Honduras: Situación para los defensores de DDHH sigue siendo de alta vulnerabilidad
Por Marvin Palacios
En el 159 Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se desarrolla en Panamá, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) junto a otras organizaciones, expuso el panorama vulnerable en que operan los defensores y defensoras de derechos humanos, la galopante impunidad y las pretensiones del Estado de Honduras en aprobar un Código Penal que es regresivo en derechos que están protegidos por los tratados internacionales.
En nombre de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) la abogada Natalia Yaya habló ante los comisionados James Cavalaro y Jesús Orozco en torno a la grave situación que enfrentan los defensores y defensoras de derechos humanos.
Yaya destacó que el informe 2015 de la CIDH publicado en diciembre, reflejó la grave situación de derechos humanos en Honduras, cuando semanas después (el 2 de marzo de 2016) fue asesinada la ambientalista y Coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) Bertha Cáceres, en medio de una gran apertura extractivita promovida por los gobiernos de turno que amenazan los territorios de los pueblos originarios.
“Honduras es el país más peligroso para el trabajo que realizan los defensores y defensoras de derechos humanos. De 2002 a 2014, han sido asesinados 111 defensores y defensoras de acuerdo con cifras Global Witness.
Se hace uso indebido del derecho penal para acusar y criminalizar a defensores y defensoras de derechos humanos,. Con esto se genera la paralización de su trabajo junto al estigmatiza que deben afrontar y se viola el debido proceso, denunció la representante de la FIDH.
Por su parte la Coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva, expuso ante los comisionados que tenemos más de 3 décadas de comparecer ante la CIDH para abogar por los derechos humanos y tenemos que decir que esos esfuerzos para exigir derechos, en los actuales momentos; siguen siendo más vulnerables.
Para el COFADEH es difícil dejar de hablar de contexto por el abuso excesivo de los gobiernos para que las comunidades no hagan ninguna actividad de protesta frente a la vulneración de sus derechos fundamentales, dijo Oliva.
Oliva indicó que en Honduras hay acusados ambientalistas en el Valle de Siria (departamento de Francisco Morazán) , más de 25 en el Valle del Aguán (en la costa norte), y otros que han sido criminalizados en la comunidad de Zacate Grande (en la península del mismo nombre en el Golfo de Fonseca)
“Nuestra preocupación es más que evidente, cuando tenemos criminalizado al ciudadano Pedro Canales (presidente de la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande acusado de usurpación por una familia pudiente en Honduras)”, sostuvo la reconocida defensora de derechos humanos.
Añadió que reza nuestra preocupación por Isela Juárez (de la municipalidad de Tocoa, Colón) porque por reclamar derechos sindicales está siendo perseguida. La han puesto en lugares vulnerables, y hace poco fue atropellada y está sufriendo en estos momentos.
Oliva indicó que en el Bajo Aguán, después del asesinato el 21 de agosto de 2012, del abogado Antonio Trejo (defensor de comunidades campesinas), el estado creó la Unidad de Muertes Violentas del Bajo Aguán (UNVIBA) para investigar, pero hasta el momento no hay avances, y han fracasado en el caso del abogado Trejo.
Entre tanto el Centro de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEPRODECH), denunció que el principal problema para el Movimiento Indígena Lenca de La Paz (MILPA) es que hay despojo de sus territorios por parte de corporaciones municipales que violentan sus derechos ancestrales y títulos comunitarios.
El CEPRODECH sostiene que esta situación lo que provoca es que terratenientes y políticos con documentos de dudoso origen, criminalicen a las comunidades indígenas por los delitos de usurpación y sedición que no da pie a medidas cautelares.
Por otra parte y debido a la imposición de medidas sustitutivas a la prisión, en el departamento de La Paz, centenares de campesinos y campesinas tienen que caminar hasta 7 horas para estampar su firma en el libro de registro de los tribunales de justicia.
Y la otra preocupación es que los procesos criminales en contra de líderes y dirigentes campesinos, abarcan períodos de tiempo muy largos y se tiene que esperar hasta 2 años para acudir al juicio oral y público.
Esos son los detonantes de la criminalidad en los pueblos campesinos e indígenas, y es la forma en que se está entregando territorios violentando los derechos de las comunidades indígenas, por lo que el CEPRODECH instó a la CIDH para que se investigue a los alcaldes del gobierno actual, que entregan los territorios a particulares cuando eso corresponde al Instituto Nacional Agrario (INA).
A la asamblea pública asistió la Plataforma Contra la Impunidad quien reveló que las condiciones para los defensores y defensoras de derechos humanos de la comunidad lésbica, gay, transexual, bisexual e intersexual (LGTBI) no difieren de los casos antes expuestos.
La Plataforma contra la Impunidad expuso que de cada 5 casos de asesinatos de las personas de la comunidad LGTBI, registrados en Centro América, 3 casos corresponden a Honduras.
Reformas al Código Penal son regresivas y lesivas a la vigencia de derechos humanos
De acuerdo con el Observatorio de la Violencia de la Red Lésbica Cattrachas, entre 2009 y 2016, se han contabilizado 224 muertes violentas, que en su mayoría corresponden a homosexuales y 18 lesbianas.
Entre 2009 y 2014, se han perpetrado, 168 crímenes de odio, violencia, lesiones, violaciones sexuales, y casos extremos en las cárceles de Honduras, que no cuenta con condiciones diferenciadas para el trato y respeto de las personas LGTBI.
El estudio revela que los principales agresores, continúan siendo policías municipales, guardias de seguridad, policías de la Secretaría de Seguridad y particulares.
En torno a la pretensión del estado de Honduras de aprobar a toda costa un nuevo Código Penal, la procuradora de derechos humanos del COFADEH, Mery Agurcia dijo que hasta el momento el Congreso Nacional ha aprobado los artículos de la parte introductoria, pero que preocupa a las organizaciones defensoras de derechos humanos; que dichas reformas no se hayan socializado ampliamente y que no existan diagnósticos en relación a la eficacia de la política criminal del estado.
Agurcia indicó que en el actual proceso de las reformas al Código Penal, no ha existido transparencia y que existen al menos 115 artículos que involucionan los derechos humanos de la ciudadanía, porque no están acordes con los estándares internacionales.
La procuradora de derechos humanos denunció que el estado tiene la pretensión de aprobar artículos muy peligrosos en contra de las personas que defienden los derechos humanos de los demás, para el caso la tipificación de los delitos de sedición, reuniones y manifestaciones públicas, asociación para delinquir, desórdenes públicos, asociación terrorista y retiro de nacionalidad y ciudadanía, entre otros.
Por último representantes de la Organización Mundial contra La Tortura (OMCT) manifestaron su preocupación en torno a los señalamientos vertidos por el presidente Juan Orlando Hernández en donde descalifican a los defensores y defensoras de derechos humanos y los colocan en situación de vulnerabilidad.
La OMCT dijo que pareciera que existe una política sistemática de descalificación desde el estado encaminada a descalificar y estigmatizar a los defensores y defensoras de derechos humanos.
Se han enviado diversas comunicaciones al gobierno de Honduras para que se aplique un trato diferenciado cuando se trate de abordar el trabajo que realizan los defensores y defensoras de derechos humanos y que las fiscalías especiales sean reforzadas y descentralizadas para operar con independencia en las investigaciones de casos de violaciones a derechos humanos.
En torno al código penal, la OMCT instó al estado de Honduras a hacer un análisis técnico con la participación de las organizaciones peticionarias hondureñas ante la CIDH. Asimismo el organismo internacional pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a que programe una visita a Honduras para corroborar lo que se ha expuesto en esta audiencia.
Durante el 159 Período de Sesiones de la CIDH, estipulado del 1 al 7 de diciembre en Panamá, el COFADEH participa en las audiencias: “Situación de la justicia y las personas defensoras de derechos humanos en Honduras” y “Seguimiento del Mecanismo de Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos en Honduras.
Honduras: Día Internacional de los Defensores y defensoras de los derechos humanos
En la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General el 9 de diciembre de 1998, las Naciones Unidas no solo reconocieron su legitimidad al considerar la defensa de los derechos humanos como un derecho en sí mismo, sino también el papel decisivo que desempeñan y la necesidad de garantizar su protección.
El 9 de diciembre se celebra su Día Internacional, y el 29 de noviembre el Día Internacional de las Defensoras. Desde su fundación en 1961, Amnistía Internacional apoya a las defensoras y defensores porque se sitúan en primera línea de la lucha por los derechos humanos y porque ponen al descubierto la inmensa brecha entre los compromisos retóricos de los gobiernos y su limitado cumplimiento en la práctica.
Al recordar a las autoridades (y a las poderosas élites políticas, militares y económicas) sus obligaciones en materia de derechos humanos, los defensores y defensoras asumen serios riesgos.
Amnistía Internacional ha documentado ataques contra estas personas en la mayoría de países del mundo, y también tácticas represivas para silenciar al colectivo por parte de gobiernos de todas las tendencias políticas. Tales ataques adoptan formas y grados diversos: amenaza continua, intentos de desacreditar su trabajo, encarcelamiento injusto, tortura e incluso asesinato. Esta amenaza también se hace extensible a sus familiares.
Nelson Mandela, activista sudafricano de los derechos civiles “privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad”.
Contexto
Los defensores y defensoras son aquellas personas que actúan pacíficamente, sin recurrir a la violencia, para promover y proteger la universalidad e indivisibilidad de los derechos de pueblos e individuos. Pueden ser personas de muy diversa tipología. Pueden actuar por cuenta propia o de forma asociativa; algunas actúan a título personal, otras en el marco de su profesión; defendiendo los derechos humanos en sus actividades cotidianas o tras una acción individual a favor de esa causa.
Los defensores y defensoras denuncian y ponen en evidencia a quienes abusan de su posición de poder y autoridad. También destapan violaciones de derechos humanos, las someten al escrutinio público y presionan para que los responsables rindan cuentas. Pueden empoderar a particulares y comunidades para que reivindiquen sus derechos básicos. Otras se niegan a aceptar como natural o inamovible cualquier orden político, social o económico que condene a sectores enteros de población a vivir en la miseria, el temor y la indignidad.
Y diverso es el ámbito de los derechos que defienden. Civiles y políticos, como el derecho a no sufrir tortura o a tener un juicio justo. Económicos y sociales, como el derecho al mejor nivel de salud posible o a la educación. Y culturales, como el derecho de los pueblos indígenas a tener el control de sus tierras y sus recursos, o los derechos sexuales y reproductivos.
Donde no hay diferencias es en su respeto al principio fundamental de universalidad, que reconoce a todos los seres humanos como iguales en dignidad y derechos, sin importar el género, la raza, la etnia o cualquier otra condición.
Amnistía Internacional trabaja para visibilizar y respaldar públicamente a las defensoras y defensores tanto dentro como fuera de su país, difundiendo la importancia de su labor y las normas internacionales que los protegen.
AMNISTÍA INTERNACIONAL PIDE A LOS GOBIERNOS:
– Que garanticen un ambiente seguro y propicio para la defensa de los derechos humanos y redoblen sus esfuerzos para la protección efectiva de las defensoras y defensores. – Que presenten un plan de aplicación de los principios proclamados en la Declaración de la ONU sobre los Defensores de Derechos Humanos. – Que eliminen todos los obstáculos políticos o jurídicos que impidan la adecuada aplicación de las recomendaciones y medidas cautelares propuestas por los órganos regionales para la protección de las personas que defienden los derechos humanos. – Que presenten planes de política exterior que hagan realidad los principios de la declaración. – Que tomen medidas específicas para proteger eficazmente a las defensoras, utilizando un enfoque diferenciado, sensible al género y respetuoso de la diversidad.
HONDURAS URGENTE: GUARDIAS REPRIMEN ESTUDIANTES DE LA UNA
El
estudiante de la Universidad Nacional de Agricultura (UNA), Yulior
Mejía, denunció hoy que los elementos de seguridad privada de esa casa
de estudios, intentaron entrar a las instalaciones por la fuerza, para
lo cual utilizaron varios vehículos propiedad de la Alma Máter. Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa.
Los estudiantes de la Universidad Nacional de Agricultura (UNA)
denunciaron este viernes que los agentes de seguridad privada de esa
institución atacaron a los manifestantes de esa casa de estudios.
Los
estudiantes que mantienen paralizada la UNA por varias semanas,
enviaron audios del alumno Yulior Mejía haciendo la denuncia. Según el
estudiante, los elementos de seguridad entraron a las instalaciones del
centro de estudios de Catacamas, Olancho, por lugares alternos.
“Estamos
bajo medidas represivas de las autoridades de la universidad, ellos
siguen hostigando a los estudiantes”, apuntó el joven, quien agregó que
la manifestación estudiantil es pacífica y que los guardias están
forzando la entrada a las instalaciones con el uso de vehículos que
pertenecen a la universidad. “Solicitamos a los medios estar
pendientes”, concluye el audio del joven universitario.
Noticia en desarrollo…
Pronunciamiento de REDEHSUR ante situación que viven estudiantes de la UNA
1. Que la lucha estudiantil que ellos están haciendo en pro de sus derechos que tiene como estudiantes, por lo tanto es justa.
2. Como defensores y defensoras de derechos humanos, condenamos y denunciamos los ataques que han recibido por parte de empleados del rector de la UNA y ministro de Educación, Marlon Escoto, que han atentado contra la vida de los estudiantes.
3. También exigimos la renuncia de Marlon Escoto como rector de dicha Universidad porque consideramos que si sigue en ese cargo, la vida e integridad de los y las estudiantes se verá en peligro y lo responsabilizamos a él y a sus empleados por todo lo que les han hecho a los compañeros en la toma y por lo que se les vendrán después de las mismas (amenazas, intimidaciones, requerimientos fiscales, hostigamiento, etc).
4. Hacemos un llamado a toda la población en general que ayude y apoye a los estudiantes, que se unan los padres y madres de familia, docentes, a todos los jóvenes que aspiran en un futuro estudiar allí, a los demás movimientos universitarios de diferentes universidades que eleven un grito de solidaridad con esta universidad hermana, y a las organizaciones defensoras de DDHH nacionales e internacionales a estar pendientes, vigilantes y en estado de ALERTA por posibles actos violentos contra los y las jóvenes.
5. Desde nuestra zona, nos unimos a ustedes y a su lucha exigiendo un “basta ya” de represión, criminalización, judicialización contra la comunidad estudiantil de la UNAG, exigimos que se cancele la orden de captura contra 51 estudiantes que están en la lucha. Les enviamos un abrazo de solidaridad y de fuerza diciéndoles que sigan luchando, que no están solos, que los espíritus de nuestras compañeras asesinadas por este sistema, BERTA CÁCERES, GLADYS LANZA, SOAD NICOLE HAM, muchos y muchas mártires de nuestros pueblos les están acompañando allí ¡Adelante Estudiantes!
RED DE DEFENSORES/AS DE DDHH DE SUR DE HONDURAS
REDEHSUR-
Choluteca, Valle, sur de Francisco Morazán, 24 de noviembre de 2016
PRONUNCIAMIENTO DE LAS MUJERES DEL COPINH en el Encuentro de Salud y Sanación
 |
| mural creado durante el encuentro por las participantes |
11
de Noviembre de 2016, La Esperanza, Intibucá.
A
las comunidades organizadas a COPINH
A la
comunidad nacional e internacional
Durante los días 7, 8, 9 y 10 noviembre de
2016, desarrollamos el Encuentro de
Salud y Sanación, donde participamos cuarenta compañeras procedentes de las
comunidades de Guachipilín, Río Blanco, La Cuchilla, Candelarita y Las Mesitas.
Este se llevó a cabo en nuestra Casa de Sanación y Justicia de las Mujeres de
COPINH.
Mediante este comunicado, Las Mujeres Lencas
en Resistencia por la Salud Natural Ancestral, saludamos a toda la comunidad
COPINH y compartimos un resumen de nuestros acuerdos y debates.
Estamos
orgullosas de ser indígenas Lencas. En escuelas y hospitales pretenden que nos
avergoncemos de lo que somos, y no valoran lo que sabemos, niegan nuestra
identidad por el simple hecho de no vestir igual que nuestras abuelas. Pero
traemos la sangre de las personas que lucharon
hace más de 500 años defendiendo nuestra familia naturaleza, como ahora
nosotras lo seguiremos haciendo. Somos y
nos sentimos parte de todo lo que existe, de la tierra, el río, los árboles, el
sol y de la luna, que también son parte de nosotras.
Seguiremos
por los caminos de Berta, recuperando nuestra identidad. Queremos mantener
nuestra herencia ancestral, agradecer la cosecha, al trueno, al río. Llamar a
los ancestros que hablaban con el agua y con la montaña, relacionándose al
igual que entre ellos. Compartían lo poco que tenían y así sobreabundaba. Así
es con la tierra, si nosotras damos, cuidamos, ella nos va a dar.
Nosotras
como mujeres lencas organizadas en el COPINH, decidimos formar un grupo que
trabaje por la salud y medicina natural porque queremos:
1.
Fortalecer nuestra identidad cultural ancestral, basada en la recuperación de
saberes y prácticas heredadas de nuestros (as) abuelos (as) acerca de la
medicina natural.
2.
Independizarnos de un sistema capitalista que privatiza nuestra salud y que
discrimina a los pueblos indígenas.
3.
Buscar satisfacer las necesidades de las diferentes comunidades, en cuanto a la
atención de salud.
4.
Reforzar la organización de la que hacemos parte, potenciando nuestra
participación en la defensa territorial.
5.
Apoyarnos, entre los diferentes grupos de mujeres que hacemos parte de este
proceso, para facilitar y enriquecer el aprendizaje de la medicina natural
ancestral.
Creemos
que hay una fuerte relación entre la salud y la espiritualidad, nosotras
tenemos fe en las plantas, en los antepasados. Mantenemos los dones que se nos
revelan a través de los sueños, las capacidades de curarnos incluso sin
necesidad de tocarnos. Tener salud es
mantener la alegría, servirle a vecinos y amigos, escucharnos y apoyar
desde lo emocional y espiritual, para después usar las plantas que nos ofrece
Dios y la madre tierra.
Debatimos
acerca de la atención de las embarazadas en las comunidades, concluyendo que:
1.
Es necesaria la labor de la partera en las comunidades para garantizar la
atención a tiempo y la calidad humana, que es mucho mejor en la comunidad.
2.
La mayoría de las mujeres en las comunidades no tenemos recursos suficientes
para el traslado y la atención del parto en hospitales o clínicas
3.
Es parte de nuestra lucha, lograr que se mantenga esta práctica ancestral, la
cual quieren desaparecer y ocultar, como lo hacen con nuestra identidad.
4.
Esta labor es un don de la naturaleza, en el cual confiamos desde nuestra
cosmovisión y desde los resultados de su experiencia. Nunca se ha buscado el
mal, estamos convencidas de que las parteras nos cuidan y nos atienden,
reconociendo cuándo no lo pueden hacer y cuándo deben referirnos a un hospital.
5.
Existe, en el convenio 169, un artículo que nos respalda, para lo cual estamos
dispuestas a dialogar y buscar alternativas que beneficien a las mujeres de las
comunidades indígenas, como se ha logrado en otros países.
Condenan a defensor de DDHH que lucha por la tierra
Por Sandra Rodríguez
Toda su vida se ha dedicado a cultivar la tierra, es padre de 12 hijos, y a sus 57 años de edad, Francisco Suazo Andino fue criminalizado por el Tribunal de Sentencia de Danlí, El Paraíso, quien lo declaró culpable por el delito de usurpación.
Don Francisco es conocido como “Chico” en el Rancho del Obispo, una comunidad del municipio de Yuscarán, cabecera departamental de El Paraíso, a unos 60 kilómetros al oriente de Tegucigalpa, habitada por cientos de familias de vocación agrícola, pero sin tierras, porque están en poder de pocas manos.
Hace cuatro años, Chico fue invitado a una reunión convocada por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, con el objetivo de ser parte de una red de Defensores de Derechos Humanos, fortaleciendo temas de derecho al Agua y a la Alimentación, así mismo una gama de temas relacionados para empoderarse de los conocimientos y compartirlos con otras personas.
Por el derecho al acceso a la tierra, Suazo ya estaba organizado en el grupo campesino “Hermanos Unidos” que forma parte de la Central Nacional de Trabajadores del Campo, CNTC, y recién había sido requerido en el 2012, por las autoridades judiciales de Yuscarán, junto a Alex Fernando Durón, Randolfo Adonay Laínez, Felipe de Jesús Eguigure Flores, Raymundo Ismael Eguigure Flores y José Antonio Obando Varela, y otros que por diferentes motivos no llegaron a la etapa del juicio oral y público.
En el proceso de formación desde el COFADEH, Francisco Suazo ha compartido su experiencia con otras personas en diferentes municipios del departamento de El Paraíso, así mismo ha participado en talleres de formación e intercambio con otras redes de defensores y defensoras de derechos humanos a nivel nacional, que también acompaña esta organización.
El defensor de DDHH y campesino, desde que fue criminalizado por usurpación de tierras en el 2012, ha cumplido con las medidas sustitutivas a la prisión, al igual que sus compañeros, por lo que, al ser encontrados culpables de usurpación, según el Tribunal de Danlí, les concedieron seguir en libertad condicional, pese a que no están de acuerdo con el fallo, ya que si decidieron recuperar esas 32 manzanas de tierra en Rancho del Obispo, es porque tienen conocimiento que fueron adquiridas por el estado de Honduras y que estaban ociosas.
Francisco Suazo recuerda que “las tierras estaban sin cercos, la población era pequeña, hay parientes y vecinos enterrados en el cementerio local, desde hace más de 20 años, y ante el crecimiento de las familias nos vimos en la necesidad de recuperar la tierra, y es cuando surge un supuesto dueño, Ramón Rosa Flores Montoya”.
Suazo construyó una pequeña casa en los predios en litigio, la cual está abandonada porque no puede acercarse a los predios, pese a que tiene ocho hijos entre 2 y 18 años de edad, la situación es más complicada porque su situación legal no es precisa, ante la condena emitida.
Parte de cumplir con el proceso judicial, es mostrar respeto por la Ley, sin embargo como defensor de derechos humanos no faltaré a mis principios, no dejaré de luchar por el bien de los demás, agregó Suazo.
Más de 700 personas viven en Rancho del Obispo, y siempre que hay audiencias se turnan para viajar en un camión a los seis criminalizados, ya que el sufrimiento de uno es de todos, aquí aprendemos a ser familia y por eso nos apoyamos mutuamente, aún más cuando tenemos las mismas necesidades y conocimientos, declaró Ana Flores, integrante de la Red de Defensores/as de Derechos Humanos y Comunicadores/as Sociales de El Paraíso, además secretaria departamental de la CNTC y vecina del Rancho del Obispo.
Cuando un compañero es criminalizado nos afecta en general, porque existe el temor de la persecución, las amenazas y que se pueda perder lo que se cosecha en los predios, vamos a seguir en la lucha, porque estamos en defendiendo el derecho a la tierra, los compañeros procesados no tienen otra forma de vivir, sino de los cultivos, y de ahí se provee la alimentación de sus familias, agregó Flores.
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, considera que la criminalización y enjuiciamiento de los defensores de la tierra, por un Sistema Judicial, “responde a una política de Estado, donde se anula y penaliza el derecho humano que los campesinos y campesinas tienen, a contar con tierras para su seguridad alimentaria”.
Dos defensores de DDHH que forman parte de los procesos de formación del COFADEH, enfrentan procesos judiciales acusados de usurpación, Francisco Suazo Andino, de la Red de Defensores de Derechos Humanos y Comunicadores Sociales de El Paraíso; y Abel Pérez de la Red de Defensores de Derechos Humanos de la Zona Sur (REDESURH), quien estuvo más de cien días en prisión, recobrando su libertad condicional el 31 de agosto reciente.
El capítulo IV del Código Penal de Honduras, referido al tipo penal de Usurpación, en el artículo 231 especifica que “Quien detente el suelo o espacio correspondiente al derecho de vía, carretera, calle, jardín, parque, área verde paseo u otros lugares de uso o dominio público o de cualquier otro bien raíz del Estado o de las municipalidades será sancionado con reclusión de tres a cinco años, sin perjuicio de desocupar el suelo o espacio detentado, cuando el bien detentado sea una playa la pena se aumentará en dos tercios”.
Hasta el 31 de octubre se conocerá la individualización de la pena, la que se dictará en los Tribunales de Justicia de la ciudad de Danlí.
En Honduras más de cinco mil campesinos, entre ellos 2200 mujeres, están criminalizados por el delito de usurpación. Cerca de 300 mil familias campesinas no tienen acceso a tierras para cultivar sus alimentos y más de una decena de compañeros guardan prisión en diferentes centros penales a nivel nacional.
Otra vez las dos Honduras
La orden era llenar las graderías con gente amaestrada, para recibir los paracaidistas con vítores, escuchar un discurso con aplausos y mirar las palillonas con la líbido.
En ese lugar de desfiles oficiales hubo cuatro imágenes que ilustraron esta triste forma de celebrar lo que llaman fiestas patrias.
Imagen número uno. El señor Juan Orlando Hernández toma un trapeador para limpiar el piso ensuciado de la Patria por los narcos, policías corruptos, religiosos perversos y políticos de guayabera.
Y luego, Hernández pronuncia un discurso promoviendo la alianza para la prosperidad de Centroamérica.
El Presidente no dice, por supuesto, que esa alianza es un muro militar contra la emigración de personas hacia Estados Unidos.
No dice, tampoco, que ese plan de Baiden es una línea adelante del plan Frontera Sur, para violar el derecho a migrar que tiene la población ante el fracaso neoliberal.
Imagen número dos. Un paracaidista cae encima de una mujer sobre el césped del estadio y la magulla con sus botas al frente. Mal cálculo. Mala formación. Imprecisión. Son los militares hondureños participando del asalto al poder soberano, cómplices del continuismo del modelo de muerte que propone la elite local asociada con los criminales internacionales.
Imagen número tres. Un canal de televisión dialoga con las palillonas y hace apología a sus acrobacias. Y los periódicos hacen concurso de belleza bajo el sol. Los tambores no paran de sonar. Y ya, terminaron los desfiles militaristas. Y esa fue la gran recordación de los 195 años de independencia. De los próceres. De los símbolos.
En la otra Honduras, personas caminan por el boulevard Morazán llevando consignas hacia la Plaza Central. Llevan una agenda desnutrida de inspiración, porque no incluye. Domina una lista temática asaltada por un partido y una convocatoria que se queda corta. Fuera JOH. NO a la reelección. Sí a la segunda vuelta.
Hace 8 años la senda de Morazán representó para la resistencia nacional el reclamo de la refundación constitucional, no la demanda de una reforma electoral.
Hace 7 años la senda del boulevard Morazán era el arcoíris de la diversidad política y social, no el sectarismo de dos corrientes dominantes.
En el estadio del dictador Carías masacraban la memoria de Morazán poniéndole quepís de chafa en vez del pensamiento de Rosseau, y en su propia plaza Morazán también estaba solo. Sin espada. Guerreando contra nadie.
El libertador masacrado en Costa Rica al regresar de su encuentro con los libertadores del sur, no tuvo chance en 2016 de hundir su espada en los fundamentalismos religiosos coludidos con la mafia.
El líder de la forma republicana de gobierno no tuvo espacio en el discurso de este año para acometer a los neoliberales que unieron el poder judicial, el Congreso y el Ejecutivo con las mafias, para saquear a los indígenas dueños del país.
Sólo en La Esperanza Berta Cáceres recordó en una carroza que la asamblea nacional constituyente la propuso ella en 2003 cuando la elite cachureca y liberal firmaron un tratado comercial que entregó a Estados Unidos la soberanía jurídica, económica y política.
Y una pancarta recordó que la asamblea constituyente no es la bandera de libre ni el invento de un ex presidente, sino la reclamación de la gente que sufre el desbalance del poder.
Las calles quedaron vacías. El viento arrastraba los papeles de la fiesta 195. Ahora lo que queda es la emigración, otra vez los cadáveres por HCH, el desempleo de la juventud, la privatización de la salud, el olvido del padre Lupe, la precariedad laboral de las mujeres, la represión a los indígenas. Y pronto, las elecciones primarias para elegir testaferros hacia las elecciones generales.
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
Los Bancos BCIE y FMO, el asesinato de Berta Cáceres y el anegamiento de Kiad.
A los casi seis meses del asesinato de la líder indígena lenca Berta Cáceres, la comunidad cultural de Kiad -lugar sagrado del pueblo Ngäbe-Buglé- se encuentra camino a ser anegada completamente. A la medida que se llene el embalse de la represa Barro Blanco (Panamá), se cumplirán los seis mese del asesinato de Berta Cáceres, la que fue ultimada por militares hondureños, y un ejecutivo de la empresa DESA, relacionada con la construcción de la represa de Agua Zarca, localizada en el río Gualcarque (Honduras).
Tanto el pueblo Lenca como el Ngäbe-Buglé se ven afectados por la construcción de represas inconsultas. Casualmente son financiadas por los Banco Centroamericano de Inversión Económica y el Banco Holandés para el Desarrollo (FMO por sus siglas en inglés), ademas del Banco Alemán DGA, KFW y el finlandés FInnFund.
Las represas viene siendo construidas en el marco del ex Plan Puebla Panamá conocido actualmente como Proyecto Mesoamérica. Las hidroeléctricas son vendidas a la opinión pública como “energía limpia”, desconociendo los efectos del cambio climáticas, el que las rendirá obsoletas ante las alteraciones de los patrones de precipitación fluvial que se están dando en el istmo centroamericano.
Como la OFRANEH señaló con anterioridad, el Derecho a la Consulta, Previa, Libre e Informada ha sido pisoteado por diferentes administraciones gubernamentales tanto de Panamá como de Honduras y del resto del continente.
Juan Carlos Varela, cuadro del Opus Dei y actual presidente de Panamá utilizó Barro Blanco como parte de las promesas de su campaña política, comprometiéndose a suspender el proyecto en caso de un triunfo electoral. Días después de ascender al poder, negoció con la Cacique Silvia Carrera, la nominación de su hijo como embajador de Panamá en Bolivia, y posteriormente se exhibió en Nueva York en un foro de Naciones Unidas con la cuestionada caciqué, con la cual firmó a inicios de la semana pasada un supuesto acuerdo que no cuenta con el apoyo de los habitantes de la Comarca Ngäbe-Buglé.
El asesinato de Berta Cáceres fue perpetrado por miembros de las Fuerzas Armadas, entre ellos un mayor activo, adscrito como instructor de la Policía militar de Orden Público . Hasta la fecha se desconoce los autores intelectuales del asesinato, los que deben estar ubicados posiblemente entre jerarcas militares, banqueros y políticos integrantes de la actual administración de Juan Hernández. Para la sanguinaria élite de poder de Honduras, Berta se había convertido en un grave estorbo, ante su versatilidad en denunciar los atropellos contra el pueblo hondureño, el que padece una dictadura con fachada civil, impuesta desde Washington.
Los entes financieros parece ser que desconocen el Derecho a la Consulta Previa que poseemos los pueblos indígenas consignado en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Peor aún es como el FMO y DGE presionaron a la administración Varela sobre las consecuencias que traería la interrupción del proyecto hidroeléctrico, situación que en otros latitudes sería considerado como intervencionista
El Estado de Panamá fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a finales del 2014 en relación a la construcción de la hidroeléctrica del Bayano la que afecto a los pueblos Emberá Y Kuna y al paso que va, la represa de Barro Blanco se convertirá en otro caso ante la Corte IDH. La Corte IDH en su sentencia indico que “Para las comunidades indígenas la relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras”. La destrucción de la aldea sagrada de Kiad y los petroglifos en el rio tabasará, indica que el estado de Panamá una vez más desacata la jurisprudencia del SIDH.
El asesinato de nuestra hermana Berta, a manos de militares y sicarios demuestra la ausencia de un estado de ley en Honduras, además de la violación sistemática del Derecho a la Consulta, el cual se ve distorsionado aún más con el anteproyecto de ley de Consulta promovido por el PNUD y el Estado, en la que espíritu del 169 es diluido en aras de los intereses de los entes financieros y los planes desarrollo impuestos desde el norte.
La OFRANEH demanda que el Estado de Panamá suspenda inmediatamente el anegamiento de Kiad y la apertura de las compuertas del embalse. Ademas reclamamos la Estado de Honduras que devele el nombre de los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres.
Basta ya de falsos proyectos de desarrollo y de victimizar a los pueblos indígenas como lo vienen haciendo desde hace siglos los paises del norte en complicidad con los cipayos locales.
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH.
Hidrocarburos en Honduras, Shell y derechos humanos
En el año 2007, El Instituto de Geociencia Japex (IGJ) y la Secretaría de Recursos Naturales (SERNA) firmaron un acuerdo de cooperación para las exploraciones y posteriormente efectuaron un simposio en la ciudad de Houston, Texas, con el nombre de “Sí Hay Petróleo en Honduras¨, donde expusieron los resultados de los estudios elaborados por la compañía japonesa. El propósito del simposio era atraer compañías petroleras que invirtieran en la exploración y explotación
Posteriormente, Noruegan Petroleum Geo-Services (PGS), inició en el 2009 estudios sísmicos de 2,500 kms del fondo del mar en la plataforma continental, utilizando el barco Falcon Explorer. En marzo del mismo año el ministro de SERNA, Tomás vaquero informó que cuatro compañías tenían interés de explotar el petróleo en Honduras: CHEVRON, PEMEX, PETROBRAS y PDVSA.
Después del golpe de estado de junio de año 2009 y la posterior elecciones espurias efectuadas en noviembre del mismo año; la licitación que se venía dando fue suspendida ante el cambio de actores políticos. Para algunos analistas, el golpe de estado fue suscitado entre otros motivos por los hidrocarburos y la pretensión de PETROBRAS y PDVSA en explotar los yacimientos en la plataforma marítima.
El 8 de febrero del 2011, la administración de Porfirio Lobo, vía decreto PCM-007-2011, suspendió todas las actividades de exploración de petróleo, argumentando que Honduras requiere de una nueva Ley de Hidrocarburos. Un año después apareció el otrora asesor presidencial Roberto Cáceres y actual Comisionado de los Derechos Humanos, en un programa de televisión anunciando el posible acuerdo con la Empresa Británica BG, para la exploración y futura explotación de hidrocarburos en 35,000 km2 de la zona económica exclusiva frente a la Moskitia.
La Secretaría de Recursos Naturales (SERNA) envió una nota a nuestra organización de fecha 5 de agosto del 2013, con el propósito de iniciar la supuesta socialización a la cual denominaron consulta. Previamente el 27 de mayo del mismo año, SERNA hizo publico el contrato con BG, el que fue aprobado por el Congreso Nacional a matacaballo el 15 de agosto.
La compañía Shell adquirió a BG en febrero de 2016 por us $53 billones y para el pasado 15 de agosto, Shell anunció el inicio de las perforaciones en la plataforma continental, asumiendo el trabajo de exploración iniciado por BG.
La empresa angloholandesa Shell tiene una terrible reputación en materia de derechos humanos tras haber destruido el delta del río Niger, en Nigeria. Shell fue señalada como coopartícipe en el asesinato del poeta y lider Ogoni, Ken Saro Wiia, el que fue ejecutado por la dictadura de Sani Abacha en 1995, con ocho compañeros Ogoni a instancias de la Shell. Además la compañía ha sido señalada por contribuir económicamente a grupos armados que se han dedicado al exterminio de opositores a la explotación petrolera.
El delta del Niger se ha convertido en un desastre ecológico sin igual, donde los derrames de petróleo crudo y la quema del gas natural en los pozos, han convertido un paraíso en un infierno. Hasta la fecha la Shell y otras empresas que explotan los hidrocarburos en Nigeria persisten en utilizar técnicas obsoletas. A pesar de ser ilegal la quema de gas, en el 2007 existían 117 lugares en el delta donde se continuaba con la destructiva técnica.
En el delta habitan mas 31 millón de personas, que no han recibido ningún beneficio de la explotación petrolera, más allá de la destrucción de su hábitat. Desde 1958 Shell ha venido explotando 50 campos de petróleo los que cuentan una red de 5,000 km de oleoductos. Como reacción a las atrocidades, los Ogoni respondieron creando un frente guerrillero denominado MEND, el que después de llegar a un pacto desmovilizó 15,000 combatientes en el año 2011.
La compañía que ahora veremos en Honduras dedicarse a la exploración en alta mar y en un futuro no muy lejano en tierra firme, ha dejado un legado de asesinatos, violaciones a los derechos humanos y destrucción ambiental en África. Teniendo en cuenta el actual régimen que “gobierna” a Honduras es de esperar que clonen en Centroamérica el desastre del Niger.
El poeta Ken Saro Wiwa antes de ser fusilado señaló: “La guerra ecológica que la Compañía ha librado en el delta será cuestionada tarde que temprano y crímenes de guerra que será debidamente sancionados”. Para el pueblo Garifuna, los cuales habitamos una de las trincheras del cambio climático, el arribo de Shell, se convierte en otra amenaza más de muerte para nuestro pueblo y nuestra cultura.
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
Donald Trump y el fascismo del siglo XXI
Por William I. Robinson
Contrario a lo que se piensa, Donald Trump es miembro de la clase capitalista transnacional (CCT), ya que tiene fuertes inversiones alrededor del mundo y una parte muy importante de su populismo y discurso antiglobalización respondió a la demagogia y la manipulación políticas en función de la elección presidencial.
Asimismo, esta clase capitalista transnacional y el mismo Trump dependen de la mano de obra migrante para sus acumulaciones de capital y no pretenden realmente deshacerse de una población en peonaje laboral, debido a su condición de migrante y no de ciudadano/residente legal. Sus pretendidos planes de deportación, reducidos en número ya como presidente electo, y sus propuestas de criminalización de los migrantes en una escala mayor buscan, por un lado, convertir a la población migrante en chivo expiatorio de la crisis y canalizar el temor y la acción de la clase obrera ciudadana (mayoritariamente blanca) contra ese chivo expiatorio y no hacia las élites y el sistema. Por otro lado, los grupos dominantes han explorado cómo reemplazar el sistema actual de súper explotación de la mano de obra migrante (con base en la no documentación) con un sistema de mano de obra migrante visada, esto es, con visas laborales (guest worker programs, en inglés).
A la vez Trump busca intensificar las presiones para bajar los salarios en Estados Unidos, a fin de hacer competitiva la mano de obra estadunidense con la extranjera, o sea, con la mano de obra barata en otros países. La nivelación transnacional de los salarios hacia abajo es una tendencia general de la globalización capitalista que sigue en marcha con Trump, esta vez con un discurso de volver competitiva la economía estadunidense y regresar los trabajos a su país.
No hay que menospreciar la dimensión de extremo racismo de Trump, sino analizar esta dimensión más a fondo. El sistema estadunidense y los grupos dominantes se encuentran en una crisis de hegemonía y legitimidad, y el racismo y la búsqueda de chivos expiatorios son un elemento central para desafiar esta crisis. Al mismo tiempo, sectores significativos de la clase obrera blanca estadunidense vienen experimentando una desestabilización de sus condiciones laborales y de vida cada vez mayor, una movilidad hacia abajo, precarización, inseguridad e incertidumbre muy grandes. Este sector tuvo históricamente ciertos privilegios gracias a vivir en el considerado primer mundo y por privilegios étnico-raciales respecto de negros, latinos, etcétera. Van perdiendo ese privilegio a pasos agigantados frente a la globalización capitalista. Ahora el racismo y el discurso racista desde arriba canalizan a ese sector hacia una conciencia racista y neofascista.
Igual de peligroso es el discurso abiertamente fascista y neofascista de Trump, que ha logrado legitimar y desatar los movimientos ultrafacistas y fascistas en la sociedad civil estadunidense. En esa dirección he venido escribiendo sobre el fascismo del siglo XXI como respuesta a la grave y cada vez mayor crisis del capitalismo global, y esto explica el giro hacia la derecha neofascista en Europa, tanto del Oeste como del Este; el resurgimiento de una derecha neofascista en América Latina; el giro hacia el neofascismo en Turquía, Israel, Filipinas, India y muchos otros lugares. Una diferencia clave entre el fascismo del siglo XX y el del siglo XXI es que ahora se trata de la fusión no del capital nacional con el poder político reaccionario, sino una fusión del capital transnacional con ese poder político reaccionario.
El trumpismo representa una intensificación del neoliberalismo en Estados Unidos, junto con un mayor papel del Estado para subsidiar la acumulación transnacional de capital frente al estancamiento. Por ejemplo, la propuesta de Trump de gastar un billón de dólares (trillón en inglés) en infraestructura, cuando la estudiamos bien, su objetivo en realidad es privatizar esa infraestructura pública y trasladar impuestos de los obreros al capital en forma de recortes de impuestos al capital y subsidios a la construcción de obras públicas privatizadas. Viene una época de cambios en Estados Unidos y en todo el mundo. Temo que estamos al borde del infierno. Seguramente habrá masivos estallidos sociales, pero también una escalada espeluznante de represión estatal y privada.
La crisis en espiral del capitalismo global ha llegado a una encrucijada. O bien hay una reforma radical del sistema (si no su derrocamiento) o habrá un giro brusco hacia el fascismo del siglo XXI. El fracaso del reformismo de élite y la falta de voluntad de la élite transnacional para desafiar la depredación y rapacidad del capitalismo global han abierto el camino para una respuesta de extrema derecha a la crisis. El trumpismo es la variante estadunidense del ascenso de una derecha neofascista frente a la crisis en todo el mundo; el Brexit, el resurgimiento de la derecha europea; el retorno vengativo de la derecha en América Latina, Duterte en Filipinas, etcétera. En Estados Unidos la traición de la élite liberal es tan responsable del trumpismo como las fuerzas de extrema derecha que movilizaron a la población blanca en torno a un programa de chivo expiatorio racista, misógino y basado en la manipulación del miedo y la desestabilización económica. Críticamente, la clase política, que durante las últimas tres décadas ha prevalecido, está más que en bancarrota y ha pavimentado la llegada de la extrema derecha y eclipsado el lenguaje de las clases trabajadoras y populares y del anticapitalismo. Contribuye a descarrilar las revueltas en curso desde abajo, empuja a los trabajadores blancos a una identidad fundamentada en el nacionalismo blanco y coadyuva junto con la derecha neofascista a organizarlos en lo que Fletcher denomina un frente unido blanco y misógino.
(Tomado de La Jornada)
Victoria en Standing Rock: Estados Unidos detiene construcción de oleoducto
Titulares 05 Dic. 2016
En
Dakota del Norte, los defensores del agua que se oponen a la
construcción del oleoducto Dakota Access, un proyecto valuado en 3.800
millones de dólares, lograron una victoria histórica. El domingo, el
Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos negó a Energy
Transfer Partners, la empresa a cargo del oleoducto, un permiso de
perforación debajo del lago Oahe, en el río Missouri, con lo que se
detuvo oficialmente la construcción. El oleoducto llevaría crudo desde
los campos petrolíferos de Bakken, en Dakota del Norte, pasando por
Dakota del Sur y Iowa hasta Illinois, donde se conectaría con otro
oleoducto para transportar petróleo hacia las refinerías del Golfo de
México. Durante meses, se han opuesto al proyecto la tribu Sioux
Standing Rock en Dakota del Norte, miembros de más de 200 naciones
indígenas del continente americano y miles de sus aliados no indígenas. A
todos ellos les preocupa que la construcción del oleoducto podría
destruir los lugares sagrados de los sioux y que cualquier fuga del
oleoducto podría contaminar el río Missouri, que abastece de agua a
millones de personas. Una manifestante de Standing Rock, Maurine
Archambault, celebró la noticia.
Maurine Archambault: “De a poco lo estamos logrando, estamos ganando esta batalla, pero tendremos que enfrentar muchas batallas y venceremos”.
Con miles de veteranos llegando a Standing Rock, el ejército de EE.UU. detiene la construcción del oleoducto
05 de diciembre de 2016
El
Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos denegó el permiso a
la empresa Energy Transfer Partners para realizar perforaciones debajo
del río Missouri. El anuncio de esta decisión se produjo al tiempo que
miles de veteranos del ejército, indígenas y no indígenas, se hacían
presentes en Standing Rock con el compromiso de formar un escudo humano
alrededor de los defensores del agua que vienen sufriendo una represión
creciente por parte de la policía.
Para ampliar esta información, vea nuestra entrevista con Remy, veterano de la armada estadounidense y miembro del pueblo Navajo.
Para ampliar esta información, vea nuestra entrevista con Remy, veterano de la armada estadounidense y miembro del pueblo Navajo.
Standing Rock: festejan decisión del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de reorientar el oleoducto Dakota Access
05 de diciembre de 2016
En
una victoria histórica para la tribu Standing Rock del pueblo Sioux y
para la defensa del ambiente, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de
Estados Unidos denegó a la empresa Energy Transfer Partners, a cargo del
oleoducto Dakota Access, el permiso para realizar perforaciones debajo
del Lago Oahe del río Missouri. Esta decisión detiene oficialmente la
contrucción del oleoducto, que hace meses enfrenta la resistencia de la
tribu Standing Rock del pueblo Sioux en Dakota del Norte y de otros 200
pueblos indígenas del continente americano, acompañados por miles de
personas no indígenas opositoras al oleoducto. El rechazo a dicho
proyecto se basa en la destrucción de sitios sagrados del pueblo Sioux y
el riesgo de contaminación del río Missouri que conlleva. El río
Missouri sirve como fuente de agua para millones de familias.
Para conocer más sobre el tema, vea nuestra comunicación con el líder de la tribu Sioux de Standing Rock, Dave Archambault II.
Para conocer más sobre el tema, vea nuestra comunicación con el líder de la tribu Sioux de Standing Rock, Dave Archambault II.
Tara Houska: la denegación del permiso a DAPL es un “acontecimiento crucial” pero debemos seguir alerta
05 de diciembre de 2016
El
domingo fue un día de festejos en Standing Rock, luego de que el Cuerpo
de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos anunciara que había
decidido denegar a la empresa el permiso para construir el ultimo tramo
del oleoducto Dakota Access, valuado en 3.800 millones de dólares y que
estudiaría la posiblidad de reorientar el oleoducto. Pero ¿qué
trayectorias alternativas se evaluarían? ¿Cómo funcionará el proceso
para realizar el informe de impacto ambiental? ¿Cabe la posibilidad de
que se revierta esta decisión al asumir el nuevo presidente electo
Donald Trump? ¿Y cómo sigue ahora el movimiento de resistencia?
Para conocer la respuesta a algunas de estas preguntas, vea nuestra conversación con Tara Houska, originaria de la tribu Ojibwe de la Primera Nación Couchiching y directora de campañas nacionales de la organización Honor the Earth.
Para conocer la respuesta a algunas de estas preguntas, vea nuestra conversación con Tara Houska, originaria de la tribu Ojibwe de la Primera Nación Couchiching y directora de campañas nacionales de la organización Honor the Earth.
“Desastre financiero” de Dakota Access: ¿qué pasará con los contratos de la empresa Energy Transfer Partners?
05 de diciembre de 2016
Durante
el mes de noviembre se realizaron manifestaciones en diferentes lugares
del mundo para exigir a los bancos que desinviertan del oleoducto
Dakota Access, valuado en 3.800 millones de dólares. Ante esta presión,
el banco más grande de Noruega, DNB, ya ha
decidido vender los activos que tenía en empresas vinculadas al proyecto
y está evaluando la posibilidad de finalizar tres préstamos diferentes
que se habían otorgado desde el banco para financiar dicho
emprendimiento. En este contexto, un nuevo informe da a conocer lo que
titula: "Rickety Finances Behind the Dakota Access Pipeline" (Las
tambaleantes finanzas del oleoducto Dakota Access). El informe ha sido
publicado conjuntamente por el Instituto de Economía Energética y
Análisis Financiero y el Instituto Sightline, y señala la potencial
debilidad económica del proyecto: la empresa Energy Transfer Partners ha
prometido a las empresas petroleras que completaría la construcción del
oleoducto para el 1 de enero. De no cumplir con ese plazo, cabría la
posibilidad de que la empresa dedicada a la construcción de tuberías
termine perdiendo sus contratos con las empresas petroleras.
Para ampliar esta información, vea nuestra entrevista con Clark Williams-Derry, uno de los autores del informe y director del área de energía y finanzas del Instituto Sightline. También hablamos con Michael Vendiola, miembro de la comunidad indígena Swinomish y organizador de las protestas que se llevaron a cabo en Wells Fargo en solidaridad con Standing Rock y con las Primeras Naciones canadienses, que también se encuentran en resistencia frente a un proyecto petrolero de envergadura, la expansión del oleoducto Trans Mountain de la empresa Kinder Morgan.
Para ampliar esta información, vea nuestra entrevista con Clark Williams-Derry, uno de los autores del informe y director del área de energía y finanzas del Instituto Sightline. También hablamos con Michael Vendiola, miembro de la comunidad indígena Swinomish y organizador de las protestas que se llevaron a cabo en Wells Fargo en solidaridad con Standing Rock y con las Primeras Naciones canadienses, que también se encuentran en resistencia frente a un proyecto petrolero de envergadura, la expansión del oleoducto Trans Mountain de la empresa Kinder Morgan.
Jeremy Scahill: la empresa TigerSwan Security, vinculada a Blackwater, maneja la inteligencia de Dakota Access
Reportaje21 de noviembre de 2016
Continuamos
nuestra conversación con Jeremy Scahill, uno de los fundadores del
portal periodístico The Intercept, que hace años investiga y escribe
acerca de las actividades de empresas de seguridad privada, tales como
TigerSwan. Esta empresa tiene vínculos con la ahora extinta empresa
mercenaria Blackwater y está a cargo de las tareas de inteligencia de la
empresa constructora del oleoducto Dakota Access. Scahill da cuenta del
historial de esta empresa, luego de que más de 100 personas de
comunidades indígenas y otras organizaciones aliadas resultaran
lesionadas en Dakota del Norte por la represión policial a la lucha
contra la construcción del oleoducto Dakota Access, valuado en 3.800
millones de dólares. La policía atacó a los manifestantes con balas de
goma, gas lacrimógeno, gas pimienta y camiones hidrantes a bajísimas
temperaturas. Este nuevo ataque policial se produjo cuando las
comunidades defensoras del agua intentaron acceder a un puente público
que había sido bloqueado por las autoridades utilizando equipos
militares encadenados a bloques de concreto.
TRANSCRIPCIÓN
Esta transcripción es un borrador que puede estar sujeto a cambios.
JUAN GONZÁLEZ:
En Dakota del Norte, más de 100 personas de comunidades indígenas y
otras organizaciones en lucha contra el oleoducto Dakota Access, valuado
en 3.800 millones de dólares, resultaron heridas en un nuevo episodio
de represión policial. El domingo por la noche, la policía atacó a los
manifestantes con balas de goma, gas lacrimógeno, gas pimienta y
camiones hidrantes en una bajísima temperatura ambiente. El ataque
policial se produjo cuando las comunidades defensoras del agua
intentaron acceder a un puente público que había sido bloqueado por las
autoridades utilizando equipos militares encadenados a bloques de
concreto. Los observadores del Colegio Nacional de Abogados (NLG,
por su sigla en inglés) declararon que varias personas quedaron
momentáneamente inconcientes después de haber recibido disparos. Según
los testigos, hubo una persona anciana que sufrió un paro cardíaco y
tuvo que ser revivida por los médicos allí mismo. Hubo mucha gente que
tuvo que recibir atención médica por la hipotermia causada por el golpe
de los camiones hidrantes con una temperatura inferior a los cero
grados. Los defensores del agua dicen que la policía también disparó con
balas de goma a los periodistas y derribó drones que se estaban
utilizando para documentar la represión. Las tribus Standing Rock y
Cheyenne River, del pueblo Sioux, enviaron sus propios asistentes en
primeros auxilios. Escuchamos a Angela Bibens, abogada del colectivo
jurídico Red Owl, en una entrevista telefónica grabada por Dallas
Goldtooth Sunday.
La represión y vigilancia hacia los defensores del agua también es realizada por empresas de seguridad privada contratadas por la empresa que lleva a cabo la construcción del oleoducto Dakota Access. El 3 de septiembre pasado, guardias de seguridad privada no autorizados soltaron perros de ataque contra las comunidades indígenas que trataban de impedir la destrucción de un cementerio sagrado de la tribu. La empresa de seguridad TigerSwan está a cargo de las tareas de inteligencia de la empresa constructora del oleoducto Dakota Access. TigerSwan tiene vínculos con la ahora extinta empresa mercenaria Blackwater.
Para ampliar esta información más, nos acompaña el periodista Jeremy Scahill del portal The Intercept, que investiga y escribe hace años acerca de las actividades de empresas de seguridad privada, tales como TigerSwan.
Bienvenido de nuevo, Jeremy. ¿Qué nos puedes decir acerca de lo que está pasando en Dakota del Norte?
JEREMY SCAHILL: Bueno, en primer lugar, recordemos que estamos en la semana de una de las fechas conmemorativas más importantes de Estados Unidos, el día de Acción de Gracias. En esta época del año siempre pienso en la masacre de los pueblos indígenas llevada a cabo en este país y en personas como Leonard Peltier, un preso político que... desgraciadamente, parece que otro presidente más va a completar su mandato sin darle el indulto. Pero esto que estamos viendo con los manifestantes, los defensores de este territorio indígena que se están enfrentando a las empresas que destruyen el ambiente, realmente pone en evidencia la completa hipocresía del discurso sobre lo que es Estados Unidos de América. Pero también, si miramos la forma en que se está tratando a estas comunidades indígenas y a sus compañeros, en comparación con lo que pasó con los hacendados Bundy, que no ocuparon su territorio originario sino que fueron y tomaron con armas tierras fiscales, y finalmente resultaron absueltos, incluso en los cargos de los que eran claramente culpables, todos los cargos por posesión de armas. Bueno, esto te hace pensar que, si esta es la situación con el presidente Obama, que de hecho ha visitado reservas indígenas y territorios originarios, ¿qué va a suceder bajo el mandato de Trump?
Y esta empresa, TigerSwan, fue fundada por un agente del grupo de operaciones especiales Delta Force llamado James Reese y ha realizado una gran cantidad de operaciones, encubiertas y públicas, para el ejército estadounidense, en Irak, Afganistán y otros lugares del mundo. Y bueno, aquí vemos cómo converge todo lo malo del mundo post 11-S, con estas grandes empresas de destrucción ambiental, la privación cada vez mayor de los derechos indígenas, las fuerzas de seguridad privadas, la violencia contra quienes protestan, la paramilitarización de los cuerpos de seguridad. Y ahora, nuestro presidente entrante Donald Trump, —todavía me suena extraño decirlo— ¿además tiene vínculos comerciales con este oleoducto? ¿Acaso va a desinvertir? ¿Qué va a...? O sea, estamos pasando de lidiar con Obama que, bueno, podemos decir que ha manejado muy mal estas cuestiones, a lidiar con Trump que activamente buscará lo peor en términos ambientales.
JUAN GONZÁLEZ: Bueno, Warren Kelcy, el director de la empresa que está a cargo del oleoducto Dakota Access, Energy Transfer Partners, dijo recientemente en una entrevista que está 100% seguro de que Trump apoyará la finalización del oleoducto Dakota Access. Kelcy Warren ha donado más de 100.000 dólares a la campaña de Trump. Además, el propio Trump, según sus propias declaraciones ha invertido entre 500.000 y un millón de dólares en la empresa Energy Transfer Partners.
JEREMY SCAHILL: Ah no, esto también me recuerda, bueno, tú y yo hablamos de esto en aquel momento, cuando, bueno, cuando Cheney estaba por asumir; en ese entonces hablamos de Enron y de la gente que pondrían en su comisión de energía. Y bueno, la decisión que tome Trump sobre quién va a ocupar la secretaría de energía y la secretaría del interior... sé que se está hablando potencialmente de Sarah Palin como secretaria del Interior. Pero bueno, realmente, no sé, o sea, ¿por qué no ponen directamente a Ronald McDonald? Quiero decir, es realmente repugnante ver algunas de las personas designadas. O sea, ¿poner a Mike Huckabee a cargo de la secretaría de salud y servicios sociales, un tipo que dijo que el aborto es algo peor que el Holocausto? Bueno, realmente parece como si el país estuviera al borde de una catástrofe, una tormenta que se avecina y no es tan lenta como parece.
JUAN GONZÁLEZ: Incluso anda circulando la idea de que Joe Arpaio, que acaba de perder la reelección como sheriff del condado de Maricopa, podría convertirse en director de seguridad nacional.
JEREMY SCAHILL: Así es.
JUAN GONZÁLEZ: Aunque con 82 años de edad, dudo que quiera irse a Washington.
JEREMY SCAHILL: Sí. Bueno, sería una audiencia muy entretenida para la ratificación de los cargos en el Senado. O sea, potencialmente es más probable, y va en esa misma línea, que sea el Sheriff David Clarke, del condado de Milwaukee, que ha dicho, bueno... ha llamado al movimiento Black Lives Matter (Las vidas negras importan) —aunque él mismo es afroestadounidense— ha llamado a la gente del movimiento Black Lives Matters subhumana, ha dicho que la brutalidad policial no existe, impulsó los cantos de "Blue lives matter" (las vidas de los azules importan) en la Convención Nacional Republicana y es un participante habitual en el programa de Bill O’Reilly y en otros programas de... como el de Hannity en Fox News.
Juan, algo que se me olvido mencionar cuando hablamos del gabinete que está armando Trump, es que en el ámbito de seguridad nacional es importante recordar que el asesor de seguridad nacional es un cargo que no requiere ser ratificado por el Senado. Y es un cargo de muchísimo poder, bueno, con ejemplos que se remontan a 1947. Básicamente es como un aparato de seguridad nacional paralelo que se maneja con impunidad y opera en forma secreta, sujeto a los caprichos de cada gobierno. Pero además, se requerirían permisos especiales para Flynn y Mattis —si es que se nombra a Mattis como secretario de Defensa— porque no se puede pasar de un cargo militar a uno civil sin que medie un período de siete años, a menos que exista un permiso especial del Congreso. ¿Por qué es eso? Es porque tiene que haber cadena de mando en el Estado en la que funcionarios civiles estén sobre los militares; de lo contrario se empieza a virar hacia una posible dictadura militar o un estado militar. Y parecería que realmente Trump en parte quiere algo así. Podría ser una simple coincidencia que estos tipos hayan dejado el ejército hace poco. Pero es necesario —porque se trata de Trump— tomar en serio la posibilidad de que él realmente quiera generar algo parecido a una dictadura del poder ejecutivo, con políticas decididas de hecho por el ejército sin necesariamente acatar la cadena de mando civil con excepción de él y Pence.
JUAN GONZÁLEZ: Jeremy, nos queda sólo un minuto, pero quería preguntarte, en cuanto a... tú llegaste hasta la oficina del Sheriff del condado de Morton para tratar de obtener información sobre las empresas de seguridad privada. ¿Que pasó?
JEREMY SCAHILL: Bueno, los sheriffs del condado de Morton dieron a conocer ciertos documentos, documentos internos, relacionados con su investigación sobre los entrenadores de perros de ataque. Y sin darse cuenta revelaron que esta empresa, TigerSwan, manejada por estos tipos del grupo Delta Force, está a cargo de las operaciones de inteligencia llevadas a cabo contra los manifestantes. Un buen consejo para quienes están resistiendo allí: no se crean que sus teléfonos móviles o sus computadoras están limpias y sin infiltrar. Les aseguro que están utilizando la gama completa de dispositivos de vigilancia. Sé que mucha gente se ha quejado de que sus teléfonos celulares dejaron de funcionar, que les dejó de funcionar Internet. Eso puede haber sido provocado por el arsenal de espionaje interfiriendo sus dispositivos. Podría ser porque hay mucha gente usando las líneas. Pero yo me inclino más a pensar que están utilizando los dispositivos de la gente, tanto las fuerzas de seguridad públicas como las empresas de seguridad privada, como dispositivos de rastreo georreferenciados. Y la gente debe ser conciente de que todo el conjunto de herramientas desarrollado por la CIA/NSA, que ahora está en manos de las fuerzas de seguridad locales de todo el país, ciertamente se está utilizando sobre estos activistas y sus colaboradores.
JUAN GONZÁLEZ: Bueno, gracias por acompañarnos.
JEREMY SCAHILL: Gracias a ti, Juan.
JUAN GONZÁLEZ: Jeremy Scahill, uno de los fundadores del portal periodístico The Intercept, cuyo último artículo se titula: "Mike Pence Will Be the Most Powerful Christian Supremacist in U.S. History" (Mike Pence será el fundamentalista cristiano más poderoso en la historia de EE.UU.) Eso es todo por hoy. Celebraremos el 20vo cumpleaños de Democracy Now! con Harry Belafonte, Noam Chomsky, Patti Smith y mucho más, este 5 de diciembre en la ciudad de Nueva York. Más detalles en democracynow.org
Traducido por Carolina Flórez y Linda Artola. Editado por Verónica Gelman y Democracy Now! en Español
ANGELA BIBENS: En este momento hay personas rociadas con gas pimienta; se utilizaron 20 botes de gas pimienta en menos de cinco minutos para un área pequeña, al punto de que hay gente que perdió el control de esfínteres. El equipo de observadores legales vio al menos una convulsión en la primera línea de manifestantes. Hay personas que han vomitado a consecuencia de la exposición al gas pimienta. Se mezcló el agua de los camiones hidrantes con gas pimienta, y hasta los observadores legales quedaron expuestos a eso, mientras intentaban registrar sus observaciones. Se dispararon botes de gas en la zona médica ubicada en la primera línea. Hay al menos una mujer con la rótula rota y una persona anciana que sufrió un paro cardíaco y fue reanimada por los médicos al frente de la manifestación.JUAN GONZÁLEZ: El ataque policial del domingo se produjo en un marco de represión crecientemente militarizada contra los defensores del agua y el movimiento que busca detener el oleoducto Dakota Access, temiendo que su construcción destruya cementerios sagrados de la tribu y de que un derrame del oleoducto contamine el río Missouri. El estado de Dakota del Norte ha aprobado una partida de 10 millones de dólares para la policía que vigila esta resistencia. El gobernador de Dakota del Norte, Jack Dalrymple, ha activado la Guardia Nacional en el estado. En el tiempo que llevan las protestas ya han sido detenidas más de 400 personas, muchas de las cuales declaran que fueron sometidas a registros corporales sin ropa durante su estadía en la cárcel del condado de Morton, en Dakota del Norte.
La represión y vigilancia hacia los defensores del agua también es realizada por empresas de seguridad privada contratadas por la empresa que lleva a cabo la construcción del oleoducto Dakota Access. El 3 de septiembre pasado, guardias de seguridad privada no autorizados soltaron perros de ataque contra las comunidades indígenas que trataban de impedir la destrucción de un cementerio sagrado de la tribu. La empresa de seguridad TigerSwan está a cargo de las tareas de inteligencia de la empresa constructora del oleoducto Dakota Access. TigerSwan tiene vínculos con la ahora extinta empresa mercenaria Blackwater.
Para ampliar esta información más, nos acompaña el periodista Jeremy Scahill del portal The Intercept, que investiga y escribe hace años acerca de las actividades de empresas de seguridad privada, tales como TigerSwan.
Bienvenido de nuevo, Jeremy. ¿Qué nos puedes decir acerca de lo que está pasando en Dakota del Norte?
JEREMY SCAHILL: Bueno, en primer lugar, recordemos que estamos en la semana de una de las fechas conmemorativas más importantes de Estados Unidos, el día de Acción de Gracias. En esta época del año siempre pienso en la masacre de los pueblos indígenas llevada a cabo en este país y en personas como Leonard Peltier, un preso político que... desgraciadamente, parece que otro presidente más va a completar su mandato sin darle el indulto. Pero esto que estamos viendo con los manifestantes, los defensores de este territorio indígena que se están enfrentando a las empresas que destruyen el ambiente, realmente pone en evidencia la completa hipocresía del discurso sobre lo que es Estados Unidos de América. Pero también, si miramos la forma en que se está tratando a estas comunidades indígenas y a sus compañeros, en comparación con lo que pasó con los hacendados Bundy, que no ocuparon su territorio originario sino que fueron y tomaron con armas tierras fiscales, y finalmente resultaron absueltos, incluso en los cargos de los que eran claramente culpables, todos los cargos por posesión de armas. Bueno, esto te hace pensar que, si esta es la situación con el presidente Obama, que de hecho ha visitado reservas indígenas y territorios originarios, ¿qué va a suceder bajo el mandato de Trump?
Y esta empresa, TigerSwan, fue fundada por un agente del grupo de operaciones especiales Delta Force llamado James Reese y ha realizado una gran cantidad de operaciones, encubiertas y públicas, para el ejército estadounidense, en Irak, Afganistán y otros lugares del mundo. Y bueno, aquí vemos cómo converge todo lo malo del mundo post 11-S, con estas grandes empresas de destrucción ambiental, la privación cada vez mayor de los derechos indígenas, las fuerzas de seguridad privadas, la violencia contra quienes protestan, la paramilitarización de los cuerpos de seguridad. Y ahora, nuestro presidente entrante Donald Trump, —todavía me suena extraño decirlo— ¿además tiene vínculos comerciales con este oleoducto? ¿Acaso va a desinvertir? ¿Qué va a...? O sea, estamos pasando de lidiar con Obama que, bueno, podemos decir que ha manejado muy mal estas cuestiones, a lidiar con Trump que activamente buscará lo peor en términos ambientales.
JUAN GONZÁLEZ: Bueno, Warren Kelcy, el director de la empresa que está a cargo del oleoducto Dakota Access, Energy Transfer Partners, dijo recientemente en una entrevista que está 100% seguro de que Trump apoyará la finalización del oleoducto Dakota Access. Kelcy Warren ha donado más de 100.000 dólares a la campaña de Trump. Además, el propio Trump, según sus propias declaraciones ha invertido entre 500.000 y un millón de dólares en la empresa Energy Transfer Partners.
JEREMY SCAHILL: Ah no, esto también me recuerda, bueno, tú y yo hablamos de esto en aquel momento, cuando, bueno, cuando Cheney estaba por asumir; en ese entonces hablamos de Enron y de la gente que pondrían en su comisión de energía. Y bueno, la decisión que tome Trump sobre quién va a ocupar la secretaría de energía y la secretaría del interior... sé que se está hablando potencialmente de Sarah Palin como secretaria del Interior. Pero bueno, realmente, no sé, o sea, ¿por qué no ponen directamente a Ronald McDonald? Quiero decir, es realmente repugnante ver algunas de las personas designadas. O sea, ¿poner a Mike Huckabee a cargo de la secretaría de salud y servicios sociales, un tipo que dijo que el aborto es algo peor que el Holocausto? Bueno, realmente parece como si el país estuviera al borde de una catástrofe, una tormenta que se avecina y no es tan lenta como parece.
JUAN GONZÁLEZ: Incluso anda circulando la idea de que Joe Arpaio, que acaba de perder la reelección como sheriff del condado de Maricopa, podría convertirse en director de seguridad nacional.
JEREMY SCAHILL: Así es.
JUAN GONZÁLEZ: Aunque con 82 años de edad, dudo que quiera irse a Washington.
JEREMY SCAHILL: Sí. Bueno, sería una audiencia muy entretenida para la ratificación de los cargos en el Senado. O sea, potencialmente es más probable, y va en esa misma línea, que sea el Sheriff David Clarke, del condado de Milwaukee, que ha dicho, bueno... ha llamado al movimiento Black Lives Matter (Las vidas negras importan) —aunque él mismo es afroestadounidense— ha llamado a la gente del movimiento Black Lives Matters subhumana, ha dicho que la brutalidad policial no existe, impulsó los cantos de "Blue lives matter" (las vidas de los azules importan) en la Convención Nacional Republicana y es un participante habitual en el programa de Bill O’Reilly y en otros programas de... como el de Hannity en Fox News.
Juan, algo que se me olvido mencionar cuando hablamos del gabinete que está armando Trump, es que en el ámbito de seguridad nacional es importante recordar que el asesor de seguridad nacional es un cargo que no requiere ser ratificado por el Senado. Y es un cargo de muchísimo poder, bueno, con ejemplos que se remontan a 1947. Básicamente es como un aparato de seguridad nacional paralelo que se maneja con impunidad y opera en forma secreta, sujeto a los caprichos de cada gobierno. Pero además, se requerirían permisos especiales para Flynn y Mattis —si es que se nombra a Mattis como secretario de Defensa— porque no se puede pasar de un cargo militar a uno civil sin que medie un período de siete años, a menos que exista un permiso especial del Congreso. ¿Por qué es eso? Es porque tiene que haber cadena de mando en el Estado en la que funcionarios civiles estén sobre los militares; de lo contrario se empieza a virar hacia una posible dictadura militar o un estado militar. Y parecería que realmente Trump en parte quiere algo así. Podría ser una simple coincidencia que estos tipos hayan dejado el ejército hace poco. Pero es necesario —porque se trata de Trump— tomar en serio la posibilidad de que él realmente quiera generar algo parecido a una dictadura del poder ejecutivo, con políticas decididas de hecho por el ejército sin necesariamente acatar la cadena de mando civil con excepción de él y Pence.
JUAN GONZÁLEZ: Jeremy, nos queda sólo un minuto, pero quería preguntarte, en cuanto a... tú llegaste hasta la oficina del Sheriff del condado de Morton para tratar de obtener información sobre las empresas de seguridad privada. ¿Que pasó?
JEREMY SCAHILL: Bueno, los sheriffs del condado de Morton dieron a conocer ciertos documentos, documentos internos, relacionados con su investigación sobre los entrenadores de perros de ataque. Y sin darse cuenta revelaron que esta empresa, TigerSwan, manejada por estos tipos del grupo Delta Force, está a cargo de las operaciones de inteligencia llevadas a cabo contra los manifestantes. Un buen consejo para quienes están resistiendo allí: no se crean que sus teléfonos móviles o sus computadoras están limpias y sin infiltrar. Les aseguro que están utilizando la gama completa de dispositivos de vigilancia. Sé que mucha gente se ha quejado de que sus teléfonos celulares dejaron de funcionar, que les dejó de funcionar Internet. Eso puede haber sido provocado por el arsenal de espionaje interfiriendo sus dispositivos. Podría ser porque hay mucha gente usando las líneas. Pero yo me inclino más a pensar que están utilizando los dispositivos de la gente, tanto las fuerzas de seguridad públicas como las empresas de seguridad privada, como dispositivos de rastreo georreferenciados. Y la gente debe ser conciente de que todo el conjunto de herramientas desarrollado por la CIA/NSA, que ahora está en manos de las fuerzas de seguridad locales de todo el país, ciertamente se está utilizando sobre estos activistas y sus colaboradores.
JUAN GONZÁLEZ: Bueno, gracias por acompañarnos.
JEREMY SCAHILL: Gracias a ti, Juan.
JUAN GONZÁLEZ: Jeremy Scahill, uno de los fundadores del portal periodístico The Intercept, cuyo último artículo se titula: "Mike Pence Will Be the Most Powerful Christian Supremacist in U.S. History" (Mike Pence será el fundamentalista cristiano más poderoso en la historia de EE.UU.) Eso es todo por hoy. Celebraremos el 20vo cumpleaños de Democracy Now! con Harry Belafonte, Noam Chomsky, Patti Smith y mucho más, este 5 de diciembre en la ciudad de Nueva York. Más detalles en democracynow.org
Traducido por Carolina Flórez y Linda Artola. Editado por Verónica Gelman y Democracy Now! en Español
Bernie Sanders habla del oleoducto Dakota Access y las violaciones del gobierno de Estados Unidos a los tratados indígenas
Reportaje - 29 de noviembre de 2016
Si
bien la secretaria de Estado Hillary Clinton no dijo nada de la actual
lucha contra el oleoducto Dakota Access en Standing Rock, Dakota del
Norte, valuado en $3,8 mil millones de dólares, el senador Bernie
Sanders ha sido un defensor abierto de los protectores del agua.
Comienza el invierno y los protectores del agua siguen la lucha para
frenar la construcción del oleoducto. Amy Goodman de Democracy Now! le
preguntó a Sanders por la lucha contra el oleoducto Dakota Access, en
una entrevista realizada en la Biblioteca Pública de Filadelfia el lunes
a la noche.
TRANSCRIPCIÓN
Esta transcripción es un borrador que puede estar sujeto a cambios.
AMY GOODMAN: Bernie Sanders, hace poco en un discurso en Washington hablaste sobre el oleoducto Dakota Access.
SEN. BERNIE SANDERS: Sí.
AMY GOODMAN: ¿Qué es lo que puedes hacer tú ahora? Parecería... quiero preguntarte por la transición gubernamental pacífica de la que el presidente Obama ha estado hablando. Pensaba que se refería a que la gente no se levantara en armas en este período. Pero parece ser que incluso las propuestas que se iban a impulsar ahora... nosotros acabamos de regresar de la cumbre de la ONU sobre cambio climático en Marruecos, y Estados Unidos dio marcha atrás en propuestas que iba a presentar en la cumbre; o sea que con el fin de facilitar la transición, van a... el gobierno de Obama se acercará a la línea política del gobierno de Trump. Ahora, en cuanto al oleoducto Dakota Access, el presidente Obama visitó Standing Rock en 2014, junto a Michelle Obama, creo que es la única reserva indígena que visitó. Compartieron un "pow wow", una reunión ritual de la comunidad. Conocieron a los niños. Fue bastante fuerte. De modo que él conoció a la tribu Standing Rock de Dakota del Norte. Y cuando salió el video que filmamos en el fin de semana del Día del Trabajador, donde se ven los perros de ataque que soltaron los guardias de seguridad del oleoducto, con sangre chorreando de sus narices y hocicos luego de morder a los indígenas defensores del agua; después de eso y de que un juez fallara a favor de la empresa, el presidente Obama regresó de Asia y 15 minutos después, se publicó una carta sin precedentes firmada por tres instituciones gubernamentales, el ejército, el Ministerio del interior y el Ministerio de justicia, que decía: "No vamos a dar... no vamos a emitir la autorización final". Pero lo último que supimos esta semana, es que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército dice que las comunidades tienen que desalojar la propiedad. ¿Qué puedes hacer tú como senador, incluso en este momento de transición gubernamental pacífica?
SEN. BERNIE SANDERS: Supongo que la mayoría de la gente que hay hoy aquí está al tanto de la situación del oleoducto Dakota Access. El problema es triple, les voy a contar lo que estamos tratando de hacer. Creo que tu descripción de la situación es correcta. Número uno: aquí están en cuestión los derechos de soberanía de los pueblos indígenas estadounidenses, con una invasión a su territorio legítimo que viola los derechos garantizados en los tratados, un problema endémico de este país. Número dos: estamos hablando de una zona donde, si se rompen las tuberías, el suministro de agua limpia de millones de personas podría verse afectado gravemente, en una época en la que todos estamos preocupados por la cantidad de agua limpia de la que disponemos. En tercer lugar, y quizás lo más importante, es que esto pone en cuestión si deberíamos o no sostener la construcción de un oleoducto que va a transportar un petróleo muy sucio, cuando en realidad necesitamos ocuparnos de transformar nuestro sistema energético y cambiar los combustibles fósiles por fuentes de energía eficientes y sostenibles. Así que estos son los tres problemas que se ponen en juego aquí.
Diría que lo que hemos hecho es, número uno, exigirle al presidente que haga lo que hizo con Keystone. Mucha gente puso mucha presión sobre el presidente, y él, finalmente, hizo lo que tenía que hacer. Y eso fue detener el oleoducto Keystone, un proyecto que, dicho sea de paso, puede que se reabra con el gobierno Trump. Pero eso es lo que [Obama] debería de hacer. Y desde luego, es importante hacer saber a las autoridades de Dakota del Norte que la presencia militar que existe allí ahora es simplemente inaceptable. Así que le hemos escrito al presidente y lo vamos a seguir presionando para que haga todo lo que está a su alcance para proteger a las comunidades indígenas y a toda la gente que está resistiendo en la zona.
Traducido por Linda Artola. Editado por Verónica Gelman, Clara Ibarra y Democracy Now! en Español.
"¿Qué hacemos ahora?": El pueblo Navajo interpone una demanda millonaria contra EE.UU.
Publicado: 6 dic 2016 12:34 GMT - RT
Los vertidos tóxicos de la mina Gold King
ocurridos el año pasado han provocado graves daños, por los que la tribu
local exige una gran compensación económica.
Jerry Mcbride / Zumapress / Global Look Press
La demanda, anunciada en un comunicado de prensa del pasado lunes 5 de Diciembre, afirma que los vertidos de la mina Gold King perjudicaron gravemente a las comunidades a lo largo del río San Juan, en el territorio de la nación Navajo. Plomo, arsénico y mercurio eran algunos de los agentes contaminantes que provocaron los daños. El texto acusatorio señala que esta catástrofe ha convertido el río, "un protector y una fuente de vida natural" en una "amenaza" para los miembros de la comunidad Navajo, sus cosechas, y los animales que habitan la zona.
160 millones de dólares
"En particular, ha perjudicado nuestra capacidad de mantener las prácticas culturales, ceremoniales y espirituales que sustentan el modo de vida navajo. dijo el representante de la nación Navajo, Ethel Branch, en el comunicado de prensa. La demanda está dirigida a la Agencia de Protección Ambiental (EPA), que se ha responsabilizado de los vertidos. Se exigen más de 160 millones de dólares en concepto de indemnización.
El documento enfatiza que el derrame "continúa perjudicando a la Nación Navajo y lo hará durante los años venideros", señalando la continua necesidad de cuidados médicos, asistencia para salud mental, monitoreo ecológico y otros programas dirigidos a identificar y abordar el "impacto a largo plazo sobre el medio ambiente y sobre las personas que integran el pueblo Navajo".
