Grupos fácticos continúan empeñados en imponer ilegalmente una dictadura política, económica y militar en Honduras
Así lo expresaron durante una conferencia de prensa que ofrecieron a los medios nacionales e internacionales en la sede del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh).
A continuación el posicionamiento de la Convergencia contra el Continuismo
Convergencia Contra el Continuismo Posicionamiento y demandas
1. Los grupos fácticos de poder, liderados por el Partido Nacional continúan empeñados en imponer ilegalmente una dictadura política, económica y militar en Honduras, la cual en nombre de un inexistente Estado de Derecho ha impedido por la violencia, elegir un gobierno que emane de la voluntad soberana del pueblo expresado en el sufragio secreto y universal. Para imponerse, han contado con la intervención del imperio gringo permitiendo con ello violar el principio de autodeterminación de los pueblos.
2. Ratificamos el rechazo y repudio al régimen que preside Juan Orlando Hernández por inconstitucional, ilegal, ilegítimo, violador de los derechos humanos y responsable directo del asesinato y encarcelamiento de compatriotas que no han hecho otra cosa que ejercer su Derecho a protestar pública y pacíficamente, en contra del fraude electoral y defender el derecho colectivo de aspirar a vivir en Democracia.
3. De igual manera, señalamos directamente al régimen de Juan Orlando Hernández como responsable del alto nivel de concentración de la riqueza, de ser el país más pobre del continente, de la ausencia de reforma agraria, del desempleo de millones de compatriotas, del empleo precario, de la migración masiva por el miedo, la inseguridad y la pérdida creciente de oportunidades para sobrevivir dentro del territorio nacional y de la represión ejercida permanentemente sobre mujeres y jóvenes.
4. Asimismo, responsabilizamos al régimen dictatorial de Juan Orlando Hernández de facilitar la decisión de Donald Trump, de cancelar el TPS a cerca de 60 mil compatriotas que residen en Estados Unidos, contribución manifiesta que se basó en el lobby y publicidad oficial, para lograr el reconocimiento del régimen. Para ello publicitaban que en Honduras se respetan los derechos humanos, que la violencia y desempleo no solo han disminuido, sino que la sociedad y especialmente la juventud goza de oportunidades para avanzar hacia “una vida mejor”. Esta publicidad mentirosa y cínica condena a que decenas de miles de compatriotas regresen a nuestro territorio convertido en un auténtico infierno económico, social y político.
5. De igual manera, condenamos al actual régimen por continuar profundizando el modelo neo liberal, que genera más atraso y dependencia, al privatizar los servicios públicos y concesionar los bienes comunes. La industria extractiva actualmente confronta a comunidades con grandes empresarios que disponen de todos los cuerpos armados del Estado para proteger sus proyectos de despojo y reprimir a los sectores que defienden su territorio y bienes comunes. Esas poblaciones están en alta peligrosidad tanto por la represión, criminalización y muerte de parte de los cuerpos armados como de la institucionalidad judicial que el régimen ha puesto, sin piedad, al servicio del empresariado oligárquico, aliado menor que recibe las migajas de las transnacionales extractivas.
6. Frente a este marco de imposición dictatorial para beneficio de unos pocos y del imperio de Estados Unidos, como Convergencia Contra el Continuismo sostenemos, con firmeza, en esta coyuntura, las siete demandas siguientes:
1. Respuesta urgente a situación de Derechos Humanos en tres niveles:
a) Con el auspicio de la ONU conformar una Comisión de investigación independiente, que a partir del informe del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, en un tiempo no mayor de seis meses, presente un informe al Ministerio Público con responsables de asesinatos y heridos tras la crisis post electoral, con el fin de que este ente del Estado gire de inmediato los requerimientos fiscales respectivos.
b) Liberar a los compatriotas presos arbitrariamente por su decisión de haber manifestado públicamente su rechazo y reclamo en defensa de los derechos políticos contra el fraude electoral y por lo cual los reivindicamos como presos políticos.
c) Atender humanitariamente a familiares de mártires y de presos políticos.
2. Desmilitarizar la seguridad pública, la institucionalidad y los territorios donde se impone el modelo extractivista de los bienes naturales.
3. Avanzar en la lucha contra la corrupción y la impunidad en los casos más emblemáticos como son el Seguro Social, Bertha Cáceres y Salud Pública.
4. Declarar de PLENO DERECHO la nulidad de las elecciones del 26 de noviembre de 2017 por dos hechos: a) fraude materializado en la Ilegal reelección de Juan Orlando Hernández por su inconstitucionalidad; b) resultados electorales fraudulentos que impiden la legalidad y legitimidad de quien se ha impuesto como ganador a través de un golpe de Estado por la vía electoral.
5. Para superar esa crisis de ilegalidad, ilegitimidad y falta de institucionalidad, se deben buscar y aprobar mecanismos necesarios que legalicen convocatoria adelantada de elecciones generales (no estilo Honduras), como primer paso para el retorno al Orden Constitucional
6. Bajo auspicio de la ONU, iniciar Diálogo Nacional convocado y conducido por el nuevo gobierno, para definir prioridades de políticas públicas que garanticen desarrollo, soberanía y gobernabilidad, para romper con el actual modelo concentrador de la riqueza, que precariza el trabajo, niega la reforma agraria, privatizador y extractivista de los bienes comunes y públicos.
7. Culminar el proceso de Diálogo Nacional con el acuerdo de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente Originaria que ratifique que Honduras ingresa al escenario de la estabilidad social, paz duradera y camino para empezar a superar el atraso y dependencia, imposible sin la unión regional como lo concibieron los próceres de nuestra independencia.
Llamamos al pueblo hondureño a apoyar este posicionamiento y a sumarse a las acciones en torno a la liberación de los presos políticos.
CONVERGENCIA CONTRA EL CONTINUISMO
Honduras., 08 de mayo de 2018
“Esta lucha es por todos los presos políticos del país” Edwin Espinal
Tegucigalpa, Honduras. – Con
115 días recluido en una cárcel de máxima seguridad, sin visita de sus
familiares, atención médica debida, agua potable, ni la luz del sol, es
la situación del defensor de derechos humanos y ahora preso político
Edwin Rovelo Espinal.
Los muros de la cárcel conocida como “La
Tolva”, en Morocelí, El Paraíso, donde la temperatura del sol supera
los 30 grados centígrados, se han convertido en una barrera impenetrable
para la justicia.
Edwin Espinal es un defensor de derechos
humanos que desde el 2010 ha gozado de Medidas Cautelares otorgadas por
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido a su
situación de vulnerabilidad al ser parte del Frente Nacional de
Resistencia Popular (FNRP), en el marco del golpe de Estado del 2009.
El juez Claudio Aguilar, quien conoce el caso, envió a prisión a Espinal el pasado 20 de enero mediante una resolución no apegada a derecho en virtud de que el Ministerio Público, representado por el fiscal Juan Carlos Elvir, no pudo acreditar ni el mínimo indicio racional de participación en el delito que se le acusa.
Edwin
fue capturado la noche del viernes 19 de enero en Tegucigalpa, bajo los
cargos de daño agravado, incendio agravado y portación de material de
fabricación cacera. El 23 de enero en la audiencia de presentación de
imputado se le sobreseyó de manera provisional por la ampliación al
delito de asesinato en su grado de ejecución de tentativa.
Desde entonces está en La Tolva, donde
la tortura no sólo es física, también es psicológica. “Ya viene tu
compañero de Costa Rica” le decían los guardias penitenciarios,
refiriéndose a la supuesta extradición del líder estudiantil y entonces
preso políticos en Costa Rica, Eduardo Urbina.
Mientras a Espinal lo acusan de
incendiar el hotel Marriot, durante una manifestación contra el fraude
electoral el 12 de enero en Tegucigalpa; a Urbina lo responsabilizan de
quemar un camión militar en una protesta contra la ilegal reelección de
Juan Orlando Hernández el 15 de diciembre del 2017.
Para esa fecha el Comité de Familiares
de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), había sacado a Eduardo
Urbina del país, temiendo por su vida. Desde el 11 de diciembre
radicaba en Costa Rica, donde ahora tiene estatus de refugiado político,
pero aquí, el Ministerio Público no desiste de las falsas acusaciones.
Mañana miércoles se realizará una
audiencia de revisión de medidas, donde las apoderadas legales del Área
de Acceso a la Justicia del COFADEH, Karol Cárdenas y Dora Oliva
solicitaran el cambio de estas, a la espera que sea una jornada objetiva
de parte de los operadores de justicia, y que el defensor de derechos
se pueda defender en libertad.
La audiencia será en el Fuerte General
“Cabañas”, del cuartel general del Ejército en la aldea Las Tapias, al
Este de Tegucigalpa, donde el juez de jurisdicción nacional, Claudio
Aguilar determinará el destino de Espinal.
De los 22 presos políticos y una presa
política, nueve han quedado en libertad con medidas sustitutivas a la
prisión, incluyendo a Lourdes Gómez, única mujer encarcelada por
defender la patria.
Quedan trece presos políticos en los centros penales de “El Pozo”,
Ilama Santa Bárbara: El Progreso, Yoro; y en “La Tolva”, entre ellos
Edwin Rovelo Espinal.“Saber de su solidaridad me da esperanza. Mi lucha no se trata sólo de mi caso personal, sino también de los demás presos políticos y de la situación en mi país. ¡Gracias por su solidaridad!”
Edwin Espinal, preso político en La Tolva, Morocelí, El Paraíso.
Amenazan de muerte a Gilda Silvestrucci, corresponsal de TeleSur en Honduras
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. –
La periodista Gilda Silvestrucci, corresponsal de la cadena televisiva
venezolana TeleSur, ha sido amenazada de muerte vía mensajes a su
celular.
Silvestrucci,
quien también es directora del programa “En la Plaza” que se transmite
por Radio Globo de 8:00 a 9:00 de la mañana, señaló que “las amenazas
que me han vertido en estos días casi son las mismas de hace meses donde
hay un tipo que se hace llamar Ramón Jeréz, quien me dice que ya estoy
advertida, que no estoy haciendo caso de dejar de atacar al Gobierno”
La
también exdiputada suplente del Partido Libertad y Refundación (Libre),
indicó que “estos mensajes se transmiten durante mi programa radial En
la Plaza, en horas de la mañana cuando estamos en vivo, en donde me
atacan, me ofenden, me amenazan y este tipo (Ramón Jeréz) nos dice que
vamos a amanecer rociados de tiros”. Una de las amenazas la envió el 01
de mayo recién pasado.
Silvestrucci
informó que ya existe una denuncia en el Ministerio Público sobre su
hostigamiento, injurias y amenazas a través de las redes sociales, pero
el mismo está dormido en los archivos de dicha institución, como muchos
casos de compañeros que denuncian y que no son investigados.
Relató
que lo que hace en el Facebook es bloquear a las personas que la
amenazan y ya tiene una buena lista de perfiles de personas bloqueadas y
a Ramón Jeréz, lo ha bloqueado de diferentes formas y siempre aparece
en las redes y tal parece que está obsesionado con su trabajo.
Silvestrucci
manifestó que siempre le dice que ya está advertida , que se las a
pagar, que “ya la raya” atacando a Juan Orlando, pero lo único que puedo
hacer es bloquearlo.
La
reconocida periodista acotó que, yo no a dejar de hacer su trabajo ni
por las redes sociales ni su labor informativa con TeleSur y mucho menos
en su programa “En la Plaza”.
En
fecha reciente también ha sido victima de una campaña de desprestigio
en las redes sociales acusándola de sostener una relación amorosa con el
defensor de derechos humanos, Wilfredo Méndez con quien fueron
compañeros de lucha política cuando este último lanzó su candidatura a
la alcaldía capitalina por el Partido Libre y ella como candidata a
diputada por Francisco Morazán.
Arrecian amenazas de muerte contra periodista hondureña Gilda Silvestrucci
La
reconocida periodista hondureña y corresponsal de la corporación
mediática Telesur, Gilda Silvestrucci, ha compartido con este periódico
diversos mensajes de odio que le han sido enviados con la reiterada
advertencia que la matarán.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. “Gilda
sos una p. de m. t la canté que si seguías jodiendo no t la iva a
perdonar y seguis jodiendo p. basura pero como sino desprestigias al
país tu jefe maduro no t manda tu cheque y sos tan m. q ni tenes q darle
a tus hijos muerta d hambre”, dice uno de los mensajes anónimos enviado
a la periodista hondureña y política de oposición, Gilda Silvestrucci.
La
periodista Silvestrucci destaca por su capacidad de análisis y sentido
crítico de la realidad nacional en los diferentes espacios donde ejerce
su profesión con criterio independiente, aparte de su programa “En la
Plaza” que cada mañana –junto a su compañera Merlin Aplícano— transmite
por Radio Globo, es también corresponsal para Honduras de la alternativa
corporación mediática internacional Telesur, con sede en Caracas,
Venezuela.
Silvestrucci,
además es reconocida por su militancia en el Partido Libertad y
Refundación (LIBRE) que en las recientes elecciones participó en la
Alianza de Oposición Contra la Dictadura, cuyos dirigentes sostienen que
les robaron el triunfo presidencial de Salvador Nasralla. En ese
contexto, la OEA dijo que era imposible determinar con certeza quién
ganó las elecciones y al final no reconoció la reelección del actual
mandatario, Juan Hernández. Cabe indicar que la Constitución de Honduras
prohíbe la reelección presidencial, también eso ha cuestionado la
oposición.
En
declaraciones este martes al periódico digital
“pasosdeanimalgrande.com”, Silvestrucci denunció que “continúan las
amenazas e insultos hacia su persona desde las redes sociales, porque no
deja de criticar al Gobierno de Juan Orlando Hernández hasta le han
advertido que la van a rociar a tiros”.
La
comunicadora explicó que las amenazas que le han vertido en estos días
son casi las mismas de hace meses donde hay un tipo que se hace llamar
“Ramón Jeréz”, quien le dice que ya esta advertida, que no esta haciendo
caso de dejar de atacar al Gobierno.
Las
agresiones contra la periodista internacional van más allá hasta
mencionar a la familia y atribuirle relaciones íntimas con defensores de
derechos humanos, publicó “Pasos de Animal Grande”, donde también
denunció: “Y hay otros mensajes que agreden mi situación como mujer,
haciendo referencia a mis hijos y otros hacen vinculaciones
sentimentales, y hace poco simularon una fotografía con mi compañero y
amigo Wlfredo Méndez y esos mensajes los recibo casi todos los días a
través de las redes sociales, en donde me hacen ver que soy una persona
que está poniendo en mal la imagen del país y que soy una tarifada del
presidente de Venezuela Nicolás Maduro y además traidora a la patria”.
Silvestrucci
informó que ya interpuso denuncia en el Ministerio Público sobre su
hostigamiento, injurias y amenazas a través de las redes sociales, sin
embargo lamenta que “está dormido en los archivos de esa institución”.
“Lamentablemente
hay colegas periodistas que están fomentando estos ataques a nuestra
persona a través de sus programas de radio y responsabilizo a estos
compañeros que han emitido algunas agresiones verbales hacia míny
gracias a ellas, las personas que me amenazan han hecho eco de esa misma
campaña que ellos están realizando”, ha dicho la comunicadora social
Silvestrucci
espera que las autoridades del Estado de Honduras realicen los procesos
de investigación sobre su caso o por lo menos la Fiscalía de los
Derechos Humanos del Ministerio Público cumpla con sus funciones, pues
tiene toda la información sobre estos hechos.
Honduras. Hay desplazamiento forzoso de 15 periodistas y comunicadores sociales
Por Salvador Monroy, Pasos de Animal GrandeKAOS EN LA RED - Publicado en: 8 mayo, 2018
Un informe emitido por el Comisionado Nacional de los Derechos
Humanos (CONADEH) reveló que al menos 15 periodistas y comunicadores
sociales fueron víctimas de desplazamiento forzoso en el 2017, luego de
recibir amenazas a muerte y hostigamiento, lo cual puso en peligro sus
vidas y la de sus familias. El informe del CONADEH señala que […]
Un informe emitido por el Comisionado Nacional de los
Derechos Humanos (CONADEH) reveló que al menos 15 periodistas y
comunicadores sociales fueron víctimas de desplazamiento forzoso en el
2017, luego de recibir amenazas a muerte y hostigamiento, lo cual puso
en peligro sus vidas y la de sus familias.
El informe del CONADEH señala que la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno (UDFI) del organismo de derechos humanos, registró en el 2017, unos 688 casos de personas y sus familias en situación de riesgo o desplazamiento interno y de ellos el 2.2% son casos de periodistas y de comunicadores sociales.
En un informe detallado presentado al Congreso Nacional (CN) por parte del CONADEH se estableció que al menos 5 periodistas o comunicadores sociales fueron obligados a abandonar sus hogares por temor a perder sus vidas y la de sus familias y unos 10 se vieron forzados a solicitar ayuda para salir al interior , fuera del mismo o en busca de protección.
Las autoridades del CONADEH mostraron su preocupación ya que las medidas a través del Mecanismo de Protección para Periodistas y Comunicadores no son suficientes, efectivas o adecuadas para brindarles seguridad y justicia a las víctimas y sus familiares, señaló el informe.
Las denuncias según el CONADEH no les permiten a los periodistas y comunicadores, “ejercer el ejercicio periodístico sobre sucesos de violencia acaecidos en zonas dominadas por grupos criminales como maras, pandillas, bandas criminales o narcotraficantes, se traduce en peligro para los comunicadores”.
El Ombusman de Honduras, Roberto Herrera Cáceres, destaca en su informe que “ese peligro se refleja luego que periodistas y comunicadores sociales son objeto de amenazas a muerte, actos de intimidación mediante el robo de equipo, material periodístico o la extorsión”.
“Estos son hechos que ejercen presión para que los profesionales o personas que laboran en los medios de comunicación sean forzados a desplazarse hacia otros lugares para salvaguardar su vida y evitar que la violencia escale a agresiones mayores, en contra de ellos o sus familiares”, dijo Herrera Cáceres.
Aunque el Ombusman hondureño no culpa directamente a los órganos represivos del Estado como la policía y el ejército hondureño, indicó que los hechos se dieron “en el marco de la crisis postelectoral”, donde la violencia política ha tenido un impacto significativo al abrir o ampliar el campo de agresiones, amenazas, atentados y persecución en contra personas ligadas a los medios de comunicación.
“Esta situación ha derivado en el incremento del riesgo de desplazamiento por parte de periodistas y personas ligadas a los medios de comunicación, incluyendo sus familiares”, agregó.
Otro elemento que aporta el informe del CONADEH es que “los periodistas y comunicadores sociales, en Honduras, son también, con frecuencia, objeto de amenazas y agresiones por las redes sociales”.
Para Herrera Cáceres, “todas estas acciones contra la libertad de expresión deben ser objeto de una activa y puntual investigación que derive en judicialización, aunque hasta ahora sus autores actúan con total impunidad”, donde los órganos del Estado protegen a los culpables de las agresiones y amenazas contra los periodistas y comunicadores sociales.
“Las autoridades encargadas de la investigación tienen el deber de indagar e identificar, para que se proceda a juzgar y sancionar a los autores de estos delitos”, exigió.
“La falta de cumplimiento de la obligación de investigar hechos de violencia contra periodistas y comunicadores sociales, por parte del Estado, implica incumplimiento de las obligaciones de respetar y garantizar el derecho a la libertad de expresión en el país”, sentenció el Ombusman hondureño.
“Obligar a desplazarse a quienes ejercen dicha labor, también es una forma de censura previa, que está prohibida por los tratados internacionales de protección de derechos humanos. Reconocemos que la labor de los periodistas y comunicadores es pieza fundamental y base de la construcción de las democracias en nuestras naciones”, concluyó.
El Ombudsman lanzó su voz de alerta ante desplazamiento forzado de periodistas e hizo pública una declaratoria de las instituciones nacionales de derechos humanos de Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México y Honduras, así como del Relator sobre los Derechos de los Migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que manifiestan su rechazo por el desplazamiento forzado de periodistas y comunicadores sociales hondureños.
Ejercicio de la libertad de expresión y de información
El CONADEH también en su informe anual señaló que “En el 2017, el ejercicio periodístico en Honduras quedó marcado por más de sesenta hechos violatorios a la libertad de expresión y de información, los cuales van desde amenazas, agresiones, atentados y desplazamientos forzados, hasta la muerte”.
En el mismo se informó que “recibió denuncias de algunos periodistas y comunicadores sociales a quienes se les atendió y tuvieron que salir del país para salvaguardar sus vidas; mientras otros fueron objeto de amenazas y agresiones por parte de particulares y de agentes de los cuerpos de seguridad del Estado a quienes el CONADEH gestionó protección o acompañó al Mecanismo de Protección”.
Destaca que, “en Honduras, el ejercicio periodístico se ha convertido en una profesión de alto riesgo para quienes la practican, ya que pone en peligro la vida de periodistas y sus familiares, principalmente cuando se da cobertura a marchas de protesta social y se denuncian problemas como el crimen organizado, el narcotráfico y las maras. En adición, es evidente que mientras la prensa se ha convertido en un factor fundamental para la lucha contra la corrupción y la impunidad, la violencia contra los periodistas crece en forma notable”.
Muerte violenta de personas ligadas a medios de comunicación
El informe del CONADEH indicó que “la muerte de personas ligadas a medios de comunicación, entre los que se encuentran periodistas, comunicadores sociales, camarógrafos, fotógrafos y propietarios, es una forma de extrema violencia. En el 2017, se registró la muerte de siete personas ligadas a medios de comunicación, en circunstancias violentas e impunes”.
Los hechos de muertes de periodistas se registraron en cuatro departamentos del país, 3 en Cortés, 2 en Copán, 1 en Atlántida y 1 en Yoro. De las 7 víctimas, 6 laboraban en televisión y 1 en radio, todas fallecidas por armas de fuego.
“La impunidad es una de las principales causas para que se continúe la violencia en contra de periodistas, comunicadores sociales y demás personas ligadas a los medios de comunicación. Además, es un obstáculo fundamental para la prevención y protección de la vida y la integridad física de las personas”, CONADEH, finalizó.
www.pasosdeanimalgrande.com/in
El informe del CONADEH señala que la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno (UDFI) del organismo de derechos humanos, registró en el 2017, unos 688 casos de personas y sus familias en situación de riesgo o desplazamiento interno y de ellos el 2.2% son casos de periodistas y de comunicadores sociales.
En un informe detallado presentado al Congreso Nacional (CN) por parte del CONADEH se estableció que al menos 5 periodistas o comunicadores sociales fueron obligados a abandonar sus hogares por temor a perder sus vidas y la de sus familias y unos 10 se vieron forzados a solicitar ayuda para salir al interior , fuera del mismo o en busca de protección.
Las autoridades del CONADEH mostraron su preocupación ya que las medidas a través del Mecanismo de Protección para Periodistas y Comunicadores no son suficientes, efectivas o adecuadas para brindarles seguridad y justicia a las víctimas y sus familiares, señaló el informe.
Las denuncias según el CONADEH no les permiten a los periodistas y comunicadores, “ejercer el ejercicio periodístico sobre sucesos de violencia acaecidos en zonas dominadas por grupos criminales como maras, pandillas, bandas criminales o narcotraficantes, se traduce en peligro para los comunicadores”.
El Ombusman de Honduras, Roberto Herrera Cáceres, destaca en su informe que “ese peligro se refleja luego que periodistas y comunicadores sociales son objeto de amenazas a muerte, actos de intimidación mediante el robo de equipo, material periodístico o la extorsión”.
“Estos son hechos que ejercen presión para que los profesionales o personas que laboran en los medios de comunicación sean forzados a desplazarse hacia otros lugares para salvaguardar su vida y evitar que la violencia escale a agresiones mayores, en contra de ellos o sus familiares”, dijo Herrera Cáceres.
Aunque el Ombusman hondureño no culpa directamente a los órganos represivos del Estado como la policía y el ejército hondureño, indicó que los hechos se dieron “en el marco de la crisis postelectoral”, donde la violencia política ha tenido un impacto significativo al abrir o ampliar el campo de agresiones, amenazas, atentados y persecución en contra personas ligadas a los medios de comunicación.
“Esta situación ha derivado en el incremento del riesgo de desplazamiento por parte de periodistas y personas ligadas a los medios de comunicación, incluyendo sus familiares”, agregó.
Otro elemento que aporta el informe del CONADEH es que “los periodistas y comunicadores sociales, en Honduras, son también, con frecuencia, objeto de amenazas y agresiones por las redes sociales”.
Para Herrera Cáceres, “todas estas acciones contra la libertad de expresión deben ser objeto de una activa y puntual investigación que derive en judicialización, aunque hasta ahora sus autores actúan con total impunidad”, donde los órganos del Estado protegen a los culpables de las agresiones y amenazas contra los periodistas y comunicadores sociales.
“Las autoridades encargadas de la investigación tienen el deber de indagar e identificar, para que se proceda a juzgar y sancionar a los autores de estos delitos”, exigió.
“La falta de cumplimiento de la obligación de investigar hechos de violencia contra periodistas y comunicadores sociales, por parte del Estado, implica incumplimiento de las obligaciones de respetar y garantizar el derecho a la libertad de expresión en el país”, sentenció el Ombusman hondureño.
“Obligar a desplazarse a quienes ejercen dicha labor, también es una forma de censura previa, que está prohibida por los tratados internacionales de protección de derechos humanos. Reconocemos que la labor de los periodistas y comunicadores es pieza fundamental y base de la construcción de las democracias en nuestras naciones”, concluyó.
El Ombudsman lanzó su voz de alerta ante desplazamiento forzado de periodistas e hizo pública una declaratoria de las instituciones nacionales de derechos humanos de Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México y Honduras, así como del Relator sobre los Derechos de los Migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que manifiestan su rechazo por el desplazamiento forzado de periodistas y comunicadores sociales hondureños.
Ejercicio de la libertad de expresión y de información
El CONADEH también en su informe anual señaló que “En el 2017, el ejercicio periodístico en Honduras quedó marcado por más de sesenta hechos violatorios a la libertad de expresión y de información, los cuales van desde amenazas, agresiones, atentados y desplazamientos forzados, hasta la muerte”.
En el mismo se informó que “recibió denuncias de algunos periodistas y comunicadores sociales a quienes se les atendió y tuvieron que salir del país para salvaguardar sus vidas; mientras otros fueron objeto de amenazas y agresiones por parte de particulares y de agentes de los cuerpos de seguridad del Estado a quienes el CONADEH gestionó protección o acompañó al Mecanismo de Protección”.
Destaca que, “en Honduras, el ejercicio periodístico se ha convertido en una profesión de alto riesgo para quienes la practican, ya que pone en peligro la vida de periodistas y sus familiares, principalmente cuando se da cobertura a marchas de protesta social y se denuncian problemas como el crimen organizado, el narcotráfico y las maras. En adición, es evidente que mientras la prensa se ha convertido en un factor fundamental para la lucha contra la corrupción y la impunidad, la violencia contra los periodistas crece en forma notable”.
Muerte violenta de personas ligadas a medios de comunicación
El informe del CONADEH indicó que “la muerte de personas ligadas a medios de comunicación, entre los que se encuentran periodistas, comunicadores sociales, camarógrafos, fotógrafos y propietarios, es una forma de extrema violencia. En el 2017, se registró la muerte de siete personas ligadas a medios de comunicación, en circunstancias violentas e impunes”.
Los hechos de muertes de periodistas se registraron en cuatro departamentos del país, 3 en Cortés, 2 en Copán, 1 en Atlántida y 1 en Yoro. De las 7 víctimas, 6 laboraban en televisión y 1 en radio, todas fallecidas por armas de fuego.
“La impunidad es una de las principales causas para que se continúe la violencia en contra de periodistas, comunicadores sociales y demás personas ligadas a los medios de comunicación. Además, es un obstáculo fundamental para la prevención y protección de la vida y la integridad física de las personas”, CONADEH, finalizó.
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Formal procesamiento contra campesinos lenca acusados de usurpación
Los tres campesinos, que pertenecen a la base campesina Tierra Bendita 8 de febrero, ubicada en la comunidad de Lepaguare, San Pedro de Tutule, La Paz, y que están afiliados a la Central Nacional de Trabajadores de Campesinos (CNTC), han sido acusados del delito de usurpación en perjuicio de la señora Rosario Dominga Reynoso.
En el departamento de la Paz existen más de 40 recuperaciones de tierra por parte de los campesinos, agrupados en centenares de familias que desarrollan proyectos productivos para el sostenimiento de sus familias.
Esto ha traído hostigamientos, amenazas, persecuciones y criminalización de los campesinos por parte del estado a través del Ministerio Público y de los terratenientes del sector, donde centenares han sido judicializado por su lucha de recuperar la tierra.
A solicitud del Ministerio Público, el Tribunal de Letras de La Paz emitió órdenes de captura contra ocho campesinos que están en el proceso de recuperación de un predio de tierra en la comunidad de Lepaguare, San Pedro de Tutule, de los cuales tres son mujeres.
Las órdenes de captura fueron emitidas contra Keylin Quimberlin Pérez Peñalva, Yecenia Yamilet Padilla Orellana, Luis Alonzo Tejeda Orellana, Arturo Salinas Orellana, Pedro Galeas Vásquez, María Regina López, Cristian Javier Rivera Padilla y Mártir Omar Maradiaga Cruz.
A inicio de esta semana se celebró en el Tribunal de Letras de La Paz audiencia inicial contra Yecenia Padilla Orellana (se presentó voluntariamente a inicios de marzo), Luis Alonso Tejeda Orellana y Arturo Salinas (estos dos últimos fueron capturados por la policía).
La apoderada legal del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), Karol Cárdenas, que lleva la representación legal de los campesinos, lamentó la decisión del juez porque en la audiencia la Fiscalía y la afectada no pudieron identificar ni probar que sus representados hayan sido visto en el predio en litigio, y anunció que apelarán la resolución emitida por el juez Hugo Daniel Torres.
En su resolución el juez decreta auto de formal procesamiento contra los tres campesinos por el delito de usurpación y les aplicó las medidas que les impusieron en la audiencia de imputados como es asistir periódicamente a los juzgados a firmar, no salir del país y no acercarse al terreno en litigio.
De acuerdo a los hechos de la demanda, el 27 de febrero del año anterior un grupo de campesino, denominado 8 de febrero, ingresaron a un predio de cinco manzanas propiedad de la señora Rosario Dominga Reynoso con el fin de realizar una recuperación de tierra.
Organizaciones del Bajo Aguán se reúnen con el relator de las Naciones Unidas, Michael Forst
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.- La Plataforma Agraria del Valle del Aguán, la Coordinadora de Organizaciones Populares del Valle del Aguán (COPA), el Observatorio Permanente de Derechos Humanos en el Bajo Aguán y la Fundación San Alonso se reunieron con el Relator Especial de Naciones Unidas, Michel Forst.
La cita se dio con el fin de dar a conocer la graves violaciones a los Derechos Humanos que enfrentas los miembros de las organizaciones del movimiento social en el Bajo Aguán por la defensa de los bienes comunes, en la Ciudad de Tocoa, departamento de Colón.
Durante el desarrollo de la misma se presentó por parte de las organizaciones de la Plataforma Agraria un pliego de propuesta como Medidas de Protección que debía implementar el Estado de Honduras para proteger la vida de los y las defensoras de Derechos Humanos en el Bajo Aguán. Misma que fue presentada a la directora del Mecanismo en ese momento la abogada Nora Urbina.
También fue expuso las graves violaciones a Derechos Humanos ocasionada por los aparatos de seguridad del Estado de Honduras, grupos paramilitares en confabulación con los empresarios de la región que explotan de manera ilegal las tierras que fueron asignadas para procesos de Reforma Agraria en los años 1970.
Por su parte el Relator Michel Forst manifestó su preocupación ante las violaciones de derechos humanos cometidas contra los y las defensoras de derechos humanos, y lamento el accionar de la policía y el ejército hondureño.
Tegucigalpa.- La Plataforma Agraria del Valle del Aguán, la Coordinadora de Organizaciones Populares del Valle del Aguán (COPA), el Observatorio Permanente de Derechos Humanos en el Bajo Aguán y la Fundación San Alonso se reunieron con el Relator Especial de Naciones Unidas, Michel Forst.
La cita se dio con el fin de dar a conocer la graves violaciones a los Derechos Humanos que enfrentas los miembros de las organizaciones del movimiento social en el Bajo Aguán por la defensa de los bienes comunes, en la Ciudad de Tocoa, departamento de Colón.
Durante el desarrollo de la misma se presentó por parte de las organizaciones de la Plataforma Agraria un pliego de propuesta como Medidas de Protección que debía implementar el Estado de Honduras para proteger la vida de los y las defensoras de Derechos Humanos en el Bajo Aguán. Misma que fue presentada a la directora del Mecanismo en ese momento la abogada Nora Urbina.
También fue expuso las graves violaciones a Derechos Humanos ocasionada por los aparatos de seguridad del Estado de Honduras, grupos paramilitares en confabulación con los empresarios de la región que explotan de manera ilegal las tierras que fueron asignadas para procesos de Reforma Agraria en los años 1970.
Por su parte el Relator Michel Forst manifestó su preocupación ante las violaciones de derechos humanos cometidas contra los y las defensoras de derechos humanos, y lamento el accionar de la policía y el ejército hondureño.
Democracia y Estado de derecho estilo Honduras
Por: Edmundo Orellana
Exclusivo para Criterio.hn
Cualquier
extranjero que observe someramente nuestro sistema político, fácilmente
concluirá que vivimos en un régimen sui generis.
La
elección del presidente de la República es el resultado de un proceso
truculento. Desde las mesas electorales receptoras, hasta la fórmula
para determinar el ganador, pasando por el modus operandi del TSE,
constituyen etapas de un proceso viciado. Todos los partidos lo saben y,
sin embargo, se someten al mismo.
En
este proceso recién pasado, hubo una iniciativa para introducir la
“segunda vuelta electoral”, promovida por el PL. Los demás partidos se
negaron o fueron indiferentes a la misma. Sin embargo, la crisis que hoy
enfrentamos no existiría de haberse aprobado esta iniciativa. Como
resultado, tenemos un gobierno que, a menos de tres meses de su
instalación, ha estado a punto de caer, acechado por una indignación
popular, provocada por la convicción de que este gobierno no tiene
legitimidad porque se impuso por el fraude electoral.
El
TSE no es un tribunal ni un órgano técnico- electoral. Es un órgano
controlado, no por los partidos políticos, sino por algunos sectores de
determinados partidos políticos, con la finalidad de excluir e imponer
candidatos, según los arreglos a los que llegan las cúpulas de esos
obscuros nichos de poder. Entre una elección y otra, cada cuatro años,
el TSE vegeta olímpicamente.
El
Congreso Nacional no es una expresión, ni siquiera remota, de
democracia parlamentaria. El poder está concentrado en el presidente de
la Junta Directiva, quien decide todo, hasta las leyes que se aprueban y
cómo se aprueban. Los jefes de bancada son simples intermediarios entre
sus diputados y los presidentes del legislativo y del ejecutivo, para
obtener los favores de éstos, en ocasiones concedidos bajo condición de
ceder posiciones, sacrificando principios partidarios.
Los
titulares de los órganos supremos del Poder Judicial y de los órganos
extra poderes (MP, TSE, TSC, PGR y demás) son electos considerando su
filiación política y, en muy pocas ocasiones, los méritos personales,
profesionales, académicos y laborales. No en pocos casos se impone al
mismo Congreso que los elige, la voluntad del Presidente de la
República, particularidad que en este y en el anterior gobierno se ha
convertido en la regla.
La
justicia, en estas circunstancias, está bajo sospecha. La impresión
generalizada es que el Poder Judicial no es independiente y de que el MP
funciona con el cuidado de no enfrentarse a la voluntad presidencial.
En el imaginario de la sociedad hondureña la justicia carece de
credibilidad y de confianza porque no es generadora ni garante de
seguridad jurídica, lo que detonó las marchas de las antorchas y causó
la venida de la MACCIH. De ahí, que no fue una sorpresa para nadie que
la jurisdicción constitucional haya allanado el camino al continuismo,
declarando inconstitucional la Constitución de la República, ni lo es
que el sistema de justicia formal esté conspirando contra la MACCIH para
eliminarla. La única certeza de la población en este tema es que el
sistema de justicia genera y garantiza impunidad.
Esta
es nuestra versión de democracia y de Estado de Derecho. Estamos
convencidos de que una institucionalidad fuerte equivale a una
consistente democracia y a un sólido Estado de Derecho.
Institucionalidad en cuyo vértice se asienta la figura del Presidente de
la República, al que, de hecho, están sometidos jerárquicamente los
titulares de los órganos supremos del Estado, protegidos por cuerpos
armados que obedecen ciegamente lo que el vértice ordena, y a los cuales
se integran fiscales, jueces y peritos forenses, para perseguir, con
jurisdicción nacional, a quienes disientan políticamente. Y todo bajo un
ordenamiento jurídico, por una parte, ordenado por el capricho del Jefe
de Estado traducido en sentencias de la justicia constitucional que
expresan lo que el sistema constitucional es y debe ser, y en normas
que, por delegación legislativa, puede emitir para crear, reformar o
suprimir órganos y organismos administrativos, y, por otra, cubriendo de
obscuridad trincheras de ejecución presupuestaria y de decisiones
trascendentales, bajo el manto de “secreto de estado”. Régimen en el que
lo cívico llega a tal banalización, que, en lugar de reputarse como
traición a la Patria la entrega de territorio a extranjeros, se califica
de acto patriótico su entrega vía las denominadas “ciudades modelo”.
Este
régimen comprende, además, la sociedad organizada. Son apéndices suyos
ONG, gremios, iglesias y otras organizaciones que ha logrado someter por
varios medios, que van desde la persecución fiscal hasta la
transferencia de fondos en concepto de subsidios, según se resistan o
cedan. Es un modelo que responde claramente a la famosa consigna: “Todo
en el Estado, nada contra el Estado, nada fuera del Estado”. Y el Estado
sometido a “El Hombre”, quien fue descrito con extrema precisión por
quien fungió como ex vicepresidente del extinto Consejo de la
Judicatura.
Este
es un régimen en permanente “Estado de Excepción”, en el que la
Constitución y las leyes se aplican, se suspenden y se derogan a
voluntad del Jefe de Estado. Es el régimen que debemos cambiar, el
modelo que debemos sustituir; es, en definitiva, el obstáculo a remover
si queremos vivir en democracia y bajo un Estado de Derecho. Es, por
tanto, el tema imprescindible en la agenda del Dialogo Político, si es
que todavía tiene futuro.
Ex magistrada: el sistema de justicia está totalmente controlado por el poder político y económico
Wednesday, 09 May 2018 16:07 Written by Salvador Monroy Published in Contexto
El litigio de casos y el derecho en sí son una herramienta que
puede generar cambios, pero son bastante difíciles sobre todo en un
contexto como el de Honduras donde el sistema de justicia está
totalmente controlado por el poder político y económico, dijo Tirza
Flores, ex magistrada de la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula,
Honduras, a pasosdeanimalgrande.com.
Flores es una de las personas que fue incluida en el video de la campaña “Yo Defiendo”, impulsada por la Coalición contra la Impunidad y que tiene como objetivo evidenciar el importante papel de los defensores y defensoras de los derechos humanos en Honduras.
Además es una profesional del derecho, abogada graduada en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, quien lucha por los derechos que tienen los familiares de migrantes desparecidos, para conocer la verdad sobre las dificultades que enfrentaron sus familiares en la búsqueda del sueño americano.
Nació en Tegucigalpa el 05 de agosto de 1964, y a la edad 53 años ya cuenta con reconocimientos internacionales, sin embargo ha tenido que enfrentar un camino difícil por denunciar la corrupción en el Poder Judicial y la parcialidad de la Sala Constitucional de la CSJ al emitir fallos a favor de grupos poderosos y del Gobierno.
Su posición independiente para denunciar el golpe de Estado de 2009 le trajo el despido inmediato, pero una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CorteIDH, obligó al Estado de Honduras a reintegrarla en su cargo, esto no ha ocurrido, por la resistencia estatal de cumplir la sentencia.
A continuación la entrevista realizada por pasosdeanimalgrande.com (PAG) a Tirza Flores Lanza (TFL).
PAG ¿Su experiencia abogada como defensora de los derechos humanos?
TFL: Fui despedida como magistrada de la Corte de Apelaciones por mi posición sobre el Golpe de Estado, yo pertenecía a la Asociación de Jueces por la Democracia, AJDD, y esa organización siempre ha hecho su trabajo en la Defensa de los Defensores de los Derechos Humanos, pero desde el año 2010 he decidido dedicarme completamente a la defensa de los derechos humanos a través de la AJD, en coordinación con otras organizaciones.
Actualmente estoy trabajando en dos temas, uno de ellos es la asesoría jurídica para familiares de personas migrantes desaparecidas a través de una organización que se llama Fundación para la Justicia y otro es un trabajo con el Centro de Derechos Reproductivos, que tiene como propósito implementar un litigio estratégico para lograr la protección de los derechos reproductivos de las mujeres víctimas de la violencia sexual, pretendemos tener una sentencia que pueda empujar la despenalización del aborto.
PGA: ¿Qué tipo de satisfacciones le ha dejado su trabajo?
TFL: Este trabajo de la defensoría de los derechos humanos en un país tan dificil como lo es Honduras, tiene muchos sin sabores y muy pocas recompensas, en realidad si hablamos de una recompensa o una satisfacción por el solo hecho de relacionarnos con personas valientes como los defensores y defensoras de los derechos humanos, creo que eso es bastante importante para mí, no sólo a nivel nacional, sino con personas que están pendientes de nuestra situación actual.
PAG: ¿Cree que el trabajo que realiza en defensa de los derechos humanos está dando los frutos que esperaba?
TFL: Como abogada en defensa de los derechos humanos, el litigio de casos y el derecho en sí son herramientas que pueden generar cambios, lo que pasa es que son unos cambios bastantes difíciles, sobre todo en un contexto como el nuestro y en Honduras donde el sistema de justicia está totalmente controlado por el poder político y económico, y esto no permite de que puedan existir jueces y juezas independientes.
Tampoco que puedan emitir fallos que vayan a ser una diferencia, por ejemplo, la sala de lo constitucional que actualmente tenemos y como abogadas y abogados defensores de los derechos humanos, acudimos a la sala a presentar recursos pero en realidad sabemos que no vamos a tener una respuesta positiva y lo único que estamos haciendo es evidenciando al sistema para de alguna manera provocar cambios en el mismo.
PAG: ¿Qué criterio le merece al aparecer en la Campaña “Yo Defiendo”
TFL: Pienso que es una campaña bien orientada en donde deja de manifiesto que el Estado tiene la obligación de proteger a los defensores de los Derechos Humanos y esa es una obligación que ellos asumen al firmar y ratificar convenios internacionales y sobre todo porque hay una declaración de las Naciones Unidas en la declaración de defensores que habla del derecho de las personas y los grupos de defender los derechos humanos y los Estados están obligados a proteger a los defensores y defensoras, sin embargo vemos que lo que hacen es todo lo contrario, los gobiernos se caracterizan en estigmatizar, deslegitimar a los defensores y ponerles cualquier tipo de obstáculos en su labor.
A través de la campaña lo que se pretende es crear conciencia en la ciudadanía y en las autoridades para que asuman su labor de protección a las defensoras y defensores, que les permitan hacer su trabajo y les den las condiciones para poder defender.
PAG: ¿Qué tipo de experiencias le gustaría compartir con otros defensores y defensoras de los derechos humanos?
TFL: Yo les quisiera compartir el caso de los familiares de las personas migrantes desaparecidas, están integradas en varios comités en Honduras, uno de los más grande es el Comité de Migrantes Desaparecidos de El Progreso, yo tengo 5 años de darles acompañamiento, no en lo jurídico sino que incorporamos el fortalecimiento social.
Estos Comités están formados en un 95 por ciento por mujeres mayores de 50 años, con pocos recursos económicos y con bajos niveles de escolaridad, sin embargo, son personas muy valientes que con todas las circunstancias que se pongan en su contra y un país tan difícil como el nuestro, han asumido la lucha por encontrar a sus familiares, emprendiendo la ruta migratoria y para eso lo hacen asumiendo una lucha ejemplar, con instituciones nacionales y de México, con organismos que están obligados a investigar esos casos de desapariciones.
Entonces, trabajar de cerca con ellas ha sido para mí un honor, una escuela de enseñanza muy grande y me ha dejado claro en estos procesos que lo más importante siempre tienen que ser las víctimas.
PAG: ¿Alguna vez ha recibido algún premio por la defensa de los derechos humanos?
TFL: Sí. En el año 2010 fui premiada por parte de la Asociación de Juristas Democráticos con un premio alemán que se llama Hans Litten,
Hans Achim Litten (el 19 de junio de 1903 – el 5 de febrero de 1938) fue un abogado alemán que representó a opositores de los nazis en juicios políticos importantes entre 1929 y 1932, defendiendo los derechos de trabajadores durante la República de Weimar. Litten citó a Adolf Hitler, para aparecer como un testigo, donde Litten entonces repreguntó a Hitler durante tres horas. Hitler fue tan agitado por la experiencia que, unos años más tarde, no permitiría que el nombre de Litten se mencione en su presencia. En la venganza, Litten se detuvo durante la noche del Fuego de Reichstag junto con otros abogados progresivos e izquierdistas. Litten gastó el resto de su vida en un campo de concentración nazi, donde sufrió tortura duradera y muchas interrogaciones, posteriormente murió.
PAG: La nota que apareció en Prensa Latina de Berlín el 22 de octubre de 2010 dice:
Jueza hondureña recibe premio por la democracia
La jueza hondureña Tirza Flores Lanza recibirá este domingo el premio alemán Hans Litten, otorgado por la Asociación de Juristas Democráticos (VDJ) de este país europeo. Flores Lanza será homenajeada por su "resistencia jurídica" contra el golpe de Estado que derrocó a finales de junio del año pasado al presidente hondureño Manuel Zelaya
La jueza también será premiada como una persona que ha luchado por muchos años por la democratización del sistema jurídico de su país, dice un comunicado de la VDJ, al mencionar la fundación de la Asociación de Jueces por la Democrácia en 2006. Durante el gobierno de facto de Porfirio Lobo, Flores Lanza y otros colegas, que adoptaron una posición crítica frente al golpe de Estado, fueron despedidos.
El premio Hans Litten lleva el nombre de un jurista que vivió durante la República de Weimar (1919-1933) y que fue uno de los abogados más importantes del movimiento obrero de aquel tiempo. Después de su detención en 1933 por los fascistas, Litten pasó cinco años en la cárcel. A principios de febrero de 1938 se suicidó en el campo de concentración de Dachau.
PAG: ¿Considera el premio Hans Litten como una satisfacción personal?
TFL: Yo creo que el premio no es una satisfacción personal, ese premio no se me otorgó a mí, si no a todo el trabajo que venía haciendo la Asociación de Jueces por la Democracia a la cual yo pertenecía. Ese era un grupo de jueces que desde el año 2006 están dentro del poder judicial tratando de enfrentar a toda la corrupción y manipulación política que se vive en ese poder del Estado.
PAG: ¿Algo más que nos quisiera compartir?
TFL: Quiero felicitar al periódico digital www.pasosdeanimalgrande.com y también a la Asociación por la Justicia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU), por el trabajo valiente que están haciendo, en función de romper el cerco mediático a través de medios alternativos y es algo muy importante para todos y todas nosotras, sobre todo en estas circunstancias de tanta represión y manipulación de la información.
Premio Hans Litten conozca más Aquí
Flores es una de las personas que fue incluida en el video de la campaña “Yo Defiendo”, impulsada por la Coalición contra la Impunidad y que tiene como objetivo evidenciar el importante papel de los defensores y defensoras de los derechos humanos en Honduras.
Además es una profesional del derecho, abogada graduada en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, quien lucha por los derechos que tienen los familiares de migrantes desparecidos, para conocer la verdad sobre las dificultades que enfrentaron sus familiares en la búsqueda del sueño americano.
Nació en Tegucigalpa el 05 de agosto de 1964, y a la edad 53 años ya cuenta con reconocimientos internacionales, sin embargo ha tenido que enfrentar un camino difícil por denunciar la corrupción en el Poder Judicial y la parcialidad de la Sala Constitucional de la CSJ al emitir fallos a favor de grupos poderosos y del Gobierno.
Su posición independiente para denunciar el golpe de Estado de 2009 le trajo el despido inmediato, pero una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CorteIDH, obligó al Estado de Honduras a reintegrarla en su cargo, esto no ha ocurrido, por la resistencia estatal de cumplir la sentencia.
A continuación la entrevista realizada por pasosdeanimalgrande.com (PAG) a Tirza Flores Lanza (TFL).
PAG ¿Su experiencia abogada como defensora de los derechos humanos?
TFL: Fui despedida como magistrada de la Corte de Apelaciones por mi posición sobre el Golpe de Estado, yo pertenecía a la Asociación de Jueces por la Democracia, AJDD, y esa organización siempre ha hecho su trabajo en la Defensa de los Defensores de los Derechos Humanos, pero desde el año 2010 he decidido dedicarme completamente a la defensa de los derechos humanos a través de la AJD, en coordinación con otras organizaciones.
Actualmente estoy trabajando en dos temas, uno de ellos es la asesoría jurídica para familiares de personas migrantes desaparecidas a través de una organización que se llama Fundación para la Justicia y otro es un trabajo con el Centro de Derechos Reproductivos, que tiene como propósito implementar un litigio estratégico para lograr la protección de los derechos reproductivos de las mujeres víctimas de la violencia sexual, pretendemos tener una sentencia que pueda empujar la despenalización del aborto.
PGA: ¿Qué tipo de satisfacciones le ha dejado su trabajo?
TFL: Este trabajo de la defensoría de los derechos humanos en un país tan dificil como lo es Honduras, tiene muchos sin sabores y muy pocas recompensas, en realidad si hablamos de una recompensa o una satisfacción por el solo hecho de relacionarnos con personas valientes como los defensores y defensoras de los derechos humanos, creo que eso es bastante importante para mí, no sólo a nivel nacional, sino con personas que están pendientes de nuestra situación actual.
PAG: ¿Cree que el trabajo que realiza en defensa de los derechos humanos está dando los frutos que esperaba?
TFL: Como abogada en defensa de los derechos humanos, el litigio de casos y el derecho en sí son herramientas que pueden generar cambios, lo que pasa es que son unos cambios bastantes difíciles, sobre todo en un contexto como el nuestro y en Honduras donde el sistema de justicia está totalmente controlado por el poder político y económico, y esto no permite de que puedan existir jueces y juezas independientes.
Tampoco que puedan emitir fallos que vayan a ser una diferencia, por ejemplo, la sala de lo constitucional que actualmente tenemos y como abogadas y abogados defensores de los derechos humanos, acudimos a la sala a presentar recursos pero en realidad sabemos que no vamos a tener una respuesta positiva y lo único que estamos haciendo es evidenciando al sistema para de alguna manera provocar cambios en el mismo.
PAG: ¿Qué criterio le merece al aparecer en la Campaña “Yo Defiendo”
TFL: Pienso que es una campaña bien orientada en donde deja de manifiesto que el Estado tiene la obligación de proteger a los defensores de los Derechos Humanos y esa es una obligación que ellos asumen al firmar y ratificar convenios internacionales y sobre todo porque hay una declaración de las Naciones Unidas en la declaración de defensores que habla del derecho de las personas y los grupos de defender los derechos humanos y los Estados están obligados a proteger a los defensores y defensoras, sin embargo vemos que lo que hacen es todo lo contrario, los gobiernos se caracterizan en estigmatizar, deslegitimar a los defensores y ponerles cualquier tipo de obstáculos en su labor.
A través de la campaña lo que se pretende es crear conciencia en la ciudadanía y en las autoridades para que asuman su labor de protección a las defensoras y defensores, que les permitan hacer su trabajo y les den las condiciones para poder defender.
PAG: ¿Qué tipo de experiencias le gustaría compartir con otros defensores y defensoras de los derechos humanos?
TFL: Yo les quisiera compartir el caso de los familiares de las personas migrantes desaparecidas, están integradas en varios comités en Honduras, uno de los más grande es el Comité de Migrantes Desaparecidos de El Progreso, yo tengo 5 años de darles acompañamiento, no en lo jurídico sino que incorporamos el fortalecimiento social.
Estos Comités están formados en un 95 por ciento por mujeres mayores de 50 años, con pocos recursos económicos y con bajos niveles de escolaridad, sin embargo, son personas muy valientes que con todas las circunstancias que se pongan en su contra y un país tan difícil como el nuestro, han asumido la lucha por encontrar a sus familiares, emprendiendo la ruta migratoria y para eso lo hacen asumiendo una lucha ejemplar, con instituciones nacionales y de México, con organismos que están obligados a investigar esos casos de desapariciones.
Entonces, trabajar de cerca con ellas ha sido para mí un honor, una escuela de enseñanza muy grande y me ha dejado claro en estos procesos que lo más importante siempre tienen que ser las víctimas.
PAG: ¿Alguna vez ha recibido algún premio por la defensa de los derechos humanos?
TFL: Sí. En el año 2010 fui premiada por parte de la Asociación de Juristas Democráticos con un premio alemán que se llama Hans Litten,
Hans Achim Litten (el 19 de junio de 1903 – el 5 de febrero de 1938) fue un abogado alemán que representó a opositores de los nazis en juicios políticos importantes entre 1929 y 1932, defendiendo los derechos de trabajadores durante la República de Weimar. Litten citó a Adolf Hitler, para aparecer como un testigo, donde Litten entonces repreguntó a Hitler durante tres horas. Hitler fue tan agitado por la experiencia que, unos años más tarde, no permitiría que el nombre de Litten se mencione en su presencia. En la venganza, Litten se detuvo durante la noche del Fuego de Reichstag junto con otros abogados progresivos e izquierdistas. Litten gastó el resto de su vida en un campo de concentración nazi, donde sufrió tortura duradera y muchas interrogaciones, posteriormente murió.
PAG: La nota que apareció en Prensa Latina de Berlín el 22 de octubre de 2010 dice:
Jueza hondureña recibe premio por la democracia
La jueza hondureña Tirza Flores Lanza recibirá este domingo el premio alemán Hans Litten, otorgado por la Asociación de Juristas Democráticos (VDJ) de este país europeo. Flores Lanza será homenajeada por su "resistencia jurídica" contra el golpe de Estado que derrocó a finales de junio del año pasado al presidente hondureño Manuel Zelaya
La jueza también será premiada como una persona que ha luchado por muchos años por la democratización del sistema jurídico de su país, dice un comunicado de la VDJ, al mencionar la fundación de la Asociación de Jueces por la Democrácia en 2006. Durante el gobierno de facto de Porfirio Lobo, Flores Lanza y otros colegas, que adoptaron una posición crítica frente al golpe de Estado, fueron despedidos.
El premio Hans Litten lleva el nombre de un jurista que vivió durante la República de Weimar (1919-1933) y que fue uno de los abogados más importantes del movimiento obrero de aquel tiempo. Después de su detención en 1933 por los fascistas, Litten pasó cinco años en la cárcel. A principios de febrero de 1938 se suicidó en el campo de concentración de Dachau.
PAG: ¿Considera el premio Hans Litten como una satisfacción personal?
TFL: Yo creo que el premio no es una satisfacción personal, ese premio no se me otorgó a mí, si no a todo el trabajo que venía haciendo la Asociación de Jueces por la Democracia a la cual yo pertenecía. Ese era un grupo de jueces que desde el año 2006 están dentro del poder judicial tratando de enfrentar a toda la corrupción y manipulación política que se vive en ese poder del Estado.
PAG: ¿Algo más que nos quisiera compartir?
TFL: Quiero felicitar al periódico digital www.pasosdeanimalgrande.com y también a la Asociación por la Justicia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU), por el trabajo valiente que están haciendo, en función de romper el cerco mediático a través de medios alternativos y es algo muy importante para todos y todas nosotras, sobre todo en estas circunstancias de tanta represión y manipulación de la información.
Premio Hans Litten conozca más Aquí
Migrantes y peregrinos
Por: Víctor Meza
Todos,
mortales al fin, somos peregrinos, siempre de paso, siempre en viaje
transitorio por la vida. Pero no todos somos migrantes, no todos nos
arriesgamos a recorrer los caminos inciertos que nos conducen a tierras
extrañas, sitios lejanos en donde soñamos asentar nuestra existencia y
construir nuevas vidas. El peregrino, sobre todo si es religioso, asume
su tránsito como un recorrido inevitable entre la vida y la muerte. Casi
resignado. El migrante no, éste asume su marcha como una aventura, una
búsqueda atrevida de mejores condiciones de vida, de nuevos aires y
mayores espacios. Es casi un explorador.
Pero,
en ciertas condiciones históricas, los migrantes llegan a parecer
peregrinos, viajeros constantes, convencidos de que sus intentos algún
día darán los resultados esperados y permitirán el acceso a la tierra
prometida. Es la realización del sueño, el alcance de la utopía. Cada
migrante lleva escondida en su alma su pequeña utopía.
Me
ha llamado la atención que los migrantes que engrosan las filas de una
dramática caravana de desesperados, que ha atravesado el territorio de
al menos cuatro países para llegar hasta la frontera sur de los Estados
Unidos, se hacen llamar a sí mismos peregrinos. Su marcha, azarosa y
arriesgada, se concibe como una peregrinación casi religiosa de hombres y
mujeres acosados por la pobreza, el desamparo, la violencia y los
abusos que son y han sido su vida diaria en sus respectivos países.
Caminan
desafiando los peligros de las rutas migratorias, exponiendo sus vidas y
las de los suyos, niños especialmente, a los riesgos y avatares del
camino, esperando siempre la emboscada de la muerte en el recodo
inesperado o, al menos, el abuso, la violación, el robo y la
arbitrariedad de otros pobres como ellos o de autoridades abusivas que
no vacilan en aprovecharse de su indefensión y miseria.
Pero,
justo es decirlo, también han encontrado la mano solidaria de miles de
personas buenas, organizaciones humanitarias, sacerdotes y religiosos
comprometidos con los valores cristianos, hombres y mujeres de bien que
dan lo mejor de su condición humana y entienden que el otro no es un
límite sino simplemente una posibilidad.
De
acuerdo a las informaciones de la prensa internacional, la mayoría de
los integrantes de esta caravana de peregrinos-migrantes o de migrantes-
peregrinos son compatriotas nuestros, hondureños, hombres y mujeres, en
desesperada y angustiante búsqueda de mejores condiciones de vida, de
una vida realmente mejor. La caravana, bastante diezmada y dispersa, ha
llegado por fin a la línea fronteriza que, para ellos, es la raya que
divide la realidad del sueño, la frustración pasada de la ilusión
futura, el infierno del paraíso. Así lo imaginan y así lo sueñan, aunque
después la dura realidad se encargue de mostrar la crudeza de la nueva
vida. Pero eso ya será otra historia.
Como
una paradoja grotesca de la vida, la llegada de la caravana de
peregrinos coincide con la cancelación del programa de permanencia
temporal, que durante dos décadas ha permitido a miles de compatriotas
trabajar de manera legal en los Estados Unidos, sin los sobresaltos
cotidianos ni el temor permanente a una expulsión súbita. Ahora, esa
condición ha cambiado y comienza a correr el plazo fatal para salir del
país, ser repatriado a la tierra lejana o, en el mejor de los casos,
lograr una solución positiva a su situación migratoria. ¡Vaya ironía de
la vida! Mientras unos llegan, con la esperanza a cuestas, otros salen o
saldrán con la decepción y la frustración sobre sus hombros.
Y
uno se pregunta: ¿qué hace el gobierno, ¿cuáles son los planes
diseñados por las autoridades para enfrentar este problema, el posible
retorno de miles de compatriotas repatriados? Pareciera que la
preocupación fundamental de las élites políticas y empresariales girara
única y exclusivamente en torno al impacto macroeconómico de una posible
reducción de los flujos de remesas familiares. Esta visión,
reduccionista y grosera, se origina en otra no menos irracional y
grotesca: ven a la migración como una solución y no como un problema.
nota relacionada A los migrantes, en pueblos de Centro América les cerraron los espacios para sobrevivir
La
asumen como una fórmula salvadora que reduce la presión social interna y
asegura los flujos de remesas millonarias en dólares. Y si es así, si
la conciben como una solución, nunca serán capaces de entenderla como lo
que realmente es, un grave y explosivo problema social. La vida, más
pronto de lo que creen, se encargará de demostrarlo.
Cantora Karla Lara, girando por el norte: “Acordamos Vivir Cantando”
EL
LIBERTADOR sigue la carrera exitosa de la Cantora hondureña, Karla
Lara, ahora en gira por Estados Unidos, donde más que conciertos es, en
efecto, embajadora de la cultura nacional y activista de derechos
humanos que cuenta al mundo con su música y su discurso la crisis social
que sufre y protesta nuestro pueblo.
“Hablamos
de nuestro territorio y nuestra lucha y la lucha del pueblo
norteamericano porque hay muchas afinidades, muchos puntos de encuentro,
porque toca hacerles ver que la supuesta comodidad que el sistema les
vende como "desarrollo" está construido sobre la base del despojo y
muerte de los pueblos del sur”, ha dicho este día Karla en entrevista
exclusiva con EL LIBERTADOR.
Fotos:
*
En Minneapolis, Karla Lara, se dio tiempo entre sus presentaciones para
compartir con “Mujeres Latinas Más allá de las Fronteras” en un
enriquecedor conversatorio con lideresas locales, luego hubo concierto;
la foto demuestra la solidaridad con el MADJ en Pajuiles, Atlántida.
*
En esa gráfica, Karla se conoce y comparte canciones con la famosa
compositora estadounidense, Sara Thomsen, en Duluth, antes del
concierto.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
EE.UU.
“Por acá andamos cantando, acompañada en el piano por José Antonio
Velásquez. Hemos venido a Estados Unidos desde el 18 de Abril y
terminaremos esta nueva gira del 2018, el 19 de mayo próximo”, ha dicho
este día la artista nacional, Karla Lara, en entrevista exclusiva con EL
LIBERTADOR.
“Hemos
tenido presentaciones entre universidades o actos políticos en plazas o
en las calles y varios conciertos y conversatorios en centros
culturales, bares o espacios comunitarios que se han sumado, al menos 20
oportunidades de cantar y contar sobre las luchas que hacemos en
nuestros territorios, y unos seis más que faltan, al menos, para lo que
resta de la gira”, comentó emocionada.
Ha dicho a este periódico que en cada oportunidad han colocado los temas de Honduras por la lucha por el agua y por la vida, por la autonomía que imaginamos posible los hondureños, han compartido sobre la esperanza de un pueblo que ha despertado y construye alternativas al modelo neocolonial extractivista. También, se ha reflexionado “desde nuestra mirada feminista lo que significa ser mujer acá o allá, en las dos Honduras que el Dictador Juan Hernández torpemente mencionó y ahora nos hacen repensar sobre la que ellos secuestran y la que el pueblo en resistencia protege y defiende”, explica, y amplía en palabras que por su profundo contenido, léalas:
Ha dicho a este periódico que en cada oportunidad han colocado los temas de Honduras por la lucha por el agua y por la vida, por la autonomía que imaginamos posible los hondureños, han compartido sobre la esperanza de un pueblo que ha despertado y construye alternativas al modelo neocolonial extractivista. También, se ha reflexionado “desde nuestra mirada feminista lo que significa ser mujer acá o allá, en las dos Honduras que el Dictador Juan Hernández torpemente mencionó y ahora nos hacen repensar sobre la que ellos secuestran y la que el pueblo en resistencia protege y defiende”, explica, y amplía en palabras que por su profundo contenido, léalas:
“Hacemos
nuestro aporte a la lucha desde la búsqueda estética como compromiso
político, es la trinchera, o sea, es la palabra, la armonía sonora, el
canto, el sueño, la voz, el cuerpo, la vida, intentamos que sea bella,
que tenga sentimientos, ritmo, identidad, pertenencia, honestidad, y que
sea bella, debe ser bella, y eso no signifique que nos guste a todas y
todos pero la intencionalidad de que así sea, es esa, y, es
profundamente político que así sea, porque todo lo que la subcultura
dominante nos ofrece a través de su patética industria del
entretenimiento es un homenaje a lo feo, a lo descorazonado, a lo
globalizado, a lo usurpado culturalmente, a la muerte, al despojo, al
ridículo amor romántico, a la apropiación de todo y sobre todo de
nosotras las mujeres, a muchos antivalores, a la violencia en todas sus
expresiones, es racista, es machista, es excluyente, es homo y
lesbofóbica, es clasista y es feo en su principio y por lo tanto es
antiestético.
Venimos
al norte (Estados Unidos) porque acá más que allá (Honduras) a la gente
se le está olvidando reírse, abrazarse, mirarse a los ojos y porque acá
hay un pueblo al que hay que recordarle
que son pueblo, es muy grande el imperio en su intento de hacerles
sentir parte de su maquinaria, ondean su bandera imperialista sin darse
cuenta que es la misma que ondea sobre los cadáveres de gente inocente
en las guerras que ellos con sus aliados riegan por el mundo entero.
Les
recordamos de iniciativas concretas como la de Acción Permanente por la
Paz para impulsar la “Ley Berta Cáceres” que busca que el presupuesto
militar norteamericano para Honduras se corte mientras no haya
investigación y castigo en los casos de violaciones a derechos humanos a
través de casos emblemáticos, donde a pesar de eso, la impunidad sigue
siendo la nota que los caracteriza.
Hemos
conocido interesantes proyectos, colectivos, personas que luchan por
las injustas políticas migratorias, luchas comunitarias contra la
contaminación ambiental de su industria que lleva los desechos a los
barrios más empobrecidos, donde viven la población latina y negra. Hemos
conocido a maestras organizadas en sindicatos que también luchan porque
el modelo privatizador les niega libertad de cátedra, porque como allá
cierran centros educativos, así como cierran teatros, cierran centros de
atención para personas adultas mayores, cierran centros de atención
para las mujeres sobrevivientes de violencia machista, y de la misma
forma que allá, los grupos fundamentalistas crecen y las libertades y
los derechos se niegan cada vez más.
Hablamos
de nuestro territorio y nuestra lucha y la lucha del pueblo
norteamericano porque hay muchas afinidades, muchos puntos de encuentro,
porque toca hacerles ver que la supuesta comodidad que el sistema les
vende como "desarrollo" está construido sobre la base del despojo y
muerte de los pueblos del sur y de otros países empobrecidos en el
mundo.
Podría
hacer una nota grandilocuente con el nombre de las ciudades y los
espacios donde hemos tenido nuestras presentaciones, pero de verdad me
parece mucho mas valioso rescatar que estas oportunidades son posibles
porque una lleva en su canto el amor y la convicción de cada una y cada
uno de ustedes, pueblo luchador contra este modelo que se aplica de
manera tan igual en tantos pueblos.
Contarles
que estas oportunidades de andar de gira, de ciudad en ciudad, de avión
en tren, de un aula de universidad a un centro cultural, de llanto a
risas es posible porque acá hay gente solidaria que organiza los
eventos, nos abre las puertas de su casa para darnos una camita
calientita, un baño limpio, una comidita rica, una cervecita o dos,
ja,ja,ja, una conversación agradable, unas noches hermosas en las que
volvemos a soñar otra forma de hacer y de estar, como humanidad.
Agradecemos
a quienes nos siguen en las fotos que publicamos, algunos videos, y
nuestros cortos comentarios sobre este acuerdo de VIVIR CANTANDO porque
para mi el canto es la lucha y no hay lucha sin canto, y es una espiral,
como la vida, que no tiene un punto de inicio ni de final porque es
paso nada más con los otros seres vivos: tierra, aire, agua, árboles,
animales y todos esos bienes comunes y de la naturaleza que defendemos
para que dejen de seguir siendo asesinados por el capitalismo, el
racismo y el patriarcado, para entender, como nos enseñó Berta que se
desmontan al mismo tiempo y que refundarnos es compromiso que debemos
asumir por adelantado.
Agradezco a Mateo Gingsberg de la Voz de los de Abajo en Chicago que es como muchos de nosotros, "Gente de Berta" y entusiasmó a Elisse Roberts de Acción Permanente por la Paz y al mismo tiempo ella y él sumando a tanta gente para amar esta gira.- Agradezco a José Antonio Velásquez por tanto amor en ese piano, por su amor en nuestros viajes, por esta complicidad que construimos no solo en el escenario, sino en esta aventura de girar con el mensaje mío y el toque suyo.
Agradezco a Mateo Gingsberg de la Voz de los de Abajo en Chicago que es como muchos de nosotros, "Gente de Berta" y entusiasmó a Elisse Roberts de Acción Permanente por la Paz y al mismo tiempo ella y él sumando a tanta gente para amar esta gira.- Agradezco a José Antonio Velásquez por tanto amor en ese piano, por su amor en nuestros viajes, por esta complicidad que construimos no solo en el escenario, sino en esta aventura de girar con el mensaje mío y el toque suyo.
“Gracias
a EL LIBERTADOR que es un periódico amigo, hermano, gracias a Jhonny
Lagos por preguntarnos por nuestra gira y pedirnos datos para
compartirles”: Karla Lara.
Fallo dejará en evidencia al Estado de Honduras: Garífunas le apuestan a la justicia y militares a la impunidad
Sunday, 06 May 2018 19:44 Written by Salvador Monroy Published in Denuncia
La fuerza de la impunidad podría ahogar la justicia, por eso es
que garífunas del municipio de Iriona en Colón, realizaron una acción de
protesta para exigir castigo contra militares de la Fuerza Naval de
Honduras que según denuncia de la Organización Fraternal Negra de
Honduras, OFRANEH, mataron a Yosvin Palacio Lino y Elvis Armando García
Martínez, en diciembre de 2015.
El 17 de diciembre de 2015, a eso de las cinco de la mañana dos
jóvenes Garífunas fueron asesinados a mansalva por elementos de la
Fuerza Naval de Honduras, cuando un grupo se movilizaba entre la
comunidad de Tocamacho y la ciudad de Tocoa. Uno de los vehículos se
atascó en la arena y fue cuando se acercó otro carro para prestar apoyo
y lograr desenterrarlo. De repente los miembros de la naval, empezaron a
disparar, sin mediar palabra alguna, falleciendo en el acto Yosvin
Palacio Lino, y quedando herido de gravedad Elvis Armando García, el que
falleció posteriormente en La Ceiba, dijo OFRANEH en una nota de
prensa.
Habrá sentencia
El próximo lunes 07 de mayo del 2018 el Tribunal de Sentencia emitirá
un fallo y se teme que el mismo se parcialice a favor de 10 militares
de la Fuerza Naval que se vieron involucrados en el hecho, luego de
alegar que se realizaba un operativo militar contra el tráfico de
drogas.
Los militares navales detenidos en ese entonces recibieron un auto de formal procesamiento, por haber disparado al grupo de personas en donde uno de los jóvenes murió en el lugar de los hechos y el otro en un hospital de La Ceiba, acción del Ministerio Público que se produjo debido a las exigencias de OFRANEH y de otras organizaciones nacionales e internacionales.
Los detenidos y sus apoderados legales alegan que recibieron disparos de parte del grupo de personas que se encontraban en el lugar en donde se registró el hecho, por lo que pretenden que los tribunales de justicia los dejen en libertad, pero la comunidad garífuna busca se condene a los militares por la muerte de los jóvenes y que el poder gubernamental no se parcialice a favor de los militares.
El mismo argumento que en el 2012
Del hecho realizado por los militares, las Fuerzas Armadas emitieron un comunicado, en donde más bien acusaban a los Garífunas de haber disparado contra los miembros de la Naval, señalando que ellos se vieron obligados a contrarrestar el ataque, disparando sus armas de reglamento en contra de los garífunas, quienes andaban en actos ilícitos de narcotráfico.
Ese mismo argumento se esgrimió el 11 de mayo de 2012 cuando cuatro personas de la etnia miskita fueron asesinadas desde un helicóptero en un tiroteo cuando viajaba en una embarcación por el río, pero la Administración para el Control de Drogas, DEA, por sus siglas en inglés, dijo en ese momento que varios de sus agentes se transportaban en el helicóptero propiedad del Departamento de Estado estadounidense, con militares hondureños, pero aseguró que su papel era simplemente el de asesorar.
Sin embargo una investigación posterior determinó responsabilidad de la DEA y los militares hondureños, en un documento de 424 páginas, donde se detalla cómo agentes de Honduras y de Estados Unidos abrieron fuego contra un bote que llevaba civiles y viajaba por el río de La Mosquitia, cuya costa estaba considerada entonces por EEUU como un enclave estratégico en el que aterrizaban aviones que traían cocaína de América del Sur, de acuerdo a una publicación de la Agencia EFE en mayo de 2017.
El juicio contra militares que atacaron en 2015 a garífunas
Aunque los militares de la Fuerza Naval reiteran su inocencia, el Ministerio Público descartó la posición de las Fuerzas Armadas, ya que no existió evidencia alguna que respaldara la versión emitida por el ente militar.
Los militares responsables enjuiciados son : Cristian Joel Nuñez Chirinos (24); Briand Jassman Hyde Velásquez (20), Angel David Laínez Barrera (20), José Luis Majano Escobar (23); Edim Jaasiel Martínez Castellanos (23), Kevin Salvador Avila Guevara (20), Kelvin Isaac Castro Urbina (18), Bryan Alfredo Jiménez Martínez, sargento Luis Alexis Aguilera Zúniga y el teniente de fragata Rubén Darío Andino Rivera, quien se encontraba cargo del operativo.
Los Garífuna temen que se repita una vez más que militares queden libres de este tipo de actos, ya que no es la primera vez que emite una sentencia de libertad a favor de ellos por actos similares, donde las justificaciones se basan en los operativos que se realizan para el combate a las drogas y el narcotráfico, sin que se busque a los verdaderos narcos que se esconden en los grupos de poder del país, de acuerdo a una nota de prensa difundida el 05 de mayo de 2018 por OFRANEH .
Vea comunicado de OFRANEH sobre juicio contra militares de la Fuerza Naval Aquí
Habrá sentencia
 La OFRANEH exige que se castigue a los culpables. Foto laprensa.hn |
Los militares navales detenidos en ese entonces recibieron un auto de formal procesamiento, por haber disparado al grupo de personas en donde uno de los jóvenes murió en el lugar de los hechos y el otro en un hospital de La Ceiba, acción del Ministerio Público que se produjo debido a las exigencias de OFRANEH y de otras organizaciones nacionales e internacionales.
Los detenidos y sus apoderados legales alegan que recibieron disparos de parte del grupo de personas que se encontraban en el lugar en donde se registró el hecho, por lo que pretenden que los tribunales de justicia los dejen en libertad, pero la comunidad garífuna busca se condene a los militares por la muerte de los jóvenes y que el poder gubernamental no se parcialice a favor de los militares.
El mismo argumento que en el 2012
Del hecho realizado por los militares, las Fuerzas Armadas emitieron un comunicado, en donde más bien acusaban a los Garífunas de haber disparado contra los miembros de la Naval, señalando que ellos se vieron obligados a contrarrestar el ataque, disparando sus armas de reglamento en contra de los garífunas, quienes andaban en actos ilícitos de narcotráfico.
Ese mismo argumento se esgrimió el 11 de mayo de 2012 cuando cuatro personas de la etnia miskita fueron asesinadas desde un helicóptero en un tiroteo cuando viajaba en una embarcación por el río, pero la Administración para el Control de Drogas, DEA, por sus siglas en inglés, dijo en ese momento que varios de sus agentes se transportaban en el helicóptero propiedad del Departamento de Estado estadounidense, con militares hondureños, pero aseguró que su papel era simplemente el de asesorar.
Sin embargo una investigación posterior determinó responsabilidad de la DEA y los militares hondureños, en un documento de 424 páginas, donde se detalla cómo agentes de Honduras y de Estados Unidos abrieron fuego contra un bote que llevaba civiles y viajaba por el río de La Mosquitia, cuya costa estaba considerada entonces por EEUU como un enclave estratégico en el que aterrizaban aviones que traían cocaína de América del Sur, de acuerdo a una publicación de la Agencia EFE en mayo de 2017.
El juicio contra militares que atacaron en 2015 a garífunas
Aunque los militares de la Fuerza Naval reiteran su inocencia, el Ministerio Público descartó la posición de las Fuerzas Armadas, ya que no existió evidencia alguna que respaldara la versión emitida por el ente militar.
Los militares responsables enjuiciados son : Cristian Joel Nuñez Chirinos (24); Briand Jassman Hyde Velásquez (20), Angel David Laínez Barrera (20), José Luis Majano Escobar (23); Edim Jaasiel Martínez Castellanos (23), Kevin Salvador Avila Guevara (20), Kelvin Isaac Castro Urbina (18), Bryan Alfredo Jiménez Martínez, sargento Luis Alexis Aguilera Zúniga y el teniente de fragata Rubén Darío Andino Rivera, quien se encontraba cargo del operativo.
Los Garífuna temen que se repita una vez más que militares queden libres de este tipo de actos, ya que no es la primera vez que emite una sentencia de libertad a favor de ellos por actos similares, donde las justificaciones se basan en los operativos que se realizan para el combate a las drogas y el narcotráfico, sin que se busque a los verdaderos narcos que se esconden en los grupos de poder del país, de acuerdo a una nota de prensa difundida el 05 de mayo de 2018 por OFRANEH .
Vea comunicado de OFRANEH sobre juicio contra militares de la Fuerza Naval Aquí
Sindicalismo atraviesa momentos de crisis y pérdida de protagonismo: Eugenio Sosa
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-
De acuerdo al criterio del sociólogo hondureño, Eugenio Sosa, el
sindicalismo hondureño al igual que el de América latina y en el mundo
está atravesando por momentos de crisis, debilitamiento y pérdida de
protagonismo.
Sosa
cree que se debe a tres factores preponderantes. El primero tiene que
ver con cambios en el mundo capitalista del trabajo, todo lo que
escuchamos como: tercerización, trabajo por hora, flexibilización y el
retorno de algo del feudalismo como el trabajo en casa, está destruyendo
la organización sindical.
La
capacidad de la afiliación sindical y de construcción de sindicatos ha
sido destruida y eso se conoce como la perdida de la tasa de afiliación.
En
Honduras apenas un 7% de los trabajadores pertenecen a una organización
sindical, eso es una población bastante reducida la que está
sindicalizada.
El
segundo tiene que ver con la capacidad de pérdidas de referentes
ideológicos y programáticos, además de la cooptación de los partidos
políticos y de las empresas privadas y el mismo Estado, esto ha hecho
que los líderes y los militantes hayan perdido la confianza y la
representación genuina de los trabajadores.
El
tercer elemento tiene que ver con el desmontaje del Estado. Este
privatiza y coloca ministerios como el de Trabajo y Previsión Social en
una tercera categoría.
Ese
mismo ministerio que en otros países garantiza el derecho a la
organización en Honduras se presta para evitar la organización sindical
como es el caso de los y las trabajadoras de la maquila donde se han
hecho varios intentos por organizarse, pero los mismos supervisores del
Ministerio del Trabajo se prestan para elaborar las listas negras para
que no sean contratados en otras maquilas.
En
el sindicalismo hondureño hay un distanciamiento entre los trabajadores
y los líderes sindicales y muchos traicionaron el movimiento obrero y
se han plegado al Estado y se han convertido en una pequeña casta
sindical que se ha desconectado de los trabajadores.
Justicia hondureña e hidroeléctrica se ensaña con alcalde de Arizona, Atlántida
May 02, 2018
Dos acusaciones, una por difamación y otra por usurpación de
predios, tiene encima el alcalde de Arizona, Atlántida, Arnoldo Chacón,
más conocido como Noldo Chacón, quien acompaña a las comunidades de este
municipio en su rechazo a los proyectos extractivos.
El rechazo a las hidroeléctricas y mineras lo llevaron a los juzgados, junto a otros 4 líderes comunitarios, quienes rechazan la presencia de una hidroeléctrica a la altura de río Hilamito, principal fuente de agua de la zona.
El edil denunció planes para asesinarlo y recientemente su abogado, Carlos Hernández fue asesinado, lo que se convierte en una nueva amenaza contra Noldo Chacón (NC), con quien Radio Progreso conversó recientemente. Él cuenta la situación personal y municipal que enfrenta y la poca voluntad de la institucionalidad de garantizar su vida y respetar la voluntad de las comunidades que rechazan la presencia de la hidroeléctrica.
RP. ¿Qué acusaciones está haciendo la justicia hondureña en su contra?
NC. Las acusaciones que se nos hacen son erróneas, ellos nos está acusando de usurpación de suelo contra el Estado, y eso no cabe. En la presentación de imputados ellos dicen que nos están juzgando como persona natural, pero yo soy alcalde, soy funcionario público.
RP. Usurpación, ¿porqué caso concreto?
NC. Por el caso de la empresa INGELSA, ellos quieren desarrollar un proyecto hidroeléctrico en del río Hilamito. Ya tienen un proyecto en el río Mezapa, en el que están generando desde hace 6 años unos 9.5 megas y ahora quieren producir unos 14.5 megas.
La empresa dice que está legal, que tiene todos los permisos de operación, pero es la gente la no que quiere el proyecto, la población está en contra de que represen en río, como alcaldía lo únicos que estamos haciendo es acompañar al pueblo en su decisión soberana.
RP. ¿La empresa tiene permisos municipales?
NC. No han tenido acercamiento con la corporación actual. En la administración anterior si solicitaron permisos de apertura de carreteras e inspecciones de algunas dependencias municipales. Pero en la administración actual no han tenido ningún acercamiento.
RP. ¿Qué busca el Estado con sus acusaciones?
NC. Lo desconozco. Pero me atrevería asegurar que es el Estado confabulado con la empresa, ellos tienen control del Estado y han iniciado una persecución política contra los alcaldes que se oponen a estos proyectos. Además, hay persecución por ser de otro partido al oficialista.
RP. ¿Usted teme por su vida señor alcalde?
NC. En algunas ocasiones nos hemos preocupado porque nos han venido amenazas fuertes, de hecho, no hemos denunciado ni el 10 por ciento, hemos tenido bastante persecución, hemos divulgados algunos nombres, por eso me vino una querella donde tengo otro requerimiento por el cual compareceré ante el mismo juez, pero eso lo miro como una persecución contra mi persona. No se encontró ninguna prueba en contra mía, ellos dicen que yo promuevo que el pueblo se manifestara.
Puedo asegurar que desaparezco de la silla de la alcaldía y el pueblo seguiría en la misma posición. Ya no es el alcalde el que opone, sino un pueblo que ha despertado, más de 6 mil personas que dicen no a ese proyecto.
RP. ¿Ha recibido atentado contra su vida?
NC. Atentado no, pero si hemos recibido amenazas, hemos recibido guerra psicológica, mensajes que nos manda la empresa como persecución, querellarnos acusándonos de difamación. Mi familia teme por mí vida, pero yo como alcalde no pude vivir con miedo.
Hemos denunciado ante organizaciones internacionales todo lo que estamos enfrentando.
RP. ¿Tiene temor de ser destituido de su cargo como alcalde por estas dos acusaciones?
NC. Temor no tengo, si las leyes se prestan para las grandes transnacionales que sea el pueblo el que decida. Yo fui elegido por el pueblo, el temor en su momento fue evacuado porque no podemos vivir con miedo. Si me destituyen que sea el pueblo que se pronuncie, que venga lo que venga.
RP. ¿Usted cree que eso anda buscando la empresa, deshabilitarlo de sus funciones?
NC. Eso busca, eso pretende, pero no está en manos de ellos. Creo que ante la ley no he cometido ningún delito. Les digo que, aunque me destituyan del cargo ese proyecto no se hará porque no soy yo quien toma la decisión sino el pueblo. El alcalde lo único que ha hecho es un compromiso de administrar los bienes del pueblo.
RP. ¿Quiénes están detrás de la empresa INGELSA?
NC. La información es que hay varios socios, el socio mayoritario es Emil Abufele pero detrás hay varios personajes que están constituidos como sociedad anónima.
RP. ¿La empresa tiene todos los permisos para la operación de la hidroeléctrica?
NC. Los permisos a nivel central se los dieron el año 2014. Ellos tienen todos los acuerdos legales, lo único que les falta es convencer al pueblo, son las comunidades las dueñas de los bienes naturales.
RP. ¿La municipalidad estaría dispuesta a dar un permiso a la empresa?
NC. Tendríamos que esperar que dice el pueblo, porque no atropellaré la decisión de las comunidades. Sería importante hacer una consulta, que sean ellos quienes decidan. Hace año se hizo una consulta y la gente dijo claramente que no, hay que hacer nuevamente esa consulta.
RP. Noldo Chacón está consciente de ¿quién es la familia Abuefele, sabe que se está oponiendo a un modelo que impulsa el gobierno?
NC. Lo entiendo perfectamente bien, y sé que no es fácil porque es una empresa grande, son grandes transnacionales que se han pronunciado en contra del alcalde. Pero un mensaje que mando a la empresa es que ellos están dando seguimiento a la persona equivocada, allí tienen que buscar más información que ya no es el alcalde que es un pueblo que se manifiesta en contra estos proyectos.
RP. Usted pertenece al partido Liberal, ¿siente apoyo de su partido ante las acusaciones y todo lo que está enfrentando usted?
NC. La verdad no. He mandado comunicados a un chat de alcaldes liberales que tenemos, pero penosamente no he recibido apoyo de ningún colega, cada quien está interesado en lidiar con sus problemas en sus alcaldías. De nivel central mi partido no se pronuncia, mi partido me ha dejado solo.
RP. ¿En quién confía usted ahora?
NC. Primeramente, en Dios, segundo en mi familia, y tercero mi pueblo que me ha dicho que no me dejará solo.
El rechazo a las hidroeléctricas y mineras lo llevaron a los juzgados, junto a otros 4 líderes comunitarios, quienes rechazan la presencia de una hidroeléctrica a la altura de río Hilamito, principal fuente de agua de la zona.
El edil denunció planes para asesinarlo y recientemente su abogado, Carlos Hernández fue asesinado, lo que se convierte en una nueva amenaza contra Noldo Chacón (NC), con quien Radio Progreso conversó recientemente. Él cuenta la situación personal y municipal que enfrenta y la poca voluntad de la institucionalidad de garantizar su vida y respetar la voluntad de las comunidades que rechazan la presencia de la hidroeléctrica.
RP. ¿Qué acusaciones está haciendo la justicia hondureña en su contra?
NC. Las acusaciones que se nos hacen son erróneas, ellos nos está acusando de usurpación de suelo contra el Estado, y eso no cabe. En la presentación de imputados ellos dicen que nos están juzgando como persona natural, pero yo soy alcalde, soy funcionario público.
RP. Usurpación, ¿porqué caso concreto?
NC. Por el caso de la empresa INGELSA, ellos quieren desarrollar un proyecto hidroeléctrico en del río Hilamito. Ya tienen un proyecto en el río Mezapa, en el que están generando desde hace 6 años unos 9.5 megas y ahora quieren producir unos 14.5 megas.
La empresa dice que está legal, que tiene todos los permisos de operación, pero es la gente la no que quiere el proyecto, la población está en contra de que represen en río, como alcaldía lo únicos que estamos haciendo es acompañar al pueblo en su decisión soberana.
RP. ¿La empresa tiene permisos municipales?
NC. No han tenido acercamiento con la corporación actual. En la administración anterior si solicitaron permisos de apertura de carreteras e inspecciones de algunas dependencias municipales. Pero en la administración actual no han tenido ningún acercamiento.
RP. ¿Qué busca el Estado con sus acusaciones?
NC. Lo desconozco. Pero me atrevería asegurar que es el Estado confabulado con la empresa, ellos tienen control del Estado y han iniciado una persecución política contra los alcaldes que se oponen a estos proyectos. Además, hay persecución por ser de otro partido al oficialista.
RP. ¿Usted teme por su vida señor alcalde?
NC. En algunas ocasiones nos hemos preocupado porque nos han venido amenazas fuertes, de hecho, no hemos denunciado ni el 10 por ciento, hemos tenido bastante persecución, hemos divulgados algunos nombres, por eso me vino una querella donde tengo otro requerimiento por el cual compareceré ante el mismo juez, pero eso lo miro como una persecución contra mi persona. No se encontró ninguna prueba en contra mía, ellos dicen que yo promuevo que el pueblo se manifestara.
Puedo asegurar que desaparezco de la silla de la alcaldía y el pueblo seguiría en la misma posición. Ya no es el alcalde el que opone, sino un pueblo que ha despertado, más de 6 mil personas que dicen no a ese proyecto.
RP. ¿Ha recibido atentado contra su vida?
NC. Atentado no, pero si hemos recibido amenazas, hemos recibido guerra psicológica, mensajes que nos manda la empresa como persecución, querellarnos acusándonos de difamación. Mi familia teme por mí vida, pero yo como alcalde no pude vivir con miedo.
Hemos denunciado ante organizaciones internacionales todo lo que estamos enfrentando.
RP. ¿Tiene temor de ser destituido de su cargo como alcalde por estas dos acusaciones?
NC. Temor no tengo, si las leyes se prestan para las grandes transnacionales que sea el pueblo el que decida. Yo fui elegido por el pueblo, el temor en su momento fue evacuado porque no podemos vivir con miedo. Si me destituyen que sea el pueblo que se pronuncie, que venga lo que venga.
RP. ¿Usted cree que eso anda buscando la empresa, deshabilitarlo de sus funciones?
NC. Eso busca, eso pretende, pero no está en manos de ellos. Creo que ante la ley no he cometido ningún delito. Les digo que, aunque me destituyan del cargo ese proyecto no se hará porque no soy yo quien toma la decisión sino el pueblo. El alcalde lo único que ha hecho es un compromiso de administrar los bienes del pueblo.
RP. ¿Quiénes están detrás de la empresa INGELSA?
NC. La información es que hay varios socios, el socio mayoritario es Emil Abufele pero detrás hay varios personajes que están constituidos como sociedad anónima.
RP. ¿La empresa tiene todos los permisos para la operación de la hidroeléctrica?
NC. Los permisos a nivel central se los dieron el año 2014. Ellos tienen todos los acuerdos legales, lo único que les falta es convencer al pueblo, son las comunidades las dueñas de los bienes naturales.
RP. ¿La municipalidad estaría dispuesta a dar un permiso a la empresa?
NC. Tendríamos que esperar que dice el pueblo, porque no atropellaré la decisión de las comunidades. Sería importante hacer una consulta, que sean ellos quienes decidan. Hace año se hizo una consulta y la gente dijo claramente que no, hay que hacer nuevamente esa consulta.
RP. Noldo Chacón está consciente de ¿quién es la familia Abuefele, sabe que se está oponiendo a un modelo que impulsa el gobierno?
NC. Lo entiendo perfectamente bien, y sé que no es fácil porque es una empresa grande, son grandes transnacionales que se han pronunciado en contra del alcalde. Pero un mensaje que mando a la empresa es que ellos están dando seguimiento a la persona equivocada, allí tienen que buscar más información que ya no es el alcalde que es un pueblo que se manifiesta en contra estos proyectos.
RP. Usted pertenece al partido Liberal, ¿siente apoyo de su partido ante las acusaciones y todo lo que está enfrentando usted?
NC. La verdad no. He mandado comunicados a un chat de alcaldes liberales que tenemos, pero penosamente no he recibido apoyo de ningún colega, cada quien está interesado en lidiar con sus problemas en sus alcaldías. De nivel central mi partido no se pronuncia, mi partido me ha dejado solo.
RP. ¿En quién confía usted ahora?
NC. Primeramente, en Dios, segundo en mi familia, y tercero mi pueblo que me ha dicho que no me dejará solo.
MILITARES CERRARON PASO A MOVILIZACIÓN DE OPOSICIÓN ESTE VIERNES
La
Alianza de Oposición Contra la Dictadura, volvió este viernes a las
calles, para reclamar por la represión del pasado martes, la incapacidad
del gobierno para negociar el Estatutos de Protección Temporal (TPS),
entre otros temas de país como la importación de 15 millones de granos
básicos.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Este
viernes la Alianza de Oposición, salió nuevamente a las calles para
protestar contra la imposición de la ilegal reelección. Los ciudadanos,
reprocharon al gobernante Juan Hernández, la represión del pasado martes
1 de mayo.
Por
otro lado, reclamaron la actitud pasiva de Hernández ante la decisión
de los Estados Unidos por cancelar el Estatus de Protección Temporal
(TPS) a unos 56 mil hondureños.
El
coordinador de la Alianza, Manuel Zelaya, aseguró que Hernández no tuvo
valor “para ponerse los pantalones”, y, de esa forma, negociar la
continuidad del TPS. Según el expresidente (2006-2009), el gobernante
podía amenazar a EE.UU. con suspender la permanencia de las bases
militares y empresas transnacionales.
Amplió
que se debió buscar un tratado para mantener el TPS, pero el silencio
del apodado “dictador benigno”, deja entrever la falta de autoridad del
presidente, quien logró ser reelecto, gracias al apoyo de los
norteamericanos.
Además,
se reclamó al gobierno la incapacidad por generar políticas agrícolas
que permitieran la cultivación de granos básicos, ya que el diputado
Rafael Alegría, informó que se importaran 15 millones de estos
productos, teniendo las condiciones para producirlo.
La
marcha arrancó desde las inmediaciones de la Universidad Pedagógica
Nacional (UPN), rumbo al antiguo palacio presidencial, ubicado cerca de
la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en Tegucigalpa.
Durante
todo el trayecto, el pueblo denunció que un pequeño contingente
policial siguió la marcha de cerca, de igual manera, se detectó
infiltrados que fueron detenidos antes de que éste agrediera a un
oficial. Esa estrategia ha sido empleada en numerosas ocasiones, según
la oposición.
El
canal UNE TV, que transmitió toda la movilización, notificó la
presencia de al menos cuatro tanquetas de agua de la Policía. Al llegar
al puente a desnivel del bulevar Cristina, los protestantes fueron
detenidos por un contingente militar que bloqueó el paso, para “escudar”
el edificio que por ahora hospeda a Hernández.
En
la transmisión de UNE TV, se identificó como oficiales de la Policía
Nacional, tomaron fotografías a varios manifestantes, quienes todavía
siguen molestos por la represión del pasado martes. Zelaya, ratificó que
pronto serán activados los 10 mil Comandos de Insurrección para tomar
el poder de forma pacífica.
