Delegación internacional de ddhh exige liberación de los presos políticos en Honduras
Tegucigalpa.- Delegación de Observadores de Derechos Humanos de Canadá y Estados Unidos llegó al país para investigar la situación de los presos políticos, que dejó el proceso post electoral de noviembre del año anterior en Honduras, y exigir su libertad.
La delegación, compuesta por siete personas, ofreció una conferencia de prensa este miércoles en la sede del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), donde fueron acompañados por su coordinadora, Berta Oliva, y por miembros del Comité Nacional para la Liberación de Presos Políticos, espacio impulsado por Convergencia contra el Continuismo.
La delegación arribó a Honduras el martes al mediodía y fueron sometidos a interrogatorios exhaustivos e innecesarias para permitirle la entrada al país.
Cabe mencionar que dicha delegación viene a verificar la situación de los privados de libertad en Honduras por razones políticas y exigir la pronta liberación del defensor de derechos humanos, Edwin Espinal, preso político desde el 19 de enero del 2018.
Berta Oliva, coordinadora del COFADEH, señaló que mientras haya una sola persona privada de su libertad por razones políticas, el Comité Nacional para la Liberación de Presos Políticos seguirá haciendo la labor por la que fue creado.
Oliva explicó que “inicialmente habían 23 persona privadas de libertad por razones política, pero en este momento solo queda cinco porque el resto ha salido para poder defenderse en libertad, que aunque siguen con los cargos, pero se defenderán afuera del centro penal”.
La defensora añadió que en el transcurso del tiempo hay posibilidad que salgan el resto de privados de libertad, pero que el caso de Edwin Espinal es más difícil porque quieren desvirtuar jurídicamente que no es un preso político, pero él en si es un defensor, un luchador social que ha venido siendo víctima del sistema desde el 2009.
Espinal es el yerno de Janet Spring, madre de la defensora de derechos humanos de origen canadiense Karen Spring, quien liderará la delegación junto con Grahame Russell, director de Derechos en Acción, una organización no gubernamental canadiense-estadounidense.
La delegación incluye también al realizador de documentales Jesse Freeston, el fotógrafo Ben Powless, la pastora de Elmvale Meg Jordan, y el doctor de medicina de emergencia William Reeves. La delegación también está acompañando de regreso a Honduras a Karen Spring, la compañera de Espinal y una defensora canadiense de derechos humanos que ha vivido y trabajado en Honduras desde el 2009.
Esta delegación estará en el país del 22 al 27 de mayo del 2018 y parte de sus actividades es visitar el centro penal de máxima seguridad “La Tolva”, ubicado en Moroceli, El Paraíso, para verificar la situación en la qué se encuentran los privados de libertad por razones políticas.
Delegación internacional de ddhh fue retenida 4 horas al ingresar a Honduras
Espinal es el yerno de Janet Spring, vecina del condado de Simcoe, quien liderará la delegación junto con Grahame Russell, director de Derechos en Acción, una organización no gubernamental canadiense-estadounidense. La delegación incluye también al realizador de documentales Jesse Freeston, el fotógrafo Ben Powless, la pastora de Elmvale Meg Jordan, y el doctor de medicina de emergencia William Reeves. La delegación también está acompañando de regreso a Honduras a Karen Spring, la compañera de Espinal y una defensora canadiense de derechos humanos que ha vivido y trabajado en Honduras desde el 2009.
Al arribar al aeropuerto a las 11 y media de la mañana del 22 de mayo, cinco integrantes de la delegación (Karen y Janet Spring, Jesse Freeston, Meg Jordan y William Reeves) fueron interrogados uno por uno por casi cuatro horas, y se enfocaron sobretodo en la interrogación de Karen Spring, quien estaba regresando a casa. A los integrantes de la delegación se les interrogaron más que todo sobre su interés en y preocupación por temas de derechos humanos desde las elecciones fraudulentas y violentas de noviembre del 2017.
Cuando se les permitió salir del área de migración, se juntaron con Ben Powless y Grahame Russell quienes estaban esperando en el aeropuerto junto con defensores hondureños de derechos humanos y manteniendo al tanto a organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos.
Espinal está encarcelado en una cárcel de máxima seguridad desde su captura arbitraria el 19 de enero del año en curso en medio de las enormes protestas tras el proceso electoral corrupto y represivo de noviembre del 2017. La familia Spring no ha podido escuchar noticias directamente de Edwin en más de 45 días pero saben que sigue en condiciones deplorables con cargos falsos para criminalizarlo por su larga trayectoria de trabajo en derechos humanos y movimientos sociales.
“La delegación ha solicitado reuniones con varios funcionarios hondureños, incluso el Fiscal General y el Instituto Nacional Penitenciario, los responsables de las condiciones en las cuales se encuentra Edwin”, informa Janet Spring. “También hemos solicitado a la Embajada de Canadá en Honduras ayudarnos en facilitar nuestra visita a la cárcel y poder traerle comida y agua a Edwin y a otro preso político encarcelado con él, Raúl Álvarez”.
En noviembre del 2017, estallaron protestas en Honduras tras las elecciones generales plagadas de fraude. Espinal, así como miles de hondureños, salió a las calles para oponerse al fraude electoral que mantuvo en el poder al presidente Juan Orlando Hernández. Las fuerzas de seguridad reprimieron a las protestas incluso con bala viva, dejando más de 35 muertos, cientos de heridos, y miles de detenidos.
Un defensor de los derechos humanos y de la democracia desde hace muchos años, Espinal es uno de 23 presos políticos que el gobierno tenía encarcelado en prisión preventiva, incluso en centros penales dirigidos por militares. Hasta la fecha, 17 de los 23 presos políticos han salido con medidas sustitutivas gracias a los esfuerzos al nivel nacional y las campañas internacionales, entra las cual están los vecinos del condado Simcoe. Sin embargo, la familia Spring teme que el gobierno mantendrá encarcelado a Espinal. “Edwin ha sido blanco de persecución política desde el golpe de estado en Honduras en el 2009, apoyado por los Estados Unidos y Canadá”, explica Grahame Russell, quien ha conocido a Espinal desde ese entonces.
La delegación también estaría solicitando reuniones con representantes de las embajadas de Canadá y EE.UU. “El gobierno hondureño ha sido facultado y fortalecido por el apoyo diplomático y económico de Canadá y los Estados Unidos, lo cual sigue, y aprovechó una crisis política para encarcelar a defensores y activistas como Edwin. Nosotros, como ciudadanos canadienses y estadounidenses, a través de las políticas de nuestros gobiernos, hemos ayudado a crear la problemática de violaciones a los derechos humanos en Honduras”, destaca Russell.
La delegación estará acompañada por organizaciones nacionales de derechos humanos como el Comité de Familiares de los Detenidos-Desaparecidos en Honduras, COFADEH, cuyas abogadas son las representantes legales de Espinal. La delegación también coordinará con la Convergencia contra el Continuismo y el Comité Nacional por la Liberación de los Presos Políticos.
Mientras en Honduras y al regresar a Canadá y a los Estados Unidos, la delegación compartirá sus hallazgos con funcionarios en ambos países, con medios de comunicación, y con vecinos del condado Simcoe.
Delegación de Estados Unidos regresa a Honduras ante preocupación por violaciones a derechos humanos
May 22, 2018
Debido a que las amenazas contra los derechos humanos del pueblo
hondureño no han llegado a su fin, una delegación de líderes religiosos y
representantes de más de 40 organizaciones en 14 estados de los Estados
Unidos, se encuentra por segunda vez en país. Estas personas llegaron
la primera vez en enero de 2018, como parte de una delegación de
emergencia durante la crisis postelectoral.
Claros que el Gobierno de los Estados Unidos, es en parte responsable de la crisis en Honduras, al reconocer el régimen de Juan Orlando Hernández, ésta delegación se ha trasladado a varias regiones del país para verificar la situación actual. Además están brindando un total respaldo al trabajo que desarrolla el Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación, ERIC-SJ y Radio Progreso.
La delegación llegó al país acompañando el regreso de seis defensores de derechos humanos, que viajaron a los Estados Unidos a diez ciudades para dar testimonio sobre la situación de los derechos humanos en Honduras. Entre los seis se encontraba el Padre Ismael Moreno Coto (Padre Melo), Director de Radio Progreso / ERIC.
Esta comisión se reunió con 14 senadores y miembros del Congreso estadounidense, así como con el Secretario de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental. Entre ellos, con el senador Dick Durbin, presidente del Comité de Servicios Armados del Senado. El Padre Melo también se reunió con el autor de la Ley Berta Cáceres, Hank Johnson, Demócrata de Georgia, quien junto con otros 70 líderes del Congreso, esta co-patrocinando la Ley Berta Cáceres.
En una conferencia de prensa desarrollada en San Pedro Sula, la delegación estadounidense manifestó que la reciente cancelación del programa TPS muestra el rostro racista y discriminatorio de la administración Donald Trump, en su forma más repugnante. La decisión sobre TPS perjudica directamente a los hondureños en los Estados Unidos, muchos de los cuales han vivido allí durante casi veinte años, así como a sus familias en Honduras quienes dependen de su apoyo para sobrevivir.
En el comunicado resaltaron que “la administración de Trump está condenando a estas personas a regresar a un país que las administraciones estadounidenses anteriores han reconocido como una situación del infierno. La gente sigue huyendo de la violencia en Honduras, incluso cuando la administración Trump amenaza con deportar a más gente a esta realidad insostenible”.
“La mayoría de los refugiados que llegaron a la frontera con Estados Unidos para buscar asilo recientemente con la Caravana de migrantes, están escapando de la crisis política en Honduras. Es irracional e injusto eliminar las protecciones de TPS en un momento en el cual Honduras está sufriendo inestabilidad política”.
En el comunicado también resalta que el gobierno de los Estados Unidos ha contribuido a la crisis con sus propias políticas, incluido el apoyo financiero de la militarización de la sociedad hondureña a través de la ayuda militar y respaldando elecciones ilegitimas y fraudulentas de noviembre de 2017. Las políticas de la administración Trump hacen que sea casi imposible vivir en Honduras, incluso cuando pretenden deportar a más personas al peligro.
La delegación ha llegado a Honduras, en respuesta al llamado de la comunidad de fe para acompañar al pueblo de Honduras. Representan, entre otros, a la Fundación SHARE, Hermanas Religiosas Mercy, CARECEN - Los Ángeles y el Comité de Servicio Unitario Universalista. “Nuestras organizaciones representan a miles de personas en los Estados Unidos de muchas comunidades de fe y sociedad civil. Muchos de nosotros regresamos de la delegación de emergencia en enero”.
La Dra. Claire White, catedrática estadounidense y asociada a las Hermanas de San José, quien además es hija del diplomático Robert White, manifestó que invitaron a todos los líderes políticos estadounidenses y de derechos humanos a viajar a Honduras para observar directamente la realidad hondureña y varios de ellos están comprometidos a llegar al país. “Nosotros, la delegación, regresando a Honduras con los defensores de los derechos humanos, respaldamos las cinco recomendaciones que presentaron al Congreso de los EE.UU: 1) Liberar a los 22 presos políticos; 2) Poner fin a la ayuda militar de los Estados Unidos a Honduras; 3) Desmilitarizar la sociedad hondureña; 4) Aprobar la Ley Berta Cáceres y 5) Formar una comisión para investigar y responsabilizar a quienes hirieron y asesinaron a manifestantes pacíficos en el contexto de la crisis electoral.
El comunicado concluye diciendo que “nosotros, el grupo de organizaciones comunitarias basadas en la fe, hemos acompañado a esta delegación hondureña hasta su hogar, y esperamos y exigimos que no haya represalias o persecución por haber declarado sobre la responsabilidad de Juan Orlando Hernández y su régimen por las violaciones de los derechos humanos en Honduras. Estamos comprometidos a continuar visitando a Honduras en solidaridad hasta que estas demandas se cumplan. Volveremos a los Estados Unidos para invitar a más representantes de nuestras comunidades y nuestros legisladores a ver la realidad de lo que está sucediendo en este país y el papel que desempeña nuestro gobierno en la violación de los derechos humanos”.
Claros que el Gobierno de los Estados Unidos, es en parte responsable de la crisis en Honduras, al reconocer el régimen de Juan Orlando Hernández, ésta delegación se ha trasladado a varias regiones del país para verificar la situación actual. Además están brindando un total respaldo al trabajo que desarrolla el Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación, ERIC-SJ y Radio Progreso.
La delegación llegó al país acompañando el regreso de seis defensores de derechos humanos, que viajaron a los Estados Unidos a diez ciudades para dar testimonio sobre la situación de los derechos humanos en Honduras. Entre los seis se encontraba el Padre Ismael Moreno Coto (Padre Melo), Director de Radio Progreso / ERIC.
Esta comisión se reunió con 14 senadores y miembros del Congreso estadounidense, así como con el Secretario de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental. Entre ellos, con el senador Dick Durbin, presidente del Comité de Servicios Armados del Senado. El Padre Melo también se reunió con el autor de la Ley Berta Cáceres, Hank Johnson, Demócrata de Georgia, quien junto con otros 70 líderes del Congreso, esta co-patrocinando la Ley Berta Cáceres.
En una conferencia de prensa desarrollada en San Pedro Sula, la delegación estadounidense manifestó que la reciente cancelación del programa TPS muestra el rostro racista y discriminatorio de la administración Donald Trump, en su forma más repugnante. La decisión sobre TPS perjudica directamente a los hondureños en los Estados Unidos, muchos de los cuales han vivido allí durante casi veinte años, así como a sus familias en Honduras quienes dependen de su apoyo para sobrevivir.
En el comunicado resaltaron que “la administración de Trump está condenando a estas personas a regresar a un país que las administraciones estadounidenses anteriores han reconocido como una situación del infierno. La gente sigue huyendo de la violencia en Honduras, incluso cuando la administración Trump amenaza con deportar a más gente a esta realidad insostenible”.
“La mayoría de los refugiados que llegaron a la frontera con Estados Unidos para buscar asilo recientemente con la Caravana de migrantes, están escapando de la crisis política en Honduras. Es irracional e injusto eliminar las protecciones de TPS en un momento en el cual Honduras está sufriendo inestabilidad política”.
En el comunicado también resalta que el gobierno de los Estados Unidos ha contribuido a la crisis con sus propias políticas, incluido el apoyo financiero de la militarización de la sociedad hondureña a través de la ayuda militar y respaldando elecciones ilegitimas y fraudulentas de noviembre de 2017. Las políticas de la administración Trump hacen que sea casi imposible vivir en Honduras, incluso cuando pretenden deportar a más personas al peligro.
La delegación ha llegado a Honduras, en respuesta al llamado de la comunidad de fe para acompañar al pueblo de Honduras. Representan, entre otros, a la Fundación SHARE, Hermanas Religiosas Mercy, CARECEN - Los Ángeles y el Comité de Servicio Unitario Universalista. “Nuestras organizaciones representan a miles de personas en los Estados Unidos de muchas comunidades de fe y sociedad civil. Muchos de nosotros regresamos de la delegación de emergencia en enero”.
La Dra. Claire White, catedrática estadounidense y asociada a las Hermanas de San José, quien además es hija del diplomático Robert White, manifestó que invitaron a todos los líderes políticos estadounidenses y de derechos humanos a viajar a Honduras para observar directamente la realidad hondureña y varios de ellos están comprometidos a llegar al país. “Nosotros, la delegación, regresando a Honduras con los defensores de los derechos humanos, respaldamos las cinco recomendaciones que presentaron al Congreso de los EE.UU: 1) Liberar a los 22 presos políticos; 2) Poner fin a la ayuda militar de los Estados Unidos a Honduras; 3) Desmilitarizar la sociedad hondureña; 4) Aprobar la Ley Berta Cáceres y 5) Formar una comisión para investigar y responsabilizar a quienes hirieron y asesinaron a manifestantes pacíficos en el contexto de la crisis electoral.
El comunicado concluye diciendo que “nosotros, el grupo de organizaciones comunitarias basadas en la fe, hemos acompañado a esta delegación hondureña hasta su hogar, y esperamos y exigimos que no haya represalias o persecución por haber declarado sobre la responsabilidad de Juan Orlando Hernández y su régimen por las violaciones de los derechos humanos en Honduras. Estamos comprometidos a continuar visitando a Honduras en solidaridad hasta que estas demandas se cumplan. Volveremos a los Estados Unidos para invitar a más representantes de nuestras comunidades y nuestros legisladores a ver la realidad de lo que está sucediendo en este país y el papel que desempeña nuestro gobierno en la violación de los derechos humanos”.
RÉGIMEN HONDUREÑO OPUESTO A INVESTIGACIÓN DE CRÍMENES POLÍTICOS
En
el marco de las protestas antireelección, al menos 16 civiles fueron
asesinados por el Ejército, ante esto, organismos internacionales han
pedido una comisión especial para investigar estos casos, pero, según
las declaraciones del secretario de la Presidencia, Ebal Díaz, el
gobierno está en contra de conformar el equipo de indagación.“Sostuvimos que no debe haber una comisión que investigue, le toca investigar a los órganos del Estado, de tal manera que no hemos llegado a un acuerdo para que se investigue de manera paralela”, dijo Díaz.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El
secretario de la Presidencia, Ebal Díaz, dijo hoy que el gobierno de
Honduras está en contra de que una comisión externa investigue los
asesinatos dados en el marco postelectoral de las protestas
antireelección.
El
“ministro de ministros”, mencionó que deben ser los organismos del
Estado los que deben investigar las denuncias de los crímenes políticos,
ya que según el informe oficial de la Oficina del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), 22 personas
perdieron la vida en las protestas.
A
pesar de que la impunidad impera en el Ministerio Público, Díaz reiteró
que no se le podía suplantar funciones a la Fiscalía y que el gobierno
está “totalmente en contra” para crear una comisión que investigue todo
lo relacionado a 16 asesinatos de civiles, según el informe oficial de
la ONU.
Según
Díaz, el tema ha sido abordado con seriedad, “sostuvimos que no debe
haber una comisión que investigue, le toca investigar a los órganos del
Estado, de tal manera que no hemos llegado a un acuerdo para que se
investigue de manera paralela”.
A
pesar de que claramente los asesinatos, que en total, ascienden a más
de 40 dentro de todo el contexto reeleccionista, según datos de
organismos de defensa de derechos humanos, Díaz consideró que el tema no
debe vincularse a partidos políticos.
La
nueva crisis política se instaló debido al fraude electoral que ha
denunciado la Alianza de Oposición, incluso, el trabajo del Tribunal
Electoral, ha sido muy cuestionado por organismos internacionales, tanto
así que la Organización de Estados Américanos (OEA), aún no ha
reconocido a Juan Hernández como presidente de Honduras.
En
circunstancias similares, en 2009 con el golpe de Estado, el gobierno
de Porfirio Lobo designó a la “Comisión de la Verdad” el trabajo de
investigar todos los crímenes políticos, revelando la violación sexual
de 54 mujeres por parte del Ejército y más de tres mil casos de
vulneración a los derechos humanos.
COFADEH presentó informe de desaparición forzada al Comité de Naciones Unidas
En su informe, el COFADEH señala que en el actual contexto político de Honduras, se ha logrado observar que la desaparición forzada ha resurgido en el país como una herramienta de control social y político, donde las víctimas se han diversificado.
Asimismo denuncia que el habeas corpus sigue siendo un instrumento ineficaz para rescatar con vida a la víctima de la desaparición forzada y que el marco jurídico orientado a evitar este crimen, es deficiente.
Ver Informe 2018 Informe Desaparición Forzada en Honduras
Los hostigamientos contra el periodista Jairo López, Director del
programa de Tv El Informador, que se transmite en la ciudad de
Choluteca, en el Sur de Honduras, continuaron este fin de semana, aunque
parezca paradójico es la policía, la misma que debe darle seguridad
pues está acogido al Mecanismo de Protección desde el año pasado.
López denunció otro hecho que pone en evidencia que la policía ya no
oculta sus intenciones de provocación y malestar en contra de uno de los
periodistas más críticos de la zona sur de Honduras.
Este nuevo hecho ocurrió ayer domingo 20 de mayo de 2018, en la carretera que conduce hacia Amapala, precisamente en un puesto de control policial en el sector de Pavana, en donde dos policías le hicieron una señal de parada y luego procedieron a registrar el vehículo, sin embargo, a los otros autos que pasaban por el lugar únicamente les pidieron bajar sus vidrios, pero con el carro de Jairo López, se ensañaron registrándolo todo, como si se tratase de un delincuente o narcotraficante, según explicó a pasosdeanimalgrande.com
López ingresó al Mecanismo de Protección en el año 2017 y siempre que se desplaza a cualquier sector, anda con una escolta policial, la cual no fue respetada por la policía cuando le hicieron el registro al automotor.
La Ley de Protección para defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, se aprobó por el Congreso Nacional en mayo de 2015, bajo los umbrales del Examen Periódico Universal, EPU, donde Honduras alcanzó 152 recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos. Es ante esta instancia que López acudió acompañado de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEHU, ante un hostigamiento sistemático.
Hechos
Jairo López explicó que el pasado domingo 20 de mayo de este año, se trasladaba a Amapala con el policía Eduardo Mendoza, quien forma parte de la escolta que le da seguridad de acuerdo a la resolución del Comité Técnico del Mecanismos de Protección.
Eran la una de la tarde pasaban por un puesto de control policial en Pavana, en donde habían dos policías, un hombre y una mujer, donde el hombre le hizo una señal de alto.
“Bajé el vidrio y él me preguntó si yo tenía seguridad, a lo cual le respondí que sí y luego preguntó, ¿hacia a dónde va? y respondí que hacia Amapala. Luego se retiró del carro y comenzó a hablar por su radio de comunicación, y no se qué fue lo que dijo y ya después de que terminó de hablar, me dio instrucciones para que me pasara al lado derecho de la carretera, en donde estaba el puesto de control en Pavana. Luego dos policías hicieron la revisión, uno de apellido Rodríquez hizo la revisión de todo el carro y abrió las cuatro puertas y la compuerta de atrás”, dijo López.
“El reclamo mío fue que por qué hacían esa revisión, ya que habían entre seis a ocho vehículos en la fila, pero sólo les pedían que bajaran los vidrios del carro, tal es el caso de una persona que se conducía en una camioneta Prado e iban en su interior ocho personas y a ellas no las bajaron del vehículo y fue así que yo ya me sentí amenazado por esa situación que nunca lo habían hecho. Ya el subcomisario de esa zona de la Policía de Fronteras ya tiene conocimiento de que yo camino escolta”, explicó.
Para Jairo, la acción de la policía no se explica, y pareciera que es una acción dirigida hacia su persona pues el registro se llevó a cabo después de que el agente hizo la llamada.
“Yo lo que le dije al oficial de policía es que si hay otras personas y vehículos en la fila, por qué no los revisan al igual que a mí, por qué sólo a mí. Yo llevo un policía en el vehículo que es igual a ustedes, él es una autoridad y yo no voy a incurrir en un ilícito y esto lo tomo, -le dije al policía- como una persecución y no como un operativo de rutina”, añadió.
López destacó que le dijo eso a él, (al policía) “porque el sábado fui a dejar a mi esposa e hija a Amapala, pasé como a las doce del medio día por ese control e iba con el policía de relevo de la escolta y no nos detuvieron y yo pienso que con lo sucedido el domingo, esto ya lleva nombre y apellido”, apuntó.
Yo solo le reclamé, destacó, que “si habían otra personas en sus vehículos, porqué no los revisaron, pero ellos se fueron específicamente a mi vehículo, revisaron debajo de los asientos, en la cajuela de atrás del vehículo y lo que hice fue mandar el mensaje a los organismos de derechos humanos de Honduras, a la licenciada Dina Meza de ASOPODEHU (Asociación por la Democracia y los derechos humanos), también se los mandé al grupo de policías de Choluteca, al relacionador público de dicha institución y también a gente de derechos humanos de las Naciones Unidas en Honduras, anunció.
En Honduras, el ejercicio del periodismo se ha convertido en una de las profesiones más peligrosas y para Jairo López los ataques que recibe a diario provienen de la misma policía Nacional que quiere quebrantar su dignidad, con cateos directos a su persona y otras acciones de hostigamiento hacia su familia, según explicó.
López es uno de los pocos periodistas críticos en el Sur de Honduras, un país donde ejercer la profesión es tan peligroso como colocarse en un paredón de ejecución arbitraria si no se sigue la línea oficial de maquillar la realidad para que no salga a la luz pública la verdad.
A una querella en curso, campañas de desprestigio, vigilancia, seguimientos y amenazas directas, se suma esta nueva acción que coloca al Estado de Honduras como el principal responsable de cualquier daño a la integridad física del comunicador social y su familia.
Este nuevo hecho ocurrió ayer domingo 20 de mayo de 2018, en la carretera que conduce hacia Amapala, precisamente en un puesto de control policial en el sector de Pavana, en donde dos policías le hicieron una señal de parada y luego procedieron a registrar el vehículo, sin embargo, a los otros autos que pasaban por el lugar únicamente les pidieron bajar sus vidrios, pero con el carro de Jairo López, se ensañaron registrándolo todo, como si se tratase de un delincuente o narcotraficante, según explicó a pasosdeanimalgrande.com
López ingresó al Mecanismo de Protección en el año 2017 y siempre que se desplaza a cualquier sector, anda con una escolta policial, la cual no fue respetada por la policía cuando le hicieron el registro al automotor.
La Ley de Protección para defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, se aprobó por el Congreso Nacional en mayo de 2015, bajo los umbrales del Examen Periódico Universal, EPU, donde Honduras alcanzó 152 recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos. Es ante esta instancia que López acudió acompañado de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEHU, ante un hostigamiento sistemático.
Hechos
Jairo López explicó que el pasado domingo 20 de mayo de este año, se trasladaba a Amapala con el policía Eduardo Mendoza, quien forma parte de la escolta que le da seguridad de acuerdo a la resolución del Comité Técnico del Mecanismos de Protección.
Eran la una de la tarde pasaban por un puesto de control policial en Pavana, en donde habían dos policías, un hombre y una mujer, donde el hombre le hizo una señal de alto.
“Bajé el vidrio y él me preguntó si yo tenía seguridad, a lo cual le respondí que sí y luego preguntó, ¿hacia a dónde va? y respondí que hacia Amapala. Luego se retiró del carro y comenzó a hablar por su radio de comunicación, y no se qué fue lo que dijo y ya después de que terminó de hablar, me dio instrucciones para que me pasara al lado derecho de la carretera, en donde estaba el puesto de control en Pavana. Luego dos policías hicieron la revisión, uno de apellido Rodríquez hizo la revisión de todo el carro y abrió las cuatro puertas y la compuerta de atrás”, dijo López.
“El reclamo mío fue que por qué hacían esa revisión, ya que habían entre seis a ocho vehículos en la fila, pero sólo les pedían que bajaran los vidrios del carro, tal es el caso de una persona que se conducía en una camioneta Prado e iban en su interior ocho personas y a ellas no las bajaron del vehículo y fue así que yo ya me sentí amenazado por esa situación que nunca lo habían hecho. Ya el subcomisario de esa zona de la Policía de Fronteras ya tiene conocimiento de que yo camino escolta”, explicó.
Para Jairo, la acción de la policía no se explica, y pareciera que es una acción dirigida hacia su persona pues el registro se llevó a cabo después de que el agente hizo la llamada.
“Yo lo que le dije al oficial de policía es que si hay otras personas y vehículos en la fila, por qué no los revisan al igual que a mí, por qué sólo a mí. Yo llevo un policía en el vehículo que es igual a ustedes, él es una autoridad y yo no voy a incurrir en un ilícito y esto lo tomo, -le dije al policía- como una persecución y no como un operativo de rutina”, añadió.
López destacó que le dijo eso a él, (al policía) “porque el sábado fui a dejar a mi esposa e hija a Amapala, pasé como a las doce del medio día por ese control e iba con el policía de relevo de la escolta y no nos detuvieron y yo pienso que con lo sucedido el domingo, esto ya lleva nombre y apellido”, apuntó.
Yo solo le reclamé, destacó, que “si habían otra personas en sus vehículos, porqué no los revisaron, pero ellos se fueron específicamente a mi vehículo, revisaron debajo de los asientos, en la cajuela de atrás del vehículo y lo que hice fue mandar el mensaje a los organismos de derechos humanos de Honduras, a la licenciada Dina Meza de ASOPODEHU (Asociación por la Democracia y los derechos humanos), también se los mandé al grupo de policías de Choluteca, al relacionador público de dicha institución y también a gente de derechos humanos de las Naciones Unidas en Honduras, anunció.
En Honduras, el ejercicio del periodismo se ha convertido en una de las profesiones más peligrosas y para Jairo López los ataques que recibe a diario provienen de la misma policía Nacional que quiere quebrantar su dignidad, con cateos directos a su persona y otras acciones de hostigamiento hacia su familia, según explicó.
López es uno de los pocos periodistas críticos en el Sur de Honduras, un país donde ejercer la profesión es tan peligroso como colocarse en un paredón de ejecución arbitraria si no se sigue la línea oficial de maquillar la realidad para que no salga a la luz pública la verdad.
A una querella en curso, campañas de desprestigio, vigilancia, seguimientos y amenazas directas, se suma esta nueva acción que coloca al Estado de Honduras como el principal responsable de cualquier daño a la integridad física del comunicador social y su familia.
A través de mensajes ofrecen dinero por ciudadano que denunció a policías y militares torturadores
Tegucigalpa, Honduras.- Persisten amenazas contra ciudadano que denunció a policías agresores en el municipio de Gualcince, Lempira, el 27 de agosto del 2016 y que fueron encontrados culpables por llegar a los delitos de allanamiento ilegal de morada y vejámenes, en octubre del pasado año.
Los mensajes de texto llegan al teléfono celular de Máximo Ramos, donde le dicen “depurados por una vasura como vos mantenido cobarde te escondes en las naguas de tu mujer”.
En noviembre del 2017, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), como representante legal de Ramos, solicitó al Tribunal de Sentencia de Gracias, Lempira, que aplique la pena máxima, penas accesorias y multa respectiva a los policías Alfonso Sánchez, Lázaro Portillo, Nahun Nolasco, Salatiel Rodríguez y Osman Raudales; además los militares Denis Gómez y Fredis Amaya, encontrados culpables por los delitos de Allanamiento de Morada y Vejámenes, al primer mencionado también se le culpó de Falta a los Deberes de los Funcionarios.
“Se supone que están depurados, pero tengo mis dudas, al menos del jefe si estoy seguro de que fue suspendido. El es Alfonso Sánchez, el que dio la orden de atacarme, y los policías y militares procedieron sin misericordia contra mi persona”, expresó Ramos.
Han pasado casi dos años de aquella noche de sábado, y las secuelas de las torturas continúan. “tengo una pelota del tamaño de un limón en la espalda, es de los golpes que me dieron los policías y militares” denunció don Máximo, quien además vive huyendo por temor a que lo maten.
Y es que a su vida le han puesto precio, no se le perdona que haya denunciado a sus torturadores. 25 mil lempiras le han llegado ofrecer a su propia esposa con la intención de que lo “entregue”.
“reinita le quiero pedir un favor pero favor le vamos a pagar”
“hay 25000”
“mira entregajos a tu marido para nosotros es importante”
El día que recibió en su teléfono estos mensajes, mi esposa estaba triste, muy nerviosa. Me enseñó los mensajes y se puso a llorar, esto también le afecta porque cuando sucedió el allanamiento también fue agredida por los policías y militares, recordó Máximo.
Su esposa fue parte del juicio oral y público, quien debió recordar el difícil momento del allanamiento y detención, cargando una pequeña en su regazo, mientras declaraba lo que había sucedido y atrás de ellas los siete hombres de las fuerzas represoras del Estado.
Ir a mi casa es como estar en la cárcel, ya que no tengo libertad de salir a la calle, me han negado el derecho de ir trabajar, pienso que en me pueden estar vigilando, aun cuando las amenazas no cesan. La desconfianza es fuerte, no sé quien le esté pasando información sobre mi accionar a quienes me persiguen, con la intención de matarme.
El proceso está en casación, y mientras tarda la justicia, la impunidad avanza. Cuando allanaron la vivienda de Máximo, le decomisaron un arma Prieto Beretta, una cadena de oro y 20 mil 500 lempiras en efectivo.
Nada de sus cosas le devolvieron, incluso el arma no aparece en ningún reporte policial. Pese a que la tenía debidamente registrada y se hicieron las diligencias respectivas para recuperarla. Del dinero y la cadena es peor la esperanza de recuperarla, lamentó Ramos.
Y con este panorama tan sombrío, no se puede esperar que la justicia actúe en favor de mi persona. Temo por mi vida y la de mi familia, ya que al vivir en un lugar pequeño es más fácil que todos nos conozcamos y la desconfianza es generalizada.
En el juicio se les absolvió de detención ilegal y a la mayoría -excepto a Sánchez- falta a los deberes de los funcionarios, por lo que debería haber un cambio de gobierno para que se aplique con objetividad la ley, y no se repitan las violaciones a los derechos humanos.
Hija de Berta Cáceres acusa a banco de "negligencia" en asesinato de su madre
Thursday, 24 May 2018 00:15 Written by Webmaster Published in Contexto
Ámsterdam, 18 may (EFE).- La coordinadora general
del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras
(COPINH), Berta Zúñiga Cáceres, denunciará en un mes al Banco Holandés
del Desarrollo (FMO) por "negligencia y corresponsabilidad" en el
asesinato de su madre, la ambientalista Berta Cáceres.
Por: Imane Rachidi. Tomado de lavanguardia.com
En una entrevista con Efe, Zúñiga Cáceres explicó hoy que el FMO dijo que "no tenía ninguna responsabilidad en todo lo ocurrido" en el asesinato de Cáceres en marzo de 2016, y "rechazó un planteamiento de mediación", por lo que la familia de la ambientalista "no tiene más opción que ir ante la Justicia" holandesa.
Zúñiga Cáceres afirmó que la COPINH cuenta con "pruebas suficientes" que demuestran la "corresponsabilidad" del banco holandés en la opresión a la comunidad indígena de Honduras que concluyó con el asesinato de su madre, lo que pone al FMO ante un "delito de negligencia".
El FMO era uno de los principales inversores del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca de la empresa hondureña Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), cuyo gerente es investigado por haber planeado el asesinato de Berta Cáceres, de 44 años, semanas antes de que esta viajase a Holanda para reunirse con directivos del banco holandés, a los que pretendía convencer de que retirasen su inversión.
La represa se planificó para ser construida en el río Guancarque, sagrado para la comunidad indígena Lenca, y ante la oposición de los residentes en la región, el controvertido proyecto acabó estando rodeado de denuncias de fraude e irregularidades en la consulta pública obligatoria sobre los planes.
La tensión provocó violentos enfrentamientos entre soldados y activistas indígenas, hasta que en 2016 culminó con el asesinato de Cáceres, la entonces coordinadora de COPINH, y el arresto de ocho sospechosos, incluidos dos empleados de DESA.
Entre las pruebas de las que habla la hija de la ambientalista está una carta que Cáceres envió en 2013 al FMO avisándoles de que "no deben invertir en el proyecto" de DESA por "la amplia violencia que estaba provocando la represa" en la comunidad indígena.
"Había un contexto muy fuerte, muchas denuncias públicas, el FMO mandó a una empresas de asesoría a la región para analizar la situación. Estaba claro que conocía los riesgos, pero siempre respaldó la posición que tenía DESA", lamentó Zúñiga Cáceres.
Berta Cáceres "había hecho varias llamadas al banco para que saliera urgentemente del proyecto, pero fueron renuentes con esa petición y dijeron que necesitaban más pruebas y que ellos confiaban" en la empresa hondureña, según la actual coordinadora de COPINH.
El caso muestra "muy bien lo que estaban viviendo las familias indígenas. El banco cometió un delito de negligencia, por ignorar la situación y porque como entidad tiene cláusulas de derechos humanos que debe respetar", afirmó la hija de Berta Cáceres.
El caso judicial incluirá pruebas como testimonios de las personas involucradas, llamadas telefónicas, correos electrónicos de los empleados y la administración de DESA, en los que se refleja la relación de las fuerzas de seguridad con la empresa, que exigió el uso de la violencia contra las personas que se oponían al proyecto.
El equipo de abogados que la acompañó esta semana a Holanda subrayó que el FMO conocía la forma en la que DESA lidiaba con la oposición, como la intimidación de la población local, y acusan al banco holandés de "hacer la vista gorda" y continuar financiando "las actividades delictivas" de la empresa hondureña.
En noviembre de 2017, un informe elaborado por un equipo internacional de abogados de Derechos Humanos concluyó que el FMO es "al menos, en parte, responsable" de la muerte de Berta Cáceres porque ayudó a financiar la construcción de la planta de energía hidroeléctrica.
"El dinero del FMO se usó para pagar a los asesinos. El banco es, al menos, culpable de negligencia grave", dijo Miguel Ángel Urbina, uno de los investigadores que elaboraron el informe y que se encuentra hoy en Holanda para explicar la situación a la prensa.
El banco de desarrollo rechazó estas acusaciones y negó "cualquier forma de acto ilegal en este u otro proyecto" en el que ha participado, según un portavoz del FMO, Paul Hartogsveld. EFE
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En una entrevista con Efe, Zúñiga Cáceres explicó hoy que el FMO dijo que "no tenía ninguna responsabilidad en todo lo ocurrido" en el asesinato de Cáceres en marzo de 2016, y "rechazó un planteamiento de mediación", por lo que la familia de la ambientalista "no tiene más opción que ir ante la Justicia" holandesa.
Zúñiga Cáceres afirmó que la COPINH cuenta con "pruebas suficientes" que demuestran la "corresponsabilidad" del banco holandés en la opresión a la comunidad indígena de Honduras que concluyó con el asesinato de su madre, lo que pone al FMO ante un "delito de negligencia".
El FMO era uno de los principales inversores del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca de la empresa hondureña Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), cuyo gerente es investigado por haber planeado el asesinato de Berta Cáceres, de 44 años, semanas antes de que esta viajase a Holanda para reunirse con directivos del banco holandés, a los que pretendía convencer de que retirasen su inversión.
La represa se planificó para ser construida en el río Guancarque, sagrado para la comunidad indígena Lenca, y ante la oposición de los residentes en la región, el controvertido proyecto acabó estando rodeado de denuncias de fraude e irregularidades en la consulta pública obligatoria sobre los planes.
La tensión provocó violentos enfrentamientos entre soldados y activistas indígenas, hasta que en 2016 culminó con el asesinato de Cáceres, la entonces coordinadora de COPINH, y el arresto de ocho sospechosos, incluidos dos empleados de DESA.
Entre las pruebas de las que habla la hija de la ambientalista está una carta que Cáceres envió en 2013 al FMO avisándoles de que "no deben invertir en el proyecto" de DESA por "la amplia violencia que estaba provocando la represa" en la comunidad indígena.
"Había un contexto muy fuerte, muchas denuncias públicas, el FMO mandó a una empresas de asesoría a la región para analizar la situación. Estaba claro que conocía los riesgos, pero siempre respaldó la posición que tenía DESA", lamentó Zúñiga Cáceres.
Berta Cáceres "había hecho varias llamadas al banco para que saliera urgentemente del proyecto, pero fueron renuentes con esa petición y dijeron que necesitaban más pruebas y que ellos confiaban" en la empresa hondureña, según la actual coordinadora de COPINH.
El caso muestra "muy bien lo que estaban viviendo las familias indígenas. El banco cometió un delito de negligencia, por ignorar la situación y porque como entidad tiene cláusulas de derechos humanos que debe respetar", afirmó la hija de Berta Cáceres.
El caso judicial incluirá pruebas como testimonios de las personas involucradas, llamadas telefónicas, correos electrónicos de los empleados y la administración de DESA, en los que se refleja la relación de las fuerzas de seguridad con la empresa, que exigió el uso de la violencia contra las personas que se oponían al proyecto.
El equipo de abogados que la acompañó esta semana a Holanda subrayó que el FMO conocía la forma en la que DESA lidiaba con la oposición, como la intimidación de la población local, y acusan al banco holandés de "hacer la vista gorda" y continuar financiando "las actividades delictivas" de la empresa hondureña.
En noviembre de 2017, un informe elaborado por un equipo internacional de abogados de Derechos Humanos concluyó que el FMO es "al menos, en parte, responsable" de la muerte de Berta Cáceres porque ayudó a financiar la construcción de la planta de energía hidroeléctrica.
"El dinero del FMO se usó para pagar a los asesinos. El banco es, al menos, culpable de negligencia grave", dijo Miguel Ángel Urbina, uno de los investigadores que elaboraron el informe y que se encuentra hoy en Holanda para explicar la situación a la prensa.
El banco de desarrollo rechazó estas acusaciones y negó "cualquier forma de acto ilegal en este u otro proyecto" en el que ha participado, según un portavoz del FMO, Paul Hartogsveld. EFE
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Terrateniente quiere desalojar a indígenas lenca de Tierras del Padre
Tegucigalpa.- Habitantes de la comunidad de Tierras del Padre en el kilometro 13 salida al sur de Honduras, denuncian ante el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), que están a punto de ser desalojados por un terrateniente que quiere despojarlo de sus tierras que por derecho les corresponde, ya que ellos aun poseen su título ancestral que las acredita como territorio indígena.
Danilo Cerrato, uno de los pobladores y miembro del Consejo Indígena Lenca, expresó que “denunciamos que un terrateniente llamado Mario Facussé Handal nos está despojando de nuestras tierras ancestrales, que hemos poseído históricamente por ser una comunidad indígena, de la que poseemos un título ancestral, el que data de 1736”.
También denunciaron que desde la creación del Consejo Indígena Lenca se sienten hostigados de distintas maneras, con el fin de desintegrar dicha organización.
“En los años de organización hemos vivido una vida hostil, ya que en el Consejo desde su creación, ha sido víctima de desarticulación de desprestigio y de criminalización por parte de la gente que trabaja con el terrateniente.
Cerrato dijo que cuando él fue presidente del Consejo Indígena Lenca “el terrateniente nos ha infiltrado personas en la zona para desprestigiarlos, amenazarlos y para desarticularnos como Consejo”.
También denunció que uno de sus compañeros de nombre Ángel Lanza Gálvez han sido amenazado, donde le expresaron “ya van a ver con esta pistola les voy a dar, porque de todos modos los van a desalojar a ustedes y yo voy a quedar aquí”.
Danilo Cerrato dijo a defensoresenlinea.com que desde el inicio de su lucha por la defensa de la tierra se han criminalizado a once pobladores.
“Los compañeros criminalizados han estado ya presentándose a audiencias preliminares para seguir un juicio, siempre en litigio de la tierra. Algunos de ellos son Pedro Lagos Salcedo, la señora vicepresidenta del Consejo Grimilda Inestroza, José Humberto Raudales, Hermes Posadas, entre otros”.
Según Cerrato, “el terrateniente Mario Facussé dice ser el dueño de las tierras, nosotros poseemos unas tierras de 503 manzanas; él tiene un título supletorio más tres inscripciones en el Instituto de la Propiedad a través de la empresa Inmobiliaria Siglo 21 de la que él es dueño”.
Agregó que esa es la carga probatoria que él ha presentado en los juzgados y que ellos han presentado el título ancestral, el cual está en proceso de dirimir en los juzgados.
En Honduras se criminaliza a los campesinos por defender las tierras y sus territorios al querer ser despojados por terratenientes, en su mayoría para explotación minera o para crear hidroeléctrica, que solo serán perjudiciales para los habitantes de dichas tierras.
El predio en litigio se ubica entre los municipios de Santa Ana y San Buena Ventura, Francisco Morazán.
Organizaciones de derechos humanos se pronunciaron en contra de la
implementación del servicio militar obligatorio en Honduras, luego de
que el mismo ha sido abolido desde el año 2005 en el país, pero que
pretende reinstalarse de ser aprobada una iniciativa de Ley introducida
por un diputado de la Alianza Patriótica.
El 03 de mayo de 1994 después de dispensarle dos de los tres debates,
los diputados del parlamento hondureño aprobaron por unanimidad
modificar el artículo 276 de la Constitución de la República donde se
eliminó el servicio militar obligatorio en tiempos de paz,
sustituyéndolo por un servicio militar "educativo, social, humanista y
democrático”. Tal decisión fue producto de las acciones de presión
contundentes de una huelga de hambre iniciada el 20 de abril de ese
mismo año en el Parque La Merced de Tegucigalpa por 10 hombres y mujeres
, aglutinados en el Movimiento Cívico, Cristiano y Popular.
Alertas ante el retroceso
En conferencia de prensa este 23 de mayo de 2018, representantes del
Centro de Prevención Tratamiento y Rehabilitación de las Personas
Víctimas de la Tortura, (CPTRT), el Movimiento de Mujeres por la Paz
“Visitación Padilla”, de la Diversidad Sexual, Iglesia Menonita y sector
empresarial del país, rechazaron la propuesta presentada en el Congreso
Nacional, por el diputado Bernardo Enrique Medina Yllescas, del Partido
Alianza Patriótica, para habilitar nuevamente el servicio militar
obligatorio en Honduras.
El servicio militar obligatorio fue calificado como “una práctica cruel, anti humana, y violatoria del derecho a la libertad y la justicia”. Las organizaciones ven un retroceso en cuanto a las conquistas realizadas por los diferentes sectores, luego de una década perdida que perseguía a los jóvenes para reclutarlos y llevarlos a los batallones en contra su voluntad.
“Debemos tener en cuenta que la población a ser afectada por un llamamiento obligatorio al servicio militar es la juventud hondureña que en vez de cuarteles y tratos crueles, inhumanos o degradantes, necesita protección de sus derechos humanos”, señalaron.
Pidieron al Congreso Nacional que cumpla con la Ley Marco de Desarrollo Integral de la Juventud, aprobado en el año 2005, la Política Nacional de Juventud de 2007 al 2021, la Convención Iberoamericana de los Derechos de la Juventud, el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el sagrado principio de la libertad.
Mediante la implementación de estas políticas y leyes, la juventud tendría acceso universal a la salud sexual y reproductiva, la protección social frente a la violencia, acceso universal a la justicia como base de una cultura de paz, según dijeron.
Sostenemos que en vez de gasto militar la inversión debe enfocarse en la juventud, por ser clave para el desarrollo. Recordemos que actualmente: el 61 por ciento de los jóvenes no asiste a ningún centro educativo, sólo el 36.4 por ciento concluye con la educación secundaria, el 60 por ciento de los que emigran están entre los 20 y 34 años y que nuestros jóvenes son parte de ese 52 por ciento de la población económicamente activa que no tiene empleo, reiteraron.
A los que en el mundo no trabajan ni estudian, el Banco Mundial los ha denominado NINIS; en esta situación es que debemos concentrarnos los hondureños para definir programas de empleo (no por horas) para proveer oportunidades dignas de vida a la juventud y pueblo en general, destacaron.
“Las organizaciones populares y de derechos humanos que apoyamos históricamente la lucha para transformar el Art. 276 de la Constitución a favor de un servicio militar voluntario, humanista, democrático y educativo, decimos NO a las intenciones/actuaciones que se generen en las mentes patriarcales, autoritarias y militaristas que aún existen en el seno del Congreso Nacional”, alertaron.
Los representantes de las organizaciones entre ellos Juan Almendares Bonilla del CPTRT, Merlyn Eguigure del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, José Antonio Zambrano de la comunidad LGTBI, Maritza Arévalo, representante de barrios y colonias, Jorge Arturo Dueñas, de la Iglesia Menonita y Adolfo Facussé, de la Asociación Nacional de Industriales,(ANDI), dijeron No al Servicio Militar Obligatorio y a las pretensiones del diputado de la Alianza Patriótica, “quien quiere tirar por la borda las conquistas a favor de una juventud sin oportunidades y desprotegida por el Gobierno de Juan Orlando Hernández”.
Hicieron un llamado a toda la juventud hondureña, a las madres, abuelas, y familia en general para que se manifiesten con un NO fuerte en contra del Servicio Militar Obligatorio
Alertas ante el retroceso
 Integrantes de las organizaciones colocan un NO en su mano, en rechazoal servicio militar obligatorio |
El servicio militar obligatorio fue calificado como “una práctica cruel, anti humana, y violatoria del derecho a la libertad y la justicia”. Las organizaciones ven un retroceso en cuanto a las conquistas realizadas por los diferentes sectores, luego de una década perdida que perseguía a los jóvenes para reclutarlos y llevarlos a los batallones en contra su voluntad.
“Debemos tener en cuenta que la población a ser afectada por un llamamiento obligatorio al servicio militar es la juventud hondureña que en vez de cuarteles y tratos crueles, inhumanos o degradantes, necesita protección de sus derechos humanos”, señalaron.
Pidieron al Congreso Nacional que cumpla con la Ley Marco de Desarrollo Integral de la Juventud, aprobado en el año 2005, la Política Nacional de Juventud de 2007 al 2021, la Convención Iberoamericana de los Derechos de la Juventud, el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el sagrado principio de la libertad.
Mediante la implementación de estas políticas y leyes, la juventud tendría acceso universal a la salud sexual y reproductiva, la protección social frente a la violencia, acceso universal a la justicia como base de una cultura de paz, según dijeron.
Sostenemos que en vez de gasto militar la inversión debe enfocarse en la juventud, por ser clave para el desarrollo. Recordemos que actualmente: el 61 por ciento de los jóvenes no asiste a ningún centro educativo, sólo el 36.4 por ciento concluye con la educación secundaria, el 60 por ciento de los que emigran están entre los 20 y 34 años y que nuestros jóvenes son parte de ese 52 por ciento de la población económicamente activa que no tiene empleo, reiteraron.
A los que en el mundo no trabajan ni estudian, el Banco Mundial los ha denominado NINIS; en esta situación es que debemos concentrarnos los hondureños para definir programas de empleo (no por horas) para proveer oportunidades dignas de vida a la juventud y pueblo en general, destacaron.
“Las organizaciones populares y de derechos humanos que apoyamos históricamente la lucha para transformar el Art. 276 de la Constitución a favor de un servicio militar voluntario, humanista, democrático y educativo, decimos NO a las intenciones/actuaciones que se generen en las mentes patriarcales, autoritarias y militaristas que aún existen en el seno del Congreso Nacional”, alertaron.
Los representantes de las organizaciones entre ellos Juan Almendares Bonilla del CPTRT, Merlyn Eguigure del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, José Antonio Zambrano de la comunidad LGTBI, Maritza Arévalo, representante de barrios y colonias, Jorge Arturo Dueñas, de la Iglesia Menonita y Adolfo Facussé, de la Asociación Nacional de Industriales,(ANDI), dijeron No al Servicio Militar Obligatorio y a las pretensiones del diputado de la Alianza Patriótica, “quien quiere tirar por la borda las conquistas a favor de una juventud sin oportunidades y desprotegida por el Gobierno de Juan Orlando Hernández”.
Hicieron un llamado a toda la juventud hondureña, a las madres, abuelas, y familia en general para que se manifiesten con un NO fuerte en contra del Servicio Militar Obligatorio
JOH pretende anular la voluntad libre pensadora y creativa de la juventud
Tegucigalpa.- En la emisión del sábado 19 de mayo del programa radial “Voces contra el Olvido” que produce el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), compareció el defensor de derechos humanos y director de Casa Alianza- Honduras, José Guadalupe Ruelas, para analizar el llevado y traído diálogo en Honduras y Nicaragua, la militarización de la sociedad y la pretensión de reinstaurar el servicio militar obligatorio.
En referencia a la pretensión de volver al servicio militar obligatorio en Honduras, Ruelas expresó que lo que busca el régimen dictatorial de Juan Orlando Hernández es parar a los jóvenes y a las jóvenes para que no sean pensantes, y la mejor forma es anular su voluntad y el esquema militar existe para eso.
En relación a los tópicos de “estado policíaco” y “remilitarización de la sociedad hondureña”, promovidas por regímenes nacionalistas dirigidos por Porfirio Lobo y ahora por Juan Orlando Hernández, el entrevistado comentó que “sin el aval diplomático, político y económico del Departamento de Estado y sin el aval de la fuerza y de las armas del ejército hondureño, este gobierno no podría mantenerse, porque es impopular, es ilegal, no es representativo”.
Recientemente el diputado Bernardo Enrique Medina del partido Alianza Patriótica, propuso en el seno del Congreso Nacional, un proyecto de decreto que busca el retorno al servicio militar obligatorio, abolido en 1994 durante la administración del extinto ex presidente Carlos Roberto Reina (del partido Liberal).
Alianza Patriótica es controlado por el general retirado Romeo Vásquez Velásquez, uno de los personajes que ejecutó el golpe de Estado de 2009, y responsable de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra el pueblo hondureño por parte de las Fuerzas Armadas, que estuvieron bajo su mando.
La abolición se logró gracias a la intervención de organismos de derechos humanos, entre ellos el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH). La Coordinadora General de este comité, Bertha Oliva, fue tajante al expresar que “volver al servicio militar obligatorio es continuar con la militarización que hoy el pueblo hondureño está enfrentando. Y desde luego que ese proyecto de militarización sólo beneficia a los violadores de derechos humanos”.
Oliva añadió que aquellos que reivindican la propuesta de retornar a las cacerías humanas (servicio militar obligatorio) son los mismos protagonistas que violaron la constitución en 2009 y que ejecutaron el golpe militar electoral de 2017.
“Yo creo que en Honduras hay algunas cortinas de humo que se han levantado. Una de ellas creo que es el tema de la Biblia en las escuelas, otro tema es el de las Unidades Antimaras, y el otro tema es el del servicio militar obligatorio”, estimó el director de Casa Alianza.
Ruelas indicó que el argumento que proponen los proyectistas del servicio militar obligatorio es que porque éste no existe, los jóvenes buscan malos caminos y que es un tema moral.
En 1994 cuando se abolió el servicio, había en el país alrededor de 9 mil efectivos militares, 20 años después en 2014 que fue digamos el pico de la tasa de homicidios más alta que Honduras ha tenido; había 15, 550 efectivos y en la actualidad existen unos 25 mil.
Ruelas afirmó que no es viable económicamente para el país, pretender engrosar las filas en los batallones militares. El defensor de derechos humanos cree que esto se trata de un “tema autoritario, es decir que Honduras ha vivido una realidad en la que su pueblo se ha rebelado, ha protestado y los jóvenes y las jóvenes que no sólo han levantado pancartas, sino que han sido capaces de quitarles armas a los militares y han dicho lo que piensan, lo que sienten; han sido capaces de bloquear carreteras y parar el país, entonces hay que parar a los jóvenes para que no sean pensantes, y la mejor forma es anular su voluntad y el esquema militar existe para eso”, opinó Ruelas.
Ruelas añadió que los militares han asesinado a muchísima gente en el país. Cuando uno compara el daño que las maras y pandillas han hecho al país, comparado con el que han hecho los militares, uno se da cuenta que ellos (los militares) han sido sumamente crueles y asesinos con nuestra población, que no han sido garantía de paz ni de respeto a los derechos humanos.
El caso del proyecto de las Fuerzas Armadas denominado “Guardianes de la Patria”, como una forma de adoctrinamiento dirigido a niños y jóvenes, es un reflejo de que, quienes nos dirigen, no tienen ni el conocimiento, no han leído la historia, ni tienen la intención de que Honduras sea un mejor país”, enfatizó el defensor de derechos humanos de la niñez y juventud hondureña.
La diferencia entre los diálogos en Honduras y Nicaragua
El editorial de “Voces contra el Olvido”, abordó el tema del diálogo que se ha promovido en Nicaragua luego de varias semanas de protestas callejeras promovidas por el Departamento de Estado de Estados Unidos y la derecha latinoamericana para socavar el gobierno de Daniel Ortega y el diálogo iniciado en Honduras, en cuya mesa solo se sientan los golpistas y las organizaciones que apoyaron el fraude electoral que mantiene en el poder al usurpador Juan Orlando Hernández.
“Desde 2010, los golpistas intentan abrir un espacio pero como un instrumento de dominación de la otra fuerza en disputa. El departamento de Estado gringo los empuja. Ellos quieren legitimidad de los ilegítimos y quieren ganar tiempo para sus planes”, expresa el editorial del COFADEH en una de sus partes.
Más adelante añade que “la diferencia con Honduras es que aquí, la élite golpista, corrupta y narcotraficante que asaltó el poder en 2009 hasta nuestros días, no respeta el diálogo como un valor democrático. Y por eso no tiene mesa, ni tiene diálogo”.
Al respecto el director de Casa Alianza, José Guadalupe Ruelas, señaló que en Nicaragua se está hablando de diálogo para tratar de desestabilizar a una sociedad que ha vivido con niveles que han permitido superar la pobreza histórica que se tenía, porque Nicaragua competía con Honduras y con Haití por ser los países más pobres de Latinoamérica.
“Hoy Nicaragua, se ha distanciado de esos niveles de pobreza y de falta de oportunidades que aún Honduras conserva, porque Honduras es un experimento económico del neoliberalismo para tratar de salvarlo. Cuando nuestros políticos hablan de lo que Honduras le puede ofrecer al mundo, ofrecen dos cosas: Recursos naturales y mano de obra barata”, explicó Ruelas.
Asi que los inversionistas que pueden venir a Honduras son aquellos que pueden destruir los recursos a través de proyectos mineros, hidroeléctricas, tala de bosques y represas, entre otros.
“Los gobernantes hondureños han sido instrumentos al servicio de intereses transnacionales y de políticas imperialistas de las cuales nosotros no somos quienes las diseñan, sin embargo esto no significa que estamos condenados a sufrir lo que otros decidan. En la medida de que seamos capaces de organizarnos, formarnos, planificar y actuar de acuerdo con lo planificado; vamos a ser capaces de tener control sobre nuestras vidas, la vida de la comunidad y sobre nuestro país”, advirtió el defensor de derechos humanos.
HONDURAS: CULPABLES DIEZ MILITARES POR ASESINATO DE GARÍFUNAS
Este
martes, el Tribunal de Sentencia de Trujillo, declaró culpables por el
delito de homicidio en contra de dos jóvenes garífunas a 10 efectivos de
la Fuerza Naval hondureña. De momento, está pendiente la audiencia de
individualización de pena y se desconoce la pena que pagarán los
uniformados en prisión.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La
justicia hondureña declaró culpables por el delito de homicidio a 10
efectivos de las Fuerzas Armadas, por el asesinato de dos jóvenes
pertenecientes a la comunidad garífuna.
Los
efectivos, que pertenecen a la fuerza naval de Honduras, acribillaron a
los jóvenes Yosvin Palacios y Elvis Armando García, que según el
expediente judicial fueron asesinados el 27 de diciembre de 2015.
La
investigación revela que los miembros de la comunidad garífuna
hondureña, estaban en el sector Puerto de Iriona en Colón, cuando a eso
de las 4:50 de la madrugada, perecieron a raíz de una ráfaga de
disparos, porque los militares creyeron que estos realizaban actividades
del narcotráfico.
En
ese sentido, el Tribunal de Sentencia de Trujillo, falló contra Rubén
Darío Andino Rivera, Luis Alexis Aguilera Zúniga y Cristian Joel Nanes
Chirinos como autores de homicidio.
Y
condenó como cómplices del homicidio a: Bryan Alfredo Jiménez Martínez,
José Luis Majano Escobar, Briand Jassman Hyde Velásquez, Ángel David
Martínez Barrera, Edim Jaasiel Martínez Castellanos, Keven Salvador
Ávila Aguilera y Kelvin Isaac Castro Urbina.
En
este caso, la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural Etnias
inició una indagación que derivó en la presentación del requerimiento
fiscal en fecha 29 de diciembre de 2015 y en los primeros días de mayo,
se realizó el juicio oral, reuniendo las pruebas testificales,
documentales y periciales, más una reconstrucción de hechos.
Los
jueces alegaron tener suficientes fundamentos para resolvieran conforme
a lo probado. Al momento, está pendiente el señalamiento de la
audiencia de individualización de pena y el dictamen que corresponde a
los años que se dictaran a los castrenses.
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
Sentencia condenatoria a militares implicados en asesinatos de jóvenes Garífunas en Iriona
La Ceiba, 22 de mayo de 2018.- Ayer, a esos de las ocho de la
noche, finalmente el Juzgado de Letras de Trujillo, emitió una sentencia
condenatoria a los diez militares implicados en el asesinato de los
jóvenes Joel Palacios Lino (24 años) y Elvis Armando García (19 años),
hecho acontecido el 27 de diciembre de 2015.
Tres de los militares fueron hallados culpables de homicidios y los restantes como complices. Hasta el momento la individualización de la sentencias, no se ha dado. Es de esperar que la misma refleje la cadena de mando, y toma de decisiones que conllevaron a dar la orden de atacar al grupo de Garífunas que se encontraban en el lugar de los hechos, el cual incluía a varias familias.
OFRANEH reconoce la labor efectuada por la Fiscalía de las Etnias en relación al caso. Al mismo tiempo que felicita a los abogados Daniel Antonio Lopez Flores y Keldy Bermudez, los que representaron a las familias de los jóvenes asesinados.
Ciertamente la individualización de las penas, reflejará la gravedad de los hechos, y esperamos que sirva para que la Fuerzas Armadas rectifiquen la actitud de desdén hacia los derechos humanos del pueblo hondureño. Casualmente el domingo en la comunidad Miskita de Warunta, fueron asesinados tres jóvenes por elementos de las Fuerzas Armadas.
Como respuesta a la masacre de Warunta las Fuerzas Armadas han tomado la misma actitud de negar la responsabilidad de los militares en los hechos, aduciendo que en el caso de Warunta que los soldados fueron atacados con arpones y armas de fuego. Algo similar aconteció con el caso la Masacre de Ahuas (2012), en la cual tanto la DEA como autoridades hondureñas, insistieron que uno de los helicópteros involucrados en el operativo respondió a los disparos provenientes de la lancha donde se conducían las víctimas de la masacre.
La guerra contra las drogas ha tenido como resultado una serie de masacres en honduras, en las que las víctimas son indígenas, que hemosmvisto nuestros territorios utilizados por el crimen organizado. Honduras se convirtió en un estado fallido, situación que se agravó con el golpe del año 2009, el que fue acompañado de un deliberado colapso del sistema judicial, en especial a partir de diciembre de 2012, cuando se finiquita la independencia de poderes con el asalto efectuado por el poder legislativo al judicial La sentencia condenatoria en este caso demuestra la incapacidad de las Fuerzas Armadas de reconocer sus errores y la política de gatillos alegres que persiste en esa institución, tal como acaba de acontecer en Warunta.
La criminalización de los pueblos indígenas y su desplazamiento forman parte tanto del menú estatal como en los países cooperantes. Después de más de 40 años de la infame farsa denominada guerra contra las drogas, exigimos justicia para los asesinados al mismo tiempo que señalamos la urgencia de replantearse la problemática de las drogas, buscando una solución a un problema de salud, que ha sido convertido a través de la prohibición en un negocio que ha conllevado a una guerra permanente.
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
Tres de los militares fueron hallados culpables de homicidios y los restantes como complices. Hasta el momento la individualización de la sentencias, no se ha dado. Es de esperar que la misma refleje la cadena de mando, y toma de decisiones que conllevaron a dar la orden de atacar al grupo de Garífunas que se encontraban en el lugar de los hechos, el cual incluía a varias familias.
OFRANEH reconoce la labor efectuada por la Fiscalía de las Etnias en relación al caso. Al mismo tiempo que felicita a los abogados Daniel Antonio Lopez Flores y Keldy Bermudez, los que representaron a las familias de los jóvenes asesinados.
Ciertamente la individualización de las penas, reflejará la gravedad de los hechos, y esperamos que sirva para que la Fuerzas Armadas rectifiquen la actitud de desdén hacia los derechos humanos del pueblo hondureño. Casualmente el domingo en la comunidad Miskita de Warunta, fueron asesinados tres jóvenes por elementos de las Fuerzas Armadas.
Como respuesta a la masacre de Warunta las Fuerzas Armadas han tomado la misma actitud de negar la responsabilidad de los militares en los hechos, aduciendo que en el caso de Warunta que los soldados fueron atacados con arpones y armas de fuego. Algo similar aconteció con el caso la Masacre de Ahuas (2012), en la cual tanto la DEA como autoridades hondureñas, insistieron que uno de los helicópteros involucrados en el operativo respondió a los disparos provenientes de la lancha donde se conducían las víctimas de la masacre.
La guerra contra las drogas ha tenido como resultado una serie de masacres en honduras, en las que las víctimas son indígenas, que hemosmvisto nuestros territorios utilizados por el crimen organizado. Honduras se convirtió en un estado fallido, situación que se agravó con el golpe del año 2009, el que fue acompañado de un deliberado colapso del sistema judicial, en especial a partir de diciembre de 2012, cuando se finiquita la independencia de poderes con el asalto efectuado por el poder legislativo al judicial La sentencia condenatoria en este caso demuestra la incapacidad de las Fuerzas Armadas de reconocer sus errores y la política de gatillos alegres que persiste en esa institución, tal como acaba de acontecer en Warunta.
La criminalización de los pueblos indígenas y su desplazamiento forman parte tanto del menú estatal como en los países cooperantes. Después de más de 40 años de la infame farsa denominada guerra contra las drogas, exigimos justicia para los asesinados al mismo tiempo que señalamos la urgencia de replantearse la problemática de las drogas, buscando una solución a un problema de salud, que ha sido convertido a través de la prohibición en un negocio que ha conllevado a una guerra permanente.
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
Condena paramilitares que asesinaron a jóvenes garífunas
May 22, 2018
El Tribunal de Sentencia de
Trujillo, Colón, al norte de Honduras, encontró culpables y dictó
sentencia condenatoria para 11 miembros de la Fuerza Naval, acusados de
asesinar la madrugada del 27 de diciembre del 2015 a los jóvenes
garífunas Joel Palacios Lino y Elvis Armando García, en la barra del
municipio de Iriona departamento de Colón.
El abogado Carlos Velásquez, apoderado legal de la Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANEH, explica que en la parte final del juicio, el debate se extendió 8 días, y los últimos dos días se realizó en el lugar del asesinato la reconstrucción de hechos, que contribuyó a que los jueces tuviesen mayor claridad para dar el veredicto final.
El abogado asegura que los miembros de la Fuerza Naval durante el juicio negaban que habían sido ellos los que dispararon y aseguraban que el asesinato fue producto de un enfrentamiento entre narcotraficantes y militares.
Los militares fueron encontrados culpables del delito de homicidio y complicidad de homicidio, explica el abogado Carlos Velásquez que la pena a pagar podría oscilar entre los 15 y 20 años. Pero será en la audiencia de individualización de pena que se conocerán detalles de la condena que tendrán los 11 miembros de la Naval.
Contexto
Los jóvenes fueron asesinados en una balacera propiciada por la Fuerza Naval, mientras se desplazaban por la barra de Iriona, en la comunidad de Tocamacho, la madrugada del 27 de mayo del 2015. A eso de las 5 de la mañana, uno de los vehículos en los que se transportaban se atascó en la arena por lo que llegó otro automóvil de la comunidad a auxiliarlos.
Sin mediar palabras, miembros de la Fuerza Naval empezaron a disparar, falleciendo en el acto el joven Joel Palacios Lino y quedando gravemente herido Elvis Armando García, quien falleció posteriormente en el Hospital Regional de La Ceiba, Atlántida.
En la audiencia efectuada el sábados 2 de enero de 2016 en la ciudad de Trujillo, el Ministerio Público decidió presentar requerimiento fiscal.
Ante la presión ciudadana, y las denuncias constantes de sus familiares la tarde del 5 de enero del 2016, los tribunales de Trujillo, Colón, dictaron auto de formal procesamiento contra los elementos de la naval.
Abusos
La sentencia se da en medio de la polémica por el asesinato de 3 ciudadanos de la Mosquitia a manos de supuestos militares, que dispararon la tarde del sábado 29 de mayo contra la humanidad de las personas que regresaban de sus labores de pesca.
Por su extensión y su difícil accesibilidad, los departamentos de Colón y Gracias a Dios, son corredores de tráfico de drogas. Esto ha sido excusa para que desde el Estado hondureño, con el apoyo del gobierno de Estados Unidos se militarice la zona.
La supuesta guerra contra las drogas ha propiciado escenarios de persecución, intimidación y asesinatos en las comunidades indígenas y pueblos originados en el país. Existe dentro de los operadores de justicia hondureña una tendencia a encubrir los crímenes cometidos por los militares y en caso de ser proseguidos, salvaguardar a los oficiales. La militarización del territorio ha permitido que miles de personas hayan sido víctimas de abusos cometidos por miembros de los cuerpos militares, permaneciendo muchas de estas violaciones en la impunidad, o ante el temor de sufrir represalias; permanecen en el silencio.
El abogado Carlos Velásquez, apoderado legal de la Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANEH, explica que en la parte final del juicio, el debate se extendió 8 días, y los últimos dos días se realizó en el lugar del asesinato la reconstrucción de hechos, que contribuyó a que los jueces tuviesen mayor claridad para dar el veredicto final.
El abogado asegura que los miembros de la Fuerza Naval durante el juicio negaban que habían sido ellos los que dispararon y aseguraban que el asesinato fue producto de un enfrentamiento entre narcotraficantes y militares.
Los militares fueron encontrados culpables del delito de homicidio y complicidad de homicidio, explica el abogado Carlos Velásquez que la pena a pagar podría oscilar entre los 15 y 20 años. Pero será en la audiencia de individualización de pena que se conocerán detalles de la condena que tendrán los 11 miembros de la Naval.
Contexto
Los jóvenes fueron asesinados en una balacera propiciada por la Fuerza Naval, mientras se desplazaban por la barra de Iriona, en la comunidad de Tocamacho, la madrugada del 27 de mayo del 2015. A eso de las 5 de la mañana, uno de los vehículos en los que se transportaban se atascó en la arena por lo que llegó otro automóvil de la comunidad a auxiliarlos.
Sin mediar palabras, miembros de la Fuerza Naval empezaron a disparar, falleciendo en el acto el joven Joel Palacios Lino y quedando gravemente herido Elvis Armando García, quien falleció posteriormente en el Hospital Regional de La Ceiba, Atlántida.
En la audiencia efectuada el sábados 2 de enero de 2016 en la ciudad de Trujillo, el Ministerio Público decidió presentar requerimiento fiscal.
Ante la presión ciudadana, y las denuncias constantes de sus familiares la tarde del 5 de enero del 2016, los tribunales de Trujillo, Colón, dictaron auto de formal procesamiento contra los elementos de la naval.
Abusos
La sentencia se da en medio de la polémica por el asesinato de 3 ciudadanos de la Mosquitia a manos de supuestos militares, que dispararon la tarde del sábado 29 de mayo contra la humanidad de las personas que regresaban de sus labores de pesca.
Por su extensión y su difícil accesibilidad, los departamentos de Colón y Gracias a Dios, son corredores de tráfico de drogas. Esto ha sido excusa para que desde el Estado hondureño, con el apoyo del gobierno de Estados Unidos se militarice la zona.
La supuesta guerra contra las drogas ha propiciado escenarios de persecución, intimidación y asesinatos en las comunidades indígenas y pueblos originados en el país. Existe dentro de los operadores de justicia hondureña una tendencia a encubrir los crímenes cometidos por los militares y en caso de ser proseguidos, salvaguardar a los oficiales. La militarización del territorio ha permitido que miles de personas hayan sido víctimas de abusos cometidos por miembros de los cuerpos militares, permaneciendo muchas de estas violaciones en la impunidad, o ante el temor de sufrir represalias; permanecen en el silencio.
Miriam Miranda: un legado de lucha y sacrificio por el pueblo garífuna
Wednesday, 23 May 2018 23:49 Written by Salvador Monroy Published in Contexto
Nació en Santa Fe, en el municipio de Trujillo, Colón. Recibió el
premio ambiental “Carlos Escaleras” en el 2016. Tiene más de 32 años en
la defensa del ambiente y tierra de los garífunas. Es dirigente de la
Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH) y sus principales
luchas se centran en la defensa de los territorios garifunas, perseguida
y querellada por su trabajo por la defensa de los derechos humanos y al
derecho a la tierra de su gente. Ella es Miriam Miranda.
Ha realizado luchas a favor de su pueblo garífuna en contra de las
ciudades modelo a partir del Gobierno del ex presidente Porfirio Lobo
Sosa, quien puso a disposición de extranjeros, propiedades garífunas
donde podían construir esas ciudades que mantendrán su propia autonomía a
costas de los Garífunas. El gobierno de Juan Orlando Hernández le ha
dado todo el respaldo a esta Ley para despojar a las comunidades de sus
bienes comunes.
Miranda ha sido querellada junto a otros compañeros de OFRANEH por el empresario canadiense Patrick Daniel Forseth, en una acción judicial que se venía promoviendo en el Tribunal de Sentencia de Trujillo por los delitos de difamación y calumnia, y otras impulsadas por Randy Jorgensen, “Rey del Porno”, también canadiense.
La voz de Miriam ha sido criminalizada y se ha catalogado como una de las mujeres más valientes en la defensa de la tierra de las comunidades Garífunas, donde la maquinaria estatal está al servicio de los querellantes que son de mucho poder político y económico.
Asimismo ha sido detenida por las fuerzas de seguridad, encarcelada y torturada. La solidaridad ha podido detener las acciones que van directamente ligadas a obstaculizar la defensa de los derechos humanos de las mujeres que tienen que enfrentar no solo acciones penales sino hostigamientos, campañas de desprestigio, ataques físicos, entre las muchas formas de los perpetradores para tratar de callar estas voces importantes para la democracia del país.
Como dirigente de OFRANEH, ha demandado que se pare el anteproyecto de Ley para la construcción de ciudades modelos, el cual es impulsado por el presidente Juan Orlando Hernández y que expulsará de sus tierras a los verdaderos dueños, con el argumento de que se promueve el desarrollo y las tierras se declararán de utilidad pública.
A través de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, se lanzó una alerta para llamar la atención sobre la querella que se le entabló, en donde se condenó el acto de criminalización y judicialización contra defensoras garífunas del territorio y se exigió al Estado hondureño cumplir con su deber de garantizar la protección y el derecho a defender derechos de las defensoras, y fue así que el Secretario Adjunto de la ONU, Andrew Gilmour, en su visita al país, demandó la cancelación de este proceso de judicialización.
Campaña “Yo defiendo”
Mirian Miranda aparece en la campaña “Yo defiendo”, impulsada por la Coalición contra la Impunidad, con la que se tiene como principal objetivo sensibilizar a los tomadores de decisiones y sociedad en general, del rol importante que juegan los y las defensoras de derechos humanos en el país.
“Soy Mirian Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña, yo defiendo los derechos humanos del pueblo garífuna, por la vida y la sobrevivencia cultural de nuestros pueblo”, expresa en un video de la campaña.
Miranda siempre se presenta ante los sectores que la adversan como “parte del pueblo garífuna en resistencia permanente para hacer vigente su identidad, una identidad cultural que tiene sus principios fundamentales como la colectividad, la solidaridad, la comunidad y la toma de decisiones colectiva, el tema de la consulta popular, el tema del concenso, la conciencia para nosotros de que hay que salvaguardar la tierra, los recursos, la biodiversidad como lo más importante, en otras palabras lo más importante es la unidad de los seres humanos”, dijo en una entrevista.
“Lo que pasamos en el 2009 en Honduras es una muestra de lo que puede pasar en América Latina y por lo cual nosotros tenemos que luchar día a día, para que podamos tomar la rienda de nuestras vidas, para el futuro también, señaló.
Honduras es un país que después del golpe de Estado de 2009, se ha posesionado a la oligarquía, la cual se ha fortalecido y que es avalada por el imperio que nos dejó en una crisis estructural profunda”, dijo
Miranda.
Al igual que otros defensores de derechos humanos, Miranda también ha sido detenida por miembros de la policía, quienes le han exigido que conteste sobre las actividades que realiza, de dónde viene y hacia dónde va.
“Tenemos una policía que violenta los derechos humanos, paradójicamente son que tienen que salvaguardar los derechos de las personas que tenemos medidas cautelares, pero contamos con una policía que te violenta tus derechos, que te maltrata, te quita la libre circulación y sobre todo se atreve a amenazarte”, relató Miranda, sobre una experiencia que tuvo con varios policías que la requirieron para solicitarle información sobre sus actividades.
En varios reportajes, tanto nacionales como internacionales, Miranda menciona a su tierra garífuna, este es un ejemplo que aparece en la página Nobel Women´s Initiative el 9 de diciembre de 2015. “Vivimos casi en el mar, justo en la playa. Es una bendición, pero recientemente también se convirtió en una maldición, porque por supuesto todos los que tienen poder quieren tener un lugar en la playa. El desplazamiento de comunidades y la pérdida de culturas que acompañan al desarrollo del turismo está creciendo... pero las mujeres garífunas, muchas de ellas ancianas, tienen una fuerza increíble. Participan en reuniones, en acciones, derribando muros que se construyen en la playa. Están sustentando a los jóvenes garífuna para que sepan quiénes son, sin vergüenza".
Vea Video de la Campaña Yo Defiendo Aquí
Miranda ha sido querellada junto a otros compañeros de OFRANEH por el empresario canadiense Patrick Daniel Forseth, en una acción judicial que se venía promoviendo en el Tribunal de Sentencia de Trujillo por los delitos de difamación y calumnia, y otras impulsadas por Randy Jorgensen, “Rey del Porno”, también canadiense.
La voz de Miriam ha sido criminalizada y se ha catalogado como una de las mujeres más valientes en la defensa de la tierra de las comunidades Garífunas, donde la maquinaria estatal está al servicio de los querellantes que son de mucho poder político y económico.
Asimismo ha sido detenida por las fuerzas de seguridad, encarcelada y torturada. La solidaridad ha podido detener las acciones que van directamente ligadas a obstaculizar la defensa de los derechos humanos de las mujeres que tienen que enfrentar no solo acciones penales sino hostigamientos, campañas de desprestigio, ataques físicos, entre las muchas formas de los perpetradores para tratar de callar estas voces importantes para la democracia del país.
Como dirigente de OFRANEH, ha demandado que se pare el anteproyecto de Ley para la construcción de ciudades modelos, el cual es impulsado por el presidente Juan Orlando Hernández y que expulsará de sus tierras a los verdaderos dueños, con el argumento de que se promueve el desarrollo y las tierras se declararán de utilidad pública.
A través de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, se lanzó una alerta para llamar la atención sobre la querella que se le entabló, en donde se condenó el acto de criminalización y judicialización contra defensoras garífunas del territorio y se exigió al Estado hondureño cumplir con su deber de garantizar la protección y el derecho a defender derechos de las defensoras, y fue así que el Secretario Adjunto de la ONU, Andrew Gilmour, en su visita al país, demandó la cancelación de este proceso de judicialización.
Campaña “Yo defiendo”
Mirian Miranda aparece en la campaña “Yo defiendo”, impulsada por la Coalición contra la Impunidad, con la que se tiene como principal objetivo sensibilizar a los tomadores de decisiones y sociedad en general, del rol importante que juegan los y las defensoras de derechos humanos en el país.
“Soy Mirian Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña, yo defiendo los derechos humanos del pueblo garífuna, por la vida y la sobrevivencia cultural de nuestros pueblo”, expresa en un video de la campaña.
Miranda siempre se presenta ante los sectores que la adversan como “parte del pueblo garífuna en resistencia permanente para hacer vigente su identidad, una identidad cultural que tiene sus principios fundamentales como la colectividad, la solidaridad, la comunidad y la toma de decisiones colectiva, el tema de la consulta popular, el tema del concenso, la conciencia para nosotros de que hay que salvaguardar la tierra, los recursos, la biodiversidad como lo más importante, en otras palabras lo más importante es la unidad de los seres humanos”, dijo en una entrevista.
“Lo que pasamos en el 2009 en Honduras es una muestra de lo que puede pasar en América Latina y por lo cual nosotros tenemos que luchar día a día, para que podamos tomar la rienda de nuestras vidas, para el futuro también, señaló.
Honduras es un país que después del golpe de Estado de 2009, se ha posesionado a la oligarquía, la cual se ha fortalecido y que es avalada por el imperio que nos dejó en una crisis estructural profunda”, dijo
Miranda.
Al igual que otros defensores de derechos humanos, Miranda también ha sido detenida por miembros de la policía, quienes le han exigido que conteste sobre las actividades que realiza, de dónde viene y hacia dónde va.
“Tenemos una policía que violenta los derechos humanos, paradójicamente son que tienen que salvaguardar los derechos de las personas que tenemos medidas cautelares, pero contamos con una policía que te violenta tus derechos, que te maltrata, te quita la libre circulación y sobre todo se atreve a amenazarte”, relató Miranda, sobre una experiencia que tuvo con varios policías que la requirieron para solicitarle información sobre sus actividades.
En varios reportajes, tanto nacionales como internacionales, Miranda menciona a su tierra garífuna, este es un ejemplo que aparece en la página Nobel Women´s Initiative el 9 de diciembre de 2015. “Vivimos casi en el mar, justo en la playa. Es una bendición, pero recientemente también se convirtió en una maldición, porque por supuesto todos los que tienen poder quieren tener un lugar en la playa. El desplazamiento de comunidades y la pérdida de culturas que acompañan al desarrollo del turismo está creciendo... pero las mujeres garífunas, muchas de ellas ancianas, tienen una fuerza increíble. Participan en reuniones, en acciones, derribando muros que se construyen en la playa. Están sustentando a los jóvenes garífuna para que sepan quiénes son, sin vergüenza".
Vea Video de la Campaña Yo Defiendo Aquí
A 25 años de la Declaración de Viena; Los derechos de todos, amenazados
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, ha denunciado que los derechos humanos están bajo presión en todo el mundo y ya no son tratados como “una prioridad”, sino como “un paria”.
En un acto por el 25º aniversario de la adopción de la Declaración de Viena sobre Derechos Humanos, Zeid lamentó que esta celebración ocurra en un momento de “retroceso”, en el que se desprecian “los derechos de gente que ha sido obligada a huir de sus hogares, porque las amenazas que afrontan allí son más peligrosas que los riesgos de su viaje”.
“Este aniversario podría ser la ocasión para una celebración educada de los logros de mi Oficina en las últimas dos décadas y media, y son muchos”, dijo Zeid a los delegados reunidos en Viena, pero añadió: “Hoy no es un momento para la complacencia soporífera. La legitimidad de los principios de los derechos humanos está siendo atacada. La práctica de las normas de derechos humanos está en retroceso”.
Incitación al odio
Zeid ha alertado sobre el ascenso en Europa de “partidos etno-populistas” que “alimentan el odio y abren cicatrices en sus sociedades con divisiones cada vez más profundas”.
Es, dijo, el “retroceso a una era en la que los racistas y los xenófobos inflaman el odio y la discriminación entre el público mientras se ocultan bajo la apariencia de la democracia y el imperio de la ley”.
El alto cargo de la ONU también denunció el aumento de un nacionalismo “estridente” en el que los intereses a corto plazo de líderes individuales exceden la búsqueda de soluciones a los males comunes. Los partidos “etno-populistas” alcanzan el poder propagando “visiones distorsionadas y falsas sobre los migrantes y los activistas de derechos humanos”.
“Casi en todas partes en Europa, el odio que dirigen hacia los inmigrantes se ha infiltrado en los partidos convencionales y sesgado el panorama político hacia una violencia y un sufrimiento mayores”, advirtió.
Hacia atrás
El Alto Comisionado considera el mundo también se dirige “a una era en que a las mujeres no se les permitía controlar sus propias elecciones y sus propios cuerpos”.
Además, subrayó que los partidos populistas que han llegado al poder tratan de “socavar la independencia del poder judicial” y de “silenciar muchas voces críticas en los medios independientes y la sociedad civil”.
“No habrá paz para ningún país hasta que haya respeto y justicia”, y “no habrá prosperidad sostenible a menos que todos puedan beneficiarse”, sentenció. “La igualdad y la dignidad humana son el camino hacia la paz en el mundo: el camino del verdadero patriotismo, la construcción de sociedades basadas en la armonía, no en la división y el odio”, concluyó.
Libre presenta moción para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente
Por: redacción CRITERIO redacción@criterio.hn
Tegucigalpa.-
La noche de este martes, la Bancada del Partido Libertad y Refundación
(LIBRE), introdujo una Iniciativa de Ley en la cámara del Congreso
Nacional para consultar al pueblo si está a favor o en contra de una
Asamblea Nacional Constituyente para que se redacte una Nueva
Constitución de la República.
La
iniciativa fue presentada por el diputado de Libre, Fabricio Sandoval,
donde la ciudadanía deberá responder a la pregunta: ¿Está usted de
acuerdo o no con que se convoque a una Asamblea Nacional Constituyente
Originaria para que se redacte una nueva Constitución?
En
su exposición, Sandoval leyó que se debe ordenar al TSE para que
realice una consulta popular bajo la modalidad de plebiscito donde el
pueblo opinará si quiere una Asamblea Nacional Constituyente que dé como
resultado una nueva Constitución de la República.
El
diputado por el departamento de Valle, indicó que El Plebiscito deberá
realizarse a nivel nacional el último domingo del mes de noviembre del
año 2018.
De
aprobarse la iniciativa presentada, el decreto deberá entrar en
vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.
La
iniciativa fue enviada a la comisión de asuntos constitucionales que
preside el diputado de Libre, Jorge Cálix para su correspondiente
dictamen. 
Diputada de Libre presenta iniciativa para derogar totalmente la “Ley Mordaza”
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-
En el marco de la celebración del día del Periodista, la diputada del
partido Libertad y Refundación por el departamento de Cortés, Scherly
Arriaga presentó este miércoles en seno del Congreso Nacional, una
iniciativa de ley encaminada a derogar totalmente el artículo 335-B
conocido como la “Ley Mordaza”.
En
la exposición de motivos la parlamentaria destacó entre otras cosas que
la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma
de una sociedad democrática y que es indispensable para la formación de
la opinión pública, pues se vuelve un camino para que la comunidad, a la
hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada, por ende,
es posible afirmar que una sociedad que no esté bien informada, no es
plenamente libre, y está sometida a la manipulación.
En
Honduras, estamos a las puertas de celebrar -en el término más
propagandístico- el día nacional de periodista. Pero lo cierto, es que
en nuestro país no hay mucho que celebrar, más bien, todo que
reconstruir.
Solo
en 2017, el ejercicio periodístico, en Honduras, quedó marcado por más
de medio centenar de hechos violatorios a la libertad de expresión y de
información que van desde amenazas, agresiones, atentados,
desplazamientos forzados y la muerte en circunstancias violentas e
impunes de siete personas ligadas a los medios de comunicación, según lo
informó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CONADEH).
Ese
ambiente, es el resultado nefasto, para quienes contravenimos las
políticas fascistas para controlar y exterminar la libertad de
expresión. Bajo ese panorama, el ejercicio periodístico se ha convertido
en una profesión de alto riesgo para quienes la ejercen, ya que se pone
en peligro la vida de periodistas y sus familiares.
Según
el recuente de casos registrados por el CONADEH, desde el año 2001 al
2017, han muerto violentamente 75 personas ligadas a los medios de
comunicación de los cuales 72 (96%) son hombres y 3 (4%) mujeres.
Arribar
al “día del periodista” con el artículo 335-B del código penal,
vigente, mismo que criminaliza la tarea de las y los periodistas, medios
de comunicación hegemónicos, alternativos y populares, bajo la figura
de la apología al odio, es un adefesio para quienes ejercen la tarea de
comunicar al pueblo hondureño.
Otra
disposición del actual régimen, que atenta contra la libertad de
expresión es la ominosa Ley de Secretos Oficiales aprobada en 2014,
misma que impide, limita y prohíbe que las y los periodistas tengan
acceso a la información que es pública relacionada a los temas de
Seguridad y Defensa.
A
pocas horas del 25 de mayo, sigue siendo una bofetada para el gremio
periodístico y la comunidad hondureña, que se esté en un “tercer
debate”, la ley de Ciberseguridad, mejor conocida como la ley mordaza de
las redes sociales de comunicación.
La
iniciativa consta de dos artículos: ARTICULO 1.- Derogar por completo
el inciso B del artículo 335 del código penal vigente, contenido en el
CAPÍTULO V, sobre los delitos de TERRORISMO.
ARTICULO 2.- El presente decreto entrará en vigencia después de su publicación en el diario oficial La Gaceta.
Propósito oculto del hegemón y sus socios. Elecciones en Venezuela y México II, en clave de sencillez
Por: Rodolfo Pastor Fasquelle
En
ciertos momentos de su historia moderna, los EUA han pretendido
ser paladines de la libertad y la democracia, defensores de los derechos
humanos y de la ley internacional, la autodeterminación. Ha habido
gente que se lo tomó en serio y esa idea sigue vigente. Pero, cuando se
llega a implementarla, esos principios se subordinan a razones
pragmáticas y la retórica invierte los significados de los términos.
Protegen los derechos de las víctimas de sus contrarios, pero se hacen
de la vista gorda con los que atropellan sus amigos para favorecerlos. A
nadie debería sorprender. La hegemonía se estableció hace un siglo a
sangre y fuego de cañón. Nadie serio, ningún funcionario de categoría o
académico calificado lo desmentirá. Tampoco lo esencial ha sido la
ideología.
Democracia
se puede definir de muchas maneras. Lo hemos dicho muchos hace tiempo.
En los 1940s Albania y Rumanía se llamaban a sí mismas democráticas y
después Cambodia se calificó así en época de Pol Pot. Del mismo modo que
presididas por feroces dictadores militares Argentina y Brasil se
figuraban democracias republicanas. De manera sutil, igual, todavía se
alega que Honduras devino democrática en los 1980s, cuando se
suprimieron derechos y organizaciones y libertades o se asegura que
son democracias los países latinos en que 1% de la población controla la
mitad de los recursos y en la práctica todo el poder, y el 80% más
pobre hambrea o vende el voto por una provisión.
Ninguna
hoja se mueve en las relaciones de los Estados Unidos con otros sin el
diseño del estratega. No varían esas políticas de un día al otro. (Su
visión se proyecta al siguiente siglo.) Y antes que una individualizada
para cada uno de los países de una región, el Departamento de Estado
formula políticas para conjuntos, con una sola base que, al final del
día, son sencillas y homologables. Apoyar y promover a quien asegure sus
intereses nacionales y estorbar y socavar lo que se les oponga. Y
eso no es una política particular suya, una perversidad exclusiva de su
etnia, Han recurrido a ella todas las potencias hegemónicas a lo largo
de milenios en cualquier geografía de la historia registrada. Desde que
el mundo es un campo de contradicciones y convergencias, sobre el cual
se juega el poder de grupos, castas, naciones, estados e imperios. Cosa
de sentido común. Sin doblez ni refinamiento. El poder es su propio
medio y su fin propio.
Entonces
la retahíla de medidas anunciadas (siempre predecibles) por los
estadounidenses hoy para castigar a Venezuela por haber celebrado una
elección imperfecta, y para obligarla a restaurar lo que ellos
consideran democracia, a saber, el campo de ventajas para sus adeptos
tiene que verse con sencillez, sin exclamaciones airadas contra el
imperialismo, imprecaciones sentimentales por la suave patria, ni
reclamos lacrimógenos. Se la debe analizar fríamente como parte de una
estrategia, y enfrentarla en la medida en que se disponga de elementos o
recursos para ese fin. Hace ya varias décadas que sus teóricos y
prácticos de la diplomacia y de las relaciones internacionales en EUA
elaboran la tesis del soft power, según la cual, en vez de lanzar con su
poder de fuego peligroso, una guerra convencional, es más económico
hacer la guerra psicológica (mediática) y comercial.
¡El
poder suave puede ser bien duro! ¡Debe ser inclemente! Y a tal punto ha
sido eficaz implementar esa estrategia que hoy por hoy la China declara
oficial abiertamente que uno de sus fines prioritarios de su política
exterior es soslayar disputas comerciales con los EUA, que siguen
teniendo la economía más grande. No es que sea imposible por supuesto,
retar. Es cuestión de cálculo. Del timing. No conviene desgastarse en
esa clase de conflicto si no tienes una garantía de vencer. Menos aún
sirve de nada gastarse en líricas expresiones que no surten efecto en la
relación de poder y a veces no alcanzan a ser provocación. Como sucedía
cuando Mao evocaba el tigre de papel.
Concretamente,
esta política gringa se dirige a poner también a México y a los
mexicanos en ascuas. En el entendido de que la movilización de quienes
ahí temen y quieren evitar una toma del poder democrático pueden aun
abortar o prevenir el triunfo de López Obrador. O de que, en todo caso,
si ya no se puede, entonces, que AMLO llegue al poder medido con el
cordón de Donald Trump y advertido de los límites de su juego.
Por
supuesto es otra cosa. México no importa como Venezuela por falta de
producción propia, una gran proporción de sus necesidades básicas, sino
que produce sus insumos básicos, alimentos incluso medicina. Tiene (creo
estar en lo correcto) una elite con mayor definición de su propio
interés, identidad nacional y cultural y por lo mismo podría ser
más resistente. ¿Y entonces es preferible hacer la demostración en
Venezuela y prevenir?
Esta
serie de medidas draconianas para llevar al límite la confrontación en
Venezuela, arrinconarla con ayuda de los más infames regímenes como el
vergonzoso de Tremer, el de la dócil Colombia, los ignominiosos de
Honduras y Paraguay. Humillarla. Al tiempo que advierte a todos aquellos
actores con poder, los Sahib, los caciques coloniales, los políticos
apaniguados, empresarios, militares y religiosos en la región, que si
quieren proteger sus intereses deben actuar en consonancia con el de EU.
Nota relacionada Elecciones en Venezuela y México y el balance político regional
Porque
esta es la particularidad del soft power, que no la simple diplomacia,
esta estrategia precisa del colaboracionismo local en grado absoluto. Si
no hubiera pitiyanqui no habría poder yanqui suave. Solo cuando los
militares se han olvidado de un compromiso con la propia patria, cuando
los empresarios piensan que dependen completamente del mercado
estadounidense, cuyo acceso es Edén y panacea, cuando las clases
intelectuales y aun los artistas subordinan sus propios conceptos de
estética y lógica, cuando no queda a salvo nada de la independencia
real, entonces suena el estruendo con que el hegemón llama a rematar la
obra, llama a la horda y la guarimba al tumulto y exige la represión
contra pueblos heroicos.
¿Estarán
los EUA desatando en América Latina una turbulencia e inestabilidad que
justifique nuevos estadios de dominación? ¿A quién beneficiaría esa
eventualidad? ¿Cómo enfrentarla mejor?
