Uno de los tres Habeas Corpus interpuestos por el COFADEH se ejecuta a favor de pobladores detenidos en Coyolito
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, interpuso tres Habeas Corpus a favor de los detenidos y detenidas que fueron salvajemente golpeados por la fuerza represiva del Estado este miércoles 15 de diciembre, uno de estos se lleva a cabo en estos momentos por una Jueza Ejecutora nombrada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CSJ.
La saña de policías y militares que llegaron a desalojar a un poblador de Coyolito, mantiene a 14 personas detenidas, siete hombres y siete mujeres, de estas personas cuatro fueron llevadas al hospital producto de la golpiza de que fueron víctimas, dos aún se mantienen en estado crítico, a la hora de cierre de esta noticia.
Al mediodía de ayer martes un contingente policial llegó hasta la casa José Luís Hernández quien vive hace 18 años en una propiedad en Coyolito, la escritura de la misma se desprende de un título de propiedad de 1937, a favor de Francisco Herrera Velásquez, pero que un banco impulsó el desalojo por el pago de una hipoteca que otra persona solicitó sin título legítimo de propiedad. Vea detalles.
El COFADEH interpuso tres Habeas Corpus a favor de los y las detenidas. En la actualidad se ejecuta el solicitado ante la Sala de lo Constitucional de la CSJ a favor de Armando Maldonado Pérez , Jaquelin Flores, Nelly Colon, Carmen Granados, Elba Jolibeth Rubio Bonilla y Elia Xiomara Hernández , corresponsales la Voz de Zacate Grande, Edeybi Alemán, Santos Flores Lagos, Nasario Flores Lagos , Reynaldo Estrada Oliva, Erlin Cruz Rivera y Edwin Omar Flores Lagos que se encuentran en las celdas policiales de Nacaome, mientras Marvin Alemán y Gladys Mejía , están en estado de gravedad en el Hospital de San Lorenzo, esta última tiene prescrito un encefalograma por lo serios golpes en su cabeza.
Una Juez Ejecutora nombrada para este caso hace las investigaciones relacionadas con la detención, revisando las condiciones de los heridos en el Hospital de San Lorenzo.
El Ministerio Público, MP, como corrió a armar expedientes contra los y las capturadas y la Fiscalía de los Derechos Humanos brilla por su ausencia, nuevamente la impunidad se avizora en este caso. A pesar que por diferentes medios se informó sobre esta represión, esta instancia del Estado, permanece inamovible.
Bertha Oliva, Coordinadora del COFADEH, señaló que es preocupante la situación en torno a las acciones se han efectuado contra la comunidad de Coyolito, porque supuestamente había una orden de desalojo y no órdenes de captura.
“Condenamos este nuevo hecho que lleva el objetivo de criminalizar la protesta social, a acciones pacíficas que realizan diversos sectores para reclamar sus legítimos derechos, estamos apoyando a la comunidad para lograr que dejen en libertad a las personas detenidas ilegalmente”, dijo Oliva.
Solo las dos corresponsales de la Voz de Zacate Grande, son de la comunidad de Puerto Grandes, los demás viven a Coyolito, donde se produjo el desalojo.
La Coordinadora del COFADEH hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para que realicen acciones urgentes para lograr la libertad de los y las detenidas, pues se trata de un nuevo acto ilegal contra la población que reclama derechos en Honduras.
Las acciones represivas contrastaron con las llevadas a cabo este mismo día contra los campesinos y campesinas del Aguán, donde se lleva a cabo un fuerte operativo combinado a pesar que el régimen anunció que su objetivo era desalojar una toma de la carretera que conduce al municipio de Trujillo en el departamento de Colón, pero militares y policías militarizaron la comunidad Guadalupe Carney donde han golpeado a varios pobladores y mantienen un fuerte hostigamiento contra la comunidad.
A pocas horas de audiencia: Torturador llega a intimidar a testigo de juicio contra policías
El Comisionado de Policía Elder Madrid Guerra, quien está acusado de detención ilegal, torturas y Abuso de Autoridad contra 24 personas, en el año 2009, llegó hasta las oficinas de una de las testigos del juicio que continúa este miércoles, con el claro propósito de que se enterara que él sabía hasta donde laboraba.
La visita de Madrid Guerra fue la tarde de este martes cuando la señora Raquel Hernández Zavala se encontraba en su oficina en un lugar de la capital, lo cual la llenó de mucho temor, pues aunque el comisionado de policía llegó con otro pretexto, se trataba de una intimidación velada.
La señora Hernández Zavala es la madre de Alan Samael Cruz, y está propuesta como testigo del caso, por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, donde llamó para denunciar las acciones de Madrid Guerra.
El 12 de agosto de 2009, la policía realizó masivas capturas contra personas que se encontraban manifestándose pacíficamente y otras que pasaban por el lugar. Fueron llevadas a los bajos del Congreso Nacional donde fueron torturadas salvajemente, posteriormente llevadas al Escuadrón COBRAS, donde fueron torturadas sicológicamente por varias horas.
Doña Raquel recibió una llamada desde el celular de su hijo donde le informaba que estaba detenido en el Escuadrón COBRAS, ella se movilizó y en esa sede se encontraba el Comisionado Madrid Guerra que negó que en el lugar hubiesen detenidos y adujo que allí era un campo de entrenamiento militar.
Ante la grave denuncia, Bertha Oliva, Coordinadora del COFADEH, llamó al ministro de Seguridad, Oscar Álvarez, ante quien denunció el hecho y le solicitó tomar las medidas pertinentes para proteger la vida de la testigo, ante lo cual el funcionario prometió hacerlo.
El caso del 12 de agosto de 2009, como se le conoce, ha sufrido muchas dilatorias , entre ellas una muy grave y es la orientación hacia la impunidad que le está dando la defensa, hecho que detuvo el proceso y logró posponer la audiencia que se inició este lunes 13 de diciembre en los Juzgados de lo Penal de Comayaguela.
Esta ya es una práctica ilegal de la policía cuando se van a realizar audiencia en casos contra violadores de derechos humanos, como es el caso de la familia de Mario Orlando Sequeira Canales , quien fue detenido el 02 de junio de este año y posteriormente apareció asesinado. Vea más datos del caso.
A partir de que la familia Sequeira Canales interpuso las denuncias públicas en este caso, la patrulla 3-11 de la Policía Preventiva de Siguatepeque, además de carros particulares sin placas, han pasado constantemente frente a la casa de la familia.
Se orquesta el terror para desalojar a campesinos que exigen desmilitarización del Aguán
El régimen armó hasta los dientes a más militares y policías que avanzan este martes 14 de diciembre hacia el Aguán, para desalojar a centenares de campesinos y el Frente Municipal y Departamental de Resistencia Popular, que mantienen tomada la carretera de Trujillo, Colón, desde el pasado martes, con la exigencia de que se desmilitarice la zona.
Denuncias de diversos sectores señalan que se desplazan unos 600 militares más a los que ya existen en el sector desde hace varias semanas y transportan desde el departamento de Cortés varios camiones cargados con tanques, rifles y bombas lacrimógenas, con el objetivo de reprimir a la gente que reclama cese a la represión.
En un comunicado difundido por el Frente Municipal de Resistencia de Tocoa, denuncia que el régimen de Pepe Lobo y los militares hondureños están preparándose para asaltar la toma de la carretera para asesinar a la gente humilde del movimiento campesino, lo que denominan la orquestación de un genocidio en las próximas horas.
La toma de la carretera a la altura de la aldea Silín, se inició desde el martes 07 de diciembre y es apoyada por familias campesinas de varios asentamientos, entre ellos la comunidad Guadalupe Carney que conforme el Movimiento Campesino del Aguán, MCA y que está más cercano a la toma.
En las últimas horas los terratenientes de la zona y grupos que le apoyan, así como el alcalde de Trujillo, Colón, han iniciado acciones de respuesta, advirtiendo a los campesinos que procederán a desalojarlos si no dejan libre la vía.
La advertencia se dejó establecida en un comunicado que entre otras cosas dice, “Primero: Que a partir de las 4:00 p.m. del 13 de diciembre se le dan 17 horas de plazo al gobierno de la República y demás autoridades para que tome las acciones pertinentes y proceda al desalojo de la toma de carretera que conduce de Honduras Aguan hacia esta Ciudad. Vea texto comunicado.
Paralelamente a eso, el 13 de diciembre por la noche el Ministro de Seguridad, Oscar Álvarez, anunció que preparan el desalojo para mañana miércoles 15 de diciembre, para lo cual tienen “suficientes armas y gas lacrimógeno y una concentración de fuerzas impresionante”, según sus declaraciones.
A principios del mes de diciembre se denunció que los terratenientes del Aguán junto a policías, militares, sicarios y paramilitares preparaban una masacre en navidad, lo que coincide con todo el movimiento armado que se gesta en las últimas horas.
Organizaciones de derechos humanos hacen un llamado urgente a la comunidad internacional para que se pronuncie y demande del régimen de Lobo Sosa, se detenga la masacre.
Del 08 al 11 de diciembre organizaciones de la Plataforma de Derechos Humanos, junto a otras de distintos puntos del país, llegaron al Aguán a solidarizarse con los y las campesinas, documentar violaciones a los derechos humanos y exigir el cese de las hostilidades contra el campesinado que lucha por recuperar sus tierras que están usurpadas por cuatro terratenientes, entre ellos Miguel Facussé, René Morales y Reinaldo Canales.
A sangre y fuego los terratenientes les han arrebatado los terrenos y que para sostenerse en los mismos tienen a sus pies a fiscales, jueces, militares, policías y mantienen un ejército privado que porta armas de grueso calibre, a vista cómplice del régimen.
Debido a que la militarización ha traído graves consecuencias para los derechos humanos, la sobrevivencia y el desarrollo de los y las campesinas, es que se inició la toma, acción que el régimen ha soslayado sin iniciar ningún acercamiento con los afectados y afectadas, al contrario en forma prepotente Lobo Sosa ha advertido que las fuerzas militares y policiales no saldrán de la zona.
A continuación el texto de la denuncia del Frente Municipal de Resistencia:
DENUNCIA
El Frente Municipal de Resistencia de Tocoa, Colon, Honduras DENUNCIA la avanzada militar y policial contra el movimiento campesino de la región del Valle del Aguan que apostado frente a la comunidad de Guadalupe Carney en el municipio de Trujillo reclama la desmilitarización de la zona y la construcción de un puente conocido como la burra sobre el Rio Aguan. Desde hace 9 días miles de campesinos y pobladores de las comunidades cercanas y de varios municipios de Colon han estado en un toma continuada de la carretera frente a la comunidad de Guadalupe Carney en reclamo contra las acciones del régimen de Pepe lobo y los militares quienes no han respetado acuerdos con los movimientos campesinos, no han querido habilitar la vía pavimentada que comunica a este municipio con el resto del país y de paso han militarizado la zona para encarar, reprimir, asesinar y perseguir a los campesinos y líderes populares que se han identificado con el frente de resistencia contra el golpe de estado y que mantienen una lucha por recuperar bienes nacionales asignados para reforma agraria como las tierras ocupadas ilegalmente por empresarios extranjeros.
Denunciamos que en estos momentos se están sumando 600 militares más y transportan desde el departamento de Cortes varios camiones cargados con tanques, rifles y bombas lacrimógenas para reprimir a la gente que reclama derechos.
Denunciamos que el régimen de Pepe Lobo y los militares hondureños están preparándose para asaltar la toma de la carretera para asesinar a la gente humilde del movimiento campesino.
Denunciamos la carencia de dialogo de este régimen, la falta de propuestas de desarrollo incluyente, la incapacidad de resolver las demandas de la población, el estilo antidemocrático y represivo del que hacer alarde; denunciamos la clonación del modelo terrorista de Colombia en manos del ejército hondureño.
El frente de resistencia gira una ALERTA mundial contra este genocidio que se está orquestando en las próximas horas.
Solicitamos la denuncia internacional en forma URGENTE
Frente de Resistencia de Tocoa Colón
Policías llegan todos los días a hostigar a grupo campesino en La Paz
Los conflictos por la tierra se han agudizado desde el golpe de Estado de 2009, los terratenientes gozan de completa impunidad y tienen a su servicio tanto los cuerpos represivos del Estado como hombres armados
Policías preventivos asignados a Tutule, Planes y La Paz, llegan todos los días a hostigar al grupo campesino Nuevo Paraíso Número Dos, afiliado a la Central Nacional de Trabajadores del Campo, CNTC, el cual fue desalojaos violentamente el 01 de diciembre de este año, por los mismo agentes que utilizaron torturas contra algunos de ellos y mucha saña para destruirles sus casas.
Este grupo se mantiene desde el 17 de julio en un predio ubicado en Lepaguare, Tutule, La Paz, según denuncia presentada ante el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH.
Consta de unas 30 familias que por no poseer tierra se instalaron en un terreno que está ocioso y el cual reclama Bayron Suazo, hijo del ex presidente Roberto Suazo Córdova, cuyo mandato es responsable de graves violaciones a los derechos humanos en los años 80, entre estas las desapariciones forzadas de más de 184 personas.
Según la denuncia ante el COFADEH, el 01 de diciembre del 2010, a eso de las 5:00 de la mañana, llegó un grupo de los policías preventivos provenientes de la Jefatura Policial de Tutule, Planes y La Paz y sin presentar orden de desalojo procedieron a lanzar bombas lacrimógenas, hicieron disparos y procedieron a destruirles las casas construidas en el predio.
“Salimos corriendo a protegernos a un borde donde pudimos observar como destruían y se reían de la hazaña que estaban realizando, luego en un camión procedieron a llevar la madera y el zinc con rumbo a la Paz. Además quemaron el maíz y los frijoles, además le metieron fuego a la ropa y a lo que encontraron y que se pudiera quemar”, señalaron los afectados.
Un segundo desalojo
El 09 de diciembre los policías procedieron realizare el segundo desalojo, a eso de las 5:30 de la mañana y de la misma forma del desalojo anterior, procedieron a destruir lo que encontraron a su paso, además sustrajeron la cantidad de tres mil 50 lempiras a una de las campesinas.
Luego de destruir las pertenencias de los y las campesinas se fueron a cortar café que está sembrado en la misma tierra donde se encuentra el grupo y cuando les reclamaron por los daños causados los policías les amenazaron, “preguntaron si ya teníamos lugar donde enterrarnos, a lo que respondimos que nos podían enterrar en la misma tierra”, dice parte de la denuncia.
En este segundo desalojo detuvieron a José Antonio Reyes (26), lo enchacharon primero, después lo soltaron y lo obligaron a destruir las casitas que estaban en pie, luego lo dejaron libre.
“Después de este desalojo, llegan todos los días a humillarnos y a hostigarnos para que nos alejemos del predio”, señala la denuncia.
Los conflictos por la tierra se han agudizado desde el golpe de Estado de 2009, los terratenientes gozan de completa impunidad y tienen a su servicio tanto los cuerpos represivos del Estado como hombres armados que pagan para que desestabilicen la lucha por la tierra.
Decenas de campesinos han perdido la vida, sus crímenes aún están en la impunidad y los responsables continúan asesinando personas.
La falta de institucionalidad agudizó los conflictos sociales en Honduras. La criminalización de la protesta social tiene en la mira a cualquier persona que reivindica derechos.
