Manuel Zelaya cuestiona al gobierno de Pepe Lobo de hacerle trampa a los campesinos
La Honda 72
ACUERDO CON CAMPESINOS DEL AGUAN. NUEVA FARSA MÁS DEL GOBIERNO DE PORFIRIO LOBO
No Dudamos de la buenas intenciones del Ministro Director del INA, César Ham Peña, en su propósito gubernamental de encontrar una solución al grave conflicto por la tenencia de la tierra en el Aguán. Igualmente, conocemos de sus buenas relaciones con las diferentes organizaciones Campesinas que han confiado en su gestión, lo que ha hecho posible mantener una permanente comunicación “Campesinos/Gobierno” a pesar de la grave tensión que se ha vivido hasta hoy. La flagrante situación que ha llevado a la pérdida de la vida y desaparecimiento de una gran cantidad de campesinos en los últimos dos años, en el marco de la peor impunidad y el desconcierto en el Departamento de Colón tiene raíces profundas e irreconciliables en este momento.También compartimos que el dialogo es la mejor herramienta para la solución de los graves conflictos sociales. Solo bajo el entendimiento inteligente de los hombres en cualquiera de los ámbitos sociales en que se encuentren, sin importar su condición de pobre o rico, hace posible la vida en armonía en el marco de una sociedad equilibrada en la que prevalezcan, el respeto, el derecho por la vida, la justicia y la paz para todos.
Ahora que estuve escuchando al Ministro de Planificación del Régimen Arturo Corrales Álvarez, llenarse la boca en una comparecencia pública en uno de los Medios televisivos al servicio de la cruda y recalcitrante derecha nacional, me causa indignación oírle decirle que hoy en el Aguán ya todo es “paz y concordia”, que hay que darle seguimiento y que al igual que el arreglo con Maestros en su crisis, también se ha llegado a un arreglo satisfactorio entre el Terrateniente Miguel Facussè, los otros dos extranjeros, y los Campesinos. - El nuevo “Acuerdo” anunciado por Porfirio Lobo y los sectores Campesinos pone fin a la crisis según expresa - Al momento ignoramos si ese nuevo arreglo en el papel satisface a todas las partes en conflicto, es decir al MARCA, al MCA y al MUCA y otras Organizaciones más pequeñas afectadas, estas tres como referentes grandes de la fuerte base Campesina del Aguan.
Sin embargo, observamos que hay otros elementos que han quedado al margen, que están en poder de las Organizaciones de Derechos Humanos, que posiblemente hayan pasado de momentos desapercibidos.- Conocemos, del listado tenebroso de nombres de cientos de Campesinos por zona en el Departamento de Colón, huyendo por temor de ser capturados por acusaciones en los Tribunales de Tocoa, Trujillo, Tegucigalpa y Sabà bajo los cargos de Sedición, usurpación, asesinatos, robo, homicidio, etc. Esta herramienta represiva para inmovilizarlos en sus acciones y justas aspiraciones por un pedazo de tierra, las persecusiciones, detenciones ilegales, represiones y otros mecanismos de intimidación no desaparecerán de la noche a la mañana por “Decreto gubernamental” o por una sonrisa de los grandes responsables de las muertes en la zona.
Por ahora, los hondureños en general tenemos una responsabilidad social con las innumerables familias que han quedado en el abandono con Mujeres, hijos de pan en mano y ancianos desamparados y sin un futuro esperanzador por las muertes de los Jefes de Familia, sumado a las secuelas sicológicas que han dejado resentimiento, odio y dolor por las irreparables pérdidas. ¿Habrá un Apis de sensibilidad en los responsables de estos hechos? luego de la firma de este Acuerdo?
Los responsables deben responder por sus actos y las investigaciones deben llegar hasta sus últimas consecuencias. En una justicia vana, tardía, sesgada y no confiable como la hondureña, nos deja muchas dudas y solo podemos confiar en la intervención y el auxilio de la Comunidad Internacional y de las organizaciones cooperantes amigas, para que hagan su trabajo y ejerzan las presiones que correspondan en el marco del concierto de las naciones y del Derecho internacional para exigir justicia e imponer las penas del caso enjuiciando a los culpables.
Las innumerables Familias afectadas por las muertes, las laceraciones y las desapariciones forzadas deben ser indemnizadas pecuniariamente como única respuesta de reparación del daño causado en el marco de las sanciones morales impuestas a una sociedad que como la nuestra no encuentra todavía el equilibrio entre lo justo y lo injusto, el deber y el derecho.
La Comunidad Nacional e Internacional tiene la palabra!
Mario Díaz. “EL LIBERTADOR” 17 de Junio de 2011
Bajo Aguán: Redes internacionales denuncian continuación de asesinatos y otras violaciones graves de derechos humanos
Pronunciamiento internacional
Las organizaciones firmantes nos manifestamos en contra de la violencia e impunidad imperante en el Valle del Bajo Aguán (Honduras) donde continúan los asesinatos de campesinos y otras graves violaciones en contra de los derechos humanos.
Después de la Misión Internacional de Investigación sobre las violaciones de derechos humanos en la región del Bajo Aguán realizada entre el 25 de febrero y 4 de marzo de 2011¹ se continúan cometiendo en total impunidad amenazas, secuestros, desapariciones y asesinatos, sin que hasta el momento se vislumbre una salida justa y duradera a este conflicto agrario.
Resumen de acontecimientos registrados del 18 de marzo al 15 de junio de 2011:
Asesinatos ²: Según las informaciones recibidas y verificadas por organizaciones nacionales de derechos humanos, han sido asesinados 9 campesinos organizados[3] desde abril de 2011:
Asesinatos ²: Según las informaciones recibidas y verificadas por organizaciones nacionales de derechos humanos, han sido asesinados 9 campesinos organizados[3] desde abril de 2011:
20 de abril de 2011: Tarín Daniel García Enamorado y Carlos Alberto Acosta Canales, asociados a la empresa Productores de Colón
5 de mayo de 2011: Henry Roney Díaz, de la cooperativa El Despertar
10 de mayo de 2011: José Paulino Lemus Cruz, miembro de la Cooperativa Brisas del Edén
29 de mayo de 2011: Olvin Gallegos y Secunino Gómez, ambos de la Cooperativa El Despertar
5 de junio de 2011: Guillermo Recinos Aguilar, Joel Santamaría y Genaro Acosta, campesinos asociados a la cooperativa San Esteban.
10 de mayo de 2011: José Paulino Lemus Cruz, miembro de la Cooperativa Brisas del Edén
29 de mayo de 2011: Olvin Gallegos y Secunino Gómez, ambos de la Cooperativa El Despertar
5 de junio de 2011: Guillermo Recinos Aguilar, Joel Santamaría y Genaro Acosta, campesinos asociados a la cooperativa San Esteban.
Heridos: Durante mayo y junio de 2011, se han registrado por lo menos 6 campesinas/os gravemente heridas/os durante acciones de desalojo contra el movimiento campesino:
5 de mayo de 2011: Antonio Rivas herido durante intento de desalojo a la Cooperativa La Trinidad
7 de mayo de 2011: Juan Licona y Manuel Vásquez de la Cooperativa El Despertar fueron heridos durante intento de desalojo en la finca el Despertar
13 de mayo de 2011: Neptalí Esquivel, campesino herido de gravedad durante desalojo de movilización en Planes municipio de Sonaguera. Resultó discapacitado, después de que un soldado le disparara en la pierna izquierda.
5 de junio 2011: Doris Pérez Vásquez y Oliver Gonzales, campesinos albergados en las instalaciones del Instituto Nacional Agrario (INA) en Sinaloa, heridos por los disparos de guardias de seguridad privada cuando éstos violentamente entraron al INA.
Secuestros y Desaparecidos:
14 de abril de 2011: Desapareción de Tarín Daniel García Enamorado y Carlos Alberto Acosta Canales, asociados a la empresa Productores de Colón; fueron encontrados torturados y asesinados el día 20 de abril.
5 de mayo de 2011: Desapareción de José Paulino Lemus Cruz de la Cooperativa Brisas del Edén, encontrado asesinado el día 10 de mayo.
10 de mayo de 2011: Alejandro Gómez de la Cooperativa La Trinidad, secuestrado y torturado.
Desaparecido desde el 15 de mayo de 2011: Francisco Pascual López de la Cooperativa Rigores.
29 de mayo de 2011: Secuestro de Olvin Gallegos y Secunino Gómez, ambos de la Cooperativa El Despertar, ambos encontrados asesinados el mismo día.
Amenazas de muerte: Desde el 2 de junio de 2011, el Abogado Antonio Trejo Cabrera, apoderado legal del Movimiento Auténtico Reivindicativo Campesino del Aguán (MARCA) y en particular de las cooperativas San Isidro, Despertar, la Trinidad y San Esteban, ha recibido amenazas de muerte en su celular contra él y su familia. El 10 de junio de 2011, el Sr. Trejo fue seguido por varios vehículos y en el mismo momento, recibió mensajes de amenazas de muerte en su contra y en contra de su familia. En su denuncia interpuesta ante la Dirección General de la Investigación Criminal, el abogado amenazado responsabiliza de cualquier atentado contra su vida, su familia y sus bienes a dos empresarios de la zona cuyas fuerzas de seguridad privada han sido identificadas como principales agresores contra las comunidades campesinas.
Denunciamos la ola de violencia que continúa sin detenerse, en una región donde la población campesina organizada vive en una situación de permanente peligro y total indefensión, caracterizada por la plena impunidad de los crímenes cometidos.
Al mismo tiempo, la implementación de las disposiciones legales y acuerdos políticos existentes para resolver el conflicto agrario no ha avanzado en una manera significativa[4]. Las autoridades reconocieron el 23 de abril de 2011 no haber cumplido con el Acuerdo del 13 de abril de 2010 entre Porfirio Lobo y representantes del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), y renovaron su compromiso de implementarlo. En relación a las tierras reclamadas por el Movimiento Auténtico Reivindicativo Campesino del Aguán MARCA, el INA entregó un total de 471 hás a campesinas y campesinos afiliados a este gremio.
El 7 de junio de 2011, el Ministro Director del INA manifestó ante el Consejo de Ministros que la falta de implementación del Acuerdo se debe a la falta de avance en la legalización de la tierra, lo que según el INA, se debe a “la falta de voluntad política de los terratenientes y en este caso el señor Miguel Facussé Barjum quien no ha querido aceptar el precio que tiene la tierra y que ha sido establecido de acuerdo a lo establecido en la Ley”. Por lo tanto, “el Ministro propone para resolver este problema en el Bajo Aguán, expropiar esas tierras por necesidad pública, mediante Decreto Legislativo”[5].
Ante esta situación, las organizaciones abajo firmantes reiteramos las siguientes recomendaciones a las autoridades nacionales y la comunidad internacional, así como fue determinado en la Misión Internacional de Investigación.[6] Instamos a las autoridades nacionales a que:
5 de mayo de 2011: Antonio Rivas herido durante intento de desalojo a la Cooperativa La Trinidad
7 de mayo de 2011: Juan Licona y Manuel Vásquez de la Cooperativa El Despertar fueron heridos durante intento de desalojo en la finca el Despertar
13 de mayo de 2011: Neptalí Esquivel, campesino herido de gravedad durante desalojo de movilización en Planes municipio de Sonaguera. Resultó discapacitado, después de que un soldado le disparara en la pierna izquierda.
5 de junio 2011: Doris Pérez Vásquez y Oliver Gonzales, campesinos albergados en las instalaciones del Instituto Nacional Agrario (INA) en Sinaloa, heridos por los disparos de guardias de seguridad privada cuando éstos violentamente entraron al INA.
Secuestros y Desaparecidos:
14 de abril de 2011: Desapareción de Tarín Daniel García Enamorado y Carlos Alberto Acosta Canales, asociados a la empresa Productores de Colón; fueron encontrados torturados y asesinados el día 20 de abril.
5 de mayo de 2011: Desapareción de José Paulino Lemus Cruz de la Cooperativa Brisas del Edén, encontrado asesinado el día 10 de mayo.
10 de mayo de 2011: Alejandro Gómez de la Cooperativa La Trinidad, secuestrado y torturado.
Desaparecido desde el 15 de mayo de 2011: Francisco Pascual López de la Cooperativa Rigores.
29 de mayo de 2011: Secuestro de Olvin Gallegos y Secunino Gómez, ambos de la Cooperativa El Despertar, ambos encontrados asesinados el mismo día.
Amenazas de muerte: Desde el 2 de junio de 2011, el Abogado Antonio Trejo Cabrera, apoderado legal del Movimiento Auténtico Reivindicativo Campesino del Aguán (MARCA) y en particular de las cooperativas San Isidro, Despertar, la Trinidad y San Esteban, ha recibido amenazas de muerte en su celular contra él y su familia. El 10 de junio de 2011, el Sr. Trejo fue seguido por varios vehículos y en el mismo momento, recibió mensajes de amenazas de muerte en su contra y en contra de su familia. En su denuncia interpuesta ante la Dirección General de la Investigación Criminal, el abogado amenazado responsabiliza de cualquier atentado contra su vida, su familia y sus bienes a dos empresarios de la zona cuyas fuerzas de seguridad privada han sido identificadas como principales agresores contra las comunidades campesinas.
Denunciamos la ola de violencia que continúa sin detenerse, en una región donde la población campesina organizada vive en una situación de permanente peligro y total indefensión, caracterizada por la plena impunidad de los crímenes cometidos.
Al mismo tiempo, la implementación de las disposiciones legales y acuerdos políticos existentes para resolver el conflicto agrario no ha avanzado en una manera significativa[4]. Las autoridades reconocieron el 23 de abril de 2011 no haber cumplido con el Acuerdo del 13 de abril de 2010 entre Porfirio Lobo y representantes del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), y renovaron su compromiso de implementarlo. En relación a las tierras reclamadas por el Movimiento Auténtico Reivindicativo Campesino del Aguán MARCA, el INA entregó un total de 471 hás a campesinas y campesinos afiliados a este gremio.
El 7 de junio de 2011, el Ministro Director del INA manifestó ante el Consejo de Ministros que la falta de implementación del Acuerdo se debe a la falta de avance en la legalización de la tierra, lo que según el INA, se debe a “la falta de voluntad política de los terratenientes y en este caso el señor Miguel Facussé Barjum quien no ha querido aceptar el precio que tiene la tierra y que ha sido establecido de acuerdo a lo establecido en la Ley”. Por lo tanto, “el Ministro propone para resolver este problema en el Bajo Aguán, expropiar esas tierras por necesidad pública, mediante Decreto Legislativo”[5].
Ante esta situación, las organizaciones abajo firmantes reiteramos las siguientes recomendaciones a las autoridades nacionales y la comunidad internacional, así como fue determinado en la Misión Internacional de Investigación.[6] Instamos a las autoridades nacionales a que:
- Cumplan con su deber de investigar y sancionar de forma expedita todos los crímenes y las otras violaciones graves de derechos humanos cometidas en el Bajo Aguán, y perseguir penalmente tanto a los autores materiales como intelectuales.
- Cesen de inmediato la represión y la violencia contra el movimiento campesino, detengan especialmente los desalojos forzosos, y adopten medidas efectivas que brinden protección a las personas en riesgo.
- Regulen debidamente el funcionamiento de las empresas de seguridad privada, imponiéndoles que respeten plenamente los derechos humanos de la población so pena de la cancelación del permiso de operación en el país.
- Cumplan las disposiciones legales y los acuerdos políticos relativos a los conflictos agrarios, para lograr una solución justa y sostenible del problema de la tenencia de la tierra.
Es urgente, que la comunidad internacional refuerce su atención y acción sobre la situación de derechos humanos en Honduras, en particular en el Bajo Aguán, por lo que debe:
- Contribuir con medidas concretas y contundentes a una mayor protección de las personas en riesgo, en particular en relación al Bajo Aguán.
- Realizar un monitoreo permanente de la situación en el Bajo Aguán y particularmente de los resultados de la resolución del conflicto agrario, así como de la investigación y condena de los responsables de los asesinatos cometidos y formular recomendaciones a las autoridades nacionales.
- Asegurar la efectiva implementación de la estrategia local de las líneas directrices de la Unión Europea para la protección de defensores de derechos humanos.
- Establecer una oficina permanente del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras.
17 de junio de 2011
Organizaciones firmantes:
ALOP (Asociación Latinoméricana de Organizaciones de Promoción al Desarrollo)
APRODEV (Asociación de Agencias de Desarrollo ligadas al Concejo Mundial de Iglesias)
CIFCA (Iniciativa de Copenhague para América Central y México)
FIAN Internacional (Organización Internacional por el Derecho a la Alimentación)
FIDH (Federación Internacional de Derechos Humanos)
Grupo Sur
La Vía Campesina Internacional
PIDHDD (Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo)
Rel-UITA (Regional latinoamericana de la Unión Internacional de los Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines)
APRODEV (Asociación de Agencias de Desarrollo ligadas al Concejo Mundial de Iglesias)
CIFCA (Iniciativa de Copenhague para América Central y México)
FIAN Internacional (Organización Internacional por el Derecho a la Alimentación)
FIDH (Federación Internacional de Derechos Humanos)
Grupo Sur
La Vía Campesina Internacional
PIDHDD (Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo)
Rel-UITA (Regional latinoamericana de la Unión Internacional de los Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines)
¹ La Misión fue conformada por las redes y organizaciones internacionales siguientes: APRODEV (Asociación de Agencias de Desarrollo ligadas al Concejo Mundial de Iglesias); CIFCA (Iniciativa de Copenhague para América Central y México); FIAN Internacional (Organización Internacional por el Derecho a la Alimentación); FIDH (Federación Internacional de Derechos Humanos); Rel-UITA (Regional latinoamericana de la Unión Internacional de los Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines), y Vía Campesina Internacional.
² La Misión había documentado para el plazo del enero de 2010 al marzo de 2011, 25 asesinatos relacionados al conflicto agrario en el Bajo Aguán: 23 campesinos afiliados a las organizaciones campesinas del Aguán, más el asesinato del periodista Nahum Palacios y su pareja, también presuntamente ligado al trabajo de información que este periodista había hecho sobre el conflicto agrario antes de ser asesinado, ver informe preliminar pág. 12-16.
³ Todos afiliados a una de las tres organizaciones campesinas del Bajo Aguán: Movimiento Campesino del Aguán (MCA), Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) y Movimiento Auténtico Reivindicativo Campesino del Aguán (MARCA).
[5] Nota de la Oficina de Relaciones Públicas del INA, 7 de junio 2011.
[6] Ver en el informe preliminar de la Misión, páginas 45-48.
CG Manuel Zelaya presente en el XVI congreso de la FUTH
Se conmemoran también los 30 años de fundación de la FUTH, federación de vanguardia en la defensa de los derechos de los trabajadores, en la lucha contra el modelo neoliberal y contra del golpe de estado militar.
Vivan los trabajadores!
Viva la FUTH!
Vivia el FNRP!
Venceremos!
Necedad!
OPLN
Los términos medios son la antesala de la traición, Che
Realizan audiencia inicial, pero ¿condenarán a los agresores de la prensa?
Por: German H. Reyes/Revistazo.com Tegucigalpa. La represión policial contra los periodistas que cubren las manifestaciones populares ha sido manifiesta con mayor intensidad después del golpe de Estado que derrocó de la presidencia al Manuel Zelaya Rosales. No obstante, es el poder judicial quién tiene en sus manos evitar los atropellos a la libertad de prensa en Honduras y castigar a los culpables.
El jueves 16 de junio los juzgados de lo penal de Tegucigalpa celebraron audiencia inicial de la denuncia de abuso de autoridad presentada por la periodista de Canal 36, Lidieth Díaz, contra seis policías que le arrojaron bombas lacrimógenas cuando cubría una manifestación a inmediaciones del Instituto de Previsión del Magisterio (INPREMA).
El ataque policial contra la periodista se produjo el pasado 21 de marzo cuando la comunicadora social junto a su camarógrafo,, Rodolfo Sierra, se aprestaban a registrar imágenes y a obtener la opinión de un oficial de la policía sobre la brutal represión con gases tóxicos, toletazos y disparos de bala viva contra los manifestantes que buscaban refugiarse en negocios y casas de habitación aledañas a la zona cuando eran desalojados.
Producto de la agresión, la comunicadora social y su compañero sufrieron afecciones en su salud, situación que les imposibilitó durante varios días para realizar su trabajo.
Entre los policías acusados cuentan: Rony Fortín, Jonny Carrasco, Mario Sánchez y otros tres, cuyos nombres no fueron revelados. Se informó que el fallo final se dará a conocer el próximo miércoles a las 10 de la mañana por el juez Allan Rodríguez.
Cabe mencionar que por la agresión policial contra Díaz y las de muchos periodistas nacionales y extranjeros que cubren las manifestaciones populares, diversos organismos de derechos humanos nacionales e internacionales se pronunciaron para exigir al Estado de Honduras que respete el derecho de libertad de prensa.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a través de un comunicado con fecha 25 de marzo denunció las agresiones que han sufrido varios comunicadores sociales. El manifiesto señala que los agentes policiales y del ejercito emplearon gases lacrimógenos y balas contra empleados de medios de comunicación, instó al Estado a investigar los hechos.
Agresiones a la prensa denunciadas
La CIDH registra que el 25 de marzo la policía disparó bombas de gas lacrimógeno contra el reportero de Canal 36-Cholusat Sur Richard Casulá y el camarógrafo Salvador Sandoval, quienes fueron víctimas de intoxicación y heridas en la cara a Sandoval. El ataque se produjo mientras los reporteros cubrían la represión policial contra una manifestación de maestros en Tegucigalpa.
Ese mismo día la policía disparó bombas de gas lacrimógeno y balas de goma contra la periodista Sandra Maribel Sánchez y al camarógrafo de Globo TV, Uriel Rodríguez.
El organismo internacional también registra el ataque a balazos contra Franklin Meléndez, director de la radio comunitaria La Voz de Zacate Grande, hecho registrado el pasado 13 de marzo. Meléndez recibió un disparo en la pierna, mientras los reporteros de esa emisora recibieron amenazas de muerte, por lo que solicitaron medidas cautelares de protección.
Otra situación que no puede pasar desapercibida son los ataque sufridos por Radio Uno y su el personal. El director de esta emisora comunitaria, Arnulfo Aguilar, en varias ocasiones ha denunciado ser víctima de atentados criminales.
Persecución: Fiscal Henry Salgado amenaza con "investigar" a abogados del ex secretario de la Presidencia, Enrique Flores Lanza
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La persecución política arrecia por los operadores de justicia del Estado. Ahora esa persecución se extiende contra los abogados defensores del ex secretario de la Presidencia, Enrique Flores Lanza que es comandada por el Fiscal Especial de Lucha Contra la Corrupción, Henry Salgado.
La denuncia de la persecución la interpuso este día por el abogado Raúl Suazo Lagos, quien comentó que el fiscal Salgado ha ordenado que “se le investigue”. También consideró esa acción como una forma de perseguirlo y acosarlo.
Actualmente, Suazo Lagos defiende a Enrique Flores Lanza de los supuestos actos de corrupción que le fueron incoados por el Ministerio Públicos dos días después del golpe de Estado del 28 de junio de 2009.
El profesional del derecho dejó entrever su temor a que el organismo que “defiende los intereses de la sociedad” le vaya a imponer trampas a fin de desistir de proseguir defendiendo a su cliente.
El ex secretario de la Presidencia del gobierno de Manuel Zelaya se encuentra bajo arresto domiciliario luego que el juez Claudio Aguilar dictara auto de prisión y el pago de una fianza que llega a los 27 millones de lempiras.
FNRP convoca a movilización de solidaridad con Enrique Flores Lanza
Viernes 17 de Junio de 2011 13:32 Red Morazánica de Información 
Red Morazánica de Información
Tegucigalpa. 17 Junio 2011. El Frente Nacional de Resistencia Popular ha convocado a la resistencia a movilizarse en solidaridad con Enrique Flores Lanza, ex ministro de la Presidencia durante la administración de Manuel Zelaya, quien el pasado miércoles fue condenado a pagar una millonaria fianza y cumplir arresto domiciliario por 30 días, al cabo de los cuales podría ser trasladado a la Penitenciaria Nacional.
Mediante comunicado difundido el día de ayer en conferencia de prensa, el FNRP denunció la represión y persecución política de que está siendo objeto Flores Lanza con la aplicación de la injusta sentencia judicial.El FNRP hizo el llamado a la comunidad internacional a pronunciarse sobre el nuevo acto de arbitrariedad e instó a la Comisión de Seguimiento, integrada por los cancilleres de Venezuela y Colombia, a interceder ante la amenaza de echar por tierra lo acordado en mayo con la mediación de estos gobiernos amigos.
En el comunicado el Frente Nacional de Resistencia Popular, patentizó su apoyó solidario a Flores Lanza, quien además forma parte de la Comisión Política del FNRP, y anunció la realización de varias movilizaciones populares en defensa de los derechos de Enrique Flores Lanza, así como de otros miembros que sufren persecución, represión y exilio.
En la conferencia de prensa realizada en la sede del STIBYS, estuvieron presentes entre otros miembros de la Coordinación Nacional, el Coordinador y el Sub Coordinador, Manuel Zelaya y Juan Barahona respectivamente, Rafael Alegría, Porfirio Ponce, así como la esposa de Flores Lanza y ex-magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Sonia Marlina Dubón.
Manuel Zelaya encabezará movilización
La primer movilización convocada en solidaridad con Flores Lanza y demás perseguidos políticos se realizará el próximo lunes, 20 de junio, y será además la primer movilización del FNRP encabeza por su Coordinador General.
El punto de concentración y partida será la sede del STIBYS a partir de las 8:00 de la mañana, de allí se desplaza hasta un lugar no determinado aún.
