“Están en peligro” defensores y defensoras de DDHH en la mayor parte del país, concluye relator de la ONU
Por:Sandra Rodríguez
Tegucigalpa, Honduras.-
Entre las observaciones que hizo el relator Michel Forst, fue las
largas distancias que defensores y defensoras de Derechos Humanos
recorrieron para asistir a la cita prevista con él, en su gira a
Honduras, “me ha impresionado la sociedad civil valiente, activa,
vibrante y comprometida que opera en todo el país”.
La visita del Relator Especial de las
Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores y Defensoras de
Derechos Humanos era esperada por las personas que defienden derechos
humanos en uno de los países más violadores de los mismos, y dónde no
son escuchadas ni atendidas sus denuncias, al contrario son se les
criminaliza por sus acciones.
La llegada del relator de la ONU inició
el 30 de abril y finalizó este día 12 de mayo, tiempo que le permitió
escuchar diversos testimonios de víctimas pertenecientes a grupos
diversos y también tuvo reuniones con representantes del Estado dirigido
ilegalmente por Juan Orlando Hernández, y operadores de justicia.
Su agenda se desarrolló en las ciudades
de Tegucigalpa, La Paz, La Esperanza, Santa Bárbara, San Pedro Sula, El
Progreso, Tela, La Ceiba, Tocoa y Choluteca. Al menos 400 defensores y
defensoras de derechos humanos participaron en las reuniones que
contaron también con el acompañamiento de la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras
(OCNUDH).
Forst expuso que el objetivo de su
visita es evaluar, en un espíritu de cooperación y diálogo, si Honduras
ofrece los elementos básicos de un entorno seguro y propicio para los
defensores y defensoras de derechos humanos. Es decir, la visita
pretendía responder a la pregunta de si los defensores y defensoras de
derechos humanos se sienten seguros y empoderados en Honduras.
Supo de casos de defensores y defensoras
que han sido arrestados arbitrariamente, algunos de los cuales han sido
maltratados por la policía o el ejército, líderes comunitarios e
indígenas, que han denunciado haber sido privados de sus tierras, sus
cultivos han sido destruidos y sus cosechas robadas.
Después de examinar detenidamente toda la información recibida llegó a la conclusión de que, a pesar de los grandes esfuerzos por establecer un mecanismo eficaz de protección, la gran mayoría de los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras no pueden trabajar en un entorno seguro y propicio.
“Están en peligro en la mayor parte del
país y no se sienten seguros debido a los numerosos ataques y amenazas,
la criminalización de sus actividades y la falta de acceso a la
justicia”, detalló el experto.
Lo que aumenta ese riesgo es la
estigmatización, encabezada por altos funcionarios y medios de
comunicación, que los desempodera a través de campañas de difamación
dirigidas a desacreditar su trabajo, a menudo equiparándolos con la
oposición política, o tachándolos de antinacionales, criminales o
incluso hasta de traidores.
En
numerosos casos, los defensores y defensoras han sido atacados,
amenazados, llevados ante los tribunales y acusados con cargos políticos
o inventados. –Cabe señalar que este informe se da en el marco de un
proceso de fraude post electoral y protestas sociales para denunciar la
ilegal reelección de Juan Orlando Hernández cuyo segundo periodo inició
el 27 de enero, y por esas manifestaciones 22 personas fueron
encarceladas, actualmente hay 10 en centros penales de máxima seguridad y
12 defendiéndose en libertad desde hace unos días-.
El Relator afirmó escuchar testimonios
creíbles de defensores y defensoras que fueron amenazados y atacados
por empresas, especialmente en el ámbito de las industrias extractivas o
hidroeléctricas. Y testimonios de supuestas confabulaciones entre
empresas internacionales o nacionales y políticos, a veces a alto nivel
del Congreso.
Recomendó al gobierno la ratificación de
instrumentos que proporcionen a los defensores y defensoras de derechos
humanos instrumentos importantes para hacer efectivos los derechos de
la mujer, los niños y los derechos económicos y sociales y contribuiría a
aumentar la rendición de cuentas.
Así mismo que reactive este proceso de
diálogo y siga las recomendaciones del Relator Especial sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas. Basándose en el Convenio 169 de la
Organización Internacional de Trabajo (OIT), sobre los pueblos indígenas
y tribales.
Consideró preocupante la práctica
generalizada de criminalización de defensores y defensoras en el
contexto del ejercicio de su derecho a la protesta y la libertad de
expresión, por las que pueden ser objeto de acusaciones penales.
-Para este día se suspendió una vez más
la audiencia donde defensores, defensoras y estudiantes de la
Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), denunciaron ataques y
torturas contra tres altos oficiales de la Policía Nacional, hecho
ocurrido el 08 de septiembre, en el marco de una huelga en defensa de la
educación pública-, estaba presente en la conferencia de prensa de esta
mañana el defensor Carlos del Cid y la defensora Hedme Castro, quienes
expresaron a www.defensoresenlinea.com no sentirse identificados en el informe preliminar de Forst.
“Recomiendo que se revisen las leyes
utilizadas para criminalizar a los defensores y defensoras de derechos
humanos por su trabajo legítimo, con miras a que su contenido y
ejecución se ajusten al principio de legalidad y a otras normas
internacionales de derechos humanos”, expresó tras dar una gama de
criminalizaciones que van desde la estigmatización, multas económicas,
querellas hasta cárcel.
Continúa asesinato de defensores y defensoras: Berta Cáceres
Lamentó
que, si bien hay reducción de los homicidios, esta no ha ido acompañada
de una reducción uniforme del número de asesinatos de defensores y
defensoras de derechos humanos, que, por el contrario, ha aumentado
drásticamente en los últimos años. -Uno de los crímenes más emblemáticos
y que sigue en la impunidad, pese a que hay nueve personas detenidas,
sin capturar a los autores intelectuales, refiere a Berta Cáceres
Flores, defensora planetaria y lideresa indígena lenca el 02 de marzo
del 2016-.
Conocía a Berta personalmente y durante
mi visita conocí a dos de sus hijas y a su madre. Buscan justicia por el
asesinato de su ser querido y no pararán hasta que esto se logre.
Continuaré dando seguimiento y apoyando su difícil situación. Lamento
profundamente que ellas también se enfrenten a amenazas, arriesgando sus
vidas por esta misma razón y por lo tanto requieren medidas de
protección. No obstante, no todos los casos de defensores y defensoras
de derechos humanos en Honduras están progresando hasta este punto,
expresó el Relator.
Elogió que la Misión de Apoyo a la Lucha
contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), iniciará la
investigación (con la Procuraduría General de la República) de la
presunta corrupción en el Proyecto Agua Zarca, caso que Berta Cáceres
había denunciado repetidamente, incluso en el momento de su asesinato,
la corrupción en la adjudicación de contratos, la falta de consulta
previa, libre e informada con los pueblos indígenas y otras violaciones
conexas de los pueblos indígenas Lencas. Forst considera importante
esclarecer estas acusaciones de corrupción y de los posibles vínculos
con su asesinato.
“Los defensores y defensoras de derechos
humanos siguen identificando tanto a la policía nacional, como al
ejército entre los principales autores de ataques y violaciones contra
ellos”, detalla el informe.
Elección del Fiscal General y Adjunto
En
cuanto al actual proceso de selección y elección del Fiscal General del
Ministerio Público, según Forst, es fundamental para fortalecer el
estado de derecho, la lucha contra la impunidad y la corrupción y la
protección de los derechos humanos.
Por lo que, “Insto a todas las partes
interesadas que intervienen en el proceso de selección a que se adhieran
a las normas más estrictas y a criterios estrictos para evaluar la
integridad, idoneidad y competencia de los solicitantes. Subrayo la
importancia de la transparencia, la publicidad y el acceso a la
información en este proceso, y hago énfasis en la necesidad de una
observación independiente de todo el proceso, haciendo hincapié en el
papel de la sociedad civil en particular”.
En marzo de 2018, el Fiscal General
anunció la decisión de establecer dentro de su institución una Fiscalía
Especial para la protección de defensores y defensoras de derechos
humanos, periodistas y operadores de justicia, dice el informe, que
además recomienda a las autoridades competentes a que aceleren el
proceso de creación y puesta en marcha de esta institución “y pido la
estrecha cooperación y colaboración con la Fiscalía Especial de Derechos
Humanos en vista de la dimensión específica de estos ataques y
amenazas”.
A pesar de los esfuerzos del Estado por
mejorar el acceso general a la justicia, los resultados siguen siendo
mínimos. En cuanto a los defensores y defensoras de derechos humanos,
los niveles de impunidad por ataques y violaciones contra ellos no han
mejorado. Según varios informes, en Honduras aproximadamente el 97 por
ciento de los crímenes cometidos contra defensores y defensoras de
derechos humanos, incluyendo defensoras de derechos humanos, siguen sin
resolverse.
La falta de rendición de cuentas por los asesinatos y otros delitos cometidos contra los defensores y defensoras de derechos humanos y los periodistas alimenta aún más la violencia contra ellos.
No es de extrañar que Honduras siga
siendo uno de los países más peligrosos de América Latina para los
defensores y defensoras de derechos humanos. La situación de los
periodistas también es crítica. Desde 2001, 75 periodistas,
comunicadores sociales y personal de los medios de comunicación han sido
asesinados y sólo en 6 casos se ha identificado a los autores. La
impunidad y la falta de investigación de las agresiones contra los
defensores y defensoras de derechos humanos y los periodistas continúan
siendo la norma y no la excepción.
Defensores y defensoras merecen prioridad
Recomendó
también al Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH), que
debería considerar priorizar a los defensores y defensoras de derechos
humanos en su agenda y las quejas presentadas por ellos. Por lo tanto,
con la responsabilidad de supervisar su situación y fomentar vínculos
más estrechos con la sociedad civil, este debería tener un centro de
coordinación designado para los defensores y defensoras de derechos
humanos.
En cuanto a la aplicación de la Ley
para proteger a los defensores y defensoras de derechos humanos,
periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia que dio
lugar a la creación del Mecanismo Nacional de Protección y al desarrollo
de su marco normativo, expresó que su adopción representa un hito para
la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos en
Honduras.
Hasta la fecha, el Mecanismo Nacional de Protección ha proporcionado 810 medidas de protección a 211 personas, la gran mayoría de las cuales eran defensores y defensoras de derechos humanos.
Dentro del número actual de casos del Mecanismo, hay 198 casos abiertos de los cuales: 125corresponden a defensores y defensoras de derechos humanos, 37 a periodistas, 22 a comunicadores sociales y 14 a funcionarios del sistema de justicia.
En respuesta a las demandas de los
beneficiarios y de la sociedad civil, el mecanismo amplió el tipo de
respuestas de protección proporcionadas a los defensores y defensoras de
derechos humanos más allá de las medidas policiales (escolta policial,
reubicación temporal, evacuación, etc.).
Entre las nuevas medidas figuran la
capacitación para la autoprotección, el apoyo psicosocial y el subsidio
para el transporte y la comunicación. Desde febrero de 2017, el
Mecanismo también permite la adopción de otras medidas, como el apoyo
psicosocial, los subsidios de transporte y comunicaciones, las medidas
tecnológicas y de infraestructura, los cursos de autoprotección y las
notificaciones a las autoridades policiales y militares que solicitan
que se permita la labor de los defensores y defensoras de derechos
humanos. No obstante, prevalecen las medidas de tipo policial.
“Por último, quisiera rendir homenaje a la memoria de Margarita Murillo, Bertha Cáceres, Gladys Lanza, Magdalena Morales y muchas otras mujeres activistas que allanaron el camino a generaciones de mujeres en Honduras, pero que pagaron el precio más alto por su labor en pro de los derechos humanos”.
El relator Michel Forst, finalizó
diciendo que todavía existe una brecha entre el compromiso internacional
y la aplicación nacional.
“Deseo expresar mi compromiso constante
de prestar apoyo técnico a las autoridades hondureñas. Al celebrar este
año el vigésimo aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas
sobre los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, me gustaría
invitar al gobierno hondureño a tomar medidas enérgicas contra la
impunidad y para el reconocimiento de los defensores y defensoras de
derechos humanos aquí en Honduras y en todo el mundo”.
Recordando que no es un funcionario de
las Naciones Unidas y que su cargo es honorario, como experto
independiente, ejerce su juicio profesional e imparcial e informa
directamente al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a
la Asamblea General.
En estos términos formuló las
observaciones y recomendaciones preliminares sobre algunos de los
principales problemas, que se detallarán en el informe final presentado
al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, en marzo de 2019.
Declaración final de Relator Especial de ONU para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos tras visita a Honduras
May 11, 2018
1. Introducción
Buenos días, damas y caballeros,
Quisiera iniciar con un sincero agradecimiento al Gobierno de Honduras por la invitación a realizar una misión oficial, la cual se llevó a cabo del 30 de abril al 12 de mayo de 2018. Deseo felicitar al Gobierno por su excelente cooperación y esfuerzos para garantizar una visita provechosa. Agradezco la oportunidad de reunirme con el Presidente de la República, los Ministros y representantes de alto nivel de diversos ministerios, autoridades judiciales y otras instituciones del Estado, tanto al nivel departamental como al nivel municipal.
Es sabido que los defensores y defensoras de derechos humanos que viven en zonas remotas son los que están en mayor riesgo, y desando tener una visión global de la situación en todas las regiones del país, viajé a Tegucigalpa, La Paz, La Esperanza, Santa Bárbara, San Pedro Sula, El Progreso, Tela, La Ceiba, Tocoa y Choluteca. En total, me reuní con 400 defensores y defensoras de derechos humanos de todo el país, de los cuales, el 40% eran mujeres. Algunos de ellos incluso viajaron dos días para reunirse conmigo. Agradezco, en particular, sus testimonios, recomendaciones e ideas, así como sus esfuerzos en la preparación de mis reuniones y visitas. También quisiera agradecer a todos aquellos que ayudaron a organizar esta visita, en especial a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras.
El objetivo de mi visita es evaluar, en un espíritu de cooperación y diálogo, si Honduras ofrece los elementos básicos de un entorno seguro y propicio para los defensores y defensoras de derechos humanos. Es decir, la visita pretendía responder a la pregunta de si los defensores y defensoras de derechos humanos se sienten seguros y empoderados en Honduras.
Asegurar estas condiciones es una parte primordial de la responsabilidad del Estado de Honduras desde que adoptó la Declaración de la ONU sobre Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en 1998. Por lo tanto, me he centrado principalmente en evaluar algunos de los elementos básicos de ese entorno seguro y favorable, a saber: un marco jurídico e institucional propicio; el acceso a la justicia; una institución nacional independiente y sólida de derechos humanos; políticas y mecanismos de protección eficaces que den atención a los grupos en riesgo y apliquen un enfoque de género; actores no gubernamentales que respeten y apoyen la labor de los defensores y defensoras; y una comunidad de defensores y defensoras sólida y dinámica.
También he leído detenidamente el informe de mi predecesora, Margaret Sekaggya, quien visitó Honduras en el 2012.
Para comenzar, deseo recordar que no soy funcionario de las Naciones Unidas y que mi cargo es honorario. Como experto independiente, ejerzo mi juicio profesional e imparcial e informo directamente al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a la Asamblea General.
Hoy me limitaré a formular observaciones y recomendaciones preliminares sobre algunos de los principales problemas, que se detallarán en el informe. Una vez que haya examinado a fondo los materiales y documentos que he reunido durante la visita, presentaré mi informe final al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, en marzo de 2019.
2. Evaluación general: ¿Existe en Honduras un entorno seguro y propicio para los defensores y defensoras de los derechos humanos?
Esta misión y todas las reuniones y discusiones con los defensores y defensoras, tuvieron lugar en el contexto de la crisis post electoral y la declaración del estado de emergencia durante diez días. He recibido docenas de testimonios de una violencia extrema en todo el país, que ha sido ampliamente documentada por varios observadores internacionales que confirmaron el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, la policía militar y el ejército, lo que causó la muerte de manifestantes y transeúntes, así como detenciones y encarcelamientos masivos.
Me han conmovido realmente todas las reuniones, testimonios e historias de familiares de personas desaparecidas, así como de defensores y defensoras que han sido arrestados arbitrariamente, algunos de los cuales han sido maltratados por la policía o el ejército, líderes comunitarios e indígenas, que han denunciado haber sido privados de sus tierras, sus cultivos han sido destruidos y sus cosechas robadas, defensores y defensoras que trabajan en temas delicados como los derechos sexuales y reproductivos o la orientación sexual e identidad de género. Me ha impresionado la sociedad civil valiente, activa, vibrante y comprometida que opera en todo el país.
Habiendo examinado detenidamente la información recibida del Gobierno, la sociedad civil y otras partes interesadas, llego a la conclusión de que, a pesar de los grandes esfuerzos por establecer un mecanismo eficaz de protección, la gran mayoría de los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras no pueden trabajar en un entorno seguro y propicio.
Están en peligro en la mayor parte del país y no se sienten seguros debido a los numerosos ataques y amenazas, la criminalización de sus actividades y la falta de acceso a la justicia. La estigmatización, encabezada por altos funcionarios y medios de comunicación, no sólo los desempodera, sino que los expone a mayores riesgos. Se enfrentan a campañas de difamación dirigidas a desacreditar su trabajo, a menudo equiparándolos con la oposición política, o tachándolos de antinacionales, criminales o incluso hasta de traidores.
En numerosos casos, los defensores y defensoras han sido atacados, amenazados, llevados ante los tribunales y acusados con cargos políticos o inventados. He recibido varios testimonios creíbles de defensores y defensoras que denunciaron haber sido amenazados y atacados por empresas, especialmente en el ámbito de las industrias extractivas o hidroeléctricas. También he recibido testimonios de supuestas confabulaciones entre empresas internacionales o nacionales y políticos, a veces a alto nivel del Congreso.
3. Marco legislativo e institucional
Marco Legal
La Constitución de Honduras de 1982 garantiza el principio de no discriminación, en particular por motivos de sexo (art. 60), el derecho inviolable a la vida, la dignidad, la integridad física, moral y mental y el derecho a no ser sometido a torturas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. También garantiza la libertad de opinión y expresión (art. 72), de circulación (art. 81), de pensamiento, religión, reunión y asociación (art. 78), y reconoce el derecho de hábeas corpus y el recurso de amparo (art. 182).
En virtud de la Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Estado forman parte del derecho interno desde el momento de su entrada en vigor y tienen precedencia sobre la legislación nacional1. Hasta abril de 2018, Honduras ha ratificado casi todos los tratados de derechos humanos pertinentes, incluidos los nueve tratados básicos de derechos humanos. Sin embargo, Honduras aún no es parte en el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Recomendación:
La ratificación de esos instrumentos proporcionaría a los defensores y defensoras de derechos humanos instrumentos importantes para hacer efectivos los derechos de la mujer, los niños y los derechos económicos y sociales y contribuiría a aumentar la rendición de cuentas.
Honduras también ha ratificado el Convenio 169 de la OIT y ha votado a favor de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. A pesar de los pasos iniciales, Honduras aún necesita adoptar regulaciones nacionales para hacer efectivo el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado de acuerdo con el Convenio de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas. Es importante que esto se lleve a cabo en consulta con la más amplia gama de organizaciones representativas de los pueblos indígenas del país.
Recomendación:
Exhorto al Gobierno de Honduras a que reactive este proceso de diálogo y siga las recomendaciones del Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Esta es una cuestión fundamental y una de las causas fundamentales de las continuas violaciones de los derechos humanos que afectan a los pueblos indígenas en Honduras, así como una demanda clave de los pueblos indígenas y de los defensores y defensoras de la tierra y del medio ambiente.
Criminalización de los defensores y defensoras de derechos humanos
Me preocupa mucho la práctica generalizada de criminalizar a los defensores y defensoras de derechos humanos por su labor en el ámbito de los derechos humanos, en particular en el contexto del ejercicio de su derecho a la protesta y la libertad de expresión. He recibido numerosos testimonios de defensores y defensoras de derechos humanos y de ciudadanos común y corrientes, organizando o participando en protestas pacíficas en forma de plantones o concentraciones en espacios públicos (carreteras, rotondas, parques, etc.), por las que pueden ser objeto de acusaciones penales. Los testimonios recibidos en relación con las protestas contra proyectos de industrias hidroeléctricas, mineras y otras industrias extractivas; derechos sexuales y reproductivos; elecciones y asuntos relacionados con la universidad.
La criminalización suele tener lugar mediante la presentación de denuncias o denuncias infundadas basadas en delitos penales, que pueden no ajustarse al principio de legalidad o a las normas internacionales de derechos humanos. Someter a los defensores y defensoras a largos procesos legales es claramente una herramienta para intimidarlos y someter su incidencia por los derechos humanos.
En la mayoría de los casos relacionados con el medio ambiente y los derechos sobre la tierra, los cargos criminales utilizados en Honduras incluyen coerción, allanamiento de morada y confiscación ilegal, o cargos relacionados con la usurpación de tierras. En el caso de los estudiantes, la criminalización vino a través de la acusación de sedición y usurpación de la propiedad pública. En el contexto de la participación o la organización de protestas postelectorales, la gran mayoría de los casos se referían a la detención a corto plazo de manifestantes por violar el toque de queda, pero sin cargos formales. En mi opinión, esto último también constituye una forma de criminalización de los manifestantes en el sentido más amplio del término2. También he recibido testimonios de periodistas, comunicadores sociales y defensores de derechos humanos que se enfrentan a acciones legales por difamación y calumnia, así como a la amenaza de las mismas.
A partir de las experiencias que recopilé, la criminalización también significó la estigmatización e intimidación de los afectados. En la mayoría de los casos, se trataba de multas financieras y la obligación de reportarse a la policía semanalmente, lo que para los campesinos e indígenas que viven en zonas remotas implica altos costos y largos viajes. Para algunos, la criminalización también implicaba la prisión y para los estudiantes, la expulsión de la universidad y otras medidas administrativas como la suspensión de las becas. Quisiera señalar que el arresto y la detención arbitraria también se utilizan para disuadir a los disidentes.
La criminalización de los defensores y defensoras tiene un efecto escalofriante no sólo para ellos, sino también para la sociedad en general. Debilita a los movimientos de la sociedad civil. Los defensores y defensoras tienen que dedicar cada vez más tiempo y recursos para defenderse, lo que debilita su capacidad para proteger a las personas más vulnerables de la sociedad. La criminalización también socava la confianza de la sociedad civil en el Gobierno
También es preocupante la aprobación por el Congreso de la reforma a los artículos 335 a y 335 b, sobre terrorismo, del nuevo Código Penal, que parece extremadamente amplio. Me preocupa el impacto que estos nuevos artículos puedan tener en los defensores y defensoras de los derechos humanos y en el derecho a la libertad de expresión. Asimismo, el proyecto de ley sobre ciberseguridad es problemático. Amenaza la libertad de expresión con el fin de regular las campañas de odio y discriminación en las redes sociales y en Internet. Las multas oscilarían entre 50.000 y un millón de lempiras y podrían incluir el cierre y bloqueo del sitio web. La Asociación de Medios de Comunicación (AMC), ha pedido al Congreso de Honduras que no apruebe este proyecto de ley por violar los "derechos fundamentales y garantías constitucionales"3.
Recomendación:
Recomiendo que se revisen las leyes utilizadas para criminalizar a los defensores y defensoras de derechos humanos por su trabajo legítimo, con miras a que su contenido y ejecución se ajusten al principio de legalidad y a otras normas internacionales de derechos humanos.
Desarrollos institucionales
Quisiera destacar como acontecimiento positivo, el reciente ascenso de la Secretaria de Derechos Humanos a nivel ministerial. Esto incluye un mandato más amplio para promover y proteger los derechos humanos y el estado de derecho y más recursos para la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos.
Hace seis años, cuando mi predecesora visitó el país, el crimen organizado, el narcotráfico, la violencia de las pandillas y la corrupción policial ampliamente denunciada hicieron de Honduras uno de los lugares más peligrosos del mundo. Según datos oficiales, en menos de seis años, el Estado de Honduras redujo a la mitad la tasa de homicidios en el país. A estos resultados han contribuido una combinación de esfuerzos concertados, incluidas políticas para contrarrestar la violencia de las pandillas, la corrupción y los delitos de cuello blanco, el desmantelamiento de grandes estructuras criminales, un proceso de purga de la policía nacional y la reforma penitenciaria. Lamentablemente, la reducción de los homicidios no ha ido acompañada de una reducción uniforme del número de asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos, que, por el contrario, ha aumentado drásticamente en los últimos años.
Además, en el 2014 el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, una institución de alto nivel encabezada por el Presidente de la República, estableció la Fuerza Nacional de Seguridad Interinstitucional. La militarización de las funciones de aplicación de la ley es una cuestión que ha sido planteada con preocupación por diversos mecanismos de derechos humanos. Los defensores y defensoras de derechos humanos siguen identificando tanto a la policía nacional, como al ejército entre los principales autores de ataques y violaciones contra ellos.
El actual proceso de selección y elección del Fiscal General es fundamental para fortalecer el estado de derecho, la lucha contra la impunidad y la corrupción y la protección de los derechos humanos.
Recomendación:
Insto a todas las partes interesadas que intervienen en el proceso de selección a que se adhieran a las normas más estrictas y a criterios estrictos para evaluar la integridad, idoneidad y competencia de los solicitantes. Subrayo la importancia de la transparencia, la publicidad y el acceso a la información en este proceso, y hago énfasis en la necesidad de una observación independiente de todo el proceso, haciendo hincapié en el papel de la sociedad civil en particular.
4. Impunidad y acceso a la justicia
La impunidad generalizada por las agresiones contra los defensores y defensoras de derechos humanos
Al final de la visita oficial a Honduras de mi predecesor, en 2012, concluyó que había habido "poco o ningún progreso en la investigación de los ataques y amenazas contra periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos y activistas políticos desde 2009".
Durante los últimos seis años, el Estado de Honduras ha adoptado múltiples iniciativas para mejorar el acceso a la justicia y la rendición de cuentas por las violaciones. Entre ellas cabe mencionar: la creación de diez Fiscalías Especiales, entre ellas una de Derechos Humanos con una sección especial dedicada a los defensores y defensoras de derechos humanos; la duplicación del número de fiscales y del presupuesto de la Fiscalía General de la Nación; un proceso de investigación de antecedentes que condujo a la destitución de 4.925 agentes de policía presuntamente vinculados a faltas de conducta y corrupción; un nuevo proceso de selección competitiva para la selección de 191 jueces; nuevos tribunales en zonas rurales y un plan para reducir las demoras en los procedimientos judiciales.
Más recientemente, en marzo de 2018, el Fiscal General anunció la decisión de establecer dentro de su institución una Fiscalía Especial para la protección de defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas y operadores de justicia.
Recomendación:
Exhorto a las autoridades competentes a que aceleren el proceso de creación y puesta en marcha de esta institución, y pido la estrecha cooperación y colaboración con la Fiscalía Especial de Derechos Humanos en vista de la dimensión específica de estos ataques y amenazas.
A pesar de los esfuerzos del Estado por mejorar el acceso general a la justicia, los resultados siguen siendo mínimos. En cuanto a los defensores y defensoras de derechos humanos, los niveles de impunidad por ataques y violaciones contra ellos no han mejorado. Según varios informes, en Honduras aproximadamente el 97 por ciento de los crímenes cometidos contra defensores y defensoras de derechos humanos, incluyendo defensoras de derechos humanos, siguen sin resolverse.
La falta de rendición de cuentas por los asesinatos y otros delitos cometidos contra los defensores y defensoras de derechos humanos y los periodistas alimenta aún más la violencia contra ellos. No es de extrañar que Honduras siga siendo uno de los países más peligrosos de América Latina para los defensores y defensoras de derechos humanos, especialmente para quienes defienden los derechos relacionados con la tierra, el territorio y el medio ambiente. La situación de los periodistas también es crítica. Desde 2001, 75 periodistas, comunicadores sociales y personal de los medios de comunicación han sido asesinados y sólo en 6 casos se ha identificado a los autores4. La impunidad y la falta de investigación de las agresiones contra los defensores y defensoras de derechos humanos y los periodistas continúan siendo la norma y no la excepción.
El asesinato de la defensora de derechos, Berta Cáceres, en marzo de 2016, es un caso emblemático. Berta Cáceres fue asesinada -como muchas otras defensoras de derechos humanos menos conocidas en Honduras- por la defensa del medio ambiente y del derecho al agua. Hasta la fecha, nueve personas han sido acusadas de homicidio o tentativa de homicidio y actualmente están detenidas. Recientemente, dos años después de su asesinato, el Sr. Castillo, presidente ejecutivo del DESA, la empresa hondureña que construyó la represa de Agua Zarca, a la que Berta Cáceres se oponía, fue arrestado. Es el cuarto detenido vinculado al ejército hondureño y la primera persona acusada de ser el autor intelectual del crimen.
Conocía a Berta personalmente y durante mi visita conocí a dos de sus hijas y a su madre. Buscan justicia por el asesinato de su ser querido y no pararán hasta que esto se logre. Continuaré dando seguimiento y apoyando su difícil situación. Lamento profundamente que ellas también se enfrenten a amenazas, arriesgando sus vidas por esta misma razón y por lo tanto requieren medidas de protección. No obstante, no todos los casos de defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras están progresando hasta este punto.
Recomendación:
Me preocupa seriamente el efecto multiplicador de la impunidad de los asesinatos, la violencia y los ataques contra defensores y defensoras de derechos humanos. Insto al Gobierno a que invierta urgentemente la tendencia a la impunidad en Honduras.
La lucha contra la corrupción y la impunidad
Durante mi visita, tuve la oportunidad de conocer el importante trabajo y los retos que enfrenta la Misión de Apoyo a la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), creada en virtud de un acuerdo entre la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el gobierno de Honduras a principios de 2016, en respuesta a un fuerte movimiento social contra la corrupción (Los indignados)5. Desde entonces, los esfuerzos iniciales se han centrado en el fortalecimiento del marco legal e institucional anticorrupción de Honduras, el establecimiento de unidades integradas por fiscales locales e internacionales y la investigación y resolución de casos de corrupción.
Los resultados de las investigaciones integradas y la adjudicación de casos representan un hito en la lucha contra la corrupción en Honduras. También elogio la decisión de MACCIH-OEA, en julio de 2017, de iniciar la investigación (con la Procuraduría General de la República) de la presunta corrupción en el Proyecto Agua Zarca. Berta Cáceres había denunciado repetidamente, incluso en el momento de su asesinato, la corrupción en la adjudicación de contratos, la falta de consulta previa, libre e informada con los pueblos indígenas y otras violaciones conexas de los pueblos indígenas Lencas6. Subrayo la importancia de esclarecer estas acusaciones de corrupción y de los posibles vínculos con su asesinato.
No obstante, la continuidad de la MACCIH podría estar en riesgo. El 6 de marzo de 2018, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aceptó un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por un grupo de abogados representantes de los cinco diputados vinculados a uno de los casos de corrupción bajo consideración de la MACCIH, conocido como la "Red de Diputados"7. Si el Tribunal falla a favor de la apelación, la MACCIH podría tener que abandonar el país y parecería que la institución anticorrupción establecida hasta ahora y los casos investigados podrían entonces correr el riesgo de quedar desprovistos de fundamento jurídico.
Me gustaría recordar que fue un movimiento social, "Los Indignados", el que salió a las calles en 2015 exigiendo el fin de la corrupción. Para el respeto de los derechos humanos, el Estado de Derecho y la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción, es fundamental que la MACCIH pueda continuar su importante labor. Los responsables de la corrupción, por muy cercanos que estén al Gobierno o a sectores poderosos de la sociedad, deben rendir cuentas por sus delitos.
Recomendación:
El Relator Especial pide al Presidente de la República, al Gobierno y a todas las instituciones pertinentes del Estado que apoyen firmemente la importante labor de la MACCIH y de la Fiscalía General de la Nación.
5. Institución Nacional de Derechos Humanos/CONADEH
Me reuní con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un órgano constitucional con el firme mandato de proteger y promover los derechos humanos en Honduras. En mis reuniones con defensores y defensoras de derechos humanos, muchos de ellos señalaron su decepción y la falta de confianza en la institución y las debilidades de sus acciones. También cuestionaron la falta de credibilidad y liderazgo del Comisionado. En 2013, el Subcomité de Acreditación del Instituto Nacional de Derechos Humanos rebajó la categoría del CONADEH a la categoría "B" por incumplimiento de los Principios de París.
En todas y cada una de las ocasiones, recuerdo que, como parte de la arquitectura institucional del Estado, las instituciones nacionales de derechos humanos desempeñan un papel fundamental para garantizar un entorno seguro y propicio para los defensores y defensoras. Las instituciones nacionales de derechos humanos que cumplen los Principios de París están en una posición única para orientar y asesorar a los gobiernos sobre sus obligaciones en materia de derechos humanos y velar por que los principios y normas internacionales se incorporen adecuadamente en la legislación nacional y se incorporen en las políticas públicas, incluida la de los defensores y defensoras de derechos humanos.
La evidencia demuestra que, cuando el mandato de las instituciones nacionales de derechos humanos incluye la competencia para investigar denuncias individuales y proporcionar protección efectiva a los ciudadanos, estas pueden desempeñar un papel fundamental en los casos en que los sistemas judiciales de los Estados no pueden o no quieren pronunciarse sobre presuntas violaciones contra los defensores y defensoras.
Recomendación:
El CONADEH debería considerar priorizar a los defensores y defensoras de derechos humanos en su agenda y las quejas presentadas por ellos. Por lo tanto, con la responsabilidad de supervisar su situación y fomentar vínculos más estrechos con la sociedad civil, este debería tener un centro de coordinación designado para los defensores y defensoras de derechos humanos.
En el mismo sentido, es crucial que el CONADEH fortalezca sus métodos de trabajo y desarrolle una estrategia más proactiva para llegar a los defensores y defensoras de derechos humanos que buscan protección. La institución debería ser más explícita y hacer llamamientos públicos para que se tomen medidas cuando los defensores y defensoras de derechos humanos estén en peligro o sean asesinados.
6- Mecanismo Nacional de Protección
En el 2015, el Congreso de Honduras aprobó una ley para proteger a los defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia8. Con el apoyo de los defensores y defensoras de derechos humanos y de la sociedad civil, esta ley dio lugar a la creación del Mecanismo Nacional de Protección y al desarrollo de su marco normativo.
La adopción de la ley y el mecanismo representa un hito para la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras9. Ayudan a reconocer la dimensión de los riesgos y violaciones que enfrentan los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras, así como su papel positivo y su contribución a la sociedad. Tanto la ley, como el mecanismo, responden a una de las principales recomendaciones formuladas por mi predecesora tras su visita a Honduras en 2012. También dirigieron al menos cinco recomendaciones a Honduras durante su último Examen Periódico Universal y algunos aspectos del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso López Lone contra Honduras.
Hasta la fecha, el Mecanismo Nacional de Protección ha proporcionado 810 medidas de protección a 211 personas, la gran mayoría de las cuales eran defensores y defensoras de derechos humanos. Dentro del número actual de casos del Mecanismo, hay 198 casos abiertos de los cuales: 125 corresponden a defensores y defensoras de derechos humanos, 37 a periodistas, 22 a comunicadores sociales y 14 a funcionarios del sistema de justicia. En respuesta a las demandas de los beneficiarios y de la sociedad civil, el mecanismo amplió el tipo de respuestas de protección proporcionadas a los defensores y defensoras de derechos humanos más allá de las medidas policiales (escolta policial, reubicación temporal, evacuación, etc.). Entre las nuevas medidas figuran la capacitación para la autoprotección, el apoyo psicosocial y el subsidio para el transporte y la comunicación. Desde febrero de 2017, el Mecanismo también permite la adopción de otras medidas, como el apoyo psicosocial, los subsidios de transporte y comunicaciones, las medidas tecnológicas y de infraestructura, los cursos de autoprotección y las notificaciones a las autoridades policiales y militares que solicitan que se permita la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos. No obstante, prevalecen las medidas de tipo policial.
El Mecanismo Nacional de Protección también ha fortalecido su estructura interna, sus procedimientos de trabajo y su funcionamiento, y ha aumentado su presupuesto anual en aproximadamente en un 60%. A pesar de los problemas actuales, ha logrado aumentar la confianza con los defensores y defensoras de derechos humanos, tal como lo demuestra el aumento gradual de las solicitudes de protección a pesar de la constante tasa de ataques contra los defensores y defensoras (el Mecanismo Nacional de Protección tramitó 9 casos en el 2015 y 143 en el 2017).
A pesar de estos importantes logros, la realidad actual de la vigilancia, las amenazas, el hostigamiento, la estigmatización y la criminalización de los defensores y defensoras de derechos humanos, así como los ataques contra ellos con una impunidad casi total, exige una respuesta más amplia y eficaz del Mecanismo. Sobre la base de la información y los testimonios que recabe de las autoridades del Estado, los defensores y defensoras de derechos humanos y la sociedad civil durante mi visita, he identificado una serie de obstáculos que deben abordarse y medidas concretas que, de aplicarse, mejorarían considerablemente la eficiencia del Mecanismo de Protección:
Desafíos claves:
Existe una necesidad urgente adoptar una política pública integral de protección para los defensores y defensoras de derechos humanos y asignar el presupuesto necesario para su efectiva implementación. El Estado hondureño debe cumplir con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, en particular, con las obligaciones consagradas en las sentencias López Lone y Carlos Escaleras, que, con el actual Mecanismo de Protección, sólo se han cumplido parcialmente. El presupuesto actual del Mecanismo Nacional de Protección sólo representa un porcentaje muy pequeño del presupuesto total del Ministerio de Derechos Humanos. (0,00018%). –
Existe una falta subyacente de confianza de los defensores y defensoras de derechos humanos y de la sociedad civil hacia el Mecanismo Nacional de Protección, en particular en los departamentos y municipios: Un número importante de los más de 400 defensores y defensoras de derechos humanos con los que me reuní, han expresado una profunda desconfianza en el Mecanismo Nacional de Protección y en su principal respuesta de protección, sobre todo en las medidas de tipo policial. Esto se relaciona con una variedad de factores que se entrelazan entre sí. A pesar de los esfuerzos y logros del Estado en la depuración de la policía nacional, los defensores y defensoras siguen identificando a la Policía100 Nacional (y militar) como los principales autores de las violaciones a los derechos humanos, así como de los abusos y ataques contra ellos. El fortalecimiento de la rendición de cuentas de los miembros del sector de la seguridad debería ser una prioridad. Según datos oficiales proporcionados por el Ministerio de Seguridad, en el 2017 no se adoptaron medidas disciplinarias contra agentes de policía, ya que 52 agentes de policía estaban siendo investigados por homicidio y 39 por tortura.
El reciente y continuo uso excesivo de la fuerza por parte de la policía nacional (y militar) en la represión de las manifestaciones, el papel de la policía en los desalojos forzosos y la falta de resultados en las investigaciones policiales de los ataques contra los defensores y defensoras no hacen sino exacerbar esta falta de confianza. La lucha contra la impunidad de los delitos y abusos contra los defensores y defensoras de derechos humanos cometidos por las fuerzas del orden y la policía militar es fundamental para la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos y para el éxito del Mecanismo.
La falta de conocimiento y conciencia del Mecanismo por parte de las autoridades del Estado y los defensores y defensoras de derechos humanos, en particular en los departamentos y municipios, requiere una mayor difusión fuera de Tegucigalpa de la Ley de Protección y del Mecanismo. Es necesario hacer más para que las instituciones del Estado en todas las partes del país identifiquen y comprendan el papel de los defensores y defensoras de derechos humanos, su importante función y la labor del mecanismo nacional.
La falta de coordinación efectiva y de participación regular entre los actores estatales de alto nivel involucrados en la implementación de las medidas de protección y la escasa participación de la sociedad civil en el Mecanismo, explican a menudo la inexactitud e ineficiencia de las medidas de protección otorgadas a los defensores y defensoras. La ausencia y frecuente rotación de los funcionarios que participan en el Sistema Nacional de Protección dificulta la coordinación efectiva en detrimento de la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos y contribuye a perpetuar aún más la desconfianza mutua existente entre las autoridades del Estado y la sociedad civil y los beneficiarios. El Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia necesitan una representación regular y de alto nivel en las reuniones del Comité Nacional de Protección y en el Comité Técnico. También es necesario fortalecer la participación de la sociedad civil en el Mecanismo, limitado ahora a dos de los 14 escaños del Consejo Nacional de Protección.
Recomendaciones:
A la luz de los desafíos mencionados recientemente, insto al Estado hondureño a avanzar en las áreas clave de trabajo del Mecanismo, en particular:
La adopción de un protocolo para investigar los delitos contra los defensores y defensoras de derechos humanos, los periodistas y las personas responsables de la administración de justicia, que sirva de apoyo a la labor de la nueva Fiscalía de Defensores de los Derechos Humanos.
La consolidación de un análisis de riesgos individuales y colectivos que evalúe los riesgos diferenciados de las distintas categorías y géneros de los defensores y defensoras y, en consecuencia, que identifique las respuestas diferenciadas. Para las defensoras de los derechos humanos, las personas y comunidades indígenas y los defensores de los derechos de la comunidad LGBTI y agrupa la necesidad de evaluaciones de riesgos y medidas de protección diferenciadas.
La identificación y adopción de medidas de protección colectiva en consulta con las comunidades en situación de riesgo, en particular en las zonas rurales; y la necesidad de aumentar la oferta de medidas de protección de tipo no policial, como el apoyo psicosocial.
La necesidad de abordar los retrasos indebidos y los largos períodos de espera entre el momento en que se registra la primera denuncia y el análisis de riesgos, hasta la aplicación efectiva de las medidas. Tales retrasos ponen a los defensores y defensoras de derechos humanos en una situación de mayor riesgo
La creación de la Unidad de Prevención y Análisis del Contexto.
El mayor papel y seguimiento sistemático del Mecanismo Nacional de Protección en la investigación de casos contra defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia ante la Fiscalía General de la Nación.
7. Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en riesgo agravado
Algunos grupos de defensores son particularmente vulnerables debido a la naturaleza misma de los derechos que defienden, a su propia identidad o a las especificidades de su trabajo. Entre ellas se encuentran defensoras de los derechos de las mujeres, defensores y defensoras de los derechos LGBTI, blogueras, juezas y abogados, periodistas, líderes comunitarios e indígenas, así como profesionales. La lista es larga y no exhaustiva.
Los defensores y defensoras de derechos humanos en el contexto del período electoral y postelectoral
Me conmovieron las docenas de testimonios de una violencia extrema en todo el país contra los ciudadanos de a pie y los defensores y defensoras de derechos humanos, que habían decidido salir a las calles para expresar su profundo descontento y manifestarse a favor de sus derechos civiles y políticos para participar en elecciones libres y justas. No olvidaré el testimonio de los padres, madres, hermanas y esposas que compartieron conmigo cómo perdieron a sus seres queridos o su propia experiencia de haber sido golpeados por los agentes del orden.
En el mismo período, El Alto Comisionado para los Derechos Humanos había verificado la muerte de por lo menos 23 personas en el contexto de protestas, de las cuales una era un oficial de policía, por lo menos y 16 se consideraban asesinados por las fuerzas de seguridad. Encontré particularmente preocupantes las conclusiones de la OACDH de que "mientras algunos de los manifestantes se volvieron violentos, el análisis del tipo de lesiones sufridas por las víctimas indica que las fuerzas de seguridad hicieron uso letal intencional de armas de fuego".
Según la información recibida, hasta abril de 2018 no se habían presentado cargos contra las fuerzas de seguridad, mientras que al menos 114 personas habían sido acusadas de delitos contra la seguridad del Estado y el orden público, delitos contra la persona y delitos contra la propiedad.
También recibí testimonios de detenciones masivas, palizas a manifestantes y represión y uso de la violencia contra periodistas que intentaban grabar y documentar manifestaciones. En el curso de mis reuniones, también me reuní con estudiantes que participaron en diversas manifestaciones relacionadas con las demandas educativas y que ahora corren el riesgo de ser expulsados.
Me complació saber que recientemente la Sala Constitucional del Tribunal Supremo decidió que los procedimientos administrativos de la UNAH y la decisión sobre la expulsión de estudiantes violaban el principio de legalidad. Espero que a estos estudiantes se les permita regresar pronto y que la decisión de la UNAH se reoriente en consecuencia.
Defensores y Defensoras que trabajan en temas ambientales y derechos a la tierra
Estoy consternado por el número de conflictos relacionados con la protección de los recursos naturales y los derechos sobre la tierra. Según informes internacionales1, Honduras se ha convertido tristemente en uno de los países más mortíferos del mundo para los ambientalistas.
Todos tenemos en mente el asesinato de Bertha Cáceres y el hostigamiento contra los miembros de COPINH, pero se pueden encontrar múltiples ejemplos en muchas zonas del país, particularmente en aquellas ricas en recursos naturales.
Durante mi visita a Honduras, tuve la oportunidad de reunirme con muchas personas y comunidades que se dedican a la protección de sus tierras y que se oponen a proyectos de gran escala como la minería, las represas, la explotación forestal o el turismo. No he visto en estas personas a los terroristas, delincuentes o al anti desarrollo que a menudo aparecen en los medios de comunicación. En cambio, vi a humildes campesinos, comunidades indígenas y pacíficas que están genuinamente preocupados por el futuro de sus hijos porque los bosques que rodean a sus comunidades están desapareciendo o el agua que beben está envenenada. En muchas situaciones, estas personas se convirtieron en defensores y defensoras de derechos humanos por necesidad porque no tenían otra opción que hablar para defender sus propios medios de vida.
Escuché testimonios preocupantes sobre situaciones en el Bajo Aguán, Santa Bárbara, la Aurora, Pajuiles, la isla de la Exposición, entre otros. No cabe duda de que existe un patrón general de criminalización y hostigamiento judicial contra quienes denuncian el despojo de sus tierras y quienes defienden los intereses de estas comunidades. El uso del sistema de justicia penal, como los delitos de usurpación de tierras, se utiliza comúnmente para desalojar por la fuerza a los agricultores y silenciar la resistencia local. Organizaciones como el CNTC, el Movimiento amplio por la dignidad y la justicia, la MILPAH o el MAS se encuentran entre los movimientos cuyos miembros son regularmente blanco tanto de actores estatales como no estatales. Según algunos informes, aproximadamente 5.000 agricultores enfrentan actualmente acciones judiciales. El despliegue de fuerzas militares también se presenta como una estrategia para intimidar a las comunidades en lugar de protegerlas de actores privados como las empresas de seguridad. Muchos defensores y defensoras a quienes la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han otorgado medidas cautelares siguen enfrentando un gran peligro, ya que no han encontrado ninguna o muy poca respuesta por parte de las autoridades estatales, tanto a nivel nacional como local.
Recomendación:
En este contexto, insto a las autoridades hondureñas a que lleven a cabo investigaciones rápidas e independientes sobre los ataques contra los defensores y defensoras de los derechos del medio ambiente y a que reconozcan públicamente el papel que desempeñan como actores clave en la protección de los bienes comunes.
También aliento al Estado a que elabore evaluaciones independientes de los efectos ambientales, de conformidad con las normas internacionales sobre el medio ambiente, los derechos humanos y los objetivos de desarrollo sostenible. Estas evaluaciones deberían realizarse con la participación activa de las comunidades locales y los defensores y defensoras de derechos humanos.
Defensores y defensoras de los derechos de los pueblos indígenas
En un gran número de casos, las amenazas que enfrentan los pueblos indígenas están intrínsecamente ligadas a la defensa de sus tierras y su entorno cercano. Las comunidades Lenca, Tolupán, Garífunas, Chortí, Pech y Misquitos que tratan de proteger sus tierras ancestrales se enfrentan a menudo a la criminalización, la estigmatización y el acoso judicial y a menudo son tratadas como ciudadanos de segunda clase. La falta o el uso indebido de una consulta significativa, como se establece en el Convenio núm. 169 de la OIT, son también un gran factor de riesgo, ya que comunidades enteras están siendo privadas de sus tierras y recursos naturales. Es el caso de las comunidades Garífunas de Punta Piedra, Triunfo de la Cruz y Cayos Cochinos, ubicadas en la costa del Caribe y cuya situación sigue siendo precaria debido al desarrollo de ciudades modelo (Ley de la ZEDE).
Una vez más, muchos líderes indígenas que han sido asesinados eran beneficiarios de medidas cautelares, lo que demuestra la falta de implementación y seguimiento adecuado por parte de las autoridades del Estado, incluyendo el Mecanismo de Protección y CONADEH.
Me sorprendió escuchar los innumerables obstáculos que enfrenta la comunidad indígena para acceder a la información sobre los llamados proyectos de desarrollo. También debo mencionar los numerosos testimonios que ponen de relieve las estrategias establecidas por las empresas en connivencia con las autoridades locales para dividir a las comunidades, tratando de conseguir la aceptación de los miembros de la comunidad, lo que puede conducir a la destrucción de su tejido social y su desplazamiento a otras zonas del país. También me preocupa la participación de empresas e inversionistas internacionales que llevan a los tribunales a los defensores y defensoras de derechos humanos, en particular a los dirigentes Garífunas que se oponen a los proyectos de desarrollo.
Durante la visita me reuní con jueces, magistrados, fiscales, abogados y defensores públicos muy comprometidos. Los que trabajan en casos de lucha contra la corrupción, la delincuencia organizada y el narcotráfico están particularmente en peligro. También denunciaron la necesidad de fortalecer la unidad de testigos protegidos. Los profesionales del derecho solicitaron el establecimiento del mecanismo de protección previsto en la ley sobre el mecanismo nacional de protección de los defensores y defensoras de derechos humanos, con el fin de mejorar su protección.
Recomendación:
Insto a las autoridades hondureñas a que apliquen todas las recomendaciones formuladas por la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas al final de su visita oficial en 2016.
Defensores y Defensoras de los derechos de las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales
Me preocupa mucho el elevado número de asesinatos y ataques violentos contra personas LGTB y la falta de rendición de cuentas y la impunidad casi total. Según los informes recibidos, desde 2008 hasta principios de 2018, ha habido en Honduras al menos 295 asesinatos contra personas LGBT, 11 de los cuales eran defensores y defensoras de derechos humanos. Sólo en 2017, se han reportado 34 asesinatos contra personas LGBT.
Así mismo, fueron muy preocupantes los testimonios de los defensores y defensoras de los derechos humanos de las personas LGBTI que denunciaron la inacción del Estado para reducir el uso por parte de los medios de comunicación de la incitación al odio contra ellos y la comunidad LGBTI. Me explicaron cómo los programas de televisión a menudo transmiten programas y debates morales en los que se utiliza la religión para discriminar, desaprobar y generar odio contra los miembros de estas comunidades. Me gustaría tomar un momento para honrar a algunos de los defensores y defensoras de derechos humanos que perdieron la vida en la promoción y protección de los derechos de las personas LGBTI: María Lourdes Madariaga, Marco Tulio Montoya Sánchez, René Antoni Martínez, Williams Afif Hernández y Wilmer Alvarado.
También quisiera aprovechar esta oportunidad para recordar, como lo he hecho en mis comunicaciones al Estado de Honduras, que la orientación sexual y la identidad de género son motivos de discriminación prohibidos por el derecho internacional, y que Honduras es Estado Parte en todos los tratados de derechos humanos pertinentes. En 2016, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales estableció que "cualquier otra condición social", tal como se establece en el artículo 2.2 del PIDESC, incluye la orientación sexual. El Comité de Derechos Humanos también subrayó la obligación legal de los Estados Partes de garantizar a todas las personas los derechos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sin distinción basada en la orientación sexual o la identidad de género, y estableció que "los Estados Partes deben responder adecuadamente a la violencia contra ciertas categorías de víctimas, incluida la violencia contra las personas basada en su orientación sexual o identidad de género.
A menudo las mujeres han destacado la indiferencia -cuando no la hostilidad- de las autoridades públicas, los grupos religiosos y los medios de comunicación. Pero su aislamiento también puede provenir de sus propias comunidades y de su entorno cercano, que no apoyan su compromiso con los derechos humanos. Debido a que desafían el patriarcado, la desigualdad y la injusticia, las mujeres son a menudo son descritas como "malas mujeres", "malas madres" o como amenazas a la moralidad y a los valores tradicionales. Por último, la falta de un enfoque de género en las medidas de protección y el acceso a la justicia, también constituye un importante factor de riesgo para todas estas mujeres, especialmente las que viven en zonas remotas.
A menudo las mujeres han destacado la indiferencia -cuando no la hostilidad- de las autoridades públicas, los grupos religiosos y los medios de comunicación. Pero su aislamiento también puede provenir de sus propias comunidades y de su entorno cercano, que no apoyan su compromiso con los derechos humanos. Debido a que desafían el patriarcado, la desigualdad y la injusticia, las mujeres son a menudo son descritas como "malas mujeres", "malas madres" o como amenazas a la moralidad y a los valores tradicionales. Por último, la falta de un enfoque de género en las medidas de protección y el acceso a la justicia, también constituye un importante factor de riesgo para todas estas mujeres, especialmente las que viven en zonas remotas.
Quiero reconocer y apoyar públicamente el gran trabajo realizado por la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos y otras redes dedicadas a los derechos de las mujeres. En muchos casos, estas redes han proporcionado una valiosa respuesta al riesgo inmediato para las mujeres activistas, desarrollando refugios de emergencia, capacitación en seguridad y espacios seguros para la reconstrucción que han demostrado ser críticos para la seguridad de las mujeres y la continuidad de su trabajo en derechos humanos.
Por último, quisiera rendir homenaje a la memoria de Margarita Murillo, Bertha Cáceres, Gladys Lanza, Magdalena Morales y muchas otras mujeres activistas que allanaron el camino a generaciones de mujeres en Honduras, pero que pagaron el precio más alto por su labor en pro de los derechos humanos.
Recomendaciones:
Las medidas de protección deberían incluir un enfoque específico de género, tanto en el análisis de riesgos, como en la determinación de las medidas de protección.
También insto a las autoridades del Estado a desarrollar campañas de concientización y capacitación sobre los riesgos específicos que enfrentan las defensoras de derechos humanos para los servidores públicos, particularmente aquellas que están en contacto regular con mujeres activistas.
Periodistas y trabajadores de los medios de comunicación
En Honduras, los periodistas siguen siendo asesinados por su análisis crítico del contexto político y por exponer las violaciones de derechos humanos y sus autores. Según el informe anual del CONADEH, de 2001 a 2017: 75 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación fueron asesinados y en el 91% de los casos no ha habido ninguna condena y ningún autor ha sido llevado ante la justicia.
Durante mis reuniones con periodistas y comunicadores sociales, he escuchado con preocupación sus testimonios y su experiencia de acoso, intimidación y violencia en manos del ejército y la policía nacional por filmar o cubrir protestas, en particular durante la crisis postelectoral y en relación con manifestaciones de estudiantes. Los periodistas también han compartido su experiencia de haber sido objeto de campañas de descrédito y difamación, así como de amenazas de muerte, muchos de los cuales viven en una situación financiera precaria por no beneficiarse de contratos de trabajo permanentes. Llamaron mi atención a la Ley de Secretos Oficiales y cómo esta limita su acceso a la información oficial.
También tuve la oportunidad de conocer el costoso y oneroso proceso al que deben someterse las radios comunitarias para poder obtener una licencia de radiodifusión. Según la información recibida, de las 442 frecuencias de radios comunitarias, sólo 25 fueron otorgadas por el Estado. Los comunicadores comunitarios denunciaron haber recibido amenazas de muerte y de otro tipo por parte de alcaldes o políticos, a menudo a través de mensajes telefónicos o mientras estaban en línea desempeñando su crítico trabajo. Me impresionaron las historias personales de los trabajadores de los medios de comunicación que se beneficiaron de las medidas de protección y su continuo compromiso con su trabajo y con los derechos humanos.
Profesionales del derecho
En el curso de la visita me reuní con jueces, magistrados, fiscales, abogados y defensores públicos comprometidos. Los que trabajan en casos de lucha contra la corrupción, la delincuencia organizada y el narcotráfico están particularmente en peligro. También denunciaron la necesidad de fortalecer la unidad de testigos protegidos. A fin de mejorar su protección, los profesionales del derecho pidieron que se estableciera el mecanismo de protección previsto en la ley sobre el mecanismo nacional de protección de los defensores y defensoras de derechos humanos.
El rol de la comunidad internacional
Un gran número de ONGs y defensores y defensoras con los que me reuní durante la misión, se quejaron de la falta de apoyo de la comunidad internacional. Muchos de ellos, en su mayoría fuera de la capital, explicaron que nunca se habían reunido con embajadas o representantes de la comunidad internacional, ni habían sido invitados a compartir sus preocupaciones con las embajadas. Casi todos ellos se quejaron de la falta de financiación cuando trataban de crear nuevas actividades o nuevas organizaciones, sin haber sido informados de ninguna convocatoria de financiación. También se refirieron a la falta de presencia de observadores internacionales cuando son llevados ante los tribunales.
Recomiendo encarecidamente que la comunidad internacional intensifique sus esfuerzos para aplicar plenamente las disposiciones de las directrices internacionales o nacionales sobre la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos, incluso mediante la observación de los juicios y el apoyo político y financiero a los defensores y defensoras en situación de riesgo. Las embajadas deben viajar a las regiones para tratar de llegar a los defensores y defensoras, así como a comunidades remotas.
También escuché muchos testimonies de defensores y defensoras que pedían mayor protección de la comunidad internacional. Apoyo encarecidamente el establecimiento de oficinas locales del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en los departamentos. (OACNUDH).
También me preocupa enormemente el creciente número de actos de intimidación y represalias contra los defensores y defensoras de derechos humanos en relación con su participación en las Naciones Unidas y sus mecanismos de derechos humanos o en organizaciones regionales de derechos humanos. Estas represalias adoptan la forma de campañas de difamación, acoso, intimidación, amenazas, ataques físicos y asesinatos. Debemos poner fin urgentemente a las represalias contra los defensores y defensoras de derechos humanos.
Conclusiones:
Quisiera concluir diciendo que todavía existe una brecha entre el compromiso internacional y la aplicación nacional. Deseo expresar mi compromiso constante de prestar apoyo técnico a las autoridades hondureñas. Al celebrar este año el vigésimo aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, me gustaría invitar al gobierno hondureño a tomar medidas enérgicas contra la impunidad y para el reconocimiento de los defensores y defensoras de derechos humanos aquí en Honduras y en todo el mundo.
Notas:
1. Ver Art. 15 y 18 de la Constitución de Honduras.
2. El Relator Especial ha recibido información de que, en al menos 80 casos, los cargos están relacionados con el uso de la violencia y se refieren a presuntos delitos cometidos durante las protestas, que van desde daños y perjuicios, incendios provocados, producción y detención de material explosivo, robo, tenencia ilícita de armas, asociación ilícita, ataques contra la integridad de la persona y homicidio.
3. https://mundo.sputniknews.com/
4. CONADEH, 2017 Informe Anual.
5. Según el acuerdo, la MACCIH tiene por objeto apoyar, fortalecer y colaborar con las instituciones hondureñas para prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción. ”http://www.oas.org/documents/
6. OEA MACCIH, Tercer Informe Semestral, pp 22-23. http://www.oas.org/documents/e
7. Aunque la información pública disponible sobre el contenido de la apelación es limitada, parece cuestionar la constitucionalidad del acuerdo entre la OEA y el Gobierno de Honduras por el que se establece la MACCIH. Para más información sobre el caso "Red de diputados" ver "http://www.elheraldo.hn/pais/
8. La Ley de Protección fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,730 de fecha 15 de mayo del 2015
9. Decreto No 34 Es importante destacar que la ley reconoce el derecho de toda persona, individual o colectivamente, a esforzarse por promover y proteger la realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como la adopción de una definición amplia de defensores y defensoras de los derechos humanos en consonancia con la Declaración sobre los Derechos de los Defensores de los Derechos Humanos. (art.1 y 5 de la ley). 2015
10. A finales de 2017, la Comisión Especial sobre la Corrupción Policial había examinado a 10.206 funcionarios y despedido a 4.925.
Buenos días, damas y caballeros,
Quisiera iniciar con un sincero agradecimiento al Gobierno de Honduras por la invitación a realizar una misión oficial, la cual se llevó a cabo del 30 de abril al 12 de mayo de 2018. Deseo felicitar al Gobierno por su excelente cooperación y esfuerzos para garantizar una visita provechosa. Agradezco la oportunidad de reunirme con el Presidente de la República, los Ministros y representantes de alto nivel de diversos ministerios, autoridades judiciales y otras instituciones del Estado, tanto al nivel departamental como al nivel municipal.
Es sabido que los defensores y defensoras de derechos humanos que viven en zonas remotas son los que están en mayor riesgo, y desando tener una visión global de la situación en todas las regiones del país, viajé a Tegucigalpa, La Paz, La Esperanza, Santa Bárbara, San Pedro Sula, El Progreso, Tela, La Ceiba, Tocoa y Choluteca. En total, me reuní con 400 defensores y defensoras de derechos humanos de todo el país, de los cuales, el 40% eran mujeres. Algunos de ellos incluso viajaron dos días para reunirse conmigo. Agradezco, en particular, sus testimonios, recomendaciones e ideas, así como sus esfuerzos en la preparación de mis reuniones y visitas. También quisiera agradecer a todos aquellos que ayudaron a organizar esta visita, en especial a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras.
El objetivo de mi visita es evaluar, en un espíritu de cooperación y diálogo, si Honduras ofrece los elementos básicos de un entorno seguro y propicio para los defensores y defensoras de derechos humanos. Es decir, la visita pretendía responder a la pregunta de si los defensores y defensoras de derechos humanos se sienten seguros y empoderados en Honduras.
Asegurar estas condiciones es una parte primordial de la responsabilidad del Estado de Honduras desde que adoptó la Declaración de la ONU sobre Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en 1998. Por lo tanto, me he centrado principalmente en evaluar algunos de los elementos básicos de ese entorno seguro y favorable, a saber: un marco jurídico e institucional propicio; el acceso a la justicia; una institución nacional independiente y sólida de derechos humanos; políticas y mecanismos de protección eficaces que den atención a los grupos en riesgo y apliquen un enfoque de género; actores no gubernamentales que respeten y apoyen la labor de los defensores y defensoras; y una comunidad de defensores y defensoras sólida y dinámica.
También he leído detenidamente el informe de mi predecesora, Margaret Sekaggya, quien visitó Honduras en el 2012.
Para comenzar, deseo recordar que no soy funcionario de las Naciones Unidas y que mi cargo es honorario. Como experto independiente, ejerzo mi juicio profesional e imparcial e informo directamente al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a la Asamblea General.
Hoy me limitaré a formular observaciones y recomendaciones preliminares sobre algunos de los principales problemas, que se detallarán en el informe. Una vez que haya examinado a fondo los materiales y documentos que he reunido durante la visita, presentaré mi informe final al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, en marzo de 2019.
2. Evaluación general: ¿Existe en Honduras un entorno seguro y propicio para los defensores y defensoras de los derechos humanos?
Esta misión y todas las reuniones y discusiones con los defensores y defensoras, tuvieron lugar en el contexto de la crisis post electoral y la declaración del estado de emergencia durante diez días. He recibido docenas de testimonios de una violencia extrema en todo el país, que ha sido ampliamente documentada por varios observadores internacionales que confirmaron el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, la policía militar y el ejército, lo que causó la muerte de manifestantes y transeúntes, así como detenciones y encarcelamientos masivos.
Me han conmovido realmente todas las reuniones, testimonios e historias de familiares de personas desaparecidas, así como de defensores y defensoras que han sido arrestados arbitrariamente, algunos de los cuales han sido maltratados por la policía o el ejército, líderes comunitarios e indígenas, que han denunciado haber sido privados de sus tierras, sus cultivos han sido destruidos y sus cosechas robadas, defensores y defensoras que trabajan en temas delicados como los derechos sexuales y reproductivos o la orientación sexual e identidad de género. Me ha impresionado la sociedad civil valiente, activa, vibrante y comprometida que opera en todo el país.
Habiendo examinado detenidamente la información recibida del Gobierno, la sociedad civil y otras partes interesadas, llego a la conclusión de que, a pesar de los grandes esfuerzos por establecer un mecanismo eficaz de protección, la gran mayoría de los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras no pueden trabajar en un entorno seguro y propicio.
Están en peligro en la mayor parte del país y no se sienten seguros debido a los numerosos ataques y amenazas, la criminalización de sus actividades y la falta de acceso a la justicia. La estigmatización, encabezada por altos funcionarios y medios de comunicación, no sólo los desempodera, sino que los expone a mayores riesgos. Se enfrentan a campañas de difamación dirigidas a desacreditar su trabajo, a menudo equiparándolos con la oposición política, o tachándolos de antinacionales, criminales o incluso hasta de traidores.
En numerosos casos, los defensores y defensoras han sido atacados, amenazados, llevados ante los tribunales y acusados con cargos políticos o inventados. He recibido varios testimonios creíbles de defensores y defensoras que denunciaron haber sido amenazados y atacados por empresas, especialmente en el ámbito de las industrias extractivas o hidroeléctricas. También he recibido testimonios de supuestas confabulaciones entre empresas internacionales o nacionales y políticos, a veces a alto nivel del Congreso.
3. Marco legislativo e institucional
Marco Legal
La Constitución de Honduras de 1982 garantiza el principio de no discriminación, en particular por motivos de sexo (art. 60), el derecho inviolable a la vida, la dignidad, la integridad física, moral y mental y el derecho a no ser sometido a torturas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. También garantiza la libertad de opinión y expresión (art. 72), de circulación (art. 81), de pensamiento, religión, reunión y asociación (art. 78), y reconoce el derecho de hábeas corpus y el recurso de amparo (art. 182).
En virtud de la Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Estado forman parte del derecho interno desde el momento de su entrada en vigor y tienen precedencia sobre la legislación nacional1. Hasta abril de 2018, Honduras ha ratificado casi todos los tratados de derechos humanos pertinentes, incluidos los nueve tratados básicos de derechos humanos. Sin embargo, Honduras aún no es parte en el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Recomendación:
La ratificación de esos instrumentos proporcionaría a los defensores y defensoras de derechos humanos instrumentos importantes para hacer efectivos los derechos de la mujer, los niños y los derechos económicos y sociales y contribuiría a aumentar la rendición de cuentas.
Honduras también ha ratificado el Convenio 169 de la OIT y ha votado a favor de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. A pesar de los pasos iniciales, Honduras aún necesita adoptar regulaciones nacionales para hacer efectivo el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado de acuerdo con el Convenio de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas. Es importante que esto se lleve a cabo en consulta con la más amplia gama de organizaciones representativas de los pueblos indígenas del país.
Recomendación:
Exhorto al Gobierno de Honduras a que reactive este proceso de diálogo y siga las recomendaciones del Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Esta es una cuestión fundamental y una de las causas fundamentales de las continuas violaciones de los derechos humanos que afectan a los pueblos indígenas en Honduras, así como una demanda clave de los pueblos indígenas y de los defensores y defensoras de la tierra y del medio ambiente.
Criminalización de los defensores y defensoras de derechos humanos
Me preocupa mucho la práctica generalizada de criminalizar a los defensores y defensoras de derechos humanos por su labor en el ámbito de los derechos humanos, en particular en el contexto del ejercicio de su derecho a la protesta y la libertad de expresión. He recibido numerosos testimonios de defensores y defensoras de derechos humanos y de ciudadanos común y corrientes, organizando o participando en protestas pacíficas en forma de plantones o concentraciones en espacios públicos (carreteras, rotondas, parques, etc.), por las que pueden ser objeto de acusaciones penales. Los testimonios recibidos en relación con las protestas contra proyectos de industrias hidroeléctricas, mineras y otras industrias extractivas; derechos sexuales y reproductivos; elecciones y asuntos relacionados con la universidad.
La criminalización suele tener lugar mediante la presentación de denuncias o denuncias infundadas basadas en delitos penales, que pueden no ajustarse al principio de legalidad o a las normas internacionales de derechos humanos. Someter a los defensores y defensoras a largos procesos legales es claramente una herramienta para intimidarlos y someter su incidencia por los derechos humanos.
En la mayoría de los casos relacionados con el medio ambiente y los derechos sobre la tierra, los cargos criminales utilizados en Honduras incluyen coerción, allanamiento de morada y confiscación ilegal, o cargos relacionados con la usurpación de tierras. En el caso de los estudiantes, la criminalización vino a través de la acusación de sedición y usurpación de la propiedad pública. En el contexto de la participación o la organización de protestas postelectorales, la gran mayoría de los casos se referían a la detención a corto plazo de manifestantes por violar el toque de queda, pero sin cargos formales. En mi opinión, esto último también constituye una forma de criminalización de los manifestantes en el sentido más amplio del término2. También he recibido testimonios de periodistas, comunicadores sociales y defensores de derechos humanos que se enfrentan a acciones legales por difamación y calumnia, así como a la amenaza de las mismas.
A partir de las experiencias que recopilé, la criminalización también significó la estigmatización e intimidación de los afectados. En la mayoría de los casos, se trataba de multas financieras y la obligación de reportarse a la policía semanalmente, lo que para los campesinos e indígenas que viven en zonas remotas implica altos costos y largos viajes. Para algunos, la criminalización también implicaba la prisión y para los estudiantes, la expulsión de la universidad y otras medidas administrativas como la suspensión de las becas. Quisiera señalar que el arresto y la detención arbitraria también se utilizan para disuadir a los disidentes.
La criminalización de los defensores y defensoras tiene un efecto escalofriante no sólo para ellos, sino también para la sociedad en general. Debilita a los movimientos de la sociedad civil. Los defensores y defensoras tienen que dedicar cada vez más tiempo y recursos para defenderse, lo que debilita su capacidad para proteger a las personas más vulnerables de la sociedad. La criminalización también socava la confianza de la sociedad civil en el Gobierno
También es preocupante la aprobación por el Congreso de la reforma a los artículos 335 a y 335 b, sobre terrorismo, del nuevo Código Penal, que parece extremadamente amplio. Me preocupa el impacto que estos nuevos artículos puedan tener en los defensores y defensoras de los derechos humanos y en el derecho a la libertad de expresión. Asimismo, el proyecto de ley sobre ciberseguridad es problemático. Amenaza la libertad de expresión con el fin de regular las campañas de odio y discriminación en las redes sociales y en Internet. Las multas oscilarían entre 50.000 y un millón de lempiras y podrían incluir el cierre y bloqueo del sitio web. La Asociación de Medios de Comunicación (AMC), ha pedido al Congreso de Honduras que no apruebe este proyecto de ley por violar los "derechos fundamentales y garantías constitucionales"3.
Recomendación:
Recomiendo que se revisen las leyes utilizadas para criminalizar a los defensores y defensoras de derechos humanos por su trabajo legítimo, con miras a que su contenido y ejecución se ajusten al principio de legalidad y a otras normas internacionales de derechos humanos.
Desarrollos institucionales
Quisiera destacar como acontecimiento positivo, el reciente ascenso de la Secretaria de Derechos Humanos a nivel ministerial. Esto incluye un mandato más amplio para promover y proteger los derechos humanos y el estado de derecho y más recursos para la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos.
Hace seis años, cuando mi predecesora visitó el país, el crimen organizado, el narcotráfico, la violencia de las pandillas y la corrupción policial ampliamente denunciada hicieron de Honduras uno de los lugares más peligrosos del mundo. Según datos oficiales, en menos de seis años, el Estado de Honduras redujo a la mitad la tasa de homicidios en el país. A estos resultados han contribuido una combinación de esfuerzos concertados, incluidas políticas para contrarrestar la violencia de las pandillas, la corrupción y los delitos de cuello blanco, el desmantelamiento de grandes estructuras criminales, un proceso de purga de la policía nacional y la reforma penitenciaria. Lamentablemente, la reducción de los homicidios no ha ido acompañada de una reducción uniforme del número de asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos, que, por el contrario, ha aumentado drásticamente en los últimos años.
Además, en el 2014 el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, una institución de alto nivel encabezada por el Presidente de la República, estableció la Fuerza Nacional de Seguridad Interinstitucional. La militarización de las funciones de aplicación de la ley es una cuestión que ha sido planteada con preocupación por diversos mecanismos de derechos humanos. Los defensores y defensoras de derechos humanos siguen identificando tanto a la policía nacional, como al ejército entre los principales autores de ataques y violaciones contra ellos.
El actual proceso de selección y elección del Fiscal General es fundamental para fortalecer el estado de derecho, la lucha contra la impunidad y la corrupción y la protección de los derechos humanos.
Recomendación:
Insto a todas las partes interesadas que intervienen en el proceso de selección a que se adhieran a las normas más estrictas y a criterios estrictos para evaluar la integridad, idoneidad y competencia de los solicitantes. Subrayo la importancia de la transparencia, la publicidad y el acceso a la información en este proceso, y hago énfasis en la necesidad de una observación independiente de todo el proceso, haciendo hincapié en el papel de la sociedad civil en particular.
4. Impunidad y acceso a la justicia
La impunidad generalizada por las agresiones contra los defensores y defensoras de derechos humanos
Al final de la visita oficial a Honduras de mi predecesor, en 2012, concluyó que había habido "poco o ningún progreso en la investigación de los ataques y amenazas contra periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos y activistas políticos desde 2009".
Durante los últimos seis años, el Estado de Honduras ha adoptado múltiples iniciativas para mejorar el acceso a la justicia y la rendición de cuentas por las violaciones. Entre ellas cabe mencionar: la creación de diez Fiscalías Especiales, entre ellas una de Derechos Humanos con una sección especial dedicada a los defensores y defensoras de derechos humanos; la duplicación del número de fiscales y del presupuesto de la Fiscalía General de la Nación; un proceso de investigación de antecedentes que condujo a la destitución de 4.925 agentes de policía presuntamente vinculados a faltas de conducta y corrupción; un nuevo proceso de selección competitiva para la selección de 191 jueces; nuevos tribunales en zonas rurales y un plan para reducir las demoras en los procedimientos judiciales.
Más recientemente, en marzo de 2018, el Fiscal General anunció la decisión de establecer dentro de su institución una Fiscalía Especial para la protección de defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas y operadores de justicia.
Recomendación:
Exhorto a las autoridades competentes a que aceleren el proceso de creación y puesta en marcha de esta institución, y pido la estrecha cooperación y colaboración con la Fiscalía Especial de Derechos Humanos en vista de la dimensión específica de estos ataques y amenazas.
A pesar de los esfuerzos del Estado por mejorar el acceso general a la justicia, los resultados siguen siendo mínimos. En cuanto a los defensores y defensoras de derechos humanos, los niveles de impunidad por ataques y violaciones contra ellos no han mejorado. Según varios informes, en Honduras aproximadamente el 97 por ciento de los crímenes cometidos contra defensores y defensoras de derechos humanos, incluyendo defensoras de derechos humanos, siguen sin resolverse.
La falta de rendición de cuentas por los asesinatos y otros delitos cometidos contra los defensores y defensoras de derechos humanos y los periodistas alimenta aún más la violencia contra ellos. No es de extrañar que Honduras siga siendo uno de los países más peligrosos de América Latina para los defensores y defensoras de derechos humanos, especialmente para quienes defienden los derechos relacionados con la tierra, el territorio y el medio ambiente. La situación de los periodistas también es crítica. Desde 2001, 75 periodistas, comunicadores sociales y personal de los medios de comunicación han sido asesinados y sólo en 6 casos se ha identificado a los autores4. La impunidad y la falta de investigación de las agresiones contra los defensores y defensoras de derechos humanos y los periodistas continúan siendo la norma y no la excepción.
El asesinato de la defensora de derechos, Berta Cáceres, en marzo de 2016, es un caso emblemático. Berta Cáceres fue asesinada -como muchas otras defensoras de derechos humanos menos conocidas en Honduras- por la defensa del medio ambiente y del derecho al agua. Hasta la fecha, nueve personas han sido acusadas de homicidio o tentativa de homicidio y actualmente están detenidas. Recientemente, dos años después de su asesinato, el Sr. Castillo, presidente ejecutivo del DESA, la empresa hondureña que construyó la represa de Agua Zarca, a la que Berta Cáceres se oponía, fue arrestado. Es el cuarto detenido vinculado al ejército hondureño y la primera persona acusada de ser el autor intelectual del crimen.
Conocía a Berta personalmente y durante mi visita conocí a dos de sus hijas y a su madre. Buscan justicia por el asesinato de su ser querido y no pararán hasta que esto se logre. Continuaré dando seguimiento y apoyando su difícil situación. Lamento profundamente que ellas también se enfrenten a amenazas, arriesgando sus vidas por esta misma razón y por lo tanto requieren medidas de protección. No obstante, no todos los casos de defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras están progresando hasta este punto.
Recomendación:
Me preocupa seriamente el efecto multiplicador de la impunidad de los asesinatos, la violencia y los ataques contra defensores y defensoras de derechos humanos. Insto al Gobierno a que invierta urgentemente la tendencia a la impunidad en Honduras.
La lucha contra la corrupción y la impunidad
Durante mi visita, tuve la oportunidad de conocer el importante trabajo y los retos que enfrenta la Misión de Apoyo a la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), creada en virtud de un acuerdo entre la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el gobierno de Honduras a principios de 2016, en respuesta a un fuerte movimiento social contra la corrupción (Los indignados)5. Desde entonces, los esfuerzos iniciales se han centrado en el fortalecimiento del marco legal e institucional anticorrupción de Honduras, el establecimiento de unidades integradas por fiscales locales e internacionales y la investigación y resolución de casos de corrupción.
Los resultados de las investigaciones integradas y la adjudicación de casos representan un hito en la lucha contra la corrupción en Honduras. También elogio la decisión de MACCIH-OEA, en julio de 2017, de iniciar la investigación (con la Procuraduría General de la República) de la presunta corrupción en el Proyecto Agua Zarca. Berta Cáceres había denunciado repetidamente, incluso en el momento de su asesinato, la corrupción en la adjudicación de contratos, la falta de consulta previa, libre e informada con los pueblos indígenas y otras violaciones conexas de los pueblos indígenas Lencas6. Subrayo la importancia de esclarecer estas acusaciones de corrupción y de los posibles vínculos con su asesinato.
No obstante, la continuidad de la MACCIH podría estar en riesgo. El 6 de marzo de 2018, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aceptó un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por un grupo de abogados representantes de los cinco diputados vinculados a uno de los casos de corrupción bajo consideración de la MACCIH, conocido como la "Red de Diputados"7. Si el Tribunal falla a favor de la apelación, la MACCIH podría tener que abandonar el país y parecería que la institución anticorrupción establecida hasta ahora y los casos investigados podrían entonces correr el riesgo de quedar desprovistos de fundamento jurídico.
Me gustaría recordar que fue un movimiento social, "Los Indignados", el que salió a las calles en 2015 exigiendo el fin de la corrupción. Para el respeto de los derechos humanos, el Estado de Derecho y la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción, es fundamental que la MACCIH pueda continuar su importante labor. Los responsables de la corrupción, por muy cercanos que estén al Gobierno o a sectores poderosos de la sociedad, deben rendir cuentas por sus delitos.
Recomendación:
El Relator Especial pide al Presidente de la República, al Gobierno y a todas las instituciones pertinentes del Estado que apoyen firmemente la importante labor de la MACCIH y de la Fiscalía General de la Nación.
5. Institución Nacional de Derechos Humanos/CONADEH
Me reuní con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un órgano constitucional con el firme mandato de proteger y promover los derechos humanos en Honduras. En mis reuniones con defensores y defensoras de derechos humanos, muchos de ellos señalaron su decepción y la falta de confianza en la institución y las debilidades de sus acciones. También cuestionaron la falta de credibilidad y liderazgo del Comisionado. En 2013, el Subcomité de Acreditación del Instituto Nacional de Derechos Humanos rebajó la categoría del CONADEH a la categoría "B" por incumplimiento de los Principios de París.
En todas y cada una de las ocasiones, recuerdo que, como parte de la arquitectura institucional del Estado, las instituciones nacionales de derechos humanos desempeñan un papel fundamental para garantizar un entorno seguro y propicio para los defensores y defensoras. Las instituciones nacionales de derechos humanos que cumplen los Principios de París están en una posición única para orientar y asesorar a los gobiernos sobre sus obligaciones en materia de derechos humanos y velar por que los principios y normas internacionales se incorporen adecuadamente en la legislación nacional y se incorporen en las políticas públicas, incluida la de los defensores y defensoras de derechos humanos.
La evidencia demuestra que, cuando el mandato de las instituciones nacionales de derechos humanos incluye la competencia para investigar denuncias individuales y proporcionar protección efectiva a los ciudadanos, estas pueden desempeñar un papel fundamental en los casos en que los sistemas judiciales de los Estados no pueden o no quieren pronunciarse sobre presuntas violaciones contra los defensores y defensoras.
Recomendación:
El CONADEH debería considerar priorizar a los defensores y defensoras de derechos humanos en su agenda y las quejas presentadas por ellos. Por lo tanto, con la responsabilidad de supervisar su situación y fomentar vínculos más estrechos con la sociedad civil, este debería tener un centro de coordinación designado para los defensores y defensoras de derechos humanos.
En el mismo sentido, es crucial que el CONADEH fortalezca sus métodos de trabajo y desarrolle una estrategia más proactiva para llegar a los defensores y defensoras de derechos humanos que buscan protección. La institución debería ser más explícita y hacer llamamientos públicos para que se tomen medidas cuando los defensores y defensoras de derechos humanos estén en peligro o sean asesinados.
6- Mecanismo Nacional de Protección
En el 2015, el Congreso de Honduras aprobó una ley para proteger a los defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia8. Con el apoyo de los defensores y defensoras de derechos humanos y de la sociedad civil, esta ley dio lugar a la creación del Mecanismo Nacional de Protección y al desarrollo de su marco normativo.
La adopción de la ley y el mecanismo representa un hito para la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras9. Ayudan a reconocer la dimensión de los riesgos y violaciones que enfrentan los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras, así como su papel positivo y su contribución a la sociedad. Tanto la ley, como el mecanismo, responden a una de las principales recomendaciones formuladas por mi predecesora tras su visita a Honduras en 2012. También dirigieron al menos cinco recomendaciones a Honduras durante su último Examen Periódico Universal y algunos aspectos del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso López Lone contra Honduras.
Hasta la fecha, el Mecanismo Nacional de Protección ha proporcionado 810 medidas de protección a 211 personas, la gran mayoría de las cuales eran defensores y defensoras de derechos humanos. Dentro del número actual de casos del Mecanismo, hay 198 casos abiertos de los cuales: 125 corresponden a defensores y defensoras de derechos humanos, 37 a periodistas, 22 a comunicadores sociales y 14 a funcionarios del sistema de justicia. En respuesta a las demandas de los beneficiarios y de la sociedad civil, el mecanismo amplió el tipo de respuestas de protección proporcionadas a los defensores y defensoras de derechos humanos más allá de las medidas policiales (escolta policial, reubicación temporal, evacuación, etc.). Entre las nuevas medidas figuran la capacitación para la autoprotección, el apoyo psicosocial y el subsidio para el transporte y la comunicación. Desde febrero de 2017, el Mecanismo también permite la adopción de otras medidas, como el apoyo psicosocial, los subsidios de transporte y comunicaciones, las medidas tecnológicas y de infraestructura, los cursos de autoprotección y las notificaciones a las autoridades policiales y militares que solicitan que se permita la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos. No obstante, prevalecen las medidas de tipo policial.
El Mecanismo Nacional de Protección también ha fortalecido su estructura interna, sus procedimientos de trabajo y su funcionamiento, y ha aumentado su presupuesto anual en aproximadamente en un 60%. A pesar de los problemas actuales, ha logrado aumentar la confianza con los defensores y defensoras de derechos humanos, tal como lo demuestra el aumento gradual de las solicitudes de protección a pesar de la constante tasa de ataques contra los defensores y defensoras (el Mecanismo Nacional de Protección tramitó 9 casos en el 2015 y 143 en el 2017).
A pesar de estos importantes logros, la realidad actual de la vigilancia, las amenazas, el hostigamiento, la estigmatización y la criminalización de los defensores y defensoras de derechos humanos, así como los ataques contra ellos con una impunidad casi total, exige una respuesta más amplia y eficaz del Mecanismo. Sobre la base de la información y los testimonios que recabe de las autoridades del Estado, los defensores y defensoras de derechos humanos y la sociedad civil durante mi visita, he identificado una serie de obstáculos que deben abordarse y medidas concretas que, de aplicarse, mejorarían considerablemente la eficiencia del Mecanismo de Protección:
Desafíos claves:
Existe una necesidad urgente adoptar una política pública integral de protección para los defensores y defensoras de derechos humanos y asignar el presupuesto necesario para su efectiva implementación. El Estado hondureño debe cumplir con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, en particular, con las obligaciones consagradas en las sentencias López Lone y Carlos Escaleras, que, con el actual Mecanismo de Protección, sólo se han cumplido parcialmente. El presupuesto actual del Mecanismo Nacional de Protección sólo representa un porcentaje muy pequeño del presupuesto total del Ministerio de Derechos Humanos. (0,00018%). –
Existe una falta subyacente de confianza de los defensores y defensoras de derechos humanos y de la sociedad civil hacia el Mecanismo Nacional de Protección, en particular en los departamentos y municipios: Un número importante de los más de 400 defensores y defensoras de derechos humanos con los que me reuní, han expresado una profunda desconfianza en el Mecanismo Nacional de Protección y en su principal respuesta de protección, sobre todo en las medidas de tipo policial. Esto se relaciona con una variedad de factores que se entrelazan entre sí. A pesar de los esfuerzos y logros del Estado en la depuración de la policía nacional, los defensores y defensoras siguen identificando a la Policía100 Nacional (y militar) como los principales autores de las violaciones a los derechos humanos, así como de los abusos y ataques contra ellos. El fortalecimiento de la rendición de cuentas de los miembros del sector de la seguridad debería ser una prioridad. Según datos oficiales proporcionados por el Ministerio de Seguridad, en el 2017 no se adoptaron medidas disciplinarias contra agentes de policía, ya que 52 agentes de policía estaban siendo investigados por homicidio y 39 por tortura.
El reciente y continuo uso excesivo de la fuerza por parte de la policía nacional (y militar) en la represión de las manifestaciones, el papel de la policía en los desalojos forzosos y la falta de resultados en las investigaciones policiales de los ataques contra los defensores y defensoras no hacen sino exacerbar esta falta de confianza. La lucha contra la impunidad de los delitos y abusos contra los defensores y defensoras de derechos humanos cometidos por las fuerzas del orden y la policía militar es fundamental para la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos y para el éxito del Mecanismo.
La falta de conocimiento y conciencia del Mecanismo por parte de las autoridades del Estado y los defensores y defensoras de derechos humanos, en particular en los departamentos y municipios, requiere una mayor difusión fuera de Tegucigalpa de la Ley de Protección y del Mecanismo. Es necesario hacer más para que las instituciones del Estado en todas las partes del país identifiquen y comprendan el papel de los defensores y defensoras de derechos humanos, su importante función y la labor del mecanismo nacional.
La falta de coordinación efectiva y de participación regular entre los actores estatales de alto nivel involucrados en la implementación de las medidas de protección y la escasa participación de la sociedad civil en el Mecanismo, explican a menudo la inexactitud e ineficiencia de las medidas de protección otorgadas a los defensores y defensoras. La ausencia y frecuente rotación de los funcionarios que participan en el Sistema Nacional de Protección dificulta la coordinación efectiva en detrimento de la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos y contribuye a perpetuar aún más la desconfianza mutua existente entre las autoridades del Estado y la sociedad civil y los beneficiarios. El Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia necesitan una representación regular y de alto nivel en las reuniones del Comité Nacional de Protección y en el Comité Técnico. También es necesario fortalecer la participación de la sociedad civil en el Mecanismo, limitado ahora a dos de los 14 escaños del Consejo Nacional de Protección.
Recomendaciones:
A la luz de los desafíos mencionados recientemente, insto al Estado hondureño a avanzar en las áreas clave de trabajo del Mecanismo, en particular:
La adopción de un protocolo para investigar los delitos contra los defensores y defensoras de derechos humanos, los periodistas y las personas responsables de la administración de justicia, que sirva de apoyo a la labor de la nueva Fiscalía de Defensores de los Derechos Humanos.
La consolidación de un análisis de riesgos individuales y colectivos que evalúe los riesgos diferenciados de las distintas categorías y géneros de los defensores y defensoras y, en consecuencia, que identifique las respuestas diferenciadas. Para las defensoras de los derechos humanos, las personas y comunidades indígenas y los defensores de los derechos de la comunidad LGBTI y agrupa la necesidad de evaluaciones de riesgos y medidas de protección diferenciadas.
La identificación y adopción de medidas de protección colectiva en consulta con las comunidades en situación de riesgo, en particular en las zonas rurales; y la necesidad de aumentar la oferta de medidas de protección de tipo no policial, como el apoyo psicosocial.
La necesidad de abordar los retrasos indebidos y los largos períodos de espera entre el momento en que se registra la primera denuncia y el análisis de riesgos, hasta la aplicación efectiva de las medidas. Tales retrasos ponen a los defensores y defensoras de derechos humanos en una situación de mayor riesgo
La creación de la Unidad de Prevención y Análisis del Contexto.
El mayor papel y seguimiento sistemático del Mecanismo Nacional de Protección en la investigación de casos contra defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia ante la Fiscalía General de la Nación.
7. Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en riesgo agravado
Algunos grupos de defensores son particularmente vulnerables debido a la naturaleza misma de los derechos que defienden, a su propia identidad o a las especificidades de su trabajo. Entre ellas se encuentran defensoras de los derechos de las mujeres, defensores y defensoras de los derechos LGBTI, blogueras, juezas y abogados, periodistas, líderes comunitarios e indígenas, así como profesionales. La lista es larga y no exhaustiva.
Los defensores y defensoras de derechos humanos en el contexto del período electoral y postelectoral
Me conmovieron las docenas de testimonios de una violencia extrema en todo el país contra los ciudadanos de a pie y los defensores y defensoras de derechos humanos, que habían decidido salir a las calles para expresar su profundo descontento y manifestarse a favor de sus derechos civiles y políticos para participar en elecciones libres y justas. No olvidaré el testimonio de los padres, madres, hermanas y esposas que compartieron conmigo cómo perdieron a sus seres queridos o su propia experiencia de haber sido golpeados por los agentes del orden.
En el mismo período, El Alto Comisionado para los Derechos Humanos había verificado la muerte de por lo menos 23 personas en el contexto de protestas, de las cuales una era un oficial de policía, por lo menos y 16 se consideraban asesinados por las fuerzas de seguridad. Encontré particularmente preocupantes las conclusiones de la OACDH de que "mientras algunos de los manifestantes se volvieron violentos, el análisis del tipo de lesiones sufridas por las víctimas indica que las fuerzas de seguridad hicieron uso letal intencional de armas de fuego".
Según la información recibida, hasta abril de 2018 no se habían presentado cargos contra las fuerzas de seguridad, mientras que al menos 114 personas habían sido acusadas de delitos contra la seguridad del Estado y el orden público, delitos contra la persona y delitos contra la propiedad.
También recibí testimonios de detenciones masivas, palizas a manifestantes y represión y uso de la violencia contra periodistas que intentaban grabar y documentar manifestaciones. En el curso de mis reuniones, también me reuní con estudiantes que participaron en diversas manifestaciones relacionadas con las demandas educativas y que ahora corren el riesgo de ser expulsados.
Me complació saber que recientemente la Sala Constitucional del Tribunal Supremo decidió que los procedimientos administrativos de la UNAH y la decisión sobre la expulsión de estudiantes violaban el principio de legalidad. Espero que a estos estudiantes se les permita regresar pronto y que la decisión de la UNAH se reoriente en consecuencia.
Defensores y Defensoras que trabajan en temas ambientales y derechos a la tierra
Estoy consternado por el número de conflictos relacionados con la protección de los recursos naturales y los derechos sobre la tierra. Según informes internacionales1, Honduras se ha convertido tristemente en uno de los países más mortíferos del mundo para los ambientalistas.
Todos tenemos en mente el asesinato de Bertha Cáceres y el hostigamiento contra los miembros de COPINH, pero se pueden encontrar múltiples ejemplos en muchas zonas del país, particularmente en aquellas ricas en recursos naturales.
Durante mi visita a Honduras, tuve la oportunidad de reunirme con muchas personas y comunidades que se dedican a la protección de sus tierras y que se oponen a proyectos de gran escala como la minería, las represas, la explotación forestal o el turismo. No he visto en estas personas a los terroristas, delincuentes o al anti desarrollo que a menudo aparecen en los medios de comunicación. En cambio, vi a humildes campesinos, comunidades indígenas y pacíficas que están genuinamente preocupados por el futuro de sus hijos porque los bosques que rodean a sus comunidades están desapareciendo o el agua que beben está envenenada. En muchas situaciones, estas personas se convirtieron en defensores y defensoras de derechos humanos por necesidad porque no tenían otra opción que hablar para defender sus propios medios de vida.
Escuché testimonios preocupantes sobre situaciones en el Bajo Aguán, Santa Bárbara, la Aurora, Pajuiles, la isla de la Exposición, entre otros. No cabe duda de que existe un patrón general de criminalización y hostigamiento judicial contra quienes denuncian el despojo de sus tierras y quienes defienden los intereses de estas comunidades. El uso del sistema de justicia penal, como los delitos de usurpación de tierras, se utiliza comúnmente para desalojar por la fuerza a los agricultores y silenciar la resistencia local. Organizaciones como el CNTC, el Movimiento amplio por la dignidad y la justicia, la MILPAH o el MAS se encuentran entre los movimientos cuyos miembros son regularmente blanco tanto de actores estatales como no estatales. Según algunos informes, aproximadamente 5.000 agricultores enfrentan actualmente acciones judiciales. El despliegue de fuerzas militares también se presenta como una estrategia para intimidar a las comunidades en lugar de protegerlas de actores privados como las empresas de seguridad. Muchos defensores y defensoras a quienes la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han otorgado medidas cautelares siguen enfrentando un gran peligro, ya que no han encontrado ninguna o muy poca respuesta por parte de las autoridades estatales, tanto a nivel nacional como local.
Recomendación:
En este contexto, insto a las autoridades hondureñas a que lleven a cabo investigaciones rápidas e independientes sobre los ataques contra los defensores y defensoras de los derechos del medio ambiente y a que reconozcan públicamente el papel que desempeñan como actores clave en la protección de los bienes comunes.
También aliento al Estado a que elabore evaluaciones independientes de los efectos ambientales, de conformidad con las normas internacionales sobre el medio ambiente, los derechos humanos y los objetivos de desarrollo sostenible. Estas evaluaciones deberían realizarse con la participación activa de las comunidades locales y los defensores y defensoras de derechos humanos.
Defensores y defensoras de los derechos de los pueblos indígenas
En un gran número de casos, las amenazas que enfrentan los pueblos indígenas están intrínsecamente ligadas a la defensa de sus tierras y su entorno cercano. Las comunidades Lenca, Tolupán, Garífunas, Chortí, Pech y Misquitos que tratan de proteger sus tierras ancestrales se enfrentan a menudo a la criminalización, la estigmatización y el acoso judicial y a menudo son tratadas como ciudadanos de segunda clase. La falta o el uso indebido de una consulta significativa, como se establece en el Convenio núm. 169 de la OIT, son también un gran factor de riesgo, ya que comunidades enteras están siendo privadas de sus tierras y recursos naturales. Es el caso de las comunidades Garífunas de Punta Piedra, Triunfo de la Cruz y Cayos Cochinos, ubicadas en la costa del Caribe y cuya situación sigue siendo precaria debido al desarrollo de ciudades modelo (Ley de la ZEDE).
Una vez más, muchos líderes indígenas que han sido asesinados eran beneficiarios de medidas cautelares, lo que demuestra la falta de implementación y seguimiento adecuado por parte de las autoridades del Estado, incluyendo el Mecanismo de Protección y CONADEH.
Me sorprendió escuchar los innumerables obstáculos que enfrenta la comunidad indígena para acceder a la información sobre los llamados proyectos de desarrollo. También debo mencionar los numerosos testimonios que ponen de relieve las estrategias establecidas por las empresas en connivencia con las autoridades locales para dividir a las comunidades, tratando de conseguir la aceptación de los miembros de la comunidad, lo que puede conducir a la destrucción de su tejido social y su desplazamiento a otras zonas del país. También me preocupa la participación de empresas e inversionistas internacionales que llevan a los tribunales a los defensores y defensoras de derechos humanos, en particular a los dirigentes Garífunas que se oponen a los proyectos de desarrollo.
Durante la visita me reuní con jueces, magistrados, fiscales, abogados y defensores públicos muy comprometidos. Los que trabajan en casos de lucha contra la corrupción, la delincuencia organizada y el narcotráfico están particularmente en peligro. También denunciaron la necesidad de fortalecer la unidad de testigos protegidos. Los profesionales del derecho solicitaron el establecimiento del mecanismo de protección previsto en la ley sobre el mecanismo nacional de protección de los defensores y defensoras de derechos humanos, con el fin de mejorar su protección.
Recomendación:
Insto a las autoridades hondureñas a que apliquen todas las recomendaciones formuladas por la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas al final de su visita oficial en 2016.
Defensores y Defensoras de los derechos de las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales
Me preocupa mucho el elevado número de asesinatos y ataques violentos contra personas LGTB y la falta de rendición de cuentas y la impunidad casi total. Según los informes recibidos, desde 2008 hasta principios de 2018, ha habido en Honduras al menos 295 asesinatos contra personas LGBT, 11 de los cuales eran defensores y defensoras de derechos humanos. Sólo en 2017, se han reportado 34 asesinatos contra personas LGBT.
Así mismo, fueron muy preocupantes los testimonios de los defensores y defensoras de los derechos humanos de las personas LGBTI que denunciaron la inacción del Estado para reducir el uso por parte de los medios de comunicación de la incitación al odio contra ellos y la comunidad LGBTI. Me explicaron cómo los programas de televisión a menudo transmiten programas y debates morales en los que se utiliza la religión para discriminar, desaprobar y generar odio contra los miembros de estas comunidades. Me gustaría tomar un momento para honrar a algunos de los defensores y defensoras de derechos humanos que perdieron la vida en la promoción y protección de los derechos de las personas LGBTI: María Lourdes Madariaga, Marco Tulio Montoya Sánchez, René Antoni Martínez, Williams Afif Hernández y Wilmer Alvarado.
También quisiera aprovechar esta oportunidad para recordar, como lo he hecho en mis comunicaciones al Estado de Honduras, que la orientación sexual y la identidad de género son motivos de discriminación prohibidos por el derecho internacional, y que Honduras es Estado Parte en todos los tratados de derechos humanos pertinentes. En 2016, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales estableció que "cualquier otra condición social", tal como se establece en el artículo 2.2 del PIDESC, incluye la orientación sexual. El Comité de Derechos Humanos también subrayó la obligación legal de los Estados Partes de garantizar a todas las personas los derechos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sin distinción basada en la orientación sexual o la identidad de género, y estableció que "los Estados Partes deben responder adecuadamente a la violencia contra ciertas categorías de víctimas, incluida la violencia contra las personas basada en su orientación sexual o identidad de género.
A menudo las mujeres han destacado la indiferencia -cuando no la hostilidad- de las autoridades públicas, los grupos religiosos y los medios de comunicación. Pero su aislamiento también puede provenir de sus propias comunidades y de su entorno cercano, que no apoyan su compromiso con los derechos humanos. Debido a que desafían el patriarcado, la desigualdad y la injusticia, las mujeres son a menudo son descritas como "malas mujeres", "malas madres" o como amenazas a la moralidad y a los valores tradicionales. Por último, la falta de un enfoque de género en las medidas de protección y el acceso a la justicia, también constituye un importante factor de riesgo para todas estas mujeres, especialmente las que viven en zonas remotas.
A menudo las mujeres han destacado la indiferencia -cuando no la hostilidad- de las autoridades públicas, los grupos religiosos y los medios de comunicación. Pero su aislamiento también puede provenir de sus propias comunidades y de su entorno cercano, que no apoyan su compromiso con los derechos humanos. Debido a que desafían el patriarcado, la desigualdad y la injusticia, las mujeres son a menudo son descritas como "malas mujeres", "malas madres" o como amenazas a la moralidad y a los valores tradicionales. Por último, la falta de un enfoque de género en las medidas de protección y el acceso a la justicia, también constituye un importante factor de riesgo para todas estas mujeres, especialmente las que viven en zonas remotas.
Quiero reconocer y apoyar públicamente el gran trabajo realizado por la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos y otras redes dedicadas a los derechos de las mujeres. En muchos casos, estas redes han proporcionado una valiosa respuesta al riesgo inmediato para las mujeres activistas, desarrollando refugios de emergencia, capacitación en seguridad y espacios seguros para la reconstrucción que han demostrado ser críticos para la seguridad de las mujeres y la continuidad de su trabajo en derechos humanos.
Por último, quisiera rendir homenaje a la memoria de Margarita Murillo, Bertha Cáceres, Gladys Lanza, Magdalena Morales y muchas otras mujeres activistas que allanaron el camino a generaciones de mujeres en Honduras, pero que pagaron el precio más alto por su labor en pro de los derechos humanos.
Recomendaciones:
Las medidas de protección deberían incluir un enfoque específico de género, tanto en el análisis de riesgos, como en la determinación de las medidas de protección.
También insto a las autoridades del Estado a desarrollar campañas de concientización y capacitación sobre los riesgos específicos que enfrentan las defensoras de derechos humanos para los servidores públicos, particularmente aquellas que están en contacto regular con mujeres activistas.
Periodistas y trabajadores de los medios de comunicación
En Honduras, los periodistas siguen siendo asesinados por su análisis crítico del contexto político y por exponer las violaciones de derechos humanos y sus autores. Según el informe anual del CONADEH, de 2001 a 2017: 75 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación fueron asesinados y en el 91% de los casos no ha habido ninguna condena y ningún autor ha sido llevado ante la justicia.
Durante mis reuniones con periodistas y comunicadores sociales, he escuchado con preocupación sus testimonios y su experiencia de acoso, intimidación y violencia en manos del ejército y la policía nacional por filmar o cubrir protestas, en particular durante la crisis postelectoral y en relación con manifestaciones de estudiantes. Los periodistas también han compartido su experiencia de haber sido objeto de campañas de descrédito y difamación, así como de amenazas de muerte, muchos de los cuales viven en una situación financiera precaria por no beneficiarse de contratos de trabajo permanentes. Llamaron mi atención a la Ley de Secretos Oficiales y cómo esta limita su acceso a la información oficial.
También tuve la oportunidad de conocer el costoso y oneroso proceso al que deben someterse las radios comunitarias para poder obtener una licencia de radiodifusión. Según la información recibida, de las 442 frecuencias de radios comunitarias, sólo 25 fueron otorgadas por el Estado. Los comunicadores comunitarios denunciaron haber recibido amenazas de muerte y de otro tipo por parte de alcaldes o políticos, a menudo a través de mensajes telefónicos o mientras estaban en línea desempeñando su crítico trabajo. Me impresionaron las historias personales de los trabajadores de los medios de comunicación que se beneficiaron de las medidas de protección y su continuo compromiso con su trabajo y con los derechos humanos.
Profesionales del derecho
En el curso de la visita me reuní con jueces, magistrados, fiscales, abogados y defensores públicos comprometidos. Los que trabajan en casos de lucha contra la corrupción, la delincuencia organizada y el narcotráfico están particularmente en peligro. También denunciaron la necesidad de fortalecer la unidad de testigos protegidos. A fin de mejorar su protección, los profesionales del derecho pidieron que se estableciera el mecanismo de protección previsto en la ley sobre el mecanismo nacional de protección de los defensores y defensoras de derechos humanos.
El rol de la comunidad internacional
Un gran número de ONGs y defensores y defensoras con los que me reuní durante la misión, se quejaron de la falta de apoyo de la comunidad internacional. Muchos de ellos, en su mayoría fuera de la capital, explicaron que nunca se habían reunido con embajadas o representantes de la comunidad internacional, ni habían sido invitados a compartir sus preocupaciones con las embajadas. Casi todos ellos se quejaron de la falta de financiación cuando trataban de crear nuevas actividades o nuevas organizaciones, sin haber sido informados de ninguna convocatoria de financiación. También se refirieron a la falta de presencia de observadores internacionales cuando son llevados ante los tribunales.
Recomiendo encarecidamente que la comunidad internacional intensifique sus esfuerzos para aplicar plenamente las disposiciones de las directrices internacionales o nacionales sobre la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos, incluso mediante la observación de los juicios y el apoyo político y financiero a los defensores y defensoras en situación de riesgo. Las embajadas deben viajar a las regiones para tratar de llegar a los defensores y defensoras, así como a comunidades remotas.
También escuché muchos testimonies de defensores y defensoras que pedían mayor protección de la comunidad internacional. Apoyo encarecidamente el establecimiento de oficinas locales del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en los departamentos. (OACNUDH).
También me preocupa enormemente el creciente número de actos de intimidación y represalias contra los defensores y defensoras de derechos humanos en relación con su participación en las Naciones Unidas y sus mecanismos de derechos humanos o en organizaciones regionales de derechos humanos. Estas represalias adoptan la forma de campañas de difamación, acoso, intimidación, amenazas, ataques físicos y asesinatos. Debemos poner fin urgentemente a las represalias contra los defensores y defensoras de derechos humanos.
Conclusiones:
Quisiera concluir diciendo que todavía existe una brecha entre el compromiso internacional y la aplicación nacional. Deseo expresar mi compromiso constante de prestar apoyo técnico a las autoridades hondureñas. Al celebrar este año el vigésimo aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, me gustaría invitar al gobierno hondureño a tomar medidas enérgicas contra la impunidad y para el reconocimiento de los defensores y defensoras de derechos humanos aquí en Honduras y en todo el mundo.
Notas:
1. Ver Art. 15 y 18 de la Constitución de Honduras.
2. El Relator Especial ha recibido información de que, en al menos 80 casos, los cargos están relacionados con el uso de la violencia y se refieren a presuntos delitos cometidos durante las protestas, que van desde daños y perjuicios, incendios provocados, producción y detención de material explosivo, robo, tenencia ilícita de armas, asociación ilícita, ataques contra la integridad de la persona y homicidio.
3. https://mundo.sputniknews.com/
4. CONADEH, 2017 Informe Anual.
5. Según el acuerdo, la MACCIH tiene por objeto apoyar, fortalecer y colaborar con las instituciones hondureñas para prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción. ”http://www.oas.org/documents/
6. OEA MACCIH, Tercer Informe Semestral, pp 22-23. http://www.oas.org/documents/e
7. Aunque la información pública disponible sobre el contenido de la apelación es limitada, parece cuestionar la constitucionalidad del acuerdo entre la OEA y el Gobierno de Honduras por el que se establece la MACCIH. Para más información sobre el caso "Red de diputados" ver "http://www.elheraldo.hn/pais/
8. La Ley de Protección fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,730 de fecha 15 de mayo del 2015
9. Decreto No 34 Es importante destacar que la ley reconoce el derecho de toda persona, individual o colectivamente, a esforzarse por promover y proteger la realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como la adopción de una definición amplia de defensores y defensoras de los derechos humanos en consonancia con la Declaración sobre los Derechos de los Defensores de los Derechos Humanos. (art.1 y 5 de la ley). 2015
10. A finales de 2017, la Comisión Especial sobre la Corrupción Policial había examinado a 10.206 funcionarios y despedido a 4.925.
SOBRE LA DECLARACIÓN DEL RELATOR
El señor Michel Forst recorrió el territorio hondureño entre el 29 de abril y el 12 de mayo; es decir, su misión duró casi dos semanas.
La primera declaración pública que ha hecho el señor a la prensa es interesante. Forst dice casi todo lo que tenía que decir. Todo aquello que la ONU puede decir.
Es clara su declaración al afirmar que los hombres y mujeres que defienden los derechos de las colectividades en todo el territorio hondureño están en alto riesgo, por distintos factores.
La impunidad, que produce más violencia, y la represión de las fuerzas estatales, son dos de esos factores explosivos.
Vamos a leer textuales sus primeras afirmaciones divulgadas ayer en un hotel de Tegucigalpa.
“(los defensores y defensoras) están en peligro en la mayor parte del país y no se sienten seguros debido a los numerosos ataques y amenazas, la criminalización de sus actividades y la falta de acceso a la justicia.
La estigmatización, encabezada por altos funcionarios y medios de comunicación, no sólo los desempodera, sino que además los expone a mayores riesgos. Se enfrentan a campañas de difamación dirigidas a desacreditar su trabajo, a menudo equiparándolos con la oposición política, o tachándolos de antinacionales, criminales o incluso hasta de traidores.
En numerosos casos, los defensores y defensoras han sido atacados, amenazados, llevados ante los tribunales y acusados con cargos políticos o cargos inventados.
He recibido varios testimonios creíbles de defensores y defensoras que denunciaron haber sido amenazados y atacados por empresas, especialmente en el ámbito de las industrias extractivas o hidroeléctricas. También he recibido testimonios de supuestas confabulaciones entre empresas internacionales o nacionales y políticos, a veces a nivel alto del Congreso”.
El relator de la ONU sabe lo que está pasando en Honduras. Escuchó a más de 400 personas que trabajan cada día acompañando a las vícitimas, que levantan los temores y las denuncias de los seres humillados por esta dictadura cobarde. Y habló, desde luego, con los delincuentes.
Y este es el pequeño gran detalle de la declaración del relator de la ONU. No llama por su nombre al causante de esta tragedia. No se refiere a la dictadura como dictadura, que además está basada en el fraude y en el lamentable reconocimiento de las propias Naciones Unidas, y de manera forzada por la Organización de Estados Americanos.
En tiempos normales el informe preliminar del relator Forst sería una joya, un posicionamiento ejemplar sobre todos los riesgos que amenazan la integridad física y la vida de quienes defienden la vida en Honduras.
Pero el informe, lamentablemente, le habla a una sociedad masacrada por una banda de criminales, corruptos y asaltantes de la voluntad popular, a los que Naciones Unidas llama gobierno. Y a quienes el relator hace recomendaciones.
Por favor, la próxima vez un buen documento debe ser pensado en el mal momento que es elaborado. Y debería ser expresado así, por el mínimo respeto a las vícitimas y a quienes estamos en proceso de serlo, sin pretenderlo y mucho menos sin desearlo.
Editorial Voces contra El Olvido, sábado 12 de mayo 2018
Aunque resulte paradójico unas 25 familias campesinas fueron
desalojadas de sus tierras donde permanecieron por más de tres décadas
con título otorgado por el INA y además deben pagar las costas del
juicio en su contra por más de 6 millones de lempiras para los abogados
de terrateniente que promovió el juicio, el cual ganó con ventaja por
tener poder económico, según lo denunció la abogada Karla Alegría, de la
Vía Campesina y apoderada legal de los afectados.
A raíz de esa situación los socios de la Empresa Campesina de
Producción “La Montañuela, presentarán una demanda contra el Instituto
Nacional Agrario (INA) en los próximos días para que les restituya el
derecho a la tierra ya que la institución estatal les otorgó los títulos
de propiedad y posteriormente fueron desalogados por orden del Juzgado
de lo Civil de Juticalpa, en el departamento de Olancho.
La posesión de la tierra la tuvo la empresa campesina por 37 años, y en los últimos 20 la utilizó en la cría de ganado, tanto en la producción de leche, carne y siembra de granos básicos y de ella dependían unas 25 familias, pero extrañamente fue reclamada por un terrateniente que logró un fallo a su favor y procedió a desalojarlos.
Las tierras están ubicadas en la aldea de Panuare, municipio de Juticalpa, en el departamento de Olancho, y constan de 187 manzanas, A raíz del desalojo los afectados han tenido que emigrar mojados al extranjero y a otros rincones del país en espera de una respuesta del Gobierno para que les devuelvan sus propiedades, las cuales fueron adjudicadas por el INA de manera legal.
Culpa del INA
Aquileo Álvarez, uno de los socios de la Empresa Campesina, indicó que a través de un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), anularon el título de propiedad que “La Montañuela” compró al Instituto Nacional Agrario (INA).
“Eso nos originó una orden de desalojo de la tierra que el Instituto Nacional Agrario,(INA), nos había titulado por lo que estamos solicitándole al Estado nos restituya el derecho a la propiedad porque es el responsable de esto”, afirmó.
Álvarez adelantó que “en este momento estamos realizando la demanda contra el Instituto Nacional Agrario, para que nos arregle este problema, porque el verdadero responsable es el Estado”.
El afectado señaló que “desde que se dio el desalojo, la gente del INA nos tiene en eso de que ya pronto se resuelve, más mañana, pronto estará listo, que para mañana y otro día y más mañana y nada. En eso de más mañana ya tenemos dos años y no se resuelve nada todavía”, agregó.
Los afectados pidieron al Gobierno que “nos devuelvan la propiedad que ellos mismos nos han vendido, con los agregados que no nos han tomado en cuenta como las mejoras, casas e infraestructura que nosotros habíamos realizado en la tierra y lógicamente el Estado tiene que pagarnos eso”, exigió.
Posesión desde 1982
Por su parte, Karla Alegría de la Vía Campesina y apoderada legal de empresa campesina, señaló que “la empresa está formada por 16 socios y socias, con jurisdicción en la aldea Punuare, municipio de Juticalpa, Departamento de Olancho, quienes desde el año de 1982 tienen posesión del terreno por estado de ociosidad y fue hasta el año de 1995 que fue beneficiada por un título de propiedad”.
Apuntó que la tierra fue “otorgada por el Instituto Nacional Agrario, con una extensión de 187 manzanas, siendo esta de naturaleza jurídica ejidal, y con vocación para la agricultura y ganadería, después de tener una seguridad jurídica en donde los beneficiaos realizaban actividades agrícolas como son siembra de maíz, arroz y frijoles, la produción de leche y carne, entre otras”.
Alegría explicó que “de forma ilegal y después de 34 años de posesión, fueron desalojados por una orden del Juzgado Civil de Juticalpa, a petición del señor Salvador Aguilar Mazzoni, descendiente de una familia pudiente, quien en confabulación con las autoridades judiciales y policiales, instaron una demanda civil para la Reivindicación de Dominio y dejar sin valor y efecto el título de propiedad otorgado por el ente regulador de la Reforma Agraria”.
La profesional del derecho relató que “dejaron en completa indefensión a las familias, tanto jurídica como el derecho al acceso a la tierra y son innumerable las violaciones al debido proceso y garantías constitucionales que en el expediente de mérito registrado bajo el número 154-2002, donde se encuentra plasmada la supra mencionada orden de desalojo”.
Agregó que los afectados “están siendo sancionados con la figura de “Tasación de Costas”, que no es más que pagos de honorarios del profesional del Derecho de la parte demandante”.
Para Alegría “es como un castigo pecuniario, después de ser despojados de sus parcelas y donde el valor del terreno en propiedad de los campesinos y campesinas anda por unos 42.7 millones de lempiras, ahorales reclaman honorarios profesionales de parte de los demandantes por valor de 6,4 millones de lempiras que tendría que pagar la empresa”, denunció.
Otro elemento importante y vinculante agregó la apoderada legal es que la empresa campesina, tiene incoados dos procesos más, vigentes en materia penal, uno data del año 2012 y el otro del año 2014.
El primero por usurpación el cual se encuentra pendiente de una investigación -in situ- de un técnico del Instituto de Conservación Forestal, para supervisión de la siembra de 700 plantas y un pago de cinco mil lempiras, que deben enterar a la Procuraduría General de la República, para decretar una suspensión de la persecución penal.
El segundo por el supuesto delito de tala y daños en perjuicio del Medio Ambiente y sus recursos naturales, que está expediente y con órdenes de captura para 4 miembros de la empresa campesina”, amplió.
Actualmente los miembros de la Empresa Campesina “La Montañuela” se encuentran desalojados de sus tierras, los persiguen y tienen órdenes de captura en su contra y el Gobierno a través del Instituto Nacional Agrario no les da ninguna respuesta o solución al caso.
La posesión de la tierra la tuvo la empresa campesina por 37 años, y en los últimos 20 la utilizó en la cría de ganado, tanto en la producción de leche, carne y siembra de granos básicos y de ella dependían unas 25 familias, pero extrañamente fue reclamada por un terrateniente que logró un fallo a su favor y procedió a desalojarlos.
Las tierras están ubicadas en la aldea de Panuare, municipio de Juticalpa, en el departamento de Olancho, y constan de 187 manzanas, A raíz del desalojo los afectados han tenido que emigrar mojados al extranjero y a otros rincones del país en espera de una respuesta del Gobierno para que les devuelvan sus propiedades, las cuales fueron adjudicadas por el INA de manera legal.
Culpa del INA
Aquileo Álvarez, uno de los socios de la Empresa Campesina, indicó que a través de un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), anularon el título de propiedad que “La Montañuela” compró al Instituto Nacional Agrario (INA).
“Eso nos originó una orden de desalojo de la tierra que el Instituto Nacional Agrario,(INA), nos había titulado por lo que estamos solicitándole al Estado nos restituya el derecho a la propiedad porque es el responsable de esto”, afirmó.
Álvarez adelantó que “en este momento estamos realizando la demanda contra el Instituto Nacional Agrario, para que nos arregle este problema, porque el verdadero responsable es el Estado”.
El afectado señaló que “desde que se dio el desalojo, la gente del INA nos tiene en eso de que ya pronto se resuelve, más mañana, pronto estará listo, que para mañana y otro día y más mañana y nada. En eso de más mañana ya tenemos dos años y no se resuelve nada todavía”, agregó.
Los afectados pidieron al Gobierno que “nos devuelvan la propiedad que ellos mismos nos han vendido, con los agregados que no nos han tomado en cuenta como las mejoras, casas e infraestructura que nosotros habíamos realizado en la tierra y lógicamente el Estado tiene que pagarnos eso”, exigió.
Posesión desde 1982
Por su parte, Karla Alegría de la Vía Campesina y apoderada legal de empresa campesina, señaló que “la empresa está formada por 16 socios y socias, con jurisdicción en la aldea Punuare, municipio de Juticalpa, Departamento de Olancho, quienes desde el año de 1982 tienen posesión del terreno por estado de ociosidad y fue hasta el año de 1995 que fue beneficiada por un título de propiedad”.
Apuntó que la tierra fue “otorgada por el Instituto Nacional Agrario, con una extensión de 187 manzanas, siendo esta de naturaleza jurídica ejidal, y con vocación para la agricultura y ganadería, después de tener una seguridad jurídica en donde los beneficiaos realizaban actividades agrícolas como son siembra de maíz, arroz y frijoles, la produción de leche y carne, entre otras”.
Alegría explicó que “de forma ilegal y después de 34 años de posesión, fueron desalojados por una orden del Juzgado Civil de Juticalpa, a petición del señor Salvador Aguilar Mazzoni, descendiente de una familia pudiente, quien en confabulación con las autoridades judiciales y policiales, instaron una demanda civil para la Reivindicación de Dominio y dejar sin valor y efecto el título de propiedad otorgado por el ente regulador de la Reforma Agraria”.
La profesional del derecho relató que “dejaron en completa indefensión a las familias, tanto jurídica como el derecho al acceso a la tierra y son innumerable las violaciones al debido proceso y garantías constitucionales que en el expediente de mérito registrado bajo el número 154-2002, donde se encuentra plasmada la supra mencionada orden de desalojo”.
Agregó que los afectados “están siendo sancionados con la figura de “Tasación de Costas”, que no es más que pagos de honorarios del profesional del Derecho de la parte demandante”.
Para Alegría “es como un castigo pecuniario, después de ser despojados de sus parcelas y donde el valor del terreno en propiedad de los campesinos y campesinas anda por unos 42.7 millones de lempiras, ahorales reclaman honorarios profesionales de parte de los demandantes por valor de 6,4 millones de lempiras que tendría que pagar la empresa”, denunció.
Otro elemento importante y vinculante agregó la apoderada legal es que la empresa campesina, tiene incoados dos procesos más, vigentes en materia penal, uno data del año 2012 y el otro del año 2014.
El primero por usurpación el cual se encuentra pendiente de una investigación -in situ- de un técnico del Instituto de Conservación Forestal, para supervisión de la siembra de 700 plantas y un pago de cinco mil lempiras, que deben enterar a la Procuraduría General de la República, para decretar una suspensión de la persecución penal.
El segundo por el supuesto delito de tala y daños en perjuicio del Medio Ambiente y sus recursos naturales, que está expediente y con órdenes de captura para 4 miembros de la empresa campesina”, amplió.
Actualmente los miembros de la Empresa Campesina “La Montañuela” se encuentran desalojados de sus tierras, los persiguen y tienen órdenes de captura en su contra y el Gobierno a través del Instituto Nacional Agrario no les da ninguna respuesta o solución al caso.
¿Existe en Honduras la aplicación de justicia para los pueblos indígenas?
Por: Ofraneh
Tegucigalpa.-Los
pueblos indígenas en Honduras atravesamos por una grave crisis ante la
ofensiva para la apropiación de territorios y “recursos”, al mismo
tiempo que el endeble estado de ley existente en el país, se ve afectado
por la desaparición de la independencia de poderes, dando lugar a
siniestros abusos de los derechos humanos y presiones territoriales que
desembocan en desplazamientos poblacionales.
Los informes de diferentes relatores de Naciones Unidas y de ONGs
especializadas en la temática de derechos humanos, exponen la grave
situación que atravesamos los pueblos indígenas, en Honduras y el grave
riesgo que corren las defensoras del la madre tierra.
La
reciente absolución del ex alcalde de Intibucá Martiniano Domínguez
Meza, por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, en relación al caso
de la hidroeléctrica de Agua Zarca, demuestra la capacidad de distorsión
del estado de Honduras en relación a la socialización efectuada por la
empresa DESA la cual ha sido convertida en consulta previa. El asesinato
de Berta Cáceres, sacó a relucir las artimañas a las cuales recurre la
élite empresarial y política del país. Hasta la fecha los autores
intelectuales del crimen no han sido sindicados; y hasta el momento los
militares y sicarios que participaron en el asesinato, son los únicos
que permanecen en prisión, a la espera de una supuesta sentencia.
Todo
indica que la Consulta Previa, Libre e Informada, consignada en el
Convenio 169 de la OIT, es un obstáculo para los planes de “desarrollo”
impulsados por las políticas neoliberales. Desde 1995, cuando fue
ratificado por Honduras el Convenio 169, el Estado adquirió la
obligación de crear un mecanismo de consulta previa, el cual sin embargo
ha diluiod sistemáticamente, confundiendo de forma deliberada
socialización con consulta previa.
Desde
el año 2003, la OFRANEH instó al Estado a efectuar una consulta en
relación al anteproyecto de Ley de Propiedad, promovida por el Programa
de Administración de Tierras (PATH) en San Juan Tela (Durugubuti),
siendo la consulta previa efectuada en septiembre de 2003. La asamblea
comunitaria rechazó las versiones de ley presentadas por los
representantes del estado, ante el peligro de la disolución de la
propiedad comunitaria.
Para junio de 2004, el Congreso Nacional aprobó
la Ley de Propiedad, la que permite finiquitar la propiedad comunitaria.
La OFRANEH llevó el caso ante el Panel de Inspección del Banco Mundial,
el cual señaló que el Estado de Honduras no se apegó al Convenio 169,
sin embargo la Gerencia del Banco no efectuó ninguna acción en
referencia a la Ley de Propiedad.
Es hasta el 2012 que el Estado, presionado por el Programa Reducción de
la Deforestación y la Degradación del Bosque (REDD por sus siglas en
inglés) inicia los primeros pasos para la creación de una Ley de
Consulta. El PNUD en Honduras asume el rol de acompañante, y
conjuntamente dan los pasos iniciales en la preparación del propuesta de
país en relación a los REDD.
Para
el año 2015 tanto la Dirección de Pueblos Indígenas y Afro
descendientes (DINAFROH) y la Confederación de Pueblos Autóctonos de
Honduras (CONPAH) elaboraron sus propios anteproyectos de Ley de
Consulta. De igual manera el Observatorio de los Derechos de los Pueblos
Indígenas de Honduras (ODIPINH) concretó una versión de ley. No
obstante, el PNUD para el 2016, comienza un proceso de socialización el
cual denominó consulta sobre un anteproyecto de ley, elaborado por el
consultor peruano Ivan Lanegra, similar a la Ley de Consulta del Perú,
la que excluye el consentimiento como parte esencial de la consulta.
Las denuncias interpuestas por organizaciones y comunidades indígenas
que no se encuentran bajo la esfera de influencia de la actual
dictadura, dieron una alerta sobre la distorsión a la consulta previa,
promovida por funcionarios estatales y el PNUD. La relatora de Naciones
Unidas para pueblos indígenas, la Sra. Vicky Tauli-Corpuz efectuó una
visita al país, en relación a la imposición del anteproyecto elaborado
por Ivan Lanegra y la distorsión del espíritu del Convenio 169.La relatora fue enfática sobre la importancia de la Consulta sobre la Consulta, ademas los tiempos y procedimientos para crear un mecanismo de consulta. Las observaciones adicionales presentada por la relatora en junio del año pasado, han sido ignoradas por el Estado, el que entre otras procedió a a imponer una ley de Incentivos al Turismo sin haber efectuado consulta alguna.
Es
claro que para el pueblo Garifuna y todos los pueblos indígenas del
país, es urgente y necesario un mecanismo de consulta para garantizar la
sobrevivencia de nuestros pueblos como cultura diferenciadas. Sin
embargo el mecanismo de consulta requiere que refleje la cosmovisión de
los pueblos indígenas el espíritu del Convenio 169 de la OIT y la
Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas.
Es
de una enorme importancia que el Programa REDD, PNUD y el AVA FLEGT,
tomen en cuenta las recomendaciones de la Relatora Tauli-Corpuz, para
así lograr que se doten de mecanismos de consulta a los pueblos
indígenas, los cuales reflejen las cosmovisiones de los pueblos y estén
dirigidos a preservar las culturas y territorios.
Los
territorios de los pueblos indígenas en Honduras se han convertido en
un objetivo tanto para empresarios, crimen organizado, transnacionales y
el mismo estado que a través de las “ciudades modelo” (ZEDE) pretende
subastar territorios al capital extranjero.
La bahía de Trujillo se ha convertido en un laboratorio de despojos
previos la implementación de la ciudad modelo (ZEDE). El neoclonialismo
practicado por un grupo de “empresarios” canadienses, que han impulsado
la apropiación territorial y la criminilización de las liderezas
Garífunas que se oponen al despojo.
La farsa de la denominada “guerra contra las drogas” ha tenido
resultados funestos en Honduras. Mientras la costa norte pasó a manos
del crimen organizado, y aparentemente funcionarios de la administración
de Porfirio Lobo se aliaron a siniestros personajes asociados con los
carteles de las drogas; las comunidades Miskitas y Garífunas fueron
satanizadas y perseguidas por las fuerzas de seguridad de honduras
asesorada y acompañada por agentes de la Administración para el Control
de Drogas (DEA por sus siglas en inglés).
La masacre en río Patuca, en el municipio de Ahuas, acontecida el 11 mayo de 2012, tuvo como resultados las muertes de Juana Jackson y Candelaria Pratt (ambas estaban embarazadas), el niño Hasked Brooks Wood (14 años) y el joven Emerson Martínez (22 años). En un vídeo divulgado por el New York Times contradice la versión de la DEA de un enfrentamiento con narcotraficantes hondureños https://www.nytimes
El
pasado lunes siete de mayo se dio inicio al juicio oral en contra de
diez miembros de la Fuerza Naval implicados en los hechos. Como
aparentemente es costumbre en Honduras, las Fuerzas Armadas trataran de
proteger a los oficiales enjuiciados y es de temer que la
responsabilidad recaerá sobre la tropa que obedeció la cadena de mando.
Demandamos
como organización que el estado de Honduras se apegue a derecho en el
caso de los jóvenes Garífunas asesinados en Iriona, además que se
respete los territorios ancestrales y el derecho a la consulta previa
que por presiones del PNUD y el Programa REDD, viene siendo desvirtuado.
A
finales del 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte
IDH) condeno al estado de Honduras por la violación a la consulta previa
y la identidad cultural de las comunidades Garíiunas de Punta Piedra y
Triunfo de la Cruz. Hasta la fecha el Estado elude el cumplimiento de
las sentencias. La OFRANEH exige el cumplimiento de las sentencias por
parte del gobierno, y que cese la persecución judicial a Garifunas
defensores dela madre tierra.
Arrecian amenazas de muerte contra periodista hondureña Gilda Silvestrucci
La
reconocida periodista hondureña y corresponsal de la corporación
mediática Telesur, Gilda Silvestrucci, ha compartido con este periódico
diversos mensajes de odio que le han sido enviados con la reiterada
advertencia que la matarán.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. “Gilda
sos una p. de m. t la canté que si seguías jodiendo no t la iva a
perdonar y seguis jodiendo p. basura pero como sino desprestigias al
país tu jefe maduro no t manda tu cheque y sos tan m. q ni tenes q darle
a tus hijos muerta d hambre”, dice uno de los mensajes anónimos enviado
a la periodista hondureña y política de oposición, Gilda Silvestrucci.
La
periodista Silvestrucci destaca por su capacidad de análisis y sentido
crítico de la realidad nacional en los diferentes espacios donde ejerce
su profesión con criterio independiente, aparte de su programa “En la
Plaza” que cada mañana –junto a su compañera Merlin Aplícano— transmite
por Radio Globo, es también corresponsal para Honduras de la alternativa
corporación mediática internacional Telesur, con sede en Caracas,
Venezuela.
Silvestrucci,
además es reconocida por su militancia en el Partido Libertad y
Refundación (LIBRE) que en las recientes elecciones participó en la
Alianza de Oposición Contra la Dictadura, cuyos dirigentes sostienen que
les robaron el triunfo presidencial de Salvador Nasralla. En ese
contexto, la OEA dijo que era imposible determinar con certeza quién
ganó las elecciones y al final no reconoció la reelección del actual
mandatario, Juan Hernández. Cabe indicar que la Constitución de Honduras
prohíbe la reelección presidencial, también eso ha cuestionado la
oposición.
En
declaraciones este martes al periódico digital
“pasosdeanimalgrande.com”, Silvestrucci denunció que “continúan las
amenazas e insultos hacia su persona desde las redes sociales, porque no
deja de criticar al Gobierno de Juan Orlando Hernández hasta le han
advertido que la van a rociar a tiros”.
La
comunicadora explicó que las amenazas que le han vertido en estos días
son casi las mismas de hace meses donde hay un tipo que se hace llamar
“Ramón Jeréz”, quien le dice que ya esta advertida, que no esta haciendo
caso de dejar de atacar al Gobierno.
Las
agresiones contra la periodista internacional van más allá hasta
mencionar a la familia y atribuirle relaciones íntimas con defensores de
derechos humanos, publicó “Pasos de Animal Grande”, donde también
denunció: “Y hay otros mensajes que agreden mi situación como mujer,
haciendo referencia a mis hijos y otros hacen vinculaciones
sentimentales, y hace poco simularon una fotografía con mi compañero y
amigo Wlfredo Méndez y esos mensajes los recibo casi todos los días a
través de las redes sociales, en donde me hacen ver que soy una persona
que está poniendo en mal la imagen del país y que soy una tarifada del
presidente de Venezuela Nicolás Maduro y además traidora a la patria”.
Silvestrucci
informó que ya interpuso denuncia en el Ministerio Público sobre su
hostigamiento, injurias y amenazas a través de las redes sociales, sin
embargo lamenta que “está dormido en los archivos de esa institución”.
“Lamentablemente
hay colegas periodistas que están fomentando estos ataques a nuestra
persona a través de sus programas de radio y responsabilizo a estos
compañeros que han emitido algunas agresiones verbales hacia míny
gracias a ellas, las personas que me amenazan han hecho eco de esa misma
campaña que ellos están realizando”, ha dicho la comunicadora social
Silvestrucci
espera que las autoridades del Estado de Honduras realicen los procesos
de investigación sobre su caso o por lo menos la Fiscalía de los
Derechos Humanos del Ministerio Público cumpla con sus funciones, pues
tiene toda la información sobre estos hechos.
Un informe emitido por el Comisionado Nacional de los Derechos
Humanos (CONADEH) reveló que al menos 15 periodistas y comunicadores
sociales fueron víctimas de desplazamiento forzoso en el 2017, luego de
recibir amenazas a muerte y hostigamiento, lo cual puso en peligro sus
vidas y la de sus familias.
El informe del CONADEH señala que la Unidad de Desplazamiento Forzado
Interno (UDFI) del organismo de derechos humanos, registró en el 2017,
unos 688 casos de personas y sus familias en situación de riesgo o
desplazamiento interno y de ellos el 2.2% son casos de periodistas y de
comunicadores sociales.
En un informe detallado presentado al Congreso Nacional,(CN), por parte del CONADEH se estableció que al menos 5 periodistas o comunicadores sociales fueron obligados a abandonar sus hogares por temor a perder sus vidas y la de sus familias y unos 10 se vieron forzados a solicitar ayuda para salir al interior , fuera del mismo o en busca de protección.
Las autoridades del CONADEH mostraron su preocupación ya que las medidas a través del Mecanismo de Protección para Periodistas y Comunicadores no son suficientes, efectivas o adecuadas para brindarles seguridad y justicia a las víctimas y sus familiares, señaló el informe.
Las denuncias según el CONADEH no les permiten a los periodistas y comunicadores, “ejercer el ejercicio periodístico sobre sucesos de violencia acaecidos en zonas dominadas por grupos criminales como maras, pandillas, bandas criminales o narcotraficantes, se traduce en peligro para los comunicadores”.
El Ombusman de Honduras, Roberto Herrera Cáceres, destaca en su informe que “ese peligro se refleja luego que periodistas y comunicadores sociales son objeto de amenazas a muerte, actos de intimidación mediante el robo de equipo, material periodístico o la extorsión”.
“Estos son hechos que ejercen presión para que los profesionales o personas que laboran en los medios de comunicación sean forzados a desplazarse hacia otros lugares para salvaguardar su vida y evitar que la violencia escale a agresiones mayores, en contra de ellos o sus familiares”, dijo Herrera Cáceres.
Aunque el Ombusman hondureño no culpa directamente a los órganos represivos del Estado como la policía y el ejército hondureño, indicó que los hechos se dieron “en el marco de la crisis postelectoral”, donde la violencia política ha tenido un impacto significativo al abrir o ampliar el campo de agresiones, amenazas, atentados y persecución en contra personas ligadas a los medios de comunicación.
“Esta situación ha derivado en el incremento del riesgo de desplazamiento por parte de periodistas y personas ligadas a los medios de comunicación, incluyendo sus familiares”, agregó.
Otro elemento que aporta el informe del CONADEH es que “los periodistas y comunicadores sociales, en Honduras, son también, con frecuencia, objeto de amenazas y agresiones por las redes sociales”.
Para Herrera Cáceres, “todas estas acciones contra la libertad de expresión deben ser objeto de una activa y puntual investigación que derive en judicialización, aunque hasta ahora sus autores actúan con total impunidad”, donde los órganos del Estado protegen a los culpables de las agresiones y amenazas contra los periodistas y comunicadores sociales.
“Las autoridades encargadas de la investigación tienen el deber de indagar e identificar, para que se proceda a juzgar y sancionar a los autores de estos delitos”, exigió.
“La falta de cumplimiento de la obligación de investigar hechos de violencia contra periodistas y comunicadores sociales, por parte del Estado, implica incumplimiento de las obligaciones de respetar y garantizar el derecho a la libertad de expresión en el país”, sentenció el Ombusman hondureño.
“Obligar a desplazarse a quienes ejercen dicha labor, también es una forma de censura previa, que está prohibida por los tratados internacionales de protección de derechos humanos. Reconocemos que la labor de los periodistas y comunicadores es pieza fundamental y base de la construcción de las democracias en nuestras naciones”, concluyó.
El Ombudsman lanzó su voz de alerta ante desplazamiento forzado de periodistas e hizo pública una declaratoria de las instituciones nacionales de derechos humanos de Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México y Honduras, así como del Relator sobre los Derechos de los Migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que manifiestan su rechazo por el desplazamiento forzado de periodistas y comunicadores sociales hondureños.
Ejercicio de la libertad de expresión y de información
El CONADEH también en su informe anual señaló que “En el 2017, el ejercicio periodístico en Honduras quedó marcado por más de sesenta hechos violatorios a la libertad de expresión y de información, los cuales van desde amenazas, agresiones, atentados y desplazamientos forzados, hasta la muerte”.
En el mismo se informó que “recibió denuncias de algunos periodistas y comunicadores sociales a quienes se les atendió y tuvieron que salir del país para salvaguardar sus vidas; mientras otros fueron objeto de amenazas y agresiones por parte de particulares y de agentes de los cuerpos de seguridad del Estado a quienes el CONADEH gestionó protección o acompañó al Mecanismo de Protección”.
Destaca que, “en Honduras, el ejercicio periodístico se ha convertido en una profesión de alto riesgo para quienes la practican, ya que pone en peligro la vida de periodistas y sus familiares, principalmente cuando se da cobertura a marchas de protesta social y se denuncian problemas como el crimen organizado, el narcotráfico y las maras. En adición, es evidente que mientras la prensa se ha convertido en un factor fundamental para la lucha contra la corrupción y la impunidad, la violencia contra los periodistas crece en forma notable”.
Muerte violenta de personas ligadas a medios de comunicación
El informe del CONADEH indicó que “la muerte de personas ligadas a medios de comunicación, entre los que se encuentran periodistas, comunicadores sociales, camarógrafos, fotógrafos y propietarios, es una forma de extrema violencia. En el 2017, se registró la muerte de siete personas ligadas a medios de comunicación, en circunstancias violentas e impunes”.
Los hechos de muertes de periodistas se registraron en cuatro departamentos del país, 3 en Cortés, 2 en Copán, 1 en Atlántida y 1 en Yoro. De las 7 víctimas, 6 laboraban en televisión y 1 en radio, todas fallecidas por armas de fuego.
“La impunidad es una de las principales causas para que se continúe la violencia en contra de periodistas, comunicadores sociales y demás personas ligadas a los medios de comunicación. Además, es un obstáculo fundamental para la prevención y protección de la vida y la integridad física de las personas”, CONADEH, finalizó.
En un informe detallado presentado al Congreso Nacional,(CN), por parte del CONADEH se estableció que al menos 5 periodistas o comunicadores sociales fueron obligados a abandonar sus hogares por temor a perder sus vidas y la de sus familias y unos 10 se vieron forzados a solicitar ayuda para salir al interior , fuera del mismo o en busca de protección.
Las autoridades del CONADEH mostraron su preocupación ya que las medidas a través del Mecanismo de Protección para Periodistas y Comunicadores no son suficientes, efectivas o adecuadas para brindarles seguridad y justicia a las víctimas y sus familiares, señaló el informe.
Las denuncias según el CONADEH no les permiten a los periodistas y comunicadores, “ejercer el ejercicio periodístico sobre sucesos de violencia acaecidos en zonas dominadas por grupos criminales como maras, pandillas, bandas criminales o narcotraficantes, se traduce en peligro para los comunicadores”.
El Ombusman de Honduras, Roberto Herrera Cáceres, destaca en su informe que “ese peligro se refleja luego que periodistas y comunicadores sociales son objeto de amenazas a muerte, actos de intimidación mediante el robo de equipo, material periodístico o la extorsión”.
“Estos son hechos que ejercen presión para que los profesionales o personas que laboran en los medios de comunicación sean forzados a desplazarse hacia otros lugares para salvaguardar su vida y evitar que la violencia escale a agresiones mayores, en contra de ellos o sus familiares”, dijo Herrera Cáceres.
Aunque el Ombusman hondureño no culpa directamente a los órganos represivos del Estado como la policía y el ejército hondureño, indicó que los hechos se dieron “en el marco de la crisis postelectoral”, donde la violencia política ha tenido un impacto significativo al abrir o ampliar el campo de agresiones, amenazas, atentados y persecución en contra personas ligadas a los medios de comunicación.
“Esta situación ha derivado en el incremento del riesgo de desplazamiento por parte de periodistas y personas ligadas a los medios de comunicación, incluyendo sus familiares”, agregó.
Otro elemento que aporta el informe del CONADEH es que “los periodistas y comunicadores sociales, en Honduras, son también, con frecuencia, objeto de amenazas y agresiones por las redes sociales”.
Para Herrera Cáceres, “todas estas acciones contra la libertad de expresión deben ser objeto de una activa y puntual investigación que derive en judicialización, aunque hasta ahora sus autores actúan con total impunidad”, donde los órganos del Estado protegen a los culpables de las agresiones y amenazas contra los periodistas y comunicadores sociales.
“Las autoridades encargadas de la investigación tienen el deber de indagar e identificar, para que se proceda a juzgar y sancionar a los autores de estos delitos”, exigió.
“La falta de cumplimiento de la obligación de investigar hechos de violencia contra periodistas y comunicadores sociales, por parte del Estado, implica incumplimiento de las obligaciones de respetar y garantizar el derecho a la libertad de expresión en el país”, sentenció el Ombusman hondureño.
“Obligar a desplazarse a quienes ejercen dicha labor, también es una forma de censura previa, que está prohibida por los tratados internacionales de protección de derechos humanos. Reconocemos que la labor de los periodistas y comunicadores es pieza fundamental y base de la construcción de las democracias en nuestras naciones”, concluyó.
El Ombudsman lanzó su voz de alerta ante desplazamiento forzado de periodistas e hizo pública una declaratoria de las instituciones nacionales de derechos humanos de Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México y Honduras, así como del Relator sobre los Derechos de los Migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que manifiestan su rechazo por el desplazamiento forzado de periodistas y comunicadores sociales hondureños.
Ejercicio de la libertad de expresión y de información
El CONADEH también en su informe anual señaló que “En el 2017, el ejercicio periodístico en Honduras quedó marcado por más de sesenta hechos violatorios a la libertad de expresión y de información, los cuales van desde amenazas, agresiones, atentados y desplazamientos forzados, hasta la muerte”.
En el mismo se informó que “recibió denuncias de algunos periodistas y comunicadores sociales a quienes se les atendió y tuvieron que salir del país para salvaguardar sus vidas; mientras otros fueron objeto de amenazas y agresiones por parte de particulares y de agentes de los cuerpos de seguridad del Estado a quienes el CONADEH gestionó protección o acompañó al Mecanismo de Protección”.
Destaca que, “en Honduras, el ejercicio periodístico se ha convertido en una profesión de alto riesgo para quienes la practican, ya que pone en peligro la vida de periodistas y sus familiares, principalmente cuando se da cobertura a marchas de protesta social y se denuncian problemas como el crimen organizado, el narcotráfico y las maras. En adición, es evidente que mientras la prensa se ha convertido en un factor fundamental para la lucha contra la corrupción y la impunidad, la violencia contra los periodistas crece en forma notable”.
Muerte violenta de personas ligadas a medios de comunicación
El informe del CONADEH indicó que “la muerte de personas ligadas a medios de comunicación, entre los que se encuentran periodistas, comunicadores sociales, camarógrafos, fotógrafos y propietarios, es una forma de extrema violencia. En el 2017, se registró la muerte de siete personas ligadas a medios de comunicación, en circunstancias violentas e impunes”.
Los hechos de muertes de periodistas se registraron en cuatro departamentos del país, 3 en Cortés, 2 en Copán, 1 en Atlántida y 1 en Yoro. De las 7 víctimas, 6 laboraban en televisión y 1 en radio, todas fallecidas por armas de fuego.
“La impunidad es una de las principales causas para que se continúe la violencia en contra de periodistas, comunicadores sociales y demás personas ligadas a los medios de comunicación. Además, es un obstáculo fundamental para la prevención y protección de la vida y la integridad física de las personas”, CONADEH, finalizó.
Día Mundial de la Libertad de Prensa: Periodistas y medios de comunicación independientes no tuvieron nada que celebrar
Por Pasos de Animal GrandeKAOS EN LA RED - Publicado en: 5 mayo, 2018
Decenas de periodistas asesinados, más del 90 por ciento de casos
en la total impunidad , ataques directos a la prensa nacional e
internacional que cubre manifestaciones y censura brutal contra
comunicadores que no siguen la agenda gubernamental, son solo algunas de
las formas de ataques a la libertad de prensa, recuentos que hicieron
periodistas […]
Decenas de periodistas asesinados, más del 90 por ciento de casos en
la total impunidad , ataques directos a la prensa nacional e
internacional que cubre manifestaciones y censura brutal contra
comunicadores que no siguen la agenda gubernamental, son solo algunas de
las formas de ataques a la libertad de prensa, recuentos que hicieron
periodistas y defensores de derechos humanos al ser entrevistados
por pasosdeanimalgrande.com, en el Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Este 03 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, se documenta que cada día se cierran más los espacios para que las organizaciones defensoras de los derechos humanos puedan alzar la voz de protesta en contra de la agenda mediática que imponen las grandes empresas, el poder político y las transnacionales en el país.
Un tema crítico
Las organizaciones defensoras de los derechos humanos cada día son más marginadas por parte de los grandes medios de comunicación, quienes imponen sus agendas informativas y les restringen la libertad de expresión para informar a la población sobre los acontecimientos políticos, sociales, económicos y culturales, entre otros
Para Guillermo López Lone, representante de la Coalición contra la Impunidad, “el tema de la Libertad de Expresión en el país es bastante crítico, por un lado la agenda que se impone es la de los grandes medios corporativos y que se difunde ampliamente y no tenemos acceso allí los defensores y defensoras de los derechos humanos y las organizaciones de los territorios”.
Las organizaciones, indicó “nos vemos obligados a trabajar únicamente o prácticamente en el espacio de los medios alternativos: en los medios comunitarios, entre ellos www.pasosdeanimalgrande.
López Lone señaló que “por otro lado están las medidas de discriminación, de hostigamiento y de estigmatización de las periodistas y los periodistas, de los comunicadores en general que trabajan en los medios alternativos, que se ven enfrentados a múltiples de obstáculos, hasta llegar a situaciones de estigmatización y de sabotajes, como el que ocurrió a Radio Progreso”.
“El panorama para la Libertad de Expresión no es nada favorable en nuestro país actualmente”, sentenció.
Recomendaciones internacionales
Para el defensor de los derechos humanos, actualmente “en Honduras no cumple con las recomendaciones internacionales y en particular con las de la Libertad de Expresión, es un reto que tenemos allí los defensores y defensoras, cómo podemos evidenciar el incumplimiento y cómo conseguir que algunas de ellas, vayan teniendo algunos avances”, apuntó.
Según López Lone, en el panorama de la prensa “hay una actitud de limitar la cobertura periodística y especialmente a los medios alternativos, en donde no se permite el ingreso de determinados representantes de x o y medio, pero sí están allí los que trabajan con los grandes medios corporativos”.
Querellas contra periodistas
Al consultarle sobre las querellas contra los periodistas por denunciar la corrupción y exigir la transparencia, López Lone dijo que “Sí es como una espada de Damocles que pende sobre la labor de los periodistas y las periodistas, en el sentido de que una nota periodística que pueda ser difundida, traiga como consecuencia a uno de estos personajes vinculados al Gobierno o que sean funcionarios públicos vengan e interpongan una querella en contra de ese periodista, entonces ese es un tema que debemos seguir reinvindicando, que los delitos de calumnias e injurias desaparezcan del Código Penal y que no sean susceptibles de que se sigan aplicando para limitar la libertad de expresión”, destacó.
Sobre el cumplimiento de las medidas para la protección al derecho de expresión e información, López Lone manifestó que generalmente las medidas de protección no funcionan con la mayor parte de defensores y defensoras y seguramente pasa lo mismo con los periodistas.
“El Mecanismo Nacional se ha evidenciado como ineficiente frente a estas situaciones de protección que demandan los periodistas, operadores de justicia, al igual que defensores y defensoras”, sentenció.
Clausura de medios
Para la periodista que labora en Radio Progreso, Sandra Maribel Sánchez, existen distintas expresiones de las violaciones a la libertad de prensa, “la más radical, la clausura de medios de comunicación”.
No menos importante, dijo, “la criminalización de periodistas, el encarcelamiento en caso extremo de periodistas y la última expresión es el asesinatos de periodistas”.
Sánchez manifestó que “es imposible decir de que en Honduras gozamos de una plena libertad de expresión, teniendo una lista de más de 60 trabajadores de medios de comunicación, que incluye un poco más de la mitad a comunicadores sociales que han sido asesinados y afirmar que hay un pleno ejercicio de la libertad de expresión en el país”.
“Lo que pasa es que esto no está divorciado de cómo vivimos actualmente en Honduras, si hay una vigencia del Estado de derecho o no en el país y sabemos que no es así. Por ejemplo, frente a la posibilidad o a la presentación de una acusación en contra de un periodista, en los tribunales de justicia, dependiendo de quién es la persona que acusa, así serán las posibilidades que el periodista tenga de las acusaciones que le hagan, eso porque sabemos que hay jueces que son venales y que la selección de los jueces no se hace simplemente porque sean independientes, sino porque son personas incondicionales al poder”.
Sánchez quien labora en Radio Progreso, calificó de lamentable la censura, que atenta contra la libertad de expresión, “sabemos que en los medios de comunicación hay una tendencia muy fuerte de los comunicadores sociales a entender que hay una línea política editorial del medio de comunicación y que hay que ajustarse a ella para no meterse en problemas”, explicó.
“Los pocos periodistas que optamos por una posición más independiente y reflejar cuál es la realidad que se vive en el país, las violaciones a los derechos humanos, los atropellos a las personas que son luchadoras, estamos ante la antesala de que posteriormente habrá una sanción”, indicó.
Sandra Maribel Sánchez mencionó el caso del cierre del canal TV Globo, que “por una sanción que debió ser únicamente administrativa porque no existió un pago a tiempo, donde en todos los casos, hasta en el pago de impuestos, lo que procede es una multa y en el caso de TV Globo lo que se dio fue el cierre del medio de comunicación y vemos cómo algunos colegas que tienen medios de comunicación digitales, a veces denuncian que se presentan dificultades para sus espacios digitales y es claro que puede haber un jaqueo, entonces, definitivamente no podemos afirmar que en Honduras hay libertad de Prensa o Expresión, tampoco es que la hay en otros países”, concluyó.
Espacios para expresarse libremente
En tanto Joaquín Mejía, del Equipo de Reflexión e Investigación, ERIC, tiene una visión diferente de la Libertad de Expresión en el país.
“La situación de la Libertad de Expresión o de Prensa se puede resumir en lo que manifestó Amnistía Internacional en su informe sobre la Crisis Pos Electoral, al señalar que en Honduras no hay espacios para que la gente se exprese libremente y si lo hacen se enfrentan a toda la fuerza represiva del Gobierno y eso resume en concreto cómo está la situación de la libertad de expresión en el país”.
Para Mejía el día Mundial de la Libertad de Prensa no debe ser una celebración en el país.
“Definitivamente no, cuando tenemos decenas de periodistas asesinados con más del 90 por ciento de casos en la total impunidad y con los ataques a la libertad de expresión y cuando en la celebración del Primero de Mayo un reportero internacional del New York Times fue agredido por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y aparte de eso, el problema más grave de Honduras es que la gente no puede expresarse libremente sin ser agredida de parte del Gobierno”.
Respeto a la libertad de prensa
Mejía dijo que existen recomendaciones internacionales para el respeto de la Libertad de Expresión en el país.
“Están contempladas en el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, así como la Organización de las Naciones Unidas han expresado su preocupación con los límites a la Libertad de Expresión, en la propia oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en sus informes ha expresado esta preocupación, sin embargo, está claro que no existe ninguna voluntad política para avanzar en este sentido”, destacó.
Leyes
Para Emy Padilla del periódico digital www.criterio.hn, la Libertad de Expresión es inherente al ser humano, “está siendo coartada por leyes que atentan contra ese derecho fundamental.
Padilla informó que “el Congreso Nacional se han aprobado reformas al Código Penal con la incorporación del artículo 335-B, en donde se tipifica el delito de terrorismo, cuando lo que se publique en los medios de comunicación sean noticias que afecten al Estado, con condenas de hasta 8 años de cárcel para aquellas personas que incurran en ese delito”.
Indicó que la reforma al Código Penal va destinado a los periodistas, “cuando hagan denuncias en la prensa crítica e independiente y que no siguen el juego del discurso oficial”.
Así mismo, mencionó que actualmente se discute en el Hemiciclo Legislativo, la Ley de Ciberseguridad, la cual ya pasó el segundo debate y la misma es lesiva a la Ley de Libertad de Expresión y del ejercicio de la prensa en Honduras.
Para la directora de Critero.hn, el fin de la Ley de Ciberseguridad es perseguir a los medios digitales, donde hay prensa que realiza denuncias sobre violaciones de derechos humanos, actos de corrupción, los cuales no les conviene a los grupos de poder y al propio Gobierno.
“La ley va encaminada a restringir a las redes sociales, los medios digitales que realizan ese tipo de denuncias y en su mayoría son los medios independientes”.
Control absoluto
Para la periodista Padilla, existe un control absoluto de parte del Gobierno a los grandes medios de comunicación, a través de una ley de promoción a las comunicaciones, en donde a discreción se distribuye la publicidad gubernamental, “cuando conocemos tratados internacionales de Libertad de Expresión y de Prensa en donde la publicidad estatal debe ser distribuida de manera equitativa y eso no es para tener el control de los medios, sino para abrir un espacio a la Libertad de Expresión y al acceso a la información que exige la ciudadanía”, afirmó.
“La publicidad estatal no es para ponerle un bozal al la prensa, o para ponerle condiciones, si no para hacer de ese derecho fundamental como la Libertad de Expresión y el acceso a la información a que tiene derecho el pueblo”, agregó.
Padilla destacó que desde el año 2014 que se aprobó la Ley, los medios beneficiados no están pagando impuestos de ninguna clase, ya sea tasas de interés, cánones y hasta el pago de servicios públicos, precisamente por seguir el discurso oficial del Gobierno.
“Podemos ver los desplegados en los medios escritos, radiales o televisivos en donde el discurso que predomina es el oficial, la prensa está controlada, en cambio los que hacen el periodismo independiente no gozan el derecho que tienen de esa publicidad y además no pueden pautar con la empresa privada porque está bajo el control gubernamental”, concluyó.
Libertad de Expresión
En el Artículo 19 de la “Declaración Universal de los Derechos Humanos”, se lee: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y de recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”
La “Convención Americana sobre Derechos Humanos en el “Pacto de San José de Costa Rica” de 1969, en el Artículo 13 señala:
“Libertad de pensamiento y de expresión:
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideraciones de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección y gusto.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:
a) El respeto a los derechos o la reputación de los demás.
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.
5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, orientación sexual, religión u origen nacional.”
Día Mundial de la Libertad de Prensa
En 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas, a iniciativa de los países miembros de la UNESCO, proclamó el 3 de mayo como Día Mundial de la Libertad de Prensa, con la idea de “fomentar la libertad de prensa en el mundo al reconocer que una prensa libre, pluralista e independiente es un componente esencial de toda sociedad democrática”.
Este 03 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, se documenta que cada día se cierran más los espacios para que las organizaciones defensoras de los derechos humanos puedan alzar la voz de protesta en contra de la agenda mediática que imponen las grandes empresas, el poder político y las transnacionales en el país.
Un tema crítico
Las organizaciones defensoras de los derechos humanos cada día son más marginadas por parte de los grandes medios de comunicación, quienes imponen sus agendas informativas y les restringen la libertad de expresión para informar a la población sobre los acontecimientos políticos, sociales, económicos y culturales, entre otros
Para Guillermo López Lone, representante de la Coalición contra la Impunidad, “el tema de la Libertad de Expresión en el país es bastante crítico, por un lado la agenda que se impone es la de los grandes medios corporativos y que se difunde ampliamente y no tenemos acceso allí los defensores y defensoras de los derechos humanos y las organizaciones de los territorios”.
Las organizaciones, indicó “nos vemos obligados a trabajar únicamente o prácticamente en el espacio de los medios alternativos: en los medios comunitarios, entre ellos www.pasosdeanimalgrande.
López Lone señaló que “por otro lado están las medidas de discriminación, de hostigamiento y de estigmatización de las periodistas y los periodistas, de los comunicadores en general que trabajan en los medios alternativos, que se ven enfrentados a múltiples de obstáculos, hasta llegar a situaciones de estigmatización y de sabotajes, como el que ocurrió a Radio Progreso”.
“El panorama para la Libertad de Expresión no es nada favorable en nuestro país actualmente”, sentenció.
Recomendaciones internacionales
Para el defensor de los derechos humanos, actualmente “en Honduras no cumple con las recomendaciones internacionales y en particular con las de la Libertad de Expresión, es un reto que tenemos allí los defensores y defensoras, cómo podemos evidenciar el incumplimiento y cómo conseguir que algunas de ellas, vayan teniendo algunos avances”, apuntó.
Según López Lone, en el panorama de la prensa “hay una actitud de limitar la cobertura periodística y especialmente a los medios alternativos, en donde no se permite el ingreso de determinados representantes de x o y medio, pero sí están allí los que trabajan con los grandes medios corporativos”.
Querellas contra periodistas
Al consultarle sobre las querellas contra los periodistas por denunciar la corrupción y exigir la transparencia, López Lone dijo que “Sí es como una espada de Damocles que pende sobre la labor de los periodistas y las periodistas, en el sentido de que una nota periodística que pueda ser difundida, traiga como consecuencia a uno de estos personajes vinculados al Gobierno o que sean funcionarios públicos vengan e interpongan una querella en contra de ese periodista, entonces ese es un tema que debemos seguir reinvindicando, que los delitos de calumnias e injurias desaparezcan del Código Penal y que no sean susceptibles de que se sigan aplicando para limitar la libertad de expresión”, destacó.
Sobre el cumplimiento de las medidas para la protección al derecho de expresión e información, López Lone manifestó que generalmente las medidas de protección no funcionan con la mayor parte de defensores y defensoras y seguramente pasa lo mismo con los periodistas.
“El Mecanismo Nacional se ha evidenciado como ineficiente frente a estas situaciones de protección que demandan los periodistas, operadores de justicia, al igual que defensores y defensoras”, sentenció.
Clausura de medios
Para la periodista que labora en Radio Progreso, Sandra Maribel Sánchez, existen distintas expresiones de las violaciones a la libertad de prensa, “la más radical, la clausura de medios de comunicación”.
No menos importante, dijo, “la criminalización de periodistas, el encarcelamiento en caso extremo de periodistas y la última expresión es el asesinatos de periodistas”.
Sánchez manifestó que “es imposible decir de que en Honduras gozamos de una plena libertad de expresión, teniendo una lista de más de 60 trabajadores de medios de comunicación, que incluye un poco más de la mitad a comunicadores sociales que han sido asesinados y afirmar que hay un pleno ejercicio de la libertad de expresión en el país”.
“Lo que pasa es que esto no está divorciado de cómo vivimos actualmente en Honduras, si hay una vigencia del Estado de derecho o no en el país y sabemos que no es así. Por ejemplo, frente a la posibilidad o a la presentación de una acusación en contra de un periodista, en los tribunales de justicia, dependiendo de quién es la persona que acusa, así serán las posibilidades que el periodista tenga de las acusaciones que le hagan, eso porque sabemos que hay jueces que son venales y que la selección de los jueces no se hace simplemente porque sean independientes, sino porque son personas incondicionales al poder”.
Sánchez quien labora en Radio Progreso, calificó de lamentable la censura, que atenta contra la libertad de expresión, “sabemos que en los medios de comunicación hay una tendencia muy fuerte de los comunicadores sociales a entender que hay una línea política editorial del medio de comunicación y que hay que ajustarse a ella para no meterse en problemas”, explicó.
“Los pocos periodistas que optamos por una posición más independiente y reflejar cuál es la realidad que se vive en el país, las violaciones a los derechos humanos, los atropellos a las personas que son luchadoras, estamos ante la antesala de que posteriormente habrá una sanción”, indicó.
Sandra Maribel Sánchez mencionó el caso del cierre del canal TV Globo, que “por una sanción que debió ser únicamente administrativa porque no existió un pago a tiempo, donde en todos los casos, hasta en el pago de impuestos, lo que procede es una multa y en el caso de TV Globo lo que se dio fue el cierre del medio de comunicación y vemos cómo algunos colegas que tienen medios de comunicación digitales, a veces denuncian que se presentan dificultades para sus espacios digitales y es claro que puede haber un jaqueo, entonces, definitivamente no podemos afirmar que en Honduras hay libertad de Prensa o Expresión, tampoco es que la hay en otros países”, concluyó.
Espacios para expresarse libremente
En tanto Joaquín Mejía, del Equipo de Reflexión e Investigación, ERIC, tiene una visión diferente de la Libertad de Expresión en el país.
“La situación de la Libertad de Expresión o de Prensa se puede resumir en lo que manifestó Amnistía Internacional en su informe sobre la Crisis Pos Electoral, al señalar que en Honduras no hay espacios para que la gente se exprese libremente y si lo hacen se enfrentan a toda la fuerza represiva del Gobierno y eso resume en concreto cómo está la situación de la libertad de expresión en el país”.
Para Mejía el día Mundial de la Libertad de Prensa no debe ser una celebración en el país.
“Definitivamente no, cuando tenemos decenas de periodistas asesinados con más del 90 por ciento de casos en la total impunidad y con los ataques a la libertad de expresión y cuando en la celebración del Primero de Mayo un reportero internacional del New York Times fue agredido por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y aparte de eso, el problema más grave de Honduras es que la gente no puede expresarse libremente sin ser agredida de parte del Gobierno”.
Respeto a la libertad de prensa
Mejía dijo que existen recomendaciones internacionales para el respeto de la Libertad de Expresión en el país.
“Están contempladas en el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, así como la Organización de las Naciones Unidas han expresado su preocupación con los límites a la Libertad de Expresión, en la propia oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en sus informes ha expresado esta preocupación, sin embargo, está claro que no existe ninguna voluntad política para avanzar en este sentido”, destacó.
Leyes
Para Emy Padilla del periódico digital www.criterio.hn, la Libertad de Expresión es inherente al ser humano, “está siendo coartada por leyes que atentan contra ese derecho fundamental.
Padilla informó que “el Congreso Nacional se han aprobado reformas al Código Penal con la incorporación del artículo 335-B, en donde se tipifica el delito de terrorismo, cuando lo que se publique en los medios de comunicación sean noticias que afecten al Estado, con condenas de hasta 8 años de cárcel para aquellas personas que incurran en ese delito”.
Indicó que la reforma al Código Penal va destinado a los periodistas, “cuando hagan denuncias en la prensa crítica e independiente y que no siguen el juego del discurso oficial”.
Así mismo, mencionó que actualmente se discute en el Hemiciclo Legislativo, la Ley de Ciberseguridad, la cual ya pasó el segundo debate y la misma es lesiva a la Ley de Libertad de Expresión y del ejercicio de la prensa en Honduras.
Para la directora de Critero.hn, el fin de la Ley de Ciberseguridad es perseguir a los medios digitales, donde hay prensa que realiza denuncias sobre violaciones de derechos humanos, actos de corrupción, los cuales no les conviene a los grupos de poder y al propio Gobierno.
“La ley va encaminada a restringir a las redes sociales, los medios digitales que realizan ese tipo de denuncias y en su mayoría son los medios independientes”.
Control absoluto
Para la periodista Padilla, existe un control absoluto de parte del Gobierno a los grandes medios de comunicación, a través de una ley de promoción a las comunicaciones, en donde a discreción se distribuye la publicidad gubernamental, “cuando conocemos tratados internacionales de Libertad de Expresión y de Prensa en donde la publicidad estatal debe ser distribuida de manera equitativa y eso no es para tener el control de los medios, sino para abrir un espacio a la Libertad de Expresión y al acceso a la información que exige la ciudadanía”, afirmó.
“La publicidad estatal no es para ponerle un bozal al la prensa, o para ponerle condiciones, si no para hacer de ese derecho fundamental como la Libertad de Expresión y el acceso a la información a que tiene derecho el pueblo”, agregó.
Padilla destacó que desde el año 2014 que se aprobó la Ley, los medios beneficiados no están pagando impuestos de ninguna clase, ya sea tasas de interés, cánones y hasta el pago de servicios públicos, precisamente por seguir el discurso oficial del Gobierno.
“Podemos ver los desplegados en los medios escritos, radiales o televisivos en donde el discurso que predomina es el oficial, la prensa está controlada, en cambio los que hacen el periodismo independiente no gozan el derecho que tienen de esa publicidad y además no pueden pautar con la empresa privada porque está bajo el control gubernamental”, concluyó.
Libertad de Expresión
En el Artículo 19 de la “Declaración Universal de los Derechos Humanos”, se lee: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y de recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”
La “Convención Americana sobre Derechos Humanos en el “Pacto de San José de Costa Rica” de 1969, en el Artículo 13 señala:
“Libertad de pensamiento y de expresión:
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideraciones de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección y gusto.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:
a) El respeto a los derechos o la reputación de los demás.
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.
5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, orientación sexual, religión u origen nacional.”
Día Mundial de la Libertad de Prensa
En 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas, a iniciativa de los países miembros de la UNESCO, proclamó el 3 de mayo como Día Mundial de la Libertad de Prensa, con la idea de “fomentar la libertad de prensa en el mundo al reconocer que una prensa libre, pluralista e independiente es un componente esencial de toda sociedad democrática”.
Presos políticos de Pimienta arañan justicia hondureña
May 11, 2018
El calor era sofocante. Ese día el occidente hondureño,
normalmente más fresco que el resto del país, agregó un nuevo elemento a
los nervios: el sofoco. Antes de las dos de la tarde, los portones de
la cárcel de máxima seguridad El Pozo, ubicada en el municipio de Ilama,
Santa Bárbara, se abrieron para dejar en libertad a 7 de los 21 presos
políticos en el marco de la crisis post electoral en Honduras.
Más de 4 meses tuvieron que pasar para que Lourdes Johana Gómez, Wilfredo Cáceres, Jonathan Ricardo Perla, Maynor Ariel Reyes, Santos Ramón Pérez, Melvin Mauricio Chávez, Francisco Miguel Gómez y Roque Jacinto vieran la luz del día, más de 4 meses encerrados en una celda dentro de la cárcel, que, según el gobierno, alberga a los presos más peligrosos del país.
Luego de una audiencia para revisión de medidas, los juzgados sampedranos llegaron a la conclusión que 7 hombres y una mujer, podían defenderse en libertad de los delitos de incendio, estragos en perjuicio de la Secretaria de Seguridad, tenencia ilegal de equipo de uso exclusivo de la Policía Nacional, atentado en perjuicio de miembros de la Policía Nacional y asociación ilícita, todos achacados por el incendio a la posta policial de Pimienta, Cortés el pasado mes de diciembre de 2017.
Una larga noche
La audiencia de revisión de medidas para los 8 presos políticos de Pimienta se celebró el viernes 04 de mayo. En horas de la tarde en el juzgado de San Pedro Sula-al norte de Honduras- se hizo el cambio de prisión preventiva por libertad condicional, lo que se traduce en que los 8 imputados pueden defenderse en libertad, siempre y cuando firmen cada semana en los juzgados y no salgan del país.
Lourdes, la única mujer procesada en esta crisis, se enteró del cambio de medida esa misma noche. Los nervios y el llanto fueron incontrolables. Fue imposible dormir, pensar en el abrazo con sus 4 hijos, madre, padre, su esposo y hermano que también estaban presos, provocó desvelo. Lentamente la mañana llegó, tiempo justo para alistar sus pocas pertenencias y despedirse de mujeres que por cuatro meses se convirtieron en amigas, se convirtieron en su familia.
El día que Lourdes fue capturada, la mayoría de los medios publicaron en sus portadas la captura de ella y otros más, titulándolos como los responsables del caos en Pimienta, Cortés. Ese sábado que fue liberada condicionalmente, únicamente Radio Progreso dio cobertura a la noticia. Con lágrimas en sus ojos dijo: “agradecida con Dios, feliz porque estaré con mis hijos. Todo esto es injusto, nosotros no tenemos nada que ver en lo que nos acusa. Voy a un juicio segura porque no hice nada de lo que me acusan”, esas fueron las primeras declaraciones de Lourdes.
Al encuentro con Lourdes fueron las integrantes del Comité para la Liberación de Presos Políticos, mujeres que durante meses acompañaron a los detenidos y sus familias. Desde que salió del centro penal el silencio y los ojos llorosos la acompañaron, el único momento de conversación era cuando sonaba el teléfono, ella iba coordinando el encuentro con su hermano, esposo y demás presos que ese mismo día quedarían en libertad.
Ese sábado Lourdes salió de Tela con rumbo al Pozo. En medio del camino hizo un alto para agradecer a tanta gente que estuvo pendiente de ella y su familia, ese alto fue en Radio Progreso. Minutos antes de las doce del mediodía, brindada entrevistas muy conmovida por todo lo vivido por la única razón de protestar en contra del fraude electoral. “Nosotros hemos andado en manifestación desde el golpe de Estado, seguimos en lucha contra el fraude electoral. Solo esperamos que en el juicio se haga justicia porque quien nada debe nada teme, confío en Dios y en la justicia hondureña”, dijo Lourdes.
El Pozo
Pasada las dos de la tarde de ese mismo sábado 05 de mayo, los portones de El Pozo se abrieron para dejar salir a 7 de los 10 detenidos desde el pasado 26 de diciembre de 2017- Hasta el lugar los familiares, amigos, algunos políticos y los integrantes del Comité para la Liberación de los Presos Políticos llegaron en una caravana emotiva que al grito de “si se pudo” recibieron a los 7 dejados en libertad provisional.
Lourdes llegó y la gente comenzó abrazarla, el llanto fue imposible de contener, la gente recibió con emoción la libertad de esta mujer y estos hombres que durante meses su único pecado fue manifestarse en demanda al respeto de la voluntad ciudadana. Lourdes emocionada respondía a los abrazos, pero su vista recorría cada rostro en busca de sus hijos y su esposo.
Al cruzar mirada vio a Melvin, pelo rapado, camiseta roja, tenis blanco, sin duda más delgado, allí estaba el amor de su vida, ahora dejado en libertad. El abrazo y los besos fueron el acto seguido, luego sus dos hijos se unieron al abrazo. Esa familia se reencontró luego de 4 meses duros y largos.
Las afueras del centro penal se convirtieron en feria: los gritos, abrazos y vivas inundaron el ambiente. Y como en toda feria también los políticos hicieron su espectáculo. Varios diputados llegaron al recibimiento de los presos políticos, las fotos inundaron las redes sociales de inmediato.
Los 8 privados de libertad, siete hombres más Lourdes se subieron al bus que llegó lleno de familiares, vecinos, amigos y amigas. El regreso a su querida Pimienta duró una hora y media, allí los relatos de todo lo vivido en la cárcel de máxima seguridad iniciaron.
La caravana
Pimienta es un municipio cercano a San Pedro Sula, en el departamento de Cortés. En su mayoría está compuesto por comunidades rurales, dedicadas al comercio informal y trabajo en las maquilas próximas a la zona.
El bus que traía a los 8 privados de libertad fue recibido por una caravana de mototaxis, carros y motocicletas, quienes al ritmo de los pitos, canciones y cohetes celebraban que luego de más de 4 meses la justicia comenzara asomarse. La celebran fue a medias, ya que Nahún Amaya, José Orlando Santos Ordoñez y Daniel Santos Ordoñez quedaban dentro del Pozo.
En el recorrido Lourdes y su esposo pasaron por el negocio y la casa que durante años albergó a su familia. 4 meses de encierro y la maldad de algunos hicieron que todo el patrimonio que construyeron quedara en escombros.
En casa
Gente corriendo de sus casas, salía entre las calles llorando o gritando, sin duda de felicidad a ver que Lourdes y los 7 presos políticos regresaban a su pueblo luego de 4 meses y 8 días desde las capturas que hicieron las autoridades policiales en el marco de una serie de allanamientos en Pimienta.
Uno de los más conmovidos fue el padre de Lourdes y Francisco, Don Roberto Alas, él aseguró que la detención de sus hijos se dio días antes para evitar que las acciones de protestas ciudadanas continuaran a finales de diciembre. “Ellos fueron detenidos para evitar que la gente se movilizara, a ellos los seleccionaron, los exhibieron como delincuentes, querían provocar miedo para detener que se movilizaran contra del fraude electoral”.
Don Roberto con lágrimas dijo que estos cuatro meses han sido de sufrimiento, “porque mis muchachos son inocentes. Estamos luchando por liberar este país no desde ahora, sino desde años atrás. Estar en las calles es como estar presos en este país, así que es necesario continuar luchando”, agregó.
El dolor de Don Roberto es evidente, su hija, hijo y su yerno fueron capturados y encarcelados, esa familia fue trastocada por completo ante las acusaciones y todo el proceso que se les sigue.
Antes de la detención Lourdes denunció que un policial asignado a Pimienta la acosaba exigiendo que diera información de pandilleros o bandas que controlan la zona. Ella con miedo, porque no entendía qué información le pedían denunció esto ante el Ministerio Público. La denuncia está, la investigación como en el 90 por ciento de los casos sigue sin desarrollarse, está en impunidad.
Salimos todos
Seis días después de la salida de Lourdes y sus 7 compañeros de Pimienta, el juzgado de San Pedro Sula desarrolló la audiencia de revisión de medidas para Edwin Nahún Amaya y los hermanos Orlando y Daniel Ordoñez, quienes habían quedado recluidos en la cárcel de máxima seguridad. En horas de la tarde se aprueba su libertad condicional, fue allí luego de varios meses que la sonrisa de Doña Norma, madre de Orlando y Daniel, asomó nuevamente. La luz llegó al rostro y vida de esta mujer que durante 4 meses y 8 días no puedo dormir pensando en sus hijos metidos en una cárcel como el Pozo.
En cada audiencia, reunión o plantón Doña Norma, cerraba su negocio de venta de pollo frito, para participar, esto desde hace 4 meses cuando sus hijos fueron capturados en el mismo allanamiento que buscaba silenciar un municipio que desde el fraude electoral mantuve acciones de resistencia.
Preocupación
En su reciente informe la Oficina de Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OACNUDH constató que se había presentado cargos criminales contra al menos 114 personas por su presunta participación en delitos cometidos durante las protestas. “Los delitos abarcan desde seguridad contra el Estado y el orden público y contra la propiedad (incluyendo daños, incendios provocados de forma intencional, producción de material explosivo y robo), así como la posesión ilícita de armas, entre otros.
Después de que se desestimaran 18 casos en la fase previa al juicio, 96 de 114 personas seguían siendo enjuiciadas hasta enero, y 21 de ellas se encontraban en prisión preventiva. Veinte de estos últimos fueron recluidos en las cárceles de máxima seguridad de Ilama y Morocelí. La Oficina del Alto Comisionado en el informe dijo que no pudo determinar la justificación de la decisión judicial de alojar a los detenidos en instalaciones de máxima seguridad.
Al 27 de enero, dos personas fueron detenidas y juzgadas por la muerte ocurrida el 22 de diciembre, de un agente de policía; otras 11 personas fueron detenidas y sometidas a juicio por los incidentes ocurridos el 20 de diciembre, en los que cuatro agentes de policía fueron agredidos.
Torturas
Los diez presos políticos que estuvieron dentro del Pozo son firmes al reafirmar los horrores vividos en esta cárcel, que según gobierno de facto de Juan Orlando Hernández es uno de sus mayores logros en materia de seguridad.
“El primer día que nos llevaron al Pozo el propio director del centro penal llegó a dar una golpiza a uno de los compañeros que consultaba porqué nos detenían, que nosotros no éramos responsables de las acusaciones que nos hacía. Hay un Dios en el cielo, nosotros no quemamos ninguna posta, no torturamos a ningún policía, allí están las fotos y videos, nosotros no aparecemos”, dijo entre lágrimas uno de los jóvenes liberados el pasado 05 de mayo.
Con un nudo en la garganta, los ojos brillosos intentando que las lágrimas no salgan, él dijo que los tratos fueron inhumanos. “En las noches llegaban los policías y nos decía: tienen frío niñitas, pues ya les lanzamos dos llantas para que les metan fuego y se calienten. Los militares nos gritaban sigan apoyando a Nasralla, Viva JOH, fueron momentos difíciles”.
Entre los relatos está los hostigamientos que militares hacían constantemente en contra de los 10 recluidos en el Pozo. “Cuando nos tocaban audiencias en San Pedro Sula, nos sacaban del módulo de máxima seguridad, nos subían a los carros y en el camino los militares nos decían: ahora sí perro los iremos a tirar al río Chamelecón, jumm eso era horrible. Sabe al llegar al Pozo nos raparon la cabeza, querían que anduviéramos pelones para confundirnos con pandilleros”, sigue el relato entre lágrimas.
Si la situación para los privados de libertad de esta cárcel es difícil, imagínese los 10 detenidos por salir y protestar en contra del fraude electoral de noviembre 2017, denunciar las violaciones que JOH cometió en el marco de las protestas que acabaron con la vida de decenas de personas, personas acusadas y recluidas, más las amenazas y los lesionados.
Lo vivido en 4 meses 8 días para estas 11 personas nunca se olvidará, el miedo invadió sus vidas, además son obligados algunos cada semana, otros mensualmente a firmar una libertad condicional que debe ir acompañada de un proceso judicial con delitos que sustenta un Código Penal, que tuvo reformas para endurecer penas para todos aquellos que vayan en contra de la oficialidad.
Lourdes y sus 10 compañeros de Pimienta, Cortés, incluido su hermano y esposo intentan recuperar sus vidas sabiendo que nada será igual. Los 4 meses y 8 días internos en el Pozo y la cárcel de Tela marcaron sus vidas por siempre, ahora deben aprender a vivir con el miedo, deben intentar recuperar algo de lo que fueron y que les arrebataron, mientras eso pasa deben responder a todas las acusaciones que la justicia les hace por su reclamo de respeto a la institucional y el Estado de derecho.
Mientras los presos políticos dejados en libertad condicional y los que continúan recluidos, las organizaciones de derechos humanos y la misma Oficina del Alto Comisionado demandan del Estado de Honduras, ese que pisoteó y que controla JOH, establecer los mecanismos necesarios para fortalecer el acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares de violaciones a los derechos humanos, en particular mediante la prestación de asistencia legal y apoyo psicosocial; fortalecer y aprovechar plenamente los mecanismos para garantizar la protección de las víctimas y los testigos. Además de velar por el respeto del debido proceso legal y de las garantías judiciales en el enjuiciamiento de las personas que participaron pacíficamente en las protestas; evaluar cuidadosamente la necesidad de la detención preventiva
Más de 4 meses tuvieron que pasar para que Lourdes Johana Gómez, Wilfredo Cáceres, Jonathan Ricardo Perla, Maynor Ariel Reyes, Santos Ramón Pérez, Melvin Mauricio Chávez, Francisco Miguel Gómez y Roque Jacinto vieran la luz del día, más de 4 meses encerrados en una celda dentro de la cárcel, que, según el gobierno, alberga a los presos más peligrosos del país.
Luego de una audiencia para revisión de medidas, los juzgados sampedranos llegaron a la conclusión que 7 hombres y una mujer, podían defenderse en libertad de los delitos de incendio, estragos en perjuicio de la Secretaria de Seguridad, tenencia ilegal de equipo de uso exclusivo de la Policía Nacional, atentado en perjuicio de miembros de la Policía Nacional y asociación ilícita, todos achacados por el incendio a la posta policial de Pimienta, Cortés el pasado mes de diciembre de 2017.
Una larga noche
La audiencia de revisión de medidas para los 8 presos políticos de Pimienta se celebró el viernes 04 de mayo. En horas de la tarde en el juzgado de San Pedro Sula-al norte de Honduras- se hizo el cambio de prisión preventiva por libertad condicional, lo que se traduce en que los 8 imputados pueden defenderse en libertad, siempre y cuando firmen cada semana en los juzgados y no salgan del país.
Lourdes, la única mujer procesada en esta crisis, se enteró del cambio de medida esa misma noche. Los nervios y el llanto fueron incontrolables. Fue imposible dormir, pensar en el abrazo con sus 4 hijos, madre, padre, su esposo y hermano que también estaban presos, provocó desvelo. Lentamente la mañana llegó, tiempo justo para alistar sus pocas pertenencias y despedirse de mujeres que por cuatro meses se convirtieron en amigas, se convirtieron en su familia.
El día que Lourdes fue capturada, la mayoría de los medios publicaron en sus portadas la captura de ella y otros más, titulándolos como los responsables del caos en Pimienta, Cortés. Ese sábado que fue liberada condicionalmente, únicamente Radio Progreso dio cobertura a la noticia. Con lágrimas en sus ojos dijo: “agradecida con Dios, feliz porque estaré con mis hijos. Todo esto es injusto, nosotros no tenemos nada que ver en lo que nos acusa. Voy a un juicio segura porque no hice nada de lo que me acusan”, esas fueron las primeras declaraciones de Lourdes.
Al encuentro con Lourdes fueron las integrantes del Comité para la Liberación de Presos Políticos, mujeres que durante meses acompañaron a los detenidos y sus familias. Desde que salió del centro penal el silencio y los ojos llorosos la acompañaron, el único momento de conversación era cuando sonaba el teléfono, ella iba coordinando el encuentro con su hermano, esposo y demás presos que ese mismo día quedarían en libertad.
Ese sábado Lourdes salió de Tela con rumbo al Pozo. En medio del camino hizo un alto para agradecer a tanta gente que estuvo pendiente de ella y su familia, ese alto fue en Radio Progreso. Minutos antes de las doce del mediodía, brindada entrevistas muy conmovida por todo lo vivido por la única razón de protestar en contra del fraude electoral. “Nosotros hemos andado en manifestación desde el golpe de Estado, seguimos en lucha contra el fraude electoral. Solo esperamos que en el juicio se haga justicia porque quien nada debe nada teme, confío en Dios y en la justicia hondureña”, dijo Lourdes.
El Pozo
Pasada las dos de la tarde de ese mismo sábado 05 de mayo, los portones de El Pozo se abrieron para dejar salir a 7 de los 10 detenidos desde el pasado 26 de diciembre de 2017- Hasta el lugar los familiares, amigos, algunos políticos y los integrantes del Comité para la Liberación de los Presos Políticos llegaron en una caravana emotiva que al grito de “si se pudo” recibieron a los 7 dejados en libertad provisional.
Lourdes llegó y la gente comenzó abrazarla, el llanto fue imposible de contener, la gente recibió con emoción la libertad de esta mujer y estos hombres que durante meses su único pecado fue manifestarse en demanda al respeto de la voluntad ciudadana. Lourdes emocionada respondía a los abrazos, pero su vista recorría cada rostro en busca de sus hijos y su esposo.
Al cruzar mirada vio a Melvin, pelo rapado, camiseta roja, tenis blanco, sin duda más delgado, allí estaba el amor de su vida, ahora dejado en libertad. El abrazo y los besos fueron el acto seguido, luego sus dos hijos se unieron al abrazo. Esa familia se reencontró luego de 4 meses duros y largos.
Las afueras del centro penal se convirtieron en feria: los gritos, abrazos y vivas inundaron el ambiente. Y como en toda feria también los políticos hicieron su espectáculo. Varios diputados llegaron al recibimiento de los presos políticos, las fotos inundaron las redes sociales de inmediato.
Los 8 privados de libertad, siete hombres más Lourdes se subieron al bus que llegó lleno de familiares, vecinos, amigos y amigas. El regreso a su querida Pimienta duró una hora y media, allí los relatos de todo lo vivido en la cárcel de máxima seguridad iniciaron.
La caravana
Pimienta es un municipio cercano a San Pedro Sula, en el departamento de Cortés. En su mayoría está compuesto por comunidades rurales, dedicadas al comercio informal y trabajo en las maquilas próximas a la zona.
El bus que traía a los 8 privados de libertad fue recibido por una caravana de mototaxis, carros y motocicletas, quienes al ritmo de los pitos, canciones y cohetes celebraban que luego de más de 4 meses la justicia comenzara asomarse. La celebran fue a medias, ya que Nahún Amaya, José Orlando Santos Ordoñez y Daniel Santos Ordoñez quedaban dentro del Pozo.
En el recorrido Lourdes y su esposo pasaron por el negocio y la casa que durante años albergó a su familia. 4 meses de encierro y la maldad de algunos hicieron que todo el patrimonio que construyeron quedara en escombros.
En casa
Gente corriendo de sus casas, salía entre las calles llorando o gritando, sin duda de felicidad a ver que Lourdes y los 7 presos políticos regresaban a su pueblo luego de 4 meses y 8 días desde las capturas que hicieron las autoridades policiales en el marco de una serie de allanamientos en Pimienta.
Uno de los más conmovidos fue el padre de Lourdes y Francisco, Don Roberto Alas, él aseguró que la detención de sus hijos se dio días antes para evitar que las acciones de protestas ciudadanas continuaran a finales de diciembre. “Ellos fueron detenidos para evitar que la gente se movilizara, a ellos los seleccionaron, los exhibieron como delincuentes, querían provocar miedo para detener que se movilizaran contra del fraude electoral”.
Don Roberto con lágrimas dijo que estos cuatro meses han sido de sufrimiento, “porque mis muchachos son inocentes. Estamos luchando por liberar este país no desde ahora, sino desde años atrás. Estar en las calles es como estar presos en este país, así que es necesario continuar luchando”, agregó.
El dolor de Don Roberto es evidente, su hija, hijo y su yerno fueron capturados y encarcelados, esa familia fue trastocada por completo ante las acusaciones y todo el proceso que se les sigue.
Antes de la detención Lourdes denunció que un policial asignado a Pimienta la acosaba exigiendo que diera información de pandilleros o bandas que controlan la zona. Ella con miedo, porque no entendía qué información le pedían denunció esto ante el Ministerio Público. La denuncia está, la investigación como en el 90 por ciento de los casos sigue sin desarrollarse, está en impunidad.
Salimos todos
Seis días después de la salida de Lourdes y sus 7 compañeros de Pimienta, el juzgado de San Pedro Sula desarrolló la audiencia de revisión de medidas para Edwin Nahún Amaya y los hermanos Orlando y Daniel Ordoñez, quienes habían quedado recluidos en la cárcel de máxima seguridad. En horas de la tarde se aprueba su libertad condicional, fue allí luego de varios meses que la sonrisa de Doña Norma, madre de Orlando y Daniel, asomó nuevamente. La luz llegó al rostro y vida de esta mujer que durante 4 meses y 8 días no puedo dormir pensando en sus hijos metidos en una cárcel como el Pozo.
En cada audiencia, reunión o plantón Doña Norma, cerraba su negocio de venta de pollo frito, para participar, esto desde hace 4 meses cuando sus hijos fueron capturados en el mismo allanamiento que buscaba silenciar un municipio que desde el fraude electoral mantuve acciones de resistencia.
Preocupación
En su reciente informe la Oficina de Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OACNUDH constató que se había presentado cargos criminales contra al menos 114 personas por su presunta participación en delitos cometidos durante las protestas. “Los delitos abarcan desde seguridad contra el Estado y el orden público y contra la propiedad (incluyendo daños, incendios provocados de forma intencional, producción de material explosivo y robo), así como la posesión ilícita de armas, entre otros.
Después de que se desestimaran 18 casos en la fase previa al juicio, 96 de 114 personas seguían siendo enjuiciadas hasta enero, y 21 de ellas se encontraban en prisión preventiva. Veinte de estos últimos fueron recluidos en las cárceles de máxima seguridad de Ilama y Morocelí. La Oficina del Alto Comisionado en el informe dijo que no pudo determinar la justificación de la decisión judicial de alojar a los detenidos en instalaciones de máxima seguridad.
Al 27 de enero, dos personas fueron detenidas y juzgadas por la muerte ocurrida el 22 de diciembre, de un agente de policía; otras 11 personas fueron detenidas y sometidas a juicio por los incidentes ocurridos el 20 de diciembre, en los que cuatro agentes de policía fueron agredidos.
Torturas
Los diez presos políticos que estuvieron dentro del Pozo son firmes al reafirmar los horrores vividos en esta cárcel, que según gobierno de facto de Juan Orlando Hernández es uno de sus mayores logros en materia de seguridad.
“El primer día que nos llevaron al Pozo el propio director del centro penal llegó a dar una golpiza a uno de los compañeros que consultaba porqué nos detenían, que nosotros no éramos responsables de las acusaciones que nos hacía. Hay un Dios en el cielo, nosotros no quemamos ninguna posta, no torturamos a ningún policía, allí están las fotos y videos, nosotros no aparecemos”, dijo entre lágrimas uno de los jóvenes liberados el pasado 05 de mayo.
Con un nudo en la garganta, los ojos brillosos intentando que las lágrimas no salgan, él dijo que los tratos fueron inhumanos. “En las noches llegaban los policías y nos decía: tienen frío niñitas, pues ya les lanzamos dos llantas para que les metan fuego y se calienten. Los militares nos gritaban sigan apoyando a Nasralla, Viva JOH, fueron momentos difíciles”.
Entre los relatos está los hostigamientos que militares hacían constantemente en contra de los 10 recluidos en el Pozo. “Cuando nos tocaban audiencias en San Pedro Sula, nos sacaban del módulo de máxima seguridad, nos subían a los carros y en el camino los militares nos decían: ahora sí perro los iremos a tirar al río Chamelecón, jumm eso era horrible. Sabe al llegar al Pozo nos raparon la cabeza, querían que anduviéramos pelones para confundirnos con pandilleros”, sigue el relato entre lágrimas.
Si la situación para los privados de libertad de esta cárcel es difícil, imagínese los 10 detenidos por salir y protestar en contra del fraude electoral de noviembre 2017, denunciar las violaciones que JOH cometió en el marco de las protestas que acabaron con la vida de decenas de personas, personas acusadas y recluidas, más las amenazas y los lesionados.
Lo vivido en 4 meses 8 días para estas 11 personas nunca se olvidará, el miedo invadió sus vidas, además son obligados algunos cada semana, otros mensualmente a firmar una libertad condicional que debe ir acompañada de un proceso judicial con delitos que sustenta un Código Penal, que tuvo reformas para endurecer penas para todos aquellos que vayan en contra de la oficialidad.
Lourdes y sus 10 compañeros de Pimienta, Cortés, incluido su hermano y esposo intentan recuperar sus vidas sabiendo que nada será igual. Los 4 meses y 8 días internos en el Pozo y la cárcel de Tela marcaron sus vidas por siempre, ahora deben aprender a vivir con el miedo, deben intentar recuperar algo de lo que fueron y que les arrebataron, mientras eso pasa deben responder a todas las acusaciones que la justicia les hace por su reclamo de respeto a la institucional y el Estado de derecho.
Mientras los presos políticos dejados en libertad condicional y los que continúan recluidos, las organizaciones de derechos humanos y la misma Oficina del Alto Comisionado demandan del Estado de Honduras, ese que pisoteó y que controla JOH, establecer los mecanismos necesarios para fortalecer el acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares de violaciones a los derechos humanos, en particular mediante la prestación de asistencia legal y apoyo psicosocial; fortalecer y aprovechar plenamente los mecanismos para garantizar la protección de las víctimas y los testigos. Además de velar por el respeto del debido proceso legal y de las garantías judiciales en el enjuiciamiento de las personas que participaron pacíficamente en las protestas; evaluar cuidadosamente la necesidad de la detención preventiva
Libertad para los presos políticos en Honduras
Por: Luis Redondo
No
tengo palabras para describir lo que este 5 de mayo representará para
la historia de Honduras — intentaré escribir algo que estoy seguro se
quedará corto para poder compartir lo significativo que es y será este
día.
Debo
decir que después del fraude electoral y la reelección inconstitucional
y el poner mediante el uso de la fuerza con las Fuerzas Armadas de
Honduras quienes han asesinado a más de 44 personas en Honduras, y donde
hay centenares de heridos, y presos políticos.
Hoy
al acompañar al abogado y Diputado Samuel Madrid de la Alianza por el
Partido Libre, junto a otros compañeros diputados y defensores de
derechos humanos, no me imagine lo que viviría al llegar al frente de la
cárcel en Santa Bárbara, el ver a los familiares esperando, las
lágrimas celebrando juntos su libertad, el ver todos y cada uno de los
personajes que se movían al rededor, defensores de derechos Humanos.
El
Abogado Madrid que sin cobrar un tan solo centavo y siguiendo las
instrucciones que se dio en la Alianza en Cofradía Cortes, DE NO DEJAR
SOLOS A LOS PRESOS POLITICOS, se realizaron varias acciones legales, los
magistrados de la sala de San Pedro Sula, el imperio de la Ley los ha
dejado en libertad por varias razones y violaciones a sus derechos, el
gobierno del usurpador y dictador los ha tenido por 5 meses detenidos y
ahora con medidas.
Nota relacionada Delegación Internacional constata que en Honduras si hay presos políticos (vídeo)
Lo
que realizaron con el fin de infundir miedo en la población que se
manifestaba haciendo uso del artículo constitucional que nos faculta
ante el rompimiento del orden constitucional, esto para mí en lo
personal ha representado un conjunto de emociones de ver a estos héroes
que fueron puestos en prisión bajo calumnias y procedimientos inventados
por los cachurecos que a su vez sirvieron como orejas para quitarse a
líderes que les puedan competir políticamente, es doloroso saber que
personas como Rubí tuvieron que salir del país buscando asilo político
después de ser puesto en prisión, el video y las fotos hablan por sí
solos.
GRACIAS A LA GENTE QUE HA PUESTO SU PECHO y VIDAS POR DEFENDER EL ESTADO DE DERECHO.
¡GRACIAS HÉROES!
Y Mi consternación por las víctimas del Fraude Electoral e imposición con las Fuerzas Armadas de la reelección inconstitucional.
Jhony Salgado: “ya salí de ese infierno… me defenderé en libertad”
“Me sentía muy deprimido porque quería estar con mi familia, pero ya salí de ese infierno (estar recluido), estas fueron las primeras palabra que expresó en su diálogo con defensoreenlinea.com, Jhony Andrés Salgado Fuentes de 38 años, quien estuvo privado de su libertad cuatro meses con cuatro días en el centro penal de El Progreso, Yoro, tras ser acusado por la policía de los delitos de portación ilegal de arma comercial y por uso indebido de indumentaria policial.
Salgado Fuentes era uno de los 23 presos políticos que hay en Honduras, tras la crisis post electoral, que dejó también a más de 30 víctimas mortales, varios heridos y más de un centenar judicializados, que acuden semanal o quincenalmente a firmar a los juzgados correspondientes.
El 21 de diciembre del año anterior Jhony se encontraba en su vivienda en la colonia Berlín de El Progreso, cuando llegó la policía a hacer un allanamiento y a detenerlo sin una orden judicial,
“Yo estaba en mi casa cuando llega la policía a sacarme”, narra Jhony, quien es padre de un adolescente y padrastro de otro joven, “yo les preguntaba porque me llevaban y solo me decían que me subiera a la patrulla”.
“Me llevaron al campo de fútbol y luego me llevaron de un solo para la posta. Yo le decía al oficial porque me estaban haciendo todo eso, entonces me dijo es que vos sos un terrorista”, dice Jhony, tras quedarse en silencio por varios segundo.
Luego “me pasaron a manos de la gente de la DPI (Dirección Policial de Investigaciones) y ellos no me entrevistaron, sino que me mandaron de un solo a la celda, luego hicieron un informe y me decían que firmara y que si no lo hacía me iban a golpear”.
Ante las amenazas de los agentes policiales, “uno solo ahí que iba hacer, firmar. Es triste porque en ese momento no tiene uno a quien recurrir. Me pusieron el escudo y la escopeta sin tener nada que ver yo”.
“Me acusan sin tener pruebas y ahora yo tengo que liberarme de mi caso. Aún no me han dicho cuando es la audiencia, tengo que estar yendo a firmar a los juzgado dos veces al mes”.
Dice sentirse alegre por estar libre, por haber salido de ese infierno como él llama a la prisión, pero “el miedo que tengo es que me vayan agarrar ellos (los policías) y vayan a quererme matar. Uno está amenazado y uno solo que va hacer”.
Ahora “a empezar de nuevo, porque son cuatro meses que perdí. Tengo que darle ánimo a mi familia y seguir adelante. Hay que seguir, esto no se acaba; hay que darles ánimo a los que están presos y a la familia de ellos también”.
“Yo les digo que no se sientan triste porque siempre les va llegar el día en que salgan libre, a mi ya me tocó el día que salí de ese infierno. Que se esperen, que tengan paciencia”, son las palabras de aliento que Jhony les envía a los otros que aún siguen privados de libertad.
No deja de repetir lo inmensamente feliz que está por haber recobrado su libertad, “me siento otro. Me siento agradecido con toda la gente que me está ayudando y ahora me toca poner un poquito de mi parte para ayudarle a la gente que está presa y darle fuerza a la familia de ellos”.
Cuenta que adentro de la prisión “me decían que podía estar 15 años presos, sin deber nada; yo me decía 15 años sin hacer nada, eso era lo que me deprimía… me estaban acusando injustamente”.
Señala que en el centro penal donde estuvo recluido lo trataron bien, que lo único malo era la alimentación, que solo les daban de comer arroz y frijoles, y que tenía que andar cargando sus cosas para que no se las robaran.
En Honduras, después de la crisis post electoral del pasado 26 de noviembre, se registraban 22 presos políticos en el país, con la puesta en libertad de Jhony Andrés Salgado, quedan 21, de los cuales una es mujer, que está recluida en el centro penal de Tela. Siete están en el centro penal de El Progreso, once en la cárcel de máxima seguridad conocida como El Pozo y dos en La Tolva, otra cárcel de máxima seguridad que está ubicada en Morocelí, El Paraíso.
