Copemh denuncia la militarización de su sede en plenas vacaciones
Red Morazánica de Información Tegucigalpa. 27 Diciembre 2010. El Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (Copemh), denunció, este domingo, mediante un comunicado de su Frente de Defensa (Fredecopemh), que su sede central ha sido militarizada por el régimen de Porfirio Lobo.
Aseguran que “El representante de la oligarquía golpista, Porfirio Lobo, ve en el magisterio el único sector organizado capaz de detener la privatización de la educación pública”.
Por eso los docentes “debemos pelear por nuestros derechos en las aulas y de clase y en las calles día con día”, exhortan.
Afirman que “la victoria sólo es posible con la unidad del magisterio Copemh”.
El Régimen, junto al Congreso, arremetió durante el año contra el docente hondureño cercenando el artículo 49 para deslindar del salario mínimo el Estatuto, quedando todo el magisterio sin el aumento salarial que corresponde como trabajadores de la educación, reclaman.
El proceso de la privatización de la educación está en marcha a través de eliminación del Estatuto del Docente. “Con la educación en manos de la oligarquía y de los empresarios se acaba el libre pensamiento y en cambio a ellos se les genera millones de ganancia en lempiras”, aseveró el Fredecopemh en el texto de su comunicado.
El Copemh “ante la embestida del régimen continuador del Golpe llama a luchar para defender nuestras conquistas y exigimos, de inmediato, el pago a más de cinco mil maestros que no se les ha pagado en todo el año”.
El colegio de docentes de Media “rechaza contundente” la implementación de la nueva Ley General de Educación, que no es más que la privatización de la educación, expresan.
Y declaran “acuerpar en forma integrante y solidaria a todas las organizaciones sociales del país, que en los actuales momentos son blanco de los ataques arteros del régimen sucesor del golpe militar de Estado, en contra de sus conquistas y aspiraciones que les corresponde”.
El Fredecopemh hace especial mención de su apoyo al movimiento Unificado Campesino de El Aguán (MUCA), el Movimiento Auténtico de Reivindicación Campesina del Aguán (MARCA) y los trabajadores y campesinos de Honduras.
LA NAVIDAD DE
ALGUNOS HONDUREÑOS
Oscar Amaya Armijo
Aún existen hondureños que se refugian
en sus propias candelas, en las hojas de
sus nacatamales. Viven su propio nacimiento. La navidad para ellos empieza y
termina en su foquito rojo. El mundo exterior no existe para ellos.
Aún existen hondureños que fingen
una riqueza que no tienen, allí se les mira, en los bultimedias, comprando ropa de novena categoría. Ellos
creen vivir una bonanza que nunca existió, y el golpe de Estado es una ficción en
mentes calenturientas. Son los enajenados por el consumismo desbocado.
Aún existen hondureños que creen
ciegamente que el Papá Noel hondureño; es decir, Miguel Facusse, llegó hasta el Bajo Aguan repartiendo pavos y
juguetes. Las matanzas son cuentos de camino real, perras de Teofilito. Son los
eternos dominados por el cerco mediático de Rafael Ferrari.
Aún existen hondureños que llegan
a las iglesias con beatísima disposición, creyendo que alcanzarán la gloria
celestial escuchando homilías del Cardenal Rodríguez o sermones de Evelio Reyes.
Son los pobres de espíritu que creen que estos seres malvados son ángeles que
los llevarán a morar a la diestra de Dios.
Aun existen hondureños que
comparten las misas navideñas y los asientos delanteros de las iglesias católicas
con los asesinos y explotadores. Allí se les mira hablar en lenguas en las
iglesias evangélicas, arrobados por la celestial presencia de los coroneles y
generales golpistas. Son las mismas víctimas de la catequización hipócrita, realizada
por los luciferinos catecismos de las clases dominantes.
Aún existen hondureños que
escuchan coros de ángeles celestiales
cuando ven a los generalotes del ejército postrarse de hinojos frente a la inmaculada
presencia del Niño Dios. Son los mismos que sienten olores a jazmines cuando los señorones de la empresa
privada, exhiben sus relucientes barrigones frente al hartazgo navideño de sus
mesas. Es la penquería que todavía creé en la sacrosanta propiedad privada.
Aún existen hondureños que creen
que los millones de miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular FNRP, comerán
niños asados frente a sus árboles de
navidad, que Fidel convertirá en jabón a los ancianos del malecón habanero y
que Hugo Chávez o Evo Molares serán los cucos malditos que aparecerán por detrás
de la sionista Estrella de David. Son los mismos que padecen un crónico diversionismo
ideológico que da vergüenza.
Aun existen hondureños que,
alucinados por el guaro, el rompopo y la ignorancia, creen que los viejos y barrigones
reservistas militares forman parte de las sacrosantas cruzadas medievales y que
el sátrapa de Michelleti es un héroe canonizado por el Vaticano. Son aquellos
aplastados espiritualmente que creen que expiarán sus culpas, fingiendo una
beatitud propia de los Caballeros del Santo Entierro.
Aun existen hondureños que creen
que la navidad de las Lomas del Guijarro
es la misma que se vive en la colonia Divino Paraíso. Según ellos, ese niño maravilloso viste de tafetán
en ambos centros poblacionales. Son los mismos que jamás entenderán elas
diferencias de clase que existen hasta para adorar el mismo Dios.
Aun existen hondureños que creen
que la Primera Dama es la reencarnación de Teresa de Calcuta y que el remedo de
presidente es la transmutación de Gandhi, solamente porque aquélla se aparece solamente
en cada navidad repartiendo desperdicios a los niños de los crematorios o
porque aquél (el remedo de presidente) se llena la boca hablando de reconciliación
nacional que ni él mismo cree.
Aun existen hondureños que en
esta navidad se sentarán frente a sus familias y al Niño Dios, luciendo sus
manos ensangrentadas y orando hipócritamente por mantener una democracia que ni
siquiera existió en la ficción de la tragicomedia que viven los hondureños.
*¿Hacia adónde conducen los caminos?*
En la vida cotidiana, Honduras se ha convertido en una zona de guerra, sin
reglas de juego, más que las dictadas por la ley del más fuerte. Las
masacres provocadas en el valle de Sula especialmente en los últimos tres
meses, el asesinato de mujeres que por su pavorosa repetición y saña nos va
convirtiendo en un país femicida, las matanzas de campesinos y la
militarización del Valle del Aguán, así como la aprobación de un plumazo de
la ley antiterrorista, son datos que nos dejan al final del año con
evidentes signos de avanzar estrepitosamente hacia un Estado fallido. Y el
derrotero tiene una dirección que agobia: hacia una sociedad liderada por
quienes tienen más capacidad para ejercer poder desde la violencia y la
muerte.
Es cierto que Lobo Sosa convocó un par de meses atrás a un diálogo para
buscar un camino de salida a la crisis. Sin embargo, tras esa iniciativa,
las decisiones de fuerza y la violencia que se ejercen sobre grupos
vulnerables, confirma que por encima del diálogo presidencial actúan los
verdaderos poderes que deciden como si fuesen el Estado. La coyuntura post
golpe de Estado deja establecido que los actores que propiciaron la ruptura
constitucional son quienes lideran las decisiones fundamentales del país
desde el Estado y con frecuencia sin el Estado, pero amparados en su
institucionalidad.
En asuntos económicos, estos mismos sectores, en su afán por garantizar sus
ventajas por encima de las crisis políticas y económicas, van dejando un año
todavía más convulso que como comenzó. El país y el Estado siguen ahogándose
por la falta de oxígeno económico, y la comunidad internacional ha dado
pasos para el reconocimiento del gobierno de Lobo Sosa, pero en los hechos
siguen siendo pasos tibios y torpes, mientras la presión gremial por el
cumplimiento de demandas salariales sitúa al gobierno en un verdadero
polvorín.
El régimen actual no logra siquiera jugar el triste papel de *apagafuegos*,
porque el descalabro económico no alcanza ni para paliar los conflictos
crecientemente acumulados. Pasaron diez meses del año sin que la
administración Lobo Sosa diera una respuesta al ajuste al salario mínimo, y
cuando lo aprobó, el mismo pasó a ser un abono más para la inestabilidad con
la que culmina el año 2010.
En Honduras no existen consensos mínimos para que ningún sector de la
sociedad imprima protagonismo y liderazgo para impulsar propuestas. Mientras
Lobo Sosa y su equipo no caigan en la cuenta que se sostienen sobre pies de
barro y en un terreno político y social movedizo, sus propuestas siempre se
darán de bruces frente a los sectores de la sociedad que demandan no tanto
respuestas del gobierno, sino un nuevo pacto social cuyos mínimos consensos
se han de expresar en transformaciones políticas, jurídicas e
institucionales aprobadas en una Asamblea Nacional Constituyente incluyente
y participativa.
Finaliza el año y en política parece que todos los caminos acaban
conduciendo a los diversos sectores políticos del país hacia una toma de
postura en relación con el siguiente proceso electoral. Los líderes del
bipartidismo podrían estar perfilando un escenario en el cual se apure en el
2011 un proceso para una rápida y cooptada Asamblea Nacional Constituyente
que contribuya a recuperar la credibilidad de los desgastados partidos
políticos actuales. En este escenario, se espera la inclusión del factor
Zelaya Rosales.
Los líderes del FNRP deberán definir su postura, si avanzan hacia los pasos
que vaya dando Zelaya Rosales como máximo líder del mismo, o si alcanzan un
nivel de independencia de los liderazgos personales, por muy acreditados que
sean, para concentrar sus fuerzas y recursos en una ANC cuyos contenidos y
composición se defiendan y se exijan desde la presión popular. EL
bipartidismo tiene muy poco que definir porque su oficio es cooptar todo
aquello que surge como demanda popular desde la periferia de los poderes
establecidos. La tarea es del FNRP. Cuanto más se tarde en definir una
postura, más fraccionamiento interno se puede prever, y cuanto más pronto
defina una postura clara y firme en relación con el proceso electoral, más
capacidad tendrá para concentrar sus fuerzas y recursos en construirse como
sujeto político y social indispensable para la búsqueda de solución al
actual proceso de ingobernabilidad en el que se va hundiendo el país.
--
Radio Progreso "La voz que está con vos"
Fin de año en el Bajo Aguán
Reportaje de Giorgio Trucchi, colaborador de ALBA SUD, sobre el contexto que dio pie al asesinato de 5 campesinos en Honduras el pasado 15 de noviembre de 2010. Agronegocios, monocultivos, latifundismo y la lucha del campesinado por el acceso a la tierra son factores clave en esta historia. 
Crédito Fotografía: Giorgio Trucchi / Rel-UITA
El pasado 15 de noviembre 2010, la violencia irracional y despiadada de quienes pretenden erigirse como dueños absolutos del país enlutó nuevamente la zona del Bajo Aguán, en el norte de Honduras. Cinco campesinos - Teodoro Acosta, Ignacio Reyes, Raúl Castillo, Ciriaco Muñoz y José Luis Saucedo Pastrana– fueron masacrados por las guardias privadas del productor palmero y presidente de Corporación Dinant, Miguel Facussé Barjum. Cuerpos paramilitares que dispararon sin mediar palabras con armas de grueso calibre contra campesinos del Movimiento Campesino del Aguán (MCA), quienes luchan para recuperar las tierras que les fueron usurpadas por terratenientes sin escrúpulos. Unos pocos grupos de poder y familias que controlan la vida económica y política del país, y que en algunos casos expanden su poder a través del monocultivo de palma africana. Esa nueva masacre se enmarca en un contexto de falta casi total de acceso a la tierra para decenas de miles de familias campesinas. Donde a la justa aspiración de poder alcanzar una reforma agraria integral, una vida y un salario digno, se le responde con balas, persecución, violencia y muerte.
Tierra rica, gente pobre
El sector agropecuario en Honduras contribuye entre el 26 y 28 por ciento al Producto Interno Bruto (PIB) y según datos del Banco Mundial y de la FAO, más de un tercio de su territorio es constituido por tierras cultivables y pastizales, y es el segundo país de la región en cuanto a la relación entre tierras cultivables y población (alrededor de 0,28 hectáreas por habitante).
Pese a esa gran disponibilidad de tierra y la elevada intensidad de mano de obra por actividad agrícola, sobre todo en la producción de cultivos de exportación (banano, café, carne, productos lácteos, azúcar y aceite de palma), 300 mil familias – aproximadamente 1,5 millones de personas que representan más de la mitad de la población rural – continúan sin tener acceso a la tierra, mientras que otras 200 mil poseen apenas entre 1 y 3,5 hectáreas (SARA - Alianza por la Soberanía Alimentaria y la Reforma Agraria 2009). Esta dramática situación ha aumentado los niveles de pobreza y pobreza extrema de un país enormemente rico en recursos naturales.
Según el Informe del Instituto de Pesquisa Económica Aplicada de la Pobreza Rural (1), la población rural hondureña vive en promedio con un dólar por persona al día, y menos del 30 por ciento vive en hogares cuyos ingresos superan esa cantidad. Casi la mitad de la población rural vive con ingresos inferiores a 0,5 dólares diarios y cerca del 25 por ciento tiene ingresos inferiores a 0,25 dólares diarios. El ingreso promedio del 20 por ciento más rico de la población en las áreas rurales es casi 30 veces más elevado que el ingreso del 20 por ciento más pobre. El Informe refleja también que 2,8 millones de hondureños del área rural viven con un nivel de ingreso inferior a la línea de pobreza. Este grupo representa más del 75 por ciento de la población rural y más del 70 por ciento de los pobres de todo el país.
Otro factor que está afectando considerablemente la calidad de vida de la población rural es el progresivo desplazamiento de la producción de granos básicos a la producción de cultivos de exportación, acompañada por una desmedida concentración de las tierras en pocas manos, que ha fuertemente afectado la seguridad alimentaria de miles de familias.
Fotografía: Giorgio Trucchi / Rel-UITA. Foro para la Soberanía Alimentaria y la Reforma Agraria Integral, Tegucigalpa, abril de 2010.
Actualmente Honduras ha pasado de ser uno de los principales productores de granos básicos de Centroamérica, a producir la mitad de sus necesidades. Cada año hay un déficit de más de 10 millones de quintales de maíz, y tiene que importar 200 mil quintales de frijoles y 500 mil quintales de arroz.
Palma africana: un lucroso negocio para pudientes
Honduras produce actualmente más de 300 mil toneladas métricas de aceite de palma africana, casi el 70 por ciento destinadas a la exportación. Una planta que se cultiva en 120 mil hectáreas (eran 40 mil en los años 90 y 80 mil en 2005), en su mayoría ubicadas en los departamentos norteños de Colón y Atlántida, y que sigue expandiéndose gracias a los nuevos proyectos de producción de biodiesel (casi 100 mil galones diarios).
Según un reciente Informe de la embajada norteamericana en Honduras, el país centroamericano cuenta con 540 mil hectáreas aptas para el cultivo de palma. “Si la tierra se utilizara para la producción de biodiesel en lugar de aceite de palma, 300 mil hectáreas serían suficientes para satisfacer el total de la demanda actual de diesel (B100) de Honduras. Solamente se requerirían 60 mil hectáreas para producir una mezcla de 20 por ciento de biodiesel y 80 por ciento de petrodiesel (B20)”, señala el Informe (2).
En 2008, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) reveló que la industria de la palma tiene una capacidad de extracción de 494 toneladas métricas por hora de fruta fresca y el rendimiento es de 17.11 toneladas métricas por hectárea. En ese mismo año, se proyectaban nuevas inversiones por un valor de 245 millones de lempiras (13 millones de dólares), provenientes en su mayoría del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) (3).
Además, entre 2005 y 2006, el gobierno de Honduras firmó un acuerdo con Malasia para importar un millón de semillas de palma de Malasia e implementar en los años sucesivos 28 mil hectáreas de nuevos cultivos.
Fotografía: Giorgio Trucchi / Rel-UITA. Fruta de Palma Africana Finca La Confianza Bajo Aguan Colón julio 2010.
Monocultivos versus seguridad alimentaria
La disminución sustancial de la soberanía y seguridad alimentaria es acompañada por un proceso de reconcentración de las mejores tierras del país en pocas manos, lo cual hizo retroceder los importantes avances logrados en materia de redistribución de tierras a partir de los años setenta.
El proceso de reforma agraria tuvo su auge entre 1973 y 1977, cuando con la aprobación de una ley específica y varios decretos, se distribuyeron 120 mil hectáreas en sólo cinco años. En total se adjudicaron en el transcurso de tres décadas 409 mil hectáreas que corresponden al 12,3 por ciento de la tierra con vocación rústica del país, beneficiando a un total de 60 mil familias campesinas que en aquel momento representaban el 13 por ciento de las familias rurales.
Según Gilberto Ríos director ejecutivo de FIAN Honduras, fue en esa época que el Estado, a través del Instituto Nacional Agrario (INA), comenzó a promover un programa de migración inducida para trasladar campesinos, especialmente de la zona sur del país, a zonas despobladas del Atlántico hondureño, sobre todo en la región del Bajo Aguán. “El gobierno reformista surgido en 1972 intensificó el proceso de colonización, siempre con fuerte financiamiento externo y recursos propios como contraparte. El Estado construyó carreteras y caminos secundarios, sistemas de drenaje, bordos de contención de inundaciones, escuelas, centros de salud y otras obras con finalidades económicas y sociales. Con el tiempo –continuó explicando el director ejecutivo de FIAN Honduras– los nuevos colonos se apoderaron de la tierra y se consolidaron los grupos campesinos. Aquí fue cuando hubo el pico más alto de organizaciones campesinas y de beneficio para ellos. Como en el resto del país, los asentamientos campesinos del Aguán debían constituirse en cooperativas, empresas asociativas o en cualquier forma de organización societaria en el interés de que los campesinos, convertidos en empresarios, lograran ser competitivos y, con ello, prevenir que la propiedad adjudicada por el INA se concentrara nuevamente en manos de latifundistas y empresarios rurales, como resultado de la circulación mercantil”.
Ofensiva neoliberal recompone el latifundio
Fotografía: Giorgio Trucchi / Rel-UITA. Movilización para la reforma agraria integral, Tegucigalpa, abril de 2010.
A partir de 1990, durante el gobierno de Rafael Leonardo Callejas y en el marco de los Acuerdos de Ajustes Estructurales impulsados por los organismos financieros internacionales, se promovió la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola, con la que los empresarios volvieron a formar el latifundio.
Según Wilfredo Paz, activista social y miembro del Comité Ejecutivo del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), “a través de varias artimañas y diferentes interpretaciones de esa ley, se le dio a los terratenientes la oportunidad de extender sus territorios, con o sin el consenso del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Empezó una verdadera cacería – continuó Paz – para que los dirigentes de las organizaciones campesinas vendieran la tierra. Inició la corrupción, ya que estas tierras de reforma agraria no podían venderse a privados, en cuanto no eran consideradas como una mercancía. La única forma para separarse de las tierras era vendérselas y regresárselas al INA, para que esta institución las entregara nuevamente a otros campesinos”, siguió explicando Paz.
Modificaciones burocráticas aviesas, corrupción de dirigentes campesinos y funcionarios del INA, así como presiones de la misma Dirección Ejecutiva de esa institución para que las empresas campesinas vendieran sus tierras a grandes empresas o entraran en convenios de co-inversión, completaron las condiciones propicias para la venta de tierras.
“Para los campesinos sin tierra y minifundistas se perdía la esperanza de acceder a tierra productiva en cantidad y calidad suficiente que les permitiera convertirse en productores por cuenta propia. La privatización de los pocos servicios de crédito, asistencia técnica, capacitación y asesoría para la comercialización que ofrecía gratuitamente el Estado fue el golpe final. Y si faltaban recursos financieros – aclaró Ríos – ahí estaban los organismos de financiamiento internacional, como el Banco Mundial, dispuestos a conceder préstamos a los grandes empresarios para que compraran tierras a productores sumidos en dificultades financieras”.
Fue así que a partir de los años noventa, los tres principales terratenientes de la zona –Miguel Facussé, René Morales y Reinaldo Canales– comenzaron a impulsar de manera extensiva el cultivo de la palma africana para la producción de aceite de palma y sus derivados y, más recientemente, de agrocombustibles. Durante más de veinte años (1970-1990) los grandes productores del Bajo Aguán fueron casi en su totalidad las empresas campesinas. La región se convirtió en uno de los centros productivos más importantes del país. El ajuste estructural neoliberal fue demoledor para el sector campesino y la pequeña y hasta mediana producción, al quedar en la indefensión frente a los grandes empresarios nacionales y transnacionales”, concluye Ríos en su documento “El caso MUCA, la reforma agraria y el neoliberismo”.
Un horror verde de pobreza y explotación
Fotografía: Giorgio Trucchi / Rel-UITA. Camino Finca Los Marañones Bajo Aguán, Colón, abril de 2010.
Después de llegar a La Ceiba, ya cerca de la costa del Atlántico hondureño, la carretera dobla repentinamente hacia el este, en dirección de Tocoa, departamento de Colón. Comienzan aquí las grandes e interminables extensiones de palma africana. Decenas de miles de hectáreas en su mayoría en manos de ricos terratenientes que pretendieron vender la idea de que ese cultivo iba a solucionar todos los problemas de pobreza de la zona.
Al perder las tierras, miles de campesinos volvieron a ser asalariados de los terratenientes y de las transnacionales. Un trabajo tercerizado, sin ningún tipo de prestaciones sociales, ni laborales, en condiciones de semi esclavitud. Además, la implementación de proyectos extensivos de palma africana, rubro que necesita de una escasa y muy poco calificada mano de obra, generó en el Bajo Aguán altos índices de desempleo o sub empleo, llevando a la desesperación a miles de familias campesinas.
“Desde que nos usurparon nuestra tierras, en todo el Bajo Aguán disminuyó drásticamente el circulante, la gente entró a trabajar como jornaleros en las plantaciones y nunca vimos el crecimiento que habían prometido. Creció el desempleo y el subempleo, el hambre y la desesperación. Ahora, a los trabajadores el dinero no les alcanza ni para comprar la comida para todo el mes. Ese tipo de producción genera riqueza solamente para los grandes empresarios”, comentó Rudy Hernández, directivo del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA).
“La Concepción” es una de las fincas del Bajo Aguán que fueron recuperadas por las familias de las 28 cooperativas que conforman el MUCA. Una bandera de Honduras flamea en el portón de entrada de la finca, abriendo paso a un escenario de pobreza y dignidad. Decenas de tiendas de campo hechas de plástico albergan a las familias campesinas debajo de las palmas aceiteras. Todos sus miembros fueron trabajadores del empresario Miguel Facussé Barjum, presidente de la Corporación Dinant.
Fotografía: Giorgio Trucchi / Rel-UITA. Entrada Finca La Confianza Bajo Aguan, Colón, julio de 2010.
“Trabajaba 8 horas diarios recogiendo la fruta de palma y tenía que cumplir con las metas que imponían los ingenieros. Si no lograba cumplir a tiempo tenía que quedarme hasta terminar. Es un trabajo muy duro. Hacía mucho calor y apenas teníamos 15 minutos para comer y tomar agua. Cuando se me acababa lo único que me quedaba era tomar el agua estancada de los charcos. No podíamos parar porque los capataces reportaban cualquier atraso a los ingenieros y llegaba el llamado de atención o el despido. Nunca me pagaron prestaciones sociales, ni pude cotizar a la Seguridad Social. Tampoco pudimos organizarnos sindicalmente, ni pedir aumentos de salarios porque te echaban de inmediato. Nos vendieron la idea de que ese monocultivo nos iba a garantizar trabajo para todos y más bienestar, sin embargo lo que trajo fue desempleo y pobreza”, relató Daniel Santos, ex trabajador de Facussé.
También Isaías Zavala cuenta lo que le tocó vivir por más de 4 años. “Me desempeñaba en el mantenimiento de la finca aplicando agrotóxicos. Usábamos todo tipo de químicos, como Roundup, Gramoxone, Paraquat y cuando terminábamos de aplicarlos, el capataz nos decía que laváramos el tanque en la quebrada. Al comienzo nos dieron algo para protegernos, pero después dijeron que era muy caro y nos dejaron trabajando sin ninguna medida de protección. Nunca nos dieron botas, ni guantes de hule. Siquiera un delantal y las mascaritas eran tan apretadas que nos ahogábamos”.
Un día Isaías se intoxicó. “Se rompió la válvula del tanque que cargaba y me mojé todo. Le dije al capataz y al ingeniero que me sentía mal, sin embargo no me hicieron caso y me mandaron de vuelta a trabajar. En la noche comencé a estar muy mal y me hospitalizaron. Si no hubiese sido por algunas monjas que me ayudaron a cubrir los gastos de las medicinas, ahora no estaría aquí contando esta experiencia”, dijo Zavala.
Fotografía: Giorgio Trucchi / Rel-UITA. Trabajo en la palma Finca La Confianza Bajo Aguan, Colón, abril de 2010.
Las condiciones de trabajo eran duras. Una masa de obreros agrícolas tercerizados, flexibilizados, sin prestaciones sociales, ni los derechos mínimos que garantiza la legislación laboral hondureña.
Santos Paulo Oliva, ex trabajador de la finca “Los Marañones”, cuenta que casi nadie tenía contrato fijo. “Te contrataban por un período de prueba de dos meses y te despedían. Después te decían que regresara dentro de 45 días y te contrataban nuevamente. De esa manera no teníamos derecho a nada. No teníamos prestaciones sociales, ni seguro, ni cobertura sanitaria. Nunca permitieron que se conformaran sindicatos y si exigíamos aumentos salariales simplemente nos despedían”.
Salarios eran miserables
Oliva trabajó varios años haciendo un poco de todo. “Para cortar y bajar las bellotas de palma africana me pagaban 75 lempiras (1 dólar = 19 lempiras) por tonelada de fruta de palma. Para chapear (cortar maleza y limpiar debajo de las palmas) el pago era de 1 lempira por cuadro (16 m²), mientras que para aplicar agrotóxicos te pagaban 100 lempiras”.
Lograr cortar una tonelada de fruta de palma no era muy fácil. Dependiendo del tamaño, podía ser necesario cortar y bajar entre 60 y 200 bellotas para alcanzar la meta. Sin embargo, el salario mensual resultaba ser insuficiente para cubrir las necesidades básicas de una familia. “Aquí en el Aguán casi todo el mundo está endeudado con las pulperías (ventas), porque el sueldo que ganamos es misero. Los terratenientes decían que el cultivo de la palma iba a traer progreso, desarrollo y beneficio para la gente, sin embargo el único progreso que hubo fue para ellos y no para los trabajadores”, aseveró Zavala.
Según datos del MUCA, ante un gasto de salario de 75 lempiras por tonelada de fruta de palma cortada, los terratenientes productores palmeros logran vender esa misma cantidad en el mercado a 2.500 lempiras, lo cual da una idea del negocio que gira alrededor de la palma.
Gilberto Ríos, de FIAN Honduras, recuerda que se crió en las bananeras. “Ahí nací y me quedé hasta los 17 años. Las condiciones de vida eran terribles, sin embargo podíamos vivir en los barracones de la compañía y teníamos agua potable, energía eléctrica, salud y educación primaria. En las fincas de estos terratenientes palmeros no hay nada, absolutamente nada. La gente vive en una situación de desamparo total, tercerizados y esclavizados. Como dicen en el norte del país, son trabajadores mosca”.
La lucha del MUCA
Fotografía: Giorgio Trucchi / Rel-UITA. Miembros del MUCA durante la firma del acuerdo con el gobierno, Trujillo, abril de 2010.
Ante esta situación de despojo de tierras, de derechos humanos, laborales y sindicales, miles de familias integrantes del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) iniciaron un proceso de recuperación de 20 mil hectáreas de tierras sembradas con palma africana, adquiridas de forma fraudulenta por empresarios coludidos con los poderes políticos en el país.
Esta decisión desencadenó la violencia y la represión en todo el Bajo Aguán. Desalojos y ataques armados por parte del ejército, la policía, los guardias de seguridad de los terratenientes y grupos paramiliatres. Detenciones ilegales, órdenes de captura y asesinatos acompañaron la campaña mediática orquestada por los principales medios nacionales para satanizar la lucha del MUCA.
En medio de una militarización sin precedentes, el gobierno y el MUCA iniciaron una negociación que concluyó de manera satisfactoria, logrando sentar lo que parecía un precedente importante: demostrar que con la lucha y la negociación es posible recuperar las tierras que fueron reconcentradas en pocas manos a partir de 1990.
“Comenzamos este proceso de negociación porque hay necesidades reales que resolver. Ha sido un proceso que se ha desarrollado en medio del peligro, de las amenazas y la represión. Sin embargo nos fortaleció”, dijo Rudy Hernández. “No podemos olvidar que a lo largo de estos años de lucha hemos perdido a varios compañeros. Siempre los llevaremos en nuestros corazones. Esa memoria nos servirá para seguir luchando contra el poder de quienes quieren que la riqueza se quede en pocas manos. Este acuerdo – concluyó Hernández – reconoce que la tierra tiene que estar en manos de los campesinos, porque la trabajamos con amor y sacrificio. Lo de hoy es el inicio de un proceso que no se va a detener, porque nuestro objetivo es recuperar la totalidad de las tierras que nos han usurpado”.
Fotografía: Giorgio Trucchi / Rel-UITA. Firma acuerdos MUCA-Gobierno, Yoni Rivas, Rudy Hernández, Porfirio Lobo, Trujillo, abril de 2010.
Sin embargo, las esperanzas que el MUCA puso en ese acuerdo quedaron en el papel. Actualmente, solamente menos del 20 por ciento de lo acordado se ha cumplido, el gobierno sigue irrespetando el acta firmada con los campesinos, la violencia no se ha detenido, como tampoco la lucha.
Según datos del MUCA de diciembre 2009, cuando comenzó la recuperación de tierra, hasta la fecha, son 16 los miembros de esta organización que han sido asesinados a manos de grupos paramilitares. Asimismo, hay más de 200 demandas en los juzgados locales contra afiliados al MUCA y no ha parado el hostigamiento, la persecución y la militarización del Bajo Aguán.
“El productor palmero Miguel Facussé ha adoptado un sinnúmero de tácticas para dividir a nuestro movimiento y paralizar el cumplimiento de los acuerdos firmados con el gobierno, Supuestamente, el presidente Porfirio Lobo está negociando directamente con los terratenientes, sin embargo, nuestra paciencia se está acabando. Están jugando con fuego y vamos a volver a meterles presión para que nos escuchen nuevamente”, dijo a ese propósito Yony Rivas, secretario general del MUCA.
...y la del MCA
Fotografía: Giorgio Trucchi / Rel-UITA. Militarización del Bajo Aguán, Colón, abril de 2010.
Una situación similar es la que vive el Movimiento Campesino del Aguán (MCA). Cuando Temístocles Ramírez de Arellano, puertorriqueño nacionalizado estadounidense, fue obligado a vender al Estado sus 5.724 hectáreas en el Bajo Aguán, esas tierras volvieron a manos del Instituto Nacional Agrario (INA) para fines de Reforma Agraria.
Sobre estas tierras el gobierno de Honduras instaló el tristemente famoso Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM), donde en los años ochenta expertos estadounidenses entrenaron a las tropas hondureñas, salvadoreñas, guatemaltecas y a la “Contra” nicaragüense en el arte de matar.
Afinando técnicas de corrupción y apegándose a la Ley de Modernización Agrícola, aprobada a principio de los noventa, los terratenientes lograron adueñarse ilegalmente de estas tierras, comenzando a sembrar palma africana. Cuando las familias campesinas se enteraron de la existencia de una escritura con la que la Procuraduría General de la República pasaba las tierras al INA, comenzaron a organizarse para su recuperación.
Pese a la situación legal que les atribuye las tierras al MCA, “Hace algunos años Miguel Facussé cultivó con palma africana 700 manzanas que pertenecen a los campesinos. De acuerdo a la versión de los campesinos de la comunidad Guadalupe Carney (MCA), Miguel Facussé se tomó esas tierras ilegalmente, junto con otros terratenientes del lugar: René Morales y el diputado nacionalista Oscar Nájera”, explicó Gilberto Ríos de FIAN Honduras.
La acción sangrienta de grupos paramilitares que el pasado 15 de noviembre 2010 segó la vida a cinco campesinos del MCA se enmarca en este conflicto. “Los guardias de Facussé llegaron a las 5 de la mañana a la finca El Tumbador y exigieron a los campesinos que desalojaran el lugar. Ante el rechazo de los compañeros llamaron a más gente. Llegaron más de 200 guardias de seguridad y sin mediar palabras abrieron fuego con armas de grueso calibre. Fue una masacre. Dispararon a matar. La gente escapaba entre las palmas, tratando de protegerse”, relató Santos Cruz, miembro del MCA.
Fotografía: MUCA. Velorio campesinos asesinados MCA, Comunidad Guadalupe Carney, Trujillo, noviembre de 2010.
“El INA ya midió la tierra de la finca El Tumbador. Definió que es parte del sitio CREM y que la van a entregar a los campesinos, los cuales tendrán que pagar solamente el valor de las mejoras. Lo que ocurrió es absurdo. Ya hay negociaciones avanzadas y el mismo Facussé aceptó que esas son tierras fiscales para Reforma Agraria. Los campesinos del MCA han sido constantemente hostigados y amenazados, y lo que presenciamos ayer es una evidente demostración de que el poder en Honduras está en manos de los grupos económicos hegemónicos. Son ellos quienes mandan en el país”, aseveró Esly Banegas, coordinadora regional de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), durante una entrevista con el Sistema Informativo de la Rel-UITA (SIREL).
Ante esta difícil situación y la nueva militarización que se está dando en todo el Bajo Aguán, Santos Cruz no tiene dudas. “Estamos heridos. En diez años nos han asesinado a más de 20 compañeros. Es una campaña de terror, para amedrentarnos, para que renunciemos a nuestros derechos sobre la tierra. Sin embargo ya estamos tomando las medidas necesarias y no lo van a lograr”, concluyó.
Fotografía: Giorgio Trucchi / Rel-UITA. Marcha para la reforma agraria integral, Tegucigalpa, abril de 2010.
Notas:
(1) Paes de Barros, Ricardo; Mirela de Carvalho; Samuel Franco (2006): Pobreza rural en Honduras: Magnitud y determinantes, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Instituto de Pesquisa Económica Aplicada (IPEA), Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia, Tegucigalpa, Honduras, noviembre 2006.
(2) Fuente: http://spanish.honduras.usembassy.gov/root/pdfs/econ_afpalm_sp.pdf
(3) Fuente: http://www.sag.gob.hn/index.php?Itemid=1038&id=2018&option=com_content&task=view
