CIDH exhorta al Estado de Honduras respetar el principio de legalidad de los presos políticos
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó este miércoles
al Estado de Honduras para que respete el principio de legalidad de los
presos políticos, que fueron capturados durante las protestas
postelectorales.
La
instancia de la Organización de Estados Americanos (OEA) encargada de
la promoción y protección de los derechos humanos en el continente
americano, hizo el señalamiento durante una audiencia sostenida hoy en
Washington, D.C., entre una delegación de la sociedad civil y el
gobierno de Honduras, representado por la Procuradora General de la
República, Lidia Estela Cardona y la subsecretaria de Derechos Humanos,
Jackeline Anchecta.
Durante
su exposición la Procuradora responsabilizó a grupos criminales y maras
y pandillas de haber participado en las protestas posteriores a las
elecciones generales del 26 de noviembre de 2017. Lo que fue lamentado
por el comisionado presidente de la CIDH, Luis Ernesto Vargas, que
consideró que si el Estado de antemano señala que los participantes de
las manifestaciones eran las maras y pandillas, es difícil llegar a un
acercamiento.
Vargas
apuntó que quienes protestan están más pendientes de defender la
democracia que de cometer delitos, e instó al Estado de Honduras a
respetar el debido proceso y el principio de legalidad sobre los juicios
contra los presos políticos.
También
dijo que si a las personas que fueron detenidas, retenidas y procesadas
por la justicia, no se les aplicó delitos como sedición, terrorismo y
otros que se vinculan a asuntos políticos, es porque se pretende
instaurar que no existen presos políticos, razón por la cual a las
personas se les ha acusado por diferentes delitos comunes establecidos
en el Código Penal.
Un
informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (OACNUDH) presentado en marzo pasado, señala que durante las
protestas ciudadanas, “las fuerzas de seguridad emplearon excesiva
fuerza para dispersarlas, especialmente la Policía Militar de Orden
Público provocando muertos y heridos”.
De acuerdo a la OACNUDH, las protestas dejaron la muerte de al menos 22 ciudadanos y la detención de 1.351 personas.
Por
su parte el relator Joel Hernández, recomendó a los participantes en el
diálogo político nacional, que se lleva a cabo con la mediación de las
Naciones Unidas, que en la mesa donde se discute los temas de derechos
humanos se tome en cuenta las 25 recomendaciones que la delegación de la
CIDH hizo durante su vista in loco en Honduras en agosto pasado.
Por
su parte la comisión de la sociedad civil inició su exposición,
apuntando que el tema principal del diálogo debería ser el fraude
electoral, pero que es algo que no se aborda porque lo que se pretende
es legitimar el fraude electoral.
La
representación de sociedad civil enfatizó además en que las víctimas
mortales de la crisis post electoral no son 22 ciudadanos como lo
establece el informe de la ONU, sino que 33, de acuerdo a sus monitores
de los hechos.
Los
miembros de la CIDH insistieron en que el Estado de Honduras debe
respetar el derecho a la libertad de expresión y a la protesta y a
ampararse a los estándares internacionales para tratar a los privados de
libertad porque durante la visita in loco se constató la aplicación de
un “régimen arbitrario” a lo interno de las cárceles de máxima de
seguridad donde se encierra a personas sin tomar en cuenta la
proporcionalidad sobre el peligro que representan para la sociedad.
La comisionada Flávia Piovesan
preguntó a la delegación gubernamental sobre los procesos que se han
emprendido para castigar a los responsables de los crímenes, a lo que la
sub secretaria de Derechos Humanos respondió diciendo que ya se capturó
a un policía por el crimen de un niño durante las protestas
postelectorales y se han presentado otros 18 requerimientos fiscales.
La
respuesta del gobierno fue contrarrestada por la delegación de sociedad
civil que aseveró que los 18 requerimientos no tienen nada que ver con
los crímenes cometidos en el marco de la crisis post electoral, ya que
corresponden a abusos cometidos por militares y policías en escenarios
distintos al asunto antes señalado.
En
la audiencia, donde se discutió la situación de personas criminalizadas
y privadas de la libertad en el contexto del conflicto postelectoral en
Honduras, participaron representantes de la Coalición contra la
Impunidad, Amnistía Internacional, Centro por la Justicia y el Derecho
Internacional (CEJIL) y el Comité Pro la Liberación de Presos Políticos
Estado de Honduras.
En su 169 periodo de sesiones, la CIDH recibe información sobre la situación de los presos políticos en Honduras
Tegucigalpa.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió la petición realizada por Amnistía Internacional, Comité por la Liberación de los Presos Políticos, CEJIL y la Coalición Contra la Impunidad, de conceder una audiencia en su 169 periodo de sesiones que realiza dos veces al año en ese organismo internacional, esto con el fin de hablar sobre la situación de los presos políticos en el país.
La audiencia se realizó este miércoles en Boulder, Colorado, Estados Unidos, donde los representantes de sociedad civil expusiera ante ese órgano la situación de los presos políticos y las violaciones a los derechos humanos que han sido víctimas.
Breda Mejía, representante de la Coalición Contra La Impunidad explicó inicialmente a la CIDH el contexto en el que se dio la crisis post electoral del 26 de noviembre de 2017, donde se realizaron elecciones generales en Honduras y como se dieron los hechos que generaron la desconfianza de la población, hasta que fue confirmado el resultado final, donde fue declarado presidente a Juan Orlado Hernández, cuya candidatura es considerada ilegal por varios sectores.
“Como consecuencia de esas elecciones, las personas comenzaron a manifestarse y movilizarse en reclamo de lo que consideraba un fraude electoral, el gobierno respondió a estas manifestaciones pacíficas con el uso desproporcionado de la fuerza y suspendiendo garantías, en particular la libertad de circulación durante los 10 primeros días de diciembre”.
En este contexto, la protesta social era considerado como un acto delictivo de criminalidad organizada y estructurada, siendo quien participa en ellas blancos de ataques sistemáticos, persecución, vigilancia, tratos crueles e inhumanos y degradantes, torturas, difamación y calumnias, señaló Mejía.
Agregó que la persecución se enfocó en líderes de oposición y en personas con alto nivel de liderazgo en las comunidades; una vez identificadas estas personas se realizaron allanamientos arbitrarios, domiciliarios, detecciones si orden judicial y con implantación de pruebas, coaccionado a los detenidos para la aceptación de los cargos.
Por su parte Karol Cárdenas, del área de acceso a la justicia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), organización que lleva la representación legal de Edwin Espinal, recluido en La Tolva, expresó su preocupación por el acceso a los informes y la celeridad para celebrarse las audiencias, impidiendo la preparación de una estrategia de defensa.
“Nos preocupa la falta de acceso a los informes y la celeridad para celebrar las audiencias, impidiendo que se prepare una estrategia de defesa, en un caso concreto, el juzgado señaló la audiencia inicial con un día de diferencia de la audiencia de declaración de imputados, siendo este un día inhábil, contrariamente se observa un retardo injustificado en las etapas subsiguientes”.
Cárdenas agregó que esto ocurre al momento de presentar los recursos de apelación, que en algunos casos tardaron casi seis meses para llegar a la Corte de Apelaciones en los casos de los recluidos de Pimienta, ya que el expediente que fue enviado a la Corte de Apelaciones estuvo no localizable durante más de 30 días y fue por las acciones de los defensores de derechos humanos que fue identificado.
Por todo lo expuesto, es claro que el derecho penal está siendo utilizados para someter a los disidentes políticos a procesos injustos; resaltamos el uso de la figura de testigos protegidos, parecidos más bien como testigos anónimos para fabricación de pruebas y se acude además a delitos que pertenecen a la acusación pública, sin que exista la posibilidad para la defesa, finalizó Cárdenas.
Otro de los asistentes a la audiencia fue Carlos Paz de Caritas de San Pedro Sula, quien explicó la situación de los centros penales en el país.
“Las condiciones de los centros penitenciarios en Honduras no cumple con los mismos estándares internacionales, la sobrepoblación penitenciaria es un problema estructural histórico, sumado a que los centros penitenciarios son administrados por la policía militar”, sostuvo Paz.
Añadió que en el caso de las personas detenidas en el contexto post electoral, las autoridades penitenciarias agravaron las condiciones de detección como parte de la estrategia de castigo, la primera violación a los derechos se configura por el hecho de haber sido enviados a cárceles de máxima seguridad, aún cuando fueron acusados de delitos comunes.
Algunas de las peticiones que las organizaciones presentes solicitaron a la CIDH es que solicite al Estado que reconozca la existencia de presos políticos y tome medidas para su liberación; que ordene al Estado de Honduras que respete el derecho al debido proceso de todas las personas detenidas en el contexto de la crisis post electoral, incluyendo la aplicación de medidas alterativas a la prisión preventiva; inste al Estado hondureño a reubicar a las personas privadas de libertad en el contexto de la crisis post electoral que están en cárceles de máxima seguridad.
La crisis post electoral en Honduras dejó 22 presos políticos, pero el 30 de agosto la cifra aumentó, luego que se conociera que un juez enviara a prisión a nueve personas mas acusados de incendiar el Palacio Municipal de Las Vegas, Sata Bárbara. Y el 26 de septiembre dos personas más fueron enviadas a prisión por los mismos delitos.
Actualmente se encuentran recluidos 12 personas en la cárcel de El Pozo, ubicada en Ilama, Santa Bárbara; 2 en La Tolva, en Moroceli, El Paraíso; 2 en el cetro penal de El Progreso y una mujer en la cárcel de Tamara.
ONU confirma muertes y uso de fuerza letal por cuerpos de seguridad del Estado de Honduras durante crisis electoral
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-Las
fuerzas de seguridad del Estado de Honduras utilizaron la fuerza
excesiva y letal en contra para reprimir a los a las personas que
protestaron en el marco de la crisis post electoral, donde al menos 22
ciudadanos y un agente policial murieron de manera violenta, según un
informe presentado este lunes por la Oficina del Alto Comisionados de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
Noticia Relacionada: Medicina Forense confirma uso de armas policiales y militares en 27 muertes durante crisis electoral
El
informe fue presentado esta mañana en Tegucigalpa en un acto encabezado
por la representante de la OANUDH en Honduras, María Soledad Pazo.
El
texto que se resume en 35 páginas, que los miembros de los “miembros
de los cuerpos de seguridad de Honduras, en particular de la policía
militar, utilizaron una fuerza excesiva — incluso letal- para controlar y
dispersar las protestas que estallaron tras las controvertidas
elecciones presidenciales de noviembre pasado”,
En
el informe se detallan las violaciones de derechos humanos ocurridas
entre el día de la votación, el 26 de noviembre, y la toma de posesión
del Presidente, el 27 de enero. En el documento se llega a la conclusión
de que por lo menos 22 civiles y un agente de policía murieron durante
las protestas. Al menos 16 de estas víctimas, entre ellas dos mujeres y
dos niños, murieron violentamente a causa de disparos efectuados por las
fuerzas de seguridad. El informe documenta también las muertes de 15
personas, entre que figuran candidatos políticos, consejeros municipales
y activistas, en el periodo anterior a las elecciones.
Aunque
algunos de los manifestantes realizaron actos violentos, en el informe
se destaca que “el análisis del tipo de lesiones sufridas por las
víctimas, indica que las fuerzas de seguridad hicieron un uso
intencional y letal de las armas de fuego, incluso más allá del
propósito disuasorio o de defensa propia, como cuando los manifestantes
estaban huyendo”. En particular, esto quedó ilustrado por los casos de
siete víctimas que murieron como consecuencia de disparos en la cabeza.
“Estos
casos suscitan serias preocupaciones y podrían equivaler a ejecuciones
extrajudiciales”, indica el informe. Hasta el 27 de enero, según
información recibida no se habían presentado cargos contra ningún
miembro de las fuerzas de seguridad en relación con las muertes y
lesiones ocurridas.
Además,
unas 1.351 personas fueron detenidas entre el 1 y el 5 de diciembre,
acusadas de violar el toque de queda impuesto en el marco del estado de
excepción que se declaró el 1 de diciembre. Los criterios imprecisos y
amplios del estado de excepción en lo referente a la detención de
personas, incluso a quienes se considerasen “sospechosas de algún modo”
de causar daños a bienes o personas o cometer delitos, fueron más allá
de lo estrictamente requerido por la situación, resultando en arrestos
masivos e indiscriminados, y tuvieron el efecto de limitar el derecho a
la reunión pacífica y de asociación.
En
el informe también se destacan los `alegaciones creíbles y coherentes
de malos tratos contra personas en el momento de su arresto y/o
detención”, allanarnientos ilegales de viviendas y un aumento de las
“amenazas y el hostigamiento contra periodistas y otros trabajadores de
los medios de comunicación, así como contra activistas sociales y
políticos”.
Las
violaciones de derechos humanos descritas en este informe se produjeron
“en el contexto de una crisis política, económica y social heredada
desde el golpe de Estado militar de 2009, y por la demora en realizar
las reformas necesarias en los ámbitos institucional, político,
económico y social.”, reza el texto de las Naciones Unidas.
A
la presentación del informe se hicieron presentes representantes de la
comunidad internacional, defensores de derechos humanos, funcionarios de
Gobierno y miembros de la oposición política.
El
informe insta al Gobierno de Honduras a que entable un diálogo nacional
participativo, sobre las reformas que promuevan el desarrollo, los
derechos humanos y la reconciliación.
“La
situación de derechos humanos en Honduras, que ya es frágil y padece de
altos niveles de violencia e inseguridad, probablemente se deteriorará
aún más, a menos que haya una verdadera rendición de cuentas por las
violaciones de derechos humanos y se adopten reformas para abordar la
profunda polarización política y social del país”, declaró el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad
Al Hussein.
Entre
sus recomendaciones, el informe pide a las autoridades que restrinjan
el uso de la policía militar y las fuerzas armadas en las funciones de
aplicación de la ley y que regulen el uso de la fuerza por parte de
todos los organismos y cuerpos de seguridad, de conformidad con las
normas y estándares internacionales de derechos humanos.
En
el informe se recomienda también que se lleven a cabo investigaciones
rápidas, imparciales, independientes y transparentes de todas las
denuncias de violaciones de derechos humanos que ocurrieron en el
contexto de las elecciones.
La
representante de OACNUDH en Honduras, María Soledad Pazo, dijo que la
obligación para la investigación y sanción contra los responsables,
corresponde a los órganos jurisdiccionales de Honduras, quienes de
acuerdo al gobierno, han integrado una fuerza de tarea, pero lamentó que
hasta el momento no se le haya informado sobre los resultados de las
acciones emprendidas por esta instancia.
En
ese orden, reveló que todos los requerimientos de información y de
reuniones que ha hecho al fiscal general, Óscar Chinchilla, no han sido
contestadas. A excepción de la Dirección de Medicina Forense que desde
el principio del proceso le ha facilitado información y su titular,
Julissa Villanueva, se ha reunido con ella.
Este miércoles: Audiencia en la CIDH sobre personas criminalizadas y privadas de libertad en el contexto postelectoral en Honduras
Tuesday, 02 October 2018 22:56 Written by Dina Meza Published in Contexto
Foto de la izquierda:Free EDWIN ESPINAL Libertad. Foto de la derecha: Proceso Digital
Varias organizaciones nacionales e internacionales participarán
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en una
audiencia para examinar la situación de las personas criminalizadas y
privadas de libertad en el contexto del conflicto postelectoral en
Honduras, este 03 de octubre de 2018, en Washington, en el 169 período
de sesiones que realiza esta instancia internacional.
El proceso electoral de noviembre de 2017 dejó como consecuencia
asesinatos, detenciones arbitrarias, presos políticos y personas
llevadas a juicios violentando el debido proceso por la participación en
manifestaciones donde hicieron uso del derecho a la protesta contra el
fraude electoral por el cual llegó en su segundo período Juan Orlando
Hernández.
Las organizaciones que estarán en la CIDH son Coalición contra la Impunidad, Amnistía Internacional, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Comité Pro la Liberación de Presos Políticos Estado de Honduras. La audiencia será transmitida en vivo a través del enlace https://livestream.com/RP/
Según el informe preliminar de la Coalición contra la Impunidad difundido en conferencia de prensa este 26 de enero de 2018, unos 64 defensores, defensoras y líderes sociales que han sido víctima de persecución, seguimiento y hostigamiento por parte de cuerpos de seguridad del Estado.
Mientras un informe de Amnistía Internacional denominado “Prohibido Protestar, Uso de la Fuerza y Detenciones Arbitrarias como Estrategias para Reprimir la Disidencia en Honduras” destaca que las fuerzas de seguridad detuvieron a más de mil personas por supuestamente haber violado el toque de queda y decenas más fueron arrestadas por supuestos actos de violencia cometidos durante las protestas.
Por su parte la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), informó a través de un informe titulado “Las violaciones a los derechos humanos en el contexto de las elecciones de 2017 en Honduras”, que por lo menos 118 personas han enfrentado cargos penales por su presunta participación en delitos cometidos durante las protestas. 21 de ellas fueron enviadas en prisión preventiva.
La CIDH realizó una visita in loco a Honduras del 30 de julio al 03 de agosto de este año, una misión de este organismo se reunió con diversos sectores y conoció de viva voz de las víctimas o sus parientes la represión recibida en el contexto postelectoral.
La instancia internacional de derechos humanos dejó unas 25 recomendaciones y en las mismas en relación a este tema dijo que “por lo menos 1.351 personas fueron detenidas por violar el régimen de suspensión de garantías establecido por Decreto por un total de 16 días. Se presentaron cargos criminales contra al menos 114 personas por su presunta participación en delitos cometidos durante las protestas. A la fecha, 84 personas están bajo proceso, y cinco se encuentran privadas de su libertad. Respecto de sus procesos, la Comisión recibió información en el sentido de que no contaron con una defensa adecuada ni tuvieron contacto con sus familiares. Estas alegaciones constituirían un incumplimiento por parte de Honduras de su deber de adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho al debido proceso y al acceso a la justicia de las personas detenidas de conformidad con los estándares internacionales en la materia”.
Lo que no se puede ocultar
De diciembre de 2017 a enero de 2018 había un listado de 22 presos políticos según lo dio a conocer el Comité Pro la Liberación de Presos Políticos Estado de Honduras. Nueve estaban privados de libertad en el Centro Penal de El progreso, Yoro; 10 en la cárcel de máxima seguridad conocida como El Pozo, en Ilama, Santa Bárbara y dos en la Tolva, al oriente del país.
18 de estos a través de organizaciones de derechos humanos y sus apoderados legales lograron salir de prisión y defenderse en libertad, pero a pesar de ello tienen constante hostigamiento por parte de los cuerpos represivos del Estado, entre lo que figura la vigilancia y los allanamientos ilegales.
Pero a la fecha siguen prisioneros Edwin Espinal y Rául Álvarez en la cárcel de máxima seguridad La Tolva en el departamento de El Paraíso; Edy Gonzalo en la cárcel de máxima seguridad El Pozo en el departamento de Santa Bárbara; y Gustavo Cáceres y José Godínez en El Progreso, Yoro.
El gobierno de Juan Orlando Hernández se resiste a reconocer la existencia de presos políticos en el país y aunque se ha establecido un supuesto diálogo liderado por la ONU, este tema no figura en la agenda ni las víctimas o sus familiares han sido reconocidos como actores importantes.
Las organizaciones que estarán en la CIDH son Coalición contra la Impunidad, Amnistía Internacional, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Comité Pro la Liberación de Presos Políticos Estado de Honduras. La audiencia será transmitida en vivo a través del enlace https://livestream.com/RP/
Según el informe preliminar de la Coalición contra la Impunidad difundido en conferencia de prensa este 26 de enero de 2018, unos 64 defensores, defensoras y líderes sociales que han sido víctima de persecución, seguimiento y hostigamiento por parte de cuerpos de seguridad del Estado.
Mientras un informe de Amnistía Internacional denominado “Prohibido Protestar, Uso de la Fuerza y Detenciones Arbitrarias como Estrategias para Reprimir la Disidencia en Honduras” destaca que las fuerzas de seguridad detuvieron a más de mil personas por supuestamente haber violado el toque de queda y decenas más fueron arrestadas por supuestos actos de violencia cometidos durante las protestas.
Por su parte la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), informó a través de un informe titulado “Las violaciones a los derechos humanos en el contexto de las elecciones de 2017 en Honduras”, que por lo menos 118 personas han enfrentado cargos penales por su presunta participación en delitos cometidos durante las protestas. 21 de ellas fueron enviadas en prisión preventiva.
La CIDH realizó una visita in loco a Honduras del 30 de julio al 03 de agosto de este año, una misión de este organismo se reunió con diversos sectores y conoció de viva voz de las víctimas o sus parientes la represión recibida en el contexto postelectoral.
La instancia internacional de derechos humanos dejó unas 25 recomendaciones y en las mismas en relación a este tema dijo que “por lo menos 1.351 personas fueron detenidas por violar el régimen de suspensión de garantías establecido por Decreto por un total de 16 días. Se presentaron cargos criminales contra al menos 114 personas por su presunta participación en delitos cometidos durante las protestas. A la fecha, 84 personas están bajo proceso, y cinco se encuentran privadas de su libertad. Respecto de sus procesos, la Comisión recibió información en el sentido de que no contaron con una defensa adecuada ni tuvieron contacto con sus familiares. Estas alegaciones constituirían un incumplimiento por parte de Honduras de su deber de adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho al debido proceso y al acceso a la justicia de las personas detenidas de conformidad con los estándares internacionales en la materia”.
Lo que no se puede ocultar
De diciembre de 2017 a enero de 2018 había un listado de 22 presos políticos según lo dio a conocer el Comité Pro la Liberación de Presos Políticos Estado de Honduras. Nueve estaban privados de libertad en el Centro Penal de El progreso, Yoro; 10 en la cárcel de máxima seguridad conocida como El Pozo, en Ilama, Santa Bárbara y dos en la Tolva, al oriente del país.
18 de estos a través de organizaciones de derechos humanos y sus apoderados legales lograron salir de prisión y defenderse en libertad, pero a pesar de ello tienen constante hostigamiento por parte de los cuerpos represivos del Estado, entre lo que figura la vigilancia y los allanamientos ilegales.
Pero a la fecha siguen prisioneros Edwin Espinal y Rául Álvarez en la cárcel de máxima seguridad La Tolva en el departamento de El Paraíso; Edy Gonzalo en la cárcel de máxima seguridad El Pozo en el departamento de Santa Bárbara; y Gustavo Cáceres y José Godínez en El Progreso, Yoro.
El gobierno de Juan Orlando Hernández se resiste a reconocer la existencia de presos políticos en el país y aunque se ha establecido un supuesto diálogo liderado por la ONU, este tema no figura en la agenda ni las víctimas o sus familiares han sido reconocidos como actores importantes.
Ni la lluvia detuvo a los juticalpenses en su protesta contra la EEH
La Empresa Energía Honduras (EEH) una vez terminada la manifestación volvió a quitar la energía eléctrica como para demostrar lo mal que andan en su operaciónPor: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.
– Ni la lluvia detuvo a os ciudadanos del municipio de Juticalpa en el
departamento de Olancho, que esta tarde salieron a protestar contra los
abusos y el mal servicio que presta la Empresa Energía Honduras (EEH)
que mantiene a la ciudadanía con cortes del fluido eléctrico hasta
cuatro veces por semana.
El
pueblo se auto convocó e frente al estadio “Juan Ramón Brevé Vargas” y
aunque cayó un fuerte aguacero dijeron presente para elevar su voz de
protesta porque ya no soportan los cortes de energía y las pérdidas que
provocan a los empresarios y comerciantes, además de los daños a los
electrodomésticos en la mayoría de los hogares.
En
su pronunciamiento exigieron la pronta normalización del voltaje de
energía en el municipio y hacer un alto a tanto racionamiento que de
fórrela diaria ocurre en el Municipio de Juticalpa.
Como
población se oponen y resisten a las constantes alzas del costo de
Energía Eléctrica, sin justificación en los recibos que de forma mensual
recibimos en nuestros hogares.
Hicieron
un llamado a las autoridades del municipio, a nivel departamental y a
los siete diputados para que defiendan los intereses del pueblo y eleven
el clamor de esta población ante el Poder Ejecutivo y el Congreso
Nacional para que se revise o cancele el contrato firmado con la E.E.H.
donde se percibe una evidente privatización del servicio de Energía
eléctrica.
Advirtieron
que de seguir con este mal Servicio, y costos elevados sin
justificación, como Población contrataremos los servicios de Abogados
del Pueblo para Demandar a esta Empresa y de ser necesario al Estado de
Honduras por las pérdidas de sus aparatos electrodomésticos provocados
por las constantes alteraciones en el servicio de energía que estamos
recibiendo.
PRONUNCIAMIENTO
Los
ciudadanos del Municipio de Juticalpa, cansados ya de tanto abuso e
irrespeto a este noble pueblo por parte de la E.E.H. (Empresa energía
Honduras) quien desde que inició operaciones en nuestro país solo se ha
dedicado a aumentar los costos de facturación más una notable desmejora
en el servicio brindado con su constante irregularidad en el voltaje lo
que ha provocado el daño a enteches aparatos electrodomésticos, y
electrónicos. de un gran número de la población y Empresas de la Ciudad y
Municipio, por lo que declara el presente Pronunciamiento.
- Convocar a toda la población Civil del Municipio de Juticalpa a una PRIMERA MARCHA PACIFICA en señal de protesta por los abusos de la E.E.H. (Empresa Energía Honduras).
- Exigir a la E.E.H. la pronta Normalización del Voltaje de Energía en el Municipio y hacer un alto a tanto razonamiento que de forma diaria ocurre en el Municipio de Juticalpa.
- Como población nos oponemos y resistimos a las constantes alzas del costo de Energía Eléctrica, sin justificación en los recibos que de forma mensual recibimos en nuestros hogares.
- A las autoridades del municipio de Juticalpa y departamento de Olancho, Alcalde Municipal, Gobernador Político, a sus 7 diputados electos para defender los Intereses del pueblo, les exigimos como pueblo UNIRSE para elevar el clamor de esta población ante el poder Ejecutivo y Congreso Nacional para que se revise o cancele el contrato firmado con la E.E.H. donde se percibe una EVIDENTE PRIVATIZACION del servicio de Energía eléctrica sin Misericordia para el pueblo.,
- Advertimos que de seguir con este mal Servicio, y costos elevados sin justificación, como Población contrataremos los servicios de Abogados del Pueblo para Demandar a esta Empresa y de ser necesario al estado de Honduras por las pérdidas de nuestros aparatos electrodomésticos y electrónicos provocados por las constantes alteraciones en el servicio de energía que estamos recibiendo.
- Exigimos que una vez en servicio la Represa PATUCA se conecte de Inmediato esta Energía al depto. De Olancho y así estabilizar el servicio y el consecuente abaratamiento de los costos por kilowatt consumido por este tipo de Energía Hídrica.
- Las acciones pacificas que hoy iniciamos como Pueblo Olanchano se irán fortaleciendo y siendo más exigentes en contra de esta empresa, del Poder Ejecutivo, y Legislativo, en la medida que no busquen solucionar este grave problema ocasionado a la población Olanchana.
- Pedimos y animamos a todos Olanchanos en el resto de Municipios del departamento y en todo el país, unirse como Población Civil a defender sus derechos Ciudadanos y constitucionales ya que nuestros Gobernantes solo se preocupan por solventar su situación personal y familiar olvidándose de a quien representan como Servidores públicos.
Dado en la Ciudad de Juticalpa a los 3 días del mes de octubre del año 2018.
SOCIEDAD
CIVIL DEL MUNICIPIO DE JUTICALPA DEPTO Dli ~Net 10, Cc. Gerencia
Central Empresa E.E.H. Cc Sr. Presidente de la Republica Juan Orlando
Hemández. Cc Sr. Mauricio oliva, Presidente Congreso Nacional.Cc Sr. Gobernador Político, Depto De Olancho Walner Castro
Cc Srs 7 Diputados Depto de Olancho.
Cc sr. Huniberto Madrid, Alcalde Mpal Juticalpa.
Cc Medios de Comunicación Radiales y televisados. Cc Archivo.
Sombrío contrato petrolero amenaza el Caribe hondureño
- Amada Ponce
- 24 Septiembre 2018
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).-
Un pequeño derrame de petróleo en el Caribe hondureño causaría una
profunda devastación del Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM), esto a
consecuencia de la aprobación de un contrato de extracción de petróleo
en Honduras, mismo que no cuenta con la aprobación de las comunidades
indígenas, así lo denunciaron recientemente el en un Foro realizado por
el Instituto de Derecho Ambiental de Honduras (IDAMHO) en la capital
hondureña.
De
acuerdo a los expositores, el contrato de concesión contiene cláusulas
que violentan la Constitución hondureña, los convenios internacionales y
las leyes ambientales. Asimismo, atenta contra los derechos de cuatro
pueblos indígenas que habitan la zona caribeña, estimada en 35 mil
kilómetros cuadrados.
Impacto ambiental
Para
Clarisa Vega, directora de IDAMHO, existe fuerte preocupación por la
ambivalencia que expresan las cláusulas del contrato como las pocas
garantías que existen en caso de un derrame de proporciones lamentables.
Clarisa Vega, directora de IDAMHO
Observamos
valoraciones como "niveles adecuados" de protección del medio ambiente,
la poca prevención, mitigación y restaurar el daño ambiental "cuando
sea posible" y la posibilidad de que en caso de conflictos sea el Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversores (CIADI) y no el Ministerio Público que intervenga, restándole facultades al Estado hondureño.
El
contrato de Operación para la Exploración y subsiguiente Explotación de
Hidrocarburos en la Zona Marítima de la República de Honduras suscrito
entre el Estado de Honduras y la Empresa BG International Limited (BGI),
Sucursal Honduras, ahora perteneciente a la petrolera holandesa Shell,
podría ocasionar filtraciones o descargas deliberadas de petróleo que se
originan de plataformas petroleras y actividades asociadas, incluida la
exploración, -sostuvo-.
Una
explosión petrolera grave, como la ocurrida en el Golfo de México en
2010, puede cubrir completamente de petróleo el SAM, según el reporte de
la Salud Ecológica del Arrecife Mesoamericano 2012, se estima que un
solo litro de petróleo contamina más de 10 mil litros de agua.
Licitación directa
El
documento suscrito entre BG Group y el Estado de Honduras en el 2013 se
hizo de manera directa, violentando la Ley de Contratación de Estado
porque se obvió el proceso de licitación para recibir ofertas,
destacaron.
El
contrato fue aprobado el 9 de abril del año 2013, mediante el Decreto
Ejecutivo PCM 017-2013, durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa
(2010-2014). Posteriormente, el 23 de mayo fue aprobado en el Congreso
Nacional.
Juliette Handal, empresaria
“Siempre
se está hablando que en Honduras es típico los contratos leoninos, pero
este contrato realmente es nefasto. Yo no estoy en contra del
desarrollo, y que bueno si hay petróleo en el país, que se explote, pero
para beneficio de los hondureños y que no se deje al Estado de lado”,
dijo Juliette Handal.
El
contenido de una de las cláusulas del nefasto, -expresión Handal- al
referirse que el contrato establece que las comunidades del litoral
atlántico estarán bajo riesgo de ser desplazadas ante cualquier
accidente que se origine por el derramamiento de petróleo.
Al
hablar de la responsabilidad del gobierno frente a esa concesión,
Handal, se refirió a que también se debe hablar de quiénes toman las
decisiones para negociar contratos, quienes deberían de tener en primer
lugar gente que vele por el bien común y el bienestar de la población,
sobre todo en base a un Estado de derecho y en base a todo lo que se
habla de la protección de derechos humanos, pero como lo estamos
viviendo es que no se respeta la Constitución, las leyes ahora es más
evidente, lamentó.
Las
negociaciones que culminaron en menos de un año estuvieron a cargo del
entonces secretario de Recursos Naturales y Ambiente, el exfiscal
general adjunto, Rigoberto Cuéllar y la firma fue estampada por la
entonces Procuradora General de la República, Ethel Deras y Oscar
Armando Manzanares Díaz, en su condición de representante legal de BG
International Limited, Sucursal Honduras.
El
proceso contó además con el asesoramiento del ahora Comisionado
Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, que en el
aquel entonces fungía como alto representante y coordinador nacional de
la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI –
Honduras).
Se
trata del primer contrato de exploración y explotación de petróleo y
gas que otorga Honduras, que nunca ha descubierto petróleo en cantidades
comerciales, aunque no se han revelado datos sobre estimaciones de
posibles reservas de crudo y gas en la zona ni el monto de inversión que
BG Group pretendería realizar en el proyecto.
Felix Valentín, representante de la OFRANEH
Proceso inconsulto
El
mismo otorgó un periodo de cuatro años para la exploración,
prorrogables hasta por dos años más, es decir un total de seis años y
para el periodo de explotación el plazo se definió en 20 años,
prorrogables por cinco años más, es decir un máximo de 25 años.
La
zona de concesión se estimada en 35 mil kilómetros cuadrados y la
exploración ya se hizo en los paralelos 84 y 85, sin contar con las
comunidades indígenas que habitan la zona de la Mosquitia, es decir con
las comunidades misquitas, garífunas y a las etnias pech y tawahka,
indicó Félix Omar Valentín López, de la Organización Fraternal Negra
Hondureña (Ofraneh).
Valentín
López subrayó que no debe dejarse de un lado el marco político en el
cuál se aprobaron estas concesiones, es decir el 12 de diciembre del
2012, período en el cual se marcan el inicio de las ciudades Modelo en
Honduras, lo que marcó una pauta de la inversión en el país. Este fue un
“segundo golpe de Estado” que permitió todas las concesiones de los
territorios.
“Una
vez que BG se acerca a las comunidades garífunas lo primero que hicimos
fue hablar con el Estado, para que vieran lo que estaba pasando. Es
decir- es el Estado de Honduras quien debe consultarle a su gente-, sin
embargo, quien lo hace es la empresa buscando a personas de escasos
recursos sacándolas de sus comunidades para empezar a comprar
conciencias”, lamentó.
Juan Carlos Rodríguez, de la Coalición Patriótica de Solidaridad
Vulnerabilidad
Para
el presidente de la Coalición Patriótica de Solidaridad, Juan Carlos
Rodríguez, resaltó que para esta plataforma de sociedad civil existió
preocupación porque varias condicionantes del contrato son desfavorables
para el Estado de Honduras y porque no se efectuó un proceso de
licitación.
“Qué
pasaría si se reducen los estándares en la protección ambiental, quien
se va a dar cuenta si aquí no hay expertos en la materia para definir si
las cosas se están haciendo bien o mal, qué pasaría sino se cumple con
las responsabilidades del contrato, en caso del Gobierno, nos caería una
demanda que tocaría pagarla por 30 generaciones, pues hablamos de una
empresa cuyo capital asciende a más de 60 mil millones de dólares, nos
podrían pagar nuestra deuda interna y externa; pero si es del mismo
contratista, no le podríamos ganar”, comentó.
Por
ejemplo, -agregó- si existe un escape en la tubería cómo se haría con
esa afectación y quién podría hacer que eso se enmendara correctamente
si no sabemos cómo, será que vale la pena correr el riesgo de la
extracción del petróleo con las condiciones actuales de nuestro país,
cuando aquí nunca se puede estar conformes, porque siempre hay
corrupción.
Para
que esto fuera conveniente, entonces, deberíamos contar con las
condiciones adecuadas técnico-social y jurídicamente, así como un marco
legal riguroso en las condiciones de conservación del ambiente y las
responsabilidades, así como una mayor integración de la comunidad en los
procesos, como parte afectada o como beneficiada, así como blindar
cualquier beneficio económico de esta actividad para el beneficio humano
y que lo que genere esto sea para la ciudadanía, no para gasto público,
enfatizó.
Ema Vásquez, del FOSDEH
Poca transparencia
De
su lado, Ema Vásquez del Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo
Social de Honduras (FOSDEH), se refirió al proceso de sobreprotección de
la información pública entregada, es decir, si se quiere saber sobre
los impactos relacionados a las concesiones, en este caso de
hidrocarburos, ya no se pueden conocer y tampoco las variables a
considerar o la ubicación de los proyectos.
“Con
esta secretividad reforzada por las (normativas) que están en proceso
como la reforma a la Ley de Secretos que está ahora en el Congreso
Nacional, en realidad esconde dentro de este proceso está el quitar más
aún la posibilidad de acceder a la información y de aumentar la
discrecionalidad de la información que se ha adjudicado el Estado
alrededor del acceso a la información en conjunto al igual que de las
más de mil concesiones en general de los bienes comunes que tiene el
país”, comentó Vásquez.
Añadió
que con el acceso a la información es que podemos tener posibilidad de
hacer revisiones del cumplimiento o no de los estándares internacionales
de los derechos humanos, si se están respetando o no los análisis de
riesgo, los desplazamientos de la población, los procesos de las
exploraciones, el almacenamiento de material peligroso, considerando que
este es un proyecto de alto impacto y que se tiene todos los elementos
claves como que va implicar material peligroso, la afectación de los
recursos naturales, no solamente ahí en la rivera sino también en los
islotes, pues esta al igual que las demás no tienen limitaciones de
índole geográfico por municipio o departamento, pues está asignada a
Gracias, pero afectará Colón, Atlántida entre otros.
Norvin Goof, presidente de MASTA
Barreras técnicas se suman a las barreras de idioma
Así
también explicó que tampoco puede haber una participación real o menos
una consulta libre, previa e informada y que implique el consentimiento
real de las poblaciones, pues no saben cuáles son los efectos,
considerando las variables de idioma materno, en garífuna, misquito o en
cualquier otro de la región.
Las
barreras de comprensión técnica sobre las concesiones, -destacó- se
suman a las barreras de idioma, pues qué pasaría con las poblaciones de
pescadores que no sabrán si podrían pescar en el límite, es decir al
violentar el derecho de acceso a la información se violenta también el
respeto a la cultura, social política, productiva y económica de la
región, lo que nos lleva a una lógica de la más primitiva forma de
expropiar que es el despojo del bien común, de la dignidad de las
personas y del poder mismo, cuando este tipo de relacionamientos
desempodera.
Hacemos un llamado a la unidad
Así
también el presidente de la organización Miskitu Asla Takanka (MASTA,)
Norvin Goof, instó a la sociedad civil y los pueblos indígenas a buscar
la unidad para enfrentar el problema.
“Desconocemos
y rechazamos y enérgicamente las concesiones de exploración y
explotación petrolera, ya que no podemos desangrar a la madre tierra, y
que aumentará las emisiones de gases del efecto invernadero en uno de
los sitios de importancia mundial para la conservación”, puntualizó.
Resistencia en comunidades frente a modelo extractivo tiene sus razones
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-La
resistencia de los pobladores de varias comunidades de Honduras donde
se desarrollan proyectos mineros y de energía renovable, tiene alarmada a
la cúpula empresarial, que alega el estancamiento de las inversiones.
Pero existen razones que hacen compresible esta lucha, según los
análisis de los expertos en temas económicos y financieros.
El
Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) ha asegurado que hay
“grupos radicales” que tienen varados hace casi dos meses, al menos
nueve proyectos mineros y de generación de energía renovable, valorados
en más de $2,492 millones (unos L.60, 000 millones).
Noticia Relacionada: “No queremos mineros en Honduras”, gritan pobladores en Tegucigalpa
La
resistencia se ha generado en varias comunidades en los departamentos
de Copán, Santa Bárbara, Intibucá, Atlántida, y Colón, donde sus
pobladores alegan daños al medio ambiente y la violación a sus derechos
porque los proyectos no fueron consultados con ellos.
El
Cohep estableció, además, en un comunicado de prensa que durante este
año están en peligro más de 9.000 empleos y la amenaza sobre otros 4,800
previstos para abrirse entre 2019 y 2022.
Ismael Zepeda. Foto: Criterio/Guillermo Burgos
Santa Bárbara, SB, (defendoresenlinea.com). – En el municipio de Chinda, departamento de Santa Bárbara, opera ilegalmente la represa de “El Tornillito”, que se impuso contra la voluntad del pueblo que no fue consultado, tomando en cuenta que es población indígena Lenca.
La denuncia se realizó en el marco de una visita al Movimiento Ambientalista Santabarbarense (MAS), de parte del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), ejecutor del proyecto “Defendiendo Derechos y Libertades para Vos y para tu Voz”, con el apoyo de la agencia de cooperación Diakonía, del cual es beneficiario.
Si pretendían instalar esa represa, que empezó a funcionar desde el año pasado, debían consultarnos, pero el 80 por ciento de la población está en contra, porque vivimos de la pesca y sacar arena del río Ulúa, detalló la defensora de los bienes comunes de la naturaleza, Waldina Aracely Medina.
El río Ulúa tiene aproximadamente 240 kilómetros de longitud, está formada por la unión de los ríos Jicatuyo y Otoro, al noroeste de Santa Bárbara y llega a Cortés. La preocupación de la comunidad es que ya se inició la construcción de cortinas de concreto, y de continuar así la vegetación morirá.
A inicios del 2017, se realizó un cabildo abierto para declarar a Chinda un municipio libre de minería, pero se hizo caso omiso. Por lo que se ha realizado caminatas, denuncias y campamentos ambientales para informar sobre los perjuicios que conlleva la hidroeléctrica El Tornillito.
Medina, que es integrante del MAS declaró que, con las cortinas de cemento reteniendo el agua, también desaparecerán algunas comunidades ya que son productoras de granos básicos sin agua regando la tierra al paso del río, todas las vegas desaparecen.
La población tiene claro que están amparados por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales, que manifiesta sobre la forma que la comunidad debe ser consultada de manera libre, previa e informada, ante un denominado “proyecto de desarrollo”.
Más de 90 concesiones mineras, en su mayoría metálicas, afectan el departamento de Santa Bárbara. Actualmente la población de Chinda emprende una lucha contra dicho proyecto hidroeléctrico, eso preocupa porque acarrea despojo y desalojo a base de la mentiras -supuestamente- de la familia Larach, Betty Vásquez, coordinadora del MAS.
Cabe señalar que, recientemente la Secretaría de Mi Ambiente, que dirige José Galdámez, emitió el Acuerdo Ministerial 1402-2018 que pone en “secretividad” toda información correspondiente a las licencias ambientales que emita y así será acatado por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
La disposición desde el régimen que impera en Honduras fue divulgada en el Diario Oficial La Gaceta número 34721, por lo que varias organizaciones ambientalistas han solicitado su derogación.
Uno de los considerandos de este Acuerdo expresa “Que el Estado de Honduras es signatario de Convenios Internacionales que protegen los derechos de producción exclusivos del autor de la obra, entendiéndose claramente la confidencialidad con respecto a la divulgación de información referente a Estudios Técnicos.”
Pero el MAS a través de sus redes locales ambientales continuará con el trabajo de incidencia para que la información sea difundida entre los y las pobladoras. Este fortalecimiento avanza con el apoyo de los fondos en cascadas de los que fueron beneficiados en el marco del proyecto ejecutado por el COFADEH, Diakonia y la UE.
La represa “El Tornillito”, es el segundo proyecto más grande de Honduras después de “El Cajón”, y está ubicada entre los departamentos de Cortés y Santa Bárbara, por lo que no es cualquier amenaza, detalló Vásquez.
Este decreto ministerial al igual que la ley de Minería y la de Incentivo a la Energía Eléctrica, son leyes concebidas para favorecer a la empresa extractivista y dar todas las facilidades a los dueños de la concesiones, esa así que -continuó la defensora- hay leyes conexas que contribuyen a violentar los derechos humanos de quienes se impongan estos proyectos, irrespetando territorialidad, consulta, formas y estilo milenarias, porque hay una conexión entre los ríos, la tierra, el agua, el bosque el aire, etc, para establecer un estilo de vida acorde entre la humanidad y los bienes comunes de la naturaleza, desde la cosmovisión indígena lenca.
La represa que romperá este ciclo de vida
“Sin
duda siempre va a existir una mirada de la empresa privada que existen
obstáculos al desarrollo, o a la instalación de ciertas empresas por los
conflictos sociales. Sin embargo, el asunto es que desde la creación de
muchas de estas empresas y la explotación minera y de recursos
naturales, nunca se tiene como elemento primordial, tratar de solventar
estos conflictos o realmente hacer partícipes a las comunidades del
desarrollo”: Ismael Zepeda, investigador del Fosdeh.
Para
el investigador Fosdeh, Ismael Zepeda, el posicionamiento de la cúpula
empresarial se aleja de la realidad porque las cifras que manejan sobre
el crecimiento económico que, supuestamente, genera la minera y la
generación de energía renovable, no es real, ni tampoco la generación de
fuentes de empleo.
En
el caso de la minería, Zepeda estimó que el crecimiento generado por
este rubro, es de apenas 0.67 %, es decir, que ni siquiera llega al 1 %
del Producto Interno Bruto (PIB), y los empleos generados son
aproximadamente 20.000, cuando la población económicamente activa es de
cuatro millones de personas, es decir que la tasa de empleo es de 0.0005
%.
La
resistencia de las comunidades se debe ligar, también, al acuerdo
ministerial de la Secretaría de MiAmbiente, que ha declarado los
estudios técnicos para las licencias ambientales, como información
reservada, señaló, al tiempo que reflexionó que la transparencia en
estos temas podría abrir el espacio para un debate real sobre los
proyectos del modelo extractivo.
Sobre
la resistencia de las comunidades hacia los proyectos de energía
hidroeléctrica, el analista del Fosdeh dijo que el mismo Estado ha dado
pie para las protestas al aprobar, a favor de los inversionistas de este
rubro, una “gran cantidad de incentivos fiscales, de privilegios
económicos, como comprarle directamente o toda la generación de energía y
hasta por encima del doble de lo que se vende a nivel regional”.
Zepeda
señaló que mientras el precio del kilovatio de energía en El Salvador
es de $ 0.07, aquí en Honduras la compramos a $ 0.18. Además de ello,
tienen otros privilegios económicos, como las exoneraciones en la
importación de bienes y maquinaria.
Las
comunidades donde se llevan a cabo proyectos de energía renovable no
reciben un beneficio directo más que los cánones municipales y
paradójicamente en una comunidad del sur, donde hay un proyecto de
energía fotovoltaica, no hay energía eléctrica, cuestionó.
Para
el economista, los inversionistas del modelo extractivo tienen una
concepción de la economía en enclave, es decir, llegar, explotar e irse,
y es por eso que ha surgido la confrontación en muchas de las
comunidades, que, a través de los años, han observado ese tipo de
explotación.
Por
otra parte, señaló que el mismo Estado ha fomentado la inseguridad
jurídica y la incertidumbre de las inversiones, porque no se ha aprobado
una ley de minería
Finalmente,
el investigador del Fosdeh manifestó que la protesta no se tiene que
ver únicamente como un elemento negativo o como si la sociedad no
deseara el desarrollo o el crecimiento económico. “La protesta tiene que
verse como un reclamo, un derecho constitucional para ser partícipes
del desarrollo y ser partícipes de que si los pobladores no quieren que
llegue nada a la comunidad, pues esas también son decisiones de los
pueblos y de las comunidades y se tienen que respetar”.
El Tornillito, la amenaza en Chinda
Asi podría quedar la hidroeléctrica, una vez concluida. foto La Prensa
Por: Sandra RodríguezSanta Bárbara, SB, (defendoresenlinea.com). – En el municipio de Chinda, departamento de Santa Bárbara, opera ilegalmente la represa de “El Tornillito”, que se impuso contra la voluntad del pueblo que no fue consultado, tomando en cuenta que es población indígena Lenca.
La denuncia se realizó en el marco de una visita al Movimiento Ambientalista Santabarbarense (MAS), de parte del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), ejecutor del proyecto “Defendiendo Derechos y Libertades para Vos y para tu Voz”, con el apoyo de la agencia de cooperación Diakonía, del cual es beneficiario.
Si pretendían instalar esa represa, que empezó a funcionar desde el año pasado, debían consultarnos, pero el 80 por ciento de la población está en contra, porque vivimos de la pesca y sacar arena del río Ulúa, detalló la defensora de los bienes comunes de la naturaleza, Waldina Aracely Medina.
El río Ulúa tiene aproximadamente 240 kilómetros de longitud, está formada por la unión de los ríos Jicatuyo y Otoro, al noroeste de Santa Bárbara y llega a Cortés. La preocupación de la comunidad es que ya se inició la construcción de cortinas de concreto, y de continuar así la vegetación morirá.
A inicios del 2017, se realizó un cabildo abierto para declarar a Chinda un municipio libre de minería, pero se hizo caso omiso. Por lo que se ha realizado caminatas, denuncias y campamentos ambientales para informar sobre los perjuicios que conlleva la hidroeléctrica El Tornillito.
Medina, que es integrante del MAS declaró que, con las cortinas de cemento reteniendo el agua, también desaparecerán algunas comunidades ya que son productoras de granos básicos sin agua regando la tierra al paso del río, todas las vegas desaparecen.
La población tiene claro que están amparados por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales, que manifiesta sobre la forma que la comunidad debe ser consultada de manera libre, previa e informada, ante un denominado “proyecto de desarrollo”.
Artículo 6 inciso (a) “Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”
Más de 90 concesiones mineras, en su mayoría metálicas, afectan el departamento de Santa Bárbara. Actualmente la población de Chinda emprende una lucha contra dicho proyecto hidroeléctrico, eso preocupa porque acarrea despojo y desalojo a base de la mentiras -supuestamente- de la familia Larach, Betty Vásquez, coordinadora del MAS.
Cabe señalar que, recientemente la Secretaría de Mi Ambiente, que dirige José Galdámez, emitió el Acuerdo Ministerial 1402-2018 que pone en “secretividad” toda información correspondiente a las licencias ambientales que emita y así será acatado por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
La disposición desde el régimen que impera en Honduras fue divulgada en el Diario Oficial La Gaceta número 34721, por lo que varias organizaciones ambientalistas han solicitado su derogación.
Uno de los considerandos de este Acuerdo expresa “Que el Estado de Honduras es signatario de Convenios Internacionales que protegen los derechos de producción exclusivos del autor de la obra, entendiéndose claramente la confidencialidad con respecto a la divulgación de información referente a Estudios Técnicos.”
Pero el MAS a través de sus redes locales ambientales continuará con el trabajo de incidencia para que la información sea difundida entre los y las pobladoras. Este fortalecimiento avanza con el apoyo de los fondos en cascadas de los que fueron beneficiados en el marco del proyecto ejecutado por el COFADEH, Diakonia y la UE.
La represa “El Tornillito”, es el segundo proyecto más grande de Honduras después de “El Cajón”, y está ubicada entre los departamentos de Cortés y Santa Bárbara, por lo que no es cualquier amenaza, detalló Vásquez.
Este decreto ministerial al igual que la ley de Minería y la de Incentivo a la Energía Eléctrica, son leyes concebidas para favorecer a la empresa extractivista y dar todas las facilidades a los dueños de la concesiones, esa así que -continuó la defensora- hay leyes conexas que contribuyen a violentar los derechos humanos de quienes se impongan estos proyectos, irrespetando territorialidad, consulta, formas y estilo milenarias, porque hay una conexión entre los ríos, la tierra, el agua, el bosque el aire, etc, para establecer un estilo de vida acorde entre la humanidad y los bienes comunes de la naturaleza, desde la cosmovisión indígena lenca.
La represa que romperá este ciclo de vida
Río Ulúa Foto: Deforestación en cuencas hifrográficas de Honduras
Según datos obtenidos por Radio Progreso, en generación de energía este proyecto producirá 150 megas;
es decir la mitad de lo que ofrece El Cajón, además es una presa mixta
de concreto, con una elevación de 107.5 metros y una longitud de 481, su
altura ronda los 83.5 metros.
Para el manejo de crecientes dispone de seis compuertas radiales, cuenta con una casa de máquinas conformada por una estructura de concreto reforzado, asimismo dispone de dos transformadores principales.
El Centro de Estudios para la Democracia realizó una investigación sobre los conflictos que se generan a partir de la instalación de empresas hidroeléctricas en la zona occidental del país. Y hace un recuento sobre las raíces de esta industria que ahora se apodera de las aguas en el norte y occidente del país:
A partir de los años 60, el Banco Mundial promovió la estatización del servicio de energía eléctrica y apoyó con financiamiento blando el desarrollo de un sistema nacional de electrificación en cada país de Centroamérica. Así, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), creada mediante Decreto No. 48 del 20 de febrero 1957, se consolidó como el ente autónomo responsable de generar, distribuir y comercializar el servicio público de energía eléctrica. Tres décadas más tarde, a inicios de los 90, el Banco Mundial consideró que sectores como energía y comunicaciones debían funcionar en forma comercial, retiró de estos el financiamiento blando y presionó a los Estados para adoptar el modelo de privatización.
En Centroamérica, Costa Rica es el único país que aún mantiene la estatización de los sectores energía y comunicaciones. A mediados de 1994, en medio de una crisis energética con racionamientos de hasta doce horas, mediante Decreto 158-94 se aprueba la Ley Marco del Sub-Sector Eléctrico, orientada a incrementar la eficiencia en la utilización de los recursos energéticos del país, facilitando la participación de la empresa privada La Ley Marco de 1994 facilitaba la contratación de generación térmica, pero no era propicia para la inversión privada en proyectos hidroeléctricos; por lo cual, a partir de 1,998 se aprobaron una serie de instrumentos legales, tales como: el Decreto 85-98 del 27 de abril de 1998, que declara de utilidad pública el desarrollo y generación de energía por fuentes renovables; Ley de Promoción y Desarrollo de Obras Públicas y de la Infraestructura Nacional, creada en noviembre de 1998; Ley de Promoción a la Generación de Energía Eléctrica con Recursos Renovables, entre otros.
Posteriormente, en agosto de 2009, en plena crisis política pos golpe de Estado, se aprobó la Ley General de Aguas, que prevé la posibilidad de concesionar a terceros los recursos hídricos del país; de manera simultánea y apresurada, se convoca al proceso de Licitación ENEE No. 100-1293/2009 para 47 proyectos de generación eléctrica en todo el país. Producto de la Licitación ENEE No. 100-1293/2009, en el mes de junio de 2010 se aprobaron a empresas privadas 40 de las 47 solicitudes de concesión para generación de energía hidroeléctrica.
El blog http://introinfoadmi.blogspot.
Hidroeléctrica La Ruidosa I y II: Santa Bárbara, se hicieron los estudios de factibilidad en 2006. En 2009 se dio el contrato de operación a HIDROCEL, S.A.
-Hidroeléctrica La Gloria inició su construcción en 2007, en la cuenca del río Bejucal, en la comunidad de Las Flores, jurisdicción de Balfate, en La Ceiba. Con un costo estimado de 12 millones de dólares.
-Hidroeléctrica Ojo de Agua: Olancho. Localizado en la Aldea el Carbón. Inicio de construcción Agosto 2008.
-Hidroeléctrica Río Verde: localizado en Ironía, Colon, estudios y diseño en 2008
-Proyecto GAUREE 2: este proyecto es un convenio entre la CE de la Unión Europea y el Gobierno de Honduras y la ENEE como Beneficiaria del Proyecto. Se iniciaron los estudios desde 2005. El monto total del financiamiento del Proyecto asciende a Seis Millones, Seiscientos Setenta y Nueve Mil (6,679,000) Euros.
Está compuesto por cinco Proyectos: uno solar, tres hidroeléctricas y uno usos múltiples del agua. Son financiados por: el Proyecto MARENA con fondos BID, Proyecto PIR con fondos del Banco Mundial, Proyecto de Pequeñas Donaciones (PPD) de la Naciones Unidas, GAUREE 2 con fondos de la Comunidad Europea y municipalidades locales y ENEE con fondos propios.
– Proyecto Solar-Fotovoltaico Guajiniquil, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Santa Ana, Francisco Morazán, contempla la instalación de 42 sistemas solares – fotovoltaicos para la comunidad y el Centro de Educación Básica. El proyecto se inauguró en octubre de 2006.
– Micro Proyecto Hidroeléctrico Río Yuré, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Taulabé, Comayagua, contempla la construcción de una micro central hidroeléctrica y sistema de transmisión y distribución a las comunidades de San Antonio de Yuré, La Unión Yuré, La Mansión y Las Brisas. Ya está licitado. Se calcula un 70% de avance en la construcción de obras civiles, falta avanzar en el tendido eléctrico.
– Micro Proyecto Hidroeléctrico Río Cuyamel, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Ironía, Colón, contempla la construcción de una micro central hidroeléctrica y el sistema de transmisión y distribución a las comunidades de Las Champas, Las Celeas y Cuyamel. Para la realización del proyecto se dispone del financiamiento gestionado por las comunidades ante el Proyecto de Pequeñas Donaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) por 30,000 Dólares.
– Micro Proyecto Hidroeléctrico Río Claro, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Lepaera, Lempira, contempla la construcción de una micro central hidroeléctrica y el sistema de transmisión y distribución para beneficiar a las comunidades de Las Dantas, Río Claro, Ocote Chacho, Playitas y Los Chiles. Se obtuvo financiamiento de la municipalidad de Lepaera y PNUD para obras civiles. Hace falta financiamiento para las obras de transmisión y distribución.
– Proyecto Hidroeléctrico Quilio 2: ubicado en el Municipio de Concepción, Ocotepeque. Entra dentro de un proyecto de “usos múltiples del agua” donde se busca la implementación de un proyecto que contemple el uso múltiple del agua además de la generación de energía eléctrica como el abastecimiento de agua potable, irrigación o actividades eco-turísticas. Licitación pendiente. Ya se realizó el proceso de avalúo de tierras, negociación para compra de tierras y servidumbre, aprobación de compra de tierras.
-Proyecto Nano Pico Hidro Los Lirios: A finales del 2009 se inició la implementación del Proyecto Nano Pico Hidro Los Lirios localizado en la Comunidad de Lirios, Francisco Morazán. Tiene un 70 % de avance, y está siendo financiado por la Alcaldía, GAUREE 2 y la Comunidad.
-Proyecto Hidroeléctrico el Gualcarque: sobre el río Gualcarque en San Francisco de Opalaca. Se dio el contrato de suministro de energía eléctrica en junio de 2010 a la empresa Río Power, S.A. de C.V, del grupo Terra.
-Hidroeléctrica Los Llanitos e Hidroeléctrica Jicatuyo: Los proyectos hidroeléctricos Los Llanitos y Jicatuyo son dos proyectos en cascada en el río Ulúa, siendo Los Llanitos las más aguas arriba, en el departamento de Santa Bárbara. Su estudio ha sido financiado por el BID. En enero 2011 se aprobó el anteproyecto de construcción de ambas represas.
-La Presa los Llanitos es una presa de hormigón compactado, la Presa de Jicatuyo es una presa de escollera con pantalla de hormigón. Ya está realizados los estudios topográficos y se está levantando el embalse de Los Llanitos.
Según estudios de la Empresa de Energía de Honduras la construcción de estas dos represas tienen un costo aproximado de $800 millones. Tiene fondos del BCIE. La empresa brasileña Odebrecht será la responsable de la construcción. La crisis política entre Honduras y Brasil por el Golpe de Estado en Honduras (donde Brasil ha mantenido la oposición al Golpe de estado) enfrió este convenio, actualmente se está intentando solucionar esta situación para reactivar los proyectos.
-Hidroeléctrica El Tablón: en el río Chamelecón, debajo de la confluencia de la quebrada La Mina en el departamento de Santa Bárbara, municipio de Quimistán. Investigación geológica y topográfica financiada por el BID. Todo el proyecto costará 110 millones de dólares. Actualmente está en búsqueda de financiamiento. El embalse que formará la represa abarca los municipios de Quimistán, Petoa y San Marcos y borrará del mapa a las aldeas La Ceibita, Tejeras y Las Brisas.
EL Tablón, los Llanitos y Jicatuyo, son tres proyectos hidroeléctricos en el Valle de Sula que estaban planeados desde hace años y han conseguido iniciar.
-Hidroeléctrica El Tornillito: aguas abajo del proyecto hidroeléctrico Jicatuyo, en el río Ulúa.
-Proyecto Patuca (I,II y II): Son tres hidroeléctricas en Olancho, de las cuales la primera en construirse es Patuca III. Todo el proyecto general tendrá un costo que asciende a los 1,200 millones de dólares aportados por el BID.
Proyecto Hidroeléctrico Patuca 3 o Piedras Amarillas: en el Departamento de Olancho entre los municipios de Catacamas y Patuca, a unos 5 km aguas abajo de la confluencia de los ríos Guayape y Guayambre. El último estudio fue ejecutado por Sinotech Engineering Consultants a petición de la Taiwan Power Company (TPC) por más de 5 millones de dólares . Actualmente este proyecto ya está en la fase de compra de tierras y escrituras y ya tiene delimitada la zona del embalse[14]. Su primera etapa comienza a ejecutarse en febrero de 2011 y se espera su funcionamiento en 2014. Patuca III tendrá una extensión de 12,330 kilómetros cuadrados en su cuenca, un espejo de 72 kilómetros cuadrados, una generación de 104 megas y una cortina de 60 metros de elevación. La primera inversión es de US$350 millones. La construcción la tiene la empresa Sinohydro de la República Popular de China. También tiene fondos del BCIE.
Patuca I o Tarrosa: se aprobó el anteproyecto de construcción en enero 2011. Por la empresa Sinohydro de la República Popular de China. Presa de 69 m de altura de y área del embalse de alrededor de 20 km².
Patuca II o Valencia: se aprobó el anteproyecto de construcción en enero 2011. Por la empresa Sinohydro de la República Popular de China. Esta es una presa de 105 m de altura, el área del embalse de 45.4 km².
-Hidroeléctrica La Atravesada: Ubicada en la comunidad de San Marcos, Municipio de Florida, Departamento de Copán. Financiado por el Banco Mundial.
-Hidroeléctrica La Vegona: Mencionada también como Aguas de la Reina. Inició su construcción a fin de 2010. Está localizado en el Río Humuya o Comayagua, aproximadamente ocho km aguas abajo de la Central Francisco Morazán (El Cajón), por lo que aprovecha la capacidad del embalse del Cajón. Se encuentra ubicado en los municipios de Santa Cruz de Yojoa, Departamento de Cortés y Victoria, Departamento de Yoro, específicamente en las aldeas de Montaña de la Reina y San Isidro.
-Hidroeléctrica Cangrejal: en el río Cangrejal en la Ceiba que pretende construir la empresa.
-Hydro-Honduras. Se le dio el Contrato de transmisión de energía eléctrica en 2010.
Otras Hidroeléctricas Medianas y Pequeñas
-Hidroeléctrica Santa María de Quipua: en Sulaco Yoro, Gualcarque, Intibucá.
-Hidroeléctrica Río Negro: en Olancho.
-Hidroeléctricas San Juan y San Juancito: en el Departamento de Atlántida.
-Hidroeléctrica Río Selguapa
-Hidroeléctrica Chinacla
-Hidroeléctrica Hidrocel
-Hidroeléctrica Río Cospa
-Hidroeléctrica Río Coloradito
-Hidroeléctrica Río Guarajamba
-Hidroeléctrica Wampú. Hidroluz S.A.
-Hidroeléctrica Callejones .Efi de Honduras S.A.
-Hidroeléctrica Miraflores. Soc. Hidroeléctrica Miraflores
-Hidroeléctrica Río Bonito
-Hidroeléctrica El Progreso
-Hidroeléctrica Pico Bonito. Inversiones Espíritu Santo
-Hidroeléctrica Río Las Tulas
-Hidroeléctrica Río Chiquito
-Hidroeléctrica Suyapa
-Hidroeléctrica La Unión Río Frío. HENSA
-Hidroeléctrica Gualaca
-Hidroeléctrica Jilamito
-Hidroeléctrica Río Chinacla
-Hidroeléctrica Río Alau
-Hidroeléctrica Río Uluita
-Hidroeléctrica Río Lindo
-Hidroeléctrica Puringla-Sazagua. CECA
-Hidroeléctrica Río San Martín. Inversiones San Martín
-Hidroeléctrica Hacienda Suyapa
-Hidroeléctrica Baifate
-Hidroeléctrica Río Maragua
-Hidroeléctrica La Unión
-Hidroeléctrica Morja. Ingeniería Técnica S.A.
-Hidroeléctrica Texiguat
-Hidroeléctrica Coronado. ENERGISA
-Hidroeléctrica Pico Bonito. Inversiones Espíritu Santo
-Hidroeléctrica El Triunfo
-Hidroeléctrica Tapalapa. COMGELSA
-Hidroeléctrica Río Coloradito
-Hidroeléctrica Río San José de las Brisas . ENERSA
-Hidroeléctrica Río Esteban . Generas S.A.
-Hidroeléctrica Lepasale. CODERESA
-Hidroeléctrica Talgua. ENERGISA
-Hidroeléctrica San Juan
-Hidroeléctrica Jaitique
-Hidroeléctrica Río Uyuta
-Hidroeléctrica Río Puringla
-Hidroeléctrica Río Jimerito
-Hidroeléctrica Río Jilamito
-Hidroeléctrica Río La Orilla. Generadora de Oriente
-Hidroeléctrica Santa Elena. CODERESA
-Hidroeléctrica Río Tinto. Electromecánica Alpha
-Hidroeléctrica Río Olancho. Electromecánica Alpha
-Hidroeléctrica Río Chiquito
-Hidroeléctrica San Esteban
-Hidroeléctrica Matarrás.ECAE
-Hidroeléctrica Mangungo. ECAE
-Hidroeléctrica Los Planes. HIDROCEP
-Hidroeléctrica Techin
-Hidroeléctrica Río Masca. Hidro Masca S.A. de C.V.
-Hidroeléctrica El Pataste. Electromecánica Alpha
-Hidroeléctrica San Isidro
-Hidroeléctrica Pajuiles. HIDROCEP
-Hidroeléctrica Río Ramírez
-Hidroeléctrica Sambo Creek
-Hidroeléctrica Quebrada Grande
-Hidroeléctrica Pijol
-Hidroeléctrica Riachuelo
-Hidroeléctrica Morja
-Hidroeléctrica Santiago
-Hidroeléctrica Agua Corporación
-Hidroeléctrica Masca
-Hidroeléctrica Río Piedras
-Hidroeléctrica Peña Blanca
-Hidroeléctrica Río Miscure.
Campamentos
En los últimos días se mantienen campamentos permanentes a nivel nacional por la defensa de los ríos, como en Pajuiles, Jilamito, Reitoca, Guapinol, y el lunes próximo se inicia el primer juicio oral y público contra ochos presuntos responsables del asesinato de Berta Cáceres, estos son ligados al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, en el Río Gualcarque, Intibucá.
“El asesinato del ambientalista contra la minería, nos demuestra que las transnacionales las empresas y sectores de poder, no van a ceder nada y que están dispuestos a todo incluso a terminar con la vida de quienes luchamos, defendemos los derechos humanos, quienes estamos en los movimientos sociales y políticos, que pretendemos asentar un poco esto que llama estado” Berta Cáceres, seminario internacional sobre minería de derechos humanos 2014.
Para el manejo de crecientes dispone de seis compuertas radiales, cuenta con una casa de máquinas conformada por una estructura de concreto reforzado, asimismo dispone de dos transformadores principales.
El Centro de Estudios para la Democracia realizó una investigación sobre los conflictos que se generan a partir de la instalación de empresas hidroeléctricas en la zona occidental del país. Y hace un recuento sobre las raíces de esta industria que ahora se apodera de las aguas en el norte y occidente del país:
A partir de los años 60, el Banco Mundial promovió la estatización del servicio de energía eléctrica y apoyó con financiamiento blando el desarrollo de un sistema nacional de electrificación en cada país de Centroamérica. Así, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), creada mediante Decreto No. 48 del 20 de febrero 1957, se consolidó como el ente autónomo responsable de generar, distribuir y comercializar el servicio público de energía eléctrica. Tres décadas más tarde, a inicios de los 90, el Banco Mundial consideró que sectores como energía y comunicaciones debían funcionar en forma comercial, retiró de estos el financiamiento blando y presionó a los Estados para adoptar el modelo de privatización.
En Centroamérica, Costa Rica es el único país que aún mantiene la estatización de los sectores energía y comunicaciones. A mediados de 1994, en medio de una crisis energética con racionamientos de hasta doce horas, mediante Decreto 158-94 se aprueba la Ley Marco del Sub-Sector Eléctrico, orientada a incrementar la eficiencia en la utilización de los recursos energéticos del país, facilitando la participación de la empresa privada La Ley Marco de 1994 facilitaba la contratación de generación térmica, pero no era propicia para la inversión privada en proyectos hidroeléctricos; por lo cual, a partir de 1,998 se aprobaron una serie de instrumentos legales, tales como: el Decreto 85-98 del 27 de abril de 1998, que declara de utilidad pública el desarrollo y generación de energía por fuentes renovables; Ley de Promoción y Desarrollo de Obras Públicas y de la Infraestructura Nacional, creada en noviembre de 1998; Ley de Promoción a la Generación de Energía Eléctrica con Recursos Renovables, entre otros.
Posteriormente, en agosto de 2009, en plena crisis política pos golpe de Estado, se aprobó la Ley General de Aguas, que prevé la posibilidad de concesionar a terceros los recursos hídricos del país; de manera simultánea y apresurada, se convoca al proceso de Licitación ENEE No. 100-1293/2009 para 47 proyectos de generación eléctrica en todo el país. Producto de la Licitación ENEE No. 100-1293/2009, en el mes de junio de 2010 se aprobaron a empresas privadas 40 de las 47 solicitudes de concesión para generación de energía hidroeléctrica.
El blog http://introinfoadmi.blogspot.
Hidroeléctrica La Ruidosa I y II: Santa Bárbara, se hicieron los estudios de factibilidad en 2006. En 2009 se dio el contrato de operación a HIDROCEL, S.A.
-Hidroeléctrica La Gloria inició su construcción en 2007, en la cuenca del río Bejucal, en la comunidad de Las Flores, jurisdicción de Balfate, en La Ceiba. Con un costo estimado de 12 millones de dólares.
-Hidroeléctrica Ojo de Agua: Olancho. Localizado en la Aldea el Carbón. Inicio de construcción Agosto 2008.
-Hidroeléctrica Río Verde: localizado en Ironía, Colon, estudios y diseño en 2008
-Proyecto GAUREE 2: este proyecto es un convenio entre la CE de la Unión Europea y el Gobierno de Honduras y la ENEE como Beneficiaria del Proyecto. Se iniciaron los estudios desde 2005. El monto total del financiamiento del Proyecto asciende a Seis Millones, Seiscientos Setenta y Nueve Mil (6,679,000) Euros.
Está compuesto por cinco Proyectos: uno solar, tres hidroeléctricas y uno usos múltiples del agua. Son financiados por: el Proyecto MARENA con fondos BID, Proyecto PIR con fondos del Banco Mundial, Proyecto de Pequeñas Donaciones (PPD) de la Naciones Unidas, GAUREE 2 con fondos de la Comunidad Europea y municipalidades locales y ENEE con fondos propios.
– Proyecto Solar-Fotovoltaico Guajiniquil, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Santa Ana, Francisco Morazán, contempla la instalación de 42 sistemas solares – fotovoltaicos para la comunidad y el Centro de Educación Básica. El proyecto se inauguró en octubre de 2006.
– Micro Proyecto Hidroeléctrico Río Yuré, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Taulabé, Comayagua, contempla la construcción de una micro central hidroeléctrica y sistema de transmisión y distribución a las comunidades de San Antonio de Yuré, La Unión Yuré, La Mansión y Las Brisas. Ya está licitado. Se calcula un 70% de avance en la construcción de obras civiles, falta avanzar en el tendido eléctrico.
– Micro Proyecto Hidroeléctrico Río Cuyamel, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Ironía, Colón, contempla la construcción de una micro central hidroeléctrica y el sistema de transmisión y distribución a las comunidades de Las Champas, Las Celeas y Cuyamel. Para la realización del proyecto se dispone del financiamiento gestionado por las comunidades ante el Proyecto de Pequeñas Donaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) por 30,000 Dólares.
– Micro Proyecto Hidroeléctrico Río Claro, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Lepaera, Lempira, contempla la construcción de una micro central hidroeléctrica y el sistema de transmisión y distribución para beneficiar a las comunidades de Las Dantas, Río Claro, Ocote Chacho, Playitas y Los Chiles. Se obtuvo financiamiento de la municipalidad de Lepaera y PNUD para obras civiles. Hace falta financiamiento para las obras de transmisión y distribución.
– Proyecto Hidroeléctrico Quilio 2: ubicado en el Municipio de Concepción, Ocotepeque. Entra dentro de un proyecto de “usos múltiples del agua” donde se busca la implementación de un proyecto que contemple el uso múltiple del agua además de la generación de energía eléctrica como el abastecimiento de agua potable, irrigación o actividades eco-turísticas. Licitación pendiente. Ya se realizó el proceso de avalúo de tierras, negociación para compra de tierras y servidumbre, aprobación de compra de tierras.
-Proyecto Nano Pico Hidro Los Lirios: A finales del 2009 se inició la implementación del Proyecto Nano Pico Hidro Los Lirios localizado en la Comunidad de Lirios, Francisco Morazán. Tiene un 70 % de avance, y está siendo financiado por la Alcaldía, GAUREE 2 y la Comunidad.
-Proyecto Hidroeléctrico el Gualcarque: sobre el río Gualcarque en San Francisco de Opalaca. Se dio el contrato de suministro de energía eléctrica en junio de 2010 a la empresa Río Power, S.A. de C.V, del grupo Terra.
-Hidroeléctrica Los Llanitos e Hidroeléctrica Jicatuyo: Los proyectos hidroeléctricos Los Llanitos y Jicatuyo son dos proyectos en cascada en el río Ulúa, siendo Los Llanitos las más aguas arriba, en el departamento de Santa Bárbara. Su estudio ha sido financiado por el BID. En enero 2011 se aprobó el anteproyecto de construcción de ambas represas.
-La Presa los Llanitos es una presa de hormigón compactado, la Presa de Jicatuyo es una presa de escollera con pantalla de hormigón. Ya está realizados los estudios topográficos y se está levantando el embalse de Los Llanitos.
Según estudios de la Empresa de Energía de Honduras la construcción de estas dos represas tienen un costo aproximado de $800 millones. Tiene fondos del BCIE. La empresa brasileña Odebrecht será la responsable de la construcción. La crisis política entre Honduras y Brasil por el Golpe de Estado en Honduras (donde Brasil ha mantenido la oposición al Golpe de estado) enfrió este convenio, actualmente se está intentando solucionar esta situación para reactivar los proyectos.
-Hidroeléctrica El Tablón: en el río Chamelecón, debajo de la confluencia de la quebrada La Mina en el departamento de Santa Bárbara, municipio de Quimistán. Investigación geológica y topográfica financiada por el BID. Todo el proyecto costará 110 millones de dólares. Actualmente está en búsqueda de financiamiento. El embalse que formará la represa abarca los municipios de Quimistán, Petoa y San Marcos y borrará del mapa a las aldeas La Ceibita, Tejeras y Las Brisas.
EL Tablón, los Llanitos y Jicatuyo, son tres proyectos hidroeléctricos en el Valle de Sula que estaban planeados desde hace años y han conseguido iniciar.
-Hidroeléctrica El Tornillito: aguas abajo del proyecto hidroeléctrico Jicatuyo, en el río Ulúa.
-Proyecto Patuca (I,II y II): Son tres hidroeléctricas en Olancho, de las cuales la primera en construirse es Patuca III. Todo el proyecto general tendrá un costo que asciende a los 1,200 millones de dólares aportados por el BID.
Proyecto Hidroeléctrico Patuca 3 o Piedras Amarillas: en el Departamento de Olancho entre los municipios de Catacamas y Patuca, a unos 5 km aguas abajo de la confluencia de los ríos Guayape y Guayambre. El último estudio fue ejecutado por Sinotech Engineering Consultants a petición de la Taiwan Power Company (TPC) por más de 5 millones de dólares . Actualmente este proyecto ya está en la fase de compra de tierras y escrituras y ya tiene delimitada la zona del embalse[14]. Su primera etapa comienza a ejecutarse en febrero de 2011 y se espera su funcionamiento en 2014. Patuca III tendrá una extensión de 12,330 kilómetros cuadrados en su cuenca, un espejo de 72 kilómetros cuadrados, una generación de 104 megas y una cortina de 60 metros de elevación. La primera inversión es de US$350 millones. La construcción la tiene la empresa Sinohydro de la República Popular de China. También tiene fondos del BCIE.
Patuca I o Tarrosa: se aprobó el anteproyecto de construcción en enero 2011. Por la empresa Sinohydro de la República Popular de China. Presa de 69 m de altura de y área del embalse de alrededor de 20 km².
Patuca II o Valencia: se aprobó el anteproyecto de construcción en enero 2011. Por la empresa Sinohydro de la República Popular de China. Esta es una presa de 105 m de altura, el área del embalse de 45.4 km².
-Hidroeléctrica La Atravesada: Ubicada en la comunidad de San Marcos, Municipio de Florida, Departamento de Copán. Financiado por el Banco Mundial.
-Hidroeléctrica La Vegona: Mencionada también como Aguas de la Reina. Inició su construcción a fin de 2010. Está localizado en el Río Humuya o Comayagua, aproximadamente ocho km aguas abajo de la Central Francisco Morazán (El Cajón), por lo que aprovecha la capacidad del embalse del Cajón. Se encuentra ubicado en los municipios de Santa Cruz de Yojoa, Departamento de Cortés y Victoria, Departamento de Yoro, específicamente en las aldeas de Montaña de la Reina y San Isidro.
-Hidroeléctrica Cangrejal: en el río Cangrejal en la Ceiba que pretende construir la empresa.
-Hydro-Honduras. Se le dio el Contrato de transmisión de energía eléctrica en 2010.
Otras Hidroeléctricas Medianas y Pequeñas
-Hidroeléctrica Santa María de Quipua: en Sulaco Yoro, Gualcarque, Intibucá.
-Hidroeléctrica Río Negro: en Olancho.
-Hidroeléctricas San Juan y San Juancito: en el Departamento de Atlántida.
-Hidroeléctrica Río Selguapa
-Hidroeléctrica Chinacla
-Hidroeléctrica Hidrocel
-Hidroeléctrica Río Cospa
-Hidroeléctrica Río Coloradito
-Hidroeléctrica Río Guarajamba
-Hidroeléctrica Wampú. Hidroluz S.A.
-Hidroeléctrica Callejones .Efi de Honduras S.A.
-Hidroeléctrica Miraflores. Soc. Hidroeléctrica Miraflores
-Hidroeléctrica Río Bonito
-Hidroeléctrica El Progreso
-Hidroeléctrica Pico Bonito. Inversiones Espíritu Santo
-Hidroeléctrica Río Las Tulas
-Hidroeléctrica Río Chiquito
-Hidroeléctrica Suyapa
-Hidroeléctrica La Unión Río Frío. HENSA
-Hidroeléctrica Gualaca
-Hidroeléctrica Jilamito
-Hidroeléctrica Río Chinacla
-Hidroeléctrica Río Alau
-Hidroeléctrica Río Uluita
-Hidroeléctrica Río Lindo
-Hidroeléctrica Puringla-Sazagua. CECA
-Hidroeléctrica Río San Martín. Inversiones San Martín
-Hidroeléctrica Hacienda Suyapa
-Hidroeléctrica Baifate
-Hidroeléctrica Río Maragua
-Hidroeléctrica La Unión
-Hidroeléctrica Morja. Ingeniería Técnica S.A.
-Hidroeléctrica Texiguat
-Hidroeléctrica Coronado. ENERGISA
-Hidroeléctrica Pico Bonito. Inversiones Espíritu Santo
-Hidroeléctrica El Triunfo
-Hidroeléctrica Tapalapa. COMGELSA
-Hidroeléctrica Río Coloradito
-Hidroeléctrica Río San José de las Brisas . ENERSA
-Hidroeléctrica Río Esteban . Generas S.A.
-Hidroeléctrica Lepasale. CODERESA
-Hidroeléctrica Talgua. ENERGISA
-Hidroeléctrica San Juan
-Hidroeléctrica Jaitique
-Hidroeléctrica Río Uyuta
-Hidroeléctrica Río Puringla
-Hidroeléctrica Río Jimerito
-Hidroeléctrica Río Jilamito
-Hidroeléctrica Río La Orilla. Generadora de Oriente
-Hidroeléctrica Santa Elena. CODERESA
-Hidroeléctrica Río Tinto. Electromecánica Alpha
-Hidroeléctrica Río Olancho. Electromecánica Alpha
-Hidroeléctrica Río Chiquito
-Hidroeléctrica San Esteban
-Hidroeléctrica Matarrás.ECAE
-Hidroeléctrica Mangungo. ECAE
-Hidroeléctrica Los Planes. HIDROCEP
-Hidroeléctrica Techin
-Hidroeléctrica Río Masca. Hidro Masca S.A. de C.V.
-Hidroeléctrica El Pataste. Electromecánica Alpha
-Hidroeléctrica San Isidro
-Hidroeléctrica Pajuiles. HIDROCEP
-Hidroeléctrica Río Ramírez
-Hidroeléctrica Sambo Creek
-Hidroeléctrica Quebrada Grande
-Hidroeléctrica Pijol
-Hidroeléctrica Riachuelo
-Hidroeléctrica Morja
-Hidroeléctrica Santiago
-Hidroeléctrica Agua Corporación
-Hidroeléctrica Masca
-Hidroeléctrica Río Piedras
-Hidroeléctrica Peña Blanca
-Hidroeléctrica Río Miscure.
Campamentos
En los últimos días se mantienen campamentos permanentes a nivel nacional por la defensa de los ríos, como en Pajuiles, Jilamito, Reitoca, Guapinol, y el lunes próximo se inicia el primer juicio oral y público contra ochos presuntos responsables del asesinato de Berta Cáceres, estos son ligados al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, en el Río Gualcarque, Intibucá.
“El asesinato del ambientalista contra la minería, nos demuestra que las transnacionales las empresas y sectores de poder, no van a ceder nada y que están dispuestos a todo incluso a terminar con la vida de quienes luchamos, defendemos los derechos humanos, quienes estamos en los movimientos sociales y políticos, que pretendemos asentar un poco esto que llama estado” Berta Cáceres, seminario internacional sobre minería de derechos humanos 2014.
Plata sin Plan
Opinión
17/09/2018
“La
planificación del desarrollo es un proceso de interacción entre el
Estado y la sociedad, que tiene como objetivo articular las políticas
públicas y su implementación en el territorio con las prioridades del
país, para administrar los recursos públicos en la perspectiva de
alcanzar el desarrollo sostenible”.
Sistema Nacional de Planificación de Guatemala (SNPG)
Honduras
sigue un patrón de gestión pública que asigna recursos financieros a
competencias, funciones, programas, proyectos y actividades ejecutadas
por instituciones y gabinetes sectoriales que, tradicionalmente, sus
funcionarios han sido cuestionados por actos de corrupción y/o
violaciones de los deberes al institucionalizarse una política de
represión a la ciudadanía que protesta por pèrdidas sistemáticas de sus
derechos más fundamentales como acceso a educación y salud gratuita,
pedazo de tierra y uso de recursos naturales y agua para beneficio de
comunidades y familias.
El
anteproyecto de presupuesto de ingresos y egresos de la República para
el ejercicio fiscal 2019 es un reflejo de lo anterior. El monto previsto
asciende a la cantidad de 261,557 millones de lempiras, superior en
17,777 millones que el presupuesto de 2018. El 20.6% corresponde a
Educación y Salud, un 18.8% corresponde a Infraestructura y Servicios
Públicos, el 7.1% a Seguridad Ciudadana y Defensa Nacional; que en
conjunto representan el 46.5% del total solicitado. A ello se suma, más
de 40,000 millones de lempiras por concepto de pago del servicio de la
deuda total, lo que representa el 15.6% del presupuesto total, con lo
cual estos rubros cubren el 62.1% del Presupuesto que “discutirá” el
Congreso de la República, donde los partidos tradicionales (liberal y
nacional) y los “chingaste” tienen mayoría calificada.
Desde
la perspectiva de organizaciones de sociedad civil, una de las
preguntas que surgen es ¿cuáles serán las medidas a ejecutar por el
gobierno para aumentar la productividad e impacto del gasto público en
sectores como salud y educación, a sabiendas que su monto es
insuficiente para cubrir las brechas de cobertura y equipamiento de
centros de salud, hospitales públicos, escuelas y colegios? En salud, la
respuesta del gobierno es la creación de una Comisión Burocrática
cuestionada por el Colegio Médico y otros gremios como el de las
enfermeras, ya que lo que buscan es acelerar la privatización de los
servicios de salud en detrimento de la endeble economía social; incluso
se habla de tapar la corrupción en salud.
En
Educación, el gobierno apuesta al Plan Nacional de Educación 2018-2030,
pero todavía no avanza y sigue siendo cuestionado por organizaciones
magisteriales ya que no participaron de su elaboración, pero, sobre
todo, por apoyar procesos de privatización de la educación media y
superior, la entrega de la provisión de insumos a empresas privadas y
bancos y la `profundización del desmantelamiento de las organizaciones
gremiales y captura de los fondos de previsión social.
En
infraestructura se apuesta a la aprobación de proyectos y suscripción
de contratos, aunque instituciones de gobierno y alcaldías (incluyendo
la Comisión de Alianzas-Público-Privada) han sido duramente cuestionadas
por la falta de transparencia y corrupción. Hay una opinión
generalizada que el aumento del presupuesto de Defensa y Seguridad,
sirve más a propósitos políticos que de “estabilidad democrática”, en
tanto es evidente las crecientes violaciones de derechos humanos, en su
mayor parte de jóvenes, mujeres y dirigentes ambientalistas; también,
además de la independencia y autonomía de las FFAA que no está obligada a
presentar en detalle su ejecución presupuestaria; se suman denuncias
por actos de corrupción en la compra de lanchas, reparación de aviones,
pago de viáticos, manejos de presupuesto de otras instituciones y
alquiler de vehículos sin licitación.
Otra
pregunta que, incluso expertos del Foro Social de la Deuda Externa
(FOSDEH), se han formulado es ¿qué monto de este sobreendeudamiento es
ilegítimo?, o sea que parte de la deuda contratada es deuda mala. De
acuerdo a cifras de CEPAL (2018), la participación de la deuda pública
total/PIB en 2017 fue de 43.5%, cuando en 2012, era de 30.2%/PIB, o sea
que aumentó en 13.3% es un periodo relativamente corto. En el caso de la
deuda pública externa el aumento fue de 11.5%, al pasar de representar
el 19.9%/PIB en 2012 a 31.4%/PIB en 2017.
Ojalá
que los diputados entiendan el problema que se avecina con este
creciente endeudamiento, en una economía que depende mucho de las
exportaciones de rubros como el café, aceite de palma, camarones,
bananos, frutas y legumbres, y de las remesas familiares, dos (2)
fuentes muy inestables, en la coyuntura actual, del crecimiento
económico. En tal sentido, puede ser de mucha ayuda para los
legisladores, sobre todos aquellos del Partido Liberal no contaminados
por la corrupción, LIBRE y PINU-SD, consultar a expertos nacionales y
externos sobre las alternativas para el manejo de la política de
creciente endeudamiento, y los pasos a seguir para eliminar o reducir la
deuda mala y deducir responsabilidades penales del caso.
Desde
la Academia, una pregunta aún sin respuesta es ¿acaso el anteproyecto
de Presupuesto de la Repùblica para 2019 se basa en prioridades de
desarrollo y de gasto establecidas en un Plan de Gobierno (2018-2022), o
Visión de Largo Plazo (2018-2030)? En el periodo anterior, el gobierno
contaba con un Plan Nacional (2014-2018), pero no ha sido actualizado
aun para el periodo (2018-2022), por lo que no se cuenta con un Plan y
Estrategia de Desarrollo de largo plazo; la Visión (2010-2038) del
gobierno de Pepe Lobo (2010-2013), fue desechada.
La
Secretaria de Coordinación General de Gobierno (SCGG) tiene la
competencia, funciones y recursos para elaborar o actualizar dichos
instrumentos, más allá de lo que piense la empresa privada, ministros y
el propio presidente de la Republica; es una función constitucional. Es
urgente que la ministra del ramo convoque al Consejo Nacional de
Planificación para que se discuta y aprueben los instrumentos de
planificación que dan soporte al Presupuesto, caso contrario las
prioridades de asignación de recursos serán exclusivamente de presidente
de la República, grupos corporativos y la Secretaria de Finanzas
(SEFIN), muy amiga de los que recomienda el FMI. En el caso de Plan de
gobierno, puede servir de base el avance que tiene la SCGG con la
elaboración del Plan Estratégico de Gobierno (PEG) para 2022, pero que
deber ser compatibilizado con otras iniciativas y propuestas de actores
privados y sociales.
El
Plan, si se elabora con un grado mínimo de responsabilidad técnica y
participación ciudadana, puede ayudar a priorizar el gasto de inversión
real, e incluso, a dotar a SEFIN de una estrategia financiera más
independiente sobre el endeudamiento del país. Más aun, a integrar
estrategias de desarrollo sueltas, como la economía familiar campesina,
seguridad alimentaria, niñez y adolescencia, protección ambiental y,
sobre todo, innovación para la competitividad. Pero también, alinear la
cooperación internacional donde hay fuga y pérdida de recursos
financieros.
Honduras
puede entrar en un fase de parálisis neoliberal, donde ya los impuestos
indirectos no sea una opción de política para aumentar ingresos
tributarios, exista una resistencia de la empresa privada para aceptar
impuestos directos, eliminar exoneraciones y regular fideicomisos, y el
endeudamiento llegue a porcentajes críticos; solo quedando privatizar
más la salud y educación, despedir empleados y bajar salarios, usar
todos los recursos de los fondos de pensiones y poner a flotar la tasa
de cambio o aceptar la devaluación acelerada del desplumado, tal como lo
ha venido exigiendo el FMI y sector exportador
Una
discusión pública del anteproyecto de presupuesto 2019 por el Congreso
de la República, con la participación activa de la Academia, colegios
profesionales y organizaciones de sociedad civil, puede ayudar a
construir nuevas opciones de política pública alternativa al modelo de
corte neoliberal ejecutado después del madrugón de junio de 2009.
Ocotepeque, Honduras, 17 de septiembre de 2018.Honduras: Las autoridades deben garantizar la seguridad de los defensores y periodistas objeto de campañas de desprestigio
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegjucigalpa.-
A la luz de la situación que enfrentan los defensores de los derechos
humanos y los periodistas en Honduras, Erika Guevara-Rosas, directora de
América de Amnistía Internacional, dijo:
“En
las últimas semanas, varios periodistas y representantes de
organizaciones internacionales y hondureñas de derechos humanos han
informado a Amnistía Internacional de la circulación de videos y
declaraciones en internet que los desacreditan y estigmatizan su
trabajo, y los presentan como amenazas para la sociedad hondureña”.
Los
representantes del sector corporativo también han hecho declaraciones
estigmatizantes sobre los que protestan contra los proyectos de energía,
retratando a los defensores del medio ambiente como criminales y en
oposición al desarrollo.
“Estas
campañas siniestras, junto con el silencio de las autoridades
hondureñas, conducen a un ambiente hostil para la defensa de los
derechos humanos y la libertad de expresión y permiten que ocurran
ataques más serios contra defensores y periodistas”.
“Los
representantes del sector corporativo también han hecho declaraciones
estigmatizantes sobre aquellos que protestan contra los proyectos de
energía, retratando a los defensores del medio ambiente como criminales y
en lugar de desarrollo”.
“Las
empresas deben abstenerse de utilizar un lenguaje que estigmatice,
viole, desacredite o discrimine a defensores y periodistas. Las
autoridades hondureñas deben, a su vez, reconocer públicamente el
trabajo legítimo de defensores y periodistas y tomar medidas efectivas
para garantizar su seguridad “.
Las
recientes y siniestras campañas de desprestigio, junto con el silencio
del presidente Gob.JuanOrlandoH, conducen a un ambiente hostil para la
defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión y permiten
que ocurran ataques más serios contra defensores y periodistas.
Honduras se estanca y retrocede en libertad económica mundial
Tomado de Fundación Eleutera
Honduras
se ubica en el puesto 92 de 162 países y territorios que son incluidos
en la Libertad Económica en el Mundo 2018, informe anual presentado este
martes en la ciudad de San Pedro Sula por la Fundación Eleutera en
conjunto con el Canada’s Fraser Institute.
El año pasado, Honduras clasificó en el puesto número 100.
Noticia Relacionada: Honduras solo es atractiva para inversiones oscuras como las ZEDES: Fosdeh (vídeo)
“Fundación
Eléutera una vez más presenta el informe de Libertad Económica Mundial y
destaca que Honduras tiene mucho que trabajar en fortalecer su
institucionalidad y por ende los puntos que en este reporte se indica
que se ha retrocedido o estancado, solo así habrá una economía sana y
estable para que como país crezcamos y generemos confianza en inversión
nacional y extranjera”, indicó Elena Toledo, directora ejecutiva de
dicha organización.
Hong
Kong y Singapur, nuevamente encabezan en el índice, continuando su
posición en 1ro y 2do respectivamente. Nueva Zelanda, Suiza, Irlanda,
Los Estados Unidos, Georgia. Mauritius, Reino Unido, Australia y Canadá)
empatados en 10mo, completan el top 10.
En
el año 2018 el reporte fue preparado por James Gwartney, de la
Universidad del estado de Florida; Robert A. Lawson y Rawyan Murphy de
la Universidad Metodista del Sur Ryan Murphy; Y Joshua Hall, Universidad
del Oeste de Virginia.
Este
reporte, se basa en datos del año 2016 (el año más reciente de datos
disponibles comparables) y mide la libertad económica (niveles de
elección personal, habilidad de entrar al mercado, seguridad de
propiedad privada, estado de derecho, etc.) mediante el análisis de
políticas e instituciones de 162 países y territorios.
Los
10 países con la clasificación más baja son Sudan, Guinea-Bissau,
Angola, República Centro africana, República del Congo, Siria, Argelia,
Argentina, Libia y en último lugar Venezuela. Algunos países despóticos
como Corea del Norte y Cuba no pueden ser calificados debido a la falta
de datos.
Otros países notables son Alemania (20), Japón (41), Francia (57), Rusia (87) y China (108).
Según
la revisión de investigaciones realizadas por las principales revistas
académicas revisadas, las personas viviendo en países de alto nivel de
libertad economía disfrutan de una mayor prosperidad, también de más
libertades políticas y civiles, y vidas más largas.
Por
ejemplo, países en el cuartil superior (25%) de libertad económica
(como el Reino Unido, Japón e Irlanda) tuvieron un ingreso per cápita
promedio de USD$40,376 en el año 2016 comparado con USD$5,649 para los
países del cuartil inferior (como Venezuela, Irán y Zimbabwe)
En
la esperanza de vida es de 79.5 años en el cuartil superior de los
países en comparación con 64.4 años en el cuartil inferior.
“Donde
las personas son libres de buscar sus propias oportunidades y de tomar
sus propias decisiones, llevan una mejor vida más prospera, más feliz y
más sana”, dijo Fred McMahon, presidente de Investigación del Dr.
Michael A. Walker en Libertad Económica con el Instituto Fraser.
El
Instituto Fraser produce el reporte anual Libertad Económica Mundial en
cooperación con Economic Freedom Network, que son un grupo de
institutos independientes de investigación y educación en casi 100
países y territorio. En la medida más importante del mundo de libertad
económica, midiendo y clasificando países en 5 áreas: tamaño de
gobierno, estructura legal y seguridad de los derechos de propiedad,
acceso a dinero sólido, libertad para comercializar internacionalmente y
la regulación de créditos, trabajo y negocios.
Véase el reporte completo en: www.fraserinstitute.org/
Honduras,
puntúa en los componentes clave de la libertad económica (de 1 a 10
donde el valor mas alto indica el nivel mas alto de libertad económica).
Tamaño de gobierno: cambiado de 10.00 a 8.00 en el reporte del año pasado. Sistema legal y derechos de propiedad: cambiando de 3.99 a 3.44 Acceso a una moneda sana: cambiando de 9.36 a 9.29 Libertad de comercializar internacionalmente: cambiando de 7.42 a 7.22 Regulación de crédito, trabajo y negocios: cambiando de 6.95 a 6.82
“Es
alarmante que Honduras presente retroceso en puntuaciones de las cinco
áreas del Índice de Libertad Económica, en comparación con el mismo
índice del año anterior, y es que en comparación con el resto de
Centroamérica y Panamá, Honduras presenta la puntuación general más
baja, siendo esto muy distinto a lo sucedido en el año anterior cuando
aventajó a l Salvador y Nicaragua, pero a la vez refleja que Honduras es
el país de Centroamérica que sufre, de lejos, los cambios más
dramáticos en sus puntuaciones, mejorando y empeorando drásticamente”,
indicó Christian Betancourt, analista adjunto de Fundación Eléutera.
El
reporte de Libertad Económica Mundial mide el grado en que las
políticas y las instituciones de los países apoyan la libertad
económica. El informe de este año actualiza los datos de 162 países y
territorios. El informe también actualiza los datos en informes
anteriores en instancias donde los datos han sido revisados.
Feministas exigen se cumpla con el presupuesto para investigar y prevenir femicidios
- Gissel Grandez
- 25 Septiembre 2018
Tegucigalpa, Honduras, (Conexihon)-.
Más de 200 millones de lempiras necesitan instituciones
gubernamentales, integrantes de la Comisión Interinstitucional de
Seguimiento a las Investigaciones de las Muertes Violentas de Mujeres y
Femicidios (CIMVMF), para prevenir e investigar femicidios en el país
puesto que el 95 por ciento quedan en la impunidad.
Las
acciones de prevención se realizaran desde el Comisionado Nacional de
los Derechos Humanos (CONADEH), Instituto Nacional de la Mujer (INAM) y
las investigaciones por el Ministerio Público (MP), además los recursos
se utilizarán para ampliar la cobertura y crear más Unidades de
Investigación de Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios (UIMVMF)
tanto en la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y Medicina
Forense, señala el comunicado de la Plataforma 25 de noviembre, Tribuna
de mujeres, Gladys Lanza y Coalición Todas.
“Le estamos exigiendo al Gobierno que desembolse el presupuesto que prometió para prevenir los femicidios en el país y que todas las muertes violentas contra las mujeres sean investigadas, porque muchas veces se conoce al victimario y asesino y no lo juzgan ni investigan”, denunció la lideresa feminista, Nuvia Castro de la Red de Mujeres Rurales.Además señaló que las mujeres son las que sostienen la economía del hogar y cuando las asesinan quedan hijos, abuelas, hermanas y demás familiares solos sin que nadie los mantenga, puesto que son cabeza del hogar de toda una familia completa, por lo tanto exigen que ya no se asesinen a más mujeres en el país. Después del golpe de Estado se duplicó la muerte violenta contra mujeresMás de 260 crímenes contra mujeres se han registrado en lo que va del año 2018, después del golpe de Estado en 2009 se duplicó la muerte violenta contra mujeres y los escenarios en que se perpetúan los femicidios han recrudecido mostrando la saña, misoginia y tortura en los cuerpos de las féminas, señalan las feministas.
“El patriarcado nos está matando, porque los hombres se han atribuido el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, vida y manipular los recursos de las mujeres, nosotras nos preguntamos por quién está dirigido el Estado y en su mayoría son hombres que están en posiciones de decisión de los recursos que nosotras atribuimos porque somos el 52 por ciento de la población en el país” subrayó la integrante de la Vía Campesina de Honduras, Wendy Cruz.
Wendy Cruz integrante de la Vía Campesina de Honduras.
De
igual forma agregó, que la conducta machista con la que operan los
funcionarios públicos está asesinando a las féminas por que priorizan
políticas públicas de hacer dinero y no de acceso a la justicia y de
protección a salvar la vida.
Movimientos de mujeres han logrado impulsar la investigación de femicidiosLos
movimientos feministas y de mujeres han logrado importantes cambios en
el país, y en el 2016 influyeron para que se presentara el decreto
106-2016 de reforma a la ley del MP donde se crearon las UIMVMF y CIMVM,
en el momento de la instalación de la comisión se lanzó por parte del
Poder Ejecutivo un compromiso presupuestario para respaldar las
acciones. Sin
embargo, en el anteproyecto de presupuesto entregado al Congreso
Nacional solamente se visualiza el gasto etiquetado para las UIMVMF
adscritas a la ATIC por un valor de 20 millones de lempiras, que
significa únicamente el 0.0000108% del presupuesto solicitado y para el
MP que son 185.2 millones de Lempiras.
“Si bien es cierto se lanzó la UIMVMF, sin embargo este presupuesto no fue considerado, la vida de las mujeres no puede desvalorizarse, el abogado Juan Hernández tiene que honrar su compromiso de asignar los recursos necesarios para erradicar los femicidios, sino ese lanzamiento simplemente fue una comisión que no va a lograr reducir la impunidad”, explicó la coordinadora del Centro de Estudios de la Mujer- Honduras (CEM-H), Suyapa MartínezEntre el 2003 y 2017 se registraron 5,590 muertes violentas de mujeres dentro de ellas el asesinato de la defensora del medio ambiente y el derecho a la tierra, Berta Cáceres y Margarita Murillo que permanecen en la impunidad, Martínez concluyó, que en un país donde la impunidad reina los asesinos hacen y deshacen porque saben que no van a recibir castigo entonces siguen matando constantemente, por eso hay que reducir la impunidad para que se detengan un poco, pero también hay que hacer campañas de prevención en las escuelas para cambiar la mentalidad de los niños que no deben violentar a las niñas y aprobar la ley de educación sexual que está en el congreso y que la tienen engavetada.
Chomsky asegura que Lula es un “preso político” que es mantenido aislado para favorecer un “golpe de Estado blando” en Brasil
Para
el intelectual estadounidense, las "estructuras de poder" quieren
evitar que la sociedad sepa nada del ex presidente brasileño.
02.10.2018 17:36 - MONTEVIDEO PORTAL
Noam Chomsky. Foto: EFE | Raúl Martínez (Archivo)
El intelectual estadounidense Noam
Chomsky denunció en una columna publicada el martes por el medio digital
"The Intercept" que el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da
Silva es un "preso político" al que se mantiene "aislado" para que
prospere un "golpe de Estado blando" en su país.
Al final de un extenso artículo en el que analiza la situación política reciente en Brasil, Chomsky concluye que Lula da Silva, "uno de los presos políticos más significativos del período actual, es mantenido en aislamiento para que el golpe de Estado blando" que supuestamente ocurre en el país "pueda seguir su curso".
Eso, prosigue, "probablemente tendrá consecuencias graves para la sociedad brasileña y buena parte del mundo, teniendo en cuenta el potencial rol de Brasil", ante lo que apostilla: "Seguirá su curso si se tolera lo que está pasando".
El filósofo y activista visitó con su esposa al ex presidente de brasileño (2003-2010) dijo haber visitado recientemente en la sede de la Policía Federal en Curitiba, donde cumple una condena de 12 años por corrupción pasiva y lavado de dinero.
Chomsky consideró que el "supuesto crimen" del que se acusa a Lula da Silva, recibir un apartamento a modo de soborno, es "casi indetectable para los estándares brasileños", e instó a "buscar las razones" por las que se le ha dictado una "sentencia totalmente desproporcionada".
Ante la negativa de un juez, el día siguiente de su visita a la prisión, a permitir que un medio nacional entrevistara al expolítico, Chomsky criticó que los criminales violentos "son entrevistados por rutina en prisión" y sostuvo que las "estructuras de poder" quieren evitar que la sociedad sepa nada de Lula.
Con el ex presidente alejado de los comicios que se celebran este domingo, Chomsky consideró que hay "buenas posibilidades" de que el diputado ultraderechista Jair Bolsonaro, líder en las sondeos de intención de voto, logre la victoria y desarrolle las "políticas duramente regresivas" del presidente Michel Temer.
En ese sentido, mantuvo que Temer reemplazó a Dilma Roussef (2011-2016) después de una destitución "grotesca" en "una etapa temprana del golpe de Estado blando que ahora tiene lugar en el país más importante de América latina".
Asimismo, el lingüista estadounidense denuncia una "campaña" política que se está "aprovechando de la corrupción en la que participó el Partido de los Trabajadores (PT) de Lula" y afirma que, si bien la corrupción es real y seria, la "demonización" del PT es "puro cinismo, considerando las travesuras de los acusadores".
"Los cargos contra Lula, incluso si uno los pudiera acreditar, no pueden posiblemente tomarse en serio como base del castigo que se ha administrado para apartarlo del sistema político. Todo lo cual lo clasifica como uno de los presos políticos más significativos del período actual", destaca en su artículo.
(Fuente: EFE)
Lula: “Brasil debe decidir entre civilización y barbarie, entre democracia y fascismo”
Al final de un extenso artículo en el que analiza la situación política reciente en Brasil, Chomsky concluye que Lula da Silva, "uno de los presos políticos más significativos del período actual, es mantenido en aislamiento para que el golpe de Estado blando" que supuestamente ocurre en el país "pueda seguir su curso".
Eso, prosigue, "probablemente tendrá consecuencias graves para la sociedad brasileña y buena parte del mundo, teniendo en cuenta el potencial rol de Brasil", ante lo que apostilla: "Seguirá su curso si se tolera lo que está pasando".
El filósofo y activista visitó con su esposa al ex presidente de brasileño (2003-2010) dijo haber visitado recientemente en la sede de la Policía Federal en Curitiba, donde cumple una condena de 12 años por corrupción pasiva y lavado de dinero.
Chomsky consideró que el "supuesto crimen" del que se acusa a Lula da Silva, recibir un apartamento a modo de soborno, es "casi indetectable para los estándares brasileños", e instó a "buscar las razones" por las que se le ha dictado una "sentencia totalmente desproporcionada".
Ante la negativa de un juez, el día siguiente de su visita a la prisión, a permitir que un medio nacional entrevistara al expolítico, Chomsky criticó que los criminales violentos "son entrevistados por rutina en prisión" y sostuvo que las "estructuras de poder" quieren evitar que la sociedad sepa nada de Lula.
Con el ex presidente alejado de los comicios que se celebran este domingo, Chomsky consideró que hay "buenas posibilidades" de que el diputado ultraderechista Jair Bolsonaro, líder en las sondeos de intención de voto, logre la victoria y desarrolle las "políticas duramente regresivas" del presidente Michel Temer.
En ese sentido, mantuvo que Temer reemplazó a Dilma Roussef (2011-2016) después de una destitución "grotesca" en "una etapa temprana del golpe de Estado blando que ahora tiene lugar en el país más importante de América latina".
Asimismo, el lingüista estadounidense denuncia una "campaña" política que se está "aprovechando de la corrupción en la que participó el Partido de los Trabajadores (PT) de Lula" y afirma que, si bien la corrupción es real y seria, la "demonización" del PT es "puro cinismo, considerando las travesuras de los acusadores".
"Los cargos contra Lula, incluso si uno los pudiera acreditar, no pueden posiblemente tomarse en serio como base del castigo que se ha administrado para apartarlo del sistema político. Todo lo cual lo clasifica como uno de los presos políticos más significativos del período actual", destaca en su artículo.
(Fuente: EFE)
Lula: “Brasil debe decidir entre civilización y barbarie, entre democracia y fascismo”
En
una carta, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva afirma que el país
está muy cerca de decidir entre dos proyectos, uno “que promueve el
desarrollo” y otro “para hacer a los ricos más ricos”; además denuncia
que su candidatura fue anulada “para impedir la libre expresión
popular”.
Lula
fortalece la tesis petista de que el impeachment (juicio político)
contra la Presidenta Dilma Rousseff fue un golpe parlamentario y acusa a
sus responsables de estar, ahora, en vías de apoyar el nombre de la
“serpiente fascista”: “Fueron ellos quienes crearon esa amenaza a la
democracia y a la civilización”.
A continuación, la carta.
Brasil está muy cerca de decidir, una vez más, por el voto soberano del pueblo, entre dos proyectos de país: el que promueve el desarrollo con inclusión social y aquel en que la perspectiva de desarrollo económico solo está para hacer a los ricos, más ricos y a los pobres, más pobres. El primer proyecto fue aprobado por la mayoría en las cuatro últimas elecciones presidenciales. El segundo fue impuesto por un golpe parlamentario y mediático travestido de impeachment.
Esta es la verdadera disputa en las elecciones del 7 de octubre. Fue por esa razón que mi nombre creció en las encuestas, pues el pueblo comprendió que el modelo impuesto por el golpe está equivocado y es necesario cambiarlo. Anularon mi candidatura, de forma arbitraria, para impedir la libre expresión popular. Pero es también por la existencia de dos proyectos en disputa que la candidatura de Fernando Haddad viene creciendo, en la medida en que va siendo identificada con nuestras ideas.
Con cierta perplejidad, pero sin gran sorpresa, veo líderes políticos y analistas de prensa decir que Brasil estaría dividido entre dos polos ideológicos. Y que el país debería buscar una opción “de centro”, como si la opción por el PT fuera “extremista”. Además de falsa y, en ciertos casos, hipócrita, es una lectura oportunista, que pretende confundir al elector y falsear lo que está realmente en juego.
Desde la fundación, en 1980, el PT polarizó, sí: contra el hambre, la miseria, la injusticia social, la desigualdad, el atraso, el desempleo, el latifundio, el prejuicio, la discriminación, la sumisión del país a las oligarquías, al capital financiero y a los intereses extranjeros. Fue luchando en ese campo, al lado del pueblo, de la democracia y de los intereses nacionales, que nos acreditamos para gobernar el país por el voto; jamás por el golpe.
El pueblo brasileño no tiene ninguna duda sobre de qué lado estuvo siempre el PT, sea en la oposición o en los años en que gobernamos el país. La sociedad no tiene ninguna duda sobre el compromiso del PT con la democracia. Nacimos luchando por ella, cuando la dictadura imponía la tortura, la reducción de los salarios y la persecución a los trabajadores. Peleamos en las calles por las elecciones directas e hicimos avanzar la Constituyente. Gobernamos con diálogo y participación social, en un ambiente de paz.
La fuerza electoral del PT está respaldada en esa trayectoria de compromiso con el pueblo, la democracia y el Brasil; en las transformaciones que realizamos para superar el hambre y la miseria, para ofrecer oportunidades a quienes nunca las tuvieron, para probar que es posible gobernar para todos y no solo para un puñado de privilegiados, promoviendo el mayor ascenso social de todos los tiempos, el mayor crecimiento económico en décadas y la soberanía del país.
Fue el pueblo que nos trajo hasta aquí, a pesar de todas las persecuciones, para que se pueda revertir el golpe y retomar el camino de la esperanza en estas elecciones. Si cerraron las puertas a mi candidatura, abrimos otra con Fernando Haddad. Es el pueblo que pone en jaque al proyecto ultraliberal, y eso no estaba en el cálculo de los golpistas.
Son ellos el otro polo en estas elecciones, cualquiera sea el nombre de su candidato, inclusive aquel que no osan decir. Ya tuvieron que responder por el nombre de Aécio Neves, ese mismo que hoy quieren esconder. Intentaron con un animador de espectáculos, un vigilante y un aventurero; les faltó un candidato sin votos. El nombre de ellos podrá venir a ser el de la serpiente fascista, sorprendida en el nido de odio, de violencia y de mentira.
Fueron ellos quienes crearon esa amenaza a la democracia y a la civilización. Asuman la responsabilidad por lo que han hecho contra el pueblo, contra los trabajadores, la democracia y la soberanía nacional. Pero no vengan a predicar una alternativa electoral “al centro”, como si no fueran los responsables, en colusión con la Red Globo, por el despertar de la barbarie. Escribo este artículo para el “Jornal do Brasil” porque es un vehículo que viene practicando la democracia y la pluralidad.
Quien coquetea con la barbarie, cultiva el extremismo. Quien lucha contra ella, nada tiene de extremista. Tiene compromiso con el pueblo, con el país y con la civilización. En la disputa entre civilización y barbarie, se debe elegir un lado. No hay lugar para quedarse arriba del muro.
En octubre tendremos la oportunidad de recuperar la democracia otra vez, cerrando uno de los períodos más vergonzosos de la historia y de los más sufridos para nuestra gente. Estoy seguro de que estaremos juntos con todos los que lucharon por la conquista de la democracia con gran dificultad y con gran sacrificio. Y estaremos juntos con las mujeres que no aceptan la sumisión, con los negros, indígenas y con todos y todas quienes han sufrido, a lo largo de siglos, la discriminación y el prejuicio.
Estaremos juntos, todos los que, independientemente de diferencias políticas y trayectorias distintas, tienen sensibilidad social y convicciones democráticas. Será una batalla difícil, como pocas. Pero estoy seguro de que la democracia será victoriosa. De mi parte, estaré donde siempre estuve: al lado del pueblo, sin ilusiones ni vacilaciones. Con amor por Brasil y compromiso con el pueblo, la paz, la democracia y la justicia social.
LUIZ INACIO LULA DA SILVA
Ex presidente de la República y presidente de honor del Partido de los Trabajadores
Nunca en nuestra historia estuvimos situados ante una alternativa tan radical: el excapitán candidato a la Presidencia, Jair Bolsonaro, que se presenta con todas las características del nazifascismo que causó millones de víctimas en Europa en la Segunda Guerra Mundial, y enfrente Fernando Haddad, al que no se le puede negar espíritu democrático. Bolsonaro mismo declaró que no le importa ser comparado a Hitler. Se ofendería si lo llamasen gay.
Cometió muchas barbaridades contra las mujeres, los negros, los indígenas, los quilombolas [habitantes de los quilombos], los LGBT, haciendo incluso apología abierta de notorios torturadores, dejó claro, en declaraciones inescrupulosas, que pretende imponer una política represiva contra esos grupos como política de Estado. No sorprende que tenga el más alto rechazo en las encuestas de intención de voto.
Entendemos su resonancia pues no son pocos los que quieren orden en la sociedad a cualquier precio y que rechazan cualquier tipo de políticos a causa de la corrupción que corroe este país. Siempre, la búsqueda del orden sin la preocupación simultánea por la justicia social ni por los procedimientos jurídicos correctos, fue el humus que alimentó y alimenta aún hoy a los grupos de derecha y de extrema derecha. Con Hitler fue así: Ordnung muss sein: «por encima de todo, el orden», pero un orden impuesto mediante la represión y el envío de judíos, gitanos y opositores a los campos de exterminio.
Bolsonaro explota esta búsqueda del orden a cualquier precio, incluso con la militarización del gobierno, como ya ha sido publicado en la prensa. En caso de ganar –¡el cielo nos libre!– colocará en los ministerios clave a generales, en su mayoría jubilados, pero con una mentalidad francamente derechista y autoritaria. Hasta propone eventualmente un auto-golpe, es decir, Bolsonaro como presidente puede convocar a las fuerzas armadas, disolver el Parlamento e instaurar un régimen autoritario y altamente represivo.
No tenemos otra alternativa que unirnos, más allá de los intereses partidistas, para salvar la democracia y no permitir que Brasil sea considerado en todo el mundo un país políticamente paria. Esto afectaría a gran parte de la política latinoamericana, especialmente a aquellos países cuyas democracias son frágiles y están bajo el fuego del pensamiento derechista que crece en el mundo entero.
No es de extrañar que conglomerados financieros que viven de la especulación, asociados a empresarios que no tienen ninguna consideración por el futuro de su patria, sino sólo por sus propios negocios, y asociados a los burócratas del Estado afectos a la corrupción y a las negociaciones turbias, constituyan la base social de sustentación de un tal régimen autoritario de cariz fascista y nazi.
Sería una ruptura inédita en nuestra historia nunca vista antes. Los militares y empresarios que dieron el golpe de 1964 eran por lo menos nacionalistas, y exaltaban un crecimiento económico a costa de los bajos salarios y del control riguroso de las oposiciones, con arrestos, secuestros, torturas y asesinatos, confirmado hoy hasta por documentos provenientes de los órganos de seguridad y de la política exterior de Estados Unidos.
El pueblo brasileño, que tanto ha sufrido ya a lo largo de la historia, primero bajo el látigo de los señores de esclavos y después por la super-explotación del capitalismo nacional, no merece sufrir todavía más. Tenemos con él una deuda que nunca llegamos a pagar, que nos será reclamada hasta el juicio final.
Alimentamos la esperanza de que el buen sentido y la voluntad de reafirmar la democracia de la mayoría de los votantes, nos librarán de este verdadero castigo que, ciertamente, no merecemos.
Aleida
Guevara participa de una charla en Almacén del Campo, espacio cultural y
de comercialización del MST en São Paulo / Comunicación MST
A continuación, la carta.
Brasil está muy cerca de decidir, una vez más, por el voto soberano del pueblo, entre dos proyectos de país: el que promueve el desarrollo con inclusión social y aquel en que la perspectiva de desarrollo económico solo está para hacer a los ricos, más ricos y a los pobres, más pobres. El primer proyecto fue aprobado por la mayoría en las cuatro últimas elecciones presidenciales. El segundo fue impuesto por un golpe parlamentario y mediático travestido de impeachment.
Esta es la verdadera disputa en las elecciones del 7 de octubre. Fue por esa razón que mi nombre creció en las encuestas, pues el pueblo comprendió que el modelo impuesto por el golpe está equivocado y es necesario cambiarlo. Anularon mi candidatura, de forma arbitraria, para impedir la libre expresión popular. Pero es también por la existencia de dos proyectos en disputa que la candidatura de Fernando Haddad viene creciendo, en la medida en que va siendo identificada con nuestras ideas.
Con cierta perplejidad, pero sin gran sorpresa, veo líderes políticos y analistas de prensa decir que Brasil estaría dividido entre dos polos ideológicos. Y que el país debería buscar una opción “de centro”, como si la opción por el PT fuera “extremista”. Además de falsa y, en ciertos casos, hipócrita, es una lectura oportunista, que pretende confundir al elector y falsear lo que está realmente en juego.
Desde la fundación, en 1980, el PT polarizó, sí: contra el hambre, la miseria, la injusticia social, la desigualdad, el atraso, el desempleo, el latifundio, el prejuicio, la discriminación, la sumisión del país a las oligarquías, al capital financiero y a los intereses extranjeros. Fue luchando en ese campo, al lado del pueblo, de la democracia y de los intereses nacionales, que nos acreditamos para gobernar el país por el voto; jamás por el golpe.
El pueblo brasileño no tiene ninguna duda sobre de qué lado estuvo siempre el PT, sea en la oposición o en los años en que gobernamos el país. La sociedad no tiene ninguna duda sobre el compromiso del PT con la democracia. Nacimos luchando por ella, cuando la dictadura imponía la tortura, la reducción de los salarios y la persecución a los trabajadores. Peleamos en las calles por las elecciones directas e hicimos avanzar la Constituyente. Gobernamos con diálogo y participación social, en un ambiente de paz.
La fuerza electoral del PT está respaldada en esa trayectoria de compromiso con el pueblo, la democracia y el Brasil; en las transformaciones que realizamos para superar el hambre y la miseria, para ofrecer oportunidades a quienes nunca las tuvieron, para probar que es posible gobernar para todos y no solo para un puñado de privilegiados, promoviendo el mayor ascenso social de todos los tiempos, el mayor crecimiento económico en décadas y la soberanía del país.
Fue el pueblo que nos trajo hasta aquí, a pesar de todas las persecuciones, para que se pueda revertir el golpe y retomar el camino de la esperanza en estas elecciones. Si cerraron las puertas a mi candidatura, abrimos otra con Fernando Haddad. Es el pueblo que pone en jaque al proyecto ultraliberal, y eso no estaba en el cálculo de los golpistas.
Son ellos el otro polo en estas elecciones, cualquiera sea el nombre de su candidato, inclusive aquel que no osan decir. Ya tuvieron que responder por el nombre de Aécio Neves, ese mismo que hoy quieren esconder. Intentaron con un animador de espectáculos, un vigilante y un aventurero; les faltó un candidato sin votos. El nombre de ellos podrá venir a ser el de la serpiente fascista, sorprendida en el nido de odio, de violencia y de mentira.
Fueron ellos quienes crearon esa amenaza a la democracia y a la civilización. Asuman la responsabilidad por lo que han hecho contra el pueblo, contra los trabajadores, la democracia y la soberanía nacional. Pero no vengan a predicar una alternativa electoral “al centro”, como si no fueran los responsables, en colusión con la Red Globo, por el despertar de la barbarie. Escribo este artículo para el “Jornal do Brasil” porque es un vehículo que viene practicando la democracia y la pluralidad.
Quien coquetea con la barbarie, cultiva el extremismo. Quien lucha contra ella, nada tiene de extremista. Tiene compromiso con el pueblo, con el país y con la civilización. En la disputa entre civilización y barbarie, se debe elegir un lado. No hay lugar para quedarse arriba del muro.
En octubre tendremos la oportunidad de recuperar la democracia otra vez, cerrando uno de los períodos más vergonzosos de la historia y de los más sufridos para nuestra gente. Estoy seguro de que estaremos juntos con todos los que lucharon por la conquista de la democracia con gran dificultad y con gran sacrificio. Y estaremos juntos con las mujeres que no aceptan la sumisión, con los negros, indígenas y con todos y todas quienes han sufrido, a lo largo de siglos, la discriminación y el prejuicio.
Estaremos juntos, todos los que, independientemente de diferencias políticas y trayectorias distintas, tienen sensibilidad social y convicciones democráticas. Será una batalla difícil, como pocas. Pero estoy seguro de que la democracia será victoriosa. De mi parte, estaré donde siempre estuve: al lado del pueblo, sin ilusiones ni vacilaciones. Con amor por Brasil y compromiso con el pueblo, la paz, la democracia y la justicia social.
LUIZ INACIO LULA DA SILVA
Ex presidente de la República y presidente de honor del Partido de los Trabajadores
Democracia o nazifascismo
por Leonardo Boff
2018-09-30
Nunca en nuestra historia estuvimos situados ante una alternativa tan radical: el excapitán candidato a la Presidencia, Jair Bolsonaro, que se presenta con todas las características del nazifascismo que causó millones de víctimas en Europa en la Segunda Guerra Mundial, y enfrente Fernando Haddad, al que no se le puede negar espíritu democrático. Bolsonaro mismo declaró que no le importa ser comparado a Hitler. Se ofendería si lo llamasen gay.
Cometió muchas barbaridades contra las mujeres, los negros, los indígenas, los quilombolas [habitantes de los quilombos], los LGBT, haciendo incluso apología abierta de notorios torturadores, dejó claro, en declaraciones inescrupulosas, que pretende imponer una política represiva contra esos grupos como política de Estado. No sorprende que tenga el más alto rechazo en las encuestas de intención de voto.
Entendemos su resonancia pues no son pocos los que quieren orden en la sociedad a cualquier precio y que rechazan cualquier tipo de políticos a causa de la corrupción que corroe este país. Siempre, la búsqueda del orden sin la preocupación simultánea por la justicia social ni por los procedimientos jurídicos correctos, fue el humus que alimentó y alimenta aún hoy a los grupos de derecha y de extrema derecha. Con Hitler fue así: Ordnung muss sein: «por encima de todo, el orden», pero un orden impuesto mediante la represión y el envío de judíos, gitanos y opositores a los campos de exterminio.
Bolsonaro explota esta búsqueda del orden a cualquier precio, incluso con la militarización del gobierno, como ya ha sido publicado en la prensa. En caso de ganar –¡el cielo nos libre!– colocará en los ministerios clave a generales, en su mayoría jubilados, pero con una mentalidad francamente derechista y autoritaria. Hasta propone eventualmente un auto-golpe, es decir, Bolsonaro como presidente puede convocar a las fuerzas armadas, disolver el Parlamento e instaurar un régimen autoritario y altamente represivo.
No tenemos otra alternativa que unirnos, más allá de los intereses partidistas, para salvar la democracia y no permitir que Brasil sea considerado en todo el mundo un país políticamente paria. Esto afectaría a gran parte de la política latinoamericana, especialmente a aquellos países cuyas democracias son frágiles y están bajo el fuego del pensamiento derechista que crece en el mundo entero.
No es de extrañar que conglomerados financieros que viven de la especulación, asociados a empresarios que no tienen ninguna consideración por el futuro de su patria, sino sólo por sus propios negocios, y asociados a los burócratas del Estado afectos a la corrupción y a las negociaciones turbias, constituyan la base social de sustentación de un tal régimen autoritario de cariz fascista y nazi.
Sería una ruptura inédita en nuestra historia nunca vista antes. Los militares y empresarios que dieron el golpe de 1964 eran por lo menos nacionalistas, y exaltaban un crecimiento económico a costa de los bajos salarios y del control riguroso de las oposiciones, con arrestos, secuestros, torturas y asesinatos, confirmado hoy hasta por documentos provenientes de los órganos de seguridad y de la política exterior de Estados Unidos.
El pueblo brasileño, que tanto ha sufrido ya a lo largo de la historia, primero bajo el látigo de los señores de esclavos y después por la super-explotación del capitalismo nacional, no merece sufrir todavía más. Tenemos con él una deuda que nunca llegamos a pagar, que nos será reclamada hasta el juicio final.
Alimentamos la esperanza de que el buen sentido y la voluntad de reafirmar la democracia de la mayoría de los votantes, nos librarán de este verdadero castigo que, ciertamente, no merecemos.
Leonardo Boff
SOLIDARIDAD
Aleida Guevara en Brasil: movilización de mujeres es una respuesta al fascismo
La médica cubana, hija del Che, participó de una charla con movimientos populares en São Paulo este lunes (01)
Aleida
Guevara, hija de los revolucionarios Ernesto Che Guevara y Aleida
March, estuvo presente en São Paulo este lunes (01) y defendió la
libertad del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los
Trabajadores (PT), y las marchas contra la ascensión del fascismo en Brasil.
La charla fue realizada con los movimientos populares del
país en el Almacén del Campo, un espacio cultural y de comercialización
de productos hortofrutícolas, granos, entre otros, producidos por el
Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST).
En la ocasión, Aleida comentó que desde Cuba acompañaba con sentimiento de impotencia el golpe en Brasil y la prisión política de Lula.
“Me preguntaba: ¿Si esa prisión sin pruebas ocurre con un hombre que
tiene reconocimiento internacional, qué puede pasar a una mujer o hombre
del pueblo?”
Para ella, la respuesta vino de las calles, con las
manifestaciones de mujeres contra el candidato de ultraderecha a la
Presidencia de Brasil Jair Bolsonaro,
del Partido Social Liberal, el último sábado (29), reuniendo más de un
millón de personas en más de 200 ciudades del país. “Tengo la certeza de
que el pueblo brasileño hará lo necesario para transformar nuestros
sueños en realidad”, afirmó.
Aleida estuvo acompañada de Gilmar Mauro, integrante de la
dirección nacional del MST, que agradeció el ejemplo de solidaridad de
Cuba. “La mejor manera de agradecerles no es con palabras, sino con las
acciones de las mujeres el 29 de septiembre. Están luchando contra el
'coso' [expresión para referirse al candidato de extrema derecha], lo
que es importante, pero también están luchando contra los prejuicios, contra la cultura machista, contra una visión retrógrada”, analizó el dirigente.
Agenda en Brasil
Además del evento en São Paulo, Aleida Guevara también visitó el
Almacén del Campo en Rio de Janeiro y la Vigilia Lula Libre, en la
ciudad de Curitiba, donde habló a los militantes presentes y participó del tradicional “Buenas noches, presidente Lula”
y contó que esa vez saludaron a Lula en español. “También le dijimos
que el pueblo cubano está con él y fue muy bonito porque sé que nos
escuchó y que, de algún modo, puede sentir la energía del pueblo”,
afirmó.
Edición: Diego Sartorato | Traducción: Luiza Mançano
