“Creemos
que el Departamento del Estado se equivocó en certificar el
cumplimiento de Honduras con estos requisitos. Hay evidencia
significativa de que la impunidad, la corrupción y la violación de los
derechos humanos continúan sin disminución en Honduras”, dicen en una
fuerte carta enviada al secretario de Estado, John Kerry.
“Como
usted sabe, la Ley de Asignaciones Consolidadas del 2016 requirió que
el Departamento de Estado investigara y reportara si el gobierno central
de Honduras está tomando pasos efectivos para “combatir la corrupción,
incluyendo investigar y enjuiciar a oficiales del gobierno señalados por
ser corruptos”.
15 de diciembre de 2016
Honorable John Kerry
Secretario de Estado
Departamento de Estado de los EE.UU.
2201 C Street, NW
Washington, D.C. 20520
Estimado Secretario Kerry:
Le
escribimos para expresar nuestra preocupación con respecto a la grave
situación de los derechos humanos y el deterioro continuo del estado de
derecho en Honduras. Estamos preocupados particularmente por la
certificación del Departamento de Estado del 30 de septiembre de 2016,
afirmando que el gobierno de Honduras ha cumplido con las condiciones
puestas por el Congreso sobre el 50 por ciento de la ayuda a Honduras
para el año fiscal 2016, y pedimos que usted revoque esa certificación.
Como
usted sabe, la Ley de Asignaciones Consolidadas del 2016 requirió que
el Departamento de Estado investigara y reportara si el gobierno central
de Honduras está tomando pasos efectivos para “combatir la corrupción,
incluyendo investigar y enjuiciar a oficiales del gobierno señalados por
ser corruptos”,
para implementar políticas para “mejorar la transparencia y
fortalecimiento de las instituciones públicas” incluyendo la
independencia de la rama judicial, e “investigar y enjuiciar en el
sistema de justicia civil a los miembros de las fuerzas armadas y las
fuerzas policiales sospechados de haber violado los derechos humanos, y
asegurar que los militares y la policía estén colaborando en tales
casos.”
También
se ha requerido que el gobierno tome pasos efectivos para crear una
fuerza policial que rinda cuentas y “reducir el papel de los militares
en la policía doméstica”. Si están ausentes estos hallazgos y una
certificación del Departamento de Estado, el Congreso requiere que la
agencia retenga el 50 por ciento del financiamiento en ayuda exterior a
Honduras.
Creemos
que el Departamento del Estado se equivocó en certificar el
cumplimiento de Honduras con estos requisitos. Hay evidencia
significativa de que la impunidad, la corrupción y la violación de los
derechos humanos continúan sin disminución en Honduras. Por ejemplo, el
Presidente Juan Orlando Hernández y su Partido Nacional que está de
turno han admitido que robaron fondos del Servicio Nacional de la Salud y
que desviaron estos fondos hacia las arcas de campaña para las
elecciones del 2013; sin embargo, el Fiscal General no les ha
enjuiciado. Se ha documentado que violaciones graves a derechos humanos
se han cometido en el caso de Héctor Iván Mejía, el Director de
Organización, Adiestramiento y Operaciones de la Policía Nacional
hondureña (la tercera posición más alta) y él que sigue en su mando.
Recientemente, un capitán de los Fuerzas Armadas de Honduras y
anteriormente un informante de la DEA ha alegado que el Ministro de la
Defensa, Samuel Reyes, es narcotraficante.
Aunque
se está exhibiendo con mucha fanfarria una aparente limpieza de la
policía, la misma comisión de depuración incluye a un líder del golpe de
estado del 2009. La comisión reporta que se han destituido a cientos de
miembros aparentemente corruptos, ningún caso de ellos (a la fecha de
hoy) ha sido enviado al Ministerio Público para la prosecución.
Se
sigue socavando la independencia judicial, lo que contribuye a la mayor
impunidad. En febrero del 2016, el Congreso de Honduras eligió una
nueva Corte Suprema en un proceso que ampliamente fue denunciado por ser
ilegal y por falta de transparencia. En octubre, el gobierno anunció
que no restaurará a cuatro jueces que fueron ilegalmente despedidos
porque públicamente expresaron su oposición al golpe de estado, aunque
la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó su reinstalación. En
el mismo mes, el Congreso de Honduras nombró a una nueva corte
anti-corrupción en un proceso ampliamente criticado.
El
papel de los militares en la policía doméstica también se sigue
expandiendo en violación de la Constitución Hondureña. En agosto de
2016, el gobierno anunció la creación de dos batallones adicionales de
la Policía Militar del Orden Público (PMOP) que responde al mando
militar, pero desempeña funciones domésticas policiales. Los grupos de
derechos humanos han documentado múltiples graves violaciones de los
derechos humanos por parte de la PMOP y con impunidad. En otro alarmante
ejemplo de la expansión militar en la policía doméstica, la importante
fuerza FUSINA combina agencias civiles y militares, incluyendo a la
policía normal, en un solo cuerpo bajo la supervisión militar.
Además
de los requerimientos previamente mencionados, notamos que la Ley de
Asignaciones Consolidadas del 2016 también ordenó que el gobierno
central de Honduras creara una “entidad autónoma que rinde cuentas al
público y provee vigilancia” al Plan de la Alianza para la Prosperidad
del Triángulo Norte; implementa políticas que garanticen la consulta con
comunidades locales afectadas y con grupos de sociedad civil,
incluyendo los grupos indígenas, en cualquier actividad del plan;
mejorar la transparencia; colaborar con las comisiones contra la
impunidad y los grupos regionales para los derechos humanos; y proteger
el derechos de la oposición política, periodistas, sindicalistas,
defensores de los derechos humanos y de otros activistas de la sociedad
civil para poder operar sin ninguna interferencia.
Sin
embargo, no se ha puesto en marcha ninguna instancia de monitoreo. De
hecho, una nueva “Ley de Secretividad” que sella los records del
gobierno ha dramáticamente disminuido la transparencia. Además, el
asesinato de la líder indígena Berta Cáceres en marzo de 2016 da realce
al fracaso ilegal y constante del gobierno en consultar con los grupos
indígenas y afro-indígena sobre la construcción de represas
hidroeléctricas y otros proyectos de desarrollo. Además, se sigue
amenazando la libertad de activistas como Cáceres cuando ejercen
derechos civiles básicos, a menudo en forma fatal. El mismo Presidente
Hernández repetidamente y públicamente ha acusado a los defensores de
los derechos humanos de socavar el país. Todavía el gobierno no ha
implementado una ley, aun notablemente débil, que fue diseñada para
proteger a los defensores de los derechos humanos.
El
gobierno ha fracasado en cumplir con una orden de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos que ordenó la protección de más de
300 hondureños. Esto ilustra el fracaso sostenido del gobierno de
Honduras en colaborar con los grupos regionales de derechos humanos, tal
como es requerido por el Congreso. La nueva Misión de Apoyo contra la
Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), formado por la
Organización de Estados Americanos en el 2015, ha reportado que el
gobierno de Honduras no ha aprobado la nueva legislación que esta
entidad había recomendado y que el gobierno no colabora con ella.
Finalmente,
nos preocupa una declaración reciente en la cual el Departamento de
Estado declara que los EE.UU. no se opone a la reelección presidencial
en Honduras aunque la Constitución de Honduras específicamente prohíbe
la reelección y aún más considera como acto criminal que el presidente
de turno abogue por ella. Al emitir esta declaración a pocos días
después de que el presidente de Honduras había anunciado su candidatura
para la reelección, el Departamento de Estado demuestra una preocupante
falta de respeto por el estado de derecho en Honduras y simultáneamente
apoya una administración con una larga trayectoria de socavar el estado
de derecho.
Le
pedimos revocar inmediatamente la certificación del 50 por ciento de
los fondos alocados bajo la Ley de Asignaciones Consolidadas del 2016
que están sujetos al cumplimiento con las condiciones necesarias para
los derechos humanos. En términos más amplios, le pedimos que repiense
el apoyo de los EE.UU. a un gobierno con una larga y establecida
trayectoria de violaciones a los derechos humanos y la concertada falta
de respeto para el estado de derecho.
Sinceramente,
Miembros del Congreso
TRUMP: “NO PERMITIREMOS QUE SE VIOLEN LAS DEMOCRACIAS CENTROAMERICANAS”
“No
se equivoquen, nuestro país no avalará a personas que violen las leyes
de su país”, esto ha dicho el presidente electo de los Estados Unidos,
Donald Trump (foto), en referencia al proceso ilegitimo de reelección
presidencial que ha sido impuesta por el gobernante Partido Nacional y
el actual mandatario Juan Hernández.
Desde hace varias semanas atrás, el presidente electo viene haciendo amenazas de enviar comisiones independientes a los países de Centro América, con el propósito de destruir el sistema de corrupción característico de la zona.
Agencias / EL LIBERTADOR
Washington.
El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump se pronunció
sobre la violación a la Constitución hondureña, de parte del presidente
Juan Hernández.
Hernández
se ha inscrito como precandidato presidencial para los comicios
internos a celebrarse en marzo próximo, aun cuando la Carta Magna del
país considera ilegal la reelección presidencial.
El
mandatario hondureño se basó en el fallo que emitió la nueva Corte
Suprema de Justicia (CSJ), que fue elegida en un proceso cuestionado a
principios de 2016.
Trump,
manifestó “no se equivoquen, nuestro país no avalara a personas que
violen las leyes de su país”; haciendo hincapié en que EE.UU. es uno de
los mayores donantes de Honduras.
El polémico republicano ha dejado claro en varias ocasiones que no está dispuesto a mantener la ayuda para regímenes corruptos.
Desde hace varias semanas atrás, el presidente electo viene haciendo amenazas de enviar comisiones independientes a los países de Centro América, con el propósito de destruir el sistema de corrupción característico de la zona.
Cabe
mencionar que los gobernantes hondureños, se llenaron de terror cuando
los ciudadanos salieron a las calles a exigir la instalación de la
Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH),
emulando al organismo que opero en Guatemala y causo la destitución y
encarcelamiento del presidente Otto Pérez.
La
corrupción e impunidad que impera en Honduras, ha llevado a que sea
condicionada cuando se trata de recibir ayudas, ya que el país ha sido
reconocido mundialmente por los sonados y escandalosos casos de
pudrición institucional.
PRESENTAN RECURSO DE AMPARO CONTRA LA REELECCIÓN
La
inscripción del presidente Juan Hernández, ya tiene una piedra en el
camino, y es que representantes de la oposición aglutinada en los
partidos Innovación y Unidad (PINU), Anticorrupción (PAC) y Libertad y
Refundación (LIBRE), presentaron ante la Sala de lo Constitucional en
la Corte Suprema de Justicia (CSJ), un recurso de amparo que busca
frenar las aspiraciones reeleccionistas del mandatario.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa.
Las máximas autoridades de los partidos Libertad y Refundación (LIBRE),
Anticorrupción (PAC) e Innovación y Unidad (PINU), asistieron este
jueves ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para presentar un
recurso de amparo en contra de la reelección a la que aspira el actual
presidente, Juan Hernández.
Los
dirigentes Manuel Zelaya de LIBRE, Guillermo Valle del PINU y Salvador
Nasralla del PAC, llegaron de manera unificada a la Sala de lo
Constitucional, luego de conocerse que el pasado miércoles el Tribunal
Supremo Electoral (TSE), inscribió al mandatario.
Con
dos votos a favor y uno en contra, el TSE dio el visto bueno para
Hernández vaya como precandidato presidencial por dos corrientes del
Partido Nacional, desatando opiniones desfavorables de varios sectores
que se oponen a la reelección presidencial.
Valle,
declaró que agotarán las instancias nacionales y luego acudirán a
instancias internacionales porque “las autoridades nacionalistas
deberían estar en la cárcel”.
Por
su parte, Zelaya, dijo que el mal gobierno de Hernández, no tiene
ningún futuro, e hizo un llamado al Partido Liberal a que se unan o de
lo contrario se quedaran solos.
Sobre
el apoyo que recibió Hernández antes de recibir “la bendición” del TSE,
Nasralla acusó que a las personas se les pagó 150 lempiras “por el
poder y abuso” del presidente.
“El
estado de derecho desapareció, nos convertimos en un Estado autocrático
donde una sola persona maneja los tres poderes del Estado, el
Ministerio Publico, El TSE y todas las instituciones incluyendo las
Fuerzas Armadas a las que les están comprando armamento para que se
queden calladas”, criticó.MEL ZELAYA: “NO NOS VAMOS A QUEDAR DE BRAZOS CRUZADOS”
El
expresidente de Honduras (2006-2010), Manuel Zelaya, se pronunció sobre
la determinación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de aceptar la
inscripción del actual presidente, Juan Orlando Hernández; en ese
sentido manifestó que la oposición política no se quedará de brazos
cruzados.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El
Coordinador General del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), Manuel
Zelaya, reaccionó ante la resolución dictaminada por el Tribunal Supremo
Electoral (TSE), al inscribir la precandidatura del actual gobernante
Juan Hernández, para las próximas elecciones primarias de 2017.
El
líder opositor manifestó que no les sorprende que la inscripción de
Hernández haya quedado dos a uno, pues afirmó que “la posición del
Partido Liberal (PL) es acomodada”, Zelaya advirtió que por ende, “no
representa lo que ha pasado en estos tres años de la historia de
Honduras".
Asimismo,
expuso que los liberales, han acompañado a Hernández en el cambio de
las leyes, en la reelección y en la entrega de los poderes del Estado.
De
igual manera, estableció que la forma de detener la reelección
presidencial es con la unión y alianza de la oposición y la presentación
de recursos a las instancias necesarias del Estado.
Informó
que junto con los partidos Innovación y Unidad (PINU) y Anticorrupción
(PAC), presentarán un recurso en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para
la impugnación al fallo de esta misma de no sancionar la reelección.
Zelaya notificó que la única forma de vencer el régimen de Hernández, es a través de una alianza política.
El
coordinador de LIBRE advirtió que la oposición política no se quedará
de brazos cruzados ni tomará la vía de las armas para derrotar al
mandatario “vamos a ir a las urnas”.
Más de 2 mil 500 ejecuciones arbitrarias se han registrado durante el gobierno de JOH
Tegucigalpa.
Por Marvin Palacios
Casa Alianza-Honduras, a través del Observatorio de derechos de los niños, niñas y jóvenes, reveló en un informe, que en el transcurso de los treinta y cuatro meses de gobierno de Juan Orlando Hernández, se han registrado 2,550 muertes violentas y/o ejecuciones arbitrarias de niñas, niños y jóvenes menores de 23 años en el país.
Este registro se basa solamente en los datos obtenidos mediante el monitoreo de los medios de comunicación escrita del país, por lo que la cifra puede estar muy por debajo de todos los casos que realmente han sucedido.
Por otra parte, solo en el mes de noviembre del año en curso, se registraron 60 casos de muertes violentas o ejecuciones arbitrarias de niñas, niños y jóvenes menores de 23 años.
Del total de las ejecuciones arbitrarias, los datos indican que 57 correspondieron al sexo masculino y 3 al sexo femenino. En lo que respecta a las edades, entre los 0 y 17 años, se reportaron un total de 15 víctimas y entre los 18 y 23 años un total de 54 muertes.
Para el grupo de edad entre los 0 y 17 años, las víctimas de sexo masculino fueron 13 y las de sexo femenino 2. En las edades entre 18 y 23 años, las muertes de sexo masculino fueron 44 y la de sexo femenino fue 1.
Si se compara las muertes violentas de octubre (76 casos) con las de noviembre (60 casos) se registra una disminución de 16 casos.
Los municipios que presentan la mayor cantidad de casos de muertes violentas de menores de 23 años son San Pedro Sula con 12 casos y el Distrito Central con 21 casos.
Los departamentos del país en los que se registró un mayor número de ejecuciones arbitrarias y/o muertes violentas de menores de 23 años son, Cortés con 27 casos y Francisco Morazán con 25, concentrando entre los dos departamentos el 86% a nivel nacional.
De los 60 casos registrados en noviembre, la principal causa de muerte es la provocada por heridas de bala (arma de fuego) con el 66.6 por ciento de los casos, luego las muertes provocadas por asfixia, por estrangulamiento con el 11.6 por ciento y las muertes por causa no determinada, con el 13 por ciento de los casos.
Durante noviembre, los medios de comunicación escritos del país reportaron la muerte en forma violenta de 210 personas, lo que representa una cifra de 7 muertes violentas diarias. Del total de las muertes, 189 fueron del sexo masculino, 21 del sexo femenino.
97 casos corresponden a niños, niñas y jóvenes menores de 30 años, representando el 46 por ciento de las víctimas. Los casos reportados están en edades entre 3 y 70 años.
Es de hacer notar la incidencia de homicidios múltiples ocurrida durante noviembre. En total se registró en los medios de comunicación escrita, la muerte de forma violenta de 25 personas, las que ocurrieron en 6 matanzas.
La principal causa de las muertes violentas durante noviembre fue la provocada por armas de fuego con el 67.6 por ciento de los casos, seguido por las provocadas por arma blanca con el 6.6 por ciento, luego las producidas por asfixia con el 5.7 por ciento y por último las provocadas por objeto contuso; con el 1.9 por ciento. En un 18 por ciento de los casos, no se determinó la causa de muerte.
Es importante resaltar que se evidencia un incremento de casos en los cuales se encuentran los cuerpos con señales de tortura previa a la ejecución, dentro de sacos, bolsas plásticas, amarrados con sogas o envueltos en sábanas y las víctimas son estranguladas hasta la muerte.
De la información recopilada durante noviembre, en el 90 por ciento de los casos se desconoce la identidad del responsable de las muertes, lo que significa casi siempre impunidad para los autores materiales.
Existe la percepción en la ciudadanía que la policía de investigación solamente hace la labor de levantar el cuerpo y entregarlo a sus familiares si estos lo reclaman, mientras que la muerte del niño o la niña, solamente representa un expediente más en los archivos judiciales.
Durante los últimos 18 años, particularmente entre febrero de 1998 a noviembre de 2016 se han registrado en el país 11,844 casos de ejecuciones arbitrarias y muertes violentas de niños, niñas y jóvenes menores de 23 años.
Asimismo durante noviembre de este año, se presentaron casos de ejecuciones en grupo, donde dos o más jóvenes fueron asesinados, ya sea que hayan sido raptados y llevados a zonas retiradas de la ciudad o en las calles de los barrios y colonias, en canchas de futbol e incluso dentro de sus propias casas.
La violencia de género continúa afectando a las niñas, adolescentes y mujeres de Honduras. Datos preliminares indican que entre enero y octubre de 2016 se han registrado 388 muertes violentas de mujeres, presentándose la mayor vulnerabilidad en edades de 15 a 39 años (68.8%), esto según el Observatorio Nacional de la Violencia (ONV) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) .
Para las edades de 0 a 19 años, las muertes violentas de niñas y adolescentes suman 77 casos, lo que representa un 19 por ciento del total de víctimas.
Se estima que hasta octubre había más de dos mil 500 denuncias por violencia doméstica en la ciudad de San Pedro Sula, -el año anterior fueron 4,468-. De igual manera, se han presentado 1,574 denuncias por agresiones sexuales y a la fecha hay unas 1,574 mujeres desaparecidas.
Catacamas, Olancho.
Por Sandra Rodríguez
Estudiantes de último año de la Universidad Nacional Agrícola de Catacamas, Olancho, están siendo manipulados por las autoridades académicas, para que ingresaran de manera forzosa a las instalaciones que permanecen en toma desde hace cuatro semanas, y ahora entra a oficinas donde hay documentación que les permita graduarse.
El hecho se produjo alrededor de las 12:30 del mediodía, con objetivo de ingresar a las oficinas de rectoría y administración, para sacar documentos, supuestamente para que se gradúen 200 de 600 estudiantes el próximo martes 20 de diciembre, aunque Educación Superior ya canceló dichos actos, denunciaron alumnos que permanecen en la toma exigiendo se respete el reglamento interno, una oficina permanente de DDHH, educación de calidad entre otras demandas.
También entraron trabajadores y el vice rector académico Javier Reyes, pero no han logrado su cometido, porque las vallas estudiantiles están custodiando las oficinas, donde hay un cartel que expresa: “sellado por disposición de la comisión de auditoria académica externa”, seguido de tres firmas y la fecha 15-12-16, declaró a defensoresenlinea.com, una de las lideresas universitarias.
Agregó que, el grupo manipulado de alumnos y alumnas, ha estado recibiendo clases de manera irregular, fuera de la UNA, con la promesa de que se graduarían próximamente, el resto están de parte de la toma, desde el pasado 18 de noviembre, cuando las autoridades pretendieron expulsar a ocho de sus compañeros, después de una actividad propia de los futuros ingenieros agrónomos.
También ha trascendido, que un estudiante universitario, fue agredido en el intento de ingresar a los predios de la UNA.
De una matrícula de al menos cinco mil personas nacionales y extranjeras, mil estudiantes iniciaron la protesta, solidarizándose con los de último año, lo que fue el detonante para que iniciara la toma indefinida, de ahí vinieron amenazas de desalojo, requerimientos fiscales contra 51 jóvenes, 79 expulsiones contra líderes de la manifestación pacífica, acoso de parte de autoridades políticas que amenazas con retirar las ayudas económicas a los y las becadas, y desde hace varios meses se anunció el despido de docentes, afectado al menos a 45 sin causa justificada.
Ayer personal del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, constató que el Ministerio Público desistió de la acción penal pública contra 51 estudiantes de la UNA acusados por el delito detención de suelo o espacio de uso o dominio público, en perjuicio del Estado de Honduras y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
La UNA es rectorada por el también Ministro de Educación Marlon Escoto, funcionario que es desconocido por los y las estudiantes, ya que su reelección violentó el reglamento interno que no permite más de dos periodos en el cargo, y este sería el tercero, según docentes y alumnos.
martes, 22 de noviembre de 2016
Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz.
Dado a los 21 días del mes de noviembre de 2016 en la ciudad de La Esperanza.
Por Marvin Palacios
Casa Alianza-Honduras, a través del Observatorio de derechos de los niños, niñas y jóvenes, reveló en un informe, que en el transcurso de los treinta y cuatro meses de gobierno de Juan Orlando Hernández, se han registrado 2,550 muertes violentas y/o ejecuciones arbitrarias de niñas, niños y jóvenes menores de 23 años en el país.
Este registro se basa solamente en los datos obtenidos mediante el monitoreo de los medios de comunicación escrita del país, por lo que la cifra puede estar muy por debajo de todos los casos que realmente han sucedido.
Por otra parte, solo en el mes de noviembre del año en curso, se registraron 60 casos de muertes violentas o ejecuciones arbitrarias de niñas, niños y jóvenes menores de 23 años.
Del total de las ejecuciones arbitrarias, los datos indican que 57 correspondieron al sexo masculino y 3 al sexo femenino. En lo que respecta a las edades, entre los 0 y 17 años, se reportaron un total de 15 víctimas y entre los 18 y 23 años un total de 54 muertes.
Para el grupo de edad entre los 0 y 17 años, las víctimas de sexo masculino fueron 13 y las de sexo femenino 2. En las edades entre 18 y 23 años, las muertes de sexo masculino fueron 44 y la de sexo femenino fue 1.
Si se compara las muertes violentas de octubre (76 casos) con las de noviembre (60 casos) se registra una disminución de 16 casos.
Los municipios que presentan la mayor cantidad de casos de muertes violentas de menores de 23 años son San Pedro Sula con 12 casos y el Distrito Central con 21 casos.
Los departamentos del país en los que se registró un mayor número de ejecuciones arbitrarias y/o muertes violentas de menores de 23 años son, Cortés con 27 casos y Francisco Morazán con 25, concentrando entre los dos departamentos el 86% a nivel nacional.
De los 60 casos registrados en noviembre, la principal causa de muerte es la provocada por heridas de bala (arma de fuego) con el 66.6 por ciento de los casos, luego las muertes provocadas por asfixia, por estrangulamiento con el 11.6 por ciento y las muertes por causa no determinada, con el 13 por ciento de los casos.
Durante noviembre, los medios de comunicación escritos del país reportaron la muerte en forma violenta de 210 personas, lo que representa una cifra de 7 muertes violentas diarias. Del total de las muertes, 189 fueron del sexo masculino, 21 del sexo femenino.
97 casos corresponden a niños, niñas y jóvenes menores de 30 años, representando el 46 por ciento de las víctimas. Los casos reportados están en edades entre 3 y 70 años.
Es de hacer notar la incidencia de homicidios múltiples ocurrida durante noviembre. En total se registró en los medios de comunicación escrita, la muerte de forma violenta de 25 personas, las que ocurrieron en 6 matanzas.
La principal causa de las muertes violentas durante noviembre fue la provocada por armas de fuego con el 67.6 por ciento de los casos, seguido por las provocadas por arma blanca con el 6.6 por ciento, luego las producidas por asfixia con el 5.7 por ciento y por último las provocadas por objeto contuso; con el 1.9 por ciento. En un 18 por ciento de los casos, no se determinó la causa de muerte.
Es importante resaltar que se evidencia un incremento de casos en los cuales se encuentran los cuerpos con señales de tortura previa a la ejecución, dentro de sacos, bolsas plásticas, amarrados con sogas o envueltos en sábanas y las víctimas son estranguladas hasta la muerte.
De la información recopilada durante noviembre, en el 90 por ciento de los casos se desconoce la identidad del responsable de las muertes, lo que significa casi siempre impunidad para los autores materiales.
Existe la percepción en la ciudadanía que la policía de investigación solamente hace la labor de levantar el cuerpo y entregarlo a sus familiares si estos lo reclaman, mientras que la muerte del niño o la niña, solamente representa un expediente más en los archivos judiciales.
Durante los últimos 18 años, particularmente entre febrero de 1998 a noviembre de 2016 se han registrado en el país 11,844 casos de ejecuciones arbitrarias y muertes violentas de niños, niñas y jóvenes menores de 23 años.
Asimismo durante noviembre de este año, se presentaron casos de ejecuciones en grupo, donde dos o más jóvenes fueron asesinados, ya sea que hayan sido raptados y llevados a zonas retiradas de la ciudad o en las calles de los barrios y colonias, en canchas de futbol e incluso dentro de sus propias casas.
La violencia de género continúa afectando a las niñas, adolescentes y mujeres de Honduras. Datos preliminares indican que entre enero y octubre de 2016 se han registrado 388 muertes violentas de mujeres, presentándose la mayor vulnerabilidad en edades de 15 a 39 años (68.8%), esto según el Observatorio Nacional de la Violencia (ONV) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) .
Para las edades de 0 a 19 años, las muertes violentas de niñas y adolescentes suman 77 casos, lo que representa un 19 por ciento del total de víctimas.
Se estima que hasta octubre había más de dos mil 500 denuncias por violencia doméstica en la ciudad de San Pedro Sula, -el año anterior fueron 4,468-. De igual manera, se han presentado 1,574 denuncias por agresiones sexuales y a la fecha hay unas 1,574 mujeres desaparecidas.
En
este momento alumnos de la Universidad Nacional de Agricultura de
Catacamas están siendo atacados por personas que han entrado a los
predios que permanecen tomados desde hace un mes.
Se
reportan estudiantes heridos con armas corto punzantes (machete y
cuchillo), según comunicación con el COFADEH, de parte de la comunidad
estudiantil en la UNAG, aun no se establece la cantidad de estudiantes
atacados.
Hay fuertes enfrentamientos entre empleados y estudiantes que defienden la Educación Pública de Calidad.
Además hay personas ajenas a la UNAG, que han sido contratadas para atacar a los y las manifestantes.
Se
está causando daños a las instalaciones y vehículos propiedad de la
Universidad y que los y las estudiantes han cuidado en este tiempo.
Hay
banderas señalando los caminos entre la oscuridad por donde pueden
ingresar los agresores, aunque la policía está presente, no ha
intervenido para detener las agresiones, incluso hay efectivos
policiales atacados.
Desde
temprano se denunció que más de 200 personas entre empleados y alumnos
manipulados por las autoridades de la UNAG entraron a la fuerza con la
intensión de llevarse documentos de las oficinas de rectoría y
administración.
Catacamas, Olancho.
Por Sandra Rodríguez
Estudiantes de último año de la Universidad Nacional Agrícola de Catacamas, Olancho, están siendo manipulados por las autoridades académicas, para que ingresaran de manera forzosa a las instalaciones que permanecen en toma desde hace cuatro semanas, y ahora entra a oficinas donde hay documentación que les permita graduarse.
El hecho se produjo alrededor de las 12:30 del mediodía, con objetivo de ingresar a las oficinas de rectoría y administración, para sacar documentos, supuestamente para que se gradúen 200 de 600 estudiantes el próximo martes 20 de diciembre, aunque Educación Superior ya canceló dichos actos, denunciaron alumnos que permanecen en la toma exigiendo se respete el reglamento interno, una oficina permanente de DDHH, educación de calidad entre otras demandas.
También entraron trabajadores y el vice rector académico Javier Reyes, pero no han logrado su cometido, porque las vallas estudiantiles están custodiando las oficinas, donde hay un cartel que expresa: “sellado por disposición de la comisión de auditoria académica externa”, seguido de tres firmas y la fecha 15-12-16, declaró a defensoresenlinea.com, una de las lideresas universitarias.
Agregó que, el grupo manipulado de alumnos y alumnas, ha estado recibiendo clases de manera irregular, fuera de la UNA, con la promesa de que se graduarían próximamente, el resto están de parte de la toma, desde el pasado 18 de noviembre, cuando las autoridades pretendieron expulsar a ocho de sus compañeros, después de una actividad propia de los futuros ingenieros agrónomos.
También ha trascendido, que un estudiante universitario, fue agredido en el intento de ingresar a los predios de la UNA.
De una matrícula de al menos cinco mil personas nacionales y extranjeras, mil estudiantes iniciaron la protesta, solidarizándose con los de último año, lo que fue el detonante para que iniciara la toma indefinida, de ahí vinieron amenazas de desalojo, requerimientos fiscales contra 51 jóvenes, 79 expulsiones contra líderes de la manifestación pacífica, acoso de parte de autoridades políticas que amenazas con retirar las ayudas económicas a los y las becadas, y desde hace varios meses se anunció el despido de docentes, afectado al menos a 45 sin causa justificada.
Ayer personal del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, constató que el Ministerio Público desistió de la acción penal pública contra 51 estudiantes de la UNA acusados por el delito detención de suelo o espacio de uso o dominio público, en perjuicio del Estado de Honduras y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
La UNA es rectorada por el también Ministro de Educación Marlon Escoto, funcionario que es desconocido por los y las estudiantes, ya que su reelección violentó el reglamento interno que no permite más de dos periodos en el cargo, y este sería el tercero, según docentes y alumnos.
El COPINH denuncia intento de entrada forzada al Centro Utopia
El COPINH denuncia que aproximadamente
a la una de la mañana el dia miercoles, 16 de noviembre, personas
desconocidas intentaron entrar a la fuerza en el Centro de Amistad
Utopia del COPINH, donde estaban durmiendo líderes y miembros del
COPINH después de haber regresado de la Cumbre contra el
Extractivismo en Tegucigalpa. Unos miembros del COPINH se despertaron
al escuchar personas intentando forzar abierto una de las puertas
principales del Centro Utopia. Estas personas desconocidas
intentaron forzar la chapa y golpearon fuertemente las puertas.
Luego, mientras que alguien siguió golpeando a esa puerta, se
escuchó pasos pesados que caminaron hacia la ventana de uno de los
cuartos, y intentaron abrir la ventana. La persona movía las tablas
de madera de la ventana y golpeaban la ventana con fuerza, intentando
forzarla para abrirla. Luego se escucho golpes fuertes a la otra
puerta principal, intentando abrirlo también, mientras alguien
seguia golpeando la primera puerta principal.
Cabe destacar que uno de los líderes
del COPINH llamó al 911 para pedir auxilio y esperó en la línea
mientras que el operador de 911 informó a la Policía de La
Esperanza, y fue informado que la policía ya iba a venir. Sin
embargo, la policía nunca llegó, ni durante el intento de entrada,
ni después.
De igual forma denunciamos la campaña
de difamación en la prensa contra el COPINH por parte de intereses
de empresas hidroeléctricas, alegando que estamos mintiendo y
haciendo 'un drama' cuando denunciamos actos de represión. Esta
campaña nefasta cita al portavoz de Secretaria de Seguridad, quien
dice que no hay una denuncia con la policia de los disparos hacia
Tomás Gómez. Preguntamos, que después de tanta persecución por
parte del estado, incluso por parte de la policía y el ejército,
por ejemplo cuando militares siguieron a Tomás Gómez hasta la misma
oficina de la policía en La Esperanza, ¿por qué debemos confiar en
la policía y el estado? Cuando llamamos al 911 y la policía
no vienen, en confabulación con los que amenazan o buscan hacer daño
a los miembros del COPINH, ¿por qué debemos luego ir buscar a la
misma policia para denunciar estos hechos? Cuando la noche del
asesinato de Berta Cáceres y los miembros del COPINH iban
rapidamente hacia la casa de Berta después de recibir la llamada que
ella estaba asesinada y encontraron policías saliendo de la zona,
¿por qué los policías dijeron a los miembros del COPINH que “allí
no hay nada”?
También, denunciamos amenazas a muerte
contra miembros del COPINH en Rio Blanco. Cuando miembros de la
comunidad de Rio Blanco estaban trabajando sembrando maiz, fueron
informados que se iba a 'botar la cabeza' de dos miembros de COPINH
para el dia 24.
Exigimos que un alto a la persecución
del COPINH y respeto para el pueblo Lenca. Responsabilizamos al
estado de Honduras y los poderes económicos que buscan construir
represas y proyectos extractivistas en territorio Lenca por la
agresión y a los miembros y líderes del COPINH.
Exigimos al estado que nos de un
informe sobre las exigencias que hemos hecho, ya que se han ignorado
nuestros reclamos y exigencias justas. Seguimos exigiendo la
cancelacion definitiva del Proyecto Hidroelectrico Agua Zarca en el
sagrado Rio Gualcarque.
Con el espíritu de Berta, seguiremos
nuestra lucha en defensa del territorio Lenca, de la vida, de los
ríos, bosques, y aire. No nos callarán con balas ni con
fusiles ni con campañas de difamación. Berta no murió, se
multiplicó.
Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz.
Dado a los 21 días del mes de noviembre de 2016 en la ciudad de La Esperanza.
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