Tres generales y un cartel: violencia policial e impunidad en Honduras
Por
Alberto Arce
15 abril 2016 THE NEW YORK TIMES
Los generales Salomón Escoto Salinas, José Francisco Murillo López y José Luis Muñoz Licona. Se reunieron para planear, ordenar y ejecutar el asesinato del General Julián Arístides González, según un informe interno de la policía. Credit German Andino
Los generales Salomón Escoto Salinas, José Francisco Murillo López y José Luis Muñoz Licona. Se reunieron para planear, ordenar y ejecutar el asesinato del General Julián Arístides González, según un informe interno de la policía. Credit German Andino
En
julio de 2009, el narcotraficante hondureño Winter Blanco, un tipo
gordito, rudo, de pelo rapado, y prófugo de la justicia, jefe del Cartel
del Atlántico, quiso tumbarle un cargamento de cocaína a Emilio
Fernández Rosa, conocido como “Don H”, que tenía 143 kilos en una casa
de la Mosquitia, en la costa Caribe de Honduras.
Blanco llamó al General de la policía José Murillo López, orondo y con cara de bonachón, y le propuso un negocio. Si sus agentes conseguían la droga, se la compraría. Después de pedirle autorización al director general de la policía, el General Salomón Escoto Salinas, Murillo López envió a 12 de sus hombres al lugar.
Cumplieron su misión. Pero algo se torció.
La información llegó a manos del zar antidrogas, el General Julián Arístides González, y unos días después encabezó un operativo que terminó con el arresto de los policías y el decomiso de la cocaína.
Cumplir con su deber sería la sentencia de muerte para ese general retirado que Estados Unidos, en un cable enviado desde su Embajada en Tegucigalpa al Departamento de Estado, había calificado de “algo así como la última esperanza” de la lucha contra el narcotráfico en el país.
Los hechos que describe este reportaje han sido extraídos de dos informes de la Inspectoría General de la Policía de Honduras redactados en 2009 y 2011 a los que ha tenido acceso The New York Times y que incluyen testimonios de testigos, descripciones de videos y registros de llamadas telefónicas.
Al General Arístides González lo mandaron a matar dos directores generales de la policía de Honduras que dirigieron la institución entre 2010 y 2013, los generales José Luis Muñoz Licona y José Ricardo Ramírez del Cid, que según la investigación de la propia policía, trabajaban para el Cartel del Atlántico junto con más de dos docenas de oficiales de diversos rangos. Recibieron la orden, organizaron el asesinato, lo ejecutaron y lo encubrieron. E hicieron lo mismo con el político de la Democracia Cristiana Alfredo Landaverde, que también había sido titular de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico.
El predecesor de Muñoz Licona y Ramírez del Cid, el Director General de la Policía Salomón Escoto Salinas, supo de sus actividades al punto de prestarles su despacho para coordinar el asesinato del General Arístides González.
Y sus dos sucesores al frente de la policía, los generales Juan Carlos Bonilla y Ramón Sabillón, que había dirigido la inspectoría general de la policía que hizo los informes que explicaban la cadena de responsabilidades en los asesinatos, recibieron y enviaron copias y órdenes de la Secretaría de Seguridad, dirigida entonces por el ministro Pompeyo Bonilla, de los documentos que implicaban a sus compañeros en los asesinatos y los señalaban como miembros del Cartel del Atlántico.
Pero nadie envió una copia al ministerio público para judicializar los casos ni adoptó medidas. Varios de los oficiales implicados siguen en posiciones de mando en la policía o han sido destinados a embajadas. Otros fueron ascendidos por el gobierno del Presidente Juan Orlando Hernández.
Los implicados lo han negado todo.
Además, todo esto sucedió mientras el gobierno de los Estados Unidos contribuía con una media de 15 millones de dólares al año provenientes de los contribuyentes estadounidenses a la institución policial, financiaba un proceso de depuración que terminó en fracaso y colaboraba –sin mucho éxito– con la investigación de los asesinatos desde 2015.
La maldición de la geografía
En 2009, Honduras se había convertido en el principal punto de paso para el tráfico de drogas desde Venezuela y Colombia hasta los Estados Unidos. Las lanchas y avionetas necesitaban detenerse en la costa Caribe hondureña, un lugar con poca vigilancia y casi deshabitado, para trasladar la droga por tierra hasta la frontera con Guatemala, desde donde sigue camino en dirección a México.
Otro cable de 2007 del Departamento de Estado de los Estados Unidos obtenido por The New York Times alertaba de que Honduras se estaba convirtiendo en un “narcoestado” debido a la falta de oficiales, de medios, los múltiples puntos ciegos en las fronteras, la colaboración de los bancos en el lavado de activos y la facilidad con que los políticos aceptan financiación del narco.
El golpe de Estado militar de junio de 2009 que derrocó al Presidente Manuel Zelaya no hizo más que empeorar las cosas. Según un informe de la Oficina de Naciones Unidas para la Prevención del Delito, “tras el golpe de Estado en Honduras, los encargados de aplicar la ley cayeron en el desorden, se desviaron recursos para mantener el orden, y se suspendió la asistencia antidroga de los Estados Unidos”.
De acuerdo con datos del Comando Sur de los Estados Unidos hechos públicos en 2012, por Honduras pasaba entonces el 79 por ciento de la cocaína que llegaba a los Estados Unidos.
La situación estaba tan fuera de control que el ministro de Seguridad en 2009, Óscar Álvarez, llegó a decir que los policías actuaban como controladores aéreos del narcotráfico.
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Un policía militar hace guardia después de
que el ejército de Honduras y la fiscalía entraran en el antiguo cuartel
general de la policía en Tegucigalpa, en abril de 2016. Los agentes
buscaban información sobre el asesinato del responsable de la lucha
contra el narcotráfico en el país y uno de sus asesores.
Credit
Fernando Antonio/Associated Press
Los narcos no perdonan
Pocos meses después del decomiso de la cocaína que dirigió el General Arístides González en la Mosquitia, el 29 de noviembre de 2009, el director general de la policía, Salomón Escoto Salinas, entregó las llaves de su despacho en el cuartel general de Casamata, en Tegucigalpa, para que se celebrase una reunión que fue grabada y fotografiada por una unidad de inteligencia de la propia policía.
La reunión la dirigieron el director de servicios especiales de la policía, General José Luis Muñoz Licona, que sería el sucesor de Escoto Salinas al frente de la policía meses después (marzo de 2010) y el General Ramírez del Cid, entonces director de inteligencia de policía y que sería a su vez el sucesor de Muñoz Licona en la dirección general (mayo de 2012).
En el encuentro participaron 25 oficiales de todas las escalas de mando. El punto único era planear el asesinato del General Arístides por orden de Blanco, el capo que había ordenado el tumbado de la droga. Organizaron el seguimiento del general mientras dejaba a su hija en la escuela, proporcionaron los vehículos para el operativo, eligieron a los policías que estarían en cada punto de la ruta, a los que estarían en el lugar designado para la ejecución y a los que asesinarían al general.
Entre ellos había policías dados de baja por pertenecer a bandas del crimen organizado con antecedentes por secuestro, asalto a furgones blindados y extorsión a los que se uniformaba de nuevo para esa misión.
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El General Ricardo Ramírez del Cid
Credit
German Andino
Estaban preocupados por el silencio.
“No quiero que alguno de ustedes mismos vaya a hablar papadas porque ya saben lo que les espera, aquí ya nos conocemos todos”, dijo el General Ramírez del Cid. “No hay que perdonar a Arístides, ese si nos agarra nos dobla a todos”, dijo el número dos de la inteligencia policial, Obdulio Sabillón Flores.
Fueron rápidos.
El 7 de diciembre se reunieron en el mismo lugar. El General Muñoz Licona sacó de una bolsa negra los dólares que le habían traído en un maletín desde la aldea de Planes en el departamento de Colón, donde Winter Blanco tenía su base de operaciones y los colocó sobre el escritorio por partes.
La mujer que trajo el dinero, Nancy Yessenia Cano, había sido detenida desembarcando droga de una avioneta en una operación en la que participó la DEA, según el informe de inteligencia de la policía, seguía desempeñando sus funciones. El dinero estaba organizado en bultos. Cada uno sabía lo que le tocaba. Guardaron la parte para los “gatilleros”, 20.000 dólares para tres sicarios, y encargaron a otro policía que se los entregara.
Tras el reparto, los generales Muñoz Licona, Ramírez del Cid y Murillo López llamaron a Blanco y le dijeron: “Esté pendiente de la noticia mañana, mañana haremos todo, esté pendiente, señor”.
Cumplieron su palabra.
Al día siguiente, el 8 de diciembre a las seis de la mañana en el puente de Guanacaste, a pocos minutos del cuartel general de la policía en Tegucigalpa, un subcomisario que había participado en las reuniones anteriores, Javier Leiva Gamoneda, colocó a cuatro agentes de tránsito en un puesto de control. Les dio instrucciones muy específicas. Llegaría una camioneta —de un delincuente, dijo en referencia al General Arístides González– seguida por otras tres y por una motocicleta de la policía con agentes encapuchados. “Ustedes no se metan a problemas, denle luz verde y cualquier cosa no han visto nada”.
Los encapuchados se presentaron en el lugar y les dijeron que “no fueran a reaccionar porque esperaban a alguien pa darle pa abajo y que eran órdenes del director general”, como recoge el informe. A pesar de las capuchas, los cuatro agentes de tránsito sabían con quién estaban lidiando.
Lo que vieron poco después fue cómo desde una moto de la policía acribillaban al general. Y de las tres camionetas de alta cilindrada y sin placas se bajaron hasta 15 oficiales de policía, algunos uniformados y a los que pudieron identificar perfectamente.
Eran los que habían estado en las reuniones previas mencionadas en los informes. No solo miraron: entre otras cosas cambiaron los casquillos de bala utilizados para el asesinato para que no fueran rastreables. Allí estaban el Comisionado Kenneth Obdulio Sabillón Flores, el Subcomisionado Marco Tulio Cruz Aguilar, el Subcomisionado José Edgardo Ayala López, el Subcomisionado Mario René Chamorro Gotay y los comisarios Edilberto Brizuela Reyes, Eymer Moncada Martínez y Leonel Osmin Merlo Canales.
Ante la escena, los testigos optaron por irse. Todos los oficiales de la policía implicados en la organización del crimen regresaron al cuartel general tras comprobar que habían cumplido la misión que se les había encargado.
Pero con lo que no contaban los sicarios era con que los cuatro agentes de tránsito ofrecieron la misma versión de los hechos a los agentes de la Inspectoría General de la Policía que los interrogaron como parte de un protocolo habitual. “Yo no voy a tener problemas por lo que hagan otros compañeros que se dedican a delinquir”, dijo uno de ellos.
La policía de Honduras, cuando quiere, es efectiva. El 29 de diciembre de 2009, tres semanas después del crimen ya había escrito su informe y se lo había entregado al director general, Salomón Escoto Salinas. No pasó nada.
El mismo informe fue recibido dos años más tarde, el 27 de diciembre de 2011, por el Director General Ramírez del Cid. Nada.
Y nuevamente, a finales de 2013, como si se tratara de una tradición, Ramón Sabillón Pineda, ascendido días antes a director general de la policía, se encontró con el informe y lo reenvió a la inspectoría general con una instrucción clara: “Debe continuar con los expedientes investigativos importantes con un servicio de guardia de 24 horas compuesto por un oficial y un policía de la escala básica para evitar que sean extraviados”. Y con una línea de encubrimiento junto a su firma: “No registrar este documento en el libro de control y recepción de documentos”.
Sabillón Pineda, en su orden por escrito, añade información interesante. Junto al expediente de investigación del asesinato del General Arístides González, dice que adjunta varios más: el de Alfredo Landaverde; los de los asesinatos de los “estudiantes universitarios”, el hijo de la rectora de la Universidad Nacional, Julieta Castellanos, asesinado junto a un amigo por un grupo de policías; el del periodista Alfredo Villatoro; el del Juez José Paguagua Mejía, y el del Fiscal Raúl Enríquez Reyes. The New York Times no ha tenido acceso a esos expedientes.
El asesinato de Alfredo Landaverde
Pero The New York Times sí ha tenido acceso al informe realizado por la Inspectoría General de la Policía sobre el asesinato, en 2011, del político de la Democracia Cristiana Alfredo Landaverde, que había ocupado el mismo cargo que el General Arístides González y era uno de sus colaboradores. La misma cúpula policial vuelve a estar implicada en dar la orden, planificar, ejecutar y encubrir su asesinato.
Landaverde acudió a la televisión en noviembre de 2011. Estaba enfadado por lo que veía a su alrededor y decidió hablar, harto de la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad. Había dirigido la lucha contra el narcotráfico y conocía bien su contexto. Explicaba que el país había caído en manos del crimen organizado desde que fue utilizado en la década de los setenta como base de operaciones para las guerras irregulares de La Contra, una guerrilla que luchaba contra el gobierno sandinista en Nicaragua.
A cambio de acceso logístico, sucesivos gobiernos hondureños habían dado facilidades a los narcos para que pudieran llevar la droga de Colombia hasta los Estados Unidos. Esa decisión acabaría sumiendo a Honduras en una espiral de violencia sin fin. Entre 2009 y 2014 fue el país con más asesinatos per cápita del mundo. Llegó a tener 91 homicidios por cada 100.000 habitantes. Zonas como San Pedro Sula o la Ceiba tenían 150 homicidios por cada 100.000 habitantes. La Organización Mundial de la Salud ha catalogado cualquier cifra que supere los 8 por cada 100.000 habitantes como “epidémica”.
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Winter Blanco, jefe del Cartel del Atlántico
Credit
German Andino
Landaverde
también explicó que el crimen organizado buscaba a los policías que
están en los lugares clave de la ruta que comienza en la costa
Atlántica, en el mar Caribe, y sigue por tierra hasta Guatemala. Esos
policías eran sujetos de infiltración y los mismos narcotraficantes a
los que se había detenido reconocían que tenían un grupo de oficiales
que colaboraba con ellos y controlaban toda la ruta terrestre a lo largo
del país. Honduras no es un país productor ni consumidor de cocaína. Es
solo el lugar por el que transita y en esa tarea, la policía jugaba un
papel fundamental.
Pero cometió un error mortal: dio nombres. “El General Muñoz Licona tiene a su gente adentro, oficiales que están dispuestos a jugársela con él”. Y agregó que “el General Ramírez del Cid sabe bien quiénes son los jefes del crimen organizado en Honduras, en cada departamento, en cada municipio, en cada ciudad grande. Sabe quiénes son los policías que están en bandas, operando con el crimen organizado o que tienen su propia banda. Son crimen transnacional organizado, las pandillas y las bandas de la policía que colaboran con el narcotráfico. Reciben dinero de ellos. Todos nosotros sabemos quiénes son. El crimen organizado es un aparato con todas las de ley, incluyendo inteligencia con policías y militares reclutados. La infiltración en Honduras es terrible”.
A primeras horas de la mañana del 7 de diciembre de 2011 fue asesinado por un sicario cuando estaba detenido en un semáforo a la entrada de Tegucigalpa. Su mujer, Hilda Caldera, herida de bala en la espalda, logró sobrevivir.
El sicario, un civil que iba de pasajero en una moto de la policía conducida por un agente de servicio y cumplía órdenes de los mismos oficiales que habían asesinado al General Arístides González. El General Ramírez del Cid ya había ascendido de director de Inteligencia a director general de la Policía.
El informe de la inspectoría, fechado apenas seis meses después del asesinato, en mayo de 2012, explica lo siguiente:
El mismo día del asesinato de Landaverde, dos agentes de la inspección general de la policía se desplazaron a la jefatura metropolitana de la policía para abrir una investigación. Una de esas agentes era Cano, la misma que había llevado el dinero del narcotraficante Blanco para pagar por el asesinato del General Arístides González.
La investigación, nunca salió a la luz.
Lo que descubrió la inspección general en 2012 fue que el jefe de análisis de la policía, José Hernández Lanza, les dijo que en el asesinato de Alfredo Landaverde había oficiales de la policía involucrados, que cualquier diligencia dependía solo del director general de la policía, Ramírez del Cid, y que no debía informarse a la fiscalía. Por orden del general “no se puede hacer nada”. También les indicó, confiado en su impunidad, quiénes eran los policías que habían participado en el crimen y que el punto de encuentro para matar a Landaverde y encontrarse después era la posta policial de la colonia San Miguel en Tegucigalpa.
Los agentes de la inspección general pusieron por escrito toda esta información y dijeron, al final de su informe, para justificarse a sí mismos: “Ellos solos con sus actuaciones delictivas se involucran y lo único que hacen es perjudicarlo a uno porque en el futuro puede haber una investigación y nos van a involucrar a nosotros por no hacer bien nuestro trabajo”.
Pero no tiraron la toalla. Sabiendo los nombres, ordenaron realizar vaciados de llamadas de los teléfonos de los oficiales y descubrieron que esa misma mañana, uno de los tres sicarios se comunicó con el celular y el teléfono fijo del General Ramírez del Cid y con el resto de oficiales implicados, incluidos el jefe de la policía motorizada, al menos ocho agentes más que estaban en el lugar de los hechos y también con las agentes investigadoras, coludidas desde el principio con el cartel.
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Hilda Caldera, viuda de Alfredo Landaverde, asesinado por sicarios el 7 de diciembre de 2011 en Tegucigalpa.
Credit
Orlando Sierra/AFP/Getty Images
Descubrieron
también que la orden de ejecutar el asesinato salió del General Ramírez
del Cid y que el operativo era similar al del asesinato del General
Arístides González. Que hasta su propio jefe, el Inspector General de la
Policía Augusto Somoza Alvarenga, ordenó que se detuviera la
investigación. Y que el informe terminó en el propio despacho del
General Ramírez del Cid con la aprobación y conocimiento de una serie de
oficiales de alto rango que ya habían estado implicados en el asesinato
del General Arístides: Obdulio Sabillón Flores, Alcides Santos Vides,
José Flores Maradiaga, René Chamorro Gotay, Nicolás Murillo Matute o
Julián Hernández Reyes, que llegó a ser portavoz de la Secretaría de
Seguridad.
Por el asesinato de Landaverde se detuvo, juzgó y condenó al único civil implicado, Marvin Noel Andino Mascareño. Pero no al policía que conducía la moto ni a quienes limpiaron la ruta de escape ni a quienes dieron seguimiento ni a quien dio la orden.
Cuando Ramírez del Cid fue destituido de su cargo por el Presidente Porfirio Lobo a finales de 2012, la inspectoría envió el informe sobre el asesinato de Landaverde al nuevo director, el General Juan Carlos Bonilla. El documento, recibido por el general el 25 de mayo de 2012, recomendaba depurar a todos los oficiales implicados. Lo más interesante: iba copiado al ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, y afirmaba que el envío era por orden del ministro, que también sabía.
Una institución peculiar
La inspectoría general es, según Arabeska Sánchez, consultora en temas de seguridad y especialista en la policía de Honduras, una institución peculiar. En ella suelen acabar oficiales de alto rango y experiencia. “Parece un departamento de asuntos internos”, explica. “Inspecciona el actuar, procedimiento y la funcionalidad de toda la policía. Es paralela a la dirección general y tiene mucho poder. Su director tiene el mismo rango que el director general y puede haber gente muy buena. Pero su problema histórico ha sido que a pesar de que han tenido mucha información, se la callan porque están obligados a seguir la estructura jerárquica. El que saque información de ahí esta fuera de la institución”.
Ese es el caso de María Luisa Borjas, quien fue jefa de asuntos internos de la policía y lleva años denunciando las prácticas de sicariato en la policía. “Fui separada de manera deshonrosa de la institución sin derechos; he sufrido atentados, amenazas por poner a cuatro altos oficiales ante la justicia”.
Roberto Castro Duarte, que trabajó para Borjas, fue el policía que autorizó que las grabaciones de las reuniones en las que se planificó el asesinato del General Arístides González llegaran a la inspectoría general y apareció muerto en noviembre de 2014. La versión oficial dijo que se suicidó. Borjas considera que las pruebas señalan que fue asesinado. “Era un oficial recto”, dice.
Borjas afirma en relación con la dirección de la policía que “esos altos oficiales conforman una mafia y tienen que dar explicaciones, no solo los oficiales, sino los ministros de seguridad que eran sus superiores. Hay colusión. Su responsabilidad no es negligencia ni omisión sino complicidad”.
En este contexto de silencio y omertà, quien pagó por algo, aunque no se sabe con claridad por qué, fue Ramírez del Cid. En febrero de 2013, su hijo Óscar, un adolescente de 17 años, fue acribillado junto a sus guardaespaldas por una decena de hombres encapuchados que irrumpió en el lugar en el que almorzaban. El día del funeral, la viceministra de seguridad, Coralia Rivera, dijo: “Es evidente que hay una revancha del crimen organizado contra la policía. Estos tipos demuestran que se las cobran”.
Al día siguiente, el General Ramírez del Cid acusó al General Juan Carlos Bonilla, su sucesor en la dirección general de la policía, de estar tras el asesinato. Lo que dijo en televisión fue que “no ha sido un asalto, se trata de una pantalla. Se ha dado una orden al interior de la institución, fue inducida desde la autoridad, de la institucionalidad”.
Y añadió: “Lo esperé desde la criminalidad, pero nunca esperé que desde adentro se me hiciera este daño”.
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El vehículo en el que fue asesinado en
Tegucigalpa el General Julián Arístides González, responsable de la
lucha contra el narcotráfico en Honduras
Credit
Orlando Sierra/Agence France-Presse – Getty Images
En
los años 2011, 2012 y 2013, el gobierno de los Estados Unidos daba a la
policía de Honduras alrededor de 15 millones de dólares al año. En
2013, tras muchos cuestionamientos sobre la implicación de la policía de
Honduras en ejecuciones extrajudiciales de pandilleros o personas
secuestradas, parte de la ayuda fue suspendida por el congreso
estadounidense en aplicación de la conocida “Ley Leahy”. En 2014 los
fondos fueron liberados y entregados de nuevo.
El nombramiento del General Bonilla como director general había puesto sobre la mesa que otro informe del departamento de asuntos internos de la policía le acusaba de estar vinculado directamente con tres homicidios y relacionado con al menos 11 desapariciones. Se le juzgó por un solo caso y fue absuelto. El resto de los casos no se investigaron. Borjas, quien fuera jefa de asuntos internos de la policía, fue despedida de la policía por realizar los informes que lo acusaban.
Quien entonces ejercía como secretario de Estado adjunto, William Brownsfield, declaró en mayo de 2013 que “si el gobierno de los Estados Unidos no trabajaba con la policía, tendría que trabajar con el ejército, que casi todo el mundo ve peor en cuanto a que casi todo el mundo acepta que son peores que la policía para ejercer labores de seguridad ciudadana, o la comunidad se tomará la justicia por su propia mano. En otras palabras, eso sería la ley de la jungla: donde no hay policía y cada ciudadano se arma y está preparado. Esas son las tres opciones y aunque la policía pueda tener ahora algunos defectos, es la menos mala de las tres opciones disponibles”.
El problema de la reforma policial
El gobierno de los Estados Unidos decidió diseñar un sistema por el cual solo trabajaría con ciertas unidades de la policía de Honduras, investigadas y verificadas por la embajada, pero no con el director general ni con los hombres en su cadena de mando. Necesitaba mostrar que tomaba medidas en un contexto de crecientes acusaciones de abusos a los derechos humanos por parte de la institución.
Pero la interlocución se mantuvo. La policía de Honduras tiene unidad de mando y acción, y era imposible dividirla, separar a los agentes de sus mandos, a lo sumo tratar fugas de información era a lo máximo a lo que podía aspirarse.
Porque por aquel entonces, ya todos sabían que era muy difícil que la institución se reformara.
En noviembre de 2011, después de que se hiciera público que el hijo de la rectora de la Universidad Nacional, Julieta Castellanos, y uno de sus amigos fueron asesinados por un grupo de agentes de policía, estos, tras ser detenidos, obtuvieron un permiso de sus superiores con el que pudieron escapar.
El Presidente Lobo lanzó un proceso de depuración policial. Estados Unidos lo apoyó hasta que, en marzo de 2013, y ante la ausencia de resultados, abandonó su colaboración con la limpieza de la policía.
Tal era el descontrol policial en la época que en una comparecencia en el congreso a mediados de 2013, el ministro de seguridad, Arturo Corrales, había demostrado que no sabían a ciencia cierta cuántos agentes o patrullas tenía la policía. O que tras la aplicación de cientos de pruebas de confianza, polígrafos, de antecedentes penales o patrimoniales en las que cientos de agentes habían sido reprobados, la Secretaría de Seguridad solo había despedido a siete que, por defectos de forma —porque su separación del cuerpo se había hecho sin seguir la ley—, habían logrado detener su despido. Después de eso, se terminó cualquier intento de transparencia y no es posible saber qué ha sucedido, cuántos oficiales han sido depurados, pasados a retiro o reincorporados tras ser separados.
Eduardo Villanueva, quien dirigió la dirección de evaluación de la carrera policial, decía en las entrevistas de aquellos años que uno de los riesgos del proceso de separación de policías era que los miembros depurados crearan bandas criminales como sucedió en México con los Zetas, un cartel creado por exmilitares.
En vista del fracaso, se emitió un nuevo decreto para que el General Bonilla pudiera depurar de manera expedita la institución. Según Sánchez, la consultora de seguridad, el decreto “generó más problemas que soluciones: 277 de los depurados, cuyo número no se sabe con exactitud, presentaron una demanda ante la Corte Suprema, y muchos de ellos ganaron. Desde entonces han sido retornados a la policía y se les han dado nuevas asignaciones”.
El papel de la MACCIH
A Adam Blackwell, un diplomático canadiense que formó parte de la comisión para la reforma de seguridad en Honduras durante el momento en que se emitieron los informes, le nace la desconfianza. Esta semana dijo en una entrevista que le “cuesta creer que un ministro de seguridad no sea informado de una investigación de estas características”.
En relación con los asesinatos del General Arístides González y Alfredo Landaverde, el Departamento de Estado de los Estados Unidos dijo a The New York Times, a través de su portavoz Joseph Crook, que ofreció ayuda en su día para investigarlos y que en 2015 se le habían facilitado asesores al Fiscal General Óscar Chinchilla. Pero no se sabe nada sobre el resultado del trabajo de esos asesores. Ni sobre la posibilidad de que conocieran los informes de los asesinatos.
Crook agregó que “se continuará apoyando a la policía de Honduras en su esfuerzo por eliminar la corrupción y la impunidad en todos los niveles”.
Esta semana se ha instalado en Honduras la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), creada por la Organización de Estados Americanos con el permiso del gobierno de Honduras para responder a cientos de miles de ciudadanos que durante meses pidieron en las calles que la comunidad internacional interviniera el sistema de justicia del país. Esperaban una comisión como la de la vecina Guatemala, que ha logrado enviar a prisión al expresidente Otto Pérez Molina y a quien fungiera como su vicepresidenta, Roxana Baldetti.
El actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, no ha querido que la MACCIH tenga las mismas atribuciones que su par de Guatemala, y la OEA aceptó trabajar en el país sin capacidad investigativa propia.
Pero en una entrevista con The New York Times, el director de la MACCIH ha dicho que serán ellos quienes elijan los casos a investigar. La corrupción policial puede caer dentro del ámbito de competencia de la MACCIH, pero la misión aún necesita crear los grupos de fiscales y de jueces que comiencen a trabajar. Juan Jiménez Mayor es el exministro de justicia de Perú que la dirige y ha dicho que “no debería dudarse que nos implicaremos en los casos que estén vinculados con redes de corrupción que perjudican al país”.
El primer caso que se les ha atribuido es el asesinato en marzo de Berta Cáceres, una líder indígena que se oponía a un proyecto hidroeléctrico. La Corte Interamericana de Derechos Humanos había decretado medidas cautelares para su protección las 24 horas del día, pero ningún policía la protegía cuando la mataron y nadie ha asumido ninguna responsabilidad por eso. Su caso es solo el último de una larga lista de asesinatos no resueltos de sindicalistas, activistas de los derechos humanos, abogados y periodistas.
Mario Ronaldo Díaz, presidente de la Asociación Jueces para la Democracia, una organización que se ha mostrado muy crítica con el gobierno, confía en que el apoyo internacional sea útil. “Tengo la esperanza de que con la MACCIH todo pueda salir a la luz con mayor facilidad, que termine lo escondido, que haya transparencia y responsabilidad en cuanto a las investigaciones”.
Cuando un diario local, El Heraldo, hizo pública una versión de los informes sobre los asesinatos del General Arístides González y Alfredo Landaverde, en la que decidieron omitir, entre otras cosas, los nombres de los acusados por los crímenes, el Presidente Hernández dijo: “Todo agente u oficial que supuestamente sea responsable de haber participado en estos hechos y que aparezca en el informe debe ser suspendido de inmediato ante la justicia y debe entregársele al ministerio público los expedientes”.
También creó una nueva comisión para la depuración policial. El Ministro de Seguridad Julián Pacheco dijo que la carga de “la responsabilidad va a estar en el Presidente Juan Orlando Hernández y en mí” y que calcula que “van a salir 2000 o 2500 personas de la policía en doce meses”. La policía cuenta con alrededor de 11.000 efectivos.
El Fiscal General Chinchilla abrió una investigación y ordenó que se allanaran sedes policiales para requisar información.
Implicados, mas no perjudicados
En medio de la multitud de silencios y fracasos que envolvieron a la policía de Honduras todos estos años, la mayoría de los oficiales implicados ascendieron. José Rigoberto Hernández Lanza y Marco Tulio Cruz Aguilar, participantes en el asesinato de Alfredo Landaverde y su encubrimiento, según el informe de la inspectoría, fueron promovidos en 2015 por el Presidente Hernández; el Comisionado Murillo Matute, que dirigía a los sicarios según el informe, y no superó las pruebas de confianza de la policía durante el proceso de depuración, ascendió igualmente a director de departamento.
El Subcomisionado Ayala López fue ascendido por el presidente en 2015. Julián Hernandez Reyes fue portavoz de la policía y jefe policial de San Pedro Sula, la ciudad más penetrada por el narco y más violenta del país. Leiva Gamoneda siguió ascendiendo: este febrero era jefe de policía de un departamento al sur del país. El General Bonilla fue enviado como agregado militar a la Embajada de Honduras en Colombia y el General Ramón Sabillón a la representación de Honduras en Naciones Unidas.
Ramírez del Cid sigue siendo miembro de la policía. Sin mando de operaciones, pero miembro. Ha dado entrevistas a medios locales donde niega todo. Alega que los informes de la inspectoría general son falsos. El General Escoto Salinas también niega cualquier vinculación con los hechos. El General Muñoz Licona ha declarado que “es ilógico pensar todo eso. El fundamento de un policía es preservar la vida. Si sucedió algo fue de forma clandestina. Ningún director tiene ese tipo de políticas”. Cuatro de los cinco ministros de seguridad que han estado en el cargo desde 2009 han negado saber algo de los informes que implican a la cúpula policial y otro, Pompeyo Bonilla, ha preferido no pronunciarse.
El escepticismo suele imponerse en Honduras, el país de la impunidad, el lugar donde el anterior fiscal general, Luis Rubí, reconoció que el 91 por ciento de los casos criminales nunca llegaban a tener una sentencia.
Para el Senador Patrick Leahy, un demócrata del estado de Vermont que lleva años monitoreando a las fuerzas de seguridad que reciben ayuda de los Estados Unidos, “es muy difícil creer que se haya ignorado los patrones de depravación y corrupción de la policía y el ejército de Honduras. Es como una fraternidad y está claro que los encubren. Es inconcebible que quienes están en las posiciones más altas de la jerarquía no supieran lo que pasaba. Creo que nuestras autoridades han sido ingenuas por el modo en que han apoyado el comportamiento del gobierno de Honduras”.
Añadió: “Las cosas no van a seguir igual. No vamos a seguir tirando el dinero”.
Blanco llamó al General de la policía José Murillo López, orondo y con cara de bonachón, y le propuso un negocio. Si sus agentes conseguían la droga, se la compraría. Después de pedirle autorización al director general de la policía, el General Salomón Escoto Salinas, Murillo López envió a 12 de sus hombres al lugar.
Cumplieron su misión. Pero algo se torció.
La información llegó a manos del zar antidrogas, el General Julián Arístides González, y unos días después encabezó un operativo que terminó con el arresto de los policías y el decomiso de la cocaína.
Cumplir con su deber sería la sentencia de muerte para ese general retirado que Estados Unidos, en un cable enviado desde su Embajada en Tegucigalpa al Departamento de Estado, había calificado de “algo así como la última esperanza” de la lucha contra el narcotráfico en el país.
Los hechos que describe este reportaje han sido extraídos de dos informes de la Inspectoría General de la Policía de Honduras redactados en 2009 y 2011 a los que ha tenido acceso The New York Times y que incluyen testimonios de testigos, descripciones de videos y registros de llamadas telefónicas.
Al General Arístides González lo mandaron a matar dos directores generales de la policía de Honduras que dirigieron la institución entre 2010 y 2013, los generales José Luis Muñoz Licona y José Ricardo Ramírez del Cid, que según la investigación de la propia policía, trabajaban para el Cartel del Atlántico junto con más de dos docenas de oficiales de diversos rangos. Recibieron la orden, organizaron el asesinato, lo ejecutaron y lo encubrieron. E hicieron lo mismo con el político de la Democracia Cristiana Alfredo Landaverde, que también había sido titular de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico.
El predecesor de Muñoz Licona y Ramírez del Cid, el Director General de la Policía Salomón Escoto Salinas, supo de sus actividades al punto de prestarles su despacho para coordinar el asesinato del General Arístides González.
Y sus dos sucesores al frente de la policía, los generales Juan Carlos Bonilla y Ramón Sabillón, que había dirigido la inspectoría general de la policía que hizo los informes que explicaban la cadena de responsabilidades en los asesinatos, recibieron y enviaron copias y órdenes de la Secretaría de Seguridad, dirigida entonces por el ministro Pompeyo Bonilla, de los documentos que implicaban a sus compañeros en los asesinatos y los señalaban como miembros del Cartel del Atlántico.
Pero nadie envió una copia al ministerio público para judicializar los casos ni adoptó medidas. Varios de los oficiales implicados siguen en posiciones de mando en la policía o han sido destinados a embajadas. Otros fueron ascendidos por el gobierno del Presidente Juan Orlando Hernández.
Los implicados lo han negado todo.
Además, todo esto sucedió mientras el gobierno de los Estados Unidos contribuía con una media de 15 millones de dólares al año provenientes de los contribuyentes estadounidenses a la institución policial, financiaba un proceso de depuración que terminó en fracaso y colaboraba –sin mucho éxito– con la investigación de los asesinatos desde 2015.
La maldición de la geografía
En 2009, Honduras se había convertido en el principal punto de paso para el tráfico de drogas desde Venezuela y Colombia hasta los Estados Unidos. Las lanchas y avionetas necesitaban detenerse en la costa Caribe hondureña, un lugar con poca vigilancia y casi deshabitado, para trasladar la droga por tierra hasta la frontera con Guatemala, desde donde sigue camino en dirección a México.
Otro cable de 2007 del Departamento de Estado de los Estados Unidos obtenido por The New York Times alertaba de que Honduras se estaba convirtiendo en un “narcoestado” debido a la falta de oficiales, de medios, los múltiples puntos ciegos en las fronteras, la colaboración de los bancos en el lavado de activos y la facilidad con que los políticos aceptan financiación del narco.
El golpe de Estado militar de junio de 2009 que derrocó al Presidente Manuel Zelaya no hizo más que empeorar las cosas. Según un informe de la Oficina de Naciones Unidas para la Prevención del Delito, “tras el golpe de Estado en Honduras, los encargados de aplicar la ley cayeron en el desorden, se desviaron recursos para mantener el orden, y se suspendió la asistencia antidroga de los Estados Unidos”.
De acuerdo con datos del Comando Sur de los Estados Unidos hechos públicos en 2012, por Honduras pasaba entonces el 79 por ciento de la cocaína que llegaba a los Estados Unidos.
La situación estaba tan fuera de control que el ministro de Seguridad en 2009, Óscar Álvarez, llegó a decir que los policías actuaban como controladores aéreos del narcotráfico.
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Pocos meses después del decomiso de la cocaína que dirigió el General Arístides González en la Mosquitia, el 29 de noviembre de 2009, el director general de la policía, Salomón Escoto Salinas, entregó las llaves de su despacho en el cuartel general de Casamata, en Tegucigalpa, para que se celebrase una reunión que fue grabada y fotografiada por una unidad de inteligencia de la propia policía.
La reunión la dirigieron el director de servicios especiales de la policía, General José Luis Muñoz Licona, que sería el sucesor de Escoto Salinas al frente de la policía meses después (marzo de 2010) y el General Ramírez del Cid, entonces director de inteligencia de policía y que sería a su vez el sucesor de Muñoz Licona en la dirección general (mayo de 2012).
En el encuentro participaron 25 oficiales de todas las escalas de mando. El punto único era planear el asesinato del General Arístides por orden de Blanco, el capo que había ordenado el tumbado de la droga. Organizaron el seguimiento del general mientras dejaba a su hija en la escuela, proporcionaron los vehículos para el operativo, eligieron a los policías que estarían en cada punto de la ruta, a los que estarían en el lugar designado para la ejecución y a los que asesinarían al general.
Entre ellos había policías dados de baja por pertenecer a bandas del crimen organizado con antecedentes por secuestro, asalto a furgones blindados y extorsión a los que se uniformaba de nuevo para esa misión.
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“No quiero que alguno de ustedes mismos vaya a hablar papadas porque ya saben lo que les espera, aquí ya nos conocemos todos”, dijo el General Ramírez del Cid. “No hay que perdonar a Arístides, ese si nos agarra nos dobla a todos”, dijo el número dos de la inteligencia policial, Obdulio Sabillón Flores.
Fueron rápidos.
El 7 de diciembre se reunieron en el mismo lugar. El General Muñoz Licona sacó de una bolsa negra los dólares que le habían traído en un maletín desde la aldea de Planes en el departamento de Colón, donde Winter Blanco tenía su base de operaciones y los colocó sobre el escritorio por partes.
La mujer que trajo el dinero, Nancy Yessenia Cano, había sido detenida desembarcando droga de una avioneta en una operación en la que participó la DEA, según el informe de inteligencia de la policía, seguía desempeñando sus funciones. El dinero estaba organizado en bultos. Cada uno sabía lo que le tocaba. Guardaron la parte para los “gatilleros”, 20.000 dólares para tres sicarios, y encargaron a otro policía que se los entregara.
Tras el reparto, los generales Muñoz Licona, Ramírez del Cid y Murillo López llamaron a Blanco y le dijeron: “Esté pendiente de la noticia mañana, mañana haremos todo, esté pendiente, señor”.
Cumplieron su palabra.
Al día siguiente, el 8 de diciembre a las seis de la mañana en el puente de Guanacaste, a pocos minutos del cuartel general de la policía en Tegucigalpa, un subcomisario que había participado en las reuniones anteriores, Javier Leiva Gamoneda, colocó a cuatro agentes de tránsito en un puesto de control. Les dio instrucciones muy específicas. Llegaría una camioneta —de un delincuente, dijo en referencia al General Arístides González– seguida por otras tres y por una motocicleta de la policía con agentes encapuchados. “Ustedes no se metan a problemas, denle luz verde y cualquier cosa no han visto nada”.
Los encapuchados se presentaron en el lugar y les dijeron que “no fueran a reaccionar porque esperaban a alguien pa darle pa abajo y que eran órdenes del director general”, como recoge el informe. A pesar de las capuchas, los cuatro agentes de tránsito sabían con quién estaban lidiando.
Lo que vieron poco después fue cómo desde una moto de la policía acribillaban al general. Y de las tres camionetas de alta cilindrada y sin placas se bajaron hasta 15 oficiales de policía, algunos uniformados y a los que pudieron identificar perfectamente.
Eran los que habían estado en las reuniones previas mencionadas en los informes. No solo miraron: entre otras cosas cambiaron los casquillos de bala utilizados para el asesinato para que no fueran rastreables. Allí estaban el Comisionado Kenneth Obdulio Sabillón Flores, el Subcomisionado Marco Tulio Cruz Aguilar, el Subcomisionado José Edgardo Ayala López, el Subcomisionado Mario René Chamorro Gotay y los comisarios Edilberto Brizuela Reyes, Eymer Moncada Martínez y Leonel Osmin Merlo Canales.
Ante la escena, los testigos optaron por irse. Todos los oficiales de la policía implicados en la organización del crimen regresaron al cuartel general tras comprobar que habían cumplido la misión que se les había encargado.
Pero con lo que no contaban los sicarios era con que los cuatro agentes de tránsito ofrecieron la misma versión de los hechos a los agentes de la Inspectoría General de la Policía que los interrogaron como parte de un protocolo habitual. “Yo no voy a tener problemas por lo que hagan otros compañeros que se dedican a delinquir”, dijo uno de ellos.
La policía de Honduras, cuando quiere, es efectiva. El 29 de diciembre de 2009, tres semanas después del crimen ya había escrito su informe y se lo había entregado al director general, Salomón Escoto Salinas. No pasó nada.
El mismo informe fue recibido dos años más tarde, el 27 de diciembre de 2011, por el Director General Ramírez del Cid. Nada.
Y nuevamente, a finales de 2013, como si se tratara de una tradición, Ramón Sabillón Pineda, ascendido días antes a director general de la policía, se encontró con el informe y lo reenvió a la inspectoría general con una instrucción clara: “Debe continuar con los expedientes investigativos importantes con un servicio de guardia de 24 horas compuesto por un oficial y un policía de la escala básica para evitar que sean extraviados”. Y con una línea de encubrimiento junto a su firma: “No registrar este documento en el libro de control y recepción de documentos”.
Sabillón Pineda, en su orden por escrito, añade información interesante. Junto al expediente de investigación del asesinato del General Arístides González, dice que adjunta varios más: el de Alfredo Landaverde; los de los asesinatos de los “estudiantes universitarios”, el hijo de la rectora de la Universidad Nacional, Julieta Castellanos, asesinado junto a un amigo por un grupo de policías; el del periodista Alfredo Villatoro; el del Juez José Paguagua Mejía, y el del Fiscal Raúl Enríquez Reyes. The New York Times no ha tenido acceso a esos expedientes.
El asesinato de Alfredo Landaverde
Pero The New York Times sí ha tenido acceso al informe realizado por la Inspectoría General de la Policía sobre el asesinato, en 2011, del político de la Democracia Cristiana Alfredo Landaverde, que había ocupado el mismo cargo que el General Arístides González y era uno de sus colaboradores. La misma cúpula policial vuelve a estar implicada en dar la orden, planificar, ejecutar y encubrir su asesinato.
Landaverde acudió a la televisión en noviembre de 2011. Estaba enfadado por lo que veía a su alrededor y decidió hablar, harto de la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad. Había dirigido la lucha contra el narcotráfico y conocía bien su contexto. Explicaba que el país había caído en manos del crimen organizado desde que fue utilizado en la década de los setenta como base de operaciones para las guerras irregulares de La Contra, una guerrilla que luchaba contra el gobierno sandinista en Nicaragua.
A cambio de acceso logístico, sucesivos gobiernos hondureños habían dado facilidades a los narcos para que pudieran llevar la droga de Colombia hasta los Estados Unidos. Esa decisión acabaría sumiendo a Honduras en una espiral de violencia sin fin. Entre 2009 y 2014 fue el país con más asesinatos per cápita del mundo. Llegó a tener 91 homicidios por cada 100.000 habitantes. Zonas como San Pedro Sula o la Ceiba tenían 150 homicidios por cada 100.000 habitantes. La Organización Mundial de la Salud ha catalogado cualquier cifra que supere los 8 por cada 100.000 habitantes como “epidémica”.
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Pero cometió un error mortal: dio nombres. “El General Muñoz Licona tiene a su gente adentro, oficiales que están dispuestos a jugársela con él”. Y agregó que “el General Ramírez del Cid sabe bien quiénes son los jefes del crimen organizado en Honduras, en cada departamento, en cada municipio, en cada ciudad grande. Sabe quiénes son los policías que están en bandas, operando con el crimen organizado o que tienen su propia banda. Son crimen transnacional organizado, las pandillas y las bandas de la policía que colaboran con el narcotráfico. Reciben dinero de ellos. Todos nosotros sabemos quiénes son. El crimen organizado es un aparato con todas las de ley, incluyendo inteligencia con policías y militares reclutados. La infiltración en Honduras es terrible”.
A primeras horas de la mañana del 7 de diciembre de 2011 fue asesinado por un sicario cuando estaba detenido en un semáforo a la entrada de Tegucigalpa. Su mujer, Hilda Caldera, herida de bala en la espalda, logró sobrevivir.
El sicario, un civil que iba de pasajero en una moto de la policía conducida por un agente de servicio y cumplía órdenes de los mismos oficiales que habían asesinado al General Arístides González. El General Ramírez del Cid ya había ascendido de director de Inteligencia a director general de la Policía.
El informe de la inspectoría, fechado apenas seis meses después del asesinato, en mayo de 2012, explica lo siguiente:
El mismo día del asesinato de Landaverde, dos agentes de la inspección general de la policía se desplazaron a la jefatura metropolitana de la policía para abrir una investigación. Una de esas agentes era Cano, la misma que había llevado el dinero del narcotraficante Blanco para pagar por el asesinato del General Arístides González.
La investigación, nunca salió a la luz.
Lo que descubrió la inspección general en 2012 fue que el jefe de análisis de la policía, José Hernández Lanza, les dijo que en el asesinato de Alfredo Landaverde había oficiales de la policía involucrados, que cualquier diligencia dependía solo del director general de la policía, Ramírez del Cid, y que no debía informarse a la fiscalía. Por orden del general “no se puede hacer nada”. También les indicó, confiado en su impunidad, quiénes eran los policías que habían participado en el crimen y que el punto de encuentro para matar a Landaverde y encontrarse después era la posta policial de la colonia San Miguel en Tegucigalpa.
Los agentes de la inspección general pusieron por escrito toda esta información y dijeron, al final de su informe, para justificarse a sí mismos: “Ellos solos con sus actuaciones delictivas se involucran y lo único que hacen es perjudicarlo a uno porque en el futuro puede haber una investigación y nos van a involucrar a nosotros por no hacer bien nuestro trabajo”.
Pero no tiraron la toalla. Sabiendo los nombres, ordenaron realizar vaciados de llamadas de los teléfonos de los oficiales y descubrieron que esa misma mañana, uno de los tres sicarios se comunicó con el celular y el teléfono fijo del General Ramírez del Cid y con el resto de oficiales implicados, incluidos el jefe de la policía motorizada, al menos ocho agentes más que estaban en el lugar de los hechos y también con las agentes investigadoras, coludidas desde el principio con el cartel.
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Por el asesinato de Landaverde se detuvo, juzgó y condenó al único civil implicado, Marvin Noel Andino Mascareño. Pero no al policía que conducía la moto ni a quienes limpiaron la ruta de escape ni a quienes dieron seguimiento ni a quien dio la orden.
Cuando Ramírez del Cid fue destituido de su cargo por el Presidente Porfirio Lobo a finales de 2012, la inspectoría envió el informe sobre el asesinato de Landaverde al nuevo director, el General Juan Carlos Bonilla. El documento, recibido por el general el 25 de mayo de 2012, recomendaba depurar a todos los oficiales implicados. Lo más interesante: iba copiado al ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, y afirmaba que el envío era por orden del ministro, que también sabía.
Una institución peculiar
La inspectoría general es, según Arabeska Sánchez, consultora en temas de seguridad y especialista en la policía de Honduras, una institución peculiar. En ella suelen acabar oficiales de alto rango y experiencia. “Parece un departamento de asuntos internos”, explica. “Inspecciona el actuar, procedimiento y la funcionalidad de toda la policía. Es paralela a la dirección general y tiene mucho poder. Su director tiene el mismo rango que el director general y puede haber gente muy buena. Pero su problema histórico ha sido que a pesar de que han tenido mucha información, se la callan porque están obligados a seguir la estructura jerárquica. El que saque información de ahí esta fuera de la institución”.
Ese es el caso de María Luisa Borjas, quien fue jefa de asuntos internos de la policía y lleva años denunciando las prácticas de sicariato en la policía. “Fui separada de manera deshonrosa de la institución sin derechos; he sufrido atentados, amenazas por poner a cuatro altos oficiales ante la justicia”.
Roberto Castro Duarte, que trabajó para Borjas, fue el policía que autorizó que las grabaciones de las reuniones en las que se planificó el asesinato del General Arístides González llegaran a la inspectoría general y apareció muerto en noviembre de 2014. La versión oficial dijo que se suicidó. Borjas considera que las pruebas señalan que fue asesinado. “Era un oficial recto”, dice.
Borjas afirma en relación con la dirección de la policía que “esos altos oficiales conforman una mafia y tienen que dar explicaciones, no solo los oficiales, sino los ministros de seguridad que eran sus superiores. Hay colusión. Su responsabilidad no es negligencia ni omisión sino complicidad”.
En este contexto de silencio y omertà, quien pagó por algo, aunque no se sabe con claridad por qué, fue Ramírez del Cid. En febrero de 2013, su hijo Óscar, un adolescente de 17 años, fue acribillado junto a sus guardaespaldas por una decena de hombres encapuchados que irrumpió en el lugar en el que almorzaban. El día del funeral, la viceministra de seguridad, Coralia Rivera, dijo: “Es evidente que hay una revancha del crimen organizado contra la policía. Estos tipos demuestran que se las cobran”.
Al día siguiente, el General Ramírez del Cid acusó al General Juan Carlos Bonilla, su sucesor en la dirección general de la policía, de estar tras el asesinato. Lo que dijo en televisión fue que “no ha sido un asalto, se trata de una pantalla. Se ha dado una orden al interior de la institución, fue inducida desde la autoridad, de la institucionalidad”.
Y añadió: “Lo esperé desde la criminalidad, pero nunca esperé que desde adentro se me hiciera este daño”.
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El nombramiento del General Bonilla como director general había puesto sobre la mesa que otro informe del departamento de asuntos internos de la policía le acusaba de estar vinculado directamente con tres homicidios y relacionado con al menos 11 desapariciones. Se le juzgó por un solo caso y fue absuelto. El resto de los casos no se investigaron. Borjas, quien fuera jefa de asuntos internos de la policía, fue despedida de la policía por realizar los informes que lo acusaban.
Quien entonces ejercía como secretario de Estado adjunto, William Brownsfield, declaró en mayo de 2013 que “si el gobierno de los Estados Unidos no trabajaba con la policía, tendría que trabajar con el ejército, que casi todo el mundo ve peor en cuanto a que casi todo el mundo acepta que son peores que la policía para ejercer labores de seguridad ciudadana, o la comunidad se tomará la justicia por su propia mano. En otras palabras, eso sería la ley de la jungla: donde no hay policía y cada ciudadano se arma y está preparado. Esas son las tres opciones y aunque la policía pueda tener ahora algunos defectos, es la menos mala de las tres opciones disponibles”.
El problema de la reforma policial
El gobierno de los Estados Unidos decidió diseñar un sistema por el cual solo trabajaría con ciertas unidades de la policía de Honduras, investigadas y verificadas por la embajada, pero no con el director general ni con los hombres en su cadena de mando. Necesitaba mostrar que tomaba medidas en un contexto de crecientes acusaciones de abusos a los derechos humanos por parte de la institución.
Pero la interlocución se mantuvo. La policía de Honduras tiene unidad de mando y acción, y era imposible dividirla, separar a los agentes de sus mandos, a lo sumo tratar fugas de información era a lo máximo a lo que podía aspirarse.
Porque por aquel entonces, ya todos sabían que era muy difícil que la institución se reformara.
En noviembre de 2011, después de que se hiciera público que el hijo de la rectora de la Universidad Nacional, Julieta Castellanos, y uno de sus amigos fueron asesinados por un grupo de agentes de policía, estos, tras ser detenidos, obtuvieron un permiso de sus superiores con el que pudieron escapar.
El Presidente Lobo lanzó un proceso de depuración policial. Estados Unidos lo apoyó hasta que, en marzo de 2013, y ante la ausencia de resultados, abandonó su colaboración con la limpieza de la policía.
Tal era el descontrol policial en la época que en una comparecencia en el congreso a mediados de 2013, el ministro de seguridad, Arturo Corrales, había demostrado que no sabían a ciencia cierta cuántos agentes o patrullas tenía la policía. O que tras la aplicación de cientos de pruebas de confianza, polígrafos, de antecedentes penales o patrimoniales en las que cientos de agentes habían sido reprobados, la Secretaría de Seguridad solo había despedido a siete que, por defectos de forma —porque su separación del cuerpo se había hecho sin seguir la ley—, habían logrado detener su despido. Después de eso, se terminó cualquier intento de transparencia y no es posible saber qué ha sucedido, cuántos oficiales han sido depurados, pasados a retiro o reincorporados tras ser separados.
Eduardo Villanueva, quien dirigió la dirección de evaluación de la carrera policial, decía en las entrevistas de aquellos años que uno de los riesgos del proceso de separación de policías era que los miembros depurados crearan bandas criminales como sucedió en México con los Zetas, un cartel creado por exmilitares.
En vista del fracaso, se emitió un nuevo decreto para que el General Bonilla pudiera depurar de manera expedita la institución. Según Sánchez, la consultora de seguridad, el decreto “generó más problemas que soluciones: 277 de los depurados, cuyo número no se sabe con exactitud, presentaron una demanda ante la Corte Suprema, y muchos de ellos ganaron. Desde entonces han sido retornados a la policía y se les han dado nuevas asignaciones”.
El papel de la MACCIH
A Adam Blackwell, un diplomático canadiense que formó parte de la comisión para la reforma de seguridad en Honduras durante el momento en que se emitieron los informes, le nace la desconfianza. Esta semana dijo en una entrevista que le “cuesta creer que un ministro de seguridad no sea informado de una investigación de estas características”.
En relación con los asesinatos del General Arístides González y Alfredo Landaverde, el Departamento de Estado de los Estados Unidos dijo a The New York Times, a través de su portavoz Joseph Crook, que ofreció ayuda en su día para investigarlos y que en 2015 se le habían facilitado asesores al Fiscal General Óscar Chinchilla. Pero no se sabe nada sobre el resultado del trabajo de esos asesores. Ni sobre la posibilidad de que conocieran los informes de los asesinatos.
Crook agregó que “se continuará apoyando a la policía de Honduras en su esfuerzo por eliminar la corrupción y la impunidad en todos los niveles”.
Esta semana se ha instalado en Honduras la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), creada por la Organización de Estados Americanos con el permiso del gobierno de Honduras para responder a cientos de miles de ciudadanos que durante meses pidieron en las calles que la comunidad internacional interviniera el sistema de justicia del país. Esperaban una comisión como la de la vecina Guatemala, que ha logrado enviar a prisión al expresidente Otto Pérez Molina y a quien fungiera como su vicepresidenta, Roxana Baldetti.
El actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, no ha querido que la MACCIH tenga las mismas atribuciones que su par de Guatemala, y la OEA aceptó trabajar en el país sin capacidad investigativa propia.
Pero en una entrevista con The New York Times, el director de la MACCIH ha dicho que serán ellos quienes elijan los casos a investigar. La corrupción policial puede caer dentro del ámbito de competencia de la MACCIH, pero la misión aún necesita crear los grupos de fiscales y de jueces que comiencen a trabajar. Juan Jiménez Mayor es el exministro de justicia de Perú que la dirige y ha dicho que “no debería dudarse que nos implicaremos en los casos que estén vinculados con redes de corrupción que perjudican al país”.
El primer caso que se les ha atribuido es el asesinato en marzo de Berta Cáceres, una líder indígena que se oponía a un proyecto hidroeléctrico. La Corte Interamericana de Derechos Humanos había decretado medidas cautelares para su protección las 24 horas del día, pero ningún policía la protegía cuando la mataron y nadie ha asumido ninguna responsabilidad por eso. Su caso es solo el último de una larga lista de asesinatos no resueltos de sindicalistas, activistas de los derechos humanos, abogados y periodistas.
Mario Ronaldo Díaz, presidente de la Asociación Jueces para la Democracia, una organización que se ha mostrado muy crítica con el gobierno, confía en que el apoyo internacional sea útil. “Tengo la esperanza de que con la MACCIH todo pueda salir a la luz con mayor facilidad, que termine lo escondido, que haya transparencia y responsabilidad en cuanto a las investigaciones”.
Cuando un diario local, El Heraldo, hizo pública una versión de los informes sobre los asesinatos del General Arístides González y Alfredo Landaverde, en la que decidieron omitir, entre otras cosas, los nombres de los acusados por los crímenes, el Presidente Hernández dijo: “Todo agente u oficial que supuestamente sea responsable de haber participado en estos hechos y que aparezca en el informe debe ser suspendido de inmediato ante la justicia y debe entregársele al ministerio público los expedientes”.
También creó una nueva comisión para la depuración policial. El Ministro de Seguridad Julián Pacheco dijo que la carga de “la responsabilidad va a estar en el Presidente Juan Orlando Hernández y en mí” y que calcula que “van a salir 2000 o 2500 personas de la policía en doce meses”. La policía cuenta con alrededor de 11.000 efectivos.
El Fiscal General Chinchilla abrió una investigación y ordenó que se allanaran sedes policiales para requisar información.
Implicados, mas no perjudicados
En medio de la multitud de silencios y fracasos que envolvieron a la policía de Honduras todos estos años, la mayoría de los oficiales implicados ascendieron. José Rigoberto Hernández Lanza y Marco Tulio Cruz Aguilar, participantes en el asesinato de Alfredo Landaverde y su encubrimiento, según el informe de la inspectoría, fueron promovidos en 2015 por el Presidente Hernández; el Comisionado Murillo Matute, que dirigía a los sicarios según el informe, y no superó las pruebas de confianza de la policía durante el proceso de depuración, ascendió igualmente a director de departamento.
El Subcomisionado Ayala López fue ascendido por el presidente en 2015. Julián Hernandez Reyes fue portavoz de la policía y jefe policial de San Pedro Sula, la ciudad más penetrada por el narco y más violenta del país. Leiva Gamoneda siguió ascendiendo: este febrero era jefe de policía de un departamento al sur del país. El General Bonilla fue enviado como agregado militar a la Embajada de Honduras en Colombia y el General Ramón Sabillón a la representación de Honduras en Naciones Unidas.
Ramírez del Cid sigue siendo miembro de la policía. Sin mando de operaciones, pero miembro. Ha dado entrevistas a medios locales donde niega todo. Alega que los informes de la inspectoría general son falsos. El General Escoto Salinas también niega cualquier vinculación con los hechos. El General Muñoz Licona ha declarado que “es ilógico pensar todo eso. El fundamento de un policía es preservar la vida. Si sucedió algo fue de forma clandestina. Ningún director tiene ese tipo de políticas”. Cuatro de los cinco ministros de seguridad que han estado en el cargo desde 2009 han negado saber algo de los informes que implican a la cúpula policial y otro, Pompeyo Bonilla, ha preferido no pronunciarse.
El escepticismo suele imponerse en Honduras, el país de la impunidad, el lugar donde el anterior fiscal general, Luis Rubí, reconoció que el 91 por ciento de los casos criminales nunca llegaban a tener una sentencia.
Para el Senador Patrick Leahy, un demócrata del estado de Vermont que lleva años monitoreando a las fuerzas de seguridad que reciben ayuda de los Estados Unidos, “es muy difícil creer que se haya ignorado los patrones de depravación y corrupción de la policía y el ejército de Honduras. Es como una fraternidad y está claro que los encubren. Es inconcebible que quienes están en las posiciones más altas de la jerarquía no supieran lo que pasaba. Creo que nuestras autoridades han sido ingenuas por el modo en que han apoyado el comportamiento del gobierno de Honduras”.
Añadió: “Las cosas no van a seguir igual. No vamos a seguir tirando el dinero”.
Enviado por Sandra Sánchez
El exvicepresidente del Gobierno, ex director gerente del FMI y expresidente
de Bankia, Rodrigo Rato. Uno de los artífices de los recortes y el austericidio
Rodrigo Rato, el nuevo nombre en los Papeles de Panamá
El exvicepresidente del Gobierno recurrió a Mossack Fonseca para cerrar dos 'offshore' en el paraíso fiscal tras sacar los 3,6 millones que ocultaban.
El exvicepresidente del Gobierno, ex director gerente del FMI y expresidente de Bankia, Rodrigo Rato.- REUTERS
PÚBLICO - Publicado: 18.04.2016 00:13
MADRID.- El exvicepresidente del
Gobierno, Rodrigo Rato, es el último nombre en salir en los Papeles de
Panamá. El número dos del Ejecutivo de Aznar cerró dos 'offshore' en el
paraíso fiscal tras sacar los 3,6 millones que ocultaban, según han desvelado este domingo 'El Confidencial' y 'La Sexta'.
Para ello, recurrió a la firma de abogados Mossack Fonseca, el bufete especialista en paraísos fiscales, que está en el ojo del huracán tras la filtración de millones de documentos de su base de datos que revelan la creación de miles de empresas opacas para que políticos, celebridades y personajes reconocidos gestionaran su patrimonio. En España, las revelaciones ya se han cobrado como primera víctima al ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, que se vio obligado a renunciar a sus cargos el pasado viernes.
Red Rose Financial Enterprises comenzó a funcionar en noviembre de 2005, cuando Rato era director gerente del Fondo Monetario Internacional
Según los documentos, el bufete de Gibraltar que gestionaba las sociedades de Rato en el extranjero, Finsbury Trust & Corporate Services Limited, contrató a Mossack Fonseca en 2013 para liquidar Westcastle Corporation y Red Rose Financial Enterprises, las sociedades opacas que utilizó durante más de dos décadas el exvicepresidente del Gobierno para esconder su fortuna.
Tras mover los fondos, el expresidente de Bankia cerró esas sociedades para dificultar su localización, sin embargo el juzgado número 31 de Plaza de Castilla, que instruye el caso en su contra por blanqueo de capitales, corrupción entre particulares, delito contra la Hacienda Pública y administración desleal, ya está investigando dichas sociedades.
Según las nuevas informaciones periodísticas, Red Rose Financial Enterprises comenzó a funcionar en noviembre de 2005, cuando Rodrigo Rato era director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).
La aparición de los papeles de Panamá han supuesto una auténtica tromba informativa y se ha cobrado al ya exministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, que el pasado viernes tuvo que renunciar a ejercer el cargo que ya tenía sólo en funciones. Soria dejó también su acta de diputado y renunció a la presidencia autonómica del PP de Canarias tras conocerse su implicación en los Papeles de Panamá así como su firma en sociedades que radican en paraísos fiscales como Jersey, entre otras. No obstante, el ya exministro se limitó a reconocer simplemente errores de comunicación en sus explicaciones al respecto.
Para ello, recurrió a la firma de abogados Mossack Fonseca, el bufete especialista en paraísos fiscales, que está en el ojo del huracán tras la filtración de millones de documentos de su base de datos que revelan la creación de miles de empresas opacas para que políticos, celebridades y personajes reconocidos gestionaran su patrimonio. En España, las revelaciones ya se han cobrado como primera víctima al ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, que se vio obligado a renunciar a sus cargos el pasado viernes.
Red Rose Financial Enterprises comenzó a funcionar en noviembre de 2005, cuando Rato era director gerente del Fondo Monetario Internacional
Según los documentos, el bufete de Gibraltar que gestionaba las sociedades de Rato en el extranjero, Finsbury Trust & Corporate Services Limited, contrató a Mossack Fonseca en 2013 para liquidar Westcastle Corporation y Red Rose Financial Enterprises, las sociedades opacas que utilizó durante más de dos décadas el exvicepresidente del Gobierno para esconder su fortuna.
Tras mover los fondos, el expresidente de Bankia cerró esas sociedades para dificultar su localización, sin embargo el juzgado número 31 de Plaza de Castilla, que instruye el caso en su contra por blanqueo de capitales, corrupción entre particulares, delito contra la Hacienda Pública y administración desleal, ya está investigando dichas sociedades.
Según las nuevas informaciones periodísticas, Red Rose Financial Enterprises comenzó a funcionar en noviembre de 2005, cuando Rodrigo Rato era director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).
La aparición de los papeles de Panamá han supuesto una auténtica tromba informativa y se ha cobrado al ya exministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, que el pasado viernes tuvo que renunciar a ejercer el cargo que ya tenía sólo en funciones. Soria dejó también su acta de diputado y renunció a la presidencia autonómica del PP de Canarias tras conocerse su implicación en los Papeles de Panamá así como su firma en sociedades que radican en paraísos fiscales como Jersey, entre otras. No obstante, el ya exministro se limitó a reconocer simplemente errores de comunicación en sus explicaciones al respecto.
Panamá Papers hermanan narcos, terroristas y políticos
Publicado el 17 Abril 2016
Escrito por Paul Walder - “Punto Final” - El Clarín de Chile
Los
Panamá Papers, la filtración que compromete a la elite mundial con
cuentas en paraísos fiscales, no sólo es la mayor en la historia del
periodismo de investigación, sino que con el curso de los días toma
distintos derroteros e interpretaciones. Es una investigación realizada
por 370 grupos periodísticos en 76 países sobre un cúmulo de información
que ha superado varias veces a todas las pesquisas realizadas con
anterioridad.
Para
darnos una idea de la magnitud de este destape de información, los
casos de WikiLeaks de 2010 se apoyaron en documentos que sumaban 1,7
Gigabytes. El Panamá Papers, que ha reunido 11,5 millones de documentos,
supera los 2,6 Terabytes (un Terabytes corresponde a mil Gigabytes). La
información, que hasta el momento ha dado varias vueltas al planeta,
promete, según los investigadores, ser sólo la mitad de la obtenida.
Los
millones de datos fueron extraídos de la firma Mossack y Fonseca,
fundada en 1977 en Panamá, hoy en día, según ellos mismos destacan,
“líder global en servicios integrales de carácter legal y fiduciario”.
Con más de 500 agentes en el mundo, y oficinas de varios pisos y 600
empleados en el país canalero, ofrece un portafolio de negocios “en las
jurisdicciones de Malta, Hong Kong, Chipre, Islas Vírgenes Británicas,
Bahamas, Panamá, Anguila Británica, Seychelles, Samoa, Nevada y Wyoming
(Estados Unidos)”. Como puede observarse, varios de estos nombres, si no
todos, están asociados con paraísos tributarios y legales. En síntesis,
lo que los panameños ofrecen es un buen lavado de dinero.
Los
documentos, que circulan por todos los medios de comunicación del
mundo, constatan una realidad: cómo la elite política y financiera
mundial, con la ayuda de costosos estudios de abogados y asesorados por
las grandes corporaciones bancarias (como, por ejemplo, los españoles
BBVA, Santander y Sabadell), coloca sus capitales en jurisdicciones que
les prometen máxima confidencialidad y una nula tributación. En estos
lugares confluyen los dineros de los traficantes de armas con las mafias
de todas las latitudes, desde el narcotráfico a la trata de personas,
desde los dólares y euros del terrorismo con los de los políticos,
especuladores y empresarios hermanados todos por la corrupción. Esta
corriente de capitales, que mezcla la sangre de las víctimas con la
estafa neoliberal y cuyos orígenes son siempre oscuros, busca evitar la
mano fiscal, las legislaciones nacionales y regionales para lo cual se
hunde en el anonimato. Aquí nadie pregunta quién está detrás del dinero,
ni su origen ni su destino.
Mossack
y Fonseca se especializa precisamente en esta actividad mediante la
creación de sociedades y fideicomisos que esconden la titularidad de los
depósitos. Esta estructura, sin embargo, se ha transparentado
esparciendo a través del mundo la verdadera forma de actuar de los
poderosos y sus corporaciones. Todas las explicaciones, las negaciones y
rechazos de la elite, son simples balbuceos ante las toneladas de
documentos.
La investigación, que ha abarcado un espacio de tiempo de varias décadas, ha estado centrada en el periódico bávaro Süddeutsche Zeitungy
derivada, o tal vez de manera inversa -algo aún por definirse-, al
Consorcio Internacional de Periodistas de Información (ICIJ), que se ha
encargado de procesar los datos en los diferentes países. En el caso
chileno, el centro que ha procesado e interpretado la información
vinculada a figuras nacionales ha sido Ciper.
LIDERES MUNDIALES BAJO LA LUPA
Las
primeras denuncias de los Panamá Papers apuntaron a doce líderes
políticos mundiales, varios de ellos en el poder, cuyos efectos no se
han hecho esperar. El primer ministro de Islandia, Sigmundur
Gunnlaugsson, vinculado a depósitos en las Islas Vírgenes, tuvo que
renunciar tras demandas populares a las pocas horas de estallado el
caso; Mauricio Macri, cuya familia también tiene inversiones en paraísos
fiscales caribeños, fue imputado la semana pasada por un fiscal
argentino por haber “omitido maliciosamente” su participación en una
empresa offshore, y David Cameron, el primer ministro
británico, está también en la estacada tras revelarse que su padre ha
tenido inversiones en islas caribeñas de dudosa reputación.
Otros
nombres abarcan desde el rey de Arabia, el primer ministro de Pakistán,
los hijos del presidente de Azerbaiyán, la tía del rey de España,
futbolistas como Leo Messi y figuras del cine como Jackie Chan y Pedro
Almodóbar. Pero de todos ellos el más poderoso es sin duda Vladimir
Putin, a quien se le atribuyen más de dos mil millones de dólares en
inversiones offshore. Desde Rusia, sin embargo, la respuesta ha
sido no sólo de una negación absoluta a la información, sino que se
acusan intenciones políticas de Estados Unidos. Con los días una nueva
arista ha comenzado a abrirse en este caso.
La
forma de obtención de estos torrentes de información no ha sido aún
revelada. Es posible que se trate de filtraciones realizadas por
funcionarios de la firma panameña, pero también, como denunció Ramón
Fonseca, uno de los socios fundadores, por hackersdesde Europa.
Otras fuentes apuntan incluso a un complot mundial para hundir a
adversarios. Un reportaje de la BBC se preguntaba por qué no aparecían
nombres de millonarios estadounidenses en la larga lista.
CHILENOS EN LOS PANAMA PAPERS
Ciper
reveló los nombres de los chilenos con inversiones en paraísos
fiscales. Algunos de ellos han rechazado de plano la información, como
Hernán Büchi, ex ministro de Pinochet. Otros han intentado dar torpes
explicaciones, como el dueño de El Mercurio, el viejo golpista
Agustín Edwards, y uno de ellos no resistió la vergüenza y presentó la
renuncia a su alto cargo. Gonzalo Delaveau Sweet, presidente de Chile
Transparente (capítulo local de Transparencia Internacional) a las pocas
horas tuvo que dar un paso al costado ya que dirigía una institución
cuya finalidad es cautelar la probidad y denunciar la corrupción. Este
caso, no tan ventilado por la prensa nacional, constata lo bien
conocido: la corrupción abarca en Chile incluso a aquellas instituciones
que velan por la probidad.
El
viejo Edwards respondió mediantes sus empleados. Pero vale la pena
recordar aquí su historia económica y política, espejo del relato
neoliberal y conservador levantado cada día por su matutino. Ciper narra
que Felipe Lyon, abogado del dueño de El Mercurio, informó que su cliente es “beneficiario de la sociedad offshoreAladin
Marine Corporation, domiciliada en Islas Vírgenes Británicas desde mayo
de 1994. Aladin Marine Corporation sería la propietaria del yate Anakena(40 metros de eslora y 150 toneladas), propiedad de Edwards y construido por el prestigioso astillero holandés Royal Huisman”.
El abogado justificó estas inversiones porque Aladin Marine Corporation era “una sociedad holdingde
inversiones” y que la totalidad de sus activos están radicados en
Estados Unidos. Agregó además que las inversiones de la sociedad en el
extranjero se habían financiado “con fondos tributados en Chile” y con
ingresos provenientes de “su trabajo (de Edwards) en una empresa
norteamericana, durante la época en que debió abandonar el país por
razones de seguridad personal y de su familia”, dato que se hunde hasta
sus años de activo conspirador y golpista.
Aquí
es cuando sale la historia más pérfida de Edwards. Aquella “empresa
norteamericana” es Pepsico Inc., de la cual fue vicepresidente entre
1970 y 1975. Como bien vale recordar, Edwards llegó a Estados Unidos en
septiembre de 1970, pocos días después de que Salvador Allende fuese
electo presidente. Archivos desclasificados en mayo de 2014 por Estados
Unidos revelaron la reunión clave que tuvo Edwards con el jefe de la
CIA, Richard Helms el 14 de septiembre de 1970, cita fundamental para el
posterior golpe de 1973.
LA HIPOCRESIA DE LAS ELITES
Al
observar los flujos de capitales en el mundo, los que han aumentado de
manera vertiginosa durante los últimos años (un 105% durante lo que va
del siglo), característica de la economía globalizada bajo los
paradigmas neoliberales, y contrastarlos con las políticas de organismos
como la OCDE, podemos atender a una creciente tensión y contradicción.
Por un lado las transnacionales, organismos financieros internacionales y
fundamentalistas del mercado, presionan por una mayor desregulación de
los flujos, en tanto la OCDE e instancias de la Unión Europea buscan
aplicar políticas para mantener un control sobre estas corrientes
argumentando motivos de seguridad y control del terrorismo y las mafias.
Esta
tensión ha venido aumentando durante las últimas décadas, con claros
reclamos de países de estas mismas organizaciones que basan parte de sus
ingresos en la cautela y administración de capitales de dudoso origen.
Es el caso de Austria, Luxemburgo, y en especial de Suiza, que ven
peligrar su negocio al eliminarse el secreto bancario.
Hacia
finales de 2014, ante las nuevas políticas de la OCDE, 51 países del
mundo abolieron el secreto bancario. Sin embargo, cien países no
firmaron este acuerdo aun cuando apoyaron parte de las medidas. En el
caso de Chile, miembro de la OCDE y país suscriptor del tratado desde
antes de pertenecer al grupo, si bien el secreto bancario es una norma,
éste puede levantarse para las investigaciones penales sobre lavado de
activos.
Entre
los países que no han aceptado las normas de la OCDE están, entre
otros, Panamá y Estados Unidos, antecedente que hoy, con el escándalo de
los paraísos fiscales, lleva este caso periodístico a otros escenarios.
La agenda política se escora hacia espacios sumergidos.
De
partida, a diferencia de las filtraciones de WikiLeaks, esta
información tiene cada día más apariencia de haber sido obtenida por hackers,
lo que marca sin duda una gran diferencia. Los datos no han sido
entregados a la esfera pública por funcionarios honestos al interior de
esta u otra institución (como lo fue el caso de Edward Snowden durante
su época en la CIA y la NSA), sino que ha sido copiada tras penetrar los
sistemas informáticos por manos desconocidas. El siguiente paso, antes
de llegar al Süddeutsche Zeitung, ha sido a través del ICIJ, lo que abre aún más interrogantes. Este centro de investigaciones internacional es financiado por think tanksconservadores y muy apegados al establishment,
como Adessium Foundation, Open Society Foundations (George Soros),
Sigrid Rausing Trust, el Fritt Ord Foundation, el Pulitzer Center y la
Fundación Ford, entre otros. El ICIJ está relacionado con el Center for
Public Integrity, organización que también promueve el periodismo y la
libertad de expresión y es a su vez apoyada por más de un centenar de
grandes fundaciones y fortunas de Estados Unidos. Con estos antecedentes
es posible establecer un hilo conductor entre las grandes
corporaciones, sus fundaciones y los grandes medios de comunicación.
Junto
al sector privado y sus medios en los Panamá Papers están también
presentes las agencias gubernamentales estadounidenses. El portavoz del
Departamento de Estado, Mark Toner, admitió la semana pasada que la
Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid) participó en el
Proyecto de Reportajes sobre Crimen Organizado y Corrupción (OCCRP). El
OCCRP recibió apoyo de varios donantes, incluido el gobierno
estadounidense, explicó Toner, quien agregó que las autoridades
norteamericanas aún revisan los Panama Papers y no tienen ninguna
conclusión definitiva al respecto.
Por
el momento, el resto del mundo tampoco. Sólo enormes interrogantes y
una indignación que aumenta a medida que circula la información.
PAUL WALDER
Publicado en “Punto Final”, edición Nº 849, 15 de abril 2016.
OPINIóN - HispanTV
El otro secreto de los papeles de Panamá
-
ERHARD MOSSACK. Es el primero por la derecha. En noviembre de 1942, fue adscrito a uno de los escuadrones de las temibles Totenkopf (cabeza de muerto), cuya insignia era una calavera. Estas unidades eran responsables, entre otros, de la custodia y gestión de los campos de concentración y exterminio.
Erhard
Guenther Mossack (16 de abril de 1924), nacido en Grube-Ericka, el
nazi, era un hombre de rostro adusto, 176 centímetros de estatura y
varias cicatrices: en los dedos y debajo del brazo izquierdo, donde se
cortó la piel para borrar un tatuaje que revelaba su vínculo con las SS.
Su oficio: cerrajero y miembro de la temible división Totenkopf (que se puede traducir literalmente como "cabeza de muerto"). Cuando lo atraparon las fuerzas aliadas vendería información para salvarse. A eso se dedicaría el resto de su vida.
Su hijo, Jürgen Rolf Dieter Mossack (20 de marzo de 1948), nacido en Fürth, ciudad de Baviera, unos 178 centímetros, piel sin marcas por heridas a simple vista. Su profesión: abogado creador de empresas offshore, protagonist
La mansión de Jürgen Mossack en los Altos del Golf, una urbanización en Panamá donde viven expresidentes, diplomáticos y magnates, la misma donde residía el dictador Manuel Antonio Noriega, está protegida. Alrededor circulan berlinas del máximo lujo y vigilantes de seguridad. Las cámaras siempre están grabando. A diferencia de su padre, él tiene varios sobrenombres, le llaman: El alemán, El teutón, El nazi. El último apelativo es más reciente. Desde que se desvelaron sus contactos internacionales ha pasado al escondite.
Antes, si bien apenas ha dado un puñado de entrevistas a lo largo de su existencia, se codeaba con la alta sociedad panameña. Sobre todo para lucir a sus hijas: Nicole y Andrea, ambas jinetes profesionales. Jürgen buscó ocultar el pasado de su padre. Quienes han visitado su ostentosa vivienda no recuerdan ver fotos suyas en las paredes. Cuando hablaba de él no se refería a su pasado como SS ni como agente secreto. "Nosotros pensábamos que era ingeniero", refiere una de nuestras fuentes periodísticas panameñas que no quiere ser citada. "Mossack tiene más poder que el presidente, decían, y yo ahora les creo". Lo que es indudable es que es multimillonario.
Erhard Mossack, el padre nazi, en cambio, tuvo una vida austera. En 1935, según documentos del FBI, con 11 años entró en la Jungvolk, sección infantil de las juventudes hitlerianas. Se fue a vivir con su tío Manfred, en 1938, a Dresden. Mientras iba a una escuela técnica, trabajaba como aprendiz en la empresa de lentes y equipos ópticos Zeiss-Ikon. Por sus habilidades, luego consiguió que le aceptaran en la residencia que tenían para sus trabajadores. Un año más tarde, el quinceañero Erhard volvió a caer seducido por el Führer y su mensaje de dominación mundial. En 1940, volvió a su localidad natal y laboraba en una empresa minera. Con la mayoría de edad se apuntó a las Waffen-SS. En noviembre de 1942, lo transfirieron a una ya disminuida división Totenkopf, de la que un 80% había muerto en Demyansk (Rusia). Al joven Erhard lo enviaron primero a Francia. Después al frente soviético. Sus siguientes destinos: Checoslovaquia, Finlandia y Noruega.
Es capturado por las tropas norteamericanas en marzo de 1945, dos meses antes de la caída del Berlín. Erhard estaba a punto de cumplir los 21 años...
Mucho tiempo después, al cumplir esa edad, su hijo Jürgen estaba estudiando Derecho en la primera universidad privada de Panamá, la Católica Santa María La Antigua. Se graduó algo tarde, en 1973, con 25 años. No tardó mucho en poner rumbo a Londres. Este viaje sería clave para que entendiera las finanzas globales. Fue admitido por la Law Society of England (Consejo de Colegios de Abogados de Inglaterra). Se codeó con lo más alto de los abogados del mundo. Y con los tiburones que forjarían la fama actual de la City. Regresó a Panamá en 1977 ya sabiendo que iba a fundar su propio despacho, Jürgen Mossack Lawfirm, bautizado en inglés. Apuntaba al derecho corporativo, naval, banca, inversiones extranjeras, fideicomisos, fundaciones privadas y gestión de inversiones... No había cumplido los 30 y era el orgullo de papá. Ya entonces Jürgen Mossack era un miembro selecto de la oligarquía panameña.
La escapada de 1945
En diciembre de 1945, junto a otros siete, el nazi Erhard Mossack había robado un camión y escapaba de un campo de prisioneros de guerra en Le Havre (Francia). Se separó de los fugados, tras más de 600 kilómetros de viaje, al llegar a Colonia (Alemania). "Mossack ha tenido una muy extensa pero superficial educación política... Es un típico líder de las juventudes hitlerianas", se lee en el documento enviado desde la embajada de EEUU en Londres con destino al director del FBI, rubricado el 4 de diciembre de 1946. En este texto, de 20 páginas, se cuenta la historia completa hasta ese momento del exnazi Erhard Mossack, que, un año después de terminada la guerra, se ofrecía como informante. El tono era dubitativo. Los norteamericanos advierten que Erhard "estaba cerca de unirse a una organización clandestina, ya sea de los antiguos nazis ahora convertidos en comunistas... o de nazis no conversos que se encubrían a sí mismos como comunistas... Su oferta de convertirse en informante [la califican] como un posible astuto intento para salir de una situación incómoda". Lo cierto es que, con el tiempo, Erhard terminó en Baviera viviendo en libertad. ¿Ya espía? En la primavera de 1948 nació Jürgen Rolf Dieter Mossack Herzog.
Erhard se había enamorado de Luisa Herzog. Ella, fruto de una relación previa, tenía otro hijo. Su nombre: Horst, hermano mayor de Jürgen. Hoy Horst llena, con su testimonio, algunos vacíos en la vida del nazi, de su padrastro. Entrevistado por The Daily Mail, reconoce lo que sintió su madre por haberlo tenido fuera del matrimonio. "Era una vergüenza en esos días, así que me pusieron en adopción". Pero aporta un dato adicional que revela un acto de generosidad del SS. "Mi madre más tarde se casó con Erhard Mossack. Él me dio su apellido después".
¿Y de su hermanastro panameño, qué dice? Le perdió el rastro cuando estuvo en Londres estudiando. "Lo que ha salido de Panamá es una noticia impactante, sorprendente. Desconcertante, incluso, pero no puedo decir que siento vergüenza porque no tengo conexión en la realidad con él".
Lo más llamativo es que Horst revela que en un momento de su vida el que fuera cabo primero de los cabeza de muerto se hizo periodista. Según su versión, publicó en 1952 -cuando Jürgen tenía apenas cuatro años- un libro titulado Los últimos días de Nüremberg. Una reseña de esta obra señala que "Erhard Mossack describe el calvario de Nüremberg en los últimos meses de la II Guerra Mundial. Como editor de un periódico, amasó un amplio material de origen, en especial el análisis de numerosas declaraciones de testigos. Nos lleva a mirar detrás del telón de fondo histórico... de lo sucedido entre enero y mayo de 1945 allí".
El padre nazi de Mossack narra cómo cayó la ciudad. Son 160 páginas con fotos de edificios destruidos y de unidades militares. ¿Se hizo periodista tras aceptar los servicios secretos de EEUU su oferta de colaboración? ¿O más bien se unió a la inteligencia germana como otros sospechan? Si el propio héroe de guerra nazi Otto Skorzeny, según informaciones recientes del diario israelí Haaretz, terminó de sicario del Mossad, nada suena descabellado.
El nombre de Erhard, por cierto, no es desconocido para el BND (los servicios secretos alemanes), con sede en Pullach, cerca de Múnich. De hecho, han confirmado la existencia de documentos sobre él, aunque no los desclasificarán. Ésta es su respuesta oficial: "Porque podrían dañar a la República Federal de Alemania o alguno de sus estados federados".
DOCUMENTOS PROBATORIOS. Derecha y centro, dos páginas del informe del FBI, de noviembre de 1946, donde describen las acciones del nazi Erhard Mossack. A la izquierda, fichero de la CIA de 1963, sobre los contactos de Mossack con la inteligencia militar de EEUU.
Erhard fue capturado por las tropas estadounidenses en Baviera y en posesión de una lista de nombres de miembros de las unidades los Werwolf (hombres
lobo), una fuerza irregular creada por el general nazi Heinrich
Himmler, en 1944, para mermar el avance de los aliados con tácticas de
guerrilla y actos de sabotaje en las zonas que iban ocupando.
Estas unidades de resistencia, que deben su nombre a una novela escrita en 1914 por Hermann Löns, autor reverenciado por el nacionalsocialismo, llegó a contar con hasta 5.000 hombres reclutados en las juventudes hitlerianas y miembros de las SS. A este movimiento se le atribuyen varias matanzas de civiles. Erhard fue posiblemente un hombre lobo que se batió en retirada con una información que supo utilizar en su favor y que, según los datos que se han ido recabando sobre él, le permitió acortar su cautiverio.
¿Doble espía?
Según documentos procedentes de los servicios estadounidenses de inteligencia citados por el Süddeutsche Zeitung en el marco de los #PanamaPapers, el padre de Mossack no sólo se prestó a colaborar sino también a recabar información para los aliados. Sorteó el proceso de Nüremberg y comenzó una vida trabajando como redactor para varios medios, incluido el 8 Uhr-Abendblatt de Nüremberg. Este periódico fue fundado en octubre de 1919 por una editorial ultracatólica. Fue, junto al diario del partido nazi, el único periódico que circulaba durante la II Guerra Mundial, entre 1939 y abril de 1945. Fue prohibido por los estadounidenses al terminar la guerra. En 1949 el diario volvió a aparecer, hasta su desaparición, en 2012.
Erhard, en 1960, se va con su familia a Panamá, donde trabajó para Lufthansa, al tiempo que -se especula- colaboró con la CIA desenmascarando comunistas. La pista de Mossack padre se retoma en octubre de 1963. En un documento de la agencia, explican que desde 1961 Erhard ha intentado establecer contacto con la inteligencia militar de EEUU. Su área de acción la sitúan desde Frankfurt, pasando por Panamá, hasta Santiago de Chile y Cuba.
Jürgen era adolescente. Tenía dos hermanos más: Peter, actual cónsul honorario de Panamá en Frankfurt, y Marian, también residente en Alemania... Erhard poco a poco se va desvaneciendo como personaje. Se sabe que regresó a Múnich, cual retiro dorado, durante los 70, para establecerse allí. Era la década en que su Jürgen se iba haciendo fuerte en Ciudad de Panamá y Londres. Su bufete funcionaba. Era el germen inicial de lo que después sería Mossack Fonseca.
La unión con Fonseca
Los propios documentos internos de Mossack Fonseca sitúan el nacimiento de la firma en 1977, cuando no existía como tal sino sólo la Jürgen Mossack Lawfirm. Es en 1986 cuando se establece el nexo que cambia su vida. El teutón se une a Ramón Fonseca Mora, su socio a partir de entonces. Ramón era el perfecto complemento para sus fines. No sólo conocía el mercado internacional. Era el carisma que el hijo del nazi no tenía, las sonrisas que le faltaban.
Le gustaban a Mossack los vínculos que había establecido Fonseca con sus compañeros de la London School of Economics, donde se graduó. Además, su nuevo socio, cuatro años menor que Jürgen, disfrutaba del beneplácito de la clase política panameña. En los tiempos en que Manuel Antonio Noriega, alias Cara de Piña, gobernaba, eso era un filón invalorable. Jürgen ya sabía cuál era el futuro. En 1988, sólo dos años después de su unión con Fonseca, escribió un texto premonitorio: Panamá paraíso fiscal. Padre e hijo Mossack, escritores, ambos contando sus vivencias. Los estragos de la guerra uno. El otro, sus batallas financieras.
La foto en blanco y negro del momento de la firma del acuerdo la conservan en los archivos de Mossack Fonseca. El alemán y Fonseca juntos, con un trago en vaso de tubo en sus manos. Uno con traje con raya diplomática, Jürgen; el otro, con atuendo gris. De esa oficina discreta, a poseer más de 40 sedes en todo el orbe. De Panamá a Niue, una isla remota en Oceanía que Mossack convirtió en paraíso fiscal.
Lo cuenta bien Michael J. Field, autor de Nadando con tiburones: Historias de la primera línea de Pacífico Sur y corresponsal para AFP. Según él, Jürgen buscaba un terreno nuevo, lejos de Panamá, para las empresas. Y descubrió Niue, un estado libre asociado a Nueva Zelanda, no parte de la ONU. Una isla celestial ideal para ser paraíso fiscal. Field, como representante de la prensa en la zona, comenzó a informar de los andares de Jürgen.
Sus informaciones desesperaron al germano de rostro impenetrable. "A finales de 1990 tuve un encuentro con Jürgen Mossack; llegó a Auckland sólo para amenazarme", señala Field. "Me dijo que antes de ese momento nunca había oído hablar de Niue... Quería un lugar fuera del Caribe y en una zona horaria de Asia y el Pacífico...".
Total secreto y anonimato
Era un acuerdo de exclusividad por dos décadas. La isla de 260 km2, 1.200 habitantes, recibía un millón de dólares anuales por las 6.000 empresas que se asentaron. "Mossack Fonseca designó a un agente local para cuidar de los archivos. Su nombre era Peleni Talagi. Su padre, Toke Talagi, es ahora el primer ministro de Niue...". Mossack Fonseca describía las ventajas: "Total secreto y el anonimato... completa privacidad y confidencialidad de negocios". Uno de los quecreyó en la publicidad fue el actor español Imanol Arias. O su gestor.
"Arrancó su primer pelotazo televisivo con una sociedad en Niue", titula El Confidencial. El intérprete fue uno de los que apostó por crear una offshore con los Mossack Fonseca, bufete que es la pieza principal de la exclusiva periodística denominada #PanamaPapers, un trabajo del periódico germano Süddeutsche Zeitung y del ICIJ, siglas en inglés del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, del cual en España forman parte La Sexta y el citado diario online Y no es el único famoso español señalado.
Se añaden a la enorme lista el cineasta manchego Pedro Almodovar; Pilar de Borbón, hermana del rey emérito; miembros de la trama Gürtel; los Pujol; los Domecq; Marina Ruiz-Picasso, heredera del pintor malagueño; el excampeón mundial de motos Alex Crivillé; el hispano-peruano y premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa... la familia Escarrer (Sol Meliá); los hoteleros Riu y Enrique Martinon; el promotor inmobiliario y expresidente del FC Barcelona José Luis Núñez Clemente; Demetrio Carceller; la familia Thyssen-Bornemisza; el financiero Javier De la Rosa, dos nietos de Franco...
Son, "al menos, 1.200 sociedades, 558 accionistas, 166 clientes intermediarios y 89 beneficiarios con dirección postal española los que aparecen en los documentos secretos", confirma el socio español del ICIJ. Un colofón terrible: "La mayoría de los españoles que aparecen en los papeles de Panamá se acogió a la amnistía fiscal de 2012 y disolvió las sociedades, por lo que no sufrirán consecuencias".
Aparecen más nombres propios vinculados a este destape: Vladimir Putin; Silvio Berlusconi; el presidente argentino Mauricio Macri; Lionel Messi; el dimitido primer ministro islandés, Sigmundur David Gunnlaugsson; el rey saudí Salman Abdulaziz; Michel Platini, el hijo de Kofi Annan, exsecretario de la ONU; el padre del premier británico David Cameron... Hasta Jackie Chan ha dejado de reír. Ni siquiera se libra el genial Stanley Kubrick...
Jürgen Mossack ha salido en defensa de su bufete, de sus clientes, de su obra. "No vamos a suspender nuestros servicios para ir a sembrar bananas. La gente comete errores. Nosotros también", respondió a Kejal Vyas de The Wall Street Journal,desde la segunda planta de la sede de su compañía, un edificio ubicado en la calle Marbella, en el distrito financiero de Ciudad de Panamá. "Las compañías offshoretienen un montón de usos legítimos, dijo el señor Mossack, incluyendo evitar el pago de los impuestos por duplicado, proporcionar privacidad y la protección de los regímenes criminales y los delincuentes", escribe Vyas. Sobre las 240.000 sociedades fantasma investigadas, con orgullo ario, el hijo del SS afirma: "No habrá consecuencias... Ninguna".
Su escudo: La familia
El jueves 7 de abril, Jürgen Mossack renunció al prestigioso Consejo Nacional de Relaciones Exteriores de Panamá. La familia en pleno ha salido a defenderle en su círculo social. Se apoya en su mujer, la cubana nacionalizada panameña en 2007 Leydelises Pérez de Mossack. En su hija Nicole Mossack Acoca, casada con Tomas Altamirano (fundador de Futurad / Mivtech Inc). Y en la modelo Andrea Mossack Acoca, cuya pareja, Daniel Sessa, trabaja en el Programa Mundial de Alimentos, agencia especializada de la ONU. Estas últimas son hijas de un anterior matrimonio del alemán. Curiosamente, todas ellas figuran en distintas sociedades que aparecen en los registros mercantiles en Panamá. Así como hizo su padre, Jürgen ha aceptado al hijo de Leydelesis como propio. El adolescente comparte con Nicole y Andrea el gusto por la equitación y ha sido seleccionado, por Panamá, en esta disciplina. El patriarca de los Mossack murió en los 90, en Múnich. Su mujer, cinco años más tarde. Se llevó a la tumba secretos, de esos que "podrían dañar a Alemania". Jürgen, su querido heredero, tras sobrevivirle, carga con otros, aún más enigmáticos.
-Con información de Carmen Valero (Berlín) / @carmenvalero20
-Los datos de este reportaje se basan en investigación y entrevistas propias; así como en la documentación obtenida por el ICIJ, archivos del FBI e inteligencia norteamericana, y los textos periodísticos citados. Jürgen Mossack no aceptó la entrevista con Crónica.
Escrito por Martín Mucha
Las opiniones y conclusiones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición de HispanTV.
Su oficio: cerrajero y miembro de la temible división Totenkopf (que se puede traducir literalmente como "cabeza de muerto"). Cuando lo atraparon las fuerzas aliadas vendería información para salvarse. A eso se dedicaría el resto de su vida.
Su hijo, Jürgen Rolf Dieter Mossack (20 de marzo de 1948), nacido en Fürth, ciudad de Baviera, unos 178 centímetros, piel sin marcas por heridas a simple vista. Su profesión: abogado creador de empresas offshore, protagonist
La mansión de Jürgen Mossack en los Altos del Golf, una urbanización en Panamá donde viven expresidentes, diplomáticos y magnates, la misma donde residía el dictador Manuel Antonio Noriega, está protegida. Alrededor circulan berlinas del máximo lujo y vigilantes de seguridad. Las cámaras siempre están grabando. A diferencia de su padre, él tiene varios sobrenombres, le llaman: El alemán, El teutón, El nazi. El último apelativo es más reciente. Desde que se desvelaron sus contactos internacionales ha pasado al escondite.
Antes, si bien apenas ha dado un puñado de entrevistas a lo largo de su existencia, se codeaba con la alta sociedad panameña. Sobre todo para lucir a sus hijas: Nicole y Andrea, ambas jinetes profesionales. Jürgen buscó ocultar el pasado de su padre. Quienes han visitado su ostentosa vivienda no recuerdan ver fotos suyas en las paredes. Cuando hablaba de él no se refería a su pasado como SS ni como agente secreto. "Nosotros pensábamos que era ingeniero", refiere una de nuestras fuentes periodísticas panameñas que no quiere ser citada. "Mossack tiene más poder que el presidente, decían, y yo ahora les creo". Lo que es indudable es que es multimillonario.
Erhard Mossack, el padre nazi, en cambio, tuvo una vida austera. En 1935, según documentos del FBI, con 11 años entró en la Jungvolk, sección infantil de las juventudes hitlerianas. Se fue a vivir con su tío Manfred, en 1938, a Dresden. Mientras iba a una escuela técnica, trabajaba como aprendiz en la empresa de lentes y equipos ópticos Zeiss-Ikon. Por sus habilidades, luego consiguió que le aceptaran en la residencia que tenían para sus trabajadores. Un año más tarde, el quinceañero Erhard volvió a caer seducido por el Führer y su mensaje de dominación mundial. En 1940, volvió a su localidad natal y laboraba en una empresa minera. Con la mayoría de edad se apuntó a las Waffen-SS. En noviembre de 1942, lo transfirieron a una ya disminuida división Totenkopf, de la que un 80% había muerto en Demyansk (Rusia). Al joven Erhard lo enviaron primero a Francia. Después al frente soviético. Sus siguientes destinos: Checoslovaquia, Finlandia y Noruega.
Es capturado por las tropas norteamericanas en marzo de 1945, dos meses antes de la caída del Berlín. Erhard estaba a punto de cumplir los 21 años...
Mucho tiempo después, al cumplir esa edad, su hijo Jürgen estaba estudiando Derecho en la primera universidad privada de Panamá, la Católica Santa María La Antigua. Se graduó algo tarde, en 1973, con 25 años. No tardó mucho en poner rumbo a Londres. Este viaje sería clave para que entendiera las finanzas globales. Fue admitido por la Law Society of England (Consejo de Colegios de Abogados de Inglaterra). Se codeó con lo más alto de los abogados del mundo. Y con los tiburones que forjarían la fama actual de la City. Regresó a Panamá en 1977 ya sabiendo que iba a fundar su propio despacho, Jürgen Mossack Lawfirm, bautizado en inglés. Apuntaba al derecho corporativo, naval, banca, inversiones extranjeras, fideicomisos, fundaciones privadas y gestión de inversiones... No había cumplido los 30 y era el orgullo de papá. Ya entonces Jürgen Mossack era un miembro selecto de la oligarquía panameña.
La escapada de 1945
En diciembre de 1945, junto a otros siete, el nazi Erhard Mossack había robado un camión y escapaba de un campo de prisioneros de guerra en Le Havre (Francia). Se separó de los fugados, tras más de 600 kilómetros de viaje, al llegar a Colonia (Alemania). "Mossack ha tenido una muy extensa pero superficial educación política... Es un típico líder de las juventudes hitlerianas", se lee en el documento enviado desde la embajada de EEUU en Londres con destino al director del FBI, rubricado el 4 de diciembre de 1946. En este texto, de 20 páginas, se cuenta la historia completa hasta ese momento del exnazi Erhard Mossack, que, un año después de terminada la guerra, se ofrecía como informante. El tono era dubitativo. Los norteamericanos advierten que Erhard "estaba cerca de unirse a una organización clandestina, ya sea de los antiguos nazis ahora convertidos en comunistas... o de nazis no conversos que se encubrían a sí mismos como comunistas... Su oferta de convertirse en informante [la califican] como un posible astuto intento para salir de una situación incómoda". Lo cierto es que, con el tiempo, Erhard terminó en Baviera viviendo en libertad. ¿Ya espía? En la primavera de 1948 nació Jürgen Rolf Dieter Mossack Herzog.
Erhard se había enamorado de Luisa Herzog. Ella, fruto de una relación previa, tenía otro hijo. Su nombre: Horst, hermano mayor de Jürgen. Hoy Horst llena, con su testimonio, algunos vacíos en la vida del nazi, de su padrastro. Entrevistado por The Daily Mail, reconoce lo que sintió su madre por haberlo tenido fuera del matrimonio. "Era una vergüenza en esos días, así que me pusieron en adopción". Pero aporta un dato adicional que revela un acto de generosidad del SS. "Mi madre más tarde se casó con Erhard Mossack. Él me dio su apellido después".
¿Y de su hermanastro panameño, qué dice? Le perdió el rastro cuando estuvo en Londres estudiando. "Lo que ha salido de Panamá es una noticia impactante, sorprendente. Desconcertante, incluso, pero no puedo decir que siento vergüenza porque no tengo conexión en la realidad con él".
Lo más llamativo es que Horst revela que en un momento de su vida el que fuera cabo primero de los cabeza de muerto se hizo periodista. Según su versión, publicó en 1952 -cuando Jürgen tenía apenas cuatro años- un libro titulado Los últimos días de Nüremberg. Una reseña de esta obra señala que "Erhard Mossack describe el calvario de Nüremberg en los últimos meses de la II Guerra Mundial. Como editor de un periódico, amasó un amplio material de origen, en especial el análisis de numerosas declaraciones de testigos. Nos lleva a mirar detrás del telón de fondo histórico... de lo sucedido entre enero y mayo de 1945 allí".
El padre nazi de Mossack narra cómo cayó la ciudad. Son 160 páginas con fotos de edificios destruidos y de unidades militares. ¿Se hizo periodista tras aceptar los servicios secretos de EEUU su oferta de colaboración? ¿O más bien se unió a la inteligencia germana como otros sospechan? Si el propio héroe de guerra nazi Otto Skorzeny, según informaciones recientes del diario israelí Haaretz, terminó de sicario del Mossad, nada suena descabellado.
El nombre de Erhard, por cierto, no es desconocido para el BND (los servicios secretos alemanes), con sede en Pullach, cerca de Múnich. De hecho, han confirmado la existencia de documentos sobre él, aunque no los desclasificarán. Ésta es su respuesta oficial: "Porque podrían dañar a la República Federal de Alemania o alguno de sus estados federados".
DOCUMENTOS PROBATORIOS. Derecha y centro, dos páginas del informe del FBI, de noviembre de 1946, donde describen las acciones del nazi Erhard Mossack. A la izquierda, fichero de la CIA de 1963, sobre los contactos de Mossack con la inteligencia militar de EEUU.
Estas unidades de resistencia, que deben su nombre a una novela escrita en 1914 por Hermann Löns, autor reverenciado por el nacionalsocialismo, llegó a contar con hasta 5.000 hombres reclutados en las juventudes hitlerianas y miembros de las SS. A este movimiento se le atribuyen varias matanzas de civiles. Erhard fue posiblemente un hombre lobo que se batió en retirada con una información que supo utilizar en su favor y que, según los datos que se han ido recabando sobre él, le permitió acortar su cautiverio.
¿Doble espía?
Según documentos procedentes de los servicios estadounidenses de inteligencia citados por el Süddeutsche Zeitung en el marco de los #PanamaPapers, el padre de Mossack no sólo se prestó a colaborar sino también a recabar información para los aliados. Sorteó el proceso de Nüremberg y comenzó una vida trabajando como redactor para varios medios, incluido el 8 Uhr-Abendblatt de Nüremberg. Este periódico fue fundado en octubre de 1919 por una editorial ultracatólica. Fue, junto al diario del partido nazi, el único periódico que circulaba durante la II Guerra Mundial, entre 1939 y abril de 1945. Fue prohibido por los estadounidenses al terminar la guerra. En 1949 el diario volvió a aparecer, hasta su desaparición, en 2012.
Erhard, en 1960, se va con su familia a Panamá, donde trabajó para Lufthansa, al tiempo que -se especula- colaboró con la CIA desenmascarando comunistas. La pista de Mossack padre se retoma en octubre de 1963. En un documento de la agencia, explican que desde 1961 Erhard ha intentado establecer contacto con la inteligencia militar de EEUU. Su área de acción la sitúan desde Frankfurt, pasando por Panamá, hasta Santiago de Chile y Cuba.
Jürgen era adolescente. Tenía dos hermanos más: Peter, actual cónsul honorario de Panamá en Frankfurt, y Marian, también residente en Alemania... Erhard poco a poco se va desvaneciendo como personaje. Se sabe que regresó a Múnich, cual retiro dorado, durante los 70, para establecerse allí. Era la década en que su Jürgen se iba haciendo fuerte en Ciudad de Panamá y Londres. Su bufete funcionaba. Era el germen inicial de lo que después sería Mossack Fonseca.
La unión con Fonseca
Los propios documentos internos de Mossack Fonseca sitúan el nacimiento de la firma en 1977, cuando no existía como tal sino sólo la Jürgen Mossack Lawfirm. Es en 1986 cuando se establece el nexo que cambia su vida. El teutón se une a Ramón Fonseca Mora, su socio a partir de entonces. Ramón era el perfecto complemento para sus fines. No sólo conocía el mercado internacional. Era el carisma que el hijo del nazi no tenía, las sonrisas que le faltaban.
Le gustaban a Mossack los vínculos que había establecido Fonseca con sus compañeros de la London School of Economics, donde se graduó. Además, su nuevo socio, cuatro años menor que Jürgen, disfrutaba del beneplácito de la clase política panameña. En los tiempos en que Manuel Antonio Noriega, alias Cara de Piña, gobernaba, eso era un filón invalorable. Jürgen ya sabía cuál era el futuro. En 1988, sólo dos años después de su unión con Fonseca, escribió un texto premonitorio: Panamá paraíso fiscal. Padre e hijo Mossack, escritores, ambos contando sus vivencias. Los estragos de la guerra uno. El otro, sus batallas financieras.
La foto en blanco y negro del momento de la firma del acuerdo la conservan en los archivos de Mossack Fonseca. El alemán y Fonseca juntos, con un trago en vaso de tubo en sus manos. Uno con traje con raya diplomática, Jürgen; el otro, con atuendo gris. De esa oficina discreta, a poseer más de 40 sedes en todo el orbe. De Panamá a Niue, una isla remota en Oceanía que Mossack convirtió en paraíso fiscal.
Lo cuenta bien Michael J. Field, autor de Nadando con tiburones: Historias de la primera línea de Pacífico Sur y corresponsal para AFP. Según él, Jürgen buscaba un terreno nuevo, lejos de Panamá, para las empresas. Y descubrió Niue, un estado libre asociado a Nueva Zelanda, no parte de la ONU. Una isla celestial ideal para ser paraíso fiscal. Field, como representante de la prensa en la zona, comenzó a informar de los andares de Jürgen.
Sus informaciones desesperaron al germano de rostro impenetrable. "A finales de 1990 tuve un encuentro con Jürgen Mossack; llegó a Auckland sólo para amenazarme", señala Field. "Me dijo que antes de ese momento nunca había oído hablar de Niue... Quería un lugar fuera del Caribe y en una zona horaria de Asia y el Pacífico...".
Total secreto y anonimato
Era un acuerdo de exclusividad por dos décadas. La isla de 260 km2, 1.200 habitantes, recibía un millón de dólares anuales por las 6.000 empresas que se asentaron. "Mossack Fonseca designó a un agente local para cuidar de los archivos. Su nombre era Peleni Talagi. Su padre, Toke Talagi, es ahora el primer ministro de Niue...". Mossack Fonseca describía las ventajas: "Total secreto y el anonimato... completa privacidad y confidencialidad de negocios". Uno de los quecreyó en la publicidad fue el actor español Imanol Arias. O su gestor.
"Arrancó su primer pelotazo televisivo con una sociedad en Niue", titula El Confidencial. El intérprete fue uno de los que apostó por crear una offshore con los Mossack Fonseca, bufete que es la pieza principal de la exclusiva periodística denominada #PanamaPapers, un trabajo del periódico germano Süddeutsche Zeitung y del ICIJ, siglas en inglés del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, del cual en España forman parte La Sexta y el citado diario online Y no es el único famoso español señalado.
Se añaden a la enorme lista el cineasta manchego Pedro Almodovar; Pilar de Borbón, hermana del rey emérito; miembros de la trama Gürtel; los Pujol; los Domecq; Marina Ruiz-Picasso, heredera del pintor malagueño; el excampeón mundial de motos Alex Crivillé; el hispano-peruano y premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa... la familia Escarrer (Sol Meliá); los hoteleros Riu y Enrique Martinon; el promotor inmobiliario y expresidente del FC Barcelona José Luis Núñez Clemente; Demetrio Carceller; la familia Thyssen-Bornemisza; el financiero Javier De la Rosa, dos nietos de Franco...
Son, "al menos, 1.200 sociedades, 558 accionistas, 166 clientes intermediarios y 89 beneficiarios con dirección postal española los que aparecen en los documentos secretos", confirma el socio español del ICIJ. Un colofón terrible: "La mayoría de los españoles que aparecen en los papeles de Panamá se acogió a la amnistía fiscal de 2012 y disolvió las sociedades, por lo que no sufrirán consecuencias".
Aparecen más nombres propios vinculados a este destape: Vladimir Putin; Silvio Berlusconi; el presidente argentino Mauricio Macri; Lionel Messi; el dimitido primer ministro islandés, Sigmundur David Gunnlaugsson; el rey saudí Salman Abdulaziz; Michel Platini, el hijo de Kofi Annan, exsecretario de la ONU; el padre del premier británico David Cameron... Hasta Jackie Chan ha dejado de reír. Ni siquiera se libra el genial Stanley Kubrick...
Jürgen Mossack ha salido en defensa de su bufete, de sus clientes, de su obra. "No vamos a suspender nuestros servicios para ir a sembrar bananas. La gente comete errores. Nosotros también", respondió a Kejal Vyas de The Wall Street Journal,desde la segunda planta de la sede de su compañía, un edificio ubicado en la calle Marbella, en el distrito financiero de Ciudad de Panamá. "Las compañías offshoretienen un montón de usos legítimos, dijo el señor Mossack, incluyendo evitar el pago de los impuestos por duplicado, proporcionar privacidad y la protección de los regímenes criminales y los delincuentes", escribe Vyas. Sobre las 240.000 sociedades fantasma investigadas, con orgullo ario, el hijo del SS afirma: "No habrá consecuencias... Ninguna".
Su escudo: La familia
El jueves 7 de abril, Jürgen Mossack renunció al prestigioso Consejo Nacional de Relaciones Exteriores de Panamá. La familia en pleno ha salido a defenderle en su círculo social. Se apoya en su mujer, la cubana nacionalizada panameña en 2007 Leydelises Pérez de Mossack. En su hija Nicole Mossack Acoca, casada con Tomas Altamirano (fundador de Futurad / Mivtech Inc). Y en la modelo Andrea Mossack Acoca, cuya pareja, Daniel Sessa, trabaja en el Programa Mundial de Alimentos, agencia especializada de la ONU. Estas últimas son hijas de un anterior matrimonio del alemán. Curiosamente, todas ellas figuran en distintas sociedades que aparecen en los registros mercantiles en Panamá. Así como hizo su padre, Jürgen ha aceptado al hijo de Leydelesis como propio. El adolescente comparte con Nicole y Andrea el gusto por la equitación y ha sido seleccionado, por Panamá, en esta disciplina. El patriarca de los Mossack murió en los 90, en Múnich. Su mujer, cinco años más tarde. Se llevó a la tumba secretos, de esos que "podrían dañar a Alemania". Jürgen, su querido heredero, tras sobrevivirle, carga con otros, aún más enigmáticos.
-Con información de Carmen Valero (Berlín) / @carmenvalero20
-Los datos de este reportaje se basan en investigación y entrevistas propias; así como en la documentación obtenida por el ICIJ, archivos del FBI e inteligencia norteamericana, y los textos periodísticos citados. Jürgen Mossack no aceptó la entrevista con Crónica.
Escrito por Martín Mucha
Las opiniones y conclusiones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición de HispanTV.
domingo, 10 de abril de 2016 10:04
Enviado por Liber¿Y ahora qué? Las consecuencias de 'la mayor filtración de la historía'
Publicado: 8 abr 2016 04:35 GMT | Última actualización: 8 abr 2016 14:20 GMT . RT
Cinco días después de darse a conocer,
personalidades del mundo entero se han visto en mayor o menor medida
salpicados por el escándalo de los paraísos fiscales. Repasamos lo
acontecido.
El
pasado 3 de abril los medios de
comunicación y la opinión pública del mundo entero quedaron
escandalizados al conocerse la filtración de 11,5 millones de documentos
financieros sobre empresas en paraísos fiscales del
bufete de abogados panameño Mossack Fonseca, los cuales revelaron la
vinculación de varios jefes de Estado y numerosas personalidades del
ámbito político, cultural y deportivo con paraísos fiscales, filtrados
presuntamente a razón de un posible 'hackeo' informático. Así fueron las
reacciones y acontecimientos posteriores a esta revelación:Acusados, dimisiones y cobertura mediática
Los datos filtrados cubren el periodo comprendido entre 1977 y finales de 2015, que muestran cómo funcionan los paraísos fiscales y cómo se mueve el dinero de manera secreta por todo el planeta. El nombre que más sonó al principio y fue el centro de discusión en la prensa internacional fue el del presidente de Rusia, Vladímir Putin, vinculado al escándalo por el simple hecho de que amigos suyos son mencionados en los documentos, aunque el nombre del presidente ruso no aparece ni una sola vez, lo que se catalogó rápidamente como un ataque mediático de desprestigio contra Putin.
De nuevo en España, sonó el nombre del cineasta Pedro Almodóvar, así como el de dos bisnietos del dictador Francisco Franco. También en los documentos se nombra al expresidente de la UEFA Michel Platini y al actual presidente ucraniano, Piotr Poroshenko, entre varias otras personalidades.
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El primero en dimitir fue el primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, el día 5 de abril después de saberse que su nombre figuraba entre los de varios políticos y personas famosas vinculadas a paraísos fiscales. Las protestas en Reikiavik sirvieron de presión para que el política renunciara.
Ese mismo día, la Fiscalía panameña anunció el inicio de una investigación respecto a los documentos filtrados.
Durante las siguientes jornadas se produjeron otras dimisiones, como la de Michael Grahammer, director ejecutivo del banco hipotecario del estado de Vorarlberg, Austria, y el abogado uruguayo Juan Pedro Damiani, quien presentó su renuncia al Comité de ética de la FIFA por su supuesta vinculación con Eugenio Figueredo, alto cargo futbolístico investigado por corrupción al aparecer su nombre entre los 'papeles de Panamá'.
Reacciones
Tres días después de las revelaciones, el portal WikiLeaks solicitó a los autores de la investigación que publiquen todos documentos panameños en Internet y no solo para un concreto grupo de periodistas, de tal forma que cualquier persona pueda consultarlos. Por su parte, Wikileaks se adelantó a revelar que "EE.UU. financió el ataque de los 'papeles de Panamá' contra Rusia y Vladímir Putin", hecho que Washington reconoció posterior
Los 10 países con mayor número de empresas implicadas en la caso de los 'papeles de Panamá'
Por otra parte, Pakistán creó una comisión para investigar las vinculaciones de la familia y confidentes del primer ministro del país, Nawaz Sharif.
Mientras tanto, en el otro hemisferio del mundo, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, fue imputado ante la Fiscalía Penal por el escándalo de los 'offshores'. El presidente explicó públicamente en su defensa que él fue puesto como director de la sociedad anónima que dejó de existir en 2008 sin hacer ninguna inversión ni recibir ganancias.
El periodista internacional Alberto Rabilotta opina que la fuga de los 'papeles de Panamá' fue "legítima". A su juicio, es evidente que tanto tiempo gastado para investigar los documentos "no puede pasar desapercibido por los servicios de inteligencia de Alemania y EE.UU.".
FRANCIA
La 'Nuit Debout' y el 15-M se alían para globalizar la protesta
Las acciones del movimiento de indignación de Francia se multiplican para amplificar su resonancia e internacionalizar la protesta. Activistas franceses y españoles lanzan una convocatoria global para el 15 de mayo, coincidiendo con el quinto aniversario del 15-M.
Yannis
Varoufakis, exministro de Finanzas griego e impulsor de 'Un PLan B para
Europa', partica en una asamblea de la 'Nuit Debout'. - REUTERS
Emma, veterana quincemista de Barcelona, miembro de X_net y de 15MpaRato, detectó que algo inusual ocurría en Francia a principios de marzo. Varios colectivos franceses, explica, la contactaron para pedirle ayuda con el inicio de la movilización contra la reforma laboral impulsada por el gobierno socialista de François Hollande, que el 31 de marzo cristalizó en la ocupación de la emblemática plaza de République en París tras una multitudinaria manifestación.
"Me di cuenta de que esto era algo nuevo, un movimiento que venía desde abajo, de personas muy distintas, no era el clásico llamamiento sindical o partidista"
“Me di cuenta de que esto era algo nuevo, un movimiento que venía desde abajo, de personas muy distintas, no era el clásico llamamiento sindical o partidista. Allí oí hablar por primera vez de Convergence de Luttes”, el colectivo promotor de la Nuit Debout. Experta en comunicación y movilización en redes, cuando llegó a París se topó con un panorama más bien árido: “Tenían una estructura bastante débil, con dinámicas poco operativas; en comunicación solo tenían una página de Facebook, ni siquiera una cuenta de Twitter, y se comunicaban a través de una lista de correo”.
El 15-M desembarca en París
Emma, junto con Héctor y Toret, integrantes los tres del 15M Barcelona, forman una especie de dream team de la revolución 2.0. Toret, psicólogo y experto en tecnopolítica, ha trabajado con colectivos como Democracia Real Ya o Barcelona en Comù; Héctor, novelista, filólogo y experto en democracia participativa, es el community manager de la cuenta @15MBcn_int. Entre los tres suman casi una veintena de países en los que han colaborado con distintos movimientos sociales. Fue por eso que, cuando algo empezó a moverse al otro lado de los Pirineos, se subieron al carro sin dudarlo.
Espectáculo nocturno en la plaza de la República de Francia. - EFE“Esto se ha expandido a una velocidad brutal. Ya es un monstruo que no controla nadie”, asegura desde el Media Center de Nuit Debout. Ubicado a pocas manzanas de la plaza de République, escondido en una calle tranquila al abrigo de miradas indiscretas, en él se trabaja día y noche a ritmo febril. Una decena de personas discuten la estrategia comunicativa a seguir para los días que vienen; la información fluye de tal manera que la atmósfera se hace densa, con miles de tuits atravesando como flechas la habitación, casi rozando las orejas del visitante. El desarrollo de los acontecimientos es frenético: se planifica mientras se sigue con atención la evolución del movimiento en las redes y en los medios de comunicación: una televisión de América Latina ha entrado en directo desde République; un periodista australiano necesita contactos; Pablo Iglesias acaba de tuitear por primera vez sobre Nuit Debout.
La difusión del movimento por redes ha sido exponencial: en dos semanas, más de 33.000 seguidores en Twitter, 100.000 en Facebook
Noemie tiene ojeras: ayuda a gestionar las cuentas de Twitter y Facebook del movimiento y lleva trabajando a ritmo de 12 horas diarias todo el fin de semana. “Imagínate: la cuenta en Twitter la creamos el 30 de marzo. El 31 nos damos cuenta de que somos Trending Topic mundial. Cada hora recibimos decenas de mensajes de apoyo… estamos creciendo a un nivel increíble”, explica, con un ojo en su interlocutora y otro en la pantalla del ordenador.
Efectivamente, la difusión del movimento por redes ha sido exponencial: en dos semanas, más de 33.000 seguidores en Twitter, 100.000 en Facebook. En esta red social también existen versiones de la Nuit Debout en inglés, español e italiano. En Telegram, un grupo de personas de varios países traducen a toda velocidad artículos, comunicados y manifiestos en una decena de idiomas. Los franceses creen que la ayuda del 15-M ha sido de gran utilidad, aunque matizan: “Nos enseñamos los unos a los otros. Aquí estamos utilizando la inteligencia colectiva”, subraya Noemie.
Aprender de otras luchas
La comisión internacional de la Nuit Debout se reúne a las 19 horas cada tarde en République. Subdividida en tres grupos ─Comunicación, Acción y Debate─, en este último, unas quince personas de Francia, pero también de España, Turquía, Italia o Rusia, se emplean en dotar a la lucha de un contenido común.“Nos hemos dado cuenta de que tenemos que mirar este movimiento desde una óptica internacional y para ello, hay que encontrar paralelismos con lo ocurrido en otros lugares”
Entre ellas está Ioana, integrante del colectivo de migrantes español Marea Granate: “Nos hemos dado cuenta de que tenemos que mirar este movimiento desde una óptica internacional y para ello, hay que encontrar paralelismos con lo ocurrido en otros lugares”, explica. “Los movimientos que han ido naciendo en los cinco últimos años en todo el mundo, pero especialmente en Europa, pueden enseñarnos: Blockupy en Alemania, sobre la economía financiera; el 15-M y la PAH en España, sobre la ocupación del espacio público; Gezi, en su resistencia contra el autoritarismo del Estado turco…”, enumera.
“Nosotros creemos en un mundo sin fronteras, sabemos lo que son porque nos ha tocado emigrar a todos los que estamos aquí, y nos asusta cómo se están redibujando Europa: cada vez con más violencia, hacia los otros (en alusión a los refugiados) y hacia nosotros como ciudadanos europeos”, critica.
Policías franceses toman posiciones durante una manifestación de la 'Nuit Debout'. - AFP
Globalizar el movimiento
Desde 2011, los movimientos de protesta se han extendido por todo el planeta, desde las primaveras árabes, hasta el 15-M en España u Occupy Wall Street en Estados Unidos.En Francia, hay quien ve la falta de propuestas políticas concretas desde Nuit Debout como un problema fundamental, pero si la convergencia de luchas en este país preocupa a parte de los impulsores del proyecto, la internacionalización de la lucha podría ser su mayor desafío.
El peso político y económico de Francia hace que muchos pongan sus esperanzas en 'Nuit Debout' para reactivar la protesta a nivel internacional
“El movimiento tiene que encontrar su camino aquí, pero a nivel estratégico, también es importante para otros países”, opina desde la plaza Sélim Smaoui, sociólogo que también vivió y participó en el 15-M en España. El peso político y económico de Francia hace que muchos pongan sus esperanzas en Nuit Debout para reactivar la protesta a nivel internacional. Intelectuales de izquierdas como el británico David Graeber o el exministro de Finanzas griego e impulsor del proyecto Un Plan B para Europa, Yannis Varoufakis, que este sábado visitó République, siguen con interés los acontencimientos en Francia.
La comisión internacional acaba de lanzar una convocatoria global de movilización para el 15 de mayo, coincidiendo con el quinto aniversario del nacimiento del 15-M en España. Unos días antes, el fin de semana del 7 y 8, hay convocada otra "llamada internacional" en París que servirá para preparar la "gran acción" del día 15. La colaboración entre movimientos sociales de distintos países será fundamental para determinar la extensión de la protesta. Después de haber participado en movilizaciones en todo el mundo, desde Brasil, hasta Hong Kong o Turquía, Toret lo tiene claro: “Para mí no hay diferencia entre los turcos, los italianos, los franceses o los españoles. La lucha tiene que ser global”.
République, una plaza con muchas almas
'Nuit Debout', el movimiento que da vida a la plaza de la República de París, sólo se puede definir por su constante cambio y evolución.
Asamblea general de la 'Nuit Debout' del pasado jueves. - EFE
Al igual que en la Puerta del Sol de Madrid en los últimos días de mayo de 2011, la plaza de la República de París se le queda pequeña al movimiento. Planean cómo huir del inmovilismo. La Nuit Debout, salvo acciones espontáneas puntuales, se reduce a una asamblea diaria de seis horas y al trabajo de las distintas comisiones. Para evitar esta autocomplacencia y pasividad, están trabajando en acciones para el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores.
Al igual que en la Puerta del Sol en mayo de 2011, la plaza de la República de París se queda pequeña para la 'Nuit Debout'
Otro objetivo que se marcan participantes en las distintas comisiones es ir a la banlieue y los barrios. Arthur, participante en el grupo promotor Convergencia de luchas, considera que “hay que salir de la plaza para extender este movimiento. El objetivo no era ocupar la plaza de la República sino no volver a casa”, declaró en una entrevista a Público.
¿15-M francés?
Los paralelismos entre la Nuit Debout y el 15-M español han acompañado al movimiento francés desde el principio, pero también hay diferencias: no se oyen gritos de “no nos representan” y los cargos políticos y sindicales no son mal recibidos. Diversos políticos del Partido Comunista Francés, Nuevo Partido Anticapitalista y del Partido de Izquierdas han estado presentes en las asambleas aunque no hayan tomado la palabra. Éric Coquerel, coordinador político del Partido de Izquierdas, estuvo en la plaza este viernes. Considera que la movilización es “la primera concreción en Francia del movimiento ciudadano. Espero que todas las movilizaciones y la Nuit Debout converjan para parar la ley del trabajo e ir más lejos si es posible. Es extremadamente positivo”. Incluso miembros del sindicato mayoritario CGT han repartido panfletos durante una asamblea sin problemas. Los tenderetes de diferentes organizaciones conviven durante las tardes."La movilización es la primera concreción en Francia del movimiento ciudadano", Éric Coquerel, coordinador político del Partido de Izquierdas
No sólo representantes de izquierdas han visitado la plaza. Jean Lassalle, vicepresidente del partido centrista Movimiento Demócrata y candidato a la presidencia de Francia, estuvo en la plaza de la República la noche del 11 de abril. “Sufro el inmovilismo de los partidos. Me siento más cerca del pueblo que me elige que del partido en sí mismo”, comenta. “Mi padre, siendo pastor, les dio más oportunidades a sus cuatro hijos que yo le voy dar a mis hijos siendo diputado. Hay algo que no funciona”, añade Lasalle. Su opinión sobre la Nuit Debout es positiva. “Es formidable, una iniciativa espontánea. Los jóvenes dicen STOP y van a reapropiarse de su destino”. El filósofo Alain Finkielkraut fue expulsado la noche del 17 de abril de la plaza de la República al grito de "fascista".
El exministro de Finanzas griego, Yanis Varoufakis, en la plaza de la República de París. - F.G.
Atención mediática
El interés mostrado por los medios españoles sólo es superado por el de los propios franceses. Diarios como Libération han dedicado portadas y análisis en profundidad. Las televisiones han hecho directos y dedicados debates a la protesta. Arthur considera que la visión de la protesta en los medios fue en un principio de “simpatía” pero últimamente arrecian las críticas.Sorprende el poco interés que la protesta, instalada en una de las plazas más importante de París, ha generado en la prensa internacional
Sorprende el poco interés que la protesta, instalada durante semanas en una de las plazas más importante de París, ha generado en la prensa internacional. Medios como The Guardian o The New York Times tardaron una semana en informar de lo que ocurría en la plaza de la República. La prensa española, salvo excepciones, también ha tardado en reaccionar, en algunos casos ignorando por completo la ocupación de la plaza.
Pero el momento que mayor número de periodistas ha acogido la plaza ha sido la tarde del 16 de abril, con la visita de Yanis Varoufakis. Recibido como una estrella de rock, el exministro de Finanzas griego afirmó que “nos dicen que estamos ocupando espacio público pero son ellos quienes intentan privatizar los comunes”. “El presidente Hollande fue elegido para generar crecimiento acabando con la austeridad pero ahora quiere devaluar el trabajo para resucitar el capitalismo”, añadió.
Una 'perfomance' durante la noche en la plaza de la República. - EFE
Asambleas por el día, 'raves' y disturbios por la noche
La asamblea general comienza pasadas las 6 de la tarde y dura hasta la medianoche. Primero toman la palabras las diferentes comisiones, que exponen las decisiones tomadas y sus propuestas. A continuación, algunas de los centenares de personas que acuden diariamente se expresan libremente. El ambiente cambia al caer la noche, cuando la plaza se convierte en una rave y algunos aprovechan la oscuridad para realizar manifestaciones salvajes y causar disturbios. La organización de la Nuit Debout se desmarca de las “acciones individuales” pero no condena la violencia. Quien tampoco la condena es el diputado Lassalle. “Pienso que si no hubiese Policía esta violencia no ocurriría. Es siempre el mismo problema. El poder debería estar del lado de la juventud. Estoy muy en contra de la intervención policial”.Una encuesta de iTele previa a los disturbios casi diarios mostraba un apoyo del 60% al movimiento. Un apoyo que viene sobre todo de la izquierda (76%) y de la extrema derecha. El 62% de los simpatizantes del Frente Nacional apoyan a la Nuit Debout pese a que el 13 abril, el partido de Marine Le Pen hizo público un comunicado en el que pedía la su disolución. El partido ultra considera la protesta el “centro operacional del pillaje de París” y acusa a los participantes de “revolucionarios de salón”.
Policía desaloja a manifestantes nocturnos de la capital francesa
Prosiguen en París las concentraciones contra proyecto laboral - Credito: Librered
Por: Prensa Latina (PL) | Sábado, 16/04/2016 09:27 AM |Aporrea
16 de abril de 2016.- La policía desalojó hoy a manifestantes del movimiento Noche en pie de la Plaza de la República de esta capital, donde se concentran desde fines de marzo en rechazo a políticas del gobierno francés.
Varios centenares de personas se reunieron anoche en ese emblemático sitio como parte de una iniciativa que, si bien tuvo su origen en el rechazo a un plan laboral gubernamental, amplía sus reivindicaciones.
Según fuentes policiales, hacia la 01:00, hora local, aproximadamente 100 de esas personas comenzaron a lanzar botellas, latas y adoquines contra miembros de las fuerzas del orden que se ubican cada noche en los alrededores del lugar de la concentración.
Las fuerzas del orden utilizaron gases lacrimógenos. Acorde con la información divulgada, ese centenar de manifestantes se dispersó y cometió algunas degradaciones en lugares del noreste de París. En total, 22 personas fueron detenidas.
La Unión Nacional de Estudiantes Franceses, principal organización de su tipo en el país, denunció ayer lo que considera un dispositivo policial desproporcionado en las manifestaciones contra el plan laboral del gobierno.
Ese tipo de comportamiento contribuye al incremento de las tensiones, expresó su presidente, William Martinet, a la televisora iTélé.
Frente a la violencia, la responsabilidad es también colectiva y sentimos desde hace un tiempo que las fuerzas del orden no son todo el tiempo intachables, añadió.
A su juicio, el problema no es la actitud de las fuerzas del orden frente a los alborotadores, sino frente a las manifestaciones pacíficas, como ocurrió durante las convocadas el 14 de abril.
Por ello, la Unión llamó a la responsabilidad de los poderes públicos y del Ministerio del Interior: las próximas manifestaciones deben desarrollarse en calma y permitir a los jóvenes y a los trabajadores expresarse.
