A un año del asalto militar Radio Globo y canal 36 exigen justicia
Miércoles 29 de Septiembre de 2010Red Morazánica de Información
Ambos medios de comunicación fueron asaltados y desmantelados por los militares hondureñosRed Morazánica de Información.
Tegucigalpa 28 de septiembre de 2009. Un año después del asalto militar contra las instalaciones de Radio Globo y canal 36, ordenado por el dictador Roberto Micheletti y el general Romeo Vásquez Velásquez, las dos emisoras de radio y televisión exigen justicia.
Ambos medios de comunicación han recordado hoy, con tristeza, el asalto militar en que fueron ocupados y desmantelados, los dos medios han transmitidos videos donde se observa a militares alzarse con computadoras y todos los equipos de transmisión.
Aquel día, el mundo fue testigo a través de las cámaras de Telesur, como militares y policías desmantelaban las antenas de la radio y el canal de televisión.
El cierre de los dos medios de comunicación ocurrió justo cuando se cumplían tres meses después del golpe de Estado contra Manuel Zelaya Rosales y seis días después que el presidente hiciera su ingreso en la sede de la Embajada de Brasil en Tegucigalpa.
El 28 de septiembre de 2009 es “una fecha que nunca olvidaremos”, dice Radio Globo en un mensaje, con motivo del primer aniversario del cierre seguido de asalto. “exigimos justicia para este hecho bochornoso, no mas impunidad, exigimos castigo para los violadores del derecho a la libertad de expresión” agrega la emisora en un mensaje grabado.
Eran las cinco y 20 minutos de la mañana del 28 de de septiembre de 2009, cuando un contingente militar acompañados por policías cobras, agentes de investigación criminal, rompieron las puertas del edificio de la emisora, para llevarse los equipos de transmisión de la empresa y otras prendas de valor como dinero en efectivo.
Acto seguido y de manera simultánea también asaltaban las instalaciones de Cholusat Sur Canal 36.
El cierre de los medios de comunicación ocurrió después que la dictadura emitió un decreto el 22 de setiembre y publicado en La Gaceta del 26 del mismo mes, que restringió las libertades civiles, lo que le permitió cerrar medios de prensa y prohibir reuniones y manifestaciones públicas. El decreto aún se mantiene vigente y podría ser utilizado nuevamente.
Según lo denunciado por Alejandro Villatoro propietario de la radio, es día no solo se llevaron el equipo de radiofónico, los militares también se llevaron una computadora portátil, dinero en efectivo incluido dólares y euros que mantenía en su oficina.
Un año después la Dirección General de Investigación Criminal DGIC, “nunca dio un dictamen sobre lo que se robaron” en las oficinas del propietario de la radio.
Un año después, a pesar que existen denuncias ante los órganos administradores de justicia, acompañadas de vídeos de lo ocurrido, ninguno de los responsables del cierre de estos dos medios de comunicación, se encuentra enjuiciado o encarcelado por esos delitos.
Al contrario los juzgados hondureños han librado de responsabilidad a los acusados por la fiscalía de derechos humanos.
La radio ha repetido hoy las grabaciones de ese día, en el que se escucha al director de la radio David Romero, “están botando en este momento los portones, repetimos en este momento nos están botando los portones, mientras el periodista Rony Jonathan Martínez se le escucha decir, hacemos la denuncia internacional.
De igual manera Canal 36, ha recordado el momento en que los militares se quedaron con las instalaciones de la empresa televisora.
Las emisoras permanecieron cerradas por 22 días, en los cuales la radio transmitió vía internet y fue retransmitida su señal por muchas radioemisoras de todo el mundo, en Honduras fue retransmitida su señal por varias radios comunitarias y a través de Radio Gualcho de Tegucigalpa y Radio Uno de San Pedro Sula.
El Comité Para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras CODEH, todavía espera respuesta del Ministerio Publico y de la Corte Suprema de Justicia, sobre las denuncias y los recursos de amparo presentados a favor de ambos medios de comunicación.
Para Wendy Ávila: Más lloran las campanas
29/09/2010El Libertador
Hoy doblan las campanas en los pueblos de mi patria . Donde reside nuestra alma estrujada por el crimen, y siento que grita y pide justicia ante tu sangre inocente que sigue derramando la barbarie.
Qué dolor tan grande producen los recuerdos de la madrugada del 22 de septiembre.
Millares de gorilas armados, asesinos , criminalmente reprimieron la manifestación pacifica frente a la embajada de Brasil, nos Asfixiaron y nos quitaron la libertad y el aire con tu muerte .
Fueron como fieras, como animales salvajes atacando para destruir la vida. Con tanta saña y maldad en los ataques, que su furia, era para liquidar enemigos invasores .
Las Ráfagas, los disparos, los golpes, los gases del genocida ejercito masacraron nuestro pueblo por orden del tirano.
Tragedia en la democracia y al final el luto en la familia que llora tu ausencia sin retorno, y la resistencia que sufre y lucha contra el golpe, porque no muera la esperanza en tu causa y en la patria .
Hoy después de un año, siento que lloran más las campanas en el templo, por que sigue la infamia y no se ve que haya justicia por la injusta orden de tu muerte .
Hoy después de un año, más lloran por Wendy Ávila las campanas en el pueblo.
Por: José Manuel Zelaya Rosales
Coordinador General del FNRP
Hondureños dicen NO a concesión de contratos de energía limpia a empresarios golpistas: Revela encuesta realizada por EL LIBERTADOR
28/09/2010El Libertador
Tegucigalpa. Con un rotundo no, los hondureños se oponen a que los oligarcas vendedores de la energía térmica, acaparen el negocio de la energía limpia, y se apoderen de los recursos naturales del país.
En una encuesta realizada por EL LIBERTADOR digital, con la pregunta “¿Está de acuerdo que el mismo grupo oligárquico que está vendiendo la energía térmica venda energía renovable?”, el 87 por ciento de los encuestados (643 personas) no están de acuerdo con que el Congreso Nacional haya concesionado a los térmicos la explotación de energía limpia durante treinta años, porque aseguran que saquearán las arcas del estado, que según estimaciones de técnicos de la Coalición Patriótica, supera los 200 mil millones de lempiras.
Mientras que el once por ciento de los encuestados (85 personas) dijeron que sí estaban de acuerdo con la concesión que ese poder del Estado había hecho a los empresarios térmicos, y el restante dos por ciento (15 personas) dijeron no importarles o desconocían sobre la energía concesionada.
La denuncia sobre el acaparamiento de la energía renovable por los oligarcas golpistas la hizo la coordinadora de la Coalición Patriótica, Juliette Handal, en el sentido que “el setenta por ciento de la energía renovable se la llevarán los mismos que explotan la térmica (Freddy Nasser y Schucry Kafie), y el restante treinta por ciento se lo van a llevar los pequeños empresarios.
Entre los “beneficios” que los térmicos recibieron – según la Coalición- fue que durante la dictadura de Roberto Micheletti Baín, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), bajo la administración de Jacobo DaCosta, se alteró las bases de licitación, haciendo que la estatal eléctrica tenga que asumir costos por la instalación de tendido, así como la pérdida de los grandes consumidores, lo que es inminente la desaparición de la principal empresa de electricidad de los hondureños.
Por su parte, el Frente Nacional de Resistencia Popular, manifestó que "Desde ya establecemos al régimen sucesor del golpe de Estado que dirige Porfirio Lobo Sosa, y a los otros poderes del Estado títeres de la oligarquía árabe, que si realizan contratos en contra del pueblo hondureño, “La Resistencia” una vez convertida en el Gobierno del pueblo derogará de inmediato todo contrato aprobado por corrupción, castigando a todos aquellos o aquellas que se hayan visto involucrados y favorecidos directa e indirectamente en este delito de lesa humanidad".La Corte de la injusticia de Honduras
voselsoberano.com | Martes 28 de Septiembre de 2010
Nuestra Palabra, Editorial Radio Progreso, 28 Septiembre de 2010
Desde el golpe de Estado, varios organismos internacionales han manifestado su preocupación por la falta de independencia judicial en Honduras.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció los actos de hostigamiento contra jueces y juezas que se opusieron al golpe de Estado, particularmente contra los jueces miembros de la Asociación de Jueces por la Democracia.
La Comisión de Alto Nivel de la OEA le recomendó al Estado hondureño adoptar todas las medidas necesarias para poner fin a las amenazas y hostigamientos contra los jueces y juezas que participaron en actividades contra el golpe de Estado.
Pese a estas manifestaciones de preocupación, la Corte Suprema continuó con el libreto de ser un autor fundamental en la defensa del golpe de Estado y en el encubrimiento de la impunidad. En vez de acatar las recomendaciones de estos organismos, la Corte Suprema separó de sus cargos a los jueces Guillermo López Lone, Ramón Enrique Barrios, Luis Alonso Chévez de la Rocha, y a la Magistrada Tirza Flores Lanza.
Para la Comisión Interamericana, las causas que motivaron esta decisión están vinculadas indudablemente a la participación de estos jueces en diferentes espacios contra el rompimiento del orden constitucional, por lo que consideró inaceptable que estos funcionarios encargados de administrar justicia hayan sido acusados y despedidos por su defensa de la democracia.
La posición de la Corte Suprema hondureña es un fiel reflejo de las actitudes dictatoriales del gobierno de Fujimori en Perú, quien en una situación similar destituyó a los magistrados del Tribunal Constitucional porque éstos se oponían a las medidas represivas y violatorias de la Constitución por parte de su gobierno.
Los magistrados peruanos denunciaron al Estado de Perú ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y lograron una sentencia histórica gracias a la cual fueron reintegrados en sus puestos.
Con estos antecedentes, los jueces hondureños despedidos también presentaron una denuncia internacional contra el Estado de Honduras y es indudable que no sólo lograrán su reintegro, sino también evidenciarán una vez más ante la comunidad internacional que la Corte Suprema de Justicia es el máximo responsable de la impunidad en el país y los magistrados y magistradas que los despidieron, tendrán que tragarse la prepotencia de creerse por encima de la justicia.
Exige movimiento popular suspender comicios en Honduras
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