viernes, 5 de octubre de 2018

HONDURAS: CIDH exhorta al Estado de Honduras respetar el principio de legalidad de los presos políticos // En su 169 periodo de sesiones, la CIDH recibe información sobre la situación de los presos políticos en Honduras // Ni la lluvia detuvo a los juticalpenses en su protesta contra la EEH // Sombrío contrato petrolero amenaza el Caribe hondureño // Resistencia en comunidades frente a modelo extractivo tiene sus razones // El Tornillito, la amenaza en Chinda // Amnistía Internacional: Las autoridades deben garantizar la seguridad de los defensores y periodistas // BRASIL: Chomsky asegura que Lula es un “preso político” que es mantenido aislado para favorecer un “golpe de Estado blando” en Brasil // Carta de Lula desde la Prisión: “Brasil debe decidir entre civilización y barbarie, entre democracia y fascismo” // Democracia o nazifascismo por Leonardo Boff

CIDH exhorta al Estado de Honduras respetar el principio de legalidad de los presos políticos

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó este miércoles al Estado de Honduras para que respete el principio de legalidad de los presos políticos, que fueron capturados durante las protestas postelectorales.
La instancia de la Organización de Estados Americanos (OEA) encargada de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano, hizo el señalamiento durante una audiencia sostenida hoy en Washington, D.C., entre una delegación de la sociedad civil y el gobierno de Honduras, representado por la Procuradora General de la República, Lidia Estela Cardona y la subsecretaria de Derechos Humanos, Jackeline Anchecta.
Durante su exposición la Procuradora responsabilizó a grupos criminales y maras y pandillas de haber participado en las protestas posteriores a las elecciones generales del 26 de noviembre de 2017. Lo que fue lamentado por el comisionado presidente de la CIDH, Luis Ernesto Vargas, que consideró que si el Estado de antemano señala que los participantes de las manifestaciones eran las maras y pandillas, es difícil llegar a un acercamiento.
Vargas apuntó que quienes protestan están más pendientes de defender la democracia que de cometer delitos, e instó al Estado de Honduras a respetar el debido proceso y el principio de legalidad sobre los juicios contra los presos políticos.
También dijo que si a las personas que fueron detenidas, retenidas y procesadas por la justicia, no se les aplicó delitos como sedición, terrorismo y otros que se vinculan a asuntos políticos, es porque se pretende instaurar que no existen presos políticos, razón por la cual a las personas se les ha acusado por diferentes delitos comunes establecidos en el Código Penal.
Un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) presentado en marzo pasado, señala que durante las protestas ciudadanas, “las fuerzas de seguridad emplearon excesiva fuerza para dispersarlas, especialmente la Policía Militar de Orden Público provocando muertos y heridos”.
De acuerdo a la OACNUDH, las protestas dejaron la muerte de al menos 22 ciudadanos y la detención de 1.351 personas.
Por su parte el relator Joel Hernández, recomendó a los participantes en el diálogo político nacional, que se lleva a cabo con la mediación de las Naciones Unidas, que en la mesa donde se discute los temas de derechos humanos se tome en cuenta las 25 recomendaciones que la delegación de la CIDH hizo durante su vista in loco en Honduras en agosto pasado.
Por su parte la comisión de la sociedad civil inició su exposición, apuntando que el tema principal del diálogo debería ser el fraude electoral, pero que es algo que no se aborda porque lo que se pretende es legitimar el fraude electoral.
La representación de sociedad civil enfatizó además en que las víctimas mortales de la crisis post electoral no son 22 ciudadanos como lo establece el informe de la ONU, sino que 33, de acuerdo a sus monitores de los hechos.
Los miembros de la CIDH insistieron en que el Estado de Honduras debe respetar el derecho a la libertad de expresión y a la protesta y a ampararse a los estándares internacionales para tratar a los privados de libertad porque durante la visita in loco se constató la aplicación de un “régimen arbitrario” a lo interno de las cárceles de máxima de seguridad donde se encierra a personas sin tomar en cuenta la proporcionalidad sobre el peligro que representan para la sociedad.
La comisionada Flávia Piovesan preguntó a la delegación gubernamental sobre los procesos que se han emprendido para castigar a los responsables de los crímenes, a lo que la sub secretaria de Derechos Humanos respondió diciendo que ya se capturó a un policía por el crimen de un niño durante las protestas postelectorales y se han presentado otros 18 requerimientos fiscales.
La respuesta del gobierno fue contrarrestada por la delegación de sociedad civil que aseveró que los 18 requerimientos no tienen nada que ver con los crímenes cometidos en el marco de la crisis post electoral, ya que corresponden a abusos cometidos por militares y policías en escenarios distintos al asunto antes señalado.
En la audiencia, donde se discutió la situación de personas criminalizadas y privadas de la libertad en el contexto del conflicto postelectoral en Honduras, participaron representantes de la Coalición contra la Impunidad, Amnistía Internacional, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Comité Pro la Liberación de Presos Políticos Estado de Honduras.


En su 169 periodo de sesiones, la CIDH recibe información sobre la situación de los presos políticos en Honduras


Por Riccy Ponce.
Tegucigalpa.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos  (CIDH) concedió la petición realizada por Amnistía Internacional, Comité por la Liberación  de los Presos Políticos, CEJIL  y la Coalición Contra la Impunidad,  de conceder una audiencia en su 169 periodo de sesiones que realiza dos veces al año en  ese organismo internacional, esto con el fin de hablar sobre la situación de los presos políticos en el país.
La audiencia se realizó  este miércoles en Boulder, Colorado, Estados Unidos, donde los representantes de sociedad civil expusiera ante  ese órgano la situación de los presos políticos y las violaciones a los derechos humanos  que han  sido víctimas.
Breda  Mejía, representante de la Coalición Contra La Impunidad explicó inicialmente a la CIDH el contexto en el que se dio la crisis post  electoral del  26  de noviembre de 2017, donde  se realizaron elecciones generales en  Honduras y como se dieron los hechos que generaron la desconfianza de la población, hasta que fue confirmado el  resultado final,  donde fue declarado presidente a Juan Orlado Hernández, cuya candidatura es considerada ilegal por varios  sectores.
“Como  consecuencia de esas elecciones, las personas comenzaron a manifestarse y movilizarse en reclamo de lo que consideraba un fraude electoral, el gobierno   respondió a estas manifestaciones pacíficas con el uso desproporcionado de la fuerza y suspendiendo garantías, en particular la libertad de circulación durante los 10 primeros días de diciembre”.
En este contexto, la protesta social era considerado como un  acto delictivo de criminalidad organizada y  estructurada, siendo quien participa en ellas blancos de ataques sistemáticos, persecución,  vigilancia, tratos crueles e inhumanos y degradantes, torturas, difamación  y calumnias, señaló Mejía.
Agregó que la persecución se enfocó en líderes de oposición y en  personas con alto nivel de liderazgo en las comunidades; una vez identificadas estas personas  se realizaron  allanamientos arbitrarios, domiciliarios, detecciones si orden judicial y con implantación de pruebas, coaccionado a los detenidos para la aceptación de los cargos.
Por su parte Karol Cárdenas, del área de acceso a la  justicia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en  Honduras (COFADEH), organización que lleva la representación legal de Edwin Espinal, recluido en La Tolva, expresó su preocupación por el acceso a los informes y la celeridad para celebrarse las audiencias, impidiendo la preparación de una estrategia de defensa.
“Nos preocupa la falta de acceso a los informes  y la celeridad para celebrar las audiencias, impidiendo que se prepare una estrategia de defesa, en un caso concreto, el juzgado señaló la audiencia inicial con un  día de diferencia de la audiencia de declaración de imputados, siendo este un  día inhábil, contrariamente se observa un  retardo injustificado en las etapas subsiguientes”.
Cárdenas agregó que esto ocurre  al momento de presentar los recursos de apelación, que en algunos casos tardaron casi seis meses para llegar a la Corte de Apelaciones en los  casos de los recluidos de Pimienta, ya que el expediente  que fue enviado a la Corte de Apelaciones estuvo no localizable durante más de 30 días y fue por las acciones  de los defensores de derechos humanos que fue identificado.
Por todo lo expuesto, es claro que el derecho penal  está siendo utilizados para someter a los disidentes políticos a procesos injustos; resaltamos el uso de la figura de testigos protegidos, parecidos más bien como testigos anónimos para fabricación de pruebas y se acude además a delitos que pertenecen a la acusación pública, sin que exista la posibilidad para la defesa, finalizó Cárdenas.
Otro de los asistentes a la audiencia fue Carlos  Paz de Caritas de San  Pedro Sula, quien explicó la situación de los centros penales en el país.
“Las condiciones de los centros penitenciarios en Honduras  no cumple  con los mismos estándares internacionales, la sobrepoblación penitenciaria es un problema estructural  histórico, sumado a que los centros penitenciarios son administrados por la policía militar”, sostuvo Paz.
Añadió que en el caso de las personas detenidas en el contexto post electoral, las autoridades penitenciarias agravaron las condiciones de detección como parte de la estrategia de castigo, la primera violación a los derechos se configura por el hecho de haber sido enviados a cárceles de máxima seguridad, aún cuando fueron acusados de delitos comunes.
Algunas de las peticiones que las organizaciones presentes   solicitaron a la CIDH es que solicite al Estado que reconozca  la existencia de presos políticos y  tome medidas para su liberación; que ordene al Estado de Honduras que respete el derecho al debido proceso de  todas las personas detenidas en el contexto de la crisis post electoral,   incluyendo la aplicación de medidas alterativas a la prisión  preventiva;  inste al Estado hondureño a reubicar a las personas privadas de libertad en el contexto de la crisis post electoral que están en  cárceles de máxima seguridad.
La crisis  post electoral en Honduras dejó 22 presos políticos, pero el 30 de  agosto la cifra aumentó, luego que se conociera que un  juez enviara a prisión a nueve  personas mas acusados de incendiar el Palacio Municipal de Las Vegas, Sata Bárbara. Y el 26 de septiembre dos personas más  fueron  enviadas a prisión  por los mismos delitos.
Actualmente se encuentran recluidos 12 personas en la cárcel de El Pozo, ubicada en Ilama, Santa Bárbara; 2 en La Tolva, en Moroceli, El Paraíso; 2 en el cetro penal de El Progreso y una mujer en la cárcel de Tamara.

ONU confirma muertes y uso de fuerza letal por cuerpos de seguridad del Estado de Honduras durante crisis electoral

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-Las fuerzas de seguridad del Estado de Honduras utilizaron la fuerza excesiva y letal en contra para reprimir a los a las personas que protestaron en el marco de la crisis post electoral, donde al menos 22 ciudadanos y un agente policial murieron de manera violenta, según un informe presentado este lunes por la Oficina del Alto Comisionados de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).

Noticia Relacionada: Medicina Forense confirma uso de armas policiales y militares en 27 muertes durante crisis electoral

Honduras
El informe fue presentado esta mañana en Tegucigalpa en un acto encabezado por la representante de la OANUDH en Honduras, María Soledad Pazo.
El texto que se resume  en 35 páginas, que los miembros de los “miembros de los cuerpos de seguridad de Honduras, en particular de la policía militar, utilizaron una fuerza excesiva — incluso letal- para controlar y dispersar las protestas que estallaron tras las controvertidas elecciones presidenciales de noviembre pasado”,
En el informe se detallan las violaciones de derechos humanos ocurridas entre el día de la votación, el 26 de noviembre, y la toma de posesión del Presidente, el 27 de enero. En el documento se llega a la conclusión de que por lo menos 22 civiles y un agente de policía murieron durante las protestas. Al menos 16 de estas víctimas, entre ellas dos mujeres y dos niños, murieron violentamente a causa de disparos efectuados por las fuerzas de seguridad. El informe documenta también las muertes de 15 personas, entre que figuran candidatos políticos, consejeros municipales y activistas, en el periodo anterior a las elecciones.
Aunque algunos de los manifestantes realizaron actos violentos, en el informe se destaca que “el análisis del tipo de lesiones sufridas por las víctimas, indica que las fuerzas de seguridad hicieron un uso intencional y letal de las armas de fuego, incluso más allá del propósito disuasorio o de defensa propia, como cuando los manifestantes estaban huyendo”. En particular, esto quedó ilustrado por los casos de siete víctimas que murieron como consecuencia de disparos en la cabeza.
“Estos casos suscitan serias preocupaciones y podrían equivaler a ejecuciones extrajudiciales”, indica el informe. Hasta el 27 de enero, según información recibida no se habían presentado cargos contra ningún miembro de las fuerzas de seguridad en relación con las muertes y lesiones ocurridas.
Además, unas 1.351 personas fueron detenidas entre el 1 y el 5 de diciembre, acusadas de violar el toque de queda impuesto en el marco del estado de excepción que se declaró el 1 de diciembre. Los criterios imprecisos y amplios del estado de excepción en lo referente a la detención de personas, incluso a quienes se considerasen “sospechosas de algún modo” de causar daños a bienes o personas o cometer delitos, fueron más allá de lo estrictamente requerido por la situación, resultando en arrestos masivos e indiscriminados, y tuvieron el efecto de limitar el derecho a la reunión pacífica y de asociación.
En el informe también se destacan los `alegaciones creíbles y coherentes de malos tratos contra personas en el momento de su arresto y/o detención”,  allanarnientos ilegales de viviendas y un aumento de las “amenazas y el hostigamiento contra periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación, así como contra activistas sociales y políticos”.
Las violaciones de derechos humanos descritas en este informe se produjeron “en el contexto de una crisis política, económica y social heredada desde el golpe de Estado militar de 2009, y por la demora en realizar las reformas necesarias en los ámbitos institucional, político, económico y social.”, reza el texto de las Naciones Unidas.

A la presentación del informe se hicieron presentes representantes de la comunidad internacional, defensores de derechos humanos, funcionarios de Gobierno y miembros de la oposición política.
El informe insta al Gobierno de Honduras a que entable un diálogo nacional participativo, sobre las reformas que promuevan el desarrollo, los derechos humanos y la reconciliación.
“La situación de derechos humanos en Honduras, que ya es frágil y padece de altos niveles de violencia e inseguridad, probablemente se deteriorará aún más, a menos que haya una verdadera rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos y se adopten reformas para abordar la profunda polarización política y social del país”, declaró el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein.
Entre sus recomendaciones, el informe pide a las autoridades que restrinjan el uso de la policía militar y las fuerzas armadas en las funciones de aplicación de la ley y que regulen el uso de la fuerza por parte de todos los organismos y cuerpos de seguridad, de conformidad con las normas y estándares internacionales de derechos humanos.
En el informe se recomienda también que se lleven a cabo investigaciones rápidas, imparciales, independientes y transparentes de todas las denuncias de violaciones de derechos humanos que ocurrieron en el contexto de las elecciones.
La representante de OACNUDH en Honduras, María Soledad Pazo, dijo que la obligación para la investigación y sanción contra los responsables, corresponde a los órganos jurisdiccionales de Honduras, quienes de acuerdo al gobierno, han integrado una fuerza de tarea, pero lamentó que hasta el momento no se le haya informado sobre los resultados de las acciones emprendidas por esta instancia.
En ese orden, reveló que todos los requerimientos de información y de reuniones que ha hecho al fiscal general, Óscar Chinchilla, no han sido contestadas.  A excepción de la Dirección de Medicina Forense que desde el principio del proceso le ha facilitado información y su titular, Julissa Villanueva, se ha reunido con ella.

Este miércoles: Audiencia en la CIDH sobre personas criminalizadas y privadas de libertad en el contexto postelectoral en Honduras

Tuesday, 02 October 2018 22:56 Written by  Published in Contexto 

Este miércoles: Audiencia en la CIDH sobre personas criminalizadas y privadas de libertad en el contexto postelectoral en Honduras
Foto de la izquierda:Free EDWIN ESPINAL Libertad. Foto de la derecha: Proceso Digital
Varias organizaciones nacionales e internacionales participarán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en una audiencia para examinar la situación de las personas criminalizadas y privadas de libertad en el contexto del conflicto postelectoral en Honduras, este 03 de octubre de 2018, en Washington, en el 169 período de sesiones que realiza esta instancia internacional.
El proceso electoral de noviembre de 2017 dejó como consecuencia asesinatos, detenciones arbitrarias, presos políticos y personas llevadas a juicios violentando el debido proceso por la participación en manifestaciones donde hicieron uso del derecho a la protesta contra el fraude electoral por el cual llegó en su segundo período Juan Orlando Hernández.
Las organizaciones que estarán en la CIDH son  Coalición contra la Impunidad, Amnistía Internacional, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Comité Pro la Liberación de Presos Políticos Estado de Honduras. La audiencia será transmitida en vivo a través del enlace https://livestream.com/RP/Schadensp   que se realizará de 9 a.m. a 10 a.m.
Según el informe preliminar de la Coalición contra la Impunidad difundido en conferencia de prensa este 26 de enero de 2018, unos 64 defensores, defensoras y líderes sociales que han sido víctima de persecución, seguimiento y hostigamiento por parte de cuerpos de seguridad del Estado.
Mientras un informe de Amnistía Internacional denominado “Prohibido Protestar, Uso de la Fuerza y Detenciones Arbitrarias como Estrategias para Reprimir la Disidencia en Honduras” destaca que las fuerzas de seguridad detuvieron a más de mil personas por supuestamente haber violado el toque de queda y decenas más fueron arrestadas por supuestos actos de violencia cometidos durante las protestas.
Por su parte la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), informó a través de  un informe titulado “Las violaciones a los derechos humanos en el contexto de las elecciones de 2017 en Honduras”, que por lo menos 118 personas han enfrentado cargos penales por su presunta participación en delitos cometidos durante las protestas. 21 de ellas fueron enviadas en prisión preventiva.
La CIDH realizó una visita in loco a Honduras del 30 de julio al 03 de agosto de este año, una misión de este organismo se reunió con diversos sectores y conoció de viva voz de las víctimas o sus parientes la represión recibida en el contexto postelectoral.
La instancia internacional de derechos humanos dejó unas 25 recomendaciones y en las mismas en relación  a este tema dijo que “por lo menos 1.351 personas fueron detenidas por violar el régimen de suspensión de garantías establecido por Decreto por un total de 16 días. Se presentaron cargos criminales contra al menos 114 personas por su presunta participación en delitos cometidos durante las protestas. A la fecha, 84 personas están bajo proceso, y cinco se encuentran privadas de su libertad. Respecto de sus procesos, la Comisión recibió información en el sentido de que no contaron con una defensa adecuada ni tuvieron contacto con sus familiares. Estas alegaciones constituirían un incumplimiento por parte de Honduras de su deber de adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho al debido proceso y al acceso a la justicia de las personas detenidas de conformidad con los estándares internacionales en la materia”.
Lo que no se puede ocultar
De diciembre de 2017 a enero de 2018 había un listado de 22 presos políticos según lo dio a conocer el Comité Pro la Liberación de Presos Políticos Estado de Honduras. Nueve estaban privados de libertad en el Centro Penal de El progreso, Yoro; 10 en la cárcel de máxima seguridad conocida como El Pozo, en Ilama, Santa Bárbara y dos en la Tolva, al oriente del país.
18 de estos a través de organizaciones de derechos humanos y sus apoderados legales lograron salir de prisión y defenderse en libertad, pero a pesar de ello tienen constante hostigamiento por parte de los cuerpos represivos del Estado, entre lo que figura la vigilancia y los allanamientos ilegales.
Pero a la fecha siguen prisioneros Edwin Espinal y Rául Álvarez en la cárcel de máxima seguridad La Tolva en el departamento de El Paraíso; Edy Gonzalo en la cárcel de máxima seguridad El Pozo en el departamento de Santa Bárbara; y Gustavo Cáceres y José Godínez en El Progreso, Yoro.
El gobierno de Juan Orlando Hernández se resiste a reconocer la existencia de presos políticos en el país y aunque se ha establecido un supuesto diálogo liderado por la ONU, este tema no figura en la agenda ni las víctimas o sus familiares han sido reconocidos como actores importantes.

Ni la lluvia detuvo a los juticalpenses en su protesta contra la EEH

La Empresa Energía Honduras (EEH) una vez terminada la manifestación volvió a quitar la energía eléctrica como para demostrar lo mal que andan en su operación
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn 
Tegucigalpa. – Ni la lluvia detuvo a os ciudadanos del municipio de Juticalpa en el departamento de Olancho, que esta tarde salieron a protestar contra los abusos y el mal servicio que presta la Empresa Energía Honduras (EEH) que mantiene a la ciudadanía con cortes del fluido eléctrico hasta cuatro veces por semana.
El pueblo se auto convocó e frente al estadio “Juan Ramón Brevé Vargas” y aunque cayó un fuerte aguacero dijeron presente para elevar su voz de protesta porque ya no soportan los cortes de energía y las pérdidas que provocan a los empresarios y comerciantes, además de los daños a los electrodomésticos en la mayoría de los hogares.
En su pronunciamiento exigieron la pronta normalización del voltaje de energía en el municipio y hacer un alto a tanto racionamiento que de fórrela diaria ocurre en el Municipio de Juticalpa.
Como población se oponen y resisten a las constantes alzas del costo de Energía Eléctrica, sin justificación en los recibos que de forma mensual recibimos en nuestros hogares.
Hicieron un llamado a las autoridades del municipio, a nivel departamental y a los siete diputados para que defiendan los intereses del pueblo y eleven el clamor de esta población ante el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional para que se revise o cancele el contrato firmado con la E.E.H. donde se percibe una evidente privatización del servicio de Energía eléctrica.
Advirtieron que de seguir con este mal Servicio, y costos elevados sin justificación, como Población contrataremos los servicios de Abogados del Pueblo para Demandar a esta Empresa y de ser necesario al Estado de Honduras por las pérdidas de sus aparatos electrodomésticos provocados por las constantes alteraciones en el servicio de energía que estamos recibiendo.

PRONUNCIAMIENTO
Los ciudadanos del Municipio de Juticalpa, cansados ya de tanto abuso e irrespeto a este noble pueblo por parte de la E.E.H. (Empresa energía Honduras) quien desde que inició operaciones en nuestro país solo se ha dedicado a aumentar los costos de facturación más una notable desmejora en el servicio brindado con su constante irregularidad en el voltaje lo que ha provocado el daño a enteches aparatos electrodomésticos, y electrónicos. de un gran número de la población y Empresas de la Ciudad y Municipio, por lo que declara el presente Pronunciamiento.
  1. Convocar a toda la población Civil del Municipio de Juticalpa a una PRIMERA MARCHA PACIFICA en señal de protesta por los abusos de la E.E.H. (Empresa Energía Honduras).
  2. Exigir a la E.E.H. la pronta Normalización del Voltaje de Energía en el Municipio y hacer un alto a tanto razonamiento que de forma diaria ocurre en el Municipio de Juticalpa.
  3. Como población nos oponemos y resistimos a las constantes alzas del costo de Energía Eléctrica, sin justificación en los recibos que de forma mensual recibimos en nuestros hogares.
  4. A las autoridades del municipio de Juticalpa y departamento de Olancho, Alcalde Municipal, Gobernador Político, a sus 7 diputados electos para defender los Intereses del pueblo, les exigimos como pueblo UNIRSE para elevar el clamor de esta población ante el poder Ejecutivo y Congreso Nacional para que se revise o cancele el contrato firmado con la E.E.H. donde se percibe una EVIDENTE PRIVATIZACION del servicio de Energía eléctrica sin Misericordia para el pueblo.,
  5. Advertimos que de seguir con este mal Servicio, y costos elevados sin justificación, como Población contrataremos los servicios de Abogados del Pueblo para Demandar a esta Empresa y de ser necesario al estado de Honduras por las pérdidas de nuestros aparatos electrodomésticos y electrónicos provocados por las constantes alteraciones en el servicio de energía que estamos recibiendo.
  6. Exigimos que una vez en servicio la Represa PATUCA se conecte de Inmediato esta Energía al depto. De Olancho y así estabilizar el servicio y el consecuente abaratamiento de los costos por kilowatt consumido por este tipo de Energía Hídrica.
  7. Las acciones pacificas que hoy iniciamos como Pueblo Olanchano se irán fortaleciendo y siendo más exigentes en contra de esta empresa, del Poder Ejecutivo, y Legislativo, en la medida que no busquen solucionar este grave problema ocasionado a la población Olanchana.
  8. Pedimos y animamos a todos Olanchanos en el resto de Municipios del departamento y en todo el país, unirse como Población Civil a defender sus derechos Ciudadanos y constitucionales ya que nuestros Gobernantes solo se preocupan por solventar su situación personal y familiar olvidándose de a quien representan como Servidores públicos.
Dado en la Ciudad de Juticalpa a los 3 días del mes de octubre del año 2018.
SOCIEDAD CIVIL DEL MUNICIPIO DE JUTICALPA DEPTO Dli ~Net 10, Cc. Gerencia Central Empresa E.E.H. Cc Sr. Presidente de la Republica Juan Orlando Hemández. Cc Sr. Mauricio oliva, Presidente Congreso Nacional.
Cc Sr. Gobernador Político, Depto De Olancho Walner Castro
Cc Srs 7 Diputados Depto de Olancho.
Cc sr. Huniberto Madrid, Alcalde Mpal Juticalpa.
Cc Medios de Comunicación Radiales y televisados. Cc Archivo.

Conexihon

Sombrío contrato petrolero amenaza el Caribe hondureño

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Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Un pequeño derrame de petróleo en el Caribe hondureño causaría una profunda devastación del Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM), esto a consecuencia de la aprobación de un contrato de extracción de petróleo en Honduras, mismo que no cuenta con la aprobación de las comunidades indígenas, así lo denunciaron recientemente el en un Foro realizado por el Instituto de Derecho Ambiental de Honduras (IDAMHO) en la capital hondureña.
De acuerdo a los expositores, el contrato de concesión contiene cláusulas que violentan la Constitución hondureña, los convenios internacionales y las leyes ambientales. Asimismo, atenta contra los derechos de cuatro pueblos indígenas que habitan la zona caribeña, estimada en 35 mil kilómetros cuadrados.
Impacto ambiental
Para Clarisa Vega, directora de IDAMHO, existe fuerte preocupación por la ambivalencia que expresan las cláusulas del contrato como las pocas garantías que existen en caso de un derrame de proporciones lamentables.
Clarisa Vega, directora de IDAMHO
Observamos valoraciones como "niveles adecuados" de protección del medio ambiente, la poca prevención, mitigación y restaurar el daño ambiental "cuando sea posible" y la posibilidad de que en caso de conflictos sea el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversores (CIADI) y no el Ministerio Público que intervenga, restándole facultades al Estado hondureño.
El contrato de Operación para la Exploración y subsiguiente Explotación de Hidrocarburos en la Zona Marítima de la República de Honduras suscrito entre el Estado de Honduras y la Empresa BG International Limited (BGI), Sucursal Honduras, ahora perteneciente a la petrolera holandesa Shell, podría ocasionar filtraciones o descargas deliberadas de petróleo que se originan de plataformas petroleras y actividades asociadas, incluida la exploración, -sostuvo-.
Una explosión petrolera grave, como la ocurrida en el Golfo de México en 2010, puede cubrir completamente de petróleo el SAM, según el reporte de la Salud Ecológica del Arrecife Mesoamericano 2012, se estima que un solo litro de petróleo contamina más de 10 mil litros de agua.
Licitación directa
El documento suscrito entre BG Group y el Estado de Honduras en el 2013 se hizo de manera directa, violentando la Ley de Contratación de Estado porque se obvió el proceso de licitación para recibir ofertas, destacaron.
El contrato fue aprobado el 9 de abril del año 2013, mediante el Decreto Ejecutivo PCM 017-2013, durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014). Posteriormente, el 23 de mayo fue aprobado en el Congreso Nacional.
Juliette Handal, empresaria
“Siempre se está hablando que en Honduras es típico los contratos leoninos, pero este contrato realmente es nefasto. Yo no estoy en contra del desarrollo, y que bueno si hay petróleo en el país, que se explote, pero para beneficio de los hondureños y que no se deje al Estado de lado”, dijo Juliette Handal.
El contenido de una de las cláusulas del nefasto, -expresión Handal- al referirse que el contrato establece que las comunidades del litoral atlántico estarán bajo riesgo de ser desplazadas ante cualquier accidente que se origine por el derramamiento de petróleo.
Al hablar de la responsabilidad del gobierno frente a esa concesión, Handal, se refirió a que también se debe hablar de quiénes toman las decisiones para negociar contratos, quienes deberían de tener en primer lugar gente que vele por el bien común y el bienestar de la población, sobre todo en base a un Estado de derecho y en base a todo lo que se habla de la protección de derechos humanos, pero como lo estamos viviendo es que no se respeta la Constitución, las leyes ahora es más evidente, lamentó.
Las negociaciones que culminaron en menos de un año estuvieron a cargo del entonces secretario de Recursos Naturales y Ambiente, el exfiscal general adjunto, Rigoberto Cuéllar y la firma fue estampada por la entonces Procuradora General de la República, Ethel Deras y Oscar Armando Manzanares Díaz, en su condición de representante legal de BG International Limited, Sucursal Honduras.
El proceso contó además con el asesoramiento del ahora Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, que en el aquel entonces fungía como alto representante y coordinador nacional de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI – Honduras).
Se trata del primer contrato de exploración y explotación de petróleo y gas que otorga Honduras, que nunca ha descubierto petróleo en cantidades comerciales, aunque no se han revelado datos sobre estimaciones de posibles reservas de crudo y gas en la zona ni el monto de inversión que BG Group pretendería realizar en el proyecto.
Felix Valentín, representante de la OFRANEH
Proceso inconsulto
El mismo otorgó un periodo de cuatro años para la exploración, prorrogables hasta por dos años más, es decir un total de seis años y para el periodo de explotación el plazo se definió en 20 años, prorrogables por cinco años más, es decir un máximo de 25 años.
La zona de concesión se estimada en 35 mil kilómetros cuadrados y la exploración ya se hizo en los paralelos 84 y 85, sin contar con las comunidades indígenas que habitan la zona de la Mosquitia, es decir con las comunidades misquitas, garífunas y a las etnias pech y tawahka, indicó Félix Omar Valentín López, de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh).
Valentín López subrayó que no debe dejarse de un lado el marco político en el cuál se aprobaron estas concesiones, es decir el 12 de diciembre del 2012, período en el cual se marcan el inicio de las ciudades Modelo en Honduras, lo que marcó una pauta de la inversión en el país. Este fue un “segundo golpe de Estado” que permitió todas las concesiones de los territorios.
“Una vez que BG se acerca a las comunidades garífunas lo primero que hicimos fue hablar con el Estado, para que vieran lo que estaba pasando. Es decir- es el Estado de Honduras quien debe consultarle a su gente-, sin embargo, quien lo hace es la empresa buscando a personas de escasos recursos sacándolas de sus comunidades para empezar a comprar conciencias”, lamentó.
Juan Carlos Rodríguez, de la Coalición Patriótica de Solidaridad
Vulnerabilidad
Para el presidente de la Coalición Patriótica de Solidaridad, Juan Carlos Rodríguez, resaltó que para esta plataforma de sociedad civil existió preocupación porque varias condicionantes del contrato son desfavorables para el Estado de Honduras y porque no se efectuó un proceso de licitación.
“Qué pasaría si se reducen los estándares en la protección ambiental, quien se va a dar cuenta si aquí no hay expertos en la materia para definir si las cosas se están haciendo bien o mal, qué pasaría sino se cumple con las responsabilidades del contrato, en caso del Gobierno, nos caería una demanda que tocaría pagarla por 30 generaciones, pues hablamos de una empresa cuyo capital asciende a más de 60 mil millones de dólares, nos podrían pagar nuestra deuda interna y externa; pero si es del mismo contratista, no le podríamos ganar”, comentó.
Por ejemplo, -agregó- si existe un escape en la tubería cómo se haría con esa afectación y quién podría hacer que eso se enmendara correctamente si no sabemos cómo, será que vale la pena correr el riesgo de la extracción del petróleo con las condiciones actuales de nuestro país, cuando aquí nunca se puede estar conformes, porque siempre hay corrupción.
Para que esto fuera conveniente, entonces, deberíamos contar con las condiciones adecuadas técnico-social y jurídicamente, así como un marco legal riguroso en las condiciones de conservación del ambiente y las responsabilidades, así como una mayor integración de la comunidad en los procesos, como parte afectada o como beneficiada, así como blindar cualquier beneficio económico de esta actividad para el beneficio humano y que lo que genere esto sea para la ciudadanía, no para gasto público, enfatizó.
Ema Vásquez, del FOSDEH
Poca transparencia
De su lado, Ema Vásquez del Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo Social de Honduras (FOSDEH), se refirió al proceso de sobreprotección de la información pública entregada, es decir, si se quiere saber sobre los impactos relacionados a las concesiones, en este caso de hidrocarburos, ya no se pueden conocer y tampoco las variables a considerar o la ubicación de los proyectos.
“Con esta secretividad reforzada por las (normativas) que están en proceso como la reforma a la Ley de Secretos que está ahora en el Congreso Nacional, en realidad esconde dentro de este proceso está el quitar más aún la posibilidad de acceder a la información y de aumentar la discrecionalidad de la información que se ha adjudicado el Estado alrededor del acceso a la información en conjunto al igual que de las más de mil concesiones en general de los bienes comunes que tiene el país”, comentó Vásquez.
Añadió que con el acceso a la información es que podemos tener posibilidad de hacer revisiones del cumplimiento o no de los estándares internacionales de los derechos humanos, si se están respetando o no los análisis de riesgo, los desplazamientos de la población, los procesos de las exploraciones, el almacenamiento de material peligroso, considerando que este es un proyecto de alto impacto y que se tiene todos los elementos claves como que va implicar material peligroso, la afectación de los recursos naturales, no solamente ahí en la rivera sino también en los islotes, pues esta al igual que las demás no tienen limitaciones de índole geográfico por municipio o departamento, pues está asignada a Gracias, pero afectará Colón, Atlántida entre otros.
Norvin Goof, presidente de MASTA
Barreras técnicas se suman a las barreras de idioma
Así también explicó que tampoco puede haber una participación real o menos una consulta libre, previa e informada y que implique el consentimiento real de las poblaciones, pues no saben cuáles son los efectos, considerando las variables de idioma materno, en garífuna, misquito o en cualquier otro de la región.
Las barreras de comprensión técnica sobre las concesiones, -destacó- se suman a las barreras de idioma, pues qué pasaría con las poblaciones de pescadores que no sabrán si podrían pescar en el límite, es decir al violentar el derecho de acceso a la información se violenta también el respeto a la cultura, social política, productiva y económica de la región, lo que nos lleva a una lógica de la más primitiva forma de expropiar que es el despojo del bien común, de la dignidad de las personas y del poder mismo, cuando este tipo de relacionamientos desempodera.
Hacemos un llamado a la unidad
Así también el presidente de la organización Miskitu Asla Takanka (MASTA,) Norvin Goof, instó a la sociedad civil y los pueblos indígenas a buscar la unidad para enfrentar el problema.
“Desconocemos y rechazamos y enérgicamente las concesiones de exploración y explotación petrolera, ya que no podemos desangrar a la madre tierra, y que aumentará las emisiones de gases del efecto invernadero en uno de los sitios de importancia mundial para la conservación”, puntualizó.

Resistencia en comunidades frente a modelo extractivo tiene sus razones

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-La resistencia de los pobladores de varias comunidades de Honduras donde se desarrollan proyectos mineros y de energía renovable, tiene alarmada a la cúpula empresarial, que alega el estancamiento de las inversiones. Pero existen razones que hacen compresible esta lucha, según los análisis de los expertos en temas económicos y financieros.
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) ha asegurado que hay “grupos radicales” que tienen varados hace casi dos meses, al menos nueve proyectos mineros y de generación de energía renovable, valorados en más de $2,492 millones (unos L.60, 000 millones).

Noticia Relacionada: “No queremos mineros en Honduras”, gritan pobladores en Tegucigalpa

La resistencia se ha generado en varias comunidades en los departamentos de Copán, Santa Bárbara, Intibucá, Atlántida, y Colón, donde sus pobladores alegan daños al medio ambiente y la violación a sus derechos porque los proyectos no fueron consultados con ellos.
El Cohep estableció, además, en un comunicado de prensa que durante este año están en peligro más de 9.000 empleos y la amenaza sobre otros 4,800 previstos para abrirse entre 2019 y 2022.
Resistencia en comunidades
Ismael Zepeda. Foto: Criterio/Guillermo Burgos
“Sin duda siempre va a existir una mirada de la empresa privada que existen obstáculos al desarrollo, o a la instalación de ciertas empresas por los conflictos sociales. Sin embargo, el asunto es que desde la creación de muchas de estas empresas y la explotación minera y de recursos naturales, nunca se tiene como elemento primordial, tratar de solventar estos conflictos o realmente hacer partícipes a las comunidades del desarrollo”: Ismael Zepeda, investigador del Fosdeh.
Para el investigador Fosdeh, Ismael Zepeda, el posicionamiento de la cúpula empresarial se aleja de la realidad porque las cifras que manejan sobre el crecimiento económico que, supuestamente, genera la minera y la generación de energía renovable, no es real, ni tampoco la generación de fuentes de empleo.
En el caso de la minería, Zepeda estimó que el crecimiento generado por este rubro, es de apenas 0.67 %, es decir, que ni siquiera llega al 1 % del Producto Interno Bruto (PIB), y los empleos generados son aproximadamente 20.000, cuando la población económicamente activa es de cuatro millones de personas, es decir que la tasa de empleo es de 0.0005 %.
La resistencia de las comunidades se debe ligar, también, al acuerdo ministerial de la Secretaría de MiAmbiente, que ha declarado los estudios técnicos para las licencias ambientales, como información reservada, señaló, al tiempo que reflexionó que la transparencia en estos temas podría abrir el espacio para un debate real sobre los proyectos del modelo extractivo.
Sobre la resistencia de las comunidades hacia los proyectos de energía hidroeléctrica, el analista del Fosdeh dijo que el mismo Estado ha dado pie para las protestas al aprobar, a favor de los inversionistas de este rubro, una “gran cantidad de incentivos fiscales, de privilegios económicos, como comprarle directamente o toda la generación de energía y hasta por encima del doble de lo que se vende a nivel regional”.
Zepeda señaló que mientras el precio del kilovatio de energía en El Salvador es de $ 0.07, aquí en Honduras la compramos a $ 0.18. Además de ello, tienen otros privilegios económicos, como las exoneraciones en la importación de bienes y maquinaria.
Las comunidades donde se llevan a cabo proyectos de energía renovable no reciben un beneficio directo más que los cánones municipales y paradójicamente en una comunidad del sur, donde hay un proyecto de energía fotovoltaica, no hay energía eléctrica, cuestionó.
Para el economista, los inversionistas del modelo extractivo tienen una concepción de la economía en enclave, es decir, llegar, explotar e irse, y es por eso que ha surgido la confrontación en muchas de las comunidades, que, a través de los años, han observado ese tipo de explotación.
Por otra parte, señaló que el mismo Estado ha fomentado la inseguridad jurídica y la incertidumbre de las inversiones, porque no se ha aprobado una ley de minería
Finalmente, el investigador del Fosdeh manifestó que la protesta no se tiene que ver únicamente como un elemento negativo o como si la sociedad no deseara el desarrollo o el crecimiento económico. “La protesta tiene que verse como un reclamo, un derecho constitucional para ser partícipes del desarrollo y ser partícipes de que si los pobladores no quieren que llegue nada a la comunidad, pues esas también son decisiones de los pueblos y de las comunidades y se tienen que respetar”.

El Tornillito, la amenaza en Chinda


Asi podría quedar la hidroeléctrica, una vez concluida. foto La Prensa
Por: Sandra Rodríguez

Santa Bárbara, SB, (defendoresenlinea.com). – En el municipio de Chinda, departamento de Santa Bárbara, opera ilegalmente la represa de “El Tornillito”, que se impuso contra la voluntad del pueblo que no fue consultado, tomando en cuenta que es población indígena Lenca.
La denuncia se realizó en el marco de una visita al Movimiento Ambientalista Santabarbarense (MAS), de parte del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), ejecutor del proyecto “Defendiendo Derechos y Libertades para Vos y para tu Voz”, con el apoyo de la agencia de cooperación Diakonía, del cual es beneficiario.
Si pretendían instalar esa represa, que empezó a funcionar desde el año pasado, debían consultarnos, pero el 80 por ciento de la población está en contra, porque vivimos de la pesca y sacar arena del río Ulúa, detalló la defensora de los bienes comunes de la naturaleza, Waldina Aracely Medina.
El río Ulúa tiene aproximadamente 240 kilómetros de longitud, está formada por la unión de los ríos Jicatuyo y Otoro, al noroeste de Santa Bárbara y llega a Cortés. La preocupación de la comunidad es que ya se inició la construcción de cortinas de concreto, y de continuar así la vegetación morirá.
A inicios del 2017, se realizó un cabildo abierto para declarar a Chinda un municipio libre de minería, pero se hizo caso omiso. Por lo que se ha realizado caminatas, denuncias y campamentos ambientales para informar sobre los perjuicios que conlleva la hidroeléctrica El Tornillito.
Medina, que es integrante del MAS declaró que, con las cortinas de cemento reteniendo el agua, también desaparecerán algunas comunidades ya que son productoras de granos básicos sin agua regando la tierra al paso del río, todas las vegas desaparecen.
La población tiene claro que están amparados por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales, que manifiesta sobre la forma que la comunidad debe ser consultada de manera libre, previa e informada, ante un denominado “proyecto de desarrollo”.
Artículo 6 inciso (a) “Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”
mas
Más de 90 concesiones mineras, en su mayoría metálicas, afectan el departamento de Santa Bárbara. Actualmente la población de Chinda emprende una lucha contra dicho proyecto hidroeléctrico, eso preocupa porque acarrea despojo y desalojo a base de la mentiras -supuestamente- de la familia Larach, Betty Vásquez, coordinadora del MAS.
Cabe señalar que, recientemente la Secretaría de Mi Ambiente, que dirige José Galdámez, emitió el Acuerdo Ministerial 1402-2018 que pone en “secretividad” toda información correspondiente a las licencias ambientales que emita y así será acatado por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
La disposición desde el régimen que impera en Honduras fue divulgada en el Diario Oficial La Gaceta número 34721, por lo que varias organizaciones ambientalistas han solicitado su derogación.
Uno de los considerandos de este Acuerdo expresa “Que el Estado de Honduras es signatario de Convenios Internacionales que protegen los derechos de producción exclusivos del autor de la obra, entendiéndose claramente la confidencialidad con respecto a la divulgación de información referente a Estudios Técnicos.”
Pero el MAS a través de sus redes locales ambientales continuará con el trabajo de incidencia para que la información sea difundida entre los y las pobladoras. Este fortalecimiento avanza con el apoyo de los fondos en cascadas de los que fueron beneficiados en el marco del proyecto ejecutado por el COFADEH, Diakonia y la UE.
La represa “El Tornillito”, es el segundo proyecto más grande de Honduras después de “El Cajón”, y está ubicada entre los departamentos de Cortés y Santa Bárbara, por lo que no es cualquier amenaza, detalló Vásquez.
Este decreto ministerial al igual que la ley de Minería y la de Incentivo a la Energía Eléctrica, son leyes concebidas para favorecer a la empresa extractivista y dar todas las facilidades a los dueños de la concesiones, esa así que -continuó la defensora- hay leyes conexas que contribuyen a violentar los derechos humanos de quienes se impongan estos proyectos, irrespetando territorialidad, consulta, formas y estilo milenarias, porque hay una conexión entre los ríos, la tierra, el agua, el bosque el aire, etc, para establecer un estilo de vida acorde entre la humanidad y los bienes comunes de la naturaleza, desde la cosmovisión indígena lenca.
La represa que romperá este ciclo de vida
Río Ulúa
Río Ulúa Foto: Deforestación en cuencas hifrográficas de Honduras Según datos obtenidos por Radio Progreso, en generación de energía este proyecto producirá 150 megas; es decir la mitad de lo que ofrece El Cajón, además es una presa mixta de concreto, con una elevación de 107.5 metros y una longitud de 481, su altura ronda los 83.5 metros.
Para el manejo de crecientes dispone de seis compuertas radiales, cuenta con una casa de máquinas conformada por una estructura de concreto reforzado, asimismo dispone de dos transformadores principales.
El Centro de Estudios para la Democracia realizó una investigación sobre los conflictos que se generan a partir de la instalación de empresas hidroeléctricas en la zona occidental del país. Y hace un recuento sobre las raíces de esta industria que ahora se apodera de las aguas en el norte y occidente del país:
A partir de los años 60, el Banco Mundial promovió la estatización del servicio de energía eléctrica y apoyó con financiamiento blando el desarrollo de un sistema nacional de electrificación en cada país de Centroamérica. Así, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), creada mediante Decreto No. 48 del 20 de febrero 1957, se consolidó como el ente autónomo responsable de generar, distribuir y comercializar el servicio público de energía eléctrica. Tres décadas más tarde, a inicios de los 90, el Banco Mundial consideró que sectores como energía y comunicaciones debían funcionar en forma comercial, retiró de estos el financiamiento blando y presionó a los Estados para adoptar el modelo de privatización.
En Centroamérica, Costa Rica es el único país que aún mantiene la estatización de los sectores energía y comunicaciones. A mediados de 1994, en medio de una crisis energética con racionamientos de hasta doce horas, mediante Decreto 158-94 se aprueba la Ley Marco del Sub-Sector Eléctrico, orientada a incrementar la eficiencia en la utilización de los recursos energéticos del país, facilitando la participación de la empresa privada La Ley Marco de 1994 facilitaba la contratación de generación térmica, pero no era propicia para la inversión privada en proyectos hidroeléctricos; por lo cual, a partir de 1,998 se aprobaron una serie de instrumentos legales, tales como: el Decreto 85-98 del 27 de abril de 1998, que declara de utilidad pública el desarrollo y generación de energía por fuentes renovables; Ley de Promoción y Desarrollo de Obras Públicas y de la Infraestructura Nacional, creada en noviembre de 1998; Ley de Promoción a la Generación de Energía Eléctrica con Recursos Renovables, entre otros.
Posteriormente, en agosto de 2009, en plena crisis política pos golpe de Estado, se aprobó la Ley General de Aguas, que prevé la posibilidad de concesionar a terceros los recursos hídricos del país; de manera simultánea y apresurada, se convoca al proceso de Licitación ENEE No. 100-1293/2009 para 47 proyectos de generación eléctrica en todo el país. Producto de la Licitación ENEE No. 100-1293/2009, en el mes de junio de 2010 se aprobaron a empresas privadas 40 de las 47 solicitudes de concesión para generación de energía hidroeléctrica.
El blog http://introinfoadmi.blogspot.com/ enlista hasta el 2012, los siguientes proyectos hidroeléctricos, algunos aparecen como fututos, pero en la actualidad ya son una amenaza real para la población cercana a la construcción.          
Hidroeléctrica La Ruidosa I y II: Santa Bárbara, se hicieron los estudios de factibilidad en 2006. En 2009 se dio el contrato de operación a HIDROCEL, S.A.
-Hidroeléctrica La Gloria inició su construcción en 2007, en la cuenca del río Bejucal, en la comunidad de Las Flores, jurisdicción de Balfate, en La Ceiba. Con un costo estimado de 12 millones de dólares.
-Hidroeléctrica Ojo de Agua: Olancho. Localizado en la Aldea el Carbón. Inicio de construcción Agosto 2008.
-Hidroeléctrica Río Verde: localizado en Ironía, Colon, estudios y diseño en 2008
-Proyecto GAUREE 2: este proyecto es un convenio entre la CE de la Unión Europea y el Gobierno de Honduras y la ENEE como Beneficiaria del Proyecto. Se iniciaron los estudios desde 2005. El monto total del financiamiento del Proyecto asciende a Seis Millones, Seiscientos Setenta y Nueve Mil (6,679,000) Euros.
Está compuesto por cinco Proyectos: uno solar, tres hidroeléctricas y uno usos múltiples del agua. Son financiados por: el Proyecto MARENA con fondos BID, Proyecto PIR con fondos del Banco Mundial, Proyecto de Pequeñas Donaciones (PPD) de la Naciones Unidas, GAUREE 2 con fondos de la Comunidad Europea y municipalidades locales y ENEE con fondos propios.
– Proyecto Solar-Fotovoltaico Guajiniquil, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Santa Ana, Francisco Morazán, contempla la instalación de 42 sistemas solares – fotovoltaicos para la comunidad y el Centro de Educación Básica. El proyecto se inauguró en octubre de 2006.
– Micro Proyecto Hidroeléctrico Río Yuré, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Taulabé, Comayagua, contempla la construcción de una micro central hidroeléctrica y sistema de transmisión y distribución a las comunidades de San Antonio de Yuré, La Unión Yuré, La Mansión y Las Brisas. Ya está licitado. Se calcula un 70% de avance en la construcción de obras civiles, falta avanzar en el tendido eléctrico.
– Micro Proyecto Hidroeléctrico Río Cuyamel, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Ironía, Colón, contempla la construcción de una micro central hidroeléctrica  y el sistema de transmisión y distribución a las comunidades de Las Champas, Las Celeas y Cuyamel. Para la realización del proyecto se dispone del financiamiento gestionado por las comunidades ante el Proyecto de Pequeñas Donaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) por 30,000 Dólares.
– Micro Proyecto Hidroeléctrico Río Claro, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Lepaera, Lempira, contempla la construcción de una micro central hidroeléctrica y el sistema de transmisión y distribución para beneficiar a las comunidades de Las Dantas, Río Claro, Ocote Chacho, Playitas y Los Chiles. Se obtuvo financiamiento de la municipalidad de Lepaera y PNUD para obras civiles. Hace falta financiamiento para las obras de transmisión y distribución.
– Proyecto Hidroeléctrico Quilio 2: ubicado en el Municipio de Concepción, Ocotepeque. Entra dentro de un proyecto de “usos múltiples del agua” donde se busca la implementación de un proyecto que contemple el uso múltiple del agua además de la generación de energía eléctrica como el abastecimiento de agua potable, irrigación o actividades eco-turísticas. Licitación pendiente. Ya se realizó el proceso de avalúo de tierras, negociación para compra de tierras y servidumbre, aprobación de compra de tierras.
-Proyecto Nano Pico Hidro Los Lirios: A finales del 2009 se inició la implementación del Proyecto Nano Pico Hidro Los Lirios localizado en la Comunidad de Lirios, Francisco Morazán. Tiene un 70 % de avance, y está siendo financiado por la Alcaldía, GAUREE 2 y la Comunidad.
-Proyecto Hidroeléctrico el  Gualcarque: sobre el río Gualcarque en San Francisco de Opalaca. Se dio el contrato de suministro de energía eléctrica en junio de 2010 a la empresa Río Power, S.A. de C.V, del grupo Terra.
-Hidroeléctrica Los Llanitos e Hidroeléctrica Jicatuyo: Los proyectos hidroeléctricos Los Llanitos y Jicatuyo son dos proyectos en cascada en el río Ulúa, siendo Los Llanitos las más aguas arriba, en el departamento de Santa Bárbara.  Su estudio ha sido financiado por el BID. En enero 2011 se aprobó el anteproyecto de construcción de ambas represas.
-La Presa los Llanitos es una presa de hormigón compactado, la Presa de Jicatuyo es una presa de escollera con pantalla de hormigón. Ya está realizados los estudios topográficos y se está levantando el embalse de Los Llanitos.
Según estudios de la Empresa de Energía de Honduras la construcción de estas dos represas tienen un costo aproximado de $800 millones. Tiene fondos del BCIE. La empresa brasileña Odebrecht será la responsable de la construcción. La crisis política entre Honduras y Brasil por el Golpe de Estado en Honduras (donde Brasil ha mantenido la oposición al Golpe de estado) enfrió este convenio, actualmente se está intentando solucionar esta situación para reactivar los proyectos.
-Hidroeléctrica El Tablón: en el río Chamelecón, debajo de la confluencia de la quebrada La Mina en el departamento de Santa Bárbara, municipio de Quimistán. Investigación geológica y topográfica financiada por el BID. Todo el proyecto costará 110 millones de dólares. Actualmente está en búsqueda de financiamiento. El embalse que formará la represa abarca los municipios de Quimistán, Petoa y San Marcos y borrará del mapa a las aldeas La Ceibita, Tejeras y Las Brisas.
EL Tablón, los Llanitos y Jicatuyo, son tres proyectos hidroeléctricos en el Valle de Sula que estaban planeados desde hace años y han conseguido iniciar.
-Hidroeléctrica El Tornillito: aguas abajo del proyecto hidroeléctrico Jicatuyo, en el río Ulúa.
-Proyecto Patuca (I,II y II): Son tres hidroeléctricas en Olancho, de las cuales la primera en construirse es Patuca III. Todo el proyecto general tendrá un costo que asciende a los 1,200 millones de dólares aportados por el BID.
Proyecto Hidroeléctrico Patuca 3 o Piedras Amarillas: en el Departamento de Olancho entre los municipios de Catacamas y Patuca, a unos 5 km aguas abajo de la confluencia de los ríos Guayape y Guayambre. El último estudio fue ejecutado por Sinotech Engineering Consultants a petición de la Taiwan Power Company (TPC) por más de 5 millones de dólares . Actualmente este proyecto ya está en la fase de compra de tierras y escrituras y ya tiene delimitada la zona del embalse[14]. Su primera etapa comienza a ejecutarse en febrero de 2011 y se espera su funcionamiento en 2014. Patuca III tendrá una extensión de 12,330 kilómetros cuadrados en su cuenca, un espejo de 72 kilómetros cuadrados, una generación de 104 megas y  una cortina de 60 metros de elevación. La primera inversión es de US$350 millones. La construcción la tiene la empresa Sinohydro de la República Popular de China. También tiene fondos del BCIE.
Patuca I o Tarrosa: se aprobó el anteproyecto de construcción en enero 2011. Por la empresa Sinohydro de la República Popular de China. Presa de 69 m de altura de y área del embalse de alrededor de 20 km².
Patuca II o Valencia: se aprobó el anteproyecto de construcción en enero 2011. Por la empresa Sinohydro de la República Popular de China. Esta es una presa de 105 m de altura, el área del embalse de 45.4 km².
-Hidroeléctrica La Atravesada: Ubicada en la comunidad de San Marcos, Municipio de Florida, Departamento de Copán. Financiado por el Banco Mundial.
-Hidroeléctrica La Vegona: Mencionada también como Aguas de la Reina. Inició su construcción a fin de 2010. Está localizado en el Río Humuya o Comayagua, aproximadamente ocho km aguas abajo de la Central Francisco Morazán (El Cajón), por lo que aprovecha la capacidad del embalse del Cajón. Se encuentra ubicado en los municipios de Santa Cruz de Yojoa, Departamento de Cortés y Victoria, Departamento de Yoro, específicamente en las aldeas de Montaña de la Reina y San Isidro.
-Hidroeléctrica Cangrejal: en el río Cangrejal en la Ceiba que pretende construir la empresa.
-Hydro-Honduras. Se le dio el Contrato de transmisión de energía eléctrica en 2010.

Otras Hidroeléctricas Medianas y Pequeñas
-Hidroeléctrica Santa María de Quipua: en Sulaco Yoro, Gualcarque, Intibucá.
-Hidroeléctrica Río Negro: en Olancho.
-Hidroeléctricas San Juan y San Juancito: en el Departamento de Atlántida.
-Hidroeléctrica Río Selguapa
-Hidroeléctrica Chinacla
-Hidroeléctrica Hidrocel
-Hidroeléctrica Río Cospa
-Hidroeléctrica Río Coloradito
-Hidroeléctrica Río Guarajamba
-Hidroeléctrica Wampú. Hidroluz S.A.
-Hidroeléctrica Callejones .Efi de Honduras S.A.
-Hidroeléctrica Miraflores. Soc. Hidroeléctrica Miraflores
-Hidroeléctrica Río Bonito
-Hidroeléctrica El Progreso
-Hidroeléctrica Pico Bonito. Inversiones Espíritu Santo
-Hidroeléctrica Río Las Tulas
-Hidroeléctrica Río Chiquito
-Hidroeléctrica Suyapa
-Hidroeléctrica La Unión Río Frío. HENSA
-Hidroeléctrica Gualaca
-Hidroeléctrica Jilamito
-Hidroeléctrica Río Chinacla
-Hidroeléctrica Río Alau
-Hidroeléctrica Río Uluita
-Hidroeléctrica Río Lindo
-Hidroeléctrica Puringla-Sazagua. CECA
-Hidroeléctrica Río San Martín. Inversiones San Martín
-Hidroeléctrica Hacienda Suyapa
-Hidroeléctrica Baifate
-Hidroeléctrica Río Maragua
-Hidroeléctrica La Unión
-Hidroeléctrica Morja. Ingeniería Técnica S.A.
-Hidroeléctrica Texiguat
-Hidroeléctrica Coronado. ENERGISA
-Hidroeléctrica Pico Bonito. Inversiones Espíritu Santo
-Hidroeléctrica El Triunfo
-Hidroeléctrica Tapalapa. COMGELSA
-Hidroeléctrica Río Coloradito
-Hidroeléctrica Río San José de las Brisas . ENERSA
-Hidroeléctrica Río Esteban . Generas S.A.
-Hidroeléctrica Lepasale. CODERESA
-Hidroeléctrica Talgua. ENERGISA
-Hidroeléctrica San Juan
-Hidroeléctrica Jaitique
-Hidroeléctrica Río Uyuta
-Hidroeléctrica Río Puringla
-Hidroeléctrica Río Jimerito
-Hidroeléctrica Río Jilamito
-Hidroeléctrica Río La Orilla. Generadora de Oriente
-Hidroeléctrica Santa Elena. CODERESA
-Hidroeléctrica Río Tinto. Electromecánica Alpha
-Hidroeléctrica Río Olancho. Electromecánica Alpha
-Hidroeléctrica Río Chiquito
-Hidroeléctrica San Esteban
-Hidroeléctrica Matarrás.ECAE
-Hidroeléctrica Mangungo. ECAE
-Hidroeléctrica Los Planes. HIDROCEP
-Hidroeléctrica Techin
-Hidroeléctrica Río Masca. Hidro Masca S.A. de C.V.
-Hidroeléctrica El Pataste. Electromecánica Alpha
-Hidroeléctrica San Isidro
-Hidroeléctrica Pajuiles. HIDROCEP
-Hidroeléctrica Río Ramírez
-Hidroeléctrica Sambo Creek
-Hidroeléctrica Quebrada Grande
-Hidroeléctrica Pijol
-Hidroeléctrica Riachuelo
-Hidroeléctrica Morja
-Hidroeléctrica Santiago
-Hidroeléctrica Agua Corporación
-Hidroeléctrica Masca
-Hidroeléctrica Río Piedras
-Hidroeléctrica Peña Blanca
-Hidroeléctrica Río Miscure.

Campamentos
En los últimos días se mantienen campamentos permanentes a nivel nacional por la defensa de los ríos, como en Pajuiles, Jilamito, Reitoca, Guapinol, y el lunes próximo se inicia el primer juicio oral y público contra ochos presuntos responsables del asesinato de Berta Cáceres, estos son ligados al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, en el Río Gualcarque, Intibucá.
“El asesinato del ambientalista contra la minería, nos demuestra que las transnacionales las empresas y sectores de poder, no van a ceder nada y que están dispuestos a todo  incluso a terminar con la vida de quienes luchamos, defendemos los derechos humanos, quienes estamos en los movimientos sociales y políticos, que pretendemos asentar un poco esto que llama estado” Berta Cáceres, seminario internacional sobre minería de derechos humanos 2014.

Agencia Latinoamericana de Información

Plata sin Plan

Opinión
17/09/2018

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Foto: Diario La Prensa
La planificación del desarrollo es un proceso de interacción entre el Estado y la sociedad, que tiene como objetivo articular las políticas públicas y su implementación en el territorio con las prioridades del país, para administrar los recursos públicos en la perspectiva de alcanzar el desarrollo sostenible”.
Sistema Nacional de Planificación de Guatemala (SNPG)
Honduras sigue un patrón de gestión pública que asigna recursos financieros a competencias, funciones, programas, proyectos y actividades ejecutadas por instituciones y gabinetes sectoriales que, tradicionalmente, sus funcionarios han sido cuestionados por actos de corrupción y/o violaciones de los deberes al institucionalizarse una política de represión a la ciudadanía que protesta por pèrdidas sistemáticas de sus derechos más fundamentales como acceso a educación y salud gratuita, pedazo de tierra y uso de recursos naturales y agua para beneficio de comunidades y familias.
El anteproyecto de presupuesto de ingresos y egresos de la República para el ejercicio fiscal 2019 es un reflejo de lo anterior. El monto previsto asciende a la cantidad de 261,557 millones de lempiras, superior en 17,777 millones que el presupuesto de 2018. El 20.6% corresponde a Educación y Salud, un 18.8% corresponde a Infraestructura y Servicios Públicos, el 7.1% a Seguridad Ciudadana y Defensa Nacional; que en conjunto representan el 46.5% del total solicitado. A ello se suma, más de 40,000 millones de lempiras por concepto de pago del servicio de la deuda total, lo que representa el 15.6% del presupuesto total, con lo cual estos rubros cubren el 62.1% del Presupuesto que “discutirá” el Congreso de la República, donde los partidos tradicionales (liberal y nacional) y los “chingaste” tienen mayoría calificada.
Desde la perspectiva de organizaciones de sociedad civil, una de las preguntas que surgen es ¿cuáles serán las medidas a ejecutar por el gobierno para aumentar la productividad e impacto del gasto público en sectores como salud y educación, a sabiendas que su monto es insuficiente para cubrir las brechas de cobertura y equipamiento de centros de salud, hospitales públicos, escuelas y colegios? En salud, la respuesta del gobierno es la creación de una Comisión Burocrática cuestionada por el Colegio Médico y otros gremios como el de las enfermeras, ya que lo que buscan es acelerar la privatización de los servicios de salud en detrimento de la endeble economía social; incluso se habla de tapar la corrupción en salud.
En Educación, el gobierno apuesta al Plan Nacional de Educación 2018-2030, pero todavía no avanza y sigue siendo cuestionado por organizaciones magisteriales ya que no participaron de su elaboración, pero, sobre todo, por apoyar procesos de privatización de la educación media y superior, la entrega de la provisión de insumos a empresas privadas y bancos y la `profundización del desmantelamiento de las organizaciones gremiales y captura de los fondos de previsión social.
En infraestructura se apuesta a la aprobación de proyectos y suscripción de contratos, aunque instituciones de gobierno y alcaldías (incluyendo la Comisión de Alianzas-Público-Privada) han sido duramente cuestionadas por la falta de transparencia y corrupción. Hay una opinión generalizada que el aumento del presupuesto de Defensa y Seguridad, sirve más a propósitos políticos que de “estabilidad democrática”, en tanto es evidente las crecientes violaciones de derechos humanos, en su mayor parte de jóvenes, mujeres y dirigentes ambientalistas; también, además de la independencia y autonomía de las FFAA que no está obligada a presentar en detalle su ejecución presupuestaria; se suman denuncias por actos de corrupción en la compra de lanchas, reparación de aviones, pago de viáticos, manejos de presupuesto de otras instituciones y alquiler de vehículos sin licitación.
Otra pregunta que, incluso expertos del Foro Social de la Deuda Externa (FOSDEH), se han formulado es ¿qué monto de este sobreendeudamiento es ilegítimo?, o sea que parte de la deuda contratada es deuda mala. De acuerdo a cifras de CEPAL (2018), la participación de la deuda pública total/PIB en 2017 fue de 43.5%, cuando en 2012, era de 30.2%/PIB, o sea que aumentó en 13.3% es un periodo relativamente corto. En el caso de la deuda pública externa el aumento fue de 11.5%, al pasar de representar el 19.9%/PIB en 2012 a 31.4%/PIB en 2017.
Ojalá que los diputados entiendan el problema que se avecina con este creciente endeudamiento, en una economía que depende mucho de las exportaciones de rubros como el café, aceite de palma, camarones, bananos, frutas y legumbres, y de las remesas familiares, dos (2) fuentes muy inestables, en la coyuntura actual, del crecimiento económico. En tal sentido, puede ser de mucha ayuda para los legisladores, sobre todos aquellos del Partido Liberal no contaminados por la corrupción, LIBRE y PINU-SD, consultar a expertos nacionales y externos sobre las alternativas para el manejo de la política de creciente endeudamiento, y los pasos a seguir para eliminar o reducir la deuda mala y deducir responsabilidades penales del caso.
Desde la Academia, una pregunta aún sin respuesta es ¿acaso el anteproyecto de Presupuesto de la Repùblica para 2019 se basa en prioridades de desarrollo y de gasto establecidas en un Plan de Gobierno (2018-2022), o Visión de Largo Plazo (2018-2030)? En el periodo anterior, el gobierno contaba con un Plan Nacional (2014-2018), pero no ha sido actualizado aun para el periodo (2018-2022), por lo que no se cuenta con un Plan y Estrategia de Desarrollo de largo plazo; la Visión (2010-2038) del gobierno de Pepe Lobo (2010-2013), fue desechada.
La Secretaria de Coordinación General de Gobierno (SCGG) tiene la competencia, funciones y recursos para elaborar o actualizar dichos instrumentos, más allá de lo que piense la empresa privada, ministros y el propio presidente de la Republica; es una función constitucional. Es urgente que la ministra del ramo convoque al Consejo Nacional de Planificación para que se discuta y aprueben los instrumentos de planificación que dan soporte al Presupuesto, caso contrario las prioridades de asignación de recursos serán exclusivamente de presidente de la República, grupos corporativos y la Secretaria de Finanzas (SEFIN), muy amiga de los que recomienda el FMI. En el caso de Plan de gobierno, puede servir de base el avance que tiene la SCGG con la elaboración del Plan Estratégico de Gobierno (PEG) para 2022, pero que deber ser compatibilizado con otras iniciativas y propuestas de actores privados y sociales.
El Plan, si se elabora con un grado mínimo de responsabilidad técnica y participación ciudadana, puede ayudar a priorizar el gasto de inversión real, e incluso, a dotar a SEFIN de una estrategia financiera más independiente sobre el endeudamiento del país. Más aun, a integrar estrategias de desarrollo sueltas, como la economía familiar campesina, seguridad alimentaria, niñez y adolescencia, protección ambiental y, sobre todo, innovación para la competitividad. Pero también, alinear la cooperación internacional donde hay fuga y pérdida de recursos financieros.
Honduras puede entrar en un fase de parálisis neoliberal, donde ya los impuestos indirectos no sea una opción de política para aumentar ingresos tributarios, exista una resistencia de la empresa privada para aceptar impuestos directos, eliminar exoneraciones y regular fideicomisos, y el endeudamiento llegue a porcentajes críticos; solo quedando privatizar más la salud y educación, despedir empleados y bajar salarios, usar todos los recursos de los fondos de pensiones y poner a flotar la tasa de cambio o aceptar la devaluación acelerada del desplumado, tal como lo ha venido exigiendo el FMI y sector exportador
Una discusión pública del anteproyecto de presupuesto 2019 por el Congreso de la República, con la participación activa de la Academia, colegios profesionales y organizaciones de sociedad civil, puede ayudar a construir nuevas opciones de política pública alternativa al modelo de corte neoliberal ejecutado después del madrugón de junio de 2009.
Ocotepeque, Honduras, 17 de septiembre de 2018.


Honduras: Las autoridades deben garantizar la seguridad de los defensores y periodistas objeto de campañas de desprestigio

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegjucigalpa.- A la luz de la situación que enfrentan los defensores de los derechos humanos y los periodistas en Honduras, Erika Guevara-Rosas, directora de América de Amnistía Internacional, dijo:
“En las últimas semanas, varios periodistas y representantes de organizaciones internacionales y hondureñas de derechos humanos han informado a Amnistía Internacional de la circulación de videos y declaraciones en internet que los desacreditan y estigmatizan su trabajo, y los presentan como amenazas para la sociedad hondureña”.
Los representantes del sector corporativo también han hecho declaraciones estigmatizantes sobre los que protestan contra los proyectos de energía, retratando a los defensores del medio ambiente como criminales y en oposición al desarrollo.
 “Estas campañas siniestras, junto con el silencio de las autoridades hondureñas, conducen a un ambiente hostil para la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión y permiten que ocurran ataques más serios contra defensores y periodistas”.
“Los representantes del sector corporativo también han hecho declaraciones estigmatizantes sobre aquellos que protestan contra los proyectos de energía, retratando a los defensores del medio ambiente como criminales y en lugar de desarrollo”.
“Las empresas deben abstenerse de utilizar un lenguaje que estigmatice, viole, desacredite o discrimine a defensores y periodistas. Las autoridades hondureñas deben, a su vez, reconocer públicamente el trabajo legítimo de defensores y periodistas y tomar medidas efectivas para garantizar su seguridad “.
Las recientes y siniestras campañas de desprestigio, junto con el silencio del presidente Gob.JuanOrlandoH, conducen a un ambiente hostil para la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión y permiten que ocurran ataques más serios contra defensores y periodistas.

Honduras se estanca y retrocede en libertad económica mundial

Tomado de Fundación Eleutera
Honduras se ubica en el puesto 92 de 162 países y territorios que son incluidos en la Libertad Económica en el Mundo 2018, informe anual presentado este martes en la ciudad de San Pedro Sula por la Fundación Eleutera en conjunto con el Canada’s Fraser Institute.
El año pasado, Honduras clasificó en el puesto número 100.

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“Fundación Eléutera una vez más presenta el informe de Libertad Económica Mundial y destaca que Honduras tiene mucho que trabajar en fortalecer su institucionalidad y por ende los puntos que en este reporte se indica que se ha retrocedido o estancado, solo así habrá una economía sana y estable para que como país crezcamos y generemos confianza en inversión nacional y extranjera”, indicó Elena Toledo, directora ejecutiva de dicha organización.
Hong Kong y Singapur, nuevamente encabezan en el índice, continuando su posición en 1ro y 2do respectivamente. Nueva Zelanda, Suiza, Irlanda, Los Estados Unidos, Georgia. Mauritius, Reino Unido, Australia y Canadá) empatados en 10mo, completan el top 10.
En el año 2018 el reporte fue preparado por James Gwartney, de la Universidad del estado de Florida; Robert A. Lawson y Rawyan Murphy de la Universidad Metodista del Sur Ryan Murphy; Y Joshua Hall, Universidad del Oeste de Virginia.
Este reporte, se basa en datos del año 2016 (el año más reciente de datos disponibles comparables) y mide la libertad económica (niveles de elección personal, habilidad de entrar al mercado, seguridad de propiedad privada, estado de derecho, etc.) mediante el análisis de políticas e instituciones de 162 países y territorios.
Los 10 países con la clasificación más baja son Sudan, Guinea-Bissau, Angola, República Centro africana, República del Congo, Siria, Argelia, Argentina, Libia y en último lugar Venezuela. Algunos países despóticos como Corea del Norte y Cuba no pueden ser calificados debido a la falta de datos.
Otros países notables son Alemania (20), Japón (41), Francia (57), Rusia (87) y China (108).
Según la revisión de investigaciones realizadas por las principales revistas académicas revisadas, las personas viviendo en países de alto nivel de libertad economía disfrutan de una mayor prosperidad, también de más libertades políticas y civiles, y vidas más largas.
Por ejemplo, países en el cuartil superior (25%) de libertad económica (como el Reino Unido, Japón e Irlanda) tuvieron un ingreso per cápita promedio de USD$40,376 en el año 2016 comparado con USD$5,649 para los países del cuartil inferior (como Venezuela, Irán y Zimbabwe)
En la esperanza de vida es de 79.5 años en el cuartil superior de los países en comparación con 64.4 años en el cuartil inferior.
“Donde las personas son libres de buscar sus propias oportunidades y de tomar sus propias decisiones, llevan una mejor vida más prospera, más feliz y más sana”, dijo Fred McMahon, presidente de Investigación del Dr. Michael A. Walker en Libertad Económica con el Instituto Fraser.
El Instituto Fraser produce el reporte anual Libertad Económica Mundial en cooperación con Economic Freedom Network, que son un grupo de institutos independientes de investigación y educación en casi 100 países y territorio. En la medida más importante del mundo de libertad económica, midiendo y clasificando países en 5 áreas: tamaño de gobierno, estructura legal y seguridad de los derechos de propiedad, acceso a dinero sólido, libertad para comercializar internacionalmente y la regulación de créditos, trabajo y negocios.
Véase el reporte completo en: www.fraserinstitute.org/economic-freedom.
Honduras, puntúa en los componentes clave de la libertad económica (de 1 a 10 donde el valor mas alto indica el nivel mas alto de libertad económica).
Tamaño de gobierno: cambiado de 10.00 a 8.00 en el reporte del año pasado. Sistema legal y derechos de propiedad: cambiando de 3.99 a 3.44 Acceso a una moneda sana: cambiando de 9.36 a 9.29 Libertad de comercializar internacionalmente: cambiando de 7.42 a 7.22 Regulación de crédito, trabajo y negocios: cambiando de 6.95 a 6.82
“Es alarmante que Honduras presente retroceso en puntuaciones de las cinco áreas del Índice de Libertad Económica, en comparación con el mismo índice del año anterior, y es que en comparación con el resto de Centroamérica y Panamá, Honduras presenta la puntuación general más baja, siendo esto muy distinto a lo sucedido en el año anterior cuando aventajó a l Salvador y Nicaragua, pero a la vez refleja que Honduras es el país de Centroamérica que sufre, de lejos, los cambios más dramáticos en sus puntuaciones, mejorando y empeorando drásticamente”, indicó Christian Betancourt, analista adjunto de Fundación Eléutera.
El reporte de Libertad Económica Mundial mide el grado en que las políticas y las instituciones de los países apoyan la libertad económica. El informe de este año actualiza los datos de 162 países y territorios. El informe también actualiza los datos en informes anteriores en instancias donde los datos han sido revisados.
Conexihon

Feministas exigen se cumpla con el presupuesto para investigar y prevenir femicidios

Tegucigalpa, Honduras, (Conexihon)-. Más de 200 millones de lempiras necesitan instituciones gubernamentales, integrantes de la Comisión Interinstitucional de Seguimiento a las Investigaciones de las Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios (CIMVMF), para prevenir e investigar femicidios en el país puesto que el 95 por ciento quedan en la impunidad.
Las acciones de prevención se realizaran desde el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), Instituto Nacional de la Mujer (INAM) y las investigaciones por el Ministerio Público (MP), además los recursos se utilizarán para ampliar la cobertura y crear más Unidades de Investigación de Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios (UIMVMF) tanto en la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y Medicina Forense, señala el comunicado de la Plataforma 25 de noviembre, Tribuna de mujeres, Gladys Lanza y Coalición Todas.
“Le estamos exigiendo al Gobierno que desembolse el presupuesto que prometió para prevenir los femicidios en el país y que todas las muertes violentas contra las mujeres sean investigadas, porque muchas veces se conoce al victimario y asesino y no lo juzgan ni investigan”, denunció la lideresa feminista, Nuvia Castro de la Red de Mujeres Rurales.
Además señaló que las mujeres son las que sostienen la economía del hogar y cuando las asesinan quedan hijos, abuelas, hermanas y demás familiares solos sin que nadie los mantenga, puesto que son cabeza del hogar de toda una familia completa, por lo tanto exigen que ya no se asesinen a más mujeres en el país. Después del golpe de Estado se duplicó la muerte violenta contra mujeresMás de 260 crímenes contra mujeres se han registrado en lo que va del año 2018, después del golpe de Estado en 2009 se duplicó la muerte violenta contra mujeres y los escenarios en que se perpetúan los femicidios han recrudecido mostrando la saña, misoginia y tortura en los cuerpos de las féminas, señalan las feministas.
“El patriarcado nos está matando, porque los hombres se han atribuido el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, vida y manipular los recursos de las mujeres, nosotras nos preguntamos por quién está dirigido el Estado y en su mayoría son hombres que están en posiciones de decisión de los recursos que nosotras atribuimos porque somos el 52 por ciento de la población en el país” subrayó la integrante de la Vía Campesina de Honduras, Wendy Cruz.
Wendy Cruz integrante de la Vía Campesina de Honduras.
De igual forma agregó, que la conducta machista con la que operan los funcionarios públicos está asesinando a las féminas por que priorizan políticas públicas de hacer dinero y no de acceso a la justicia y de protección a salvar la vida.
Movimientos de mujeres han logrado impulsar la investigación de femicidiosLos movimientos feministas y de mujeres han logrado importantes cambios en el país, y en el 2016 influyeron para que se presentara el decreto 106-2016 de reforma a la ley del MP donde se crearon las UIMVMF y CIMVM, en el momento de la instalación de la comisión se lanzó por parte del Poder Ejecutivo un compromiso presupuestario para respaldar las acciones. Sin embargo, en el anteproyecto de presupuesto entregado al Congreso Nacional solamente se visualiza el gasto etiquetado para las UIMVMF adscritas a la ATIC por un valor de 20 millones de lempiras, que significa únicamente el 0.0000108% del presupuesto solicitado y para el MP que son 185.2 millones de Lempiras.
“Si bien es cierto se lanzó la UIMVMF, sin embargo este presupuesto no fue considerado, la vida de las mujeres no puede desvalorizarse, el abogado Juan Hernández tiene que honrar su compromiso de asignar los recursos necesarios para erradicar los femicidios, sino ese lanzamiento simplemente fue una comisión que no va a lograr reducir la impunidad”, explicó la coordinadora del Centro de Estudios de la Mujer- Honduras (CEM-H), Suyapa Martínez
Entre el 2003 y 2017 se registraron 5,590 muertes violentas de mujeres dentro de ellas el asesinato de la defensora del medio ambiente y el derecho a la tierra, Berta Cáceres y Margarita Murillo que permanecen en la impunidad, Martínez concluyó, que en un país donde la impunidad reina los asesinos hacen y deshacen porque saben que no van a recibir castigo entonces siguen matando constantemente, por eso hay que reducir la impunidad para que se detengan un poco, pero también hay que hacer campañas de prevención en las escuelas para cambiar la mentalidad de los niños que no deben violentar a las niñas y aprobar la ley de educación sexual que está en el congreso y que la tienen engavetada.

Chomsky asegura que Lula es un “preso político” que es mantenido aislado para favorecer un “golpe de Estado blando” en Brasil

Para el intelectual estadounidense, las "estructuras de poder" quieren evitar que la sociedad sepa nada del ex presidente brasileño.

02.10.2018 17:36 -  MONTEVIDEO PORTAL

Evitando el ablande
Noam Chomsky. Foto: EFE | Raúl Martínez (Archivo)
El intelectual estadounidense Noam Chomsky denunció en una columna publicada el martes por el medio digital "The Intercept" que el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva es un "preso político" al que se mantiene "aislado" para que prospere un "golpe de Estado blando" en su país.
Al final de un extenso artículo en el que analiza la situación política reciente en Brasil, Chomsky concluye que Lula da Silva, "uno de los presos políticos más significativos del período actual, es mantenido en aislamiento para que el golpe de Estado blando" que supuestamente ocurre en el país "pueda seguir su curso".
Eso, prosigue, "probablemente tendrá consecuencias graves para la sociedad brasileña y buena parte del mundo, teniendo en cuenta el potencial rol de Brasil", ante lo que apostilla: "Seguirá su curso si se tolera lo que está pasando".
El filósofo y activista visitó con su esposa al ex presidente de brasileño (2003-2010) dijo haber visitado recientemente en la sede de la Policía Federal en Curitiba, donde cumple una condena de 12 años por corrupción pasiva y lavado de dinero.
Chomsky consideró que el "supuesto crimen" del que se acusa a Lula da Silva, recibir un apartamento a modo de soborno, es "casi indetectable para los estándares brasileños", e instó a "buscar las razones" por las que se le ha dictado una "sentencia totalmente desproporcionada".
Ante la negativa de un juez, el día siguiente de su visita a la prisión, a permitir que un medio nacional entrevistara al expolítico, Chomsky criticó que los criminales violentos "son entrevistados por rutina en prisión" y sostuvo que las "estructuras de poder" quieren evitar que la sociedad sepa nada de Lula.
Con el ex presidente alejado de los comicios que se celebran este domingo, Chomsky consideró que hay "buenas posibilidades" de que el diputado ultraderechista Jair Bolsonaro, líder en las sondeos de intención de voto, logre la victoria y desarrolle las "políticas duramente regresivas" del presidente Michel Temer.
En ese sentido, mantuvo que Temer reemplazó a Dilma Roussef (2011-2016) después de una destitución "grotesca" en "una etapa temprana del golpe de Estado blando que ahora tiene lugar en el país más importante de América latina".
Asimismo, el lingüista estadounidense denuncia una "campaña" política que se está "aprovechando de la corrupción en la que participó el Partido de los Trabajadores (PT) de Lula" y afirma que, si bien la corrupción es real y seria, la "demonización" del PT es "puro cinismo, considerando las travesuras de los acusadores".
"Los cargos contra Lula, incluso si uno los pudiera acreditar, no pueden posiblemente tomarse en serio como base del castigo que se ha administrado para apartarlo del sistema político. Todo lo cual lo clasifica como uno de los presos políticos más significativos del período actual", destaca en su artículo.
(Fuente: EFE)

Lula: “Brasil debe decidir entre civilización y barbarie, entre democracia y fascismo”
En una carta, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva afirma que el país está muy cerca de decidir entre dos proyectos, uno “que promueve el desarrollo” y otro “para hacer a los ricos más ricos”; además denuncia que su candidatura fue anulada “para impedir la libre expresión popular”.
2 octubre, 2018 - CARAS Y CARETAS
Lula fortalece la tesis petista de que el impeachment (juicio político) contra la Presidenta Dilma Rousseff fue un golpe parlamentario y acusa a sus responsables de estar, ahora, en vías de apoyar el nombre de la “serpiente fascista”: “Fueron ellos quienes crearon esa amenaza a la democracia y a la civilización”.
A continuación, la carta.
Brasil está muy cerca de decidir, una vez más, por el voto soberano del pueblo, entre dos proyectos de país: el que promueve el desarrollo con inclusión social y aquel en que la perspectiva de desarrollo económico solo está para hacer a los ricos, más ricos y a los pobres, más pobres. El primer proyecto fue aprobado por la mayoría en las cuatro últimas elecciones presidenciales. El segundo fue impuesto por un golpe parlamentario y mediático travestido de impeachment.
Esta es la verdadera disputa en las elecciones del 7 de octubre. Fue por esa razón que mi nombre creció en las encuestas, pues el pueblo comprendió que el modelo impuesto por el golpe está equivocado y es necesario cambiarlo. Anularon mi candidatura, de forma arbitraria, para impedir la libre expresión popular. Pero es también por la existencia de dos proyectos en disputa que la candidatura de Fernando Haddad viene creciendo, en la medida en que va siendo identificada con nuestras ideas.
Con cierta perplejidad, pero sin gran sorpresa, veo líderes políticos y analistas de prensa decir que Brasil estaría dividido entre dos polos ideológicos. Y que el país debería buscar una opción “de centro”, como si la opción por el PT fuera “extremista”. Además de falsa y, en ciertos casos, hipócrita, es una lectura oportunista, que pretende confundir al elector y falsear lo que está realmente en juego.
Desde la fundación, en 1980, el PT polarizó, sí: contra el hambre, la miseria, la injusticia social, la desigualdad, el atraso, el desempleo, el latifundio, el prejuicio, la discriminación, la sumisión del país a las oligarquías, al capital financiero y a los intereses extranjeros. Fue luchando en ese campo, al lado del pueblo, de la democracia y de los intereses nacionales, que nos acreditamos para gobernar el país por el voto; jamás por el golpe.
El pueblo brasileño no tiene ninguna duda sobre de qué lado estuvo siempre el PT, sea en la oposición o en los años en que gobernamos el país. La sociedad no tiene ninguna duda sobre el compromiso del PT con la democracia. Nacimos luchando por ella, cuando la dictadura imponía la tortura, la reducción de los salarios y la persecución a los trabajadores. Peleamos en las calles por las elecciones directas e hicimos avanzar la Constituyente. Gobernamos con diálogo y participación social, en un ambiente de paz.
La fuerza electoral del PT está respaldada en esa trayectoria de compromiso con el pueblo, la democracia y el Brasil; en las transformaciones que realizamos para superar el hambre y la miseria, para ofrecer oportunidades a quienes nunca las tuvieron, para probar que es posible gobernar para todos y no solo para un puñado de privilegiados, promoviendo el mayor ascenso social de todos los tiempos, el mayor crecimiento económico en décadas y la soberanía del país.
Fue el pueblo que nos trajo hasta aquí, a pesar de todas las persecuciones, para que se pueda revertir el golpe y retomar el camino de la esperanza en estas elecciones. Si cerraron las puertas a mi candidatura, abrimos otra con Fernando Haddad. Es el pueblo que pone en jaque al proyecto ultraliberal, y eso no estaba en el cálculo de los golpistas.
Son ellos el otro polo en estas elecciones, cualquiera sea el nombre de su candidato, inclusive aquel que no osan decir. Ya tuvieron que responder por el nombre de Aécio Neves, ese mismo que hoy quieren esconder. Intentaron con un animador de espectáculos, un vigilante y un aventurero; les faltó un candidato sin votos. El nombre de ellos podrá venir a ser el de la serpiente fascista, sorprendida en el nido de odio, de violencia y de mentira.
Fueron ellos quienes crearon esa amenaza a la democracia y a la civilización. Asuman la responsabilidad por lo que han hecho contra el pueblo, contra los trabajadores, la democracia y la soberanía nacional. Pero no vengan a predicar una alternativa electoral “al centro”, como si no fueran los responsables, en colusión con la Red Globo, por el despertar de la barbarie. Escribo este artículo para el “Jornal do Brasil” porque es un vehículo que viene practicando la democracia y la pluralidad.
Quien coquetea con la barbarie, cultiva el extremismo. Quien lucha contra ella, nada tiene de extremista. Tiene compromiso con el pueblo, con el país y con la civilización. En la disputa entre civilización y barbarie, se debe elegir un lado. No hay lugar para quedarse arriba del muro.
En octubre tendremos la oportunidad de recuperar la democracia otra vez, cerrando uno de los períodos más vergonzosos de la historia y de los más sufridos para nuestra gente. Estoy seguro de que estaremos juntos con todos los que lucharon por la conquista de la democracia con gran dificultad y con gran sacrificio. Y estaremos juntos con las mujeres que no aceptan la sumisión, con los negros, indígenas y con todos y todas quienes han sufrido, a lo largo de siglos, la discriminación y el prejuicio.
Estaremos juntos, todos los que, independientemente de diferencias políticas y trayectorias distintas, tienen sensibilidad social y convicciones democráticas. Será una batalla difícil, como pocas. Pero estoy seguro de que la democracia será victoriosa. De mi parte, estaré donde siempre estuve: al lado del pueblo, sin ilusiones ni vacilaciones. Con amor por Brasil y compromiso con el pueblo, la paz, la democracia y la justicia social.
LUIZ INACIO LULA DA SILVA
Ex presidente de la República y presidente de honor del Partido de los Trabajadores



Democracia o nazifascismo

por Leonardo Boff

2018-09-30



Nunca en nuestra historia estuvimos situados ante una alternativa tan radical: el excapitán candidato a la Presidencia, Jair Bolsonaro, que se presenta con todas las características del nazifascismo que causó millones de víctimas en Europa en la Segunda Guerra Mundial, y enfrente Fernando Haddad, al que no se le puede negar espíritu democrático. Bolsonaro mismo declaró que no le importa ser comparado a Hitler. Se ofendería si lo llamasen gay.
Cometió muchas barbaridades contra las mujeres, los negros, los indígenas, los quilombolas [habitantes de los quilombos], los LGBT, haciendo incluso apología abierta de notorios torturadores, dejó claro, en declaraciones inescrupulosas, que pretende imponer una política represiva contra esos grupos como política de Estado. No sorprende que tenga el más alto rechazo en las encuestas de intención de voto.
Entendemos su resonancia pues no son pocos los que quieren orden en la sociedad a cualquier precio y que rechazan cualquier tipo de políticos a causa de la corrupción que corroe este país. Siempre, la búsqueda del orden sin la preocupación simultánea por la justicia social ni por los procedimientos jurídicos correctos, fue el humus que alimentó y alimenta aún hoy a los grupos de derecha y de extrema derecha. Con Hitler fue así: Ordnung muss sein: «por encima de todo, el orden», pero un orden impuesto mediante la represión y el envío de judíos, gitanos y opositores a los campos de exterminio.
Bolsonaro explota esta búsqueda del orden a cualquier precio, incluso con la militarización del gobierno, como ya ha sido publicado en la prensa. En caso de ganar –¡el cielo nos libre!– colocará en los ministerios clave a generales, en su mayoría jubilados, pero con una mentalidad francamente derechista y autoritaria. Hasta propone eventualmente un auto-golpe, es decir, Bolsonaro como presidente puede convocar a las fuerzas armadas, disolver el Parlamento e instaurar un régimen autoritario y altamente represivo.
No tenemos otra alternativa que unirnos, más allá de los intereses partidistas, para salvar la democracia y no permitir que Brasil sea considerado en todo el mundo un país políticamente paria. Esto afectaría a gran parte de la política latinoamericana, especialmente a aquellos países cuyas democracias son frágiles y están bajo el fuego del pensamiento derechista que crece en el mundo entero.
No es de extrañar que conglomerados financieros que viven de la especulación, asociados a empresarios que no tienen ninguna consideración por el futuro de su patria, sino sólo por sus propios negocios, y asociados a los burócratas del Estado afectos a la corrupción y a las negociaciones turbias, constituyan la base social de sustentación de un tal régimen autoritario de cariz fascista y nazi.
Sería una ruptura inédita en nuestra historia nunca vista antes. Los militares y empresarios que dieron el golpe de 1964 eran por lo menos nacionalistas, y exaltaban un crecimiento económico a costa de los bajos salarios y del control riguroso de las oposiciones, con arrestos, secuestros, torturas y asesinatos, confirmado hoy hasta por documentos provenientes de los órganos de seguridad y de la política exterior de Estados Unidos.
El pueblo brasileño, que tanto ha sufrido ya a lo largo de la historia, primero bajo el látigo de los señores de esclavos y después por la super-explotación del capitalismo nacional, no merece sufrir todavía más. Tenemos con él una deuda que nunca llegamos a pagar, que nos será reclamada hasta el juicio final.
Alimentamos la esperanza de que el buen sentido y la voluntad de reafirmar la democracia de la mayoría de los votantes, nos librarán de este verdadero castigo que, ciertamente, no merecemos.

Leonardo Boff

SOLIDARIDAD

Aleida Guevara en Brasil: movilización de mujeres es una respuesta al fascismo

La médica cubana, hija del Che, participó de una charla con movimientos populares en São Paulo este lunes (01)

Leia em português | Brasil de Fato | São Paulo (SP)
2 de octubre de 2018 13:26

Aleida Guevara participa de una charla en Almacén del Campo, espacio cultural y de comercialización del MST en São Paulo - Créditos: Comunicación MST
Aleida Guevara participa de una charla en Almacén del Campo, espacio cultural y de comercialización del MST en São Paulo / Comunicación MST
Aleida Guevara, hija de los revolucionarios Ernesto Che Guevara y Aleida March, estuvo presente en São Paulo este lunes (01) y defendió la libertad del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), y las marchas contra la ascensión del fascismo en Brasil.
La charla fue realizada con los movimientos populares del país en el Almacén del Campo, un espacio cultural y de comercialización de productos hortofrutícolas, granos, entre otros, producidos por el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST).
En la ocasión, Aleida comentó que desde Cuba acompañaba con sentimiento de impotencia el golpe en Brasil y la prisión política de Lula. “Me preguntaba: ¿Si esa prisión sin pruebas ocurre con un hombre que tiene reconocimiento internacional, qué puede pasar a una mujer o hombre del pueblo?”
Para ella, la respuesta vino de las calles, con las manifestaciones de mujeres contra el candidato de ultraderecha a la Presidencia de Brasil Jair Bolsonaro, del Partido Social Liberal, el último sábado (29), reuniendo más de un millón de personas en más de 200 ciudades del país. “Tengo la certeza de que el pueblo brasileño hará lo necesario para transformar nuestros sueños en realidad”, afirmó.
Aleida estuvo acompañada de Gilmar Mauro, integrante de la dirección nacional del MST, que agradeció el ejemplo de solidaridad de Cuba. “La mejor manera de agradecerles no es con palabras, sino con las acciones de las mujeres el 29 de septiembre. Están luchando contra el 'coso' [expresión para referirse al candidato de extrema derecha], lo que es importante, pero también están luchando contra los prejuicios, contra la cultura machista, contra una visión retrógrada”, analizó el dirigente.
Agenda en Brasil
Además del evento en São Paulo, Aleida Guevara también visitó el Almacén del Campo en Rio de Janeiro y la Vigilia Lula Libre, en la ciudad de Curitiba, donde habló a los militantes presentes y participó del tradicional “Buenas noches, presidente Lula” y contó que esa vez saludaron a Lula en español. “También le dijimos que el pueblo cubano está con él y fue muy bonito porque sé que nos escuchó y que, de algún modo, puede sentir la energía del pueblo”, afirmó.
Edición: Diego Sartorato | Traducción: Luiza Mançano