Honduras: Los defensores y defensoras de derechos humanos entre la espada y la pared
Asesinatos, amenazas y criminalización es la realidad cotidiana para las personas defensoras de derechos humanos en Honduras. Las autoridades hondureñas deben mostrar una real voluntad política para hacer frente a esta crisis, según denunciaron hoy el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (OMCT-FIDH), CEHPRODEC, CIPRODEH, COFADEH y la Plataforma Internacional contra la Impunidad. El lanzamiento se realiza en el marco de la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de los defensores de derechos humanos en Honduras, en la Ciudad de Panamá.
La difícil situación de los defensores y las defensoras de los derechos humanos en Honduras ha recibido una gran atención internacional durante el año 2016, como consecuencia del asesinato de la emblemática defensora indígena lenca Berta Cáceres. Este crimen es sólo la punta del iceberg en un contexto de altísimos niveles de violencia contra las personas defensoras en el país centroamericano, que se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para la defensa de los derechos humanos.
Desde 2001, 17 personas defensoras han sido asesinadas siendo beneficiarias de medidas cautelares de la CIDH, en promedio una por año. Desde mayo del 2015 hasta la actualidad, el observatorio ha podido documentar 16 asesinatos de defensores, prácticamente uno por mes, lo que demuestra el agravamiento de la situación.
Las agresiones en contra de los defensores y defensoras están en la impunidad, en gran parte por la ineficacia de la administración de justicia, entre otros factores estructurales. En contraste, destacan los numerosos casos de criminalización de personas defensoras y el nivel de diligencia que el sistema judicial emplea para que los procesos en su contra avancen. Según datos de la CIDH, desde 2010 se habrían producido en el país 3064 casos de criminalización para amedrentar a defensores y defensoras de derechos humanos.
El informe concluye que urge contar con un marco nacional más claro y protector que reconozca plenamente los derechos humanos de la población campesina, los pueblos indígenas y el colectivo LGTBI. Esto mejoraría el entorno de trabajo de los defensores y defensoras que trabajan por estos derechos y aumentaría su legitimidad y su visibilidad, especialmente en los contextos en los que prevalecen los conflictos en torno a la tierra y los estereotipos hetero-patriarcales respectivamente.
Particularmente, en un contexto en el que se dan 837 proyectos mineros potenciales que implicarían el 35 % del territorio nacional, un marco legislativo claro y respetuoso de los estándares internacionales en materia de derechos humanos relacionados con la tierra contribuiría a canalizar los posibles conflictos a través de canales institucionales de diálogo en lugar de generar violencia y conflictividad social. Es por ello que nuestras organizaciones abogan por la apertura de un proceso participativo de debate sobre el modelo de desarrollo con la participación efectiva de la sociedad civil y, particularmente, de los pueblos indígenas y garífunas.
El informe concluye asimismo que factores estructurales como la militarización del Estado, la falta de independencia de la judicatura, la sistemática estigmatización de los defensores y defensoras y las carencias en la institucionalidad del Estado en materia de derechos humanos son una muestra de la ausencia de voluntad real del Estado para proteger a los defensores de derechos humanos.
Un ejemplo reciente y preocupante son las últimas declaraciones del Presidente Juan Orlando Hernández, en las que criminaliza de forma irresponsable a organizaciones de derechos humanos vinculándolas con grupos pandilleros, lo que contribuye a elevar aún más el riesgo de agresiones en contra de las personas defensoras.
Para ello el informe propone recomendaciones específicas sobre las reformas estructurales necesarias que nuestras organizaciones han identificado a partir de su análisis.
Ver Informe honduras_informe_de_mision
PARALELOS HISTÓRICOS Y ABUSOS DE PODER EN HONDURAS
Hoy,
igual que en tiempos de Julio Lozano, el gobierno ha echado mano de
otros partidos políticos que le han permitido hacer que sus pretensiones
prosperen en el Congreso Nacional. Y ahora, igual que antes, el Partido
Liberal tiene sectores dispuestos a congraciarse con quienes gobiernan.
Eso
no conduce al éxito de la nación hondureña ni al desarrollo humano y
mucho menos al fortalecimiento de la economía. Gobernar produce un
desgaste que afecta a los buenos gobiernos; mucho más aún a los malos
gobernantes y sus terribles gestiones.- Es la institucionalidad y la
legalidad lo que convierte a una sociedad en una entidad saludable,
próspera y segura de sí misma.
No
es necesario que se aseste un golpe de Estado para derrocar al actual
gobernante. Basta con que se le impida avanzar con su proyecto
continuista. Que termine su período y entregue el poder el 27 de enero
de 2018. De lo contrario, la lección será dolorosa: “el vivo a señas y
el tonto a palos”.
Por: Dennis Starkman
EL LIBERTADOR
Honduras
enfrenta hoy una amenaza contra su frágil democracia, débilmente
construida sobre esperanzas de prosperidad y paz, a manos de hombres a
quienes, con penosa abundancia, los valores, la patria y el honor
nacional y el de sus familias poco ha importado.
Tampoco
les ha importado, evidentemente, las lecciones que les ha dejado la
historia. Don Tiburcio Carías Andino fue sucedido en el poder por el Dr.
Juan Manuel Gálvez, hombre visionario que estaba muy adelantado para
sus tiempos. Habiendo emprendido aperturas y liberalizaciones, don Juan
Manuel Gálvez provocó con sus reformas muchas inquietudes graves y en
consecuencia, el Dr. Tiburcio Carías, quien no estaba de acuerdo con su
gestión, decidió retomar el poder postulándose como candidato del
Partido Nacional de Honduras para el siguiente proceso electoral.
El
Dr. Tiburcio Carías provocó con ello una crisis a lo interno de su
Partido Nacional, pues muchos entre sus miembros no encontraron mérito
en su candidatura y temían que su nuevo ascenso a la presidencia
impediría la creación de nuevos espacios políticos para ellos.
De
tal manera que el Partido Nacional acudió a elecciones pero divididos, y
el Partido Liberal de Honduras se aglutinó alrededor de la figura del
Dr. Ramón Villeda Morales, quien obtuvo la mayoría en los comicios del
10 de octubre del año 1954.
Sin
embargo, como en aquel entonces las elecciones presidenciales eran
indirectas de modo tal que los diputados eran quienes elegían al
presidente, el Dr. Villeda Morales quedó corto en alrededor de ocho mil
votos para asegurar la mayoría necesaria en el Congreso Nacional, y por
ello no pudo ese año ser el Presidente de la República.
Eso,
a su vez, dio lugar a otra crisis política más grave aún, pues el Dr.
Juan Manuel Gálvez renunció a su cargo alegando razones de salud, y el
vicepresidente, don Julio Lozano Díaz asumió la presidencia.
Don
Julio Lozano Díaz comenzó conformando una coalición junto con los demás
partidos políticos y su desempeño durante la primera etapa de su
gobierno le generó simpatías y un amplio respaldo popular, a pesar que
disolvió el congreso y lo sustituyó por un Consejo Consultivo de Estado,
integrado por miembros de los demás partidos políticos; conspicuamente,
del Partido Liberal. El hecho que su antecesor promovió reformas y un
proceso de modernización hizo posible que don Julio Lozano tuviera de
dónde echar mano para tomar medidas que le generaron algún grado de
aceptación en esa etapa inicial de su consolidación en el poder.
Sin
embargo, don Julio Lozano pronto hizo evidente que no tenía planes de
entregar el poder y hasta envió al exilio al Dr. Villeda Morales y a
otros opositores políticos. A pesar de anunciar en cadena nacional que
él sería “un sol ‘magnífico’ que a todos ilumina y a ninguno quema”, la
verdad es que se aferró al poder de manera implacable.
Su
gestión terminó con una insurrección que condujo a la intervención de
las Fuerzas Armadas quienes conformaron una junta militar que gobernó
hasta que se celebraran nuevas elecciones en las cuales fue electo (y
gobernó efectivamente hasta casi la conclusión natural de su período) el
Dr. Ramón Villeda Morales de ampliamente querida recordación.
Las
lecciones de aquellos días deberían guiarnos en esta etapa que vivimos
en nuestra historia.- Hoy, igual que en tiempos de don Julio Lozano, el
gobierno ha echado mano de otros partidos políticos que le han permitido
hacer que sus pretensiones prosperen en el entramado legal de las
sesiones legislativas. Y ahora, igual que antes, el Partido Liberal como
antiguo y tradicional partido político, tiene sectores dispuestos a
congraciarse con quienes gobiernan en una especie de estado de
negociación permanente que permite a todos hacer lo que quieran sin
ulteriores consecuencias.
Sin
embargo, eso no conduce al éxito de la nación ni al desarrollo humano y
mucho menos al fortalecimiento de la economía. Gobernar produce un
desgaste importante que afecta a los buenos gobiernos; mucho más aún a
los malos gobernantes y sus terribles gestiones.
Es la institucionalidad y la legalidad lo que convierte a una sociedad en una entidad saludable, próspera, segura de sí misma.
Don
Julio Lozano intentó dar continuidad a los proyectos y reformas de su
antecesor, el Dr. Gálvez, verdadero reformador y hombre con visión y
claridad respecto de los objetivos permanentes del Estado y la
República. Si algún mérito tuvo don Julio Lozano Díaz, fue aplicar las
mismas políticas y proyectos del Dr. Gálvez, porque no tenía las luces
para hacer ninguna otra cosa. En contraste, el Abogado Hernández, no
solo carece de la visión y las luces propias, sino que además no tiene
de dónde sacar ideas ni proyectos, más que los de Daniel Ortega para
perpetuarse fraudulentamente en el poder.
En
consecuencia, la mala gestión e inmoralidad del gobierno actual han
despertado tremenda indignación, que ya se manifestó de manera
impresionante en el pasado reciente y permanece latente. Estudiantes
universitarios, al igual que en aquellos años, mantienen vivo el
espíritu de desafío y protesta ante un proyecto político mediocre que ha
llegado a poner en jaque a la República tan solo por la ineptitud de la
oposición formal. Antes igual que hoy, la oposición no supo
consolidarse y hacerse un nudo para enfrentar una amenaza común… hasta
que llegó una última gota a derramar el vaso de agua y el gobierno de
don Julio Lozano fue derrocado por las Fuerzas Armadas.
Honduras
debe cerrar filas contra el inminente dictador. La historia nos enseña
que quien se reelige, se queda. Y no hay hasta la fecha de hoy un
presidente hondureño que merezca reelegirse o volver a ser electo.
Los
terribles y vergonzosos escándalos que han sacudido la conciencia
nacional durante los últimos años no parecen ser suficientes para
repudiar al tirano. Honduras está en franco desorden y nadie está seguro
de cuál es su lugar, o cuál debería ser su papel. Tan solo el círculo
que rodea y respalda al presidente tiene la claridad de misión y
propósito que les permite superar todo lo que la oposición les lance…
por los momentos. También las Fuerzas Armadas tienen la fortaleza y la
disciplina para cumplir sus misiones; falta tan solo que esa misión sea
la que constitucionalmente le corresponde a la institución armada.
No
es necesario que se aseste un golpe de Estado para derrocar al actual
gobernante. Basta con que se le impida avanzar con su proyecto
continuista. Que termine su período y entregue el poder el 27 de enero
de 2018. De lo contrario, la lección que nos dejará la historia será
dolorosa. Como bien dicen las abuelitas, “el vivo a señas y el tonto a
palos”.
Declaración contra el continuismo militarista
Estamos aquí hoy, precisamente, para decirle a Israel que la construcción de cárceles de tortura, el entrenamiento de militares y policías, la venta de aviones y equipos militares, y la instalación de estructuras de inteligencia dentro de Honduras en complicidad con la política de Estados Unidos, es la decisión más nefasta de este año.
Las políticas de defensa basadas en la construcción de amenazas y enemigos supuestos o inventados no producen desarrollo ni felicidad a la gente, lo que producen es destrucción, pobreza y violencia.
Poner otra vez a los militares de Honduras en posición de ataque contra los tejidos de la población y en línea de defensa de las bandas del crimen organizado que plantean la continuidad del modelo corrupto y violento, es el colmo de los canallas.
En los últimos nueve años la alianza entre militares, políticos sin escrúpulos y pequeños grupos mafiosos, convirtió a Honduras en la nación más violenta, corrupta y empobrecida de América. Por esa razón está intervenida en el terreno por la ONU y la OEA, y casi se construye un barrio completo de hondureños delincuentes con grilletes en La Florida.
En Panamá se realiza el 159 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que confirma por octavo año consecutivo la condición de altísimo riesgo para las personas defensoras de derechos humanos en Honduras.
Centenares de liderazgos acompañantes de las luchas sociales han sido perseguidos, asesinados, encarcelados, criminalizados con el derecho penal inquisidor e inclusive forzados a emigrar.
De modo que la triangulación de armas e inteligencia entre EEUU, Israel y la mafia de Honduras, vendrá a agravar esta situación en forma crítica.
Las víctimas de la desaparición forzada de personas por razones políticas e ideológicas lo sabemos desde 1979: el Estado terrorista afirma en su narrativa que defiende la soberanía, la democracia y el Derecho, cuando realmente está matando, saqueando y envileciendo a la Nación.
Hacemos, por tanto, un llamado serio a los partidos políticos de oposición y a la opinión pública internacional, que reviertan ese Convenio Miliar nefasto que promueven Casa Presidencial, los comisionistas locales y Jerusalén.
Nosotras podemos entender claramente que lo hacen para imponer por la fuerza la destrucción de ríos y montañas que custodian los pueblos originarios, y para proteger las zedes de los paraísos fiscales que convertirían a Honduras en la lavandería de ropa sucia del nuevo Orden Internacional.
Los oportunistas lo hacen creyendo que es la perspectiva futura de negocios para el lucro personal y grupal, e incluyen a los solícitos hombres con fusiles; pero desde luego no piensan ni miran alrededor.
Una vez más, a los promotores del continuismo de la tragedia que poseen dinero, bienes inmobiliarios y vehículos rápidos para ponerse fuera de Honduras, les pedimos que no sigan destruyendo la casa.
¡Las madres de los y las desaparecidos lo demandamos, no queremos la construcción de otro Medio Oriente en Centroamérica…!
De los hechos y de los hechores, ni olvido ni perdón. COFADEH
Tegucigalpa, M. D. C., 2 de diciembre de 2016
Honduras: Hija de Berta Cáceres lanza candidatura a diputada por Libre
Por: Redacción CRITERIO
redaccion@criterio.hn/ 8 Diciembre 2016 /
Tegucigalpa.- Olivia Marcela Zúniga Cáceres, hija mayor de la extinta ambientalista y lideresa indígena, Berta Cáceres, anunció la noche de este jueves que buscará una candidatura a diputada al Parlamento hondureño por el opositor Partido Libertad y Refundación (Libre).
“Comenzamos
a dar la lucha desde una trinchera más; la electoral. Iniciamos este
camino con la frente en alto y con el espíritu lleno de dignidad, de
verdad y fuerza. Vamos por la victoria”, escribió en su cuenta de
Facebook, la joven oriunda del occidental departamento de Intibucá,
tierra y población a la que buscará representar en el Congreso
Nacional.
Zúniga
Cáceres lanzará su candidatura por las corrientes internas 28 de Junio y
Somos Más y buscará el apoyo popular de sus coterráneos durante las
elecciones internas del 11 de marzo del próximo año y de ser favorecida
con el voto de los electores irá a la contienda general en noviembre.
A
raíz del crimen de su madre el 3 de marzo pasado, Olivia Marcela, no ha
cesado de exigir justicia ante la comunidad nacional e internacional, a
través de foros y plenarias, donde se ha debatido sobre el horrendo
asesinato de la ganadora del mundialmente reconocido premio Goldman
2015.
La joven ha dicho en reiteradas oportunidades que no descansará hasta lograr que los asesinos intelectuales de su madre vayan a la cárcel.
Berta
Cáceres era defensora del medio ambiente y de los derechos del pueblo
indígena Lenca. Su familia ha denunciado abiertamente como principales
sospechosos de su asesinato a los accionistas de la empresa Desarrollos
Energéticos S.A. (DESA), quienes en el 2012 consiguieron de manera
ilegal una licencia ambiental para la ejecución del proyecto
hidroeléctrico “Agua Zarca”, sobre el Río Gualcarque.
La
licencia ambiental se otorgó al margen de la ley porque se obvio el
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que
establece la realización de una consulta previa, libre e informada.
Hasta
el momento cuatro hombres han sido enviados a la cárcel por suponerlos
ser participes materiales del crimen de Berta Cáceres.
Se cumplen nueve meses del asesinato de Berta - Acompáñanos a exigir justicia
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martes, 29 de noviembre de 2016
El inicio de la asamblea departamental del COPINH "Berta Caceres Vive" de hoy
Honduras. Bahía de Trujillo: un despojo territorial que no tiene fin
Por Giorgio Trucchi
Kaos en la Red - Publicado en: 29 noviembre, 2016
Las comunidades garífunas ubicadas en la Bahía de Trujillo, al
noreste de Honduras, enfrentan desde hace años un proceso de usurpación
de sus tierras comunales por la construcción de varios proyectos
turístico-residenciales de capital en su mayoría canadiense
Por Giorgio Trucchi | Alba Sud/Rel-UITA
[1] Artículo 100 de la Ley de Propiedad y Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales
[2] Una asociación entre la municipalidad de Trujillo, Life Vision Properties y Global Destinations Developments.
Fuente: ALBA SUD
Esta
denuncia ha sido interpuesta ayer por diversas organizaciones
hondureñas defensoras de la vida ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos CIDH, donde se cuestiona con pruebas la ineficacia del
mecanismo estatal de Honduras para garantizar la protección de personas
defensoras de Derechos Humanos.
La Bahía de Trujillo, situada al noreste
de Honduras, es sin lugar a duda uno de los lugares más espectaculares
del litoral atlántico hondureño. Aquí desembarcó Cristóbal Colón en 1502
durante su cuarto y último viaje. Casi tres siglos después, en 1797,
los garífunas llegaron a la isla de Roatán tras haber sido expulsados
por los británicos de la Isla de San Vicente, y comenzaron a desplazarse
por el territorio costero.
No fue hasta finales del siglo
antepasado (1887) e inicios del siglo pasado (1901) que los presidentes
Luis Bográn y Manuel Bonilla concedieron a los garífunas de la comunidad
de Cristales y Río Negro dos terrenos –uno de cinco mil y el otro de
dos mil hectáreas– en las afueras de la ciudad. De esta manera se les
garantizaba pleno derecho sobre sus tierras ancestrales.
“Porn King”
Un siglo después, la voracidad del
capital transnacional ha puesto los ojos sobre el territorio garífuna.
Gracias a la debilidad institucional producto del golpe de Estado de
2009 y la corrupción galopante que ahoga y desangra al país, varios
empresarios –en su mayoría canadienses– han iniciado un acelerado
proceso de adquisición de tierras sobre las cuales las comunidades
garífunas aseguran tener un título definitivo de dominio pleno. Según la
legislación nacional y convenios internacionales ratificados por
Honduras [1], esto significa que ninguna compraventa de tierras es
posible dentro de un título comunitario. Lamentablemente, este precepto
se ha convertido en papel mojado.
Entre los inversores extranjeros que han
llegado a la zona, el canadiense Randy Roy Jorgensen ha sido el más
activo. Fundador de Adult Only Video (Videos solo para adultos), la
cadena de distribución de pornografía más grande de Canadá, Jorgensen es
conocido en su país como el Rey del Porno. En Honduras parece haber
encontrado el lugar ideal para invertir sus cuantiosos recursos
económicos.
A partir de 2007 comenzó a tejer su
estrategia para adquirir tierras donde ejecutar varios proyectos
turísticos, principalmente una terminal para cruceros Panamax, con una
infraestructura de 700 metros lineales de longitud y varios proyectos de
viviendas vacacionales. Se crearon dos empresas en las que Jorgensen
ocupa el cargo de gerente general: Grande Trujillo Autoridad S. de R.L.
[2] para la construcción del proyecto de la terminal Banana Coast en la zona de Río Negro, y Life Vision Developments,
actualmente el mayor promotor inmobiliario en Trujillo con más de 600
hectáreas de tierra frente al océano, para echar a andar la construcción
de los complejos residenciales Campa Vista, Coroz Alta, Alta Vista o vender lotes. Ambos proyectos fueron respaldados financieramente por el grupo de inversión canadiense Fast Track Capital.
Acaparamiento y despojo
Tanto el proyecto Banana Coast como el
de los complejos residenciales están situados dentro de los títulos
colectivos inalienables de las comunidades garífunas, que suman casi 100
km cuadrados. Entre 2007 y 2009, con la complicidad de funcionarios
públicos municipales y nacionales y directivos comunitarios
complacientes, Jorgensen logró adueñarse de buena parte de las tierras
necesarias para desarrollar sus proyectos en las comunidades garífunas
de Cristales y Río Negro, Santa Fe, San Antonio y Guadalupe. De manera
muy expedita obtuvo también los permisos ambientales para iniciar a
construir.
En Trujillo, la resistencia ante tan
descarada violación de las leyes fue rápidamente sofocada. “Cuando
habitantes de Río Negro se negaron a vender sus tierras, la
municipalidad de Trujillo declaró de interés público el proyecto Banana
Coast. Bajo la amenaza de expropiación forzosa, los desarrolladores de
la terminal de cruceros lograron adquirir las tierras que faltaban”,
explica la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh).
Efectivamente, el 10 de diciembre de
2009, la municipalidad de Trujillo declaró de necesidad y utilidad
pública el proyecto. La resolución facultaba a la empresa Grande
Trujillo Autoridad para que pagara en efectivo la indemnización a las
personas dueñas de inmuebles a expropiarse. Sin embargo no fue
necesario, y la familias garífunas fueron “convencidas” que vender su
propiedad era la mejor opción.
“Hostigaban y amenazaban a las personas
para que abandonaran sus propiedades y les pagaron una miseria. Se
desató una verdadera guerra psicológica contra las familias que vivían
en el lugar. Finalmente cercaron el sitio y destruyeron parte de la
comunidad de Río Negro para construir la terminal de cruceros”, explicó
Horacio Martínez, secretario de la directiva de la comunidad de
Cristales y Río Negro, a Alba Sud.
Pero la comunidad garífuna no se dio por
vencida. En 2010, los nuevos directivos de la comunidad demandaron
penalmente a Jorgensen por usurpación de tierras. Asimismo, presentaron
una demanda de nulidad absoluta de varios contratos de ventas de tierras
comunitarias al empresario canadiense. Tras investigar los hechos, a
finales de 2011 la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural
presentó requerimiento fiscal en contra del empresario canadiense, pero
tuvieron que pasar casi cuatro años para que se realizara la audiencia
preliminar en el Juzgado de Letras de Trujillo.
Finalmente, el 13 de noviembre de 2015,
el juez Víctor Manuel Meléndez Castro dictó sobreseimiento provisional
para Randy Jorgensen. La sentencia fue apelada tanto por la Fiscalía,
como por el acusador privado representando a la comunidad de Cristales y
Río Negro. En marzo del presente año, la Corte de Apelaciones de La
Ceiba ordenó revocar el sobreseimiento y efectuar una nueva audiencia.
El 20 de octubre de este año, el juez ordenó medidas sustitutivas a la
cárcel para Jorgensen, entre otras, presentarse a firmar cada 15 días y
no salir del país, mientras tanto se realiza el juicio.
“Es un buen resultado, aunque por el
alto nivel de corrupción e impunidad que hay en el país nunca se sabe
cómo terminan estos juicios. Estamos peleando contra un monstruo que
está confabulado con autoridades municipales y nacionales corruptas.
Esto nos preocupa mucho. En Honduras los pueblos indígenas y los
garífunas no tenemos derechos. No hay ley que nos proteja”, advirtió
José Arzú, miembro de la comunidad de Cristales y Río Negro.
Banana Coast: un fracaso
En octubre de 2014 comenzaron a llegar
los cruceros. El proyecto Banana Coast consiste en unos 23.000 metros
cuadrados de negocios variados y en él se invirtieron más de 20 millones
dólares. En su segunda etapa, el proyecto prevé extender su área a 50
mil metros cuadrados. No obstante, a pocos días de arrancar su tercera
temporada, el puerto Banana Coast ha mostrado un fuerte descenso en las
visitas de cruceristas.
De acuerdo con datos del Instituto Hondureño de Turismo (IHT), durante la nueva temporada (2016-2017)
está programado que lleguen apenas siete cruceros –concentrados en los
meses de diciembre 2016 y enero, febrero y diciembre 2017– y un total
aproximado de 3.500 pasajeros más tripulantes. Un resultado
decepcionante si consideramos que en su segunda temporada (2015-2016) llegaron 13 cruceros y 12.000 pasajeros y en la primera (2014-2015)
los cruceros fueron 30 y llevaron a casi 50 mil turistas. Entre las
compañías que no mostraron interés en volver a Trujillo está Norwegian Cruise Line,
argumentando que la ciudad tiene una mala infraestructura, un manejo
inadecuado de la basura y aguas negras, y que los cruceristas reportaron
casos de acoso.
Estigmatización y expulsión
“Siguen intentando convencer al mundo entero que esto es desarrollo, pero ¿para quién? Llegan de otros países, nos califican de ciudadanos y ciudadanas de segundo orden, nos marginan y se adueñan de nuestras tierras para crear sus proyectos turísticos. Esto es desarrollo sólo para los ricos y más pobreza para nuestra gente”, lamentó Arzú.
Estigmatización y expulsión
“Siguen intentando convencer al mundo entero que esto es desarrollo, pero ¿para quién? Llegan de otros países, nos califican de ciudadanos y ciudadanas de segundo orden, nos marginan y se adueñan de nuestras tierras para crear sus proyectos turísticos. Esto es desarrollo sólo para los ricos y más pobreza para nuestra gente”, lamentó Arzú.
El secretario de la comunidad Cristales y
Río Negro advirtió que detrás de esta política excluyente, de esta
actitud estigmatizante, hay una estrategia que pone en serio peligro el
futuro del pueblo garífuna, y que es parte de un modelo depredador que
arrebata territorios, saquea bienes comunes, criminaliza y judicializa
las luchas y las protestas. “Esta visión de turismo es parte de una
estrategia de acaparamiento de nuestras tierras y territorios, de
desalojo y expulsión del pueblo garífuna, de desconocimiento total de
nuestros derechos. Es parte de un modelo que nos acorrala, nos persigue,
nos asesina”, dijo Horacio Martínez a Alba Sud.
Para la Ofraneh, el atentado contra Vidal Leiva,
líder comunitario y activista del Comité de Defensa de Tierras de la
comunidad de Cristales y Río Negro, ocurrido en noviembre de 2015 pocos
días después de la audiencia preliminar contra Randy Jorgensen, no sería
más que el resultado de una estrategia estatal “para la entrega del
territorio garífuna a inversionistas extranjeros”, en el marco de la
implementación de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico(ZEDE), mejor
conocidas como “ciudades modelo”.
“Creemos que el turismo puede ser un
recurso importante y que nos puede beneficiar, siempre y cuando no esté
enmarcado en una lógica de despojo. Un turismo manejado por las
comunidades, un eco-etno turismo, que no destruya el medio ambiente, que
no arrebate territorios, que respete derechos”, concluyó Martínez.
Notas:[1] Artículo 100 de la Ley de Propiedad y Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales
[2] Una asociación entre la municipalidad de Trujillo, Life Vision Properties y Global Destinations Developments.
DENUNCIAN ANTE CIDH A GOBIERNO HONDUREÑO PORQUE NO CUIDA LA VIDA
Esta
denuncia ha sido interpuesta ayer por diversas organizaciones
hondureñas defensoras de la vida ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos CIDH, donde se cuestiona con pruebas la ineficacia del
mecanismo estatal de Honduras para garantizar la protección de personas
defensoras de Derechos Humanos.
“Un
mecanismo de defensa para las personas que defienden los derechos
humanos es de vital importancia en un país como Honduras donde ya nueve
han sido asesinadas este año, incluyendo a la lideresa lenca Berta
Cáceres”, establece la demanda internacional contra el gobierno de
Honduras.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Ciudad de Panamá. El
Centro de Derechos de Mujeres, el Centro de Estudios de la Mujer,
COFADEH y C-Libre —organizaciones integrantes de la Coalición Contra la
Impunidad en Honduras—, junto con las organizaciones internacionales
CEJIL y AI, denunciaron esta mañana ante el Estado hondureño y la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la alarmante
situación de riesgo de los/as defensores/as de derechos humanos, pese al
sistema de protección con el que cuenta el país.
Dicho
mecanismo adolece de serias fallas que no permiten que su labor sea
efectiva, denunciaron las organizaciones peticionarias, siendo la falta
de investigación y la mera aplicación de seguridad policial -en el mejor
de los casos, son medidas limitadas y reactivas, no preventivas- como
medida de protección uno de los mayores problemas en el funcionamiento
del mecanismo, impidiendo que los defensores y defensoras puedan tener
una vida normal, y que puedan ejercer su labor.
De
la misma manera, el mecanismo de protección en Honduras tiene un órgano
deliberativo que no permite el balance entre sus integrantes. De sus 14
miembros, sólo dos corresponden a organizaciones de derechos humanos.
Esto conlleva una falta de participación de la sociedad civil que el
comisionado James Cavalharo ha subrayado como algo a superar. Por su
parte, el relator especial de libertad de expresión, Edison Lanza, que
en su informe sobre Honduras ya destacó la falta de transparencia que
hay en el país, subrayó la opacidad con que este mecanismo trabaja, uno
de los obstáculos denunciados por las organizaciones durante la
audiencia de hoy.
Honduras
es uno de los países más violentos del mundo. Actualmente una persona
es asesinada cada hora y 42 minutos y, adicionalmente, el país tiene una
de las tasas más altas de femicidios en el mundo. En mayo 2016, la Vía
Campesina denunció la criminalización de aproximadamente 5.000
campesinos/as. Durante el 2015, 10 trabajadores de medios y
comunicadores fueron asesinados en el país. Por su parte, el presidente
del Colegio de Abogados José María Díaz, reveló que 9 profesionales del
derecho habían muerto de manera violenta durante los primeros ocho meses
del 2016.
En
este contexto se inserta la labor de las defensoras y los defensores de
derechos humanos. Durante el 2016 siguen sufriendo amenazas,
vigilancia, hostigamiento, criminalización y atentados contra la
integridad. Estas agresiones tienen un particular impacto en quienes
defienden los bienes comunes y el territorio, mujeres, estudiantes,
comunicadores, integrantes de colectivos LGBTI y profesionales del
derecho.
Quienes
defienden los derechos humanos en Honduras lo hacen, además, en un
contexto de estigmatización y descalificación, incluso desde las más
altas autoridades del Estado. Por ejemplo, en julio de 2016 el
Presidente de la República declaró que congresistas y senadores de
Estados Unidos reciben información falsa de las ONG Hondureñas y agregó
que “Contra esos hondureños también tenemos que estar defendiéndonos”.
Un
mecanismo de defensa para las personas que defienden los derechos
humanos es de vital importancia en un país donde ya 9 han sido
asesinadas este año, incluyendo a la lideresa lenca Berta Cáceres.
Honduras. Barra Vieja: una comunidad condenada a no existir
Por Giorgio Trucchi
Kaos en la Red - Publicado en: 22 noviembre, 2016
Una comunidad garífuna resiste los ataques del Estado hondureño
para facilitar el desarrollo de un magaproyecto turístico, Indura Beach
and Golf Resort. Despojo, represión y resisitencia marcan la agenda de
un largo conflicto
Por Giorgio Trucchi | Alba Sud / Rel-UITA
El
lunes, en la reserva de la tribu sioux de Standing Rock en Dakota del
Norte, Wes Clark junior –hijo del general retirado del Ejército de
Estados Unidos y excomandante supremo de la OTAN
Wesley Clark padre– encabezó a un grupo de veteranos militares en una
ceremonia en la que pidieron perdón a los nativos norteamericanos por
los crímenes de los militares estadounidenses. En los últimos días,
miles de veteranos nativos y no nativos acudieron a Standing Rock en
apoyo a los protectores de agua que luchan contra la construcción del
oleoducto valuado en 3.800 millones de dólares.
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Mientras
tanto, los asesores del presidente electo estadounidense, Donald Trump,
dijeron a la agencia de noticias Reuters que van a proponer privatizar
las reservas de los nativos norteamericanos con el fin de acelerar aún
más la extracción de petróleo, gas y otros minerales. En respuesta, Tom
Goldtooth, director de la red Indigenous Environmental Network, dijo:
“Nuestros líderes espirituales se oponen a la privatización de nuestras
tierras, la cual implica la mercantilización de la naturaleza, el agua,
el aire que consideramos sagrados. La privatización ha sido la meta
desde la colonización: despojar a las naciones nativas de su soberanía”.
El vicepresidente electo de EE.UU., Mike Pence, reafirmó este domingo el compromiso de Donald Trump de erigir un muro en la frontera con México y hacer que el país vecino asuma su costo.
En una entrevista en el programa 'This Week' de la cadena ABC News, Pence resaltó la importancia de acabar con la inmigración ilegal, proceso que, en su opinión, comienza "con la seguridad fronteriza, la aplicación interna y la construcción de un muro".
Pence pareció vincular el pago del muro con la "renegociación del TLCAN", el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En concreto, recordó que al acordar la renegociación del Tratado "hubo un acuerdo de que la seguridad fronteriza es crítica e importante", con lo cual –insistió– "tendremos esas conversaciones" con México.
"Vamos a asegurar la frontera. Vamos a construir el muro. Vamos a poner fin a la inmigración ilegal de una vez por todas y encontraremos una manera de que nuestros vecinos paguen por ello", aseguró.
Trump nombra al general retirado 'Perro Loco' como nuevo secretario de Defensa
No obstante, Mattis es considerado un militar ortodoxo, disciplinado y menos radical y político que el elegido por Trump como asesor de Seguridad Nacional, el también general retirado Michael Flynn.
Ambos están obligados a entenderse y a aconsejar a Trump sobre los asuntos de seguridad nacional más urgentes que heredará de Obama, como el conflicto sirio o la influencia del grupo Estado Islámico (EI) en esa guerra civil, en Irak y en el norte de África.
Asimismo, Mattis tendrá un papel vital en las relaciones con Irán, después de haberse opuesto abiertamente al acuerdo de Estados Unidos y los otros miembros del Consejo de Seguridad de la ONU para limitar el programa nuclear de Teherán a cambio de la relajación de las sanciones económicas
El diario The Washington Post publica hoy que el presidente electo norteamericano, Donald Trump, seleccionó al general retirado John F. Kelly
como secretario del Departamento de Seguridad Interior para el gabinete
que comenzará a ejercer a partir del próximo 20 de enero.
Kelly, que deberá ser confirmado para este cargo por el Senado, pasó a retiro en febrero pasado como jefe del Comando Sur, entidad del Pentágono que supervisa las actividades bélicas y los nexos con entidades en Centro, Sudamérica y el Caribe.
El militar es un crítico de las políticas del presidente Barack Obama en temas de seguridad nacional, en particular de las intenciones del mandatario de cerrar la cárcel en la base naval de Guantánamo, enclave militar que Washington mantiene en territorio cubano contra la voluntad del pueblo y Gobierno de la isla.
Según el Post, Kelly hereda una agencia federal muy complicada, responsable de supervisar quizás la parte más controversial de la agenda de Trump, como es el caso de su propuesta de realizar una ofensiva contra los indocumentados que viven o intentan entrar a Estados Unidos.
El mandatario electo tenía también a Kris Kobach, conocido por sus posiciones ultraderechistas y racistas, como aspirante a la jefatura del DHS, que es el tercer departamento en tamaño en el gabinete, con más de 240 mil empleados que laboran en la lucha antiterrorista, la protección del jefe de la Casa Blanca y la implementación de las leyes migratorias.
Kelly será el tercer general retirado que integrará la nueva administración, después que Trump seleccionó a James Mattis como aspirante a la jefatura del Pentágono y a Michael Flyn para asesor de seguridad nacional.
(Con información de Prensa Latina)
Tres mezquitas en el estado de California, EE.UU., han recibido mensajes con amenazas advirtiéndoles que el presidente electo Donald Trump, "limpiará" el país de musulmanes de la misma manera que "Hitler hizo con los judíos" en la Alemania nazi, informa la CBS News.
Las amenazas realizadas supuestamente por seguidores del magnate inmobiliario, quien durante su campaña electoral tuvo un discurso antimusulmán, han suscitado temor entre los musulmanes, señaló el Consejo de Relaciones Americano-Islámicas (CAIR), que ha pedido más protección policial alrededor de las mezquitas.
"Hay un nuevo sheriff en la ciudad, el presidente Donald Trump, quien va a limpiar a EE.UU. y devolverle su esplendor. Y va a empezar con ustedes musulmanes (...) hijos de Satanás. Él va a hacer con ustedes lo que Hitler hizo con los judíos", dice un fragmento de la carta divulgada por el CAIR. "Larga vida al presidente Trump y que Dios bendiga a EE.UU.", finaliza la misiva.
Asimismo, el CAIR denunció que desde las recientes elecciones presidenciales estadounidenses del 8 de noviembre, se han registrado más de 100 incidentes contra musulmanes en todo el país.
El senador republicano estadounidense Tom Cotton pidió hoy al presidente Barack Obama que ponga fin a la transferencia a otros países de los detenidos en la cárcel de la base naval de Guantánamo, en el sureste de Cuba.
Desde enero de 2002 bajo la administración de George W. Bush, Estados Unidos mantiene un centro de internamiento en ese enclave militar ubicado en territorio cubano contra la voluntad del Gobierno y pueblo de la isla caribeña.
Hay que dejar allí a esos prisioneros porque son lo peor de lo peor, para que no puedan regresar al campo de batalla y atacarnos una vez más, señaló Cotton en una declaración en la que critica el traslado del yemenita Shawqi Awad Balzuhair, a Cabo Verde este fin de semana.
Cotton, quien encabeza el Comité de Servicios Armados de la Cámara alta, señaló que a Obama le preocupa más cumplir su promesa de campaña, que garantizar la seguridad nacional del país.
Al anunciar el domingo la transferencia de Balzuhair, el Pentágono aclaró que una comisión de representantes de esa agencia federal, así como de los departamentos de Justicia y Seguridad Interior y la Oficina Nacional de Inteligencia, determinó que dicho individuo no representaba un peligro significativo para la seguridad nacional del país.
Desde que asumió el primer mandato en 2009 Obama aseguró que cerraría dicha penitenciaría, pero el liderazgo republicano en el Congreso y grupos de ultraderecha obstaculizaron ese objetivo.
Después que el jefe de la Casa Blanca ordenó la salida de 15 detenidos en agosto, la mayor transferencia realizada hasta la fecha, el liderazgo del partido rojo aceleró sus esfuerzos por bloquear la clausura de la cárcel, donde quedan 59 reos, una veintena de los cuales están autorizados para ser trasladados a otros países.
El presidente electo, Donald Trump, prometió mantener abierta la instalación e incluso llenarla con más sospechosos de terrorismo, a pesar de las reiteradas denuncias de grupos defensores de los derechos civiles sobre el historial de torturas y vejaciones que en los últimos años se cometieron contra quienes estaban presos en ese centro.
(Con información de Prensa Latina)
El pueblo garífuna está conformado por
48 comunidades situadas a lo largo del litoral atlántico de Honduras.
Pese a las fuertes presiones ejercidas durante décadas por actores
políticos y económicos interesados en el acaparamiento y explotación de
los bienes comunes de la naturaleza y la tierra, el pueblo garífuna se
ha resistido a abandonar su territorio ancestral y ha emprendido una
larga lucha en defensa de su derecho a existir.
Una historia de acoso
Muchos son los intereses que giran
alrededor de esta zona de Honduras: desde la construcción de complejos
turísticos y propiedades vacacionales, pasando por proyectos de
explotación minera, proyectos hidroeléctricos y de expansión de
monocultivos a gran escala, hasta incipientes proyectos de exploración y
explotación petrolera. Todo en medio de una creciente militarización de
los territorios. En el contexto de esta orgía fagocitadora el caso de
la comunidad garífuna de Barra Vieja representa un claro ejemplo de
despojo cínico y brutal.
La presencia del pueblo garífuna en la
zona se remonta a 1885, cuando ante las presiones de las compañías
bananeras tuvo que desplazarse de Tela y buscar otro lugar de la bahía
donde reubicarse, el Cocal. Fue así que en 1919 se fundó la comunidad de
Barra Vieja, la cual tuvo que esperar hasta 1950 para ser registrada en
la municipalidad de Tela. Ese reconocimiento no fue suficiente para
evitar que en 1975 el Estado de Honduras procediera, de manera
unilateral y sin consultar al pueblo garífuna, a donar estas tierras a
la Empresa Nacional Portuaria (ENP).
Esta acción de despojo fue solo el
inicio de un proceso acelerado de usurpación de tierras ancestrales del
pueblo garífuna, que continuó con la aprobación de leyes que permitieron
la ampliación del casco urbano de las municipalidades, así como la
emisión de títulos definitivos por el Instituto Nacional Agrario (INA)
que excluyeron el hábitat funcional de las comunidades garífunas.
Un megaproyecto turístico en Barra Vieja
Para los habitantes de Barra Vieja los
problemas se agudizaron con la construcción del megaproyecto turístico
Los Micos Beach and Golf Resort, conocido como Bahía de Tela y hoy
definitivamente rebautizado Indura Beach and Golf Resort. Desarrollo Turístico Bahía de Tela (DTBT), empresa responsable del proyecto, está conformada por el Instituto Hondureño de Turismo
(IHT), que detiene el 49% de las acciones y representa el sector
público, y por el Fondo Hondureño de Inversión en Turismo (FHIT), un
conglomerado de empresarios y grupos económicos nacionales entre los más
poderosos del país. FHIT detiene el 51% de las acciones y su presidente
es el magnate hondureño de origen árabe palestino Camilo Atala, que
también es presidente ejecutivo del coloso Grupo Financiero Ficohsa.
El complejo turístico Indura Beach &
Golf Resort, que a partir de este año es parte de la cadena hotelera
Hilton Worldwide Collección marca CURIO, se instala sobre un terreno de
312 hectáreas que el IHT vendió en 2003 a DTBT por 19 millones de
dólares, y que colinda con la comunidad de Barra Vieja. Se inauguró a
inicios de 2014 con una inversión de unos 130 millones de dólares,
cuenta con más de 3 km de playa con acceso exclusivo y con un campo de
golf de 18 hoyos que ya es parte del prestigioso PGATour Latinoamérica.
En un amplio reportaje
realizado en 2010 por Alba Sud analizábamos los principales impactos
del proyecto sobre las cinco comunidades garífunas ubicadas en la Bahía
de Tela, así como dábamos espacio a los argumentos de DTBT en el marco
de la Estrategia Nacional de Turismo Sostenible (ENTS) impulsada por el
IHT, que persigue transformar el litoral Caribe hondureño en el “Cancún
de Centroamérica”.
El entonces presidente del patronato de
Barra Vieja, José Armando Santos, así se expresaba: “Lo que de verdad
quieren son nuestras tierras y estamos indignados. Como somos una
comunidad que no se vende nos ven como enemigos”. El gerente general de
DTBT, José Antonio Gutiérrez,negaba tajantemente la intención del
consorcio de adquirir más tierra para ampliar el proyecto.
Poco tiempo después, la comunidad de Barra Vieja fue objeto de un delicado caso de judicialización de todos sus miembros.
Despojo y desalojo
Tras la destrucción ocasionada por el
huracán Mitch en 1998, parte de la población de Barra Vieja decidió
emigrar. En varios de sus escritos, la Organización Fraternal Negra Hondureña
(Ofraneh) recuerda que a partir de 2003 los jóvenes de la comunidad
decidieron regresar a ocupar sus tierras ancestrales y a defender el
territorio garífuna. A raíz de ello, en el 2007 el IHT interpuso, a
través de la ENP, una denuncia ante la fiscalía de Tela contra la
comunidad de Barra Vieja por la presunta usurpación de tierras
estatales.
“Desde pequeños nuestros padres siempre
nos enseñaron que estas tierras eran nuestras, pero malos dirigentes se
confabularon con las autoridades y fuimos perdiendo pedazos de
territorios. Empezaron a arrinconarnos y aunque tengamos personería
jurídica y el Estado nos reconoce como comunidad garífuna, siempre se
nos negó el derecho a tener un título comunitario. Prácticamente
quedamos en riesgo de desaparecer”, explicó a Alba Sud, Carlos Castillo,
actual presidente del patronato de Barra Vieja.
“Ahora dicen que la comunidad de Barra
Vieja no existe, que usurpamos estas tierras a la Empresa Nacional
Portuaria y que no tenemos derecho de estar aquí. Pero yo nunca he visto
que la ENP tuviese una oficina en Barra Vieja, ni que su personal
viviera acá. Es evidente que con esta maniobra burda pretenden adueñarse
de nuestras tierras para que sean explotadas turísticamente, como ya lo
hicieron en la Bahía de Trujillo”, manifestó el dirigente garífuna.
La denuncia presentada en 2007 por la
ENP derivó en la presentación de un requerimiento fiscal contra 83
miembros de la comunidad de Barra Vieja, entre ellos los 8 integrantes
de la junta directiva comunitaria. Todos fueron acusados de usurpación
de tierras estatales.
En abril de 2014 la Corte de Apelaciones
emitió una orden de desalojo, la cual se llevó a cabo el 6 de agosto
del mismo año. “Una fuente nos avisó un día antes de que nos iban a
desalojar y esto permitió organizarnos. Cuando llegaron los policías
–entre 50 y 60 efectivos– no opusimos resistencia para evitar que
arremetieran con violencia contra la comunidad. Dejamos que sacaran los
enseres de las primeras casas y luego, cuando se alejaban para continuar
con el desalojo, los volvíamos a meter. Esto nos hizo ganar tiempo y
finalmente no pudieron sacarnos de la comunidad”, recordó Castillo.
El 22 de septiembre, el Juzgado de Tela
ordenó un nuevo desalojo que se llevó a efecto una semana después. El
día 30 de septiembre llegaron más de cien entre policías y militares
sembrando zozobra y terror en la pequeña comunidad de unas 45 hectáreas.
“Los que más sufrieron fueron los niños, niñas y ancianos, que no están
acostumbrados a ver este despliegue de personas fuertemente armadas.
Hay niños que aún sufren de problemas psicológicos. Cuando llega gente
extraña a la comunidad piensan que son los militares que vienen a
desalojarnos. Cuatro ancianitos fallecieron en los días sucesivos al
nuevo intento de desalojo”, lamentó el presidente del patronato de Barra
Vieja.
La población esperó la noche y retornó a
sus moradas. La Ofraneh denunció internacionalmente que, a pesar de la
existencia de órdenes de desalojo emitidas por el Juzgado de Tela, éstas
“no estaban sustentadas por ninguna sentencia donde se señalara el
delito de usurpación”. De esa manera, la organización garífuna demostró
que se trataba de un abuso de autoridad de parte del Ministerio Público y
el de Seguridad.
Un fallo histórico
Barra Vieja sobrevive solamente gracias
al esfuerzo y valor de sus habitantes. Aquí el Estado no existe, como no
existe la energía eléctrica, el agua potable, el alcantarillado y
saneamiento, la salud y la educación. Las únicas fuentes para sobrevivir
son la pesca, la venta de coco y pan de coco, el pequeño comercio. De
las 159 familias originarias de la comunidad actualmente quedan unas 40.
Muchas personas están emigrando, otras buscan trabajo en las
comunidades vecinas o en Tela, y regresan los fines de semana. Niños y
niñas tienen que viajar hasta Tornabé para poder recibir clase, y la
difícil situación económica ha elevado la tasa de deserción escolar. Y
si alguien se enferma de gravedad hay que recorrer kilómetros -muchas
veces a pie- para que lo atiendan.
“No sé cuántas veces hemos solicitado al
Estado que nos garantice los servicios básicos para poder vivir
dignamente, pero nunca tuvimos respuesta. Quieren nuestras tierras para
ampliar el proyecto turístico, pero siempre nos negamos y ahora estamos
recogiendo los primeros frutos de nuestra resistencia”, indicó Castillo.
En mayo de 2015 inició el juicio Oral y
Público contra los miembros de la comunidad. Dos meses después el
Tribunal de Sentencia de Tela dictó un fallo a favor de 75 personas que
habían sido acusadas de usurpación de tierras, quedando pendiente la
audiencia contra los 8 miembros de la junta directiva del patronato de
Barra Vieja. De hecho, la ENP nunca pudo demostrar ser dueña de la
tierra donde está ubicada la comunidad de Barra Vieja.
Un año después, el 9 de septiembre de
2016, el tribunal absolvió a los 8 directivos y reconoció que nunca
cometieron el delito de usurpación. Ambas sentencias absolutorias fueron
apeladas a través de un recurso de casación interpuesto por la ENP ante
la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa. Aún se espera la decisión
de los magistrados para que las sentencias queden firmes.
En repetidas ocasiones, la Ofraneh
denunció que el caso de Barra Vieja es también una violación del
Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales y de la
Declaratoria de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas. De igual manera infringe el artículo 21 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) que establece el
derecho a la propiedad privada. “De quedar firme la sentencia favorable a
nuestra comunidad, el Estado ya no tendría ningún argumento para
negarse a entregar nuestro título comunitario”, concluyó el dirigente
garífuna.
Fuente: ALBA SUD
EE.UU.: Veteranos en Standing Rock piden perdón por crímenes militares contra nativos norteamericanos
Noticias Internacionales Independientes
06 Dic. 2016
El
lunes, en la reserva de la tribu sioux de Standing Rock en Dakota del
Norte, Wes Clark junior –hijo del general retirado del Ejército de
Estados Unidos y excomandante supremo de la OTAN
Wesley Clark padre– encabezó a un grupo de veteranos militares en una
ceremonia en la que pidieron perdón a los nativos norteamericanos por
los crímenes de los militares estadounidenses. En los últimos días,
miles de veteranos nativos y no nativos acudieron a Standing Rock en
apoyo a los protectores de agua que luchan contra la construcción del
oleoducto valuado en 3.800 millones de dólares.Wes Clark junior expresó: “Vinimos. Peleamos contra ustedes. Tomamos sus tierras. Firmamos tratados que rompimos. Robamos minerales de las colinas sagradas. Tallamos las caras de nuestros presidentes en su montaña sagrada. Y tomamos todavía más tierras. Luego tomamos a sus hijos. Luego tratamos de tomar su idioma. Tratamos de eliminar el idioma que Dios les dio y que el Creador les dio. No los respetamos. Contaminamos sus tierras. Los hemos lastimado de varias maneras. Y hemos venido para decir que lo sentimos, que estamos a su servicio, y suplicamos su perdón”.Ese era el veterano del Ejército Wes Clark junior, hijo del general retirado del Ejército estadounidense Wes Clark padre, arrodillado a los pies de Leonard Crow Dog, curandero lakota y líder espiritual del Movimiento Nativo Americano que formó parte de la ocupación de Wounded Knee en 1973. El domingo, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos le negó el permiso a la empresa del oleoducto Dakota Access para perforar debajo del río Missouri, decisión que por el momento detuvo la construcción. Los protectores del agua se han comprometido a quedarse en los campamentos de resistencia y mantenerse vigilantes, y la empresa ha dicho que seguirá adelante con la construcción. Visite democracynow.org/es para ver nuestra cobertura de la victoria histórica del domingo.
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Asesores de Trump proponen privatizar reservas de nativos norteamericanos
06 Dic. 2016
Mientras
tanto, los asesores del presidente electo estadounidense, Donald Trump,
dijeron a la agencia de noticias Reuters que van a proponer privatizar
las reservas de los nativos norteamericanos con el fin de acelerar aún
más la extracción de petróleo, gas y otros minerales. En respuesta, Tom
Goldtooth, director de la red Indigenous Environmental Network, dijo:
“Nuestros líderes espirituales se oponen a la privatización de nuestras
tierras, la cual implica la mercantilización de la naturaleza, el agua,
el aire que consideramos sagrados. La privatización ha sido la meta
desde la colonización: despojar a las naciones nativas de su soberanía”.EE.UU.: Triunfó la resistencia indígena a la construcción de un oleoducto en Standing Rock
Publicado el 05 Diciembre 2016
Escrito por David Brooks (La Jornada) EL CLARÍN DE CHILE
En
un triunfo espectacular de la mayor movilización de resistencia
indígena en la historia reciente de Estados Unidos, el gobierno federal
anunció que no otorgará permisos para continuar con la construcción de
un oleoducto en Dakota del Norte que atravesaba tierras sagradas por
debajo del río Misuri y que buscará rutas alternativas para este
proyecto.
El
Cuerpo de Ingenieros del Ejército emitió su decisión la tarde de este
domingo argumentando que después de extensas consultas determinó que la
mejor forma para proceder es "explorar rutas alternativas para el cruce
del oleoducto" y elaborar -como se había solicitado durante meses por
los indígenas- un estudio de impacto ambiental muchos más amplio.
Dave
Archambault II, presidente de la tribu Standing Rock Sioux, expresó su
gratitud "por la valentía por parte del presidente Obama, el Cuerpo de
Ingenieros del Ejército, el Departamento de Justicia y el Departamento
del Interior para tomar pasos y corregir el curso de la historia y hacer
lo que era correcto".
Después
de que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército ordenó evacuar este lunes
las tierras federales ocupadas por miles de indígenas y sus aliados y de
que el gobierno estatal de Dakota del Norte había ordenado que los
ocupantes abandonaran la zona ante condiciones invernales severas, se
había disparado la tensión e incertidumbre sobre que ocurriría ya que
los manifestantes rehusaron acatar tales ordenes.
Ante
preocupaciones de represión -fuerzas de seguridad estatales y privadas
habían empleado balas de goma, gas pimienta y lacrimógeno y hasta agua
en temperaturas bajo cero contra manifestantes en diversos
enfrentamientos durante las últimas semanas en que más de 560 fueron
arrestados- este domingo llegaron más de dos mil veteranos militares de
todo el país para sumarse a la resistencia y servir de "escudos humanos"
en campamentos helados de los Sioux en Dakota del Norte.
Miles
de indígenas Sioux y de otros pueblos indigenas, jóvenes,
ambientalistas, activistas afroestadunidenses y latinos, artistas y
muchos más, han mantenido una ocupación -ya era más como un pueblo- en
tierras federales desde el verano para frenar el Oleoducto Dakota
Access. Han recibido el apoyo de más de 300 tribus y naciones indígenas
en este país y agrupaciones nacionales ambientalistas, culturales, de
movimientos de derechos civiles como Black Lives Matter y activistas
estudiantiles por todo el país (http://standwithstandingrock.
El
proyecto con un valor de 3.8 mil millones de dólares está construido en
más de un 90 por ciento y su último tramo de un total de mil 172 millas
para transportar 470 mil barriles diarios de crudo desde tierras
petroleras en Dakota del Norte a refinerías en Illinois pasaría por
tierras federales que fueron otorgadas a los Sioux bajo un tratado de
1851, incumplido hasta ahora y que atravesaría por debajo del río
Misuri.
Líderes
de la Reserva Sioux Standing Rock, la cual colinda con esas tierras y
el paso del oleoducto, expresaron su oposición oficial desde hace un
año, argumentando que el oleoducto pasaría por tierras sagradas y a la
vez amenazaría el agua potable no sólo de ellos, sino de unas 17
millones de personas por toda la región si hay una ruptura cerca del
río. Por ello, muchos participantes se designaron como "protectores de
agua" y subrayaron la defensa indígenas de los derechos ambientales para
y de todos.
Dirigentes
indígenas insistieron que esto es parte de una lucha histórica. "Nos
estamos cansando de ser empujados por 500 años. Ellos toman, toman,
toman, y ya basta", comentó Lee Plenty Wolf al New York Times en una
entrevista en unos de los campamentos, entre dos jóvenes, una de
California y otra de Francia que llegaron en apoyo.
Este
fin de semana empezaron a llegar cientos de unos 2100 veteranos
militares que se han comprometido en llegar desde todas partes del país
-muchos de ellos con experiencia en las guerras de Irak, Afganistan, y
otros de Vietnam- para defender de manera no violenta a la resistencia
indígena. Encabezados por Wesley Clark, Jr., hijo del reconocido general
retirado y ex candidato presidencial Wesley Clark, lanzó la iniciativa
"Veteranos por Standing Rock" que afirma que los ex militares "se
congregarán como una milicia pacífica y desarmada en la Reserva Sioux
Standing Rock".
David
Hulse, un veterano de la Marina de la guerra en Irak, comentó a ABC
News que decidió sumarse a las protestas desde Chicago "no como una
misión de guerra, sino como misión de paz…. ver tantos veteranos
presentarse aquí, eso es hermandad". Uno de los veteranos tiene 90 años
de edad, otra es la representante federal demócrata de Hawaii,Tulsi
Gabbard. Kenny Nagy, veterano de la guerra de Vietnam, declaró al Los Angeles Times que "por fin vamos estar ayudando al pueblo de Estados Unidos en lugar de a las empresas".
Elizabeth
Torrence, veterana del ejército quien estuvo en Irak, comentó rumbo al
campamento que los soldados juran "defender al pueblo estadonidense
contra enemigos en el extranjero o en casa, y la manera en que están
tratando al pueblo estadounidense, a gente desarmada, es inaceptable".
Artistas
han visitado y/o expresado solidaridad, desde los actores Jane Fonda y
Mark Ruffalo a músicos como Neil Young, y rockeros punk en varias
ciudades que ofrecieron conciertos para apoyar a los indígenas, como
Neil Young; músicos indígenas crearon videos para esta causa.
Poco
después de la decisión del gobierno federal, esta tarde, Archambault
declaro a nombre de la tribu Sioux de Standing Rock su agradecimiento a
todos los que participaron en esta resistencia, incluyendo a "la
juventud tribal que iniciaron este movimiento… los millones alrededor
del mundo que expresaron apoyo a nuestra causa… los miles que llegaron a
los campamentos para apoyarnos". Indicó que ahora espera que todos
regresen a casa, y que el gobernador del estado, Jack Dalrymple como el
gobierno entrante de Donald Trump respeten esta decisión.
La
empresa constructora del oleoducto, Energy Transfer Partners, había
declarado anteriormente que se oponía a cualquier desviación de la ruta
actual, y que si no completa el proyecto para el 1 de enero, perderá
contratos multimillonarios.
Por
lo tanto, algunos advierten que esto no será el final. Se espera que la
empresa acuda a los tribunales para revertir esta decisión, mientras
que el presidente electo Donald Trump ya expresó su apoyo para el
proyecto, la semana pasada. No solo es el tipo de proyectos que propone
para el país, sino que tiene un interés personal en el asunto: es
inversionista en la constructora, cuyo ejecutivo en jefe donó unos 170
mil dólares a su campaña electoral
Vicepresidente electo de EE.UU.: "Hay varias maneras de hacer que México pague el muro fronterizo"
Publicado: 5 dic 2016 14:55 GMT | Última actualización: 5 dic 2016 19:22 GMT - RT
Mike Pence está "absolutamente seguro" de
que Donald Trump va a cumplir "su promesa al pueblo estadounidense" de
erigir un muro en la frontera con México.
Jose Luis GonzalezReuters
En una entrevista en el programa 'This Week' de la cadena ABC News, Pence resaltó la importancia de acabar con la inmigración ilegal, proceso que, en su opinión, comienza "con la seguridad fronteriza, la aplicación interna y la construcción de un muro".
"Varias maneras" de obligar a México a pagar
En este sentido, el futuro vicepresidente afirmó que "hay varias maneras" para hacer que México pague el muro, y el presidente electo "va a elegir el mejor camino a seguir". Entre otras cosas, adelantó que la administración de Trump va a "trabajar con el Congreso en ese sentido" y también negociar con el gobierno de Enrique Peña Nieto.Pence pareció vincular el pago del muro con la "renegociación del TLCAN", el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En concreto, recordó que al acordar la renegociación del Tratado "hubo un acuerdo de que la seguridad fronteriza es crítica e importante", con lo cual –insistió– "tendremos esas conversaciones" con México.
"Encontraremos una manera de que nuestros vecinos lo paguen"
Para finalizar, el Pence se mostró "absolutamente seguro" de que el futuro presidente va a cumplir "su promesa al pueblo estadounidense"."Vamos a asegurar la frontera. Vamos a construir el muro. Vamos a poner fin a la inmigración ilegal de una vez por todas y encontraremos una manera de que nuestros vecinos paguen por ello", aseguró.
Inmigrantes luchan para que ciudades y campus refugio protejan a millones de personas de la deportación impulsada por Trump
Original en Español - 22 de noviembre de 2016Más Original en Español ⟶
Crece
la resistencia a la promesa de Trump de detener a millones de personas y
deportarlas de Estados Unidos. Los alcaldes de Nueva York, Chicago y
Seattle dicen que no cooperarán con la medida aunque Trump prometa
reducir los fondos de las llamadas “ciudades refugio”. Mientras tanto,
crece el movimiento a favor de “los campus refugio”. Durante su campaña,
Trump también dijo que daría revertiría las órdenes del ejecutivo
emitidas por el presidente Obama, tales como la Acción Diferida para los
Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas
en inglés), que impidió que se deportara a 750 mil jóvenes. Para saber
más de este tema, vea la entrevista que les hicimos a Denise Vivar,
Olivia Vázquez y Miguel Andrade. Vivar es miembro del primer club de
estudiantes indocumentados de la Universidad de la Ciudad de Nueva York o
CUNY, por sus siglas en inglés. Además,
redactó la petición para que Lehman College sea “campus refugio”.
Vázquez se benefició del programa DACA y es
organizadora juvenil del grupo de derechos de los inmigrantes Juntos.
Andrade es asistente jurídico en temas de inmigración y ha estado
trabajando con la Oficina del Alcalde de Filadelfia para declararla
“ciudad refugio” o “ciudad de la Cuarta Enmienda”.
TRANSCRIPCIÓN
Esta transcripción es un borrador que puede estar sujeto a cambios.
JUAN GONZÁLEZ: Esto es Democracy Now, democracynow.org, el informativo de guerra y paz. Soy Juan González. Pasamos ahora a analizar la creciente resistencia contra la promesa de campaña del presidente electo, Donald Trump, de detener y deportar a millones de inmigrantes de Estados Unidos. Durante su campaña electoral, Trump se comprometió a poner fin a las “ciudades santuario”, que dan asilo a inmigrantes indocumentados.
JAVIER FLORES: Sí, le escucho.
JUAN GONZÁLEZ: ¿Nos puede explicar su caso y qué es lo que usted está tratando de lograr?
JAVIER FLORES: Yo creo que estoy tratando de lograr, más que nada, que se den cuenta de que están dañando a mis hijos, y yo quisiera que tomaran [una decisión]. Porque yo tengo una decisión pendiente, una Visa U pendiente, y ellos no han puesto interés en mi caso, y es por eso que estoy refugiado aquí en la iglesia.
JUAN GONZÁLEZ: ¿Usted pasó 18 meses encarcelado?
JAVIER FLORES: No, yo estuve 16 meses [encarcelado].
JUAN GONZÁLEZ: 16 meses, sí. Y, ¿cuándo salió?, ¿cuándo fue que le dieron una orden de deportación?
JAVIER FLORES: Yo salí el 17 de agosto y me dieron 90 días para estar con mi familia y arreglar mi situación con mis hijos. Pero, ¿cómo quieren ellos, después de tenerme 16 meses detenido, que yo arregle mi situación en 90 días con mis hijos, cuando ellos tienen un trauma psicológico?
JUAN GONZÁLEZ: ¿De qué edad son sus hijos?
JAVIER FLORES: La mayor es de 12 años, el mayor de los hombres es de 4 años, y el menor tiene 2 años.
JUAN GONZÁLEZ: ¿Cuánto tiempo lleva usted en este país?
JAVIER FLORES: Yo entré a este país en enero de 1997.
JUAN GONZÁLEZ: ¿Y desde ese tiempo ha estado trabajando aquí?
JAVIER FLORES: Sí, desde ese tiempo yo he estado trabajando aquí, para este país.
JUAN GONZÁLEZ: Cuando usted oye las promesas del presidente electo Trump, de que va a deportar a 3 millones de inmigrantes indocumentados, ¿qué piensa usted?
JAVIER FLORES: Pienso que él tiene que tomar muchas decisiones, él no manda solo. Están varios congresistas que tienen que pasar esto [las decisiones] por ellos. Y yo creo que los congresistas se dan cuenta de que uno no viene a robar ni a quitarles el trabajo a los ciudadanos americanos. Uno viene a sacar adelante a su familia.
JUAN GONZÁLEZ: Miguel Andrade de JUNTOS, ¿qué es lo que la ciudad de Filadelfia está tratando de hacer para prevenir las promesas del presidente electo Trump?
MIGUEL ANDRADE: Yo creo que, primero que todo, es importante clarificar que Filadelfia fue declarada como “Ciudad Santuario”. Recientemente, nuestro alcalde ha dicho que somos una “ciudad de la Cuarta Enmienda”. Es importante clarificar que una “ciudad santuario” , una “ciudad de Cuarta Enmienda” es una cosa totalmente diferente de alguien que está tomando santuario para proteger [a] su familia, que está haciendo un acto de resistencia. Pero lo que están haciendo las ciudades ahora, básicamente, están apoyando a las comunidades inmigrantes y dejándoles saber que están apoyando, están reconociendo el esfuerzo que han dado para crecer, ayudar a nuestras ciudades. Y muchas ciudades están listas para defender a las comunidades inmigrantes. Lo hemos visto cuando comenzaron todas a decir que iban a separar las cadenas que tiene inmigración con los policías locales para asegurar que nuestras comunidades enteras podían seguir funcionando a salvo, porque estábamos viendo que muchas personas tenían temor de contactar a la policía si eran víctimas de crimen, que es súper importante para de pronto una persona que es víctima de un crimen que [se] puede beneficiar para una visa U como lo es Javier.
JUAN GONZÁLEZ: Olivia Vázquez, usted [se] ha beneficiado del programa del presidente Obama, DACA. ¿Nos puede explicar qué puede pasar con usted ahora, cuando llegue a la presidencia Donald Trump? Él ya ha prometido que va a cancelar la orden del presidente Obama.
OLIVIA VÁZQUEZ: Creo que lo que DACA hace ahora es que te da un permiso de trabajo durante dos años, y con ese permiso de trabajo puedes obtener una licencia, pero lo más importante es que te protege de ser deportado. Sabemos que el presidente electo, Donald Trump, ha prometido remover DACA, pero al mismo tiempo sabemos que todos los estudiantes y todos los jóvenes que reciben DACA están listos para pelear. No sólo por nosotros, pero también él ha hecho promesas de deportar a otras personas, como lo están haciendo ahorita en el caso de Javier. Entonces, creo que puedo decir que estamos listos para pelear. Para que él remueva DACA va a tomar mucho tiempo y también sé que la comunidad está lista para pelear por sus derechos. Todas las personas que reciben DACA, todas las personas que no lo reciben, creo que hay bastante unidad y solidaridad en nuestras comunidades, y creo que es lo más importante, porque si estamos unidos, vamos a estar más fuertes. Entonces aparte que va a tomar tiempo, creo que nuestra comunidad va a resistir y no va a dejar que lo quite tan fácilmente.
JUAN GONZÁLEZ: Denise Vivar, usted ha estado tratando de organizar a los estudiantes aquí en su universidad, Lehman College. ¿Qué es lo que su petición trata de lograr?
DENISE VIVAR: La petición que creé junto con el Lehman DREAM team es que queremos que Lehman College o CUNY, se convierta en un santuario. Eso significa que queremos un statement (declaración) claramente diciendo que CUNY no va a dejar que migración entre a las universidades. Queremos que CUNY diga que no va a dar la información de los estudiantes indocumentados que están en CUNY y queremos que CUNY diga que va a estar al frente de los derechos de [los] inmigrantes. No sólo porque no creemos que lo deben de ver en un lado político, que lo deben de ver en qué pueden hacer en ciertas de las leyes, queremos que lo vean como lo que es, que son derechos humanos. Y queremos que se esfuercen al decir, y no sólo decir que van a ayudar a inmigrantes y que CUNY siempre ha sido una escuela de inmigrantes, queremos que tomen acciones y queremos que nos dejen saber qué están dispuestos a hacer por nosotros.
JUAN GONZÁLEZ: ¿Cual ha sido la reacción de los oficiales del recinto de Lehman a su petición?
DENISE VIVAR: Ahorita, lo que nos estamos enfocando es en tener más firmas en la petición, porque queremos que el presidente sepa que la escuela y los estudiantes y los maestros están interesados en que Lehman se vuelva una universidad santuaria. Después de ahí, le llevaremos la carta y veremos qué va a hacer. Sabemos que CUNY ha tomado pasos de hacer un Facebook Live donde explicaron preguntas que teníamos, pero no respondieron a las preguntas que tenían que ver con los santuarios. No respondieron preguntas de qué Cuny está dispuesto a hacer por nosotros. Fueron preguntas un poco no tan claras a las acciones que ellos van a tomar y necesitamos saber qué son esas acciones.
JUAN GONZÁLEZ: Y la respuesta en términos de los otros estudiantes blancos norteamericanos o afroamericanos en términos de su campaña.
DENISE VIVAR: Sí. Ha sido muy positiva, estamos tratando de crear solidaridad entre todos los clubs en CUNY, porque sabemos que la campaña del presidente electo Trump, no sólo nos ha atacado a nosotros, ha atacado a la comunidad afroamericana, ha atacado a los musulmanes, y queremos dejar saber que estamos unidos entre religión, y que entre todos podemos lograr que CUNY se declare una “universidad santuaria”.
JUAN GONZÁLEZ: Y Olivia Vázquez, como una de las beneficiadas de DACA, ¿cual es el mensaje que usted quiere llevar a través del país y a través de América Latina en términos de qué es lo que los estudiantes están haciendo aquí para enfrentar las promesas del nuevo presidente Trump?
OLIVIA VÁZQUEZ: Creo que el mensaje que ya hemos visto es que nuestra comunidad está lista para resistir, está lista para pelear por sus derechos, [entonces] es el momento ahora de que todos nos unamos a como lo estaba diciendo Denise. No solamente la comunidad de inmigrantes está siendo atacada, sino también la comunidad afroamericana, musulmanes, LGBT, las mujeres. Todos nuestros derechos están siendo atacados, entonces más que nunca, ahora es el momento de unirnos todos como una comunidad, porque entre más unidos estemos, más fuertes somos. Entonces creo que ese es el mensaje, que nosotros estamos listos para pelear y para conseguir nuestra libertad.
JUAN GONZÁLEZ: Quiero dar las gracias a la gente que ha estado con nosotros hoy. Javier Flores, también Olivia Vázquez, Miguel Andrade y Denise Vivar.
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Producción del reportaje en español: Clara Ibarra, Carolina Flórez, Linda Artola y Democracy Now! en Español
TRANSCRIPCIÓN
Esta transcripción es un borrador que puede estar sujeto a cambios.
JUAN GONZÁLEZ: Esto es Democracy Now, democracynow.org, el informativo de guerra y paz. Soy Juan González. Pasamos ahora a analizar la creciente resistencia contra la promesa de campaña del presidente electo, Donald Trump, de detener y deportar a millones de inmigrantes de Estados Unidos. Durante su campaña electoral, Trump se comprometió a poner fin a las “ciudades santuario”, que dan asilo a inmigrantes indocumentados.
DONALD TRUMP: Bloquearemos el financiamiento para las “ciudades refugio”. Vamos a acabar con estas ciudades refugio que han causado tantas muertes innecesarias. Las ciudades que se nieguen a colaborar con las autoridades federales no van a recibir el dinero de coparticipación proveniente de impuestos, y vamos a trabajar con el Congreso para lograr que se apruebe una legislación que proteja a las jurisdicciones que colaboren de esta manera con las autoridades federales.JUAN GONZÁLEZ: En este contexto, estudiantes de más de 100 institutos y universidades de todos los Estados Unidos realizaron protestas la semana pasada demandando que sus centros educativos se conviertan en “campos refugio” y se nieguen a cooperar con las autoridades de inmigración para ejecutar el plan de deportación del presidente electo.
MANIFESTANTE: Estoy aquí para exigir que el presidente Bollinger, de la Universidad de Columbia, convierta mi centro educativo, nuestro centro educativo, en un “campus refugio”, y que también proteja el apoyo financiero de los estudiantes indocumentados en este campus, así como su capacidad para trabajar en el campus.JUAN GONZÁLEZ: Durante su campaña, Trump también dijo que revertiría órdenes ejecutivas del presidente Barack Obama, como el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés), que han protegido a 750 mil jóvenes de la deportación. Mientras tanto, en Filadelfia, el inmigrante mexicano Javier Flores, padre de tres hijos nacidos en Estados Unidos, procuró refugiarse en una iglesia en un intento para evitar la deportación y pidió al presidente Barack Obama que detuviera su deportación y la de otras personas.
JAVIER FLORES: Yo tomé la decisión de tomar santuario por mis hijos y por mi familia. Yo tengo tres hijos ciudadanos americanos.JUAN GONZÁLEZ: Alcaldes de Nueva York a Seattle han dicho que no cooperarán con la promesa de Trump de deportar a millones de inmigrantes indocumentados, pese a que el presidente electo afirma que les retirará fondos federales a las ciudades que no colaboren. Para saber más de este tema nos acompañan cuatro invitados. Aquí en Nueva York, Denise Vivar es miembro y ex presidenta del Equipo DREAM Lehman, el primer club de estudiantes indocumentados de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY). Ella redactó la petición para que uno de sus campus–la Universidad Lehman- se convierta en un “campus refugio”. Y desde Filadelfia nos acompaña Olivia Vázquez, una inmigrante beneficiada de DACA y organizadora comunitaria del grupo juvenil en pro de los derechos de los inmigrantes, JUNTOS. Con ella se encuentra Miguel Andrade, quien también es parte de JUNTOS. Miguel es paralegal de inmigración que ha trabajado con la oficina del Alcalde de Filadelfia para declarar a Filadelfia una “ciudad refugio”. Y por teléfono hablamos con Javier Flores, un inmigrante mexicano y padre de tres hijos nacidos en Estados Unidos, quien ha procurado refugiarse en una iglesia, en un intento para evitar su deportación. Les damos la bienvenida a todos. Quisiera empezar con Javier Flores dentro de la iglesia en Filadelfia, ¿Javier?
JAVIER FLORES: Sí, le escucho.
JUAN GONZÁLEZ: ¿Nos puede explicar su caso y qué es lo que usted está tratando de lograr?
JAVIER FLORES: Yo creo que estoy tratando de lograr, más que nada, que se den cuenta de que están dañando a mis hijos, y yo quisiera que tomaran [una decisión]. Porque yo tengo una decisión pendiente, una Visa U pendiente, y ellos no han puesto interés en mi caso, y es por eso que estoy refugiado aquí en la iglesia.
JUAN GONZÁLEZ: ¿Usted pasó 18 meses encarcelado?
JAVIER FLORES: No, yo estuve 16 meses [encarcelado].
JUAN GONZÁLEZ: 16 meses, sí. Y, ¿cuándo salió?, ¿cuándo fue que le dieron una orden de deportación?
JAVIER FLORES: Yo salí el 17 de agosto y me dieron 90 días para estar con mi familia y arreglar mi situación con mis hijos. Pero, ¿cómo quieren ellos, después de tenerme 16 meses detenido, que yo arregle mi situación en 90 días con mis hijos, cuando ellos tienen un trauma psicológico?
JUAN GONZÁLEZ: ¿De qué edad son sus hijos?
JAVIER FLORES: La mayor es de 12 años, el mayor de los hombres es de 4 años, y el menor tiene 2 años.
JUAN GONZÁLEZ: ¿Cuánto tiempo lleva usted en este país?
JAVIER FLORES: Yo entré a este país en enero de 1997.
JUAN GONZÁLEZ: ¿Y desde ese tiempo ha estado trabajando aquí?
JAVIER FLORES: Sí, desde ese tiempo yo he estado trabajando aquí, para este país.
JUAN GONZÁLEZ: Cuando usted oye las promesas del presidente electo Trump, de que va a deportar a 3 millones de inmigrantes indocumentados, ¿qué piensa usted?
JAVIER FLORES: Pienso que él tiene que tomar muchas decisiones, él no manda solo. Están varios congresistas que tienen que pasar esto [las decisiones] por ellos. Y yo creo que los congresistas se dan cuenta de que uno no viene a robar ni a quitarles el trabajo a los ciudadanos americanos. Uno viene a sacar adelante a su familia.
JUAN GONZÁLEZ: Miguel Andrade de JUNTOS, ¿qué es lo que la ciudad de Filadelfia está tratando de hacer para prevenir las promesas del presidente electo Trump?
MIGUEL ANDRADE: Yo creo que, primero que todo, es importante clarificar que Filadelfia fue declarada como “Ciudad Santuario”. Recientemente, nuestro alcalde ha dicho que somos una “ciudad de la Cuarta Enmienda”. Es importante clarificar que una “ciudad santuario” , una “ciudad de Cuarta Enmienda” es una cosa totalmente diferente de alguien que está tomando santuario para proteger [a] su familia, que está haciendo un acto de resistencia. Pero lo que están haciendo las ciudades ahora, básicamente, están apoyando a las comunidades inmigrantes y dejándoles saber que están apoyando, están reconociendo el esfuerzo que han dado para crecer, ayudar a nuestras ciudades. Y muchas ciudades están listas para defender a las comunidades inmigrantes. Lo hemos visto cuando comenzaron todas a decir que iban a separar las cadenas que tiene inmigración con los policías locales para asegurar que nuestras comunidades enteras podían seguir funcionando a salvo, porque estábamos viendo que muchas personas tenían temor de contactar a la policía si eran víctimas de crimen, que es súper importante para de pronto una persona que es víctima de un crimen que [se] puede beneficiar para una visa U como lo es Javier.
JUAN GONZÁLEZ: Olivia Vázquez, usted [se] ha beneficiado del programa del presidente Obama, DACA. ¿Nos puede explicar qué puede pasar con usted ahora, cuando llegue a la presidencia Donald Trump? Él ya ha prometido que va a cancelar la orden del presidente Obama.
OLIVIA VÁZQUEZ: Creo que lo que DACA hace ahora es que te da un permiso de trabajo durante dos años, y con ese permiso de trabajo puedes obtener una licencia, pero lo más importante es que te protege de ser deportado. Sabemos que el presidente electo, Donald Trump, ha prometido remover DACA, pero al mismo tiempo sabemos que todos los estudiantes y todos los jóvenes que reciben DACA están listos para pelear. No sólo por nosotros, pero también él ha hecho promesas de deportar a otras personas, como lo están haciendo ahorita en el caso de Javier. Entonces, creo que puedo decir que estamos listos para pelear. Para que él remueva DACA va a tomar mucho tiempo y también sé que la comunidad está lista para pelear por sus derechos. Todas las personas que reciben DACA, todas las personas que no lo reciben, creo que hay bastante unidad y solidaridad en nuestras comunidades, y creo que es lo más importante, porque si estamos unidos, vamos a estar más fuertes. Entonces aparte que va a tomar tiempo, creo que nuestra comunidad va a resistir y no va a dejar que lo quite tan fácilmente.
JUAN GONZÁLEZ: Denise Vivar, usted ha estado tratando de organizar a los estudiantes aquí en su universidad, Lehman College. ¿Qué es lo que su petición trata de lograr?
DENISE VIVAR: La petición que creé junto con el Lehman DREAM team es que queremos que Lehman College o CUNY, se convierta en un santuario. Eso significa que queremos un statement (declaración) claramente diciendo que CUNY no va a dejar que migración entre a las universidades. Queremos que CUNY diga que no va a dar la información de los estudiantes indocumentados que están en CUNY y queremos que CUNY diga que va a estar al frente de los derechos de [los] inmigrantes. No sólo porque no creemos que lo deben de ver en un lado político, que lo deben de ver en qué pueden hacer en ciertas de las leyes, queremos que lo vean como lo que es, que son derechos humanos. Y queremos que se esfuercen al decir, y no sólo decir que van a ayudar a inmigrantes y que CUNY siempre ha sido una escuela de inmigrantes, queremos que tomen acciones y queremos que nos dejen saber qué están dispuestos a hacer por nosotros.
JUAN GONZÁLEZ: ¿Cual ha sido la reacción de los oficiales del recinto de Lehman a su petición?
DENISE VIVAR: Ahorita, lo que nos estamos enfocando es en tener más firmas en la petición, porque queremos que el presidente sepa que la escuela y los estudiantes y los maestros están interesados en que Lehman se vuelva una universidad santuaria. Después de ahí, le llevaremos la carta y veremos qué va a hacer. Sabemos que CUNY ha tomado pasos de hacer un Facebook Live donde explicaron preguntas que teníamos, pero no respondieron a las preguntas que tenían que ver con los santuarios. No respondieron preguntas de qué Cuny está dispuesto a hacer por nosotros. Fueron preguntas un poco no tan claras a las acciones que ellos van a tomar y necesitamos saber qué son esas acciones.
JUAN GONZÁLEZ: Y la respuesta en términos de los otros estudiantes blancos norteamericanos o afroamericanos en términos de su campaña.
DENISE VIVAR: Sí. Ha sido muy positiva, estamos tratando de crear solidaridad entre todos los clubs en CUNY, porque sabemos que la campaña del presidente electo Trump, no sólo nos ha atacado a nosotros, ha atacado a la comunidad afroamericana, ha atacado a los musulmanes, y queremos dejar saber que estamos unidos entre religión, y que entre todos podemos lograr que CUNY se declare una “universidad santuaria”.
JUAN GONZÁLEZ: Y Olivia Vázquez, como una de las beneficiadas de DACA, ¿cual es el mensaje que usted quiere llevar a través del país y a través de América Latina en términos de qué es lo que los estudiantes están haciendo aquí para enfrentar las promesas del nuevo presidente Trump?
OLIVIA VÁZQUEZ: Creo que el mensaje que ya hemos visto es que nuestra comunidad está lista para resistir, está lista para pelear por sus derechos, [entonces] es el momento ahora de que todos nos unamos a como lo estaba diciendo Denise. No solamente la comunidad de inmigrantes está siendo atacada, sino también la comunidad afroamericana, musulmanes, LGBT, las mujeres. Todos nuestros derechos están siendo atacados, entonces más que nunca, ahora es el momento de unirnos todos como una comunidad, porque entre más unidos estemos, más fuertes somos. Entonces creo que ese es el mensaje, que nosotros estamos listos para pelear y para conseguir nuestra libertad.
JUAN GONZÁLEZ: Quiero dar las gracias a la gente que ha estado con nosotros hoy. Javier Flores, también Olivia Vázquez, Miguel Andrade y Denise Vivar.
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Producción del reportaje en español: Clara Ibarra, Carolina Flórez, Linda Artola y Democracy Now! en Español
Trump nombra al general retirado 'Perro Loco' como nuevo secretario de Defensa
James Mattis es un militar de mano dura que se encargó de las operaciones en Oriente Medio y estuvo al mando de una de las divisiones que invadió Irak en la primavera de 2003.
EFE - PÚBLICO - Publicado: 02.12.2016 09:01
WASHINGTON.- El presidente electo de EEUU, Donald Trump,
anunció este viernes el nombramiento, filtrado horas antes por los
medios, del general retirado James Mattis, exjefe de operaciones en
Oriente Medio, como nuevo secretario de Defensa.
Mattis, apodado Perro Loco, es considerado un militar de mano dura,
fue uno de los primeros en poner el pie en Afganistán tras los
atentados del 11 de septiembre de 2001 en Washington, Nueva York y
Pensilvania, y estuvo al mando de una de las divisiones que invadió Irak
en la primavera de 2003.
"Vamos a nombrar a Perro Loco Mattis
como nuestro secretario de Defensa, pero no lo anunciaremos hasta el
lunes así que no se lo digáis a nadie. 'Perro Loco', es genial, él es
genial", dijo Trump en su primer mitin tras la victoria electoral del
pasado 8 de noviembre.
Durante el mandato del presidente Barack Obama,
Mattis se convirtió en el jefe del Mando Central, encargado de las
operaciones en Oriente Medio, en reemplazo del general David Petraeus,
que fue nombrado jefe de la Agencia Central de Información (CIA).
Mattis, sin embargo, abandonó ese puesto en 2013, meses antes de lo
previsto, por lo que se rumoreó que fue forzado a retirarse por
tensiones con la administración Obama.No obstante, Mattis es considerado un militar ortodoxo, disciplinado y menos radical y político que el elegido por Trump como asesor de Seguridad Nacional, el también general retirado Michael Flynn.
Ambos están obligados a entenderse y a aconsejar a Trump sobre los asuntos de seguridad nacional más urgentes que heredará de Obama, como el conflicto sirio o la influencia del grupo Estado Islámico (EI) en esa guerra civil, en Irak y en el norte de África.
Asimismo, Mattis tendrá un papel vital en las relaciones con Irán, después de haberse opuesto abiertamente al acuerdo de Estados Unidos y los otros miembros del Consejo de Seguridad de la ONU para limitar el programa nuclear de Teherán a cambio de la relajación de las sanciones económicas
Trump designa a general retirado John Kelly como secretario de Seguridad Interior
John F. Kelly. Foto: Glenn Fawcett
Kelly, que deberá ser confirmado para este cargo por el Senado, pasó a retiro en febrero pasado como jefe del Comando Sur, entidad del Pentágono que supervisa las actividades bélicas y los nexos con entidades en Centro, Sudamérica y el Caribe.
El militar es un crítico de las políticas del presidente Barack Obama en temas de seguridad nacional, en particular de las intenciones del mandatario de cerrar la cárcel en la base naval de Guantánamo, enclave militar que Washington mantiene en territorio cubano contra la voluntad del pueblo y Gobierno de la isla.
Según el Post, Kelly hereda una agencia federal muy complicada, responsable de supervisar quizás la parte más controversial de la agenda de Trump, como es el caso de su propuesta de realizar una ofensiva contra los indocumentados que viven o intentan entrar a Estados Unidos.
El mandatario electo tenía también a Kris Kobach, conocido por sus posiciones ultraderechistas y racistas, como aspirante a la jefatura del DHS, que es el tercer departamento en tamaño en el gabinete, con más de 240 mil empleados que laboran en la lucha antiterrorista, la protección del jefe de la Casa Blanca y la implementación de las leyes migratorias.
Kelly será el tercer general retirado que integrará la nueva administración, después que Trump seleccionó a James Mattis como aspirante a la jefatura del Pentágono y a Michael Flyn para asesor de seguridad nacional.
(Con información de Prensa Latina)
Amenazan a musulmanes en EE.UU.: "Trump limpiará el país de los hijos de Satanás"
Publicado: 27 nov 2016 22:18 GMT | Última actualización: 28 nov 2016 04:45 GMT - RT
Las amenazas indican que el nuevo presidente
estadounidense hará con los miembros de esa comunidad religiosa lo que
Hitler hizo con los judíos.
Amr Abdallah Dalsh Reuters
Las amenazas realizadas supuestamente por seguidores del magnate inmobiliario, quien durante su campaña electoral tuvo un discurso antimusulmán, han suscitado temor entre los musulmanes, señaló el Consejo de Relaciones Americano-Islámicas (CAIR), que ha pedido más protección policial alrededor de las mezquitas.
"Hay un nuevo sheriff en la ciudad, el presidente Donald Trump, quien va a limpiar a EE.UU. y devolverle su esplendor. Y va a empezar con ustedes musulmanes (...) hijos de Satanás. Él va a hacer con ustedes lo que Hitler hizo con los judíos", dice un fragmento de la carta divulgada por el CAIR. "Larga vida al presidente Trump y que Dios bendiga a EE.UU.", finaliza la misiva.
Asimismo, el CAIR denunció que desde las recientes elecciones presidenciales estadounidenses del 8 de noviembre, se han registrado más de 100 incidentes contra musulmanes en todo el país.
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Reclaman a Obama cese de transferencia de reos de Base Naval de Guantánamo
El senador republicano estadounidense Tom Cotton pidió hoy al presidente Barack Obama que ponga fin a la transferencia a otros países de los detenidos en la cárcel de la base naval de Guantánamo, en el sureste de Cuba.
Desde enero de 2002 bajo la administración de George W. Bush, Estados Unidos mantiene un centro de internamiento en ese enclave militar ubicado en territorio cubano contra la voluntad del Gobierno y pueblo de la isla caribeña.
Hay que dejar allí a esos prisioneros porque son lo peor de lo peor, para que no puedan regresar al campo de batalla y atacarnos una vez más, señaló Cotton en una declaración en la que critica el traslado del yemenita Shawqi Awad Balzuhair, a Cabo Verde este fin de semana.
Cotton, quien encabeza el Comité de Servicios Armados de la Cámara alta, señaló que a Obama le preocupa más cumplir su promesa de campaña, que garantizar la seguridad nacional del país.
Al anunciar el domingo la transferencia de Balzuhair, el Pentágono aclaró que una comisión de representantes de esa agencia federal, así como de los departamentos de Justicia y Seguridad Interior y la Oficina Nacional de Inteligencia, determinó que dicho individuo no representaba un peligro significativo para la seguridad nacional del país.
Desde que asumió el primer mandato en 2009 Obama aseguró que cerraría dicha penitenciaría, pero el liderazgo republicano en el Congreso y grupos de ultraderecha obstaculizaron ese objetivo.
Después que el jefe de la Casa Blanca ordenó la salida de 15 detenidos en agosto, la mayor transferencia realizada hasta la fecha, el liderazgo del partido rojo aceleró sus esfuerzos por bloquear la clausura de la cárcel, donde quedan 59 reos, una veintena de los cuales están autorizados para ser trasladados a otros países.
El presidente electo, Donald Trump, prometió mantener abierta la instalación e incluso llenarla con más sospechosos de terrorismo, a pesar de las reiteradas denuncias de grupos defensores de los derechos civiles sobre el historial de torturas y vejaciones que en los últimos años se cometieron contra quienes estaban presos en ese centro.
(Con información de Prensa Latina)
