EE.UU. DA FUERTE REVÉS AL SOCIO, CANCELA TPS A 56 MIL HONDUREÑOS
Según
la información que ha trascendido en distintos medios internacionales, a
falta de anuncio oficial, el gobierno de los Estados Unidos, que
preside el republicano Donald Trump, canceló el Estatus de Protección
Temporal (TPS) para los hondureños que residen en ese país desde 1999.
Por: Sandra Rodríguez
Tegucigalpa, Honduras.- Al menos 56 mil compatriotas amparados en el Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés), a partir del 11 de julio próximo ya no gozarán de este beneficio, y tendrán 18 meses para que salgan de los Estados Unidos de América o regularicen su situación por otras vías.
El Gobierno de Donald Trump ya no ampliará este beneficio, informó este día el Departamento de Seguridad Nacional, y la población hondureña “tepesiana” tendrá hasta el 5 de enero de 2020 para regularizar su estatus migratorio o abandonar el país.
Desde enero de 1999, tras el paso del huracán Mitch que devastó el territorio hondureño entre octubre y noviembre de 1998, el entonces presidente estadounidense Bill Clinton otorgó el TPS a unos 82 mil hondureños y hondureñas que estaban de manera indocumentada en el país del llamado “sueño americano”.
El anuncio de la cancelación del TPS, renovado en 13 ocasiones, sucede el mismo día en que la nacionalista Nelly Jérez -exdiputada y exministra de Turismo- asume como nueva subsecretaria de Relaciones Exteriores de Asuntos Consulares y Migratorios.
También en el contexto que una caravana de 800 personas salió de Honduras atravesando la ruta del migrante, para solicitar exilio al gobierno de Trump, no encontrando medios para sobrevivir en este país centroamericano, bajo el dominio del régimen de Juan Orlando Hernández, donde las remesas de los compatriotas en EEUU es uno de los principales generadores de divisas.
En agosto del 2016, cuando se dio una de las más fuertes crisis de migración -sobre todo infantil-, la esposa de Hernández, Ana García, refiriéndose al tema, dijo que: nunca mandaría a su hija con un “coyote” -traficante de personas-, pues con su esposo no permitirían que viajara de forma irregular, poniendo de ejemplo que en unos días su hija iría a estudiar al extranjero. <Declaraciones que la población tomó como una burla a quienes abandonan el país sin tener acceso a una visa o permiso especial para habitar en otra nación>
Al respecto, el gobierno –ilegal- de Honduras emitió un comunicado en el que lamenta la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump.
Este fue emitido a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, en atención a la decisión de los Estados Unidos de América sobre el Estatus de Protección Temporal (TPS), en el que no expresa que directamente la cancelación sino que “ ha sido extendido por 18 meses, por una última vez hasta el 5 de enero de 2020”.
El desplazamiento de hondureños y hondureñas es, en su mayoría forzado, porque no hay garantías de respeto a los derechos humanos. Mientras el 70 por ciento de solicitudes de asilo político de la caravana de migrantes del triángulo norte de Centroamérica, en su mayoría hondureños, ya han sido recibidas por el gobierno de Estados Unidos, a la espera que se les resuelva positivamente.
Solicitar asilo es un derecho de toda persona sin importar su procedencia, expresó Amnistía Internacional. Mientras se endurecen las leyes migratorias y los emigrantes de Honduras, El Salvador y Guatemala esperan a la intemperie y con solidaridad de otras personas, en la frontera entre México y Estados Unidos.
El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), al que están acogidos unos 57 mil ciudadanos de Honduras desde que el huracán Mitch devastó el país centroamericano en 1998.
El Departamento de Seguridad Interior (DSH, por sus siglas en inglés) decidió no extender la vigencia del TPS para los hondureños, que vencerá el 5 de julio.
La medida da a los hondureños año y medio para salir de Estados Unidos o tramitar su residencia. Unas 428 mil personas de otros países podrían enfrentar la misma suerte, pues su amparo también expirará este año y es previsible que no será renovado.
El gobierno del presidente hondureño, Juan Orlando Hernández,
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El
gobierno de los Estados Unidos, que preside el magnate Donald Trump,
decidió este viernes cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS)
para los hondureños que han vivido y trabajado en ese país desde 1999,
luego de que el devastador huracán “Mitch” azotara la nación en 1998.
Lo
anterior lo informaron varios medios de comunicaciones internacionales,
entre ellos The New York Times. Según la prensa norteamericana, esta
decisión será anunciada dentro de unas horas y dejará sin protección a
más de 50,000 personas, el segundo grupo más numeroso amparado a este
alivio, según el Departamento de Seguridad Nacional.
Cabe
destacar, que esta semana la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen
Nielsen, dijo que las condiciones en Honduras habían mejorado lo
suficiente como para eliminar el beneficio de quienes estaban amparados
por el TPS en el país. A pesar de que en diciembre pasado, se rogó por
ampliar el plazo de vigencia.
Se
maneja que el gobierno de Trump, dará a los beneficiarios varios meses
para preparar su regreso al país centroamericano, que según la Comisión
Económica Para América Latina (CEPAL), es el más pobre del continente.
Unos
56 congresistas habían instado al gobierno que el TPS fuera prorrogado
para hondureños, esto a través de una carta dirigida a Nielsen, donde se
hace énfasis la crisis política que trajo consigo la ilegal reelección,
la cual fue apoyada por EE.UU., el plazo que piden los funcionarios es
de 18 meses.
“A
pesar de los sustanciales esfuerzos realizados por Estados Unidos y la
comunidad internacional para mejorar las condiciones en Honduras, el
daño de ese evento catastrófico, agravado por los efectos residuales de
la enfermedad, la violencia y la pobreza han resultado en una
recuperación estancada”, advirtieron.
Los
congresistas consideraron que las condiciones en Honduras “no han
mejorado lo suficiente como para reintegrar de forma segura y productiva
a los beneficiarios de TPS en sus comunidades de origen”.
El
pasado noviembre, el Gobierno decidió extender durante seis meses,
hasta el 5 de julio de 2018, el TPS que protege a más de 50,000
hondureños, según datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS,
por sus siglas en inglés) al cierre de 2016.
La
decisión expone las políticas del gobernante hondureño Juan Hernández,
pues el apodado “dictador benigno” ha seguido al pie de la letra las
instrucciones de EE.UU. sin recibir nada a cambio.
Honduras
apoyó a Estados Unidos en las Naciones Unidas para votar que Israel
moviera su capital a Jerusalén, asimismo, ha intensificado el proceso de
extradición de narcotraficantes, también, se sabe que es el país con
más bases militares en América Latina y ha tomado una postura de
servidumbre para pronunciarse en contra del gobierno de Venezuela.
EE.UU. cancela TPS a 56 mil hondureños
Por: Sandra Rodríguez
Tegucigalpa, Honduras.- Al menos 56 mil compatriotas amparados en el Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés), a partir del 11 de julio próximo ya no gozarán de este beneficio, y tendrán 18 meses para que salgan de los Estados Unidos de América o regularicen su situación por otras vías.
El Gobierno de Donald Trump ya no ampliará este beneficio, informó este día el Departamento de Seguridad Nacional, y la población hondureña “tepesiana” tendrá hasta el 5 de enero de 2020 para regularizar su estatus migratorio o abandonar el país.
Desde enero de 1999, tras el paso del huracán Mitch que devastó el territorio hondureño entre octubre y noviembre de 1998, el entonces presidente estadounidense Bill Clinton otorgó el TPS a unos 82 mil hondureños y hondureñas que estaban de manera indocumentada en el país del llamado “sueño americano”.
El anuncio de la cancelación del TPS, renovado en 13 ocasiones, sucede el mismo día en que la nacionalista Nelly Jérez -exdiputada y exministra de Turismo- asume como nueva subsecretaria de Relaciones Exteriores de Asuntos Consulares y Migratorios.
También en el contexto que una caravana de 800 personas salió de Honduras atravesando la ruta del migrante, para solicitar exilio al gobierno de Trump, no encontrando medios para sobrevivir en este país centroamericano, bajo el dominio del régimen de Juan Orlando Hernández, donde las remesas de los compatriotas en EEUU es uno de los principales generadores de divisas.
En agosto del 2016, cuando se dio una de las más fuertes crisis de migración -sobre todo infantil-, la esposa de Hernández, Ana García, refiriéndose al tema, dijo que: nunca mandaría a su hija con un “coyote” -traficante de personas-, pues con su esposo no permitirían que viajara de forma irregular, poniendo de ejemplo que en unos días su hija iría a estudiar al extranjero. <Declaraciones que la población tomó como una burla a quienes abandonan el país sin tener acceso a una visa o permiso especial para habitar en otra nación>
Al respecto, el gobierno –ilegal- de Honduras emitió un comunicado en el que lamenta la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump.
Este fue emitido a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, en atención a la decisión de los Estados Unidos de América sobre el Estatus de Protección Temporal (TPS), en el que no expresa que directamente la cancelación sino que “ ha sido extendido por 18 meses, por una última vez hasta el 5 de enero de 2020”.
En el comunicado del gobierno de los EEUU expresa que ya no se extenderá más el permiso de trabajo, porque las condiciones del país han mejorado, en comparación a hace casi 20 años, cuando fue devastado por el huracán Mitch.“El Gobierno de la República reconoce que es una decisión soberana del Gobierno de Estados Unidos adoptada como política de Estado de la Administración Trump, sin embargo lamenta profundamente la cancelación del programa TPS que hoy afecta a más de 44 mil compatriotas”, expresa el oficio nacional y a la vez dice que los compatriotas que actualmente están fuera del país, son y serán siempre bienvenidos en su patria donde se les recibirá con los brazos abiertos.
El desplazamiento de hondureños y hondureñas es, en su mayoría forzado, porque no hay garantías de respeto a los derechos humanos. Mientras el 70 por ciento de solicitudes de asilo político de la caravana de migrantes del triángulo norte de Centroamérica, en su mayoría hondureños, ya han sido recibidas por el gobierno de Estados Unidos, a la espera que se les resuelva positivamente.
Solicitar asilo es un derecho de toda persona sin importar su procedencia, expresó Amnistía Internacional. Mientras se endurecen las leyes migratorias y los emigrantes de Honduras, El Salvador y Guatemala esperan a la intemperie y con solidaridad de otras personas, en la frontera entre México y Estados Unidos.
Washington elimina protección a 57 mil migrantes hondureños
| CUBADEBATE
El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), al que están acogidos unos 57 mil ciudadanos de Honduras desde que el huracán Mitch devastó el país centroamericano en 1998.
El Departamento de Seguridad Interior (DSH, por sus siglas en inglés) decidió no extender la vigencia del TPS para los hondureños, que vencerá el 5 de julio.
La medida da a los hondureños año y medio para salir de Estados Unidos o tramitar su residencia. Unas 428 mil personas de otros países podrían enfrentar la misma suerte, pues su amparo también expirará este año y es previsible que no será renovado.
La protección para los hondureños concluirá el 5 de enero de 2020, anunció Kirstjen Nielsen, secretaria de Seguridad Nacional, quien trata de contener la migración ilegal e hizo hincapié en que esa protección nunca fue permanente, pero activistas pro migrantes criticaron la medida argumentando que poner fin al TPS hará que la gente que lleva años o décadas en Estados Unidos, e incluso tiene hijos nacidos en el país,
viva en las sombras.
El gobierno del presidente hondureño, Juan Orlando Hernández,
lamentó profundamentela medida y emitió un comunicado, en el cual reconoció que
esta es una decisión soberana de Estados Unidos.
Señaló que los hondureños
Unos 437 mil migrantes provenientes de 10 países permanecieron al amparo del TPS, categoría creada en 1990 para permitir que personas de naciones afectadas por desastres naturales o guerras pudieran tener un lugar seguro por un plazo breve.
Durante el gobierno de Trump, el DSH ya canceló la protección migratoria a gente de Sudán, Nicaragua, Nepal, Haití y El Salvador.
En tanto, el número de indocumentados que entró en abril a Estados Unidos por la frontera con México se triplicó respecto del mismo mes del año pasado, reveló el DHS, el cual advirtió que los sin papeles serán procesados.
El aumento del paso de migrantes hacia Estados Unidos es una
(Con inofrmación de La Jornada)
son y serán siempre bienvenidos en su patria, y se les facilitará su reinserción integral a la sociedad.
Unos 437 mil migrantes provenientes de 10 países permanecieron al amparo del TPS, categoría creada en 1990 para permitir que personas de naciones afectadas por desastres naturales o guerras pudieran tener un lugar seguro por un plazo breve.
Durante el gobierno de Trump, el DSH ya canceló la protección migratoria a gente de Sudán, Nicaragua, Nepal, Haití y El Salvador.
En tanto, el número de indocumentados que entró en abril a Estados Unidos por la frontera con México se triplicó respecto del mismo mes del año pasado, reveló el DHS, el cual advirtió que los sin papeles serán procesados.
El aumento del paso de migrantes hacia Estados Unidos es una
crisis de seguridadque motivó un nuevo llamado de Trump a levantar su prometido muro limítrofe con México:
Nuestra frontera sur está bajo asedio. El Congreso debe actuar ahora para cambiar nuestras leyes de inmigración, débiles e ineficaces. Debe construir un muro. ¡México, que tiene un problema de delincuencia masivo, está haciendo poco para ayudar!, tuiteó el gobernante.
(Con inofrmación de La Jornada)
Con apoyo de policías y militares empresa Hidrocep irrumpe en comunidades de Pajuiles, Tela
May 03, 2018
A pesar que la que la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, CIDH, dictó medidas cautelares a favor del sector Paujiles,
Tela, Atlántida, por considerar que la construcción de la represa
Hidroeléctrica Centrales El Progreso, Hidrocep, contamina la principal
fuente de agua de las comunidades, este día tres de mayo, la empresa con
la ayuda de un fuerte contingente de policía nacional y del escuadrón
Cobra, irrumpieron en las comunidades.
Desde tempranas horas al menos 300 elementos de la policía nacional y los Cobras llegaron a la comunidad apostándose con un operativo en la carretera CA-13, frente a la entrada principal a Paujiles. Tres automóviles de la empresa Hidrocep, bajo la custodia de los cuerpos de seguridad quitaron las piedras que habían colocado los pobladores y subieron hasta la parte alta.
Minutos después una pala mecánica ingresó, y aunque los pobladores se tiraron al suelo para evitar el paso, los esfuerzos fueron en vano porque la Policía disparó varias bombas lacrimógenas para dispersarlos. Como resultado del fuerte operativo y de la represión el joven Norberto López, hermano de la luchadora y ambientalista Albertina López fue capturado por la Policía y trasladado hasta la jefatura municipal en Tela, Atlántida.
El joven fue acusado por escándalo público, sin embargo, en una entrevista brindada a Radio Progreso al momento que su detención, explicó que lo detenían por documentar con material fotográfico toda la represión contra las comunidades.
El abogado Martín Fernández, coordinador del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), condenó la acción de la policía al ponerse a favor de la empresa y la califica de irresponsable.
“Lamentablemente el empresario Jasson Hawit ha instrumentalizado la Policía a su favor y la ha utilizado para subir maquinaria a pesar de toda la destrucción que está generando con la construcción de la represa en la parte alta”, expresó Fernández.
El coordinador del MADJ, también explicó que están documentando la situación para presentar la denuncia respectiva ante los organismos defensores de derechos humanos a nivel nacional e internacional.
Continúa la Lucha
La lucha de Paujiles no es nueva, las comunidades tienen varios años de estar resistiendo. Desde marzo de 2017, los pobladores y pobladoras en coordinación con el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia instalaron un campamento permanente para evitar el paso de maquinaria a la parte alta. Esa acción soberana dejó como resultado más de una decena de personas criminalizadas.
Albertina López forma parte de los liderazgos que han sido perseguidos en la comunidad, en esta última acción su hermano fue detenido por las autoridades. Sin embargo, expresa que pese a toda la represión las comunidades no bajarán la guardia y arreciarán los procesos organizativos y de lucha.
“Hemos sido duramente reprimidas desde tempranas horas, el empresario cree que con toda la criminalización y persecución va a detener nuestra lucha, sin embargo, se equivoca porque las comunidades estamos dispuestas a seguir luchando por defender los bienes naturales que nos pertenecen”, comentó la luchadora.
Injusticia
La represión de este jueves en Paujiles, se da en medio de la resolución dictada por los Juzgados de Tela, Atlántida el 2 de mayo, donde se dictó sobreseimiento definitivo a 11 luchadores por el delito de usurpación por detentación. En la misma resolución se dictó auto de formal procesamiento por el delito de coacción contra los mismos 11 luchadores.
Con la construcción de la represa Hidroeléctrica Centrales El Progreso, HIDROCEP, más de 20 comunidades del sector Paujiles en Tela y Guaymas, en El Negrito, Yoro tienen en riesgo su principal fuente de agua. El sector es una de las principales zonas productoras de agua en el departamento de Atlántida.
Desde tempranas horas al menos 300 elementos de la policía nacional y los Cobras llegaron a la comunidad apostándose con un operativo en la carretera CA-13, frente a la entrada principal a Paujiles. Tres automóviles de la empresa Hidrocep, bajo la custodia de los cuerpos de seguridad quitaron las piedras que habían colocado los pobladores y subieron hasta la parte alta.
Minutos después una pala mecánica ingresó, y aunque los pobladores se tiraron al suelo para evitar el paso, los esfuerzos fueron en vano porque la Policía disparó varias bombas lacrimógenas para dispersarlos. Como resultado del fuerte operativo y de la represión el joven Norberto López, hermano de la luchadora y ambientalista Albertina López fue capturado por la Policía y trasladado hasta la jefatura municipal en Tela, Atlántida.
El joven fue acusado por escándalo público, sin embargo, en una entrevista brindada a Radio Progreso al momento que su detención, explicó que lo detenían por documentar con material fotográfico toda la represión contra las comunidades.
El abogado Martín Fernández, coordinador del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), condenó la acción de la policía al ponerse a favor de la empresa y la califica de irresponsable.
“Lamentablemente el empresario Jasson Hawit ha instrumentalizado la Policía a su favor y la ha utilizado para subir maquinaria a pesar de toda la destrucción que está generando con la construcción de la represa en la parte alta”, expresó Fernández.
El coordinador del MADJ, también explicó que están documentando la situación para presentar la denuncia respectiva ante los organismos defensores de derechos humanos a nivel nacional e internacional.
Continúa la Lucha
La lucha de Paujiles no es nueva, las comunidades tienen varios años de estar resistiendo. Desde marzo de 2017, los pobladores y pobladoras en coordinación con el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia instalaron un campamento permanente para evitar el paso de maquinaria a la parte alta. Esa acción soberana dejó como resultado más de una decena de personas criminalizadas.
Albertina López forma parte de los liderazgos que han sido perseguidos en la comunidad, en esta última acción su hermano fue detenido por las autoridades. Sin embargo, expresa que pese a toda la represión las comunidades no bajarán la guardia y arreciarán los procesos organizativos y de lucha.
“Hemos sido duramente reprimidas desde tempranas horas, el empresario cree que con toda la criminalización y persecución va a detener nuestra lucha, sin embargo, se equivoca porque las comunidades estamos dispuestas a seguir luchando por defender los bienes naturales que nos pertenecen”, comentó la luchadora.
Injusticia
La represión de este jueves en Paujiles, se da en medio de la resolución dictada por los Juzgados de Tela, Atlántida el 2 de mayo, donde se dictó sobreseimiento definitivo a 11 luchadores por el delito de usurpación por detentación. En la misma resolución se dictó auto de formal procesamiento por el delito de coacción contra los mismos 11 luchadores.
Con la construcción de la represa Hidroeléctrica Centrales El Progreso, HIDROCEP, más de 20 comunidades del sector Paujiles en Tela y Guaymas, en El Negrito, Yoro tienen en riesgo su principal fuente de agua. El sector es una de las principales zonas productoras de agua en el departamento de Atlántida.
El papel silencioso de Canadá en el genocidio afrohondureño
Por Sandino Morazán / AnticonquistaKAOS EN LA RED - Publicado en: 10 abril, 2018
Cuando la mayoría de la gente habla de la historia de la conquista
en América Latina y el Caribe, generalmente se mencionan dos países:
España y Estados Unidos.
Mapa de Honduras. | Fuente: Flickr Creative Commons
Residentes Garífuna en el norte de Honduras protestan por la privatización de su tierra. | Fuente: OFRANEH
anticonquista.com/es/2018/03/2 0/el-papel-silencioso-de-canad a-en-el-genocidio-afrohonduren o/
España, que colonizó la región desde
finales del siglo XV hasta finales del siglo XIX, exterminó las
civilizaciones indígenas avanzadas y secuestró a millones de africanos
para la esclavitud. Los Estados Unidos, que solidifican su dominio
imperialista sobre la región después de derrotar a Madrid en la Guerra
Hispanoamericana de 1898, continúa esta práctica hoy bajo el sistema
capitalista-imperialista.
Ambos han impuesto sus modelos
económicos reaccionarios, ideologías políticas, sistemas legales,
religiones, culturas, costumbres y creencias en nuestro pueblo.
Sin embargo, hay otro país del Primer
Mundo que casi se ha quedado fuera de la conversación sobre la conquista
en América Latina y el Caribe. Aunque no es tan poderoso como los
Estados Unidos y España en términos de imponer sus culturas, costumbres y
creencias, este socio menor del imperialismo es tan letal en términos
de su impacto económico y político.
Estamos hablando de Canadá, un país que muchos han denominado falsamente como el hogar de “la gente más amable del planeta”.
Podemos observar las recientes actividades de Canadá en Honduras, el país más pobre de América Latina y el Caribe, para entender la naturaleza imperialista de Ottawa.
Allí, las empresas de turismo
canadienses han estado estableciendo negocios a lo largo de su costa
caribeña que cuenta con 430 millas de longitud, así como las Islas de la
Bahía, ubicadas a solo unos kilómetros de distancia de la costa.
Mapa de Honduras. | Fuente: Flickr Creative Commons
Aunque los inversores canadienses han
acudido a la región en busca de ganancias durante décadas, su presencia
se intensificó después de 2009. Ese fue el año en que el ex presidente Manuel Zelaya, un socialdemócrata progresista, fue destituido de su cargo en un golpe militar respaldado por los EE. UU.
Durante su efímera administración,
Zelaya reconoció la costa del Caribe y las Islas de la Bahía como las
tierras ancestrales del pueblo garífuna, el grupo étnico afro-indígena
más grande de Honduras. Estas fueron las áreas donde se reubicaron
después de huir de los traficantes de esclavos en el oeste de África y
San Vicente y las Granadinas.
Zelaya, un aliado cercano de Hugo Chávez, Fidel Castro, Rafael Correa, Evo Moralesy Daniel Ortega, recibió un fuerte apoyo de la comunidad garífuna y afrohondureña. Sin embargo, poco después de su derrocamiento, el gobernante Partido Nacionalretiró ese reconocimiento, poniendo sus tierras a la venta a las corporaciones canadienses y estadounidenses.
Bajo la administración actual del presidente Juan Orlando Hernández, el gobierno hondureño implementó el programa “Ciudades modelo“,
designando vastas áreas del Caribe Honduras como “zonas de libre
comercio”. Esto significa que las corporaciones extranjeras,
especialmente las empresas turísticas, son “libres” de las regulaciones
gubernamentales. Las empresas pagan poco o nada de impuestos, no tienen
que seguir las leyes laborales nacionales, pueden pagar a los
trabajadores lo poco que quieran y no tienen que cumplir con las
regulaciones ambientales diseñadas para proteger el medio ambiente.
Una gran mayoría de las compañías que hay hoy en día, como Carivida, son canadienses.
Las comunidades garífunas y
afrohondureñas que han vivido allí durante siglos han protestado por la
presencia de estas compañías, llamando a
ciudades como Trujillo “Canada Pequeña” debido a la gran presencia de
colonizadores modernos. Sus protestas, sin embargo, han recibido una
dura represión policial por parte del gobierno hondureño, que se alía
con los colonizadores en nombre del “desarrollo económico”.
Residentes Garífuna en el norte de Honduras protestan por la privatización de su tierra. | Fuente: OFRANEH
Los manifestantes han sido asesinados,
golpeados y silenciados por hablar en contra de los racistas
acaparamientos de tierras. Grupos como la Organización Fraternal Negra
de Honduras, conocida como OFRANEH,
han sido atacados por su trabajo revolucionario contra la operación
capitalista-imperialista que los forzó a abandonar sus tierras.
Las empresas turísticas canadienses no
sólo respaldaron la retirada del gobierno hondureño de las comunidades
garífunas y afrohondureñas de sus tierras el gobierno canadiense también
ha financiado aproximadamente
$3.7 millones a Honduras para “ayudarlo a enfrentar sus desafíos de
seguridad”. La mayoría de esos fondos se destinaron al Programa de
Fortalecimiento de Capacidades Contra el Crimen, ACCBP y al Equipo
Especial de Estabilización y Reconstrucción, SRTF, que penalizan
manifestantes afrodescendientes.
Para colmo, innumerables hipsters
gringos de origen canadiense adornados con rastas han instalado tiendas
de artesanías a lo largo de la costa caribeña, vendiendo ropa y
accesorios garífuna y afrohondureños para financiar sus próximas compras
de drogas.
Teniendo en cuenta todos estos puntos,
queda claro que tanto el gobierno como el pueblo de Canadá están
implícitos en los esfuerzos imperialistas en América Latina y el Caribe.
El papel silencioso de Canadá en el genocidio de los garífunas y el
pueblo afrohondureño es un testimonio de esto.
Canadá, al igual que el moderno Reino
Unido y la Unión Europea, es un lobo con piel de cordero. Aunque se
presenta como una socialdemocracia “progresista”, su verdadera
naturaleza imperialista es imposible de ocultar.
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
Garifunas exigimos justicia para jóvenes asesinados por la Fuerza Naval en diciembre de 2015
La Ceiba, mayo 5 de 2018.- El próximo lunes 7 de mayo, el Tribunal de
Sentencia de la ciudad de Trujillo, aparentemente emitirá un fallo en
relación al caso de los jóvenes Garífuna asesinados por miembros de la
naval a finales del 2015, en un operativo militar en el marco de la
farsa denominada “guerra contra las drogas”.
El 17 de diciembre de 2015, a eso de las cinco de la mañana dos jóvenes Garífunas fueron asesinados a mansalva por elementos de la Fuerza Naval de Honduras, cuando un grupo de Garífunas se movilizaban entre la comunidad de Tocamacho y la ciudad de Tocoa. Uno de los vehículos se atascó en la arena y fue cuando se acercó otro carro para prestar apoyo y lograr desenterrarlo. De repente los miembros de la naval, empezaron a disparar, sin mediar palabra alguna, falleciendo en el acto Yosvin Palacio Lino, y quedando herido de gravedad Elvis Armando García, el que falleció posteriormente en La Ceiba
La Fuerzas Armadas emitieron horas después un comunicado en donde acusaban a los Garífunas de haber disparado contra el contingente militar, aduciendo que estos se vieron obligados a repeler el ataque, disparando sus armas de dotación. El Ministerio Público señalo posteriormente, que no existía evidencia alguna que respaldara la versión emitida por los militares.
El Ministerio Público ordeno la detención de Cristian Joel Nañez Chirinos (24); Briand Jassman Hyde Velásquez (20), soldado naval; Angel David Lainez Barrera (20), soldado naval; José Luis Majano Escobar (23); Edim Jaasiel Martinez Castellanos (23), soldado; Keven Salvador Avila Guevara (20), soldado; Kelvin Isaac Castro Urbina (18), soldado; y Bryan Alfredo Jimenez Martinez, soldado naval, incluyendo también al sargento II Luis Alexis Aguilera Zuniga y el teniente de fragata Rubén Dario Andino Rivera, quien se encontraba cargo del operativo. Además de la orden de captura de los 10 implicados, ordenó decomisar las armas de reglamento.
En Honduras existen varios precedentes, donde las Fuerzas Armadas parece ser que tuvieran inmunidad en relación a los homicidios y abusos de derechos humanos, en los que se ven implicados. De ahí que el pueblo Garífuna teme que se repita una vez más, la distorsión en la aplicación de justicia, la que suele excluir sobre todo a oficialidad implicada en hechos criminales.
La supuesta guerra contra las drogas ha dejado un rastro de sangre entre los pueblos indígenas en Honduras como el resto del continente. Mientras en Honduras el crimen organizado incrustado dentro del gobierno y las fuerzas de seguridad, ha gozado de una total protección e impunidad; personas ajenas al trasiego de drogas han sido las víctimas una represión para complacer a los países “cooperantes”. al mismo tiempo que los capos aparentemente permanecen sentados en el Congreso y dentro de las estructuras de poder del Estado.
La OFRANEH, exige que en este juicio se castigue a los culpables de este asesinato y la aplicación de justicia para las victimas así mismo a todas las personas incluidas mujeres con sus hij@s quienes aun hoy día sufren las secuelas de este ataque perpetrado contra pobladores Garifunas en un supuesto combate al narcotrafico.
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
El 17 de diciembre de 2015, a eso de las cinco de la mañana dos jóvenes Garífunas fueron asesinados a mansalva por elementos de la Fuerza Naval de Honduras, cuando un grupo de Garífunas se movilizaban entre la comunidad de Tocamacho y la ciudad de Tocoa. Uno de los vehículos se atascó en la arena y fue cuando se acercó otro carro para prestar apoyo y lograr desenterrarlo. De repente los miembros de la naval, empezaron a disparar, sin mediar palabra alguna, falleciendo en el acto Yosvin Palacio Lino, y quedando herido de gravedad Elvis Armando García, el que falleció posteriormente en La Ceiba
La Fuerzas Armadas emitieron horas después un comunicado en donde acusaban a los Garífunas de haber disparado contra el contingente militar, aduciendo que estos se vieron obligados a repeler el ataque, disparando sus armas de dotación. El Ministerio Público señalo posteriormente, que no existía evidencia alguna que respaldara la versión emitida por los militares.
El Ministerio Público ordeno la detención de Cristian Joel Nañez Chirinos (24); Briand Jassman Hyde Velásquez (20), soldado naval; Angel David Lainez Barrera (20), soldado naval; José Luis Majano Escobar (23); Edim Jaasiel Martinez Castellanos (23), soldado; Keven Salvador Avila Guevara (20), soldado; Kelvin Isaac Castro Urbina (18), soldado; y Bryan Alfredo Jimenez Martinez, soldado naval, incluyendo también al sargento II Luis Alexis Aguilera Zuniga y el teniente de fragata Rubén Dario Andino Rivera, quien se encontraba cargo del operativo. Además de la orden de captura de los 10 implicados, ordenó decomisar las armas de reglamento.
En Honduras existen varios precedentes, donde las Fuerzas Armadas parece ser que tuvieran inmunidad en relación a los homicidios y abusos de derechos humanos, en los que se ven implicados. De ahí que el pueblo Garífuna teme que se repita una vez más, la distorsión en la aplicación de justicia, la que suele excluir sobre todo a oficialidad implicada en hechos criminales.
La supuesta guerra contra las drogas ha dejado un rastro de sangre entre los pueblos indígenas en Honduras como el resto del continente. Mientras en Honduras el crimen organizado incrustado dentro del gobierno y las fuerzas de seguridad, ha gozado de una total protección e impunidad; personas ajenas al trasiego de drogas han sido las víctimas una represión para complacer a los países “cooperantes”. al mismo tiempo que los capos aparentemente permanecen sentados en el Congreso y dentro de las estructuras de poder del Estado.
La OFRANEH, exige que en este juicio se castigue a los culpables de este asesinato y la aplicación de justicia para las victimas así mismo a todas las personas incluidas mujeres con sus hij@s quienes aun hoy día sufren las secuelas de este ataque perpetrado contra pobladores Garifunas en un supuesto combate al narcotrafico.
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
Honduras esconde las violaciones a los derechos humanos, denuncia la Plataforma Internacional contra la Impunidad
Tegucigalpa.- La directora de la Plataforma Internacional Contra la Impunidad, Anabela Sibrian, se reunió con la coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Berta Oliva, para conocer la situación actual de los defensores de derechos humanos en el país.
Sibrian, al concluir la reunión, dijo a defensoresenlinea.com que la situación en la que se encuentra el país es muy compleja, “siempre de Honduras salgo con muchas claridad de lo valiente que es el pueblo hondureño defendiendo sus derechos, y de las grandes dificultades que encuentra por la falta de voluntad política de su Estado de proteger a las personas que están defendiendo derechos humanos”.
También agregó que la estrategia de Honduras de esconder las diferentes violaciones a los derechos humanos es algo que está ocurriendo también en varios de países de la región y que además no es la correcta.
“Yo creo que es una estrategia equivocada de los Estados, no reconocer la situación y no tomar medidas, ni políticas claras para el abordaje y para garantizar que a la gente se le respeten sus derechos humanos, en lugar de eso optan por la negación y por tratar de esconderla debajo de la alfombra”, sostuvo.
Asimismo es del criterio que uno de los grandes problemas que se están viendo en toda América Latina es precisamente la corrupción, que es fuente de violaciones de derechos humanos y de que los Estados tampoco quieren dar respuesta.
La directora de la Plataforma Internacional Contra la Impunidad señaló que cada vez que viene al país se interesa por saber que está pasando en Honduras y se encuentra con gente que admira, con los hombres y mujeres valientes que luchan cada día por defender los derechos humanos.
Uno de eso encuentros los tuvo con la coordinadora general del Cofadeh, Berta Oliva, a quien conoce del año 2012 cuando fue propuesta para el premio Tulipan que otorga cada año el gobierno holandés a personas u organizaciones valientes en todo el mundo que buscan promover los derechos humanos.
“Yo conozco al COFADEH desde hace muchos años, hace tiempo una de las organizaciones que participaba en la plataforma era HIVOS, misma que promovió a la señora Berta Oliva como candidata al premio Tulipán de derechos humanos que otorga el gobierno de Holanda y nos dio mucha alegría saber que ella había ganado”, finalizó diciendo Anabela Sibrian.
Policía justifica represión a actos vandálicos adjudicados a universitariosLa movilización fue disuelta y la dirigencia sindical no pudo leer sus pronunciamientos
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-En
un caos y represión policial terminó la movilización del Día
Internacional de los Trabajadores en Honduras, donde la policía hizo uso
de gases lacrimógenos y la fuerza desproporcionada, dejando a varias
personas heridas y con afecciones en las vías respiratorias
La
movilización inició a eso de las 8:00 de la mañana en el barrio La
Granja con consignas de rechazo al proceso de privatización de las
instituciones del Estado. Los manifestantes recorrieron aproximadamente
dos kilómetros, sin embargo al llegar a los bajos del Congreso Nacional
comenzaron a ser reprimidos por elementos de la Policía Nacional y
militares, que argumentaron su accionar a la quema de llantas por parte
de un grupo de jóvenes que se cubrían sus rostros.
Al
ver el escenario, los uniformados comenzaron a lanzar bombas
lacrimógenas y agua a presión, logrando disuadir a los manifestantes que
salieron de prisa de la zona. Los jóvenes, que andaban encapuchados
empezaron a lanzar piedras contra los policías, quienes bajo ese
argumento siguieron reprimiendo de manera irracional, llevándose de
encuentro a personas de la tercera edad, niños y hasta mujeres
embarazadas.
QUEMA DE EDIFICIO MUNICIPAL
En
medio del conflicto se produjo la quema parcial de los archivos de la
antigua Corporación Municipal del Distrito Central, que se ubica frente a
la Plaza Central “Francisco Morazán”, más conocida como Parque Central
de Tegucigalpa.
El
incendio, que fue controlado por el Cuerpo de Bomberos, fue el
detonante para que la policía avanzara, y sin argumento alguno,
comenzara a lanzar bombas lacrimógenas y agua a presión en contra de las
personas que se encontraban en los alrededores de la concha acústica,
donde tradicionalmente los líderes obreros pronuncian sus discursos.
El
ataque salvaje de la policía impidió la continuidad de la jornada del
Día Internacional de los Trabajadores, ya que todo el acto protocolario
fue abortado por los manifestantes, que ante la agresión de los
uniformados abandonaron la zona.
Sin
bastarles la arremetida, los policías fueron cercando a las personas
que todavía se encontraban en el parque. Posteriormente cerraron las
calles del centro histórico de Tegucigalpa y continuaron lanzando más
bombas lacrimógenas e incluso se desplegaron hasta el Parque Valle,
ubicado a varios metros de distancia de la zona donde inició el
conflicto.
Mientras
corrían para no seguir siendo víctimas de los efectos de los gases
lacrimógenos, los manifestantes decían que fue el gobierno que había
infiltrado a los jóvenes encapuchados para luego justificar las
agresiones.
La
versión fue contrarrestada posteriormente por la Policía Nacional, que
en conferencia de prensa atribuyó la quema del archivo municipal a
miembros del Movimiento Estudiantil Universitario (MEU).
“Las
manifestaciones se han reportado de manera pacífica a nivel nacional,
excepto el último incidente en el centro de Tegucigalpa, donde un grupo
identificado como Movimiento Estudiantil Universitario (MEU) aprovechó
para provocar desorden y daños a edificios públicos y privados, por lo
que la Policía Nacional tuvo que usar métodos disuasivos y así evitar
mayores daños” expresó el sub-comisionado de la Policía Nacional, Jair
Meza
Sobre
el uso de bombas lacrimógenas explicó que “les corresponde mantener la
paz y la utilización de disuasivos para las personas que quieran crear
odio y caos en las marchas”.
“Vamos a mantener presencia policial para mantener el orden para que todos los trabajadores puedan disfrutar de su día”, apuntó.
CHOLUTECA
Los
incidentes se reportaron también en la sureña ciudad de Choluteca, en
el departamento del mismo nombre, donde se produjo un enfrentamiento
entre miembros de la Policía Nacional y manifestantes.
La
batalla campal se produjo en los alrededores de las oficinas de la
Empresa Energía Honduras (EEH) donde un joven y una bebé, resultaron
afectadas por el gas lacrimógeno.
AGRESIONES
Los
policías hostigaron además a la prensa que se encontraba dándole
cobertura a la manifestación de Tegucigalpa, agrediendo especialmente a
los fotógrafos y camarógrafos, que hacían tomas fotográficas y de video
a los uniformados, mientras detenían y golpeaban a un joven que alegaba
que su único delito era protestar por las injusticias que se cometen en
Honduras.
“Me
lanzaron a quema ropa una bomba lacrimógena que impactó mi cuerpo. Yo
estaba ayudando a una ciudadana nada más y me empezaron a golpear, me
quitaron la camisa”, dijo el joven, quien se identificó como Edras
Meza.
El
joven se libró de ir a las celdas por la presencia de defensores de los
derechos humanos y de la prensa, que abogó por su liberación.
“Es
un salvajismo de esos policías, esos son perros de garra amaestrados
para atacar al pueblo hondureño, a un joven que lo que estaba haciendo
era apoyar a una señora que se estaba asfixiando, esa es la actitud de
esta policía represiva, esto es lo que nos da este señor, Juan Orlando,
el Día de los Trabajadores”, expresó el dirigente sindical, José Luis
Baquedano.
REPRESIÓN SALVAJE
Para
el director del Centro de Promoción e Investigación de los Derechos
Humanos (Ciprodeh), Wilfredo Méndez, lo ocurrido hoy es una “represión
salvaje” y una muestra de la intolerancia del gobierno de Juan
Hernández, ante las demandas de la clase trabajadora.
Méndez
lamentó que el gobierno hondureño siga haciendo uso de la fuerza brutal
y de los gases lacrimógenos, pese a que las Naciones Unidas ya se
pronunció al respecto y condenó dicha práctica.
Reprochó
que el gobierno actúe de esa manera a tres días de la llegada del
Relator Especial de las Naciones Unidas, Michel Forst, quien estará
haciendo su primera visita oficial a Honduras, para evaluar la situación
de las personas defensoras de derechos humanos y el papel de las
autoridades, para garantizar la protección y permitir la importante
labor de estas personas.