Delegación Internacional Investiga la Situación de los Presos Políticos arrestados en la Crisis Post-electoral y la de sus familiares
Militarización
de las cárceles e instituciones judiciales, esto agudiza la restricción
al acceso de familiares y público en general como veedores a los
procesos judiciales y limitan severamente el acceso de organizaciones
nacionales e internacionales de derechos humanos
Nuestra misión de nueve observadores internacionales de derechos humanos provenientes de varias partes de los Estados Unidos que fue organizada por Alliance for Global Justice (AGJ -Alianza por la Justicia Global) y La Voz de los de Abajo, siendo ambas partes de Honduras Solidarity Network of North America (HSN -Red de Solidaridad con Honduras de Norteamérica), estuvo en el país del 08 al 18 de abril del 2018.
La Delegación Internacional conversó con las familias de los presos políticos y con los presos políticos mismos, sobre sus arrestos y tratamiento por parte de las fuerzas de seguridad pública, las condiciones en la prisión y el impacto en sus familias.
Además, nos entrevistamos con miembros de la Convergencia Contra el Continuismo, el Comité Nacional para la Liberación de los Presos Políticos, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH); Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, SJ (ERIC-SJ), Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), y otras organizaciones.
Solicitamos a las autoridades correspondientes permiso para visitar a los presos políticos, pero nuestra petición fue ignorada. Nos movilizamos hasta la cárcel de “La Tolva” en Morocelí, y se nos negó ver a Edwin Robelo Espinal y Raúl Eduardo Álvarez. Sí pudimos entrevistarnos con Lourdes Johana Gómez en la Penitenciaría de Tela, Atlántida.
Estamos profundamente preocupados por la situación de los 21 presos políticos en Honduras, por ellos y por sus familias y comunidades. Estamos igualmente preocupados por la situación de Eduardo Urbina, actualmente preso en Costa Rica a solicitud de las autoridades del gobierno hondureño a través del Fiscal General de la República, Óscar Chinchilla.
Añadimos que, incrementa la criminalización y la represión contra los movimientos sociales tales como campesinos, indígenas y los participantes en la protesta pacífica.
Por lo que subrayamos las siguientes observaciones preliminares:
Los arrestos y las condiciones de los individuos apresados tienen una base claramente política. Todos los arrestos y acciones de las fuerzas de seguridad ocurren en el contexto de una crisis política, militarización y represión masiva, la cual también dejó al menos 30 muertos y más de 1,300 arrestados.
La mayoría de los presos políticos fueron participantes activos y líderes locales de las protestas contra los resultados de las elecciones. Algunos de ellos no estuvieron presentes en las protestas, pero sí, activamente sus vecindarios o poblaciones. Cuando menos, uno de los arrestados fue forzado a sostener una pancarta con la inscripción “Fuera JOH” para ser fotografiado en la estación de policía tras su captura.
La Delegación considera que hay un elemento de castigo colectivo en las acciones del gobierno que incluyen las incursiones de grandes números de fuerzas de seguridad por todos los vecindarios y asentamientos, y el uso indiscriminado de gases antimotines. Destacamos los siguientes ejemplos: Edwin Robelo Espinal -ahora privado de libertad en La Tolva- fue enjuiciado junto con Raúl Álvarez. Edwin es un conocido activista en su comunidad, parte del movimiento en contra del Golpe de Estado (2009) y de las protestas post-electorales del 2017. Él ya tiene medidas cautelares de protección por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desde el 2010 por su historia de constante acoso policíaco, cateos domiciliarios, amenazas e intimidaciones muy bien documentadas por COFADEH. Además, el juez Claudio Aguilar asignado al caso actual, presidió previamente un caso que implicaba el allanamiento de la casa de Edwin. Para nosotros queda claro que Edwin Robelo Espinal es preso político por su militancia social.
Lourdes Johana Gómez, estuvo activa en las protestas post-electorales y también tiene una larga historia de amenazas e intimidación por parte de la policía en Pimienta, Cortés. Su esposo y un hermano fueron también líderes en las protestas locales y están detenidos actualmente en la cárcel de El Pozo. Esto indica que la familia fue perfilada por ser parte de la oposición. Varias familias de Pimienta explicaron que ha habido un patrón de acoso contra los opositores por parte de las autoridades locales que pertenecen al Partido Nacional.
Intimidación y castigo colectivo.
En Potrerillos, Cortés, hay líderes campesinos de la CNTC reconocidos por oponerse a la reelección e identificados como parte de las protestas en Progreso, y pese a no tener órdenes judiciales en su contra, se vieron forzados a huir de sus casas cuando las fuerzas de seguridad pública entraron a sus comunidades y viviendas.
En Pimenta y en El Progreso, las familias de los prisioneros y defensores de derechos humanos nos hablaron de la represión masiva contra las protestas en los vecindarios durante y después de los arrestos. En este tiempo hubo amenazas y malos tratos contra sus familiares incluyendo niños, disparos de gases lacrimógenos hacia el interior de sus viviendas. Una casa con niños adentro fue atacada con gases lacrimógenos después de que su padre fue arrestado y ya estaba dentro del vehículo de la policía. Hablamos con una mujer que había dado a luz recientemente vía cesárea, la cual dijo que fue forzada a dejar la cama y estar de pie por un largo período mientras arrestaban a su esposo.
Otros temas preocupantes en materia de DDHH son:
1. Militarización de las cárceles e instituciones judiciales, esto agudiza la restricción al acceso de familiares y público en general como veedores a los procesos judiciales y limitan severamente el acceso de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos.
2. Preocupación por los derechos humanos y las condiciones inhumanas dentro de las prisiones, como la severa escasez de agua potable en La Tolva; la calidad del agua y los alimentos disponibles en El Progreso, El Pozo y La Tolva; el acceso al cuidado médico, restricciones de visitas y maltrato a familiares que intentan ver a sus parientes privados de libertad.
Nos reunimos con un funcionario en la Embajada de los EEUU en Tegucigalpa, cuestionamos las acciones que han hecho u omitido, relacionadas con violaciones a los derechos humanos en Honduras y con los arrestos de presos políticos. Expresamos nuestra inconformidad con la política de Estados Unidos y con la postura de la Embajada al declarar que “no estamos convencidos de que los prisioneros sean presos políticos”.
Como ciudadanos estadounidenses estamos conscientes del papel de nuestro país en la crisis política de Honduras, incluyendo la crisis post-electoral. El apoyo político de EEUU es clave para mantener el régimen. EEUU gasta millones de dólares en ayuda económica para las fuerzas de seguridad de Honduras.
Vamos a compartir estas observaciones con nuestros miembros al Congreso en los EEUU y con los medios de comunicación. Continuaremos insistiendo al Congreso de EEUU aprobar la Ley “Berta Cáceres para Derechos Humanos en Honduras” para que termine la ayuda económica que envían a Honduras, pues sólo hay incremento a las violaciones a los derechos humanos.
Nuestras organizaciones junto con otras de Estados Unidos y Canadá están formando un Grupo de Trabajo sobre Presos Políticos en Honduras y trabajará internacionalmente por sus derechos y liberación.
Tegucigalpa, M.D.C., 19 de abril de 2018
Defensa Pública acude a hábeas corpus por refugiado
Estudiante hondureño es “preso político” en C.R.
Tomado de Diario Extra
Eduardo Urbina, estudiante hondureño acusado por el gobierno de su país debido a supuestos actos de terrorismo durante las protestas del 2017, permanece encarcelado pese a haber recibido la aprobación de Migración para refugiarse en Costa Rica.
Debido a ello, la Defensa Pública del Poder Judicial presentó la tarde de ayer un recurso de hábeas corpus para que en las próximas 24 horas lo liberen.
“Efectivamente el recurso se interpone porque pese a que la Comisión de Visas le otorga el refugio al señor Eduardo Urbina, confirmando que no tuvo vínculos en los hechos que se le acusan en Honduras, pues el juez Hugo Vargas del II Circuito Judicial, le dio audiencia por 24 horas al Ministerio Público para referirse a la solicitud de refugio y al mismo tiempo de libertad, dejándolo 3 días más por ser fin de semana dentro de una de las prisiones más conflictivas, como lo es Puntarenas”, declaró Abraham Sequeira, de la Defensa Pública.
A Urbina, de 22 años, lo señalaron en Honduras de manera falsa por unos ataques a camiones del ejército en diciembre del año pasado, sin embargo, para cuando ocurrieron los hechos, el muchacho tenía tres días de estar en Costa Rica de manera legal.
“Eduardo entra el 22 de diciembre de 2017 de forma legal buscando protección por todo lo acontecido en Honduras a raíz de protestas, y en las cuales Eduardo se había convertido en un líder social por lo que Honduras comenzó a darle persecución, por eso el que Eduardo haya sido capturado en nuestro país significa que él es un preso político”, aseveró Sequeira.
Diferentes medios de comunicación de Honduras y otros países de Centroamérica califican de temerosa la persecución de la que ha sido víctima Urbina, debido a que sus constantes manifestaciones en contra de la corrupción del gobierno catracho tras las elecciones presidenciales generaron un impacto a nivel social que, a la postre, detonaron importantes manifestaciones.
La Comisión de Visas de Costa Rica se trasladó hasta Honduras para verificar que los hechos por los que se estaba pidiendo la extradición de Eduardo fuesen reales, no obstante, no encontraron pruebas para establecer como ciertos tales acontecimientos, pues cuando ocurrió el disturbio Eduardo estaba en San José.
Junto a Abraham Sequeira, se hicieron presentes al Poder Judicial Edgar Herrera, de la ONG HIAS, así como Marcia Aguiliz, directora de Cejil (Centro por la Justicia y el Derecho Internacional), quienes esperan que el estudiante catracho sea liberado pronto para que inicie su vida lejos de la persecución política.
Pero en Morocelí, El Paraíso, Edwin Robelo Espinal sigue privado de su libertad, enjuiciado en una cárcel militar junto a Raúl Álvarez, por oponerse a los golpes de estado de 2009 y 2017.
Robelo Espinal tiene medidas cautelares de protección por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desde el 2010 por su historial de constante acoso policíaco, cateos domiciliarios, amenazas e intimidaciones documentadas por el Cofadeh.
Álvarez y Robelo no sonríen, porque la dictadura se los prohíbe. Los militares impidieron que una delegación de Estados Unidos entrara a la prisión a verificar su situación en cautiverio.
Una situación carcelaria que incluye la hostilidad contra sus familiares, una pésima calidad del agua de consumo humano, la negación de las comunicaciones y el aislamiento.
Los dos casos, el de Eduardo y el de Edwuin, nos importan esta noche, todos los casos nos importan. Pero hoy vamos a referir estos dos.
El asilo político a Eduardo fue concedido el pasado jueves 19 de abril, después de 4 meses de angustias para su familia y de trabajo jurídico para el equipo del Cofadeh y sus aliados internacionales.
No era una actividad para ponerse chalecos distintivos ni buscar aplausos de nadie, era una enorme responsabilidad probar la verdad delante de un gobierno democrático asediado por una dictadura narco-militar, dispuesta a imponer la mentira y la fuerza sobre la razón.
En Honduras no fue posible hacerlo. El Cofadeh, con 36 años de experiencia en la defensa de la vida, la procuración de la justicia y la búsqueda de la verdad, no pudo frente a la soberbia del Ministerio Público. Intentamos parar con evidencia el injusto proceso, pero ellos insistieron.
En contra las pruebas, el régimen activó una orden internacional de extradición el 27 de marzo, que fue firmada por el propio fiscal reeleccionista Oscar Chinchilla, tratando de cazar al joven estudiante que había salido de Honduras cinco días antes del hecho falso que los militares le imputaban en diciembre.
Por eso ayer en su sala de reposo, tras su larga gira de incidencia en Costa Rica, la coordinadora del Cofadeh comentaba que “lograr la libertad de un inocente en un país democrático sólo representa una pequeña victoria, pero que haberlo hecho en Honduras sería algo excepcional por su calidad de país violador de los derechos humanos”.
Bertha Oliva, sin embargo, anunció que la comunidad internacional junto al Cofadeh y sus contrapartes locales comprometidas con la justicia no van a densansar hasta liberar a todos los presos políticos en Honduras.
El régimen tiene que reconocer sus abusos y darle la razón a quienes ejercieron legalmente el derecho a la insurrección popular.
Le cuadre o no le cuadre a la embajada de Estados Unidos, la definición de presos políticos que produce su dictadura instrumental es la que aumenta la presión internacional por liberarlos.
“Nuestras organizaciones junto con otras de Estados Unidos y Canadá estamos formando un Grupo de Trabajo sobre Presos Políticos en Honduras y trabajaremos internacionalmente por sus derechos y liberación”, dijo al cierre de su gira esta semana la Misión Estadounidense que recorrió las cárceles hondureñas.
“Nos reunimos con un funcionario en la Embajada de los EEUU en Tegucigalpa, cuestionamos las acciones que han hecho u omitido, relacionadas con violaciones a los derechos humanos en Honduras y con los arrestos de presos políticos. Expresamos nuestra inconformidad con la política de Estados Unidos y con la postura de la Embajada”, dijo la Misión en su informe preliminar.
Como ciudadanos estadounidenses estamos conscientes del papel de nuestro país en la crisis política de Honduras, incluyendo la crisis post-electoral. El apoyo político de EEUU es clave para mantener el régimen. EEUU gasta millones de dólares en ayuda económica para las fuerzas de seguridad de Honduras.
Vamos a compartir nuestras observaciones con nuestros miembros al Congreso en los EEUU y con los medios de comunicación. Continuaremos insistiendo al Congreso de EEUU aprobar la Ley “Berta Cáceres para Derechos Humanos en Honduras” para que termine la ayuda económica que envían a Honduras, pues sólo hay incremento a las violaciones a los derechos humanos, concluyó la delegación no gubernamental estadounidense.
Nosotros dareemos seguimiento a este proceso desde esta columna editorial. Así nos comprometemos.
Editorial Voces contra El Olvido, sábado 21 de abril 2018
HONDURAS: TRES FIGURAS DE GOBIERNO SERÁN ENCARCELADAS LA PRÓXIMA SEMANA
Según
el informe del canal de televisión Hable Como Habla (HCH), la próxima
semana dos diputados reelectos y un exsecretario de Estado del Partido
Nacional, serán capturados por delitos de corrupción.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Dos
actuales diputados del Partido Nacional y un exsecretario de Estado,
serán capturados esta semana por delitos de corrupción, según la
información que ha trascendido en las últimas horas.
El
canal digital Hable Como Habla (HCH), había reportado que su equipo de
prensa obtuvo datos sobre dos diputados reelectos y el exfuncionario
estatal, todos pertenecientes al partido que se ha impuesto en el
control político de Honduras.
Según
la información, las acciones se realizaran luego de que la Corte de
Justicia emitiera los criterios con relación al “Pacto de Impunidad” y
al decreto de creación de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la
Impunidad en Honduras (MACCIH).
Cabe
destacar que por la presión del gobierno norteamericano, en los últimos
meses se han llevado ante la justicia a varios ex y actuales
funcionarios, para el caso, trascendió el caso “Red de Diputados” y el
llamamiento a declaratoria del casi olvidado Consejo de la Judicatura. No obstante, debido al "Pacto de Impunidad", los últimos casos que implican a diputados han quedado "en el aíre".
Zacate Grande resiste y vive
Por Riccy Ponce
Con una caminata, seguida de una misa religiosa, la Asociación para la Península de Zacate Grande (ADEPZA), celebró sus 18 años de lucha y resistencia de su territorio ancestral.
Ante el despojo y desalojo que han estado siendo víctimas por parte de personas poderosas económica y políticamente del país, el 14 de abril del año 2000 surge la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande, con el objetivo de defender su territorio. Esta lucha de defensa ha tenido consecuencias en los líderes y pobladores del sector, ya que han sido judicializados por las personas que se están apoderando de a poco de la península.
Bajo el imponente sol de la zona sur que caía a plomo, exactamente en la comunidad de Puerto Grande, en la península de Zacate Grande, Amapala, Valle, ADEPZA realizó los actos de celebración de su 18 aniversario, el pasado 14 de abril.
Allan Torres, quien se desempeña como actual coordinador de ADEPZA por la enfermedad de Pedro Canales, en cuanto al surgimiento de la organización expresó que inicialmente nació como un como movimiento de titulación y recuperación de tierras de Zacate Grande, pero años después se le otorgó la personería jurídica y pasa a convertirse en la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande, conocida como ADEPZA.
“Antes de que se hicieran visible las reuniones, los compañeros que fueron los primeros fundadores de la asociación, entre ellos Pedro Canales, se iban para los cerros y clandestinamente se reunían”, narró Torres.
Agregó que a partir del 2000 es cuando llegan varias organizaciones y los compañeros del Aguán y ellos impulsan la lucha de aquí de Zacate Grande, a partir de esa fecha las reuniones de los compañeros iban siendo más visibles y públicas.
Otras de las necesidades de la zona era dar a conocer la asociación y mantener al pueblo al tanto de las diferentes violaciones a los derechos humanos que se dan en las comunidades del sur y que aún se siguen dando, se acercaron a algunos medios de comunicación pero la dirigencia no fue escuchada.
Fue allí donde decidieron fundar su propia radio comunitaria dedicada a educar e informar a la población, especialmente de los departamentos de Choluteca y Valle, y con esfuerzo sale al aire por primera vez el 14 de abril de 2010, por lo que junto con ADEPZA celebran su aniversario cada abril.
El actual coordinador de ADEPZA agregó que “la radio comunitaria La voz de Zacate Grande nace en este proceso de lucha, nace en los secos de esperanza como le llamamos nosotros en Zacate Grande, el 14 de abril del 2010 sale al aire y hoy cumplimos 8 años de educar e informar”.
Durante estos ochos años de funcionamiento, han sufrido persecución los compañeros corresponsales, incluso un compañero que en ese momento era el coordinador de la radio, tuvo que salir del país porque estaba en peligro su vida, sostuvo Allan Torres.
También expresó que no ha sido fácil ya que la radio por su proceso de lucha y desde sus inicios han tenido persecución y permanecen en vigilancia militar y que el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras ( COFADEH ), tiene las denuncias de la misma.
“La comunidad donde está la radio está militarizada y también hemos recibido amenazas, intentos de desalojo de la radio de demolerla, nos han censurado, pero seguimos al pie de lucha”.
Por su parte el coordinador de La Voz de Zacate Grande, Gerardo Ortiz, expresó que “cuando inicio el movimiento de recuperación y titulación de tierras de la península de Zacate Grande buscamos medios corporativos para difundir y decir lo que pasaba y lo que pensábamos a cerca de la tenencia de tierras en la península, pero nos dimos cuenta que esos medios tiene ya dirigida la institucionalidad y que además están de acuerdo con e los terratenientes y empresarios”.
Agregó que fue cuando surgió la idea de tener su propia Radio comunitaria para informar realmente la situación de lo que está pasando en nuestro país y que no lo dicen los medios corporativos, y es así como nace la idea de formar un medio que informe a la población a través de una radio comunitaria, es por eso que con gran esfuerzo hoy estamos celebrando el ocho aniversario de La Voz de Zacate Grande.
Ortiz dijo a defensoresenlinea.com que “la tierra en donde estamos viviendo son tierras nacionales según la Constitución de la República y nuestros ancestros vivian allí y pagaban un dominio con la condición que no podían vender, solo ocuparlas, pero Miguel Facussé, logró documentar 3,800 hectáreas de tierra y dentro de ellas estaban las comunidades de Zacate Grande con la ley de la Reforma Agraria impulsada por Rafael Leonardo Callejas ( 1990-1994).
A raíz de esto el pueblo se unió y logramos recuperar nuestra tierra porque nosotros éramos dueños antes que el terrateniente Miguel Facuse documentara las tierras a su favor, cuando se dieron las reformas a la Ley Agraria, despojando a los campesinos y favoreciendo a los grandes terratenientes de la región hondureña, finalizó el coordinador de “La Voz de Zacate Grande”.
Esta lucha ha llevado por años en defensa de su territorio a la criminalización y enjuiciamiento de varias personas del sector, quienes a pesar de eso no se detienen en la defensa de sus territorios que poseen desde hace muchos años
Con el acompañamiento del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, hace unos años se les extendió carta de libertad a ocho defnsores del territorio de la península que son parte de este juicio, entre ellos Franklin Méndez, Ernesto Lazo, Rafael Osorio, Benito Rivera y la única mujer criminalizada Ethels Corea, que junto a Abel Pérez son integrantes de la REDEHSUR(Red de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos del Sur), Santos Hernández y Santos Tomas Cruz.
¡UNA CABEZA RODARÁ! LUIS ZELAYA USTED ELIGE
Lo
real es que las sombras son también laboriosas moscas del mal y los
diez días van avanzados, a veces podemos aprender de la historia y no
cometer los mismos errores. Al final sobre la guillotina penderá una
cabeza. El juego ya comenzó, usted elige caballero.
Reflexión
EL LIBERTADOR
Tegucigalpa.
Sólo necesitó diez noches para cortar la cabeza al incorruptible.
Caminó como la sombra en la penumbra, lo planeó como el sinuoso
–reptación sutil— sin ver a los ojos al adversario, a su espalda, a
hurtadillas revolvió el miedo en el corazón rojo de los débiles hasta
que alcanzó su cometido de llevar a la guillotina a su rival, no porque
quisiera matarlo, sino por miedo, miedo del que no estaba corrupto, de
con quien no puede tranzar la mentira, terror del impoluto Robespierre.
Ni
el increíble escritor Stefan Zweig, llega a explicar porqué Robespierre
acudió una mañana al parlamento, sacó su manifiesto y no dio la orden
de eliminar a Fouché, quizá el de manos limpias lo desestimó desde su
altura moral, lo minimizó como un simple
delincuente en la rueda de la corrupción, lo cierto es que no lo hizo y
que diez días después Fouché, no perdió la única oportunidad, lo
asesinó.
Después
de su discurso, el revolucionario se encerró a escribir un nuevo
manifiesto, que nunca leería. El “Don Nadie” de Fouché tocó la puerta de
cada parlamentario y les recordó que ante los ojos de alguien tan puro,
todos corrían peligro, que la virtud es un estorbo que todo lo exagera
hasta que convenció a los cercanos del partido para que traicionaran a
su líder, les dijo que así “cesaría la persecución”.
La
cobardía convertida en virtud en Fouché, siempre hizo que los tontos se
expusieran adelante, él trabaja tras bambalinas, jamás aparece en la
foto, avanzando cada hora, cada día, que lo ignoren es ideal, que lo
menosprecien es su ambiente de crecimiento; se acercó a cada
parlamentario, le recordó que tenía el vicio del juego, de los placeres
con amantes, negocios que no soportan la mínima auditoria seria con el
gobierno y, claro, entregó y aseguró dinero, no de él, sino a quien
servía realmente: A la Corona.
Una
similitud en el tiempo, los vicios y los valores son intemporales, Luis
Zelaya debe entender que su lucha no es contra los “voceros” del
partido Liberal, sino contra una estructura vernácula que supera el
siglo, que en algún momento se torció y vinculado al partido Nacional,
han destruido a los hondureños, que se reparten el presupuesto cada
cuatro años en un simulacro de procesos democráticos, que han jugado con
la voluntad del soberano y como juego de amigos han decidido el turno
de la “party”, “primero vos vas a ser presidente, después yo, hay que
hacer fila”.
No
se trata de confrontar personas, sino un sistema podrido, con una red
partidaria criminal que no dejará que una persona hable de dignidad o
patriotismo, la explicación es siempre económica –y para algunos
salvarse de la cárcel conservando el botín- una rápida lectura de las
capturas a políticos con crimen organizado está en el bipartidismo ¿Se
puede hablar de integridad con un psicópata?, buena suerte.
Pero
¿Quién dice que todo está perdido?, cuando Luis Zelaya estaba en
campaña, en las encuestas las personas decían: “Me agrada, pero está en
ese partido y eso me hace desconfiar”. Es cierto lo que dicen quienes lo
adversan, el partido Liberal va en picada, pero esa no es su lucha, no
fue Usted quien lo llevó donde está, sin embargo, tiene tres opciones
aún. Rector, nadie tiene que recordarle la teoría de la locura.
La
primera es desde ese mismo partido, convocar a todos los liberales y
que voten, ¿Están de acuerdo con el nuevo liberalismo?, ¿Quién debe
dirigir el partido?, ¿Quién debe ser expulsado?, no se puede aspirar a
gobernar un país, sino se gobierna un partido. Deje que los liberales
tomen las decisiones que consideren convenientes.
La
segunda opción es más fácil. Si el profesor abandona ese instituto
político ¿Quién pierde más?, los grandes políticos han sido grandes
porque han creído en el pueblo, tiene el tiempo, la experiencia para
iniciar un nuevo proyecto un verdadero liberalismo social, integral y
sin fantasmas que amarren las decisiones que se debe tomar.
La
tercera (no recomendada), es seguir en la estructura, peleando con los
viejos y destrozados molimos que mueven el partido Liberal, esperando lo
que todos sabemos que va a pasar, o lo expulsarán o lo enviarán al
destierro. Lo real es que las sombras son también laboriosas moscas del
mal y los diez días van avanzados, a veces podemos aprender de la
historia y no cometer los mismos errores. Al final sobre la guillotina
penderá una cabeza. El juego ya comenzó, Usted elige Caballero.
CARTA A LOS LECTORES EN EL 15.º ANIVERSARIO DE EL LIBERTADOR
La
historia de EL LIBERTADOR es apasionante, hay material para una obra de
teatro o para un libro. Después de quince años rompimos tabúes y, este
rotativo, se convirtió en referente periodístico del acontecer en
nuestra Nación para propios y extraños. Gracias a todos los que nos han
ayudado a que esta gesta por Honduras haya sido posible.
Jhonny José Lagos Henríquez
Director Fundador
EL LIBERTADOR
Amigos lectores y lectoras:
¡Tengo
una noticia!, el próximo 20 de mayo, EL LIBERTADOR, cumple 15 años
desde aquella mañana que entró al mundo de la sociedad hondureña, sin
más decisión que serle útil a nuestro pueblo a través del ejercicio de
auditoría social, rompiendo el eterno reino de la desinformación
impuesto por la prensa tradicional sin contrapeso de otros medios de
comunicación. La ciudadanía estaba indefensa, no tenía información de su
interés.
Aparecimos
en 2003 –aún no había redes sociales en el país, la Internet como red
global era exclusiva de grandes empresas con nexo internacional y, por
supuesto, recién iniciaban los periódicos digitales en las salas de
redacción tradicional que siempre invierten en nuevas tecnologías, los
pocos “Cyber” eran novedad en Tegucigalpa—. Muchos empresarios miraban
un lujo la creación del sitio web institucional, eran caros; el primero
que hizo EL LIBERTADOR en 2005 costó 2.000 dólares, hoy casi 50.000
lempiras.
En
ese contexto circuló la primera edición de EL LIBERTADOR, con una
agenda de contenido desafiante, una visión desde la ciudadanía, inédita
en la historia del periodismo nacional, fue escándalo para los
hipócritas que llamáramos ladrón al ladrón, de entrada el poder nos
rechazó cuando vieron exhibidas en nuestra portada a “las vacas
sagradas” del poder económico y político de Honduras. Quien los tocara,
si era empresa, ¡estaba muerta!
Esa
historia es apasionante, hay material para una obra de teatro o para un
libro, quizá lo escriba. Al final rompimos tabúes y este rotativo se
convirtió en referente hondureño y extranjero periodístico del acontecer
en nuestra tierra. Disculpen, este no es el tema.
EL
LIBERTADOR es el único medio escrito alternativo que en el último medio
siglo logró una posición destacada en el periodismo escrito nacional,
varios periódicos han muerto en este lapso, incluso un tradicional que
vivió 45 años, Diario Tiempo. Todos los alternativos cerraron porque el
bajo monto de publicidad no ajustó para cubrir costos de producción.- La
sociedad pierde cuando se extingue un medio que cuida el bien común,
eso hace mucho lo saben los poderosos y protegen sus empresas de
divulgación.
Desde
2009 hasta la fecha han pasado más de ocho años en que EL LIBERTADOR en
la misma proporción del endeudamiento bancario para subsistir, logró
cada año más millones de lectores en el ciberespacio, tanto, que sin
mayor innovación en sus dos versiones, ganamos la batalla de la
credibilidad a los periódicos tradicionales y con frecuencia los
superamos en la noticia cuando de espaldas a la verdad callan y
maquillan la realidad social.
Los
hemos derrotado por encima que cuentan con gran soporte de grupos
corporativos del que son parte, más el flujo continuo de nuevo capital
que por publicidad les otorga el gobierno de turno y las grandes
empresas que protegen en sus contenidos a cambio de una alianza que les
produce diversos recursos que aseguran su existencia, excepto que les
pase lo de Tiempo, que no duró un mes con vida cuando desapareció Grupo
Continental.
EL LIBERTADOR agradece el apoyo a sus suscriptores, a quienes compran el ejemplar, a personas
y organismos que hayan hecho un aporte solidario y, en particular, a
los aún pocos pero vitales clientes que pautan sus marcas en el diario
digital e impreso mensual, de este modo, invito a que apoyen más y de
manera permanente nuestro trabajo social, en este caso, vamos con la
edición conmemorativa de nuestros 15.º aniversario, EL LIBERTADOR, “Primer Auditor Social de Honduras”.
Saludos.
Nota:
Cualquier
consulta al respecto de esta carta o información del aniversario, llame
al Gerente de Marca y Ventas, Josué Sevilla, al número 9810-2365, o a
través de las redes sociales del periódico: hnellibertador (Tuiter),
Periódico El Libertador (Facebook).
Teléfonos fijos oficina/ 2231-3169 / 2239-0060 / 2232-0051
El reloj de Norma se convirtió en calendario
Abr 13, 2018
Mientras escribía y ahora usted
lee estas líneas, Norma, Elena, Virginia, Astrid, Anita, Nora, Claudia,
Domitila, Karla, Victoria y María están pensando, con lágrimas en los
ojos, en sus amados parientes privados de libertad, encarcelados por el
actual régimen. Ellos, posiblemente, están sin comer, sin bañarse,
durmiendo en el suelo y sin tomar agua. Dígame usted si es fácil comerse
unos frijoles con polillas o el arroz con heces de ratones; así están
viviendo los privados de libertad en la cárcel de máxima seguridad,
ubicada en el municipio occidental de Ilama, Santa Bárbara, conocida
como “El Pozo”.
Las mujeres, durante siglos, hemos estado presentes en cada una de las trincheras de lucha por la defensa y reivindicación de los derechos de la humanidad. Sí, las mujeres están de frente con el cuerpo, con la vida. Es imposible no darse cuenta que las mujeres lloran a sus privados de libertad. En este proceso solo hay dos padres. Son las mujeres las que exigen libertad para sus presos. Cierre los ojos e imagine por un instante a su ser amado –hijo, hermano, padre, tío, pareja- encerrado, sin poder verlo, tocarlo y sin saber que, al menos toma agua. ¡Es doloroso!, abracemos su lucha.
Norma, de piel trigueña, es una mujer fuerte con sonrisa encantadora, sonrisa que se ha vuelto escasa. Ha bajado 15 libras: “estuve varias semanas sin comer, mi esposo también ha bajado de peso. Recuerda que la comida favorita de sus amados hijos son el pollo frito con tajadas y las baleadas, en medio de lágrimas, se le escapa una sonrisa y dice ¡puro carbohidratos!; hemos dejado de comerlo para evitar el dolor por su ausencia.
Ella es la única madre que hasta la fecha puede visitar sus parientes en “El Pozo”. Logró sacar el carnet que piden en los centros penales de Honduras, algo que no fue fácil dice: tuve que llevar todos los documentos que exigen, esperé casi dos meses para volver y acariciar a mis hijos, corroborar que están vivos.
El resto de familias lograron ver sus parientes, sin necesidad de carnet, el pasado 31 de diciembre de 2017. Eso fue posible por la intervención de defensores y defensoras de derechos humanos, de la zona Norte, ante el Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradante (CONAPREV). En esa oportunidad varios jóvenes defensores de derechos humanos acompañaron a las familias y tomaron su testimonio de viva voz.
“Ya se acabó esa época en que las personas ingresaban y salían de los centros penales a la hora que querían”, dijo el sub director del Instituto Nacional Penitenciario, German Mcneil. Los estrictos requisitos que deben cumplir las personas para visitar a sus familiares privados de libertad se vuelven casi imposibles, sobre todo si son de escasos recursos económicos. Según el artículo 10 del Reglamento de Visitas, para la obtener el carnet de visitas tienen que cumplir los siguientes requisitos:
1)Copia de la Tarjeta de Identidad de cada uno de los visitantes o Pasaporte en caso de ser extranjero;
2)Constancia de vecindad del municipio donde reside;
3)Constancia de Antecedentes penales vigente;
4)Constancia de antecedentes policiales vigente;
5)Tres (3) fotografías recientes (tamaño carnet);
6)Tres (3) cartas de referencias personales del visitante;
7)Certificación donde indique el parentesco con la persona que va a visitar;
8)Certificación de matrimonio en el caso de ser cónyuge de quien visita o declaración jurada debidamente autenticada por notario, cuando se trate de unión libre;
9)Nombre de la persona privada a visitar.
Una vez presentada la información recibirá el carnet para visitas, el mismo tiene vigencia de seis meses. Norma cuenta que tuvo suerte, le tocó esperar 24 días, en la mayoría de los casos se tarda hasta tres meses.
Según el Banco Mundial, en el 2015 Honduras ocupó la tasa más alta en América Latina de población, entre 15 y 24 años de edad, de los catalogados “NINIS, es decir que en la actualidad hay más de 800 mil jóvenes que ni estudian ni trabajan.
A sus 23 años, Daniel Eduardo Santos Ordoñez estudiaba el segundo año de Ciclo Común, trabajaba en una moto taxi. Tenía que buscarle a la vida, dice su mamá, desde hace dos años tiene pareja. “Voy a ser honesta, mis hijos no participaron en las protestas y no porque sea malo, tenemos todo el derecho a manifestar nuestro rechazo, pero es injusto, muy injusto, que mis hijos estén encerrados y acusados de delitos que no cometieron. Usted va y consulta a los vecinos sobre su comportamiento y darán fe que tan buenos hijos son, no se meten en problemas con nadie”, expresa Norma.
Esta madre recuerda que sus hijos nacieron con un año de diferencia. Desde niños eran muy unidos, jugaban juntos, soñaban con terminar sus estudios y tener su negocio propio. Esos sueños fueron arrebatados por el régimen de Juan Orlando Hernández. Norma nunca olvidará el 26 de diciembre de 2017.
Norma recuerda que su casa estuvo rodeada por elementos COBRAS y agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), luego llegaron otros 10 elementos golpeando la puerta y gritando que la abrieran. “Me levanté toda nerviosa para abrir la puerta, cuando ellos entraron sentaron en el corredor de la casa a mi compañero de hogar para interrogarlo, le preguntaron cuántos hijos tenía, que cómo se llamaban, incluso, cuando preguntaron por la edad de mi hijo de 13 años no creyeron y nos tocó mostrar la partida de nacimiento”.
Agrega que le dieron vuelta a la casa,” según ellos buscaban armas y electrodomésticos robados, los muy descarado me dijeron: “no se preocupe señora, lo que buscamos ya lo encontraremos”, pero no encontraron nada”.
Cuando le consultaron sobre sus dos hijos ella respondió que uno estaba en el cuarto y el otro no estaba. José Orlando estaba en casa de la suegra: “me obligaron a que le llamara y como mi hijo no debía nada se vino, al llegar le tomaron fotografías, luego dijeron que se lo llevaría por seis horas para investigación, no volvieron”.
Ese día fue uno de los más largos, recuerda, esperando la entrega de sus hijos que nunca ocurrió. Les mantuvieron todo el día en la DPI, a las 10 de la noche los trasladaron a la Primera Estación de Policía en San Pedro Sula. La noticia más dura no tardaba en llegar; el 27 de diciembre, más o menos a las cuatro de la tarde, los llevaron a “El Pozo” acusados de incendio y otros estragos, daños agravados en perjuicio de la Secretaría de Seguridad y atentado contra miembros de la Policía Nacional.
Es tan grande la perversidad de las autoridades que al llegar a “El Pozo” les raparon la cabeza. Norma tiene claro que la intención es hacer pensar a la gente que ellos forman parte de maras.
Que sus hijos vuelvan a casa y disfruten un delicioso pollo frito con tajadas de guineo y comer baleadas, preparadas con amor, es el anhelo de Norma.
Por: Dunia Pérez, feminista, defensoras de derechos humanos del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, ERIC-SJ.
Las mujeres, durante siglos, hemos estado presentes en cada una de las trincheras de lucha por la defensa y reivindicación de los derechos de la humanidad. Sí, las mujeres están de frente con el cuerpo, con la vida. Es imposible no darse cuenta que las mujeres lloran a sus privados de libertad. En este proceso solo hay dos padres. Son las mujeres las que exigen libertad para sus presos. Cierre los ojos e imagine por un instante a su ser amado –hijo, hermano, padre, tío, pareja- encerrado, sin poder verlo, tocarlo y sin saber que, al menos toma agua. ¡Es doloroso!, abracemos su lucha.
Amor infinito que rompe rejas
Norma Ordoñez, mujer joven, es madre de tres hijos, dos de ellos están en “El Pozo”. José Orlando y Daniel Santos, 21 y 22 años respectivamente. Al mencionar sus nombres cierra los ojos, seguro que con la intención de no dejar escapar lágrimas de dolor, rabia e impotencia; finalmente los abre y dice “mis hijos crecieron en un hogar riguroso, de principios, involucrados en el negocio familiar –venta de comida- y participaban en la Iglesia Filadelfia”. Continúa diciendo “mi niño de 13 años llora cuando recuerda a sus hermanos, le ha pedido a Dios que sus hermanos salgan en libertad y que cuando eso ocurra se bautizará, es una promesa”.Norma, de piel trigueña, es una mujer fuerte con sonrisa encantadora, sonrisa que se ha vuelto escasa. Ha bajado 15 libras: “estuve varias semanas sin comer, mi esposo también ha bajado de peso. Recuerda que la comida favorita de sus amados hijos son el pollo frito con tajadas y las baleadas, en medio de lágrimas, se le escapa una sonrisa y dice ¡puro carbohidratos!; hemos dejado de comerlo para evitar el dolor por su ausencia.
Ella es la única madre que hasta la fecha puede visitar sus parientes en “El Pozo”. Logró sacar el carnet que piden en los centros penales de Honduras, algo que no fue fácil dice: tuve que llevar todos los documentos que exigen, esperé casi dos meses para volver y acariciar a mis hijos, corroborar que están vivos.
El resto de familias lograron ver sus parientes, sin necesidad de carnet, el pasado 31 de diciembre de 2017. Eso fue posible por la intervención de defensores y defensoras de derechos humanos, de la zona Norte, ante el Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradante (CONAPREV). En esa oportunidad varios jóvenes defensores de derechos humanos acompañaron a las familias y tomaron su testimonio de viva voz.
“Ya se acabó esa época en que las personas ingresaban y salían de los centros penales a la hora que querían”, dijo el sub director del Instituto Nacional Penitenciario, German Mcneil. Los estrictos requisitos que deben cumplir las personas para visitar a sus familiares privados de libertad se vuelven casi imposibles, sobre todo si son de escasos recursos económicos. Según el artículo 10 del Reglamento de Visitas, para la obtener el carnet de visitas tienen que cumplir los siguientes requisitos:
1)Copia de la Tarjeta de Identidad de cada uno de los visitantes o Pasaporte en caso de ser extranjero;
2)Constancia de vecindad del municipio donde reside;
3)Constancia de Antecedentes penales vigente;
4)Constancia de antecedentes policiales vigente;
5)Tres (3) fotografías recientes (tamaño carnet);
6)Tres (3) cartas de referencias personales del visitante;
7)Certificación donde indique el parentesco con la persona que va a visitar;
8)Certificación de matrimonio en el caso de ser cónyuge de quien visita o declaración jurada debidamente autenticada por notario, cuando se trate de unión libre;
9)Nombre de la persona privada a visitar.
Una vez presentada la información recibirá el carnet para visitas, el mismo tiene vigencia de seis meses. Norma cuenta que tuvo suerte, le tocó esperar 24 días, en la mayoría de los casos se tarda hasta tres meses.
Sueños arrebatados
José Orlando Santos Ordoñez de 22 años, cursaba el primer año de Ciclo Común, trabajaba con su madre en el negocio familiar, Norma expresa que no le quedaba de otra. En Honduras no hay oportunidades para los jóvenes, es difícil que consigan un empleo digno.Según el Banco Mundial, en el 2015 Honduras ocupó la tasa más alta en América Latina de población, entre 15 y 24 años de edad, de los catalogados “NINIS, es decir que en la actualidad hay más de 800 mil jóvenes que ni estudian ni trabajan.
A sus 23 años, Daniel Eduardo Santos Ordoñez estudiaba el segundo año de Ciclo Común, trabajaba en una moto taxi. Tenía que buscarle a la vida, dice su mamá, desde hace dos años tiene pareja. “Voy a ser honesta, mis hijos no participaron en las protestas y no porque sea malo, tenemos todo el derecho a manifestar nuestro rechazo, pero es injusto, muy injusto, que mis hijos estén encerrados y acusados de delitos que no cometieron. Usted va y consulta a los vecinos sobre su comportamiento y darán fe que tan buenos hijos son, no se meten en problemas con nadie”, expresa Norma.
Esta madre recuerda que sus hijos nacieron con un año de diferencia. Desde niños eran muy unidos, jugaban juntos, soñaban con terminar sus estudios y tener su negocio propio. Esos sueños fueron arrebatados por el régimen de Juan Orlando Hernández. Norma nunca olvidará el 26 de diciembre de 2017.
Madrugada de cacería
Las mujeres coinciden: el 26 de diciembre de 2017 fue una cacería en Pimienta, Cortés. Rememoran que lo “cateos” estaban a la orden del día. Ese día la Policía Militar, junto a policías COBRAS, tuvieron trabajo desde la mañana rodeando las viviendas. En la madrugada rompieron portones y puertas de varias casas. Otra interrumpe: “es que el dolor del doctor Raúl Ugarte – alcalde de Pimienta- es grande, lleva cuatro períodos gobernando, siempre ha ganado el alcalde y el presidente, pero este año no fue así”. Al otro extremo del espacio de reunión, una mujer más dice que este año la gente votó por el alcalde, pero no por Juan Orlando Hernández, el alcalde no se lo esperaba, no se lo esperaban, por eso ni fiesta hizo.Norma recuerda que su casa estuvo rodeada por elementos COBRAS y agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), luego llegaron otros 10 elementos golpeando la puerta y gritando que la abrieran. “Me levanté toda nerviosa para abrir la puerta, cuando ellos entraron sentaron en el corredor de la casa a mi compañero de hogar para interrogarlo, le preguntaron cuántos hijos tenía, que cómo se llamaban, incluso, cuando preguntaron por la edad de mi hijo de 13 años no creyeron y nos tocó mostrar la partida de nacimiento”.
Agrega que le dieron vuelta a la casa,” según ellos buscaban armas y electrodomésticos robados, los muy descarado me dijeron: “no se preocupe señora, lo que buscamos ya lo encontraremos”, pero no encontraron nada”.
Cuando le consultaron sobre sus dos hijos ella respondió que uno estaba en el cuarto y el otro no estaba. José Orlando estaba en casa de la suegra: “me obligaron a que le llamara y como mi hijo no debía nada se vino, al llegar le tomaron fotografías, luego dijeron que se lo llevaría por seis horas para investigación, no volvieron”.
Ese día fue uno de los más largos, recuerda, esperando la entrega de sus hijos que nunca ocurrió. Les mantuvieron todo el día en la DPI, a las 10 de la noche los trasladaron a la Primera Estación de Policía en San Pedro Sula. La noticia más dura no tardaba en llegar; el 27 de diciembre, más o menos a las cuatro de la tarde, los llevaron a “El Pozo” acusados de incendio y otros estragos, daños agravados en perjuicio de la Secretaría de Seguridad y atentado contra miembros de la Policía Nacional.
Es tan grande la perversidad de las autoridades que al llegar a “El Pozo” les raparon la cabeza. Norma tiene claro que la intención es hacer pensar a la gente que ellos forman parte de maras.
Que sus hijos vuelvan a casa y disfruten un delicioso pollo frito con tajadas de guineo y comer baleadas, preparadas con amor, es el anhelo de Norma.
Por: Dunia Pérez, feminista, defensoras de derechos humanos del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, ERIC-SJ.
Marcala una zona silenciada: Cierre de fuentes, marginamiento y juicios contra periodistas pretenden colocar un bozal
Thursday, 19 April 2018 11:46 Written by Webmaster Published in Amenazas a la Libertad de Expresión
La Libertad de Expresión está lejos para los comunicadores
sociales del municipio de Marcala, departamento de la Paz , en la zona
central de Honduras, porque según denunciaron los afectados autoridades
del sector cometen abusos contra este derecho irrespetando con ello el
trabajo de periodistas que buscan información para difundirla a través
de sus medios de comunicación.
El pasado 13 de abril de 2018 la Asociación por la Democracia y los
Derechos Humanos, ASOPODEHU, se reunió con más de una docena de
periodistas y comunicadores sociales de ese término para desarrollar un
taller y a la libertad de expresión entre ellos el cierre de las fuentes
informativas, querellas por discutir sobre los diferentes aspectos de
la libertad de expresión.
En un conversatorio sobre la situación de la libertad de expresión en Marcala sobresalieron aspectos graves como amenazas, ataques, querellas por difamación y calumnias, aislamiento de los periodistas, solo para mencionar algunas formas.
La Falta de Acceso a la Información perjudica la labor periodística de los comunicadores, quienes se ven afectados al momento de transmitir o divulgar la noticia, especialmente cuando cubren las la nota policial, ente que según ellos les oculta información policial, lo que se agrava cuando resulta culpable alguna autoridad de turno .
Para el caso hay discriminación por parte de las autoridades policiales contra comunicadores y medios de comunicación de acuerdo a la denuncia de Henry Fiallos, corresponsal de un medio de comunicación en Intibucá, que no autorizó divulgar su nombre, pero describió que tuvo represalias de la policía por divulgar intentos de violación contra mujeres en lugares turísticos de la Gruta y baños públicos de La Esperanza, Intibucá.
Fiallos recordó que fue llamado por la policía y agentes de este cuerpo de seguridad del Estado hondureño le reclamaron porque había pasado esa información, diciéndole además que estaba poniendo en duda la credibilidad de la policía, que ellos eran los encargados de velar por la seguridad de la ciudadanía.
Fiallos denunció que a raíz de esa situación ha sido marginado como periodista en la cobertura noticiosa de esa institución policial.
Por otro lado, lLa comunicadora Social Joselyn Díaz tuvo que emigrar de su ciudad natal (Márcala) por un período de un año para otro departamento, ya que por denunciar actos de corrupción en la pasada administración de la alcaldía, fue “invitada” por la alcaldesa quien le dijo que abandonara el lugar.
El periodista y director de Radio Márcala, Carlos Gáleas ha sido amenazado por la Delegada del Comisionado Nacional de Derechos Humanos CONADEH, Yaritza Rodríguez, por difundir información de la forma en que se eligió la Comisionada Municipal y preguntar a la funcionaria por qué ese organismo se estaba oponiendo a los resultados, amenaza que no se la dijo a él directamente, pero sí a sus compañeros que cubren las diferentes fuentes informativas.
A través de las redes sociales, varios comunicadores son amenazados, los obligan a que se retracten o retiren la información al momento de transmitirla ya sea por radio o Tv, lo que significa que hay represalias cuando informan temas que afectan a autoridades de turno, estas no permiten que se les critique.
Asimismo describieron que la publicidad es condicionada por las autoridad lo que genera la autocensura limitando la libertad de expresión e información.
En un conversatorio sobre la situación de la libertad de expresión en Marcala sobresalieron aspectos graves como amenazas, ataques, querellas por difamación y calumnias, aislamiento de los periodistas, solo para mencionar algunas formas.
La Falta de Acceso a la Información perjudica la labor periodística de los comunicadores, quienes se ven afectados al momento de transmitir o divulgar la noticia, especialmente cuando cubren las la nota policial, ente que según ellos les oculta información policial, lo que se agrava cuando resulta culpable alguna autoridad de turno .
Para el caso hay discriminación por parte de las autoridades policiales contra comunicadores y medios de comunicación de acuerdo a la denuncia de Henry Fiallos, corresponsal de un medio de comunicación en Intibucá, que no autorizó divulgar su nombre, pero describió que tuvo represalias de la policía por divulgar intentos de violación contra mujeres en lugares turísticos de la Gruta y baños públicos de La Esperanza, Intibucá.
Fiallos recordó que fue llamado por la policía y agentes de este cuerpo de seguridad del Estado hondureño le reclamaron porque había pasado esa información, diciéndole además que estaba poniendo en duda la credibilidad de la policía, que ellos eran los encargados de velar por la seguridad de la ciudadanía.
Fiallos denunció que a raíz de esa situación ha sido marginado como periodista en la cobertura noticiosa de esa institución policial.
Por otro lado, lLa comunicadora Social Joselyn Díaz tuvo que emigrar de su ciudad natal (Márcala) por un período de un año para otro departamento, ya que por denunciar actos de corrupción en la pasada administración de la alcaldía, fue “invitada” por la alcaldesa quien le dijo que abandonara el lugar.
El periodista y director de Radio Márcala, Carlos Gáleas ha sido amenazado por la Delegada del Comisionado Nacional de Derechos Humanos CONADEH, Yaritza Rodríguez, por difundir información de la forma en que se eligió la Comisionada Municipal y preguntar a la funcionaria por qué ese organismo se estaba oponiendo a los resultados, amenaza que no se la dijo a él directamente, pero sí a sus compañeros que cubren las diferentes fuentes informativas.
A través de las redes sociales, varios comunicadores son amenazados, los obligan a que se retracten o retiren la información al momento de transmitirla ya sea por radio o Tv, lo que significa que hay represalias cuando informan temas que afectan a autoridades de turno, estas no permiten que se les critique.
Asimismo describieron que la publicidad es condicionada por las autoridad lo que genera la autocensura limitando la libertad de expresión e información.
HONDURAS: MÁS DE 250 MIL “NUEVOS POBRES” DEJÓ EL 2017
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa.
El director del Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (FOSDEH),
Nelson García, informó que en 2017, más de 250 mil hondureños fueron
declarados como “nuevos pobres”.
Asimismo,
reveló que en los últimos 16 años, las condiciones de pobreza solo se
han logrado reducir en un tres por ciento y que actualmente, son al
menos seis millones de hondureños los que viven en la pobreza.
Para
el 2016 la población en Honduras pasó a ser de 8.7 millones de
habitantes, de los que más de seis millones viven en pobreza y casi
cuatro millones en condiciones de pobreza extrema, según el FOSDEH.
Además,
con relación al 2016, el último año hubo un incremento del 3.1 por
ciento de pobreza, que según García, se habla de “unos 250 mil
hondureños que han entrado a este enorme círculo; mismo que se amplía
cada vez más”.
El
especialista en economía, destacó que en términos generales “hablamos
alrededor de un 68 por ciento de pobreza en el país”. Por otro lado, la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), ubicó a
Honduras como el país más pobre del continente, por encima de Haití y
Guatemala.
Para
el director del FOSDEH, ese es el resultado de la mala praxis del
gobierno, ya que “Honduras no es tan experta con las diferentes
estrategias gubernamentales, para solucionar este problema”.
ORQUESTA MEDIÁTICA EJECUTA SIN ÉXITO “HONDURAS NORMAL”
La
crisis política que transita Honduras está pasando a un nuevo
escenario. Por ahora y como siempre en las constantes crisis, se
desarrolla una campaña a través de la prensa tradicional que naufraga en
el intento de mostrar a propios y extranjeros que en el país todo está
normal, tras la toma de posesión del cuestionado presidente Juan
Hernández.
Este
análisis, elaborado por Radio Progreso y el ERIC, con título “El
gobierno de JOH”, advierte que Hernández podrá ser el mandatario de sus
funcionarios y de algunos de sus seguidores, podrá ser el presidente de
la Honduras que lo acompañó en “el Nacional”, pero no de la otra
Honduras, donde está la mayoría de la población que lo rechaza.
El gobierno de JOH
La
crisis política que vive Honduras está pasando a un nuevo escenario.
Hay una campaña mediática en el país por hacer ver que todo está normal
tras la toma de posesión del cuestionado presidente Juan Orlando
Hernández. Y efectivamente en el país pareciera que todo está normal,
pero basta con interiorizar un poco para darse cuenta que el rechazo
hacia el fruto de la ilegal reelección presidencial de Juan Orlando
Hernández, es alto y generalizado.
Además
la persecución y criminalización de algunas caras visibles de la
protesta social no ha cesado dejando ya a varios presos políticos.
Además nunca será momento para olvidar a los caídos en esta crisis, a
esas personas que se opusieron a ser gobernadas por la ilegalidad.
Juan
Hernández podrá ser el mandatario del país pero no podrá ganarse el
respeto y la legitimidad de la gente, será el mandatario de sus
funcionarios y de algunos de sus seguidores, es decir podrá ser el
presidente de la Honduras que lo acompañó en el estadio nacional pero no
de la otra Honduras que lo rechaza.
Sin
duda que su gobierno no será un gobierno que tendrá las facilidades
para poder gobernar porque para hacerlo deberá comprar muchas
voluntades, que bien lo puede hacer, pero esas voluntades son escasas y
no alcanzaría para ganar la gobernabilidad que necesita. Le conviene
seguir cumpliendo a cabalidad las directrices que se emanen de la
política de los Estados Unidos.
Hernández
es el presidente más deslegitimado de la historia y para sostenerse en
el poder necesita de las armas, el chantaje y el soborno. Frente a él
tendrá a una ciudadanía indignada, que se siente defraudada y robada.
Esa indignación podrá sentirse en cualquier momento y en cualquier
circunstancia.
Hay,
cada vez más, una opinión generalizada de que este gobierno no podrá
terminar sus cuatro años porque una dictadura, como la de Honduras,
tiene patas cortas y no podrá llegar tan lejos como los sectores
oficiales desearían.
El
diálogo es la salida a cualquier conflicto. Pero debe ser un diálogo
franco y sincero, con objetivos claros y con mucha voluntad política
para implementar los frutos de esos diálogos, los acuerdos, deberán
cumplirse para superar esta crisis.
Honduras
necesita un diálogo efectivo, que busque soluciones pero no el diálogo
que ha planteado el cuestionado gobierno Hernández que lo que busca, al
final de cuentas, no son soluciones sino legitimar su fraude, su
corrupción y su impunidad“Política de desempleo” del gobierno busca compensar gastos excesivos
Los
economistas del régimen Hernández, liderados por el presidente del
Banco Central de Honduras (BCH), Wilfredo Cerrato, han optado por la vía
más fácil para reducir el gasto excesivo (déficit fiscal) y quedar bien
con el FMI, han confiado hoy a EL LIBERTADOR técnicos del BCH, al
indicar que la “decisión práctica” ha sido enviar al desempleo personal
del sector público.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa.
Se avizoran despidos masivos en la Empresa Nacional de Energía
Eléctrica (ENEE), eso mismo ya ocurrió en la Secretaría de Educación
cuando este semana se determinó suspender los empleados de contrato. Y
la misma barrida se espera en las demás instituciones del sector público
hondureño.
Este
periódico consultó una fuente del Banco Central de Honduras (BCH),
acerca del fenómeno de despidos de empleados del sector público que se
está observando en el país, y explicó que es una medida, una política
orientada a compensar, por ejemplo, los gastos excesivos del gobierno en
mantener militares en las calles y en lugar de mandarlos a los
batallones, opta por despedir personal de las oficinas públicas.
“Con
esta decisión el gobierno busca mantener o reducir el déficit fiscal
(exceso de gastos del gobierno por encima del monto anual establecido en
el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República), que es
uno de los parámetros acordados con el Fondo Monetario Internacional
(FMI) y los economistas del gobierno recomiendan lo fácil y tradicional,
sacrificar al pueblo hondureño, esto también implicará ajustes
tributarios, o sea, impuestos disfrazados como aumentar el valor de los
combustibles y otros tributos indirectos que deterioran aún más el nivel
de vida de los hondureños”, explicó.
En
diciembre de 2017 el gerente de la Empresa Nacional de Energía
Eléctrica (ENEE), Jesús Mejía Arita, anunció a los empleados que en 2018
ya no habría despidos masivos como ha ocurrido en los cuatro años del
primer mandato de Juan Hernández. “Pero era mentira, una más de las que
acostumbra Mejía y sus compañeros de gabinete”, dijo un sindicalista de
la ENEE, que pidió no mencionar su nombre por temor al despido.
Resulta
que el jueves 22 de febrero de 2018, los empleados recibieron un
escueto memorando que textualmente dice: “Con instrucciones de la
Gerencia General se informa, que todo empleado que desee retirarse
voluntariamente o jubilarse que hay disponibilidad de fondos para el
pago de sus prestaciones laborales, siempre y cuando decida hacerlo en
un plazo de 60 días a partir de la fecha de este comunicado”.
Empleados
de la estatal eléctrica exteriorizaron su preocupación a El Libertador
ya que se avizoran despidos masivos, de mayor magnitud que en años
anteriores, todo como parte del proceso de privatización de La ENEE
contemplado en la Carta de Intenciones del Fondo Monetario Internacional
(FMI), firmada en diciembre de 2014.
Memorando de la ENEE
NOTA ACLARATORIA SOBRE LA DIFUSIÓN PERIODÍSTICA DE ALGUNOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
El personal docente del Centro de Educación Básica (CEB) “Jacobo Cáceres Ávila”, de Tegucigalpa, se pronunció este día, por las publicaciones en algunos medios de comunicación, al considerar que están desinformando tras el hecho dónde una maestra resultó herida, el día de ayer.
Con el hecho de ayer y la perspectiva nocticiosa, los y las profesoras consideran que se pone en riesgo su vida y demás personas que son parte del centro educativo, ubiocado en la colonia Nueva Suyapa, al este de la capital.
-Cabe mencionar que, hace días en esa misma zona, un menor de 12 años que respondía al nombre Rodis Eduardo Peralta Ramírez, que cursaba el séptimo grado, murió al recibir un impacto de bala en la cabeza, mientras salía del centro educativo.-
Por lo que el cuerpo docente, Aclara lo siguiente:
C.E.B MONSEÑOR JACOBO CACERES AVILA ALDEA DE SUYAPA M.D.C
NOTA ACLARATORIA SOBRE LA DIFUSIÓN PERIODÍSTICA DE ALGUNOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Tegucigalpa.- Ante la difusión de información de los hechos acontecidos en la aldea de Suyapa en los últimos diez días y del suscitado el día 11 de abril, en donde algunos medios de comunicación han tergiversado las noticias, el Personal Docente del centro educativo Monseñor “Jacobo Cáceres Ávila”, desea aclarar lo siguiente, en base a su derecho a réplica:
1.- En ningún momento ha sido de manifiesto por parte de nosotros los docentes, decirle a ningún medio de comunicación que estamos realizando gestiones para la movilización de la terminal de buses de la Aldea de Suyapa.
2.- La comunidad de la Aldea de Suyapa, en una reunión urgente de padres de familia suscitada el día viernes 06 de abril del presente año, ACORDARON solicitar a las autoridades competentes la movilización de dicha terminal.
3.- Hacemos de manifiesto que tampoco hemos declarado ser objeto de extorsión en ningún momento como lo han manifestado en un medio de comunicación.
Por tanto, solicitamos a los medios de comunicación, ser objetivos al momento de difundir una noticia que podría poner en riesgo nuestra vida e integridad física y comunidad en general de esta institución educativa.
Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 12 días del mes de abril.
c.c. Medios de Comunicación
c.c COFADEH
c.c. CODEH
c.c Fiscalía Especial de Derechos Humanos Ministerio Público
Los Juzgados de lo Penal de Francisco Morazán trasladaron para el
06 de abril la continuación de la audiencia Inicial en contra tres altos
jefes de la la Policía Nacional Preventiva que torturaron y golpearon a
defensores de derechos humanos y estudiantes universitarios el pasado
08 de septiembre de 2017, en la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras (UNAH).
Los acusados por el Ministerio Publico,(MP) y organismos de derechos
humanos son los oficiales de policía Félix Adrián Colindres, Juan Manuel
Aguilar y Marlon Vásquez Palma, quienes están sindicados de cometer
violaciones a derechos humanos como torturas, detención ilegal,
lesiones, violación a los deberes de los funcionarios y abuso de
autoridad.
Los afectados en los predios de la Universidad son los defensores de derechos humanos: María Tomasa Morales de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU); Hedme Castro de ACI-Participa; Ariel Díaz de la Asociación de Jóvenes por los Derechos Humanos y Carlos del Cid, integrante del Observatorio Ecuménico Internacional de Derechos Humanos (OEIDH), además de ocho estudiantes de la UNAH, quienes realizaban una toma pacífica.
El acto fue condenado por la Mesa de Derechos Humanos, por la existencia de una asociación del Estado de Honduras, con todas sus instituciones del sistema de justicia que están protegiendo a los altos mandos policiales,que torturaron y cometieron los delitos contra la integridad física de los defensores de derechos humanos y los estudiantes.
Un triste relato
Pasosdeanimalgrande.com conoció el relato de Carlos del Cid, una de las víctimas de abuso policial del 08 de septiembre del 2017. Él fue sometido a vejámenes, torturas y lesiones.
“Estábamos en el bus del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), en una acción de acompañamiento a los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma y en la salida fuimos interceptados por 4 a 5 patrullas policiales, con muchos contingentes fuertemente armados, entre ellos habían hombres vestidos de civil, pero eran policías armados y nos retuvieron allí unas tres horas, exigiéndonos salir del bus porque supuestamente los estudiantes eran delincuentes”, expresó.
Del Cid apuntó que los detenidos “les exigimos que presentaran las órdenes de captura y no las presentaron. Rechazamos salir del bus y pedimos que nos llevaran o que nos acompañaran a un centro policial, donde podríamos dar las declaraciones, como un lugar seguro y no la misma Universidad, la cual estaba totalmente tomada por policías, pero ellos se ofuscaron, nos rosearon gas pimienta por dentro del bus desde las ventanas, dejándonos sometidos y una vez que nos intoxicaron con gas pimienta nos hicieron salir y a cada uno cuando bajamos, nos rociaban más gas pimienta en la cara”, destacó.
El defensor de los derechos humanos, víctima del abuso, recordó que ellos pasaron un proceso de casi 38 horas en cautiverio, los ficharon, golpearon y no les dieron atención médica inmediata cuando estaban en las celdas de la Policía Metropolitana Número Uno.
“A pesar de que íbamos graves, no se nos dio la lectura de nuestros derechos. Los estudiantes fueron juzgados como delincuentes y de que se habían apropiado de las instalaciones de la universidad. A los defensores de los derechos humanos nos acusaron de complicidad con los estudiantes”, indicó.
De acuerdo a Del Cid, ellos pasaron un proceso difícil, “estuvimos dos noches en las celdas de la Dirección de Investigación Policial (DPI) y en las celdas del CORE 7 en condiciones inhumanas, sufrimos daños en nuestros cuerpos, al final fuimos dejados libres con medidas sustitutivas”.
Agregó que a los estudiantes se les ratificó el formal procesamiento, con medidas de libertad y ahora las víctimas junto a organizaciones de derechos humanos están acusando a los oficiales que les hicieron los atropellos.
“En este proceso ya ellos pasaron una audiencia de declaración de imputados, en la cual fuimos sorprendidos porque la jueza a pesar de que los policías están acusados de cinco delitos, donde el más grave de ellos es la tortura y que suma entre 10 a 15 años de prisión , la jueza los dejó defenderse en libertad cuando la ley señala que deben ir a prisión.
Según Carlos del Cid los tres altos oficiales tienen cargos de importancia en la policía y desde sus puestos de poder, con las medidas otorgadas por la juez, pueden obstruir las investigaciones, “como efectivamente lo estaban haciendo, al investigar el quehacer personal de muchos de nosotros y de las instituciones con las cuales trabajamos, puesto que presentaron informes relacionados con eso lo que nos mantiene a nosotros en situación de vulnerabilidad”.
Sobre el caso del 08 de septiembre, ya los estudiantes y los defensores de los derechos humanos han declarado en la audiencia inicial.
“Estamos pidiéndole a la jueza a través de nuestros abogados, que les declare un auto de formal procesamiento, pero con medidas de prisión, por el nivel de peligrosidad que ellos tienen”, concluyó.
Hasta este momento se han hecho las declaraciones de ambos sectores, presentado las pruebas y el mismo continuará el próximo 06 de abril de 2018.
Los organismos de derechos humanos esperan que cuando termine la audiencia con las declaraciones y las conclusiones presentadas por la defensa y la acusación del Ministerio Público y de las organizaciones de derechos humanos, los culpables se defiendan en prisión, de lo contrario seguirán apelando al sistema Nacional y al Internacional, para que se haga justicia.
Daños a la salud
Carlos del Cid fue una de las personas que más daños sufrió en su salud, fue rociado con gas pimienta que le quemó el 80 de la córnea del ojo izquierdo y el 25 por ciento de la córnea del ojo derecho y eso lo obligó a estar en un proceso severo e intensivo de curación y atención médica por oftalmólogos del Seguro Social y en clínicas privadas.
La acción en su contra lo mantuvo incapacitado dos meses, durante los cuales fue a ocho consultas médicas. Lograron rescatarle las córneas de ambos ojos, perdió el dos por ciento de visión en el ojo izquierdo, lo cual se considera como un daño permanente e irreversible.
Los afectados en los predios de la Universidad son los defensores de derechos humanos: María Tomasa Morales de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU); Hedme Castro de ACI-Participa; Ariel Díaz de la Asociación de Jóvenes por los Derechos Humanos y Carlos del Cid, integrante del Observatorio Ecuménico Internacional de Derechos Humanos (OEIDH), además de ocho estudiantes de la UNAH, quienes realizaban una toma pacífica.
El acto fue condenado por la Mesa de Derechos Humanos, por la existencia de una asociación del Estado de Honduras, con todas sus instituciones del sistema de justicia que están protegiendo a los altos mandos policiales,que torturaron y cometieron los delitos contra la integridad física de los defensores de derechos humanos y los estudiantes.
Un triste relato
Pasosdeanimalgrande.com conoció el relato de Carlos del Cid, una de las víctimas de abuso policial del 08 de septiembre del 2017. Él fue sometido a vejámenes, torturas y lesiones.
“Estábamos en el bus del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), en una acción de acompañamiento a los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma y en la salida fuimos interceptados por 4 a 5 patrullas policiales, con muchos contingentes fuertemente armados, entre ellos habían hombres vestidos de civil, pero eran policías armados y nos retuvieron allí unas tres horas, exigiéndonos salir del bus porque supuestamente los estudiantes eran delincuentes”, expresó.
Del Cid apuntó que los detenidos “les exigimos que presentaran las órdenes de captura y no las presentaron. Rechazamos salir del bus y pedimos que nos llevaran o que nos acompañaran a un centro policial, donde podríamos dar las declaraciones, como un lugar seguro y no la misma Universidad, la cual estaba totalmente tomada por policías, pero ellos se ofuscaron, nos rosearon gas pimienta por dentro del bus desde las ventanas, dejándonos sometidos y una vez que nos intoxicaron con gas pimienta nos hicieron salir y a cada uno cuando bajamos, nos rociaban más gas pimienta en la cara”, destacó.
El defensor de los derechos humanos, víctima del abuso, recordó que ellos pasaron un proceso de casi 38 horas en cautiverio, los ficharon, golpearon y no les dieron atención médica inmediata cuando estaban en las celdas de la Policía Metropolitana Número Uno.
“A pesar de que íbamos graves, no se nos dio la lectura de nuestros derechos. Los estudiantes fueron juzgados como delincuentes y de que se habían apropiado de las instalaciones de la universidad. A los defensores de los derechos humanos nos acusaron de complicidad con los estudiantes”, indicó.
De acuerdo a Del Cid, ellos pasaron un proceso difícil, “estuvimos dos noches en las celdas de la Dirección de Investigación Policial (DPI) y en las celdas del CORE 7 en condiciones inhumanas, sufrimos daños en nuestros cuerpos, al final fuimos dejados libres con medidas sustitutivas”.
Agregó que a los estudiantes se les ratificó el formal procesamiento, con medidas de libertad y ahora las víctimas junto a organizaciones de derechos humanos están acusando a los oficiales que les hicieron los atropellos.
“En este proceso ya ellos pasaron una audiencia de declaración de imputados, en la cual fuimos sorprendidos porque la jueza a pesar de que los policías están acusados de cinco delitos, donde el más grave de ellos es la tortura y que suma entre 10 a 15 años de prisión , la jueza los dejó defenderse en libertad cuando la ley señala que deben ir a prisión.
Según Carlos del Cid los tres altos oficiales tienen cargos de importancia en la policía y desde sus puestos de poder, con las medidas otorgadas por la juez, pueden obstruir las investigaciones, “como efectivamente lo estaban haciendo, al investigar el quehacer personal de muchos de nosotros y de las instituciones con las cuales trabajamos, puesto que presentaron informes relacionados con eso lo que nos mantiene a nosotros en situación de vulnerabilidad”.
Sobre el caso del 08 de septiembre, ya los estudiantes y los defensores de los derechos humanos han declarado en la audiencia inicial.
“Estamos pidiéndole a la jueza a través de nuestros abogados, que les declare un auto de formal procesamiento, pero con medidas de prisión, por el nivel de peligrosidad que ellos tienen”, concluyó.
Hasta este momento se han hecho las declaraciones de ambos sectores, presentado las pruebas y el mismo continuará el próximo 06 de abril de 2018.
Los organismos de derechos humanos esperan que cuando termine la audiencia con las declaraciones y las conclusiones presentadas por la defensa y la acusación del Ministerio Público y de las organizaciones de derechos humanos, los culpables se defiendan en prisión, de lo contrario seguirán apelando al sistema Nacional y al Internacional, para que se haga justicia.
Daños a la salud
Carlos del Cid fue una de las personas que más daños sufrió en su salud, fue rociado con gas pimienta que le quemó el 80 de la córnea del ojo izquierdo y el 25 por ciento de la córnea del ojo derecho y eso lo obligó a estar en un proceso severo e intensivo de curación y atención médica por oftalmólogos del Seguro Social y en clínicas privadas.
La acción en su contra lo mantuvo incapacitado dos meses, durante los cuales fue a ocho consultas médicas. Lograron rescatarle las córneas de ambos ojos, perdió el dos por ciento de visión en el ojo izquierdo, lo cual se considera como un daño permanente e irreversible.