su paso, así que como pudo logró ingresar al predio del colegio, sin darse cuenta hasta entonces que había sido una bomba la que le había golpeado e hinchado su hombro.
Los uniformados lanzaron bombas sin saber a quién, pues ya no había toma de carretera
La profesora Claudia Mejía, del área de Matemáticas, que además es defensora de derechos humanos, explicó que los jóvenes atropellados por la policía ni siquiera formaban parte de la manifestación, sino que ellos estaban dentro del colegio mientras los manifestantes tenían cerrado el portón principal, y cuando se informó que los sus compañeros no habían sido expulsados, abrieron el portón y se decidió despachar al alumnado, antes de la hora correspondiente.
De repente aparecieron los uniformados y lanzaron bombas sin saber a quién, pues ya no había toma de carretera, “se supone que el protocolo de los policías es decirle a los inconformes, que están actuando incorrectamente y pedirles que desalojen pacíficamente, pero creo que han cambiado las reglas, ahora eso se lo piden a los delincuentes; y a los estudiantes los desalojan de un sólo y no nos han informado, ese cambio”.
Hasta el momento se desconoce las medidas oficiales que tomarán las autoridades en respeto a los derecho de sus alumnos, ya que ellos hacen lo que ven hacer, si con violencia son atacados con violencia van a responder, pero los jóvenes en ningún momento agredieron a nadie, pues ni siquiera lanzaron piedras.
Preocupa que la Policía actué de esta manera, que se olvide de todo el profesionalismo que tanto pregona el “showman” que ya se me olvidó el nombre, sólo sé que es de apellido Álvarez, porque me recuerda con un parentesco de una persona non-grata de toda la historia de Honduras, continuó la profesora.
La defensora de los derechos humanos dijo que como maestra enseña a sus alumnos a que defiendan sus derechos, que no se dejen atropellar por nadie; mientras otros docentes los reprimen para que no se organicen en los frentes estudiantiles, cuyo propósito es defender los derechos de sus compañeros.
Los derechos humanos deben prevalecer y estar sobre todo, añadió la catedrática, quien acompañó a los estudiantes hasta que llegaron procuradoras del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras, COFADEH.
En Honduras no hay libertad de expresión, se publica y se dice lo que el dueño del medio quiere
voselsoberano.com | Miércoles 22 de Junio de 2011
VENTANA DE PAPEL
Desde New Orleans
ATAQUES INFUNDADOS DE MICHELETTI CONTRA GOBIERNO DE E.U.
Por Félix Ovidio Cubías –
Miembro de la Union de Artistas y Escritores de Honduras (U.A.E.H.)
Director en Louisiana del Periodico Bilingüe JAMBALAYA NEWS.
Nombrado por el Coordinador General del Frente Nacional de Resistencia Popular, José Manuel Zelaya Rosales, consejero Teórico Politico.
En una vídeo conferencia el ex presidente interino de Honduras, Roberto Micheletti Baín,
compareció ente el Congreso de Estados Unidos, acusando al gobierno norteamericano que
dirige Barack Obama, de haberlo traicionado y dado la espalda en los siete meses en que se
convirtió en gobernante de facto, consecuencia del golpe de estado del 28 de junio del 2009,
defendió, al mismo tiempo, que no queden impunes los delitos contra los intereses del estado.
No dejan de causar risa, por lo ridículo, las aseveraciones de este hombre, que se covirtió en el tonto útil de la oligarquía recalcitrante hondureña, de algunos senadores republicanos y de los altos jerarcas de las Fuerzas Armadas.
Por sus convicciones fascistas, propias de Benito Mussuline y de su progenitor, italiano, además de su incapacidad política, este émulo del nacional socialismo, se convirtió en el presidente títere de los intereses más sucios y antidemocráticos de la oligarquía ultrarreacionaria hondureña. Su escasa inteligencia, lo hace decir mentiras e incongruencias, contra el gobierno demócrata de los Estados Unidos, porque nunca entendió que el Partido demócrata, a diferencia de lo republicanos, jamás estarán de acuerdo con violar la Constitución y la democracia.
El envalentonamiento de Micheletti, al acusar al gobierno de EU, y, su diatriba ponzoñosa en con-tra del embajador Hugo Llorens, se debe a la confianza de dos ultraconservadores congresistas norteamericanos, Ileana Ros Lethinen y Connie Mack, que están en desacuerdo por la política punitiva, según ellos, del gobierno norteamericano contra aquellos que se opusieron a los ataques de Manuel Zelaya Rosales, a la CONSTITUCION de su país,y, además, amenzan con publicar un in-forme sobre la actitud de apoyo, de algunos funcionarios del Departamento de Estado, a Mel Zelaya.
Estos dos defensores de la anti democracia consideran a Micheletti un héroe por, defender la democracia latinoamericana. El cinismo y descaro de Roberto Micheletti, es tan crudo y ridículo, que se defiende, expresando, que no es un golpista, porque, FIJENSE QUE ARGUMENTO, ningún golpista o dictador busca el poder por siete meses, y promueve las elecciones.
En primer lugar, a él lo pusieron como un títere a cumplir lo que le ordenaban los militares y empresarios y, por su parte, las elecciones fueron el resultado de los Acuerdos de San José y no se hizo por la voluntad de Micheletti y los golpistas. Se vieron obligados a cumplir, por la enorme presión de la OEA representando a los países del continente.
Paralelamente, su gobierno de facto e ilegal, no aportó nada para la reconciliación nacional, lejos de eso, persiguió y asesinó a ciudadanos de la resistencia y , los que cometieron actos de impunidad cotra el estado, fue él y los golpistas. Cómo si tuviera la razón, y, con ínfulas de gran personalidad, Micheletti dice que está preocupado por la influencia de Hugo CHÁVEZ, en algunos países de la región, por lo que pidió a los congresistas presentes en la vídeo conferencia que vigilen las democracias en estos países donde aparecen de la noche a
la mañana presidentes que se quieren quedar en el poder.
El dictador hondureño se da con las piedra en los dientes, cuando dice que no se debe violar la Constitución y permitir la impunidad de quien lo hace. ¿ y qué fue lo que hizo el 28 de junio del 2009 ¿. Utilizaron mentiras de todo tipo para sacar a Zelaya, llegando, incluso a la osadía de falsificar una supuesta renuncia de Mel. ¿A quíén cree Roberto Micheletti que engaña¿. Solo a los camisetas blancas y a los partidarios del golpe.
Al pueblo jamás, porque este ha permanecido en resistencia, a tal grado, que no le dan credibilidad al gobierno nacionalista que dirige Pepe Lobo y lo consideran un gobierno sucedáneo del de facto que mal dirigió Micheletti. La gran preocupación de Micheletti y sus padrinos republicanos, es que la administración que dirige Obama le restituya la visa norteamericana, según él, por los servicios prestados al golpismo que pretendió abrir
el camino de las dictaduras militares en Latinoamérica, como lo pusieron en práctica en Honduras y que diera resultado, y en ECUADOR , donde fracasaron.
Micheletti cae en el cinismo y el embuste, al decir públicamente, que no es golpista, dictador, y que es un permanente y connotado demócrata.
¿Cómo puede ser demócrata, alguien, que traiciona a su partido político, atenta contra la Constitución de la República y expulsa del país violentamente al presidente ZELAYA electo en elecciones libres y democráticas¿
Otra cuestión que habría que tomar en cuenta, es la injerencia de los dos congresistas norteamericanos que sin conocer profundamente la situación política hondureña, se entrometen en nuestros asuntos, apoyan do a los principales golpistas y satanizando a Mel como si fuera un delincuente político al servicio incondicional de Hugo Chávez, como si fuera un crimen tener amistad con otro gobernante.
Los golpistas ya fueron desenmascarados por el pueblo y por los gobiernos del continente que no aceptaron el golpe y cerraron las compuertas para evitar un posible daño a otros países.
Hoy, todo el mundo sabe que fue un golpe de estado y no una sucesión presidencial y, por si fuera poco, han salido a la luz pública, muchos secretos que ponen en evidencia a los autores intelectuales de esta asonada.
Micheletti no es quien para pedirle a los gobernantes norteamericanos que vigile la democracia en América Latina, cuando el se encargó de cercenar de plano a la democracia hondureña.
Policía otorga seguridad a abogada ante amenazas de Francisco Hernández Pon
Artículo |
¿Qué tanto daño le puede provocar el acusado?
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa.Luego que el señor Francisco Hernández Pon se apropió de canal 42 propiedad de su ex esposa, Gina González, y la agredió verbalmente, el acusado ha dicho a un medio de comunicación del país que nunca ha dañado a nadie en su vida.
Al respecto, la afectada explicó que solicitó protección a la Secretaría de Seguridad a fin de salvaguardar su vida, ya que considera que Hernández Pon “es capaz de todo”.
A continuación, EL LIBERTADOR traslada la entrevista en exclusiva con González.
¿Cuándo inició Francisco Hernández la agresión contra usted?
Desde el momento en que inició acciones para apropiarse de la empresa (Canal 42). En el canal yo tenía hasta mi propio programa y me comenzó a agredir verbalmente. Maltrataba a las personas que trabajaban conmigo, cortaba los comerciales y decía que el programa ya no podía continuar.
¿Tuvieron ustedes una relación de pareja? 
Por supuesto que sí. Tengo mi separación de hecho desde 2003. Gracias a Dios el divorcio no ha salido aún, porque preferiblemente si no hubiera estado casada con él de repente hubiera sido víctima de estafa por los demás bienes que tengo.
¿Qué tipo de amenazas ha recibido?
He sido amenazada por teléfono; a veces, algunos carros se han estacionado frente a mi casa, en esos casos he llamado a la policía para hacer la denuncia y él (Hernández) me ha dicho varias veces que los abogados y los periodistas aparecen muertos. Creo que me lo dice porque me da a entender que esos casos no los investigarán.
¿Cómo Hernández Pon se apoderó de su canal?
Él no se ha apropiado de ese bien. Existe un primer asiento (registro) del bien que es de mi propiedad, él vino y abrió otro asiento. Todo eso se puede demostrar que son pasos preliminares para los delitos de fraude que ha cometido.
A propósito, el abogado Armando Aguilar me dio una constancia de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), donde sostiene que Inversiones Géminis es la propietaria de Canal 42 y yo soy una de las socias mayoritarias. Eso se puede comprobar en el asiento 5217 del registro mercantil de Tela, Atlántida, y en la denuncia de lo Contencioso Administrativo que se está conociendo y es la 05511.
¿Qué tanto daño le puede provocar el acusado? Él cree que tiene grandes influencias y que utiliza el canal que yo logré obtener a través de todos los trámites que hice en Conatel; no creo que los funcionarios lleguen al extremo de que quieran torcer la ley por quedarse con bienes de otros.
¿Teme por su vida?
Sí me siento amenazada, porque sé que él es capaz de muchas cosas y por eso he pedido protección. Creo que es capaz de hacer muchas cosas por obtener bienes materiales.
