Hija de Berta Cáceres demanda al Banco Holandés de Desarrollo
Berta
Isabel Zúñiga lo considera corresponsable, por negligencia, de la
muerte de su madre, asesinada en 2016 cuando se oponía a la presa de
Agua Zarca
Tomado de: ElPaís.es
“El
Banco Holandés de Desarrollo sabía que había episodios de violencia en
torno a la construcción de la presa Agua Zarca, en el río Gualcarque,
antes de firmar el contrato. Pero siguieron adelante. Por eso les
consideramos corresponsables de la muerte de mi madre. Por negligencia”.
Así
justifica Bertha Isabel Zúñiga Cáceres, hija de Berta Cáceres, la
activista hondureña asesinada en 2016, la demanda que está a punto de
interponer contra la entidad bancaria. Berta Isabel va de gira por
Europa para reforzar un pleito fundado en “la falta de respeto por los
derechos humanos de las comunidades indígenas, y la negligencia de haber
ignorado los avisos de mi madre”. El escrito está listo, solo falta
afinar los últimos flecos legales y espera presentarlo en breve.
El
Banco Holandés de Desarrollo (FMO, en sus siglas en neerlandés), el
Banco Finlandés de Desarrollo y el Banco Centroamericano de Integración
Económica, acordaron en 2014 con la firma hondureña Desarrollo
Energéticos (DESA), financiar la construcción y gestión de la central
hidroeléctrica. En 2016, el primero anunció que suspendía sus
actividades “preocupado por la violencia continuada en Honduras”. Este
jueves, FMO ha colgado un comunicado en su página de web mostrando sus
“respetos y simpatía hacia Berta Cáceres, una respetada defensora de los
derechos humanos, cuya muerte es una tragedia”.
La
nota hace también un llamamiento a las autoridades hondureñas “para que
lleven ante la justicia a todos los responsables de tan terrible
crimen”. Y concluye señalando su compromiso “en la construcción de un
mundo mejor a través de la ayuda a empresarios, a veces en las
circunstancias más difíciles; respetamos profundamente los derechos
humanos en todos nuestros proyectos”.
La
hija de la activista muerta apunta que esas palabras llegan tarde.
“Ahora que estamos aquí, se pronuncian. Pero tras la muerte de mi madre,
tardaron un año en hablar. Y lo hicieron después de que hubiera presión
internacional por lo ocurrido”. En la demanda holandesa participa el
Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras
(COPINH). Un grupo activista fundado por la propia Cáceres.
La
presa de Agua Zarca es un proyecto hidroeléctrico que debía ubicarse a
lo largo del curso fluvial del Gualcarque, un lugar sagrado para la
cultura lenca. Berta Cáceres lideró la oposición a las obras durante una
década, y consiguió que la constructora china Sinohydro abandonara.
La
contratación pasó a manos de DESA. Ella fue tiroteada por un grupo de
hombres armados que asaltaron su domicilio en La Esperanza, al oeste de
Tegucigalpa, y el pasado 3 de marzo, la policía detuvo a Roberto David
Castillo Mejía. Era presidente de la compañía en el momento del crimen, y
la fiscalía considera que “se encargó de ayudar a uno de los presuntos
autores materiales del crimen”. Entre el resto de los sospechosos
figuran empleados de la propia DESA, miembros de Ejército y sicarios.
Pensando
que el Estado hondureño pondría pegas a la investigación, la familia de
Cáceres y el Copinh formaron, junto con varias organizaciones
internacionales, el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas
(GAIPE).
Nota relacionada Hija de Berta Cáceres reclama justicia en Europa
Su
informe concluyó que “en la planificación, ejecución y encubrimiento
del asesinato, habían participado numerosos trabajadores del Estado,
entre policías, militares y funcionarios, además de directores y
empleados de DESA”.
La
Asociación Hondureña de Energía Renovable, en su momento sostuvo que el
móvil del crimen pudo ser económico y que los asesinos iban en busca de
los 170.000 dólares recibidos con el premio Goldman al Medio Ambiente,
el Nobel verde, recibido por Cáceres en 2016. Berta Isabel, que ha
pasado por Bruselas, seguirá junto con sus colaboradores camino de
Suiza, España y Alemania.
Estado Laico: Se aprueba en Honduras la lectura diaria de la biblia en las escuelas
Por: Paola Montoya
Mi
opinión respecto de la recién aprobada moción de “Promover la lectura
diaria de la biblia en escuelas y colegios de Honduras” con la
pretensión o el pretexto de disminuir los indices de violencia del país.
El
Diputado Tomás Zambrano dice: “Aunque la constitución establece que la
educación es laica, consideramos que es importante la lectura de la
biblia en escuelas”. De esta opinión del diputado Zambrano puedo
destacar que se reconoce la inconstitucionalidad de la propuesta, que
fue aprobada sin tomar esto en consideración.
Acta firmada por el Diputado T. Zambrano. con la moción en estado de “propuesta”.
Bien,
quiero dejar eso a un lado, y comentar sobre la base de esta propuesta
que es la expectativa que esta medida va a reducir la violencia que
ahoga a la Sociedad hondureña.
Primeramente,
me conmueve saber que el congreso nacional de Honduras, un ente con la
responsabilidad de tomar decisiones importantes para la población,
apruebe mociones sin realizar las debidas investigaciones y se tomen la
atribucion de ejercer de expertos en varios temas.
Normalmente,
el procedimiento haría la consulta a un panel de especialistas en el
tema para dar razones de los pros y los contras de dichas propuestas
siempre en función del beneficio de la población en este caso, de
nuestro mas valioso recurso como país: La juventud.
Este
procedimiento se llevó a cabo, con la consulta de personal de las
iglesias y del ministerio de educacion, faltan sociologos, psicologos,
representantes de las otras religiones y creencias. Esto lo unico que
nos deja a pensar es que no se pretende mejorar nada más que imponer una
religion.
En
palabras de la Licenciada en Filosofía y amiga personal de su
servidora, Nailia Cardenas, es curioso que sea “la unica oportunidad
donde vemos a las iglesias (Católica y Evangélica) trabajar en conjunto
para un fin comun”, entiédase, expandir su alcance a la niñez desde muy
temprana edad. Por supuesto el trasfondo de expansion no se descarta.
La
cámara de diputados voto con “el corazón” sobre esta moción que en
principio puede parecer muy linda e inofensiva pero que en realidad no
aporta ningun beneficio social a largo plazo, sino todo lo contrario.
El
Dr. Gregory Scott Paul, quien es un investigador independiente, autor
de varios estudios de paleontología, sociología y teología, realizo un
estudio muy complete sobre la corelacion entre religiosidad y violencia a
nivel demografico y cuyo titulo en ingles es “Cross-National
Correlations of Quantifiable Societal Health with Popular Religiosity
and Secularism in the Prosperous Democracies”, que fue publicado en el
Journal of Religion & Society, llega a las siguientes conclusiones:
“La correlación positiva entre factores pro-teístas y mortalidad juvenil
es observable … la duración de la vida tiende a disminuir mientras que
los niveles de religiosidad aumentan.” Y Continua: “En general, las
tasas más altas de creencia y adoración de un creador se correlacionan
con tasas más altas de homicidio, mortalidad juvenil y temprana, tasas
de infección por ETS, embarazo adolescente y aborto en las democracias
prósperas.”
Ejemplos
de la teoría del Dr. Scott pueden tomarse a países laicos como Suecia y
comparando los en términos estadísticos con países de alta religiosidad
como Afganistán entre otros ejemplos. No obstante lo anterior, puedo
poner en duda que los diputados del congreso tomaran en cuenta las
recomendaciones de estudios sobre el asunto para aprobar o no una moción
como la que ya aprobaron sin consultar a nadie.
Pareciera
que los señores diputados desconocen que los verdaderos factores que
originan la criminalidad. Muchísimas fuentes, han relacionado los altos
indices de pobreza y la disfunción social con la criminalidad.
Inclusive, según señala el Informe sobre Paz y Corrupción de 2015 del
grupo de estudios Instituto para la Economía y la Paz: ”Existe una
relación empírica entre la corrupción y la paz. La corrupción es la
única variable que explica en todos los modelos una correlación sólida y
significativa con los indicadores de paz y violencia”.
Por
lo que, una buena medida para disminuir los indices delictivos sería,
combatir la corrupción y aumentar los beneficios sociales a la
población. Así que, sin miedo a equivocarnos podemos concluir que la
medida aprobada por el congreso no solo no sirve para el propósito por
el que la han llevado a cabo, sino que segun estudios, el
adoctrinamiento causara un daño social a largo plazo.
Tampoco
nos han informado, más que de la aprobación de la moción, que tipo o
cual de todas las religiones es la que será impuesta en las escuelas.
En
Honduras existen dos religiones mayoritarias, la católica y la
evangélica, y en menor numero, mormona, testigos de Jehova, musulmana y
muchas otras. Sería de mucho apreciarse si los padres de la patria
aclararan cual es la que se incluirá en el curriculum académico de los
niños.
Ya
de por si, la imposicion de un credo es un atropello a las libertades
civiles, ¿que pasara con los niños que ya tiene la fé de sus padres en
casa? ¿No es esto acaso violentar sus creencias con otras creencias?
Es
un hecho la precariedad del Sistema de educación del país, y es mas
penoso aceptar que la educación en Honduras es un negocio lucrativo. Esa
extraña combinación de Iglesias y educación es una relación que no me
acaba de convencer, esto ultimo una apreciación muy personal.
Si
bien el carácter de la fe debería ser personal, de libre elección y
privado, no veo razón para que se tenga que imponer a críos que lo que
verdaderamente necesitan es una reforma educativa que añada historia,
elección de idiomas, artes y ciencias, y acceso a la educación
tecnológica.
Por
ultimo, ya que considero desconsiderado dar una opinión y no proponer
una solución, voy a hacer una humilde sugerencia a los señores
diputados:
Es un derecho universal de toda persona ejercer su fe, lo garantiza nuestra Constitución mediante la libertad de culto.
Bien,
pues una buena medida sería, en lugar de un adoctrinamiento exclusivo
de una religión en particular, una clase específicamente para tratar con
los alumnos temas generales sobre religión, que promuevan el respeto la
tolerancia y el conocimiento, donde sean incluidas todas las
religiones, inclusive conceptos como el agnosticismo, panteísmo y la no
creencia o ateísmo. Impartida a partir de cierta edad exclusivamente,
7mo grado en adelante cuando ya los alumnos tienen un criterio para
decidir por su cuenta este tipo de opciones personales…
De
esta forma, la asignatura de religión cumpliría con el verdadero
propósito de educar. Los centros de estudio son para eso, para educar,
no pretendan convertirlos en templos donde se rinde culto a ninguna
deidad.
Varios
países cuentan con el sistema que mencioné anteriormente, y los
resultados arrojan datos positivos en cuanto a los objetivos de fomentar
el pensamiento crítico en los alumnos y el respeto ante las creencias
de los demás.
Pues
para finalizar, recordarles que su puesto dentro del congreso, salvo
algunas excepciones, es transitorio, y el día de mañana, como la ley de
vida así lo indica, serán reemplazados por adultos, que cuando fueron
niños no tuvieron la libertad de escoger ni siquiera su fe, en un país
donde Francisco Moranza Quezada un día separó la iglesia del estado,
porque así lo considero conveniente, y a quien en día de hoy le rendimos
honores como héroe nacional.
Paola Montoya.
Astrofísica y hondureña.
Gales, Reino Unido.
Paola.montoya@physics.org
LIBREPENSADORES DEFIENDEN EDUCACIÓN LAICA EN HONDURAS
Ante
el polémico debate que ha suscitado por la propuesta de la lectura de
La Biblia en centros de educación pública, el pasado miércoles, la
organización Librepensamiento Honduras, presentó un recurso de amparo
ante el Poder Judicial, alegando que este proyecto del Congreso,
violenta lo dictado en la Constitución.Se afirma que la laicidad y la aconfesionalidad son principios indisociables de la democracia. Las creencias religiosas se basan en un dogma y su carácter absoluto las hace incompatibles con el librepensamiento, la actitud crítica y el pragmatismo que debe primar en el gobierno moderno.
Redacción Central
Tegucigalpa. La
organización “Librepensamiento Honduras”, presentó el pasado miércoles,
un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional, contra la
moción de ley de dar lectura a La Biblia en los centros públicos del
país.
El
abogado Mauricio Torres, explicó que la idea de haber presentado el
recurso de amparo, responde a la idea de imponer la lectura religiosa en
las escuelas. El togado se fundamentó en el artículo 151 de la
Constitución que garantiza una educación pública laica.
Argumentó
que con esta ley, se busca “el sometimiento a un solo libro” y refirió
que por lo general, la mayoría de personas involucradas en las iglesias,
rechazan la lectura de otras obras literarias, consumiendo únicamente
textos con contenido religioso.
El
representante de Librepensamiento, Olvin Almendares, cuestionó que la
enseñanza religiosa, corresponde al ámbito personal y familiar, “esto
lacera el espíritu de la laicidad, que es el respeto a todos los tipos
de creencia”.
La
constitución de Honduras establece que es un Estado Laico, y aunque
garantiza el derecho de culto, no reconoce ninguna religión como
“oficial”. En ese sentido, varios ciudadanos han manifestado que aprobar
la ley sería una imposición de creencias.
Según
expertos en teología, La Biblia puede llegar a tener más de 30 mil
denominaciones, por lo que su lectura en centros educativos, terminaría
en una sola “imposición”.
Ante
el riesgo de lacerar el principio de Estado Laico, se han tomado
declaraciones como las del Papa Francisco, que a pesar de ser una de las
figuras religiosas más importantes en el mundo, es un defensor de la
separación Iglesia-Estado, “ya que las naciones confesionales terminan
mal”.
El
pasado 11 de mayo, el diputado del Partido Nacional, Tómas Zambrano,
propuso la lectura de “las sagradas escrituras” en las escuelas y
colegios públicos, para “educar” y reducir los altos índices de
violencia. Cabe destacar que en los últimos ocho años de gobierno
“cachureco”, la inversión en materia de seguridad ha sido un tema
prioritario, logrando reducir los índices, según datos oficialistas,
pero, se mantienen niveles alarmantes de violencia.
En
los últimos días, se ha manejado el tema con un debate permanente,
incluso se informó que el Congreso Nacional estaría formando mesas de
trabajo con representantes de las iglesias, y de las secretarías de
Educación y Seguridad.
Se
afirma que la laicidad y la aconfesionalidad son principios
indisociables de la democracia. Las creencias religiosas se basan en un
dogma y su carácter absoluto las hace incompatibles con el
librepensamiento, la actitud crítica y el pragmatismo que debe primar en
el gobierno moderno.
Informe de relator de ONU, evidencia violaciones a derechos humanos en Honduras
May 18, 2018
El presidente del Consejo de Derechos
Humanos y Relator Especial de las Naciones Unidas, Michel Forst, estuvo
de visita en Honduras, durante su estadía en el país sostuvo reuniones
con autoridades gubernamentales, y representantes de organizaciones
promotoras y defensoras de derechos humanos.
El papel del Relator especial de Naciones Unidas se divide en tres elementos: uno, visita a países en los que la situación de derechos humanos es compleja por las denuncias de violaciones a los mismos que en ella se presenta, es decir, que el relator cuando recibe las denuncias solicita a través de la vía diplomática al Estado una visita oficial.
Segundo, envía comunicaciones al Estado, cuando en él se presentan situaciones extremas de violaciones a derechos humanos, por ejemplo el contexto que vivió el país durante la crisis post electoral de 2017.
Y el tercer papel es orientado a las actividades de promoción, quiere decir que puede venir al país a un foro o evento académico sobre el tema de derechos humanos. La visita realizada en los últimos días pertenece al primer eje de acción: una visita oficial al país por las denuncias de violaciones a derechos humanos.
Cuando un representante de Naciones Unidas, sobre todo de este peso llega a un país como Honduras, pide autorización diplomática para su visita, la que estuvo compuesta por reuniones con autoridades del gobierno y también con defensores y defensoras. Luego de sus encuentros redactó un informe sobre las conclusiones en diversas áreas que van acompañadas de sugerencias al Estado.
En Naciones Unidas existen dos sistemas: uno, extra convencional, cuyas recomendaciones no son jurídicamente vinculantes, es decir el Estado al que se realizan las sugerencias, no está obligado a cumplirla, más que por temas de buena fe, moral y diplomacia.
El segundo sistema, es el convencional, en el que las sugerencias son de obligatorio cumplimiento. En este caso la visita de Forst es extra convencional, es decir, el Estado recibe las recomendaciones pero más allá de la buena fe, o moral no tiene una obligación judicial por el cual cumplirlas.
De la misma forma, el informe insta al Estado a fortalecer algunas instituciones, como por ejemplo las fiscalías especiales creadas para proteger y tomar acciones en cuanto a las denuncias de violaciones a derechos humanos en el país.
El documento presentado de forma preliminar sugiere que se fortalezcan las investigaciones sobre denuncias de asesinatos contra líderes comunitarios y periodistas, asimismo solicita que se fortalezca la lucha contra la corrupción y en especial el trabajo que realiza la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH).
Para el doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía, este tipo de eventos son importantes, porque evidencian la situación que vivimos en el país, y muestra el interés de la comunidad internacional sobre lo que sucede en Honduras.
Mejía considera que esto marca un precedente en lo que corresponde a los procesos de denuncias ante la justicia internacional, en varios casos emblemáticos que se dan en el país.
Para emitir el informe, el relator visitó varias regiones del país, por ejemplo llegó al sector Pajuiles en Tela, Atlántida, en el que se instaló un campamento en defensa del ambiente y contra de la instalación de proyectos hidroeléctricos en la zona.
Forst visitó esa región y escuchó a quienes defienden desde hace más de un año el río Mezapa y que debido a ello han sido víctimas de tres desalojos violentos, además de procesos de criminalización de más de 17 personas.
Para el abogado Martín Fernández, coordinador del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, esta visita es muy importante para las comunidades. “Le da a la gente espíritu y se ve que este proceso de lucha no está solo, y en lo que concierne a las comunidades, le da oxígeno y evidencia la crisis que vive ese sector en materia de derechos humanos, y nos han pedido un informe para poder tener una postura pública sobre esto”.
Además de Atlántida, el relator llegó a la ciudad de El Progreso, en el que se reunió con el director de Radio Progreso y el Equipo de Reflexión y Comunicación (ERIC), de quien recibió tres peticiones particulares:
“Como relator queremos que entienda y se preocupe porque se consolide la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, y esta oficina es necesaria su presencia y sabemos que hay prejuicios de sectores del Estado para que se debilite esta oficina.
La segunda petición, tiene que ver con la estigmatización de las personas que ejercen el derecho de quienes luchan por la libertad de expresión, estigmatizan a la gente y una vez que eso sucede quedamos expuestos a que se nos quiten nuestros derechos y quedemos en una situación vulnerable. La tercera tiene que ver con Radio Progreso, que se presione para saber qué pasó con el sabotaje a la antena de Radio Progreso, el 9 de diciembre en el cerro Canta Gallo de Tegucigalpa”.
El relator se desplazó hasta el departamento de Colón, allí sostuvo reuniones para conocer la realidad de los defensores y defensoras de la tierra, en una zona conflictiva producto del proceso de militarización que autorizó el gobierno.
Es en el Bajo Aguán que se han presentado decenas de muertes contra campesinos y campesinas por la falta de reforma agraria.
“Es importante porque esta crisis que se agudiza en cuanto a defensa de derechos humanos, me parece que la visita es buena porque pone en evidencia el interés de otras naciones en la situación que enfrentamos en el país. Además muestra el papel que juega el Estado de Honduras en esta realidad”, dijo la defensora de derechos Irma Lemus.
El relator llegó al occidente y la capital hondureña, de esta forma emitió su informe que fue divulgado ante la opinión pública y entregada al Estado, cuyo único deber para cumplir con las sugerencias es la buena fe, la moral y la diplomacia.
El papel del Relator especial de Naciones Unidas se divide en tres elementos: uno, visita a países en los que la situación de derechos humanos es compleja por las denuncias de violaciones a los mismos que en ella se presenta, es decir, que el relator cuando recibe las denuncias solicita a través de la vía diplomática al Estado una visita oficial.
Segundo, envía comunicaciones al Estado, cuando en él se presentan situaciones extremas de violaciones a derechos humanos, por ejemplo el contexto que vivió el país durante la crisis post electoral de 2017.
Y el tercer papel es orientado a las actividades de promoción, quiere decir que puede venir al país a un foro o evento académico sobre el tema de derechos humanos. La visita realizada en los últimos días pertenece al primer eje de acción: una visita oficial al país por las denuncias de violaciones a derechos humanos.
Cuando un representante de Naciones Unidas, sobre todo de este peso llega a un país como Honduras, pide autorización diplomática para su visita, la que estuvo compuesta por reuniones con autoridades del gobierno y también con defensores y defensoras. Luego de sus encuentros redactó un informe sobre las conclusiones en diversas áreas que van acompañadas de sugerencias al Estado.
En Naciones Unidas existen dos sistemas: uno, extra convencional, cuyas recomendaciones no son jurídicamente vinculantes, es decir el Estado al que se realizan las sugerencias, no está obligado a cumplirla, más que por temas de buena fe, moral y diplomacia.
El segundo sistema, es el convencional, en el que las sugerencias son de obligatorio cumplimiento. En este caso la visita de Forst es extra convencional, es decir, el Estado recibe las recomendaciones pero más allá de la buena fe, o moral no tiene una obligación judicial por el cual cumplirlas.
Informe
El informe emitido por el relator y que en 2019 será presentado en Ginebra, Suiza, estuvo compuesto de varias sugerencias, entre ellas, la preocupación por la vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos a ejercer su labor, asimismo la criminalización y desprestigio que existe hacia ellos.De la misma forma, el informe insta al Estado a fortalecer algunas instituciones, como por ejemplo las fiscalías especiales creadas para proteger y tomar acciones en cuanto a las denuncias de violaciones a derechos humanos en el país.
El documento presentado de forma preliminar sugiere que se fortalezcan las investigaciones sobre denuncias de asesinatos contra líderes comunitarios y periodistas, asimismo solicita que se fortalezca la lucha contra la corrupción y en especial el trabajo que realiza la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH).
Para el doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía, este tipo de eventos son importantes, porque evidencian la situación que vivimos en el país, y muestra el interés de la comunidad internacional sobre lo que sucede en Honduras.
Mejía considera que esto marca un precedente en lo que corresponde a los procesos de denuncias ante la justicia internacional, en varios casos emblemáticos que se dan en el país.
Para emitir el informe, el relator visitó varias regiones del país, por ejemplo llegó al sector Pajuiles en Tela, Atlántida, en el que se instaló un campamento en defensa del ambiente y contra de la instalación de proyectos hidroeléctricos en la zona.
Forst visitó esa región y escuchó a quienes defienden desde hace más de un año el río Mezapa y que debido a ello han sido víctimas de tres desalojos violentos, además de procesos de criminalización de más de 17 personas.
Para el abogado Martín Fernández, coordinador del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, esta visita es muy importante para las comunidades. “Le da a la gente espíritu y se ve que este proceso de lucha no está solo, y en lo que concierne a las comunidades, le da oxígeno y evidencia la crisis que vive ese sector en materia de derechos humanos, y nos han pedido un informe para poder tener una postura pública sobre esto”.
Además de Atlántida, el relator llegó a la ciudad de El Progreso, en el que se reunió con el director de Radio Progreso y el Equipo de Reflexión y Comunicación (ERIC), de quien recibió tres peticiones particulares:
“Como relator queremos que entienda y se preocupe porque se consolide la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, y esta oficina es necesaria su presencia y sabemos que hay prejuicios de sectores del Estado para que se debilite esta oficina.
La segunda petición, tiene que ver con la estigmatización de las personas que ejercen el derecho de quienes luchan por la libertad de expresión, estigmatizan a la gente y una vez que eso sucede quedamos expuestos a que se nos quiten nuestros derechos y quedemos en una situación vulnerable. La tercera tiene que ver con Radio Progreso, que se presione para saber qué pasó con el sabotaje a la antena de Radio Progreso, el 9 de diciembre en el cerro Canta Gallo de Tegucigalpa”.
El relator se desplazó hasta el departamento de Colón, allí sostuvo reuniones para conocer la realidad de los defensores y defensoras de la tierra, en una zona conflictiva producto del proceso de militarización que autorizó el gobierno.
Es en el Bajo Aguán que se han presentado decenas de muertes contra campesinos y campesinas por la falta de reforma agraria.
“Es importante porque esta crisis que se agudiza en cuanto a defensa de derechos humanos, me parece que la visita es buena porque pone en evidencia el interés de otras naciones en la situación que enfrentamos en el país. Además muestra el papel que juega el Estado de Honduras en esta realidad”, dijo la defensora de derechos Irma Lemus.
El relator llegó al occidente y la capital hondureña, de esta forma emitió su informe que fue divulgado ante la opinión pública y entregada al Estado, cuyo único deber para cumplir con las sugerencias es la buena fe, la moral y la diplomacia.
Campamento digno por el agua en Arizona, Atlántida, cumple un año defendiendo el río Jilamito
Más de 108 ríos concesionados en Honduras
May 18, 2018
En el municipio de Arizona en el
departamento de Atlántida, la población libera una de las grandes luchas
en Honduras en defensa de los bienes comunes. Al pie de la cordillera
Nombre de Dios, hace un año se dio inicio a la defensa del río Jilamito,
amenazado por la instalación de una represa hidroeléctrica. A parte de
su gran riqueza hídrica, este importante afluente representa un paisaje
deslumbrante que deja impresionados a propios y extraños.
Fue el 15 de mayo del 2017 que la población de más de 16 aldeas de Arizona, decidieron instalar un campamento para defender el tesoro hídrico. Jilamito es uno de los pocos ríos que está quedando sin represar en el departamento de Atlántica, y representa la última fuente de agua dulce para las comunidades de dicho municipio, que en los últimos 5 años ha enfrentado una severa escasez de agua.
Para que el río Jilamito esté sin represar, las comunidades del sector organizadas en la iglesia católica y el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ, han mantenido una lucha pacífica de más de un año. A pesar de los hostigamientos, intimidaciones y violaciones a sus derechos humanos, tanto por parte de las instituciones del Estado, como de la empresa que pretende construir la hidroeléctrica.
Desde 2011 la empresa Inversiones de Generación Eléctrica Sociedad Anónima (INGELSA), propiedad de Emin Abufele, pretende desarrollar el proyecto hidroeléctrico Jilamito para la producción de 14.80 MW de energía, y que forma parte de tres proyectos hidroeléctricos instalados en Arizona, pueblo ubicado entre los municipios de Tela y La Másica, a 450 kilómetros de Tegucigalpa.
En este ritmo la población lleva 369 días vigilando que no suba aquinaria ni material para la construcción de la hidroeléctrica, que tiene permiso del Gobierno desde el año 2013, pero no tienen la autorización de las comunidades que desde sus ancestros cuidan y protegen el río Jilamito.
La dirigente comunitaria Claudia Lemus, aseguró que desde los primeros días de la instalación del campamento, fueron víctimas de constantes amenazas, ya que Ingelsa, que con el acompañamiento de la policía, instaló un retén para evitar que las personas llegaran al campamento en defensa del río Jilamito, sin embargo nada imposibilitó la lucha.
Recordó que el 29 de mayo de 2017 la Policía Nacional intentó desalojar violentamente el campamento. Ochenta efectivos que acompañaban a un grupo de unos 70 trabajadores y personas pagadas por INGELSA no sólo desmontaron lo que había instalado, accedieron a la comida en reserva para la cocina, golpearon y lesionaron a 2 jóvenes, robaron un celular a alguien que estaba grabando el hecho y detenían a los vehículos y a las personas que transitaban limitándoles el paso si decían que iban a apoyar el campamento.
El edil denunció que por oponerse al proyecto hidroeléctrico, también es víctima de amenazas a muerte. En ese sentido, Chacón se moviliza bajo resguardo policial que se le ha asignado por petición de organismos internacionales. “Las amenaza no son nuevas, sino que se han originado desde 2015, cuando me desempeñaba como regidor, por estar de lado de pueblo de Arizona”.
Señaló que su oposición al proyecto lo ha llevado a que se libre requerimiento fiscal en su contra. El 14 de febrero compareció en audiencia inicial en los tribunales de Tela, donde el juez Hernán Gerardo Murillo le otorgó medidas sustitutivas de la cárcel y tiene que estar firmando un libro cada semana.
El alcalde denunció planes para asesinarlo y recientemente su abogado, Carlos Hernández fue asesinado, lo que se convierte en una nueva amenaza contra Noldo Chacón.
Doña Elena Gaitán, integrante del núcleo comunitario del MADJ en Arizona y presidenta de la Asociación de Patronatos de dicho municipio, enfrenta también el proceso judicial, sin embargo indica “que los empresarios están luchando por instalar sus proyectos de muerte, pero nosotras también estamos luchando en la defensa de nuestros ríos a costa de lo que sea”.
Martín Fernández del MADJ, manifestó que ante la oposición de las comunidades, los vínculos entre el personal de las hidroeléctricas, las empresas de seguridad privada al servicio de la compañía, funcionarios públicos y aparatos de seguridad del Estado hondureño, forman una alianza estricta encaminada a controlar, neutralizar y minimizar cualquier oposición a los intereses de los proyectos.
Para ello, despliegan acciones de instrumentalización de las comunidades con el fin de romper el tejido social, campañas de desprestigio, infiltraciones, seguimientos y amenazas. El asesinato de Berta Cáceres, es un ejemplo de lo que son capaces los dueños de estos proyectos. Este fue planificado como una pieza más de esta estrategia, dice el informe del caso elaborado por el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE), un equipo de expertos independientes.
Honduras es el país con el mayor número de asesinatos per cápita de defensores del medio ambiente y de la tierra, según un informe publicado, que alerta también del creciente número de crímenes contra ese colectivo de personas en toda Latinoamérica y la «impunidad» en la que suelen permanecer.
La organización no gubernamental "Global Witness", que defiende los derechos humanos de los indígenas y defensores del medio ambiente, publicó el informe en el que asegura que 116 ecologistas fueron asesinados en 17 países en 2014.
Fue el 15 de mayo del 2017 que la población de más de 16 aldeas de Arizona, decidieron instalar un campamento para defender el tesoro hídrico. Jilamito es uno de los pocos ríos que está quedando sin represar en el departamento de Atlántica, y representa la última fuente de agua dulce para las comunidades de dicho municipio, que en los últimos 5 años ha enfrentado una severa escasez de agua.
Para que el río Jilamito esté sin represar, las comunidades del sector organizadas en la iglesia católica y el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ, han mantenido una lucha pacífica de más de un año. A pesar de los hostigamientos, intimidaciones y violaciones a sus derechos humanos, tanto por parte de las instituciones del Estado, como de la empresa que pretende construir la hidroeléctrica.
Desde 2011 la empresa Inversiones de Generación Eléctrica Sociedad Anónima (INGELSA), propiedad de Emin Abufele, pretende desarrollar el proyecto hidroeléctrico Jilamito para la producción de 14.80 MW de energía, y que forma parte de tres proyectos hidroeléctricos instalados en Arizona, pueblo ubicado entre los municipios de Tela y La Másica, a 450 kilómetros de Tegucigalpa.
En este ritmo la población lleva 369 días vigilando que no suba aquinaria ni material para la construcción de la hidroeléctrica, que tiene permiso del Gobierno desde el año 2013, pero no tienen la autorización de las comunidades que desde sus ancestros cuidan y protegen el río Jilamito.
Municipio libre de minería e hidroeléctricas
Luego que el alcalde Adolfo Alfonso Paguada (2011-2017), abandonara de manera desesperada un cabildo abierto desarrollado el 20 de noviembre de 2015, la población de Arizona declaró el municipio libre de minería e hidroeléctricas y evidenciando el papel cómplice y servil del alcalde en ese entonces.La dirigente comunitaria Claudia Lemus, aseguró que desde los primeros días de la instalación del campamento, fueron víctimas de constantes amenazas, ya que Ingelsa, que con el acompañamiento de la policía, instaló un retén para evitar que las personas llegaran al campamento en defensa del río Jilamito, sin embargo nada imposibilitó la lucha.
Recordó que el 29 de mayo de 2017 la Policía Nacional intentó desalojar violentamente el campamento. Ochenta efectivos que acompañaban a un grupo de unos 70 trabajadores y personas pagadas por INGELSA no sólo desmontaron lo que había instalado, accedieron a la comida en reserva para la cocina, golpearon y lesionaron a 2 jóvenes, robaron un celular a alguien que estaba grabando el hecho y detenían a los vehículos y a las personas que transitaban limitándoles el paso si decían que iban a apoyar el campamento.
Acusaciones y amenazas a muerte
Dos acusaciones, una por difamación y otra por usurpación de predios, tiene encima el alcalde de Arizona, Atlántida, Arnoldo Chacón, quien acompaña a las comunidades de este municipio en su rechazo a la represa hidroeléctrica. Junto a él otros cuatro líderes comunitarios enfrentan procesos penales.El edil denunció que por oponerse al proyecto hidroeléctrico, también es víctima de amenazas a muerte. En ese sentido, Chacón se moviliza bajo resguardo policial que se le ha asignado por petición de organismos internacionales. “Las amenaza no son nuevas, sino que se han originado desde 2015, cuando me desempeñaba como regidor, por estar de lado de pueblo de Arizona”.
Señaló que su oposición al proyecto lo ha llevado a que se libre requerimiento fiscal en su contra. El 14 de febrero compareció en audiencia inicial en los tribunales de Tela, donde el juez Hernán Gerardo Murillo le otorgó medidas sustitutivas de la cárcel y tiene que estar firmando un libro cada semana.
El alcalde denunció planes para asesinarlo y recientemente su abogado, Carlos Hernández fue asesinado, lo que se convierte en una nueva amenaza contra Noldo Chacón.
Doña Elena Gaitán, integrante del núcleo comunitario del MADJ en Arizona y presidenta de la Asociación de Patronatos de dicho municipio, enfrenta también el proceso judicial, sin embargo indica “que los empresarios están luchando por instalar sus proyectos de muerte, pero nosotras también estamos luchando en la defensa de nuestros ríos a costa de lo que sea”.
Más de 108 ríos concesionados en Honduras
Se ha programado un gran desarrollo hidroeléctrico en Honduras, destinado a suministrar electricidad a la población hondureña y a industrias de alto consumo de energía. Sin embargo, grupos ecologistas y población de las comunidades que habitan los ríos concesionados han planteado serias preocupaciones en cuanto al enorme impacto de las represas, que se están construyendo en uno de los ecosistemas más biodiversos y productivos del país.Martín Fernández del MADJ, manifestó que ante la oposición de las comunidades, los vínculos entre el personal de las hidroeléctricas, las empresas de seguridad privada al servicio de la compañía, funcionarios públicos y aparatos de seguridad del Estado hondureño, forman una alianza estricta encaminada a controlar, neutralizar y minimizar cualquier oposición a los intereses de los proyectos.
Para ello, despliegan acciones de instrumentalización de las comunidades con el fin de romper el tejido social, campañas de desprestigio, infiltraciones, seguimientos y amenazas. El asesinato de Berta Cáceres, es un ejemplo de lo que son capaces los dueños de estos proyectos. Este fue planificado como una pieza más de esta estrategia, dice el informe del caso elaborado por el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE), un equipo de expertos independientes.
Honduras es el país con el mayor número de asesinatos per cápita de defensores del medio ambiente y de la tierra, según un informe publicado, que alerta también del creciente número de crímenes contra ese colectivo de personas en toda Latinoamérica y la «impunidad» en la que suelen permanecer.
La organización no gubernamental "Global Witness", que defiende los derechos humanos de los indígenas y defensores del medio ambiente, publicó el informe en el que asegura que 116 ecologistas fueron asesinados en 17 países en 2014.
ADEPZA denuncia nuevos ataques contra el defensor Pedro Canales
“Al ver
que el vehículo no encendía, metí una varilla al tanque de gasolina y
tenia miel. Después en la limpieza mecánica, se halló azúcar”.
Tegucigalpa.- El defensor de derechos humanos Pedro Canales, denunció que continúa siendo víctima de ataques contra su integridad física de parte de empleados de terratenientes de Zacate Grande, al sur de Honduras.
El líder fundador de la Asociación por el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA), es objeto constante persecución, hostigamiento y criminalización por su ardua labor en la defensa del territorio y las playas de Amapala, municipio de Valle.
La ADEPZA denunció que entre el 16 y 17 de abril reciente, le introdujeron miel y azúcar al tanque de la gasolina del vehículo de Pedro, una situación peligrosa ya que produce recalentamiento del motor y puede provocar la explosión de este, poniendo en peligro a las personas que lo abordan.
Pedro ha fungido como presidente, coordinador y miembro de la junta directiva de la ADEPZA, a lo largo de 18 años de fundación. Por lo que es el rostro visible de la lucha en Zacate Grande “los contrarios -oponentes- dirigen las amenazas hacia su integridad física y emocional, por lo que se teme continúen acciones peores que lamentar”, expresó la Asociación en un comunicado público.
El segundo ataque, fue -como en ocasiones anteriores- contra su vehículo. El martes 09 de mayo de 2018, le provocaron un orificio en el radiador, lo que hizo que el automotor perdiera toda el agua y se recalentara.
Por estas acciones se acusa como presuntas responsables “a las personas contrarias a la lucha de ADEPZA quienes son empleados de la familia Facussé, de suerte nuestro compañero y su familia se percataron de los incidentes”, denunció la Asociación.
“Como organización condenamos estos hechos que claramente están dirigidos para dañar la integridad de nuestro compañero y su familia”, señaló un comunicado de la ADEPZA, difundido la semana anterior.
“Responsabilizamos a los empleados y personas afines a la familia Facussé por lo que le pueda pasar a nuestro compañero”, afirmó la organización el viernes 11 de mayo.
Por estos atentados contra su vida, Pedro Canales sospecha de guardias forestales afines a la familia Facussé, que rondan la zona entre las comunidades de Puerto Grande, La Flor y El Novillo, en la Península de Zacate Grande.
Esas personas pasaban cerca del vehículo que el defensor de derechos humanos estaciona un poco distante de su casa. En febrero al vehículo se le dio un mantenimiento completo y quedó como nuevo, relató Canales.
“Al ver que el vehículo no encendía, metí una varilla al tanque de gasolina y tenia miel. Después en la limpieza mecánica, se halló azúcar”.
En cuanto al daño en el radiador, al botarse toda el agua, las personas a bordo del carro se hubieran quemado porque recalentaba demasiado, dijo preocupado Canales, quien por motivos de salud no está conduciendo el vehículo, sino que iba otro miembro de la asociación.
Amenazas de despojo de playas
También denunció que existe una campaña de amedrentamiento para reocupación de la comunidad Los Hornos. “Esos mismos guardias y familia afines a Facussé implementaron una campaña por la repartición de las tierras en la comunidad de Los Hornos, les decían que cada familia agarrara un solar, nosotros les dijimos si se metían ahí, iban atenerse a las consecuencias”.
La comunidad de Los Hornos y El Mudo son las playas de mayor conflicto, porque la familia Facussé se dice dueña y quieren meter a su gente. Son unas 21 manzanas de tierra que supuestamente el agroindustrial Miguel Facussé se lo dejó a su hijo Mauricio, continuó Canales. Miguel Facussé, falleció en junio del 2015.
Por su postura de crítica y denuncia para tener un territorio y playas libres de terratenientes, Pedro Canales se vuelve el centro de ataques, y estos afectan a su familia y demás personas en el entorno, denunció la ADEPZA, que ahora dirige Allan Torres, defensor de derechos humanos y comunicador social.
Entre la población de “la isla que da vida” como expresa una de las canciones del artista Aldo y Los Alegres del Sur, hay expresiones de que “mejor yo no debería de existir”, pero aquí estoy en defensa de nuestros derechos, afirmó Canales.
La criminalización es desde hace varios años, para el caso, Pedro Canales, Danilo Osorio y Wilmer Rivera mantienen pendiente un juicio acusado de usurpación por el terreno recuperado y libre de terratenientes donde está la Radio Comunitaria “La Voz de Zacate Grande” 89.1 F.M., en la comunidad de Puerto Grande, que además está el campamento de observación internacional de derechos humanos.
Al menos 32 defensores y defensoras del territorio en Zacate Grande fueron llevados a los tribunales, en diciembre del 2016 se sobreseyó a 17 personas, no porque se tuviera la intención de hacer justicia, sino porque prescribió el término legal de siete años, sin mover el expediente.
Emerge oposición a la moción sobre servicio militar obligatorio
Tegucigalpa.- El diputado de la Alianza Patriótica de Honduras (APH), Enrique Yllescas, propuso al Congreso Nacional la aprobación del servicio militar obligatorio en Honduras, como una alternativa disciplinaria y de prevención en materia de seguridad, esta moción comienza a generar preocupación y oposición por parte de defensores de derechos humanos, principalmente quienes han conocido la temática histórica.
Retroceso peligroso, atentado a la juventud, antidemocracia, violaciones a derechos humanos, muertes extrajudiciales, desesperación por falta de políticas y asistencia a la población y hasta ideas esquizofrénicas, son las palabras que se les vienen a la mente a quienes se oponen a esta iniciativa, incluyendo al designado presidencial, quien usó sus redes sociales para manifestar su desacuerdo.
“Estoy en contra del servicio militar obligatorio (…) sería un enorme retroceso a las libertades del pueblo, me pronuncio en contra de esta iniciativa e invito a mi partido a manifestarse en contra. La juventud requiere de calidad educativa y oportunidades, es por eso que me pronuncio en todo caso de un servicio militar voluntario educativo en áreas técnicas y agrícolas”, posteó en su cuenta de Twitter.
Según el diputado Yllescas, del partido que lidera el general retirado Romero Vásquez Velásquez, su moción se basa en las condiciones actuales de inseguridad y participación de la juventud hondureña, quienes han fortalecido la operatividad de las maras y pandillas.
Manifiesta que ha establecido un parámetro estadístico de casi 40 mil jóvenes, entre 18 a 30 años de edad, que están involucrados en actos delictivos, así como en maras, pandillas y crimen organizado, lo cual es un efecto rebote negativo tanto para las familias como para el país, defiende.
Para Oliva quien ha llevado una lucha de casi 40 años al frente del Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), lo que deberían estar mocionando los diputados son oportunidades para los jóvenes y no “encerrándolos a la fuerza en unidades militares”, se equivocan.
“Los jóvenes necesitan atención desde que nacen, el Estado debe responder por el desarrollo de ellos asegurando que en su familia haya elemento para empezar y que en su país haya lugares de recreación y condiciones plenas de educación, salud y no armas, si pensaran mejor no tendríamos el caos que ahora tenemos”.
RETROCESO A BUENAS ACCIONES
La derogación del servicio militar obligatorio para quienes están de acuerdo con la iniciativa fue un error histórico que mantiene a Honduras sin posibilidad de disminuir la delincuencia juvenil y crimen organizado, pero para quienes conocen la historia desde la óptica de derechos humanos, el retroceso es volver a repetir lo mismo que en el pasado no funcionó.
“El servicio militar obligatorio solo demuestra que un país ha perdido la capacidad de razonar, de dialogar y atender a la juventud, la respuesta bruta es la que nos da el servicio militar obligatorio, si eso prospera habremos retrocedido 40 años, no podemos tener resultados diferentes cuando hacemos lo mismo, ¿por qué no se combate a las maras y pandillas que dirigen desde los batallones y unidades militares, quienes hacen uso y abuso de sus uniformes y logística?”, expresó Oliva.
El servicio militar obligatorio fue derogado en 1994, durante el primer año de gobierno del Partido Liberal en la administración de Carlos Roberto Reina (1994-1998).
En ese entonces, se aprobó la reforma al artículo 276 de la Constitución de la República referente al servicio militar obligatorio y estableció el servicio voluntario y educativo que se ha mantenido vigente por 23 años. La iniciativa fue celebrada desde aquella época por la sociedad civil y defensores de derechos humanos al considerar que el gobierno de Reina puso fin a las “cacerías de jóvenes”.
En ese contexto para Oliva, ahora “obligar a la gente a que piense, actúe y que tenga entrenamiento militar, es el peor golpe que se le puede dar a la juventud hondureña y el fracaso de Honduras si es que estaban pensado que se democratice el país”.
OBSOLETOS
Desde el año pasado a lo interno del Congreso Nacional y recientemente con algunas visitas de personajes militares extranjeros y analistas en seguridad, han venido manifestando que los jóvenes que no son disciplinados por sus familias o el propio Estado, llenan los requisitos para el reclutamiento de las maras y pandillas, por lo tanto se debe analizar por qué los argumentos son los mismos que antes de 1994.
“El servicio militar obligatorio que teníamos en el pasado era brutal, violento, represivo, violatorio de toda clase de derechos, cuando se transformó (1994) era para hacerlo humanista, social, democrático y voluntario. El argumento del diputado me provoca bastante gracia porque es el mismo argumento obsoleto que sacaron en 1994 cuando estábamos en la discusión previa a la aprobación del servicio militar voluntario”, expresó.
Por su parte, estadísticas policiales recientes cuentan que en Honduras son más de 30 mil pandilleros y mareros que operan a nivel nacional y de todas las edades, siendo en su mayoría menores, adolescentes y personas no mayores de 40 años. Incluso en 2016 la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) calculaba un ejército de 36,000 mareros y pandilleros en Honduras.
Ante esto, Mejía se preguntó que en la iniciativa debe analizarse también “el papel que está jugando algún sector de los Estados Unidos, además del presupuesto global a invertir en militarismo que impactaría a las arcas del Estado”.
“Tenemos más enfoque al gasto militar, hay que revisar ese impacto global, no tenemos un informe de los gastos de las Fuerzas Armadas, cuáles son las bondades del servicio militar voluntario, ellos no se han quejado. El servicio militar obligatorio dejó cicatrices, torturas, daños, duelos en las familias, jóvenes muertos en las prácticas, cadáveres entregados en ataúdes sellados para que nadie pudiera observar qué había sucedido con ellos”, recordó. .
Por eso, llamó a no fortalecer la antidemocracia y procurar invertir el presupuesto a la milicia creando por cada centro militar, diez jardines de niños, colegios, fortalecer la creación de empleos, el ocio fomenta la delincuencia, el enfoque contra las maras no está en el servicio militar; sino en una política de protección de los derechos humanos de los niños y jóvenes, desde que nacen hasta que llegan a la universidad”, refirió. (SA)
Bertha Oliva: Entre más militarización más corrupción
Tegucigalpa, Honduras.-
Un militar retirado y representante de un partido político dirigido por
un ex general de las Fuerzas Armadas (FFAA), propuso ayer ante el
Congreso Nacional, volver al servicio militar obligatorio, después de 23
años de su abolición por violentar los derechos humanos en Honduras.
Con la creación de la Policía Militar
del Orden Público (PMOP), las FFAA tiene alrededor de 30 mil efectivos,
pero el diputado del Partido Alianza Patriótica, Bernardo Enrique Medina
Yllescas, presentó un proyecto de ley para que la cacería humana a
través del reclutamiento se vuelva a imponer en jóvenes de 18 a 31 años,
y que sea por un año.
Según el diputado, el objetivo de su
propuesta es evitar que los jóvenes se involucren maras y pandillas y
otros grupos delincuenciales y criminales.
Entre sus alegatos, el diputado expresó
que en “la actualidad no se cometerían las injusticias y barbaridades
como pasaba en los años 80”.
Pero si estamos peor que en los años ochenta, con esa propuesta solo se beneficia a los violadores de derechos humanos, y es que nunca se juzgó a esos militares que ahora están en puestos de asesoras el régimen. Bertha Oliva
A criterio de la coordinadora general
del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras
(COFADEH), Berta Oliva, volver al servicio militar obligatorio es
continuar con la militarización que hoy el pueblo hondureño está
enfrentando. Y desde luego que ese proyecto de militarización sólo
beneficia a los violadores de derechos humanos.
Tendremos ya un proyecto oficial para
continuar haciendo actos que atentan contra la libertad peores que en
los años 80. Sólo en mentes dictatoriales es que miran la militarización de la juventud, como un puente para consolidar democracias.
Señaló que, los que reivindican la
militarización son los que estuvieron en el proyecto de violentar la
Constitución de la Republica en el 2009 al dar un golpe militar de
Estado y el golpe militar electoral del 2017.
Ese proyecto se va a echar andar, afirmó
Oliva, porque así como se ha implementado el proyecto “Guardianes de la
Patria” (con el reclutamiento de menores en las escuelas primarias),
hay toda una estrategia para ir domesticando a la niñez y juventudes,
por lo que esa formación es parte de la estrategia, y vemos cómo se va
cayendo la democracia en Honduras.
El servicio militar obligatorio fue disuelto en el año 1994 durante el gobierno liberal del extinto expresidente, Carlos Roberto Reina, cuando se estableció el servicio militar voluntario, el COFADEH fue propulsor para esta acción.
Las acciones que se han venido haciendo
desde las FFAA continúan en la impunidad, y esas acciones son crímenes
de lesa humanidad, como es el tema de la desaparición forzada de los 80
(el COFADEH registra 184 casos) y las ejecuciones arbitrarias y sumarias
de esa década, y los recientes golpes de estado, también fueron
escenario de crímenes de lesa humanidad, y no hay repusiera,
desaparición, asesinato tortura.
El COFADEH ha acompañado casos contra
militares violadores de derechos humanos, cuando el Ministerio Público,
estaba ejerciendo su labor independiente y objetivo. Al inicio de esta
institución. Hubo requerimientos fiscales contra militares que ahora
están de asesores en materia de seguridad al actual régimen. Fueron
bastantes, pero ninguno está preso, ninguno ha pagado por esos delitos,
denunció la también integrante de la Convergencia Contra el Continuismo.
El MP no continuó con el ímpetu de ese
momento, la apuesta nuestra encontrar los restos de nuestros detenidos
desparecidos, encontrar respuesta y que se investigue quienes ejecutaban
y financiaban esas acciones, afirmó la defensora de derechos humanos
antimilitarista hondureña.
La
Constitución de la República de Honduras establece en el artículo 276
que: Los ciudadanos comprendidos en la edad de dieciocho a treinta años,
prestaran el servicio militar en forma voluntaria en tiempo de paz,
bajo la modalidad de un sistema educativo, social, humanitario y
democrático. El Estado tiene la facultad de llamar a filas, de
conformidad con la Ley de Servicio Militar.
En Honduras ha habido un proceso de exculpar a los militares responsables de casos como asesinatos del niño Ebed Jassiel Yánez y ataque militar en Ahuás, La Mosquitia, ambos en mayo del 2012.
La impunidad se ha coludido con el
accionar del Ministerio Público y el Poder Judicial, donde no hay
resultados. En el caso de Ahuás no hubo declaración de la DEA, el jefe
del as Fuerzas Armadas ni el Secretario de Seguridad, por lo que el
resultado es “Impunidad”.
Mientras que en el de Ebed, solo hay uno preso, que seguro no está preso, y los de mayor rango fueron absueltos, detalló Oliva.
Por lo que, con el servicio militar
obligatorio la situación va a ser peor, y esa solicitud va a prestar,
por mucho que pataleemos va a ser un hecho, y debemos seguir haciendo
nuestra labor.
Quienes
tenemos convicción cívica, nunca vamos a estar de acuerdo que la
militarización a la juventud va a resolver el problema de pobreza,
corrupción e impunidad en Honduras, porque no es porque no hay
militares, entre más militares hay más corrupción, son vanguardia en
materia de corrupción, puntualizó Bertha Oliva.
La desgracia que hunde a Honduras
La desdicha de mi país comienza desde el nombre. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, honduras significa
«Tratar de cosas profundas y dificultosas», y la semántica nunca fue
más acertada ya que vivimos en una hondura, un pozo creado por los
mismos que promueven una democracia que no existe.
El
14 de agosto de 2007 salí de Honduras, no fue una decisión fácil, pero
tenía que hacerlo. Emigré a Estados Unidos por diferentes razones, pero
había una en especial que en aquel entonces nadie sabía y que hasta
ahora muy pocos saben: meses antes de salir del país recibí amenazas de
muerte. Durante un año me desempeñé como director de comunicaciones de
una entidad de gobierno ―aquel gobierno que en el 2009 fue derrocado por
un golpe de estado militar― y ejerciendo ese cargo recibí una propuesta
para ser parte del selecto grupo de corruptos del país la cual no
acepté. Luego comenzó el acoso.
Hoy,
once años después, la corrupción se ha convertido en una metástasis que
ha infectado a todo nivel a la mayoría de los políticos. La situación
solo ha empeorado dado que la condición política y socioeconómica de
Honduras es aún peor, los índices de homicidio son altísimos y la
violencia se ha apoderado de un país donde el precio de una vida es más
bajo que el de un teléfono celular.
Después
del caos que ha causado las pasadas elecciones por las irregularidades y
las innumerables denuncias de fraude, el presidente Juan Orlando
Hernández, quien de manera cínica y descarada violó la constitución al
reelegirse, llamó a la unión, el dialogo y la paz. Irónicamente, como
muestra de su propuesta pacífica, envía a las calles a la policía
militar fuertemente armada para reprimir al pueblo que según él lo
eligió; una muestra clara de que el presidente ha perdido la capacidad
de gobernar un país que se le fue de las manos desde el momento en que
decidió convertirse en uno más de la lista negra de gobernantes
latinoamericanos adictos al poder.
Las
marchas pacíficas se han vuelto violentas ―una situación que no
comparto pero puedo entender― y los reportes de enfrentamientos y
asesinatos son cada día más comunes en los diarios y noticieros. En las
calles el pueblo se enfrenta a la policía mientras que los poderosos y
gobernantes «gobiernan» desde sus casas y oficinas utilizando el caos
como cortina de humo.
Las
recientes elecciones presidenciales en Honduras han puesto al país al
borde de una guerra civil que provocará una migración masiva como
sucediera en la década de 1980 en otros países de la región como El
Salvador y Nicaragua. La violencia, el hambre, los constantes abusos de
poder y la ley parcializada son algunas de las razones que despertaron
la ira del pueblo, y lo que debió ser una fiesta cívica se convirtió en
el inicio de una guerra sin cuartel entre aquellos que pretenden
gobernar a la fuerza y los que se resisten a vivir en la miseria.
Nota relacionada ON-26 propone diálogo y analiza tres posibles escenarios como salida a la crisis en Honduras
El
destino del país es incierto y los partidos de oposición también tienen
su cuota de culpa por prestarse a la farsa de las elecciones del pasado
noviembre. Mientras tanto, el presidente Hernández no abandonará el
poder porque sabe que hay más que eso en juego; por su parte
los hondureños hacen valer su derecho y no dan tregua, demostrando,
incluso, que están dispuestos a entregar su vida en las calles por
defender la democracia.
*Mario Ramos (Tegucigalpa, 1977). Fotógrafo, productor de televisión y cineasta hondureño ganador del premio EMMY en 2016.Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
Federación del pueblo garifuna de Honduras
¿Existe la aplicación de justicia para los pueblos indígenas en Honduras?
La Ceiba, mayo 11 de 2018.- Los pueblos indígenas en Honduras
atravesamos por una grave crisis ante la ofensiva para la apropiación de
territorios y “recursos”, al mismo tiempo que el endeble estado de ley
existente en el país, se ve afectado por la desaparición de la
independencia de poderes, dando lugar a siniestros abusos de los
derechos humanos y presiones territoriales que desembocan en
desplazamientos poblacionales.
Los informes de diferentes relatores de Naciones Unidas y de ONGs especializadas en la temática de derechos humanos, exponen la grave situación que atravesamos los pueblos indígenas, en Honduras y el grave riesgo que corren las defensoras del la madre tierra.
La reciente absolución del ex alcalde de Intibucá Martiniano Domínguez Meza, por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, en relación al caso de la hidroeléctrica de Agua Zarca, demuestra la capacidad de distorsión del estado de Honduras en relación a la socialización efectuada por la empresa DESA la cual ha sido convertida en consulta previa. El asesinato de Berta Cáceres, sacó a relucir las artimañas a las cuales recurre la élite empresarial y política del país. Hasta la fecha los autores intelectuales del crimen no han sido sindicados; y hasta el momento los militares y sicarios que participaron en el asesinato, son los únicos que permanecen en prisión, a la espera de una supuesta sentencia.
Todo indica que la Consulta Previa, Libre e Informada, consignada en el Convenio 169 de la OIT, es un obstáculo para los planes de “desarrollo” impulsados por las políticas neoliberales. Desde 1995, cuando fue ratificado por Honduras el Convenio 169, el Estado adquirió la obligación de crear un mecanismo de consulta previa, el cual sin embargo ha diluiod sistemáticamente, confundiendo de forma deliberada socialización con consulta previa.
Desde el año 2003, la OFRANEH instó al Estado a efectuar una consulta en relación al anteproyecto de Ley de Propiedad, promovida por el Programa de Administración de Tierras (PATH) en San Juan Tela (Durugubuti), siendo la consulta previa efectuada en septiembre de 2003. La asamblea comunitaria rechazó las versiones de ley presentadas por los representantes del estado, ante el peligro de la disolución de la propiedad comunitaria. Para junio de 2004, el Congreso Nacional aprobó la Ley de Propiedad, la que permite finiquitar la propiedad comunitaria. La OFRANEH llevó el caso ante el Panel de Inspección del Banco Mundial, el cual señaló que el Estado de Honduras no se apegó al Convenio 169, sin embargo la Gerencia del Banco no efectuó ninguna acción en referencia a la Ley de Propiedad.
Es hasta el 2012 que el Estado, presionado por el Programa Reducción de la Deforestación y la Degradación del Bosque (REDD por sus siglas en inglés) inicia los primeros pasos para la creación de una Ley de Consulta. El PNUD en Honduras asume el rol de acompañante, y conjuntamente dan los pasos iniciales en la preparación del propuesta de país en relación a los REDD.
Para el año 2015 tanto la Dirección de Pueblos Indígenas y Afro descendientes (DINAFROH) y la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH) elaboraron sus propios anteproyectos de Ley de Consulta. De igual manera el Observatorio de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Honduras (ODIPINH) concretó una versión de ley. No obstante, el PNUD para el 2016, comienza un proceso de socialización el cual denominó consulta sobre un anteproyecto de ley, elaborado por el consultor peruano Ivan Lanegra, similar a la Ley de Consulta del Perú, la que excluye el consentimiento como parte esencial de la consulta.
Las denuncias interpuestas por organizaciones y comunidades indígenas que no se encuentran bajo la esfera de influencia de la actual dictadura, dieron una alerta sobre la distorsión a la consulta previa, promovida por funcionarios estatales y el PNUD. La relatora de Naciones Unidas para pueblos indígenas, la Sra. Vicky Tauli-Corpuz efectuó una visita al país, en relación a la imposición del anteproyecto elaborado por Ivan Lanegra y la distorsión del espíritu del Convenio 169.
La relatora fue enfática sobre la importancia de la Consulta sobre la Consulta, ademas los tiempos y procedimientos para crear un mecanismo de consulta. Las observaciones adicionales presentada por la relatora en junio del año pasado, han sido ignoradas por el Estado, el que entre otras procedió a a imponer una ley de Incentivos al Turismo sin haber efectuado consulta alguna.
Es claro que para el pueblo Garifuna y todos los pueblos indígenas del país, es urgente y necesario un mecanismo de consulta para garantizar la sobrevivencia de nuestros pueblos como cultura diferenciadas. Sin embargo el mecanismo de consulta requiere que refleje la cosmovisión de los pueblos indígenas el espíritu del Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Es de una enorme importancia que el Programa REDD, PNUD y el AVA FLEGT, tomen en cuenta las recomendaciones de la Relatora Tauli-Corpuz, para así lograr que se doten de mecanismos de consulta a los pueblos indígenas, los cuales reflejen las cosmovisiones de los pueblos y estén dirigidos a preservar las culturas y territorios.
Los territorios de los pueblos indígenas en Honduras se han convertido en un objetivo tanto para empresarios, crimen organizado, transnacionales y el mismo estado que a través de las “ciudades modelo” (ZEDE) pretende subastar territorios al capital extranjero.
La bahía de Trujillo se ha convertido en un laboratorio de despojos previos la implementación de la ciudad modelo (ZEDE). El neoclonialismo practicado por un grupo de “empresarios” canadienses, que han impulsado la apropiación territorial y la criminilización de las liderezas Garífunas que se oponen al despojo.
La farsa de la denominada “guerra contra las drogas” ha tenido resultados funestos en Honduras. Mientras la costa norte pasó a manos del crimen organizado, y aparentemente funcionarios de la administración de Porfirio Lobo se aliaron a siniestros personajes asociados con los carteles de las drogas; las comunidades Miskitas y Garífunas fueron satanizadas y perseguidas por las fuerzas de seguridad de honduras asesorada y acompañada por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés).
La masacre en río Patuca, en el municipio de Ahuas, acontecida el 11 mayo de 2012, tuvo como resultados las muertes de Juana Jackson y Candelaria Pratt (ambas estaban embarazadas), el niño Hasked Brooks Wood (14 años) y el joven Emerson Martínez (22 años). En un vídeo divulgado por el New York Times contradice la versión de la DEA de un enfrentamiento con narcotraficantes hondureños https://www.nytimes.com/es/201
En diciembre 28 de 2015, los Garífunas Yosvin Palacio Lino y Elvis Armando García, fueron asesinados en la barra de Iriona, por elementos de la Fuerza Naval, cuando estos atacaron dos vehículos donde se transportaban familias Garífunas que se dirigían de la comunidad de Tocamacho a la ciudad de Tocoa. Los militares en primera instancia adujeron que habían sido atacados por las familias Garífunas, versión que fue desmentida por los testigos de los hechos.
El pasado lunes siete de mayo se dio inicio al juicio oral en contra de diez miembros de la Fuerza Naval implicados en los hechos. Como aparentemente es costumbre en Honduras, las Fuerzas Armadas trataran de proteger a los oficiales enjuiciados y es de temer que la responsabilidad recaerá sobre la tropa que obedeció la cadena de mando.
Demandamos como organización que el estado de Honduras se apegue a derecho en el caso de los jóvenes Garífunas asesinados en Iriona, además que se respete los territorios ancestrales y el derecho a la consulta previa que por presiones del PNUD y el Programa REDD, viene siendo desvirtuado.
A finales del 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condeno al estado de Honduras por la violación a la consulta previa y la identidad cultural de las comunidades Garíiunas de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz. Hasta la fecha el Estado elude el cumplimiento de las sentencias. La OFRANEH exige el cumplimiento de las sentencias por parte del gobierno, y que cese la persecución judicial a Garifunas defensores dela madre tierra.
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
Los informes de diferentes relatores de Naciones Unidas y de ONGs especializadas en la temática de derechos humanos, exponen la grave situación que atravesamos los pueblos indígenas, en Honduras y el grave riesgo que corren las defensoras del la madre tierra.
La reciente absolución del ex alcalde de Intibucá Martiniano Domínguez Meza, por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, en relación al caso de la hidroeléctrica de Agua Zarca, demuestra la capacidad de distorsión del estado de Honduras en relación a la socialización efectuada por la empresa DESA la cual ha sido convertida en consulta previa. El asesinato de Berta Cáceres, sacó a relucir las artimañas a las cuales recurre la élite empresarial y política del país. Hasta la fecha los autores intelectuales del crimen no han sido sindicados; y hasta el momento los militares y sicarios que participaron en el asesinato, son los únicos que permanecen en prisión, a la espera de una supuesta sentencia.
Todo indica que la Consulta Previa, Libre e Informada, consignada en el Convenio 169 de la OIT, es un obstáculo para los planes de “desarrollo” impulsados por las políticas neoliberales. Desde 1995, cuando fue ratificado por Honduras el Convenio 169, el Estado adquirió la obligación de crear un mecanismo de consulta previa, el cual sin embargo ha diluiod sistemáticamente, confundiendo de forma deliberada socialización con consulta previa.
Desde el año 2003, la OFRANEH instó al Estado a efectuar una consulta en relación al anteproyecto de Ley de Propiedad, promovida por el Programa de Administración de Tierras (PATH) en San Juan Tela (Durugubuti), siendo la consulta previa efectuada en septiembre de 2003. La asamblea comunitaria rechazó las versiones de ley presentadas por los representantes del estado, ante el peligro de la disolución de la propiedad comunitaria. Para junio de 2004, el Congreso Nacional aprobó la Ley de Propiedad, la que permite finiquitar la propiedad comunitaria. La OFRANEH llevó el caso ante el Panel de Inspección del Banco Mundial, el cual señaló que el Estado de Honduras no se apegó al Convenio 169, sin embargo la Gerencia del Banco no efectuó ninguna acción en referencia a la Ley de Propiedad.
Es hasta el 2012 que el Estado, presionado por el Programa Reducción de la Deforestación y la Degradación del Bosque (REDD por sus siglas en inglés) inicia los primeros pasos para la creación de una Ley de Consulta. El PNUD en Honduras asume el rol de acompañante, y conjuntamente dan los pasos iniciales en la preparación del propuesta de país en relación a los REDD.
Para el año 2015 tanto la Dirección de Pueblos Indígenas y Afro descendientes (DINAFROH) y la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH) elaboraron sus propios anteproyectos de Ley de Consulta. De igual manera el Observatorio de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Honduras (ODIPINH) concretó una versión de ley. No obstante, el PNUD para el 2016, comienza un proceso de socialización el cual denominó consulta sobre un anteproyecto de ley, elaborado por el consultor peruano Ivan Lanegra, similar a la Ley de Consulta del Perú, la que excluye el consentimiento como parte esencial de la consulta.
Las denuncias interpuestas por organizaciones y comunidades indígenas que no se encuentran bajo la esfera de influencia de la actual dictadura, dieron una alerta sobre la distorsión a la consulta previa, promovida por funcionarios estatales y el PNUD. La relatora de Naciones Unidas para pueblos indígenas, la Sra. Vicky Tauli-Corpuz efectuó una visita al país, en relación a la imposición del anteproyecto elaborado por Ivan Lanegra y la distorsión del espíritu del Convenio 169.
La relatora fue enfática sobre la importancia de la Consulta sobre la Consulta, ademas los tiempos y procedimientos para crear un mecanismo de consulta. Las observaciones adicionales presentada por la relatora en junio del año pasado, han sido ignoradas por el Estado, el que entre otras procedió a a imponer una ley de Incentivos al Turismo sin haber efectuado consulta alguna.
Es claro que para el pueblo Garifuna y todos los pueblos indígenas del país, es urgente y necesario un mecanismo de consulta para garantizar la sobrevivencia de nuestros pueblos como cultura diferenciadas. Sin embargo el mecanismo de consulta requiere que refleje la cosmovisión de los pueblos indígenas el espíritu del Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Es de una enorme importancia que el Programa REDD, PNUD y el AVA FLEGT, tomen en cuenta las recomendaciones de la Relatora Tauli-Corpuz, para así lograr que se doten de mecanismos de consulta a los pueblos indígenas, los cuales reflejen las cosmovisiones de los pueblos y estén dirigidos a preservar las culturas y territorios.
Los territorios de los pueblos indígenas en Honduras se han convertido en un objetivo tanto para empresarios, crimen organizado, transnacionales y el mismo estado que a través de las “ciudades modelo” (ZEDE) pretende subastar territorios al capital extranjero.
La bahía de Trujillo se ha convertido en un laboratorio de despojos previos la implementación de la ciudad modelo (ZEDE). El neoclonialismo practicado por un grupo de “empresarios” canadienses, que han impulsado la apropiación territorial y la criminilización de las liderezas Garífunas que se oponen al despojo.
La farsa de la denominada “guerra contra las drogas” ha tenido resultados funestos en Honduras. Mientras la costa norte pasó a manos del crimen organizado, y aparentemente funcionarios de la administración de Porfirio Lobo se aliaron a siniestros personajes asociados con los carteles de las drogas; las comunidades Miskitas y Garífunas fueron satanizadas y perseguidas por las fuerzas de seguridad de honduras asesorada y acompañada por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés).
La masacre en río Patuca, en el municipio de Ahuas, acontecida el 11 mayo de 2012, tuvo como resultados las muertes de Juana Jackson y Candelaria Pratt (ambas estaban embarazadas), el niño Hasked Brooks Wood (14 años) y el joven Emerson Martínez (22 años). En un vídeo divulgado por el New York Times contradice la versión de la DEA de un enfrentamiento con narcotraficantes hondureños https://www.nytimes.com/es/201
En diciembre 28 de 2015, los Garífunas Yosvin Palacio Lino y Elvis Armando García, fueron asesinados en la barra de Iriona, por elementos de la Fuerza Naval, cuando estos atacaron dos vehículos donde se transportaban familias Garífunas que se dirigían de la comunidad de Tocamacho a la ciudad de Tocoa. Los militares en primera instancia adujeron que habían sido atacados por las familias Garífunas, versión que fue desmentida por los testigos de los hechos.
El pasado lunes siete de mayo se dio inicio al juicio oral en contra de diez miembros de la Fuerza Naval implicados en los hechos. Como aparentemente es costumbre en Honduras, las Fuerzas Armadas trataran de proteger a los oficiales enjuiciados y es de temer que la responsabilidad recaerá sobre la tropa que obedeció la cadena de mando.
Demandamos como organización que el estado de Honduras se apegue a derecho en el caso de los jóvenes Garífunas asesinados en Iriona, además que se respete los territorios ancestrales y el derecho a la consulta previa que por presiones del PNUD y el Programa REDD, viene siendo desvirtuado.
A finales del 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condeno al estado de Honduras por la violación a la consulta previa y la identidad cultural de las comunidades Garíiunas de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz. Hasta la fecha el Estado elude el cumplimiento de las sentencias. La OFRANEH exige el cumplimiento de las sentencias por parte del gobierno, y que cese la persecución judicial a Garifunas defensores dela madre tierra.
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
Un mundo al revés, otra vez
Por: Rodolfo Pastor Fasquelle
Allá
en EUA, que protege al casateniente en la presidencia, atrapan a un
delincuente que había lavado $100 millones robados al Instituto
Hondureño del Seguro Social, L2400 millones que habían aportado, entre
otros, mis empleados, con la esperanza de acceder a buenos servicios y a
una pensión digna al final y la Teniente Coronel Fulton encargada en
Viera nos consuela con un tuit diciendo que no se prestara su país para esa cochinada, digo Gracias a dios por los pequeños favores, como dice un dicho en su lengua, thank god for small favors. Creo son los sefarditas los que dicen que hay épocas en que dios le da la espalda al mundo.
Por
pena ajena. Debe haber sido una barba amarilla (bothrops asper) la que
mató a mi caballo negro a la orilla enmontada del Río Blanco hace unos
días. ¡Tantos años de cuidarlo, por bonito! Vanidad. También sufren por
estrés las bestias. Mi abuelo, en otro tiempo, en el 54 cuando hubo
sequía antes de la llena, compraba pastizales o propiedades en el
interior y se subía a su caballo más brioso y conducía allá sus reses,
dejando muertas a la vera del camino, pero salvando el hato para
regresar después. La época de sequía y calor ha llegado a su momento
culminante, y no tengo alimento en los potreros para los animales, que
me mantienen a salvo la dignidad y la independencia. De modo que tendré
que sacrificar cualquier beneficio para proveérselos en los corrales.
¿Quién sabe qué pasó con un amigo que antes me mandaba heno? ¡Hoy, mi
cooperativa se alegra con venderme más concentrado! No le digo compa. Y
por supuesto, el mundo se voltea al revés.
La
organización política que he impulsado durante años de llanura sin
deuda, única capaz de enfrentar a la dictadura se tambalea ella misma
víctima de las estrategias del enemigo y de las debilidades de los
amigos. Nuestros propios diputados le aceptan al Presidente espurio del
congreso que es fruto de otro fraude dineros de fondos públicos que
justifican los que usa el para su proselitismo al mismo tiempo. Al
Presidente de la Republica no le ha importado ordenar que se dispare
otra vez sobre la gente, no le ha importado la historia, de nuevo. (Juan
Manuel se rehusó a hacerlo.) Y a los esbirros armados de sus jaurías
no les ha importado obedecer la orden criminal. Y dicen que son
criminales los blancos de sus agresiones. Los fiscales acusan a los
perseguidos, los jueces ordenan encarcelar a los desarmados y aunque el
mundo entero ve con escándalo, nadie investiga los asesinatos ni a los
desalmados que se rebajan a disparar contra su propio pueblo. Y
desprecian y marginan y persiguen a los pocos oficiales que protestaron
las órdenes malditas. Y los expulsan. Una cincuentena de ciudadanos
sufre cárcel por decir ya basta.
A
los cobardes nos dejan pasear libres en las calles un poco ahumadas. Y a
los líderes sindicales que les dan reconocimientos a los adláteres del
dictador A la ex primera dama –tan amiga aquí de los invasores y de
otros desarrapados jugadores– ordenan los juzgados devolverle sus bienes
incautados, al menos para que se defienda en libertad, que ya se sabe
que tiene arraigo con su querido Lobo, quien sigue ahí bonito,
calladito, declara que puede aullar. Y yo estoy de acuerdo con que le
devuelvan todo lo que tenía antes del Mitch y no le puedan probar que se
robó, a cuenta de que, aunque no entiendo en calidad de que le podrían
devolver los L.12 millones que dicen que se llevó a su casa tres días
antes de entregar su despacho y que depositó en estos bancos
sinvergüenzas, que después le obligaron a retirarlos y tenía en efectivo
en el Chimbo, guardados cuando la prendieron, que pena.
Mientras
tanto los honorables diputados conspiran para prohibir que nadie los
investigue y nombrar a un fiscal a su gusto, semejanza y conveniencia, y
solicitan declarar inconstitucional un convenio internacional que por
definición está por encima de la constitución y, en todo caso requiere
que ella se adapte, así como antes declararon inconstitucional el propio
texto de la constitución y las reformas que prohibían la candidatura de
los presidentes de los poderes y después la reelección. Todo con el fin
de ahora expulsar o reducir al ridículo de su mínima expresión a una
institución La MACCIH que pedimos y trajimos del exterior para combatir
su corrupción la impunidad. Que es más nuestra que ellos. Y la prensa no
dice nada, tarifada. Ni el clero cómplice. Y los opositores solo se
oponen del diente al labio. Y la gente no cae en cuenta que se le va la
vida en ello. ¡Esta telenovela barata de este estado fallido vergonzoso!
De sociedad corrupta.
Hay
momentos para cada cosa en la vida. Este no es -en la mía- el indicado
para desvariar. Me rodean enfermedades serias que amenazan las vidas y
la calidad de vida de las personas que más quiero. Tengo un puñado de
ellas afligidas por los males del siglo y los de sus respectivas edades y
circunstancias. Y yo mismo padezco una condición que requiere algún
cuidado. Dicen los psicólogos que uno se pone malhumorado con estas
cosas. De repente ¿inventa el agravio? ¿No tendría que quejarme?
Habrá
que sobrevivir en todo caso a la muerte del más querido. Ninguna
amenaza debe hacernos renunciar del deber primario fundamental. Del
ineludible. De seguir ahí. Vivo o muerto. Hasta que voltee otra vez, a
vernos y se compadezca. De sacar fuerza de flaqueza y chito de la res
muerta. Vamos a estar aquí afuera en la intemperie. Bajo este sol
inclemente de mayo. Y nos vamos a purificar en las aguas del mar
salobre. Vamos a sembrar de nuevo al llegar la primavera. Y a injertar
los árboles que no dan fruto. Vamos a seguir enseñando donde nos den un
auditorio que quiera escuchar. Y escribiendo en las páginas virtuales ya
que no quieren imprimir. Y diciendo estas cosas tan sencillas que todos
saben y que sin embargo exigen que se les diga, que se les cuente como
si fuera un cuento, entre gemidos y lamentos, mientras dios regresa.
OACNUDH solicita al Estado de Honduras investigaciones prontas sobre las denuncias de violaciones a los DDHH
Tuesday, 15 May 2018 16:46 Written by Salvador Monroy Published in Contexto
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos en Honduras,(OACNUDH), retrató la situación de los
derechos humanos en Honduras en el año 2017, a través de un informe
donde hizo recomendaciones en temas puntuales como la investigaciones de
las violaciones sufridas por parte de los defensores y defensoras de
los derechos humanos, pueblos indígenas, periodistas, operadores de
justicia, órganos del Estado, estudiantes de la UNAH, mujeres, entre
otros.
El informe ya fue presentado en Ginebra, Suiza, en marzo del presente
año por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, Zeid Ra´ad Al Hussein, ante el Consejo de Derechos Humanos y en
él se resumen las actividades del organismo en Honduras, cuya finalidad
es la de observar la situación de los derechos humanos, informar y
brindar asistencia técnica a las instituciones del Estado y a la
sociedad civil.
En el informe se analizan los avances y desafíos relacionados con la justicia, seguridad, situación de los defensores de los derechos humanos, pueblos indígenas, mujeres, comunidad LGBTI, así como los derechos económicos y sociales, culturales y ambientales.
De acuerdo al informe, las recomendaciones se brindan al Estado, “con el fin de avanzar en el cumplimiento de las obligaciones internacionales de Honduras en materia de derechos humanos”.
En el evento de la presentación del documento a los sectores de la sociedad civil, representantes de la comunidad internacional, Gobierno y organizaciones de los derechos humanos, entre otros, las palabras de bienvenidas estuvieron a cargo de Igor Garafulic, coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en Honduras.
La exposición del informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Honduras, estuvo a cargo de la Representante Adjunta de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, Silvia Lavagnoli.
Protestas
El informe la OACNUDH destaca las violaciones a los derechos humanos en el contexto post electoral, la militarización de la seguridad pública, violencia contra la mujer, la situación de creciente participación de niños y niñas en delitos de “alto impacto, situación de los privados de libertad, la dificultad del acceso a la justicia, especialmente para las personas de las zonas rurales del país, las mujeres, los pueblos indígenas, y afro hondureños y describe lo observado en el caso emblemático de la defensora de los derechos humanos Bertha Cáceres.
Durante el 2017, la OACNUDH pidió que se respeten las protestas pacíficas en los recintos universitarios y recordó a las autoridades universitarias la necesidad de respetar los acuerdos alcanzados con los estudiantes en el 2016, indica el informe.
A continuación, www.pasosdeanimalgrande.com le da a conocer las recomencaciones de la OACNUDH en el informe dado a conocer a todos los sectores y a la prensa nacional e internacional en particular.
Recomendaciones
Contexto post electoral
Al tiempo que reitera las recomendaciones anteriores, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos insta al Gobierno y / o a las instituciones a:
A-. Llevar a cabo investigaciones prontas, efectivas, independientes y transparentes sobre las denuncias de violaciones de los derechos humanos llevadas a cabo por miembros de las fuerzas de seguridad en el contexto de las protestas postelectorales; y garantizar la rendición de cuentas y que las víctimas tengan acceso a un recurso efectivo y una reparación;
B.- Llevar a cabo con urgencia una evaluación de las normas de enfrentamiento y asegurar que todo uso de la fuerza se desarrolle en sujeción a los estándares internacionales, en particular las normas sobre la orden de fuego; al mismo que asegurar que todo uso desproporcionado de la fuerza letal esté sujeto a la plena y pública rendición de cuentas;
C.- Comprometerse a desarrollar un diálogo nacional participativo sobre las reformas que promuevan el desarrollo, los derechos humanos y la reconciliación, teniendo también debidamente en cuenta las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación formuladas en su informe de 2011.
Pobreza y problemas económicos y sociales
A) Intensificar los esfuerzos para luchar contra la pobreza, en particular contra la extrema pobreza, prestando la debida atención a las diferencias y brechas entre las zonas urbanas y rurales; y asegurar una financiación adecuada para la realización de los derechos económicos y sociales;
B) Adoptar las medidas necesarias para garantizar un acceso justo a la tierra y a los recursos naturales, incluida la salvaguardia de los derechos de los pequeños agricultores a la tierra en particular, prestando la debida atención a eliminar la discriminación contra las mujeres y los pueblos indígenas; adoptar medidas efectivas para evitar los desalojos forzosos y, cuando sean inevitables, mitigar sus efectos, y revisar los procedimientos relacionados para que estén de conformidad con las normas de derechos humanos;
C) Velar por que la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, en coordinación con el poder judicial, ejerza plenamente su mandato de monitorear las condiciones de empleo e imponga sanciones cuando se infrinjan los derechos laborales;
D) Adoptar una política o un plan para orientar a las empresas sobre sus responsabilidades en materia de derechos humanos a fin de velar por que el sector privado actúe con debida diligencia y evalúe las repercusiones de sus actividades en los derechos humanos.
Seguridad y justicia
A) Diseñar e implementar un plan de seguridad que permita avanzar rápidamente hacia la desmilitarización de las funciones de control de orden público, fortalezca la transparencia en materia de defensa y seguridad, incluso desde el punto de vista presupuestario, y garantice el desarrollo de una policía civil profesional y responsable, adecuadamente aprobada y entrenada;
B) Velar por que la legislación nacional se apruebe o revise en consonancia con las normas de derechos humanos y otras normas de derecho internacional, dando prioridad a las áreas como el uso de la fuerza, el crimen organizado, el control de las armas de fuego y las municiones y la reglamentación de las empresas de seguridad privada; reformar la legislación relacionada con el terrorismo, y derogar los artículos 335 y 335 B del Código Penal;
C) Priorizar las intervenciones que prevengan la violencia y aborden sus causas estructurales, incluyendo en relación con los niños y niñas en conflicto con la ley; favorecer el recurso a las medidas alternativas a la detención; aumentar los recursos asignados al sistema de justicia juvenil, y mejorar las condiciones en los centros donde los niños y niñas son privados de libertad;
D) Armonizar las condiciones penitenciarias con las normas internacionales y promover políticas y programas que favorezcan la rehabilitación de las personas privadas de libertad y su reinserción;
E) Diseñar programas que combatan eficazmente la impunidad y promuevan el acceso a la justicia, con especial atención a las mujeres, las personas que viven en la pobreza, los pueblos indígenas y otros grupos marginados; incrementar los programas de asistencia jurídica gratuita, y asegurar dicha asistencia esté disponible de manera inmediata, en especial para personas privadas de libertad;
F) Revisar las competencias y responsabilidades de investigación de las oficinas estatales, entre ellas la dependencia especializada encargada de la Policía Militar del Orden Público y la Fiscalía de Derechos
Humanos, y promover la rendición de cuentas del sector de seguridad y el sector de la justicia;
G) Elaborar un plan integral de reforma del sector de la justicia que corrija sus problemas estructurales, comenzando por fortalecer su sistema de independencia y de carrera profesional.
Espacio democrático
Al tiempo que reitera las recomendaciones anteriores, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos insta al Gobierno y/o a las instituciones a reconocer el papel de los defensores de los derechos humanos y la importancia de su labor, adoptar medidas concretas para mejorar la investigación y el enjuiciamiento de los delitos cometidos contra defensores de los derechos humanos y fortalecer el Mecanismo Nacional de Protección.
Pueblos indígenas
Al tiempo que reitera las recomendaciones anteriores, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos insta al Gobierno y/o a las instituciones a reformar o adoptar los marcos jurídicos y elaborar políticas adecuadas para proteger los derechos de los pueblos indígenas; dar prioridad al derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, y redoblar los esfuerzos en lo relativo de la delimitación, demarcación, registro, ampliación y mejora de las tierras indígenas.
Violencia contra la mujer y violencia de género
Al tiempo que reitera las recomendaciones anteriores, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos insta al Gobierno y/o a las instituciones a adoptar medidas concretas para eliminar la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, incluyendo a través de medidas para combatir la violencia; y asegurar investigaciones rápidas y eficaces y el enjuiciamiento de los delitos cometidos contra las mujeres y las personas LGBTI.
En el informe se analizan los avances y desafíos relacionados con la justicia, seguridad, situación de los defensores de los derechos humanos, pueblos indígenas, mujeres, comunidad LGBTI, así como los derechos económicos y sociales, culturales y ambientales.
De acuerdo al informe, las recomendaciones se brindan al Estado, “con el fin de avanzar en el cumplimiento de las obligaciones internacionales de Honduras en materia de derechos humanos”.
En el evento de la presentación del documento a los sectores de la sociedad civil, representantes de la comunidad internacional, Gobierno y organizaciones de los derechos humanos, entre otros, las palabras de bienvenidas estuvieron a cargo de Igor Garafulic, coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en Honduras.
La exposición del informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Honduras, estuvo a cargo de la Representante Adjunta de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, Silvia Lavagnoli.
Protestas
El informe la OACNUDH destaca las violaciones a los derechos humanos en el contexto post electoral, la militarización de la seguridad pública, violencia contra la mujer, la situación de creciente participación de niños y niñas en delitos de “alto impacto, situación de los privados de libertad, la dificultad del acceso a la justicia, especialmente para las personas de las zonas rurales del país, las mujeres, los pueblos indígenas, y afro hondureños y describe lo observado en el caso emblemático de la defensora de los derechos humanos Bertha Cáceres.
Durante el 2017, la OACNUDH pidió que se respeten las protestas pacíficas en los recintos universitarios y recordó a las autoridades universitarias la necesidad de respetar los acuerdos alcanzados con los estudiantes en el 2016, indica el informe.
A continuación, www.pasosdeanimalgrande.com le da a conocer las recomencaciones de la OACNUDH en el informe dado a conocer a todos los sectores y a la prensa nacional e internacional en particular.
Recomendaciones
Contexto post electoral
Al tiempo que reitera las recomendaciones anteriores, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos insta al Gobierno y / o a las instituciones a:
A-. Llevar a cabo investigaciones prontas, efectivas, independientes y transparentes sobre las denuncias de violaciones de los derechos humanos llevadas a cabo por miembros de las fuerzas de seguridad en el contexto de las protestas postelectorales; y garantizar la rendición de cuentas y que las víctimas tengan acceso a un recurso efectivo y una reparación;
B.- Llevar a cabo con urgencia una evaluación de las normas de enfrentamiento y asegurar que todo uso de la fuerza se desarrolle en sujeción a los estándares internacionales, en particular las normas sobre la orden de fuego; al mismo que asegurar que todo uso desproporcionado de la fuerza letal esté sujeto a la plena y pública rendición de cuentas;
C.- Comprometerse a desarrollar un diálogo nacional participativo sobre las reformas que promuevan el desarrollo, los derechos humanos y la reconciliación, teniendo también debidamente en cuenta las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación formuladas en su informe de 2011.
Pobreza y problemas económicos y sociales
A) Intensificar los esfuerzos para luchar contra la pobreza, en particular contra la extrema pobreza, prestando la debida atención a las diferencias y brechas entre las zonas urbanas y rurales; y asegurar una financiación adecuada para la realización de los derechos económicos y sociales;
B) Adoptar las medidas necesarias para garantizar un acceso justo a la tierra y a los recursos naturales, incluida la salvaguardia de los derechos de los pequeños agricultores a la tierra en particular, prestando la debida atención a eliminar la discriminación contra las mujeres y los pueblos indígenas; adoptar medidas efectivas para evitar los desalojos forzosos y, cuando sean inevitables, mitigar sus efectos, y revisar los procedimientos relacionados para que estén de conformidad con las normas de derechos humanos;
C) Velar por que la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, en coordinación con el poder judicial, ejerza plenamente su mandato de monitorear las condiciones de empleo e imponga sanciones cuando se infrinjan los derechos laborales;
D) Adoptar una política o un plan para orientar a las empresas sobre sus responsabilidades en materia de derechos humanos a fin de velar por que el sector privado actúe con debida diligencia y evalúe las repercusiones de sus actividades en los derechos humanos.
Seguridad y justicia
A) Diseñar e implementar un plan de seguridad que permita avanzar rápidamente hacia la desmilitarización de las funciones de control de orden público, fortalezca la transparencia en materia de defensa y seguridad, incluso desde el punto de vista presupuestario, y garantice el desarrollo de una policía civil profesional y responsable, adecuadamente aprobada y entrenada;
B) Velar por que la legislación nacional se apruebe o revise en consonancia con las normas de derechos humanos y otras normas de derecho internacional, dando prioridad a las áreas como el uso de la fuerza, el crimen organizado, el control de las armas de fuego y las municiones y la reglamentación de las empresas de seguridad privada; reformar la legislación relacionada con el terrorismo, y derogar los artículos 335 y 335 B del Código Penal;
C) Priorizar las intervenciones que prevengan la violencia y aborden sus causas estructurales, incluyendo en relación con los niños y niñas en conflicto con la ley; favorecer el recurso a las medidas alternativas a la detención; aumentar los recursos asignados al sistema de justicia juvenil, y mejorar las condiciones en los centros donde los niños y niñas son privados de libertad;
D) Armonizar las condiciones penitenciarias con las normas internacionales y promover políticas y programas que favorezcan la rehabilitación de las personas privadas de libertad y su reinserción;
E) Diseñar programas que combatan eficazmente la impunidad y promuevan el acceso a la justicia, con especial atención a las mujeres, las personas que viven en la pobreza, los pueblos indígenas y otros grupos marginados; incrementar los programas de asistencia jurídica gratuita, y asegurar dicha asistencia esté disponible de manera inmediata, en especial para personas privadas de libertad;
F) Revisar las competencias y responsabilidades de investigación de las oficinas estatales, entre ellas la dependencia especializada encargada de la Policía Militar del Orden Público y la Fiscalía de Derechos
Humanos, y promover la rendición de cuentas del sector de seguridad y el sector de la justicia;
G) Elaborar un plan integral de reforma del sector de la justicia que corrija sus problemas estructurales, comenzando por fortalecer su sistema de independencia y de carrera profesional.
Espacio democrático
Al tiempo que reitera las recomendaciones anteriores, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos insta al Gobierno y/o a las instituciones a reconocer el papel de los defensores de los derechos humanos y la importancia de su labor, adoptar medidas concretas para mejorar la investigación y el enjuiciamiento de los delitos cometidos contra defensores de los derechos humanos y fortalecer el Mecanismo Nacional de Protección.
Pueblos indígenas
Al tiempo que reitera las recomendaciones anteriores, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos insta al Gobierno y/o a las instituciones a reformar o adoptar los marcos jurídicos y elaborar políticas adecuadas para proteger los derechos de los pueblos indígenas; dar prioridad al derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, y redoblar los esfuerzos en lo relativo de la delimitación, demarcación, registro, ampliación y mejora de las tierras indígenas.
Violencia contra la mujer y violencia de género
Al tiempo que reitera las recomendaciones anteriores, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos insta al Gobierno y/o a las instituciones a adoptar medidas concretas para eliminar la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, incluyendo a través de medidas para combatir la violencia; y asegurar investigaciones rápidas y eficaces y el enjuiciamiento de los delitos cometidos contra las mujeres y las personas LGBTI.
Traslado de Jerusalén a capital de Israel deja "asesinatos en masa, ocupación y guerra"
Hasta
ayer lunes, las numerosas protestas y enfrentamientos entre palestinos y
fuerzas de seguridad de Israel en la frontera entre la Franja de Gaza,
han dejado 59 palestinos muertos y alrededor de 2.770 heridos, ha
informado la prensa internacional como este amplio artículo de RT que
reproduce EL LIBERTADOR.
La
política de Donald Trump en Oriente Medio se ha convertido en "una
locura absoluta", opina un analista a raíz de la reciente inauguración
de la embajada estadounidense en Jerusalén, acción que en la ONU
lamentablemente también apoyó el gobierno de Honduras.
Agencias / EL LIBERTADOR
La
inauguración este lunes de la embajada de Estados Unidos en Jerusalén
se ha visto envuelta de "un grotesco bautismo de asesinatos de
palestinos, anunciando una guerra más amplia en Oriente Medio", escribe
en un artículo para RT el analista internacional Finian Cunningham. "La
decisión de Trump […] no pudo haber sido más provocadora y criminal",
recalca Cunningham.
El
analista recuerda que el acto de apertura de la embajada de EE.UU. en
Jerusalén coincidió con el aniversario de la Nakba (Día de la
Catástrofe, en árabe), una jornada de luto nacional entre los palestinos
en la que se conmemora la expulsión de la población palestina de sus
hogares a consecuencia del nacimiento del Estado de Israel en 1948. Para
Cunningham este hecho demuestra el "descarado apoyo del Gobierno de
Estados Unidos a la violencia israelí" y cómo el país norteamericano
consiente la ocupación israelí del territorio palestino.
Asimismo,
señala que la indiferencia de la mayoría de estados europeos favorece
que la región se sumerja en un "baño de sangre". A todo esto debemos
sumar la polémica retirada de EE.UU. —también promovida por el
presidente estadounidense— del Plan Integral de Acción Conjunta (JCPOA,
por sus siglas en inglés), el histórico acuerdo nuclear con Irán, a
pesar del esfuerzo diplomático del resto de potencias integrantes de
dicha alianza internacional para intentar evitar la salida de EE.UU.
Ambas decisiones auguran un futuro cercano poco esperanzador para una
región que en las últimas décadas se ha caracterizado por su
inestabilidad política, señala el analista.
1995, ORIGEN DEL TRASLADO
Cunningham
explica que lo que el presidente de EE.UU., Donald Trump, definió como
"un reflejo de la realidad", es el resultado de una decisión tomada por
Washington en 1995, la llamada Ley de la Embajada en Jerusalén, aprobada
durante la legislatura de Bill Clinton y cuya aplicación decidieron
retrasar tanto George W. Bush como Barack Obama e incluso el propio
Clinton, alegando que dicha medida dependía del progreso de las
conversaciones de paz.
En
opinión de Cunningham, "Estados Unidos respalda abiertamente la
conquista israelí del territorio palestino y la opresión de los
palestinos", en lugar de ejercer como mediador entre las dos partes,
papel que asegura llevar a cabo, indica el analista. Del mismo modo,
señala que la decisión de EE.UU. fue aplaudida por el primer ministro
israelí, Benjamin Netanyahu, que dio las gracias a Trump por "hacer que
Israel vuelva a ser grande", instando a otras naciones a hacer lo
propio, afirmando que la reubicación de sus embajadas de Tel Aviv a
Jerusalén contribuiría con la paz en la región.
El
artículo critica a Europa, "que se ha atado demasiado tiempo al
naufragio que es la política de EE.UU. en Oriente Medio", comience a
alejarse de Estados Unidos y lleve a cabo una política exterior
independiente, que debe basarse en un proceso de paz que asegure los
derechos de los palestinos, así como en la oposición a los intentos
estadounidenses de acabar con el acuerdo nuclear con Irán,"antes de que
sea demasiado tarde".
CONSECUENCIAS TRÁGICAS
Las
numerosas protestas y enfrentamientos entre palestinos y fuerzas de
seguridad en la frontera entre la Franja de Gaza e Israel han dejado 59
palestinos muertos y alrededor de 2.770 heridos.
El
pasado 30 de marzo miles de palestinos se reunieron a lo largo de la
frontera entre la Franja de Gaza e Israel para participar en la
denominada Gran Marcha del Retorno, que se espera que dure alrededor de
siete semanas.
Se
estima que, de los dos millones de personas que conforman la actual
población de Gaza, alrededor del 70% desciende de refugiados que fueron
desplazados por colonos israelíes en 1948 y 1967. Asimismo, la mitad de
los habitantes de la zona, que tienen que vivir sin apenas agua potable o
electricidad, tiene menos de 18 años.
Ante la crisis civilizatoria, Marx recupera mayor actualidad
Tomado de SputnikNews
El
filósofo alemán, de cuyo nacimiento se celebran 200 años este 5 de
mayo, habló poco sobre México, pero su influencia se extiende hasta el
día de hoy, señaló a Sputnik José Guadalupe Gandarilla, investigador de
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Las
referencias de Carlos Marx a México fueron escasas y en algunos casos
“no favorables”, señala José Guadalupe Gandarilla, del Centro de
Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la
UNAM.
“Como
hombre del siglo XIX, a diferencia de otros grandes pensadores, nunca
visitó América Latina, el único viaje que hizo fue hacia Argel, que fue
quizás su única vinculación existencial con el Tercer Mundo, aunque en
su época tardía sí se permitió un acercamiento más crítico respecto a
las zonas coloniales”, señala Gandarilla.
Marx
se ocupó del país norteamericano en tres o cuatro ocasiones, sobretodo
en sus artículos periodísticos, que no eran los más sistemáticos,
comenta el investigador. Se trataba de notas para el New York Daily
Tribune. Para Gandarilla, esta fue una etapa temprana del pensamiento
marxista, en artículos que no eran estudios profundos sobre la realidad
mexicana, pero a partir de 1857, cuando su trabajo madura, empieza a
tomar en cuenta los aspectos del colonialismo.
Desde
el punto de vista de la influencia de su obra en América Latina y
México, sus escritos llegaron al Nuevo Continente con los viajeros
europeos, a fines del siglo XIX y comienzos del XX. En ese momento, los
planteamientos de Marx y Federico Engels empiezan a adecuarse “a
realidades de zonas del mundo atrapadas por la lógica de un capitalismo
mundial, que viven el proceso del colonialismo, sociedades agrarias con
primeras instrumentaciones de la industria manufacturera. Esos
campesinos que luchan en esos momentos de fines del siglo XIX y
principios del XX procesan la influencia de Marx como la de otras ideas,
como las del socialismo utópico y los anarquistas”.
Uno
de los primeros propagadores de las ideas marxistas es el griego
Plotino Rhodakanaty, “con un lenguaje muy local de ciertos comités
agrarios”, luego el marxismo agarra fuerza con el inicio de la
Revolución Mexicana (1910), más tarde con la fundación del Partido
Comunista en los años 30, y luego, con una visión más humanista, como se
expresa en autores como José Revueltas.
Pero
lo fundamental, para Gandarilla, es que México se convierte en un lugar
de “desarrollo de un marxismo más serio, con una vinculación hacia la
vida académica de investigación, en los años 80 y 90, lo que se ha dado
en llamar el marxismo académico”.
“Marx
decía que los alemanes piensan la revolución cuando en otras plazas,
como los franceses, llevan a cabo la revolución”, recuerda Gandarilla.
En el caso de México, muchos investigadores de la ciencia social y la
filosofía cercanos al marxismo “están pensando la revolución que se está
desarrollando en otras plazas de América Latina, aunque quizás la
coyuntura nos alcance en algún momento”.
Nota relacionada 200 años del nacimiento de Carlos Marx
Para
Gandarilla, el pensamiento de Marx tiene en México un gran despliegue
porque justamente es el mayor crítico del proceso capitalista, entendido
como proceso capitalista mundial”. En este sentido, “México es una
plaza donde se ha desarrollado el capitalismo en sus formas no solo las
más brutales con el despliegue de la violencia, de polarización,
concentración del ingreso, sostenimiento de una desigualdad persistente,
con capitalistas de talla mundial, en las telecomunicaciones, en lo
energético, el petróleo, la industria automotriz. Este capitalismo ha
significado un desarrollo del pensamiento de Marx en esos planos, y en
aquellos núcleos sociales comunitarios en donde se oponen al capitalismo
estrategias y planos de discusión muy importantes”.
De
esta manera, hay una variedad de formas de recuperar el pensamiento de
Marx, “pero no un marxismo dogmático, sino con un despliegue del
conocimiento, de la crítica de la economía política, de la filosófica,
con los rigores más avanzados. Eso ha significado que el pensamiento de
Marx esté muy presente en el medio mexicano”.
Para
Gandarilla, las principales categorías del autor de El Capital y el
Manifiesto Comunista siguen siendo “fundamentales para entender la
realidad histórica del capitalismo”, y en especial del mexicano, “que
comparte fronteras con el país hegemónico del imperialismo mundial”.
“Las categorías de acumulación, los procesos de concentración y
centralización del capital, el desarrollo de las fuerzas productivas, se
expresan claramente en México”.
Karl Marx a 200 años: ¿Y qué es la economía?
Por: Juan J. Paz y Miño Cepeda/REDH-Cuba
Karl
Marx fue un erudito investigador, que supo combinar la economía y la
historia como ejes para la elaboración de su teoría. Remontándose a los
orígenes y primeros tiempos de la humanidad comprendió que el hombre
tuvo que ocuparse de producir bienes para satisfacer sus necesidades y
poder sobrevivir.
Con
el desarrollo de las fuerzas productivas, los seres humanos
diversificaron inevitablemente sus actividades y las relaciones sociales
fueron complicándose. En cierto momento, esa complejidad provocó el
surgimiento de clases sociales, con diferenciaciones jerárquicas,
apropiación de riquezas por una élite dominante y explotación de otros
grupos humanos mediante la esclavitud o la servidumbre.
Sobre
esa base histórica, Marx encontró un hecho fundamental: por debajo de
los fenómenos políticos, religiosos, clasistas o estatales estaba la
economía. Y, con ello, formuló una tesis hasta entonces no destacada por
otros investigadores: “la anatomía de la sociedad civil hay que
buscarla en la economía política”, porque “el modo de producción de la
vida material condiciona el proceso de la vida social, política y
espiritual, en general”.
La convalidación del marxismo abre en América Latina un nuevo momento para el desarrollo creador de la doctrina de Marx.
Esta
tesis de Marx fue expuesta en su genial Prólogo de la Contribución a la
Crítica de la Economía Política. Pese a su claridad, muchos marxistas
no la comprendieron, al punto de considerar que solo la economía es la
única determinante de las otras esferas sociales. Por eso Engels debió
aclarar el asunto una y otra vez, insistiendo en que la economía solo es
determinante en última instancia.
Marx
recurrió, además, a la metáfora de un edificio, para puntualizar que la
economía es la base sobre la cual se levanta la superestructura
jurídica, política e ideológica de la sociedad. Ello también ha generado
confusiones, porque los términos “base” y “superestructura” no son
categorías teóricas poseedoras de un contenido científico, a pesar de
que el propio Marx insistió en esa imagen: “al cambiar la base
económica, se revoluciona, más o menos rápidamente, toda la inmensa
superestructura erigida sobre ella”, escribió.
El materialismo marxista,
como posición filosófica, inauguró otra forma de ver el mundo, que Marx
igualmente resumió: “No es la conciencia del hombre la que determina su
ser sino, por el contrario, es el ser social el que determina su
conciencia”. Ese ser social es la economía. Y nuevamente Engels insistió
en que el régimen económico determina el contenido general,
el origen de los procesos jurídicos, políticos, ideológicos, etc.; pero
en muchos casos, el modo en que surgen los conceptos espirituales de la
sociedad, la forma de las teorías filosóficas, ideas religiosas, etc.,
están determinados por la propia conciencia social.
Lo
económico no determina cada minucia histórica ni cada hecho particular,
sino los contenidos más amplios, generales, de largo plazo. Tampoco
cada hecho económico es el desencadenante de los procesos ni el
determinante de las esferas sociales. Para Marx, el modo de producción
de la vida material es el determinante social, el condicionante del
“edificio”, un concepto asimilable al de sistema económico que hoy
utilizan los economistas, pero que tiene otro ámbito, pues se refiere a
una especial conjunción entre fuerzas productivas y relaciones de
producción.
Marx
reconoce que en la historia humana, la que estudió con mayor
profundidad y en la que predomina Europa -eran escasos sus conocimientos
sobre América Latina- se han sucedido distintos modos de producción,
aunque se interesó por estudiar solo uno: el modo de
producción capitalista.
El
marxismo convoca al estudio y la investigación permanentes. No en balde
lo definía Lenin como una guía para la acción y un método para el
estudio.
Al
poner en claro la interconexión de los sucesos y al descubrir su raíz
económica determinante, es posible definir el curso general del proceso
histórico, que obra como una ley social, es decir, como una tendencia, y
no como una ley física. Quizás podría asimilarse a lo que hoy es común
entre las ciencias sociales, y particularmente en la economía, cuando se
trazan probables evoluciones sobre bases matemáticas, estadísticas
y análisis socio-situacional, bajo la condición ceteris paribus, es
decir, si las realidades estudiadas no cambian.
Solo
que para Marx el asunto va mucho más lejos: es posible descubrir
las leyes-tendenciales de la sociedad, que actúan a largo tiempo, solo
sobre la base de las investigaciones más rigurosas y pacientes.
En
otras palabras, no puede deducirse a priori lo que ocurre en la
sociedad, no pueden entenderse sus lógicas ni sus mecanismos, ni sus
últimas determinantes, si no se realiza la investigación más rigurosa y
constante de la realidad, sujetándose a su materialidad empírica, y no a
un hecho o proceso, sino al conjunto de los hechos y los procesos
sociales.
El
marxismo deviene así una teoría que convoca al estudio y a la
investigación permanentes. No en balde lo definía Lenin como
una guía para la acción y un método para el estudio. Y el propio Marx,
al percatarse de la charlatanería y el dogmatismo de aquellos jóvenes
que creían ser algo muy poderoso siguiendo su doctrina -pero sin tener
en cuenta o estudiar la historia concreta- llegó a decir “todo lo que sé
es que yo no soy marxista”.
Ahora
bien, ser marxista tampoco asegura que la realidad sea descubierta en
sus últimos determinantes y es posible cometer errores de
interpretación. La rigurosidad tampoco es un patrimonio de los
marxistas, de modo que hay investigadores no-marxistas que han realizado
descubrimientos y aportes fundamentales a la comprensión de las
sociedades del pasado o las del presente.
Los
primeros partidos marxistas de América Latina (el pionero fue el
Partido Socialista de Argentina, fundado en 1895 por Juan B. Justo,
quien tradujo El Capital; en Ecuador el Partido Socialista surgió en
1926 y el Comunista en 1931), y los intelectuales marxistas de inicios
del siglo XX movilizaron la teoría e interpretaron las realidades de su
tiempo, procurando comprenderlas para trazar las líneas revolucionarias.
Sin embargo, a raíz de la Revolución Rusa (1917), la III Internacional
Comunista (Komintern, 1919) y luego la era de Stalin (1924-1953), los
partidos comunistas latinoamericanos siguieron las directrices oficiales
de la URSS, lo cual dogmatizó al marxismo.
Aun
así, pensadores como el peruano José Carlos Mariátegui (1894-1930)
realizaron aportes renovadores al marxismo, como la atención al mundo
andino indígena que Marx no conocía. De aquella época al presente, los
estudios marxistas avanzaron en todos los países latinoamericanos. En
la década de 1970, y hasta mediados de los 80, tales estudios despegaron
como nunca antes, a tal punto que los ejes intelectuales de la ciencia
social de la región pasaban por la afinidad u oposición a la teoría
marxista.
Las
nuevas realidades que vive la región requieren de otras visiones
marxistas, distantes de las heredadas de los partidos clásicos,
reliquias del pasado.
El
contraste llegó con el derrumbe mundial del socialismo, que provocó una
verdadera debacle del marxismo y de los partidos marxistas a partir de
1990. Sin embargo, fue el ciclo de los gobiernos progresistas,
democráticos y de nueva izquierda el que propició su renacimiento.
Paradójicamente
sectores del izquierdismo partidista tradicional y del marxismo, que
encontraron un espacio de expresión que no tuvieron en las décadas
finales del siglo XX, pasaron a ser fuerzas de oposición a esos
gobiernos, a tal punto que en Ecuador surgió un marxismo
pro-bancario inédito en la historia latinoamericana, al apoyar, en 2017,
la candidatura presidencial de un multimillonario ex banquero, con el
exclusivo argumento de que era necesario derrotar al “correísmo”,
considerado como “enemigo fundamental”.
Más
allá de estos episodios de coyuntura, la convalidación del marxismo
abre en América Latina un nuevo momento para el desarrollo creador de la
doctrina de Marx, que tiene la posibilidad de hacer énfasis en la
investigación, la discusión teórica y el análisis académico. Las nuevas
realidades que vive la región requieren de otras visiones marxistas, que
no pudieron desarrollar sus adeptos tradicionales y que ya están lejos
de los partidos clásicos que quedaron como reliquias de un pasado que
necesariamente debió ser superado.
