Delegación internacional de ddhh conoce situación de los presos políticos
Con el objetivo de informarse sobre la situación que enfrentan los 21 presos políticos tras la crisis post electoral del pasado 26 de noviembre, una delegación internacional de derechos humanos, integrada por organizaciones como La Voz de Abajo, la Alianza para la justicia Global entre otras, se encuentra desde este lunes en el país.
En su primer encuentro, la delegación conformada por nueve defensores y defensoras, se reunieron con el recién creado Comité Nacional por la Liberación de los Presos Políticos, que es integrado por organizaciones de derechos humanos, colegios magisteriales, sindicatos, religiosos, frentes políticos, organizaciones campesinas, abogados y familiares de los privados de libertad por razones políticas.
La reunión que se realizó en la sede del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares (Stibys) resultó muy productiva, sostuvo Vicky Cervantes, co-fundadora del “La Voz de los de Abajo”, organización de solidaridad internacional voluntaria con sede en Chicago, Estados Unidos, que ha acompañado a los movimientos sociales en Honduras desde hace dos décadas.
“Fue una reunión muy importante para nosotros por la información que recibimos para amplificar nuestro entendimiento de la situación y más importante porque con eso vamos haciendo más fuerte los lazos entre los defensores de Honduras, Estados Unidos y Canadá”, sostuvo la defensora internacional.
Agregó que van a poder coordinar campañas para la libertad de los presos políticos de una manera internacional y fuerte.
En Honduras, después de la cris post electoral del pasado 26 de noviembre, se registran 21 presos políticos en el país, de los cuales una es mujer y en el extranjero, específicamente en Costa Rica, se encuentra privado de libertad Eduardo Urbina, dirigente estudiantil a quien lo responsabilizan de haber quemado un camión militar el 15 de diciembre pasado, pero él cinco días antes había abandonado el país con el apoyo del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), porque su vida estaba en peligro.
La delegación, que estará una semana en el país, visitará las dos cárceles de máxima seguridad, La Tolva y El Pozo, y se reunirán con otras organizaciones y familiares de los privados de libertad en la zona norte del país.
“Me da indignación saber de las torturas y maltrato que están recibiendo todos los presos en las cárceles de La Tolva y El Pozo, pero más aún los presos políticos que están detenidos antes de ser enjuiciados bajo acusaciones para la cual no presentan las evidencias y los están sometiendo a un tipo de tortura dentro de la cárcel, sin agua y sin atención médica”, señaló Vicky Cervantes.
Esas acciones en contra de los privados de libertad viola tantos acuerdos internacionales, agregó la defensora internacional.
Asimismo indicó a defensoresenlinea.com que ellas van a difundir la información que recolecten durante esta visita y van a trabajar para construir acciones en colaboración con otros grupos de otros países y con la gente en Honduras, como puede ser presionar al Congreso de los Estados Unidos y al Departamento de Estado para que denuncien la represión contra los presos políticos y no pagar a Honduras el dinero para entrenamiento militar y policial.
“Vamos a hacer una campaña muy organizada de presión sobre todos los Gobiernos para que comiencen a denunciar y aislar el régimen por el hecho que se está comportando como una dictadura”.
Antes de abandonar el país, la delegación realizará una conferencia de prensa donde darán a conocer sus hallazgos y las recomendaciones pertinentes.
El estado de los presos políticos es precarias, ya que el estado de salubridad no es el adecuado donde en algunas cárceles no hay agua y se ha desatado un brote de tuberculosis, donde la atención médica es mínima o ninguna.
“Hay que desmilitarizar la seguridad pública” María Soledad Pazo
Naciones Unidas revela abuso de la fuerza militar durante las pasadas elecciones
María Soledad Pazo es la representante residente de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH). Tras la publicación del informe sobre las violaciones a los derechos humanos en el marco de la crisis post-electoral, la funcionaria accedió a brindar una entrevista en exclusiva para La Rel.
-¿Cuáles son los elementos clave del informe elaborado por la Oficina?
-Nuestro informe[1] es el resultado de una observación muy meticulosa de la respuesta del Estado ante la protesta social que se originó a partir de un proceso electoral que mostró una cantidad muy preocupante de irregularidades.
A partir de análisis muy rigurosos, pudimos constatar que dicha respuesta fue absolutamente desproporcionada en cuanto al uso de la fuerza, violando así los principios de precaución, necesidad y proporcionalidad, y generando graves violaciones de derechos humanos.
En particular, la declaración del estado de excepción en el país (el 1 de diciembre 2017, ndr) presentó una serie de deficiencias desde la perspectiva de las normas y los estándares internacionales.
Esta situación generó más impactos graves en los derechos de las y los ciudadanos. Al menos 23 personas resultaron muertas durante las manifestaciones, 16 de ellas a causa del uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad.
Siempre trabajando con objetividad e imparcialidad pudimos corroborar lo que diferentes organizaciones de la sociedad civil habían venido denunciando sobre violaciones graves a los derechos humanos.
En nuestra interlocución con el gobierno vamos a insistir en la necesidad de investigar a fondo los hechos, garantizar la rendición de cuentas y realizar cambios estructurales, como por ejemplo regular el uso de la fuerza y desmilitarizar la seguridad pública.
No nos vamos a cansar de repetirlo: no se puede tener una fuerza militar haciendo tareas de seguridad y control de manifestaciones.
-¿Podemos decir entonces de que hubo violencia de Estado?
-Sin duda alguna y lo tenemos todo analíticamente documentado. A partir de la declaración del estado de excepción se desató una ola de violaciones a los derechos humanos.
No sólo se dio la muerte de más de veinte personas, sino que hubo detenciones masivas, allanamientos ilegales, malos tratos en el momento y durante la detención y campañas de estigmatización y persecución contra defensores y líderes.
También corroboramos que hubo ataques a la integridad física de periodistas mientras cubrían las protestas, así como amenazas, hostigamiento, persecución y hasta sabotajes a medios muy críticos con el gobierno.
Diferentes organizaciones nacionales denunciaron también el asesinato selectivo de 6 personas que han tenido un papel importante en la organización de las protestas.
Esto es gravísimo y nos preocupa mucho.
Debe haber un accionar inmediato, muy diligente y profundo del Ministerio Público en aclarar las circunstancias de todos estos hechos para que no vuelvan a repetirse.
“…Se ha gaseado a la gente y se ha tirado a matar…”
-La militarización de la seguridad pública es uno de los elementos que generan crisis.
-Si uno tiene una fuerza policial que sabe cómo manejar manifestaciones y aplicar los estándares nacionales e internacionales, es más probable que no se incurra en graves violaciones a los derechos humanos.
El rol de la seguridad pública es el de cuidar que la gente que está manifestando lo haga de manera pacífica, ejerciendo su derecho legítimo a protestar.
Aquí no solo han gaseado a la gente de manera sistemática, sino que han tirado a matar. A varios les han disparado en la cabeza.
Nadie está diciendo que no hay que controlar a los elementos violentos, pero a muchos que están en puestos de alto nivel les ha costado entender que tomarse la calle o quemar llantas no significa ser violento.
Hace falta absorber a todos los niveles que la protesta puede implicar un cierto malestar de otros derechos.
-El presidente Hernández volvió recientemente a presionar al Congreso para que se eleve a rango constitucional la Fuerza Nacional de Seguridad Interinstitucional (Fusina).
-Esto también nos preocupa mucho. De una vez por todo el gobierno debe definir el rol de la Policía Militar y avanzar en el proceso de depuración y profesionalización de la Policía Nacional, para que pueda cumplir con sus funciones.
-El informe evidencia también la relación directa que existe entre esta crisis y el golpe de Estado de 2009.
-Hay cuestiones estructurales no resueltas. Muchas de las recomendaciones hechas por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación nunca fueron acatadas, y el país avanza a partir de acuerdos políticos que dejan a un lado a la inmensa mayoría de la población.
Tampoco se esclarecieron, ni hubo reparación para las graves violaciones de derechos humanos que se dieron en la época del golpe.
Todos estos traumas van acumulándose y generan un clima de constante ebullición social.
Insistimos en la necesidad de atacar las causas de la crisis y no sólo los síntomas, de repensar la estructura y arquitectura del Ministerio Público, y de fortalecer y garantizar autonomía real a la Fiscalía de Derechos Humanos.
2017ReportElectionsHRViolation
La caravana es suya señor Trump
Abr 09, 2018
Cuando
la gente de mi país decide marcharse para otro no lo hace por que le
falte amor por su patria, sino por que la necesidad lo condena. Cuando
comienzan la ruta los sentimientos son encotrados y dolorosos, lo sé por
experiencia, y por más que uno se plantea justificaciones nada hay que
evite el sentimiento de culpa por dejar la patria amada, la familia, el
origen. Nos vamos por que hay que irnos, por que no nos dejan elección,
por que nos quitaron las otras opciones. Cuando los hondureños y
hondureñas decidimos irnos, señor Trump, también es su responsabilidad
por que los que nos vamos buscamos mejores oportunidades de vida, que
acá nos han sido robadas por los corruptos que usted y su politica
internacional nos imponen para gobernarnos.
Cuando ese ochenta por ciento de los
caminantes iniciaron el camino los empujó la pobreza en este país.
Pobreza que genera un poco más de 200 personas que, con el abal de su
politica internacional, imponen una cultura de saqueo, destierro y
exclavitud moderna que nos sume en la miseria. Que están acabando con
nuestros bienes naturales, desplazandonos de nuestros territorios
ancestrales y promoviendo una cultura de consumo que desplaza nuestras
costumbres ancestrales. Es decir se van por que tienen hambre y sed.
Hambre por que la tierra que antes producía para el consumo humano ahora
lo hace para la bioindustria que prefiere agricultura para alimentar
motores que personas. Sed por que los ríos que antes permitían el agua
para los humanos hoy están reservados, gracias al aval de su política
internacional, para las grandes corporaciones de bebidas azucaradas o
para la generación de energía.
Se van por la violencia y es que
Honduras, señor Trump se lo digo aunque usted lo sabe de sobra, tiene el
índice de violencia más alto, la inseguridad más alta, la policía más
corrupta y el ejército más represivo de la región. Y, le cuento señor
Trump, su política internacional es la principal responsable de esta
violencia. Son sus fondos que vienen con el pretexto de la lucha contra
el narcotráfico, el crimen organizado, el terrorismo y la seguridad
regional los que se usan para armar este ejé0rcito asesino, para equipar
esta policía corrupta, para generar esta cultura del miedo con el fin
de evitar que reclamemos nuestro derecho en los espacios públicos, y
que se promueve desde medios de comunicación tarifados que siembran el
miedo para comercializar con la paz y la venta de armas para lograrla.
Gritan fuera Joh y, se lo aseguro señor
Trump, cuando lo hacen es sinónimo de fuera Trump. La gente sabe que
usted, su departamento de Estado, su embajada y sus oficiales
acreditados apoyaron, promovieron y sostienen el actual régimen
dictatorial que somete a Honduras. La gente sabe que usted es cómplice,
que su silencio son ecos de torturados y muertos en el conflicto post
fraude electoral, que su discurso democrático es más falso que un
religioso hondureño y que la invación de su política internacional a
nuestro derecho interno de hacernos patria es peor que la de los
parásitos mortales que habitan nuestros cuerpos. Por todo eso, señor
Trump, se lo puedo asegurar esta caravana que atravieza México es suya y
le va a llegar y seguirán sumándose miles de millones de extranjeros
que poco a poco colonizan su finca y en la cual, cuando menos lo espere,
también será un extranjero.
Señor Trump la gente se va para que este
continente se llama América, no los Estados Unidos de Norte América.
Por que en nuestra cultura ancestral, de la que usted no es parte, las
fronteras no existen y el nomadismo es parte nuestra cosmovisión. Las
fronteras son el invento suyo para generarse feudos y condiciones de
felicidad a cambio del dolor de los otros muchos y muchas. Las fronteras
las inventaron ustedes por que nos tienen miedo, le temen al pueblo que
se levanta, que se despiera, que descubre que más allá las ambiguedades
de su farsa doctrina de igualdad hay un DERECHO HUMANO que se construye
desde nuestro don de gentes y se confirma en las relaciones armoniosas
que podemos establecer con nuestra PachaMama, la Casa Común.
Ni twitts ni muros podrán frenar masiva migración al norte
Abr 06, 2018
La
violencia y la falta de oportunidades obligaron a Marina, una joven de
25 años a abandonar su vida en una populosa colonia impregnada por la
inseguridad, en la segunda ciudad más importante de Honduras, San Pedro
Sula.
Marina, junto a decenas de hondureños y
hondureñas salieron del país rumbo a los Estados Unidos a mediados de
marzo, y se incorporaron en territorio mexicano, en una de las mayores
peregrinaciones de migrantes y personas desplazadas que recorren
anualmente gran parte de la región centroamericana hasta llegar a la
frontera con Estado Unidos.
La situación política, la inseguridad y
el desempleo han obligado a miles de hondureños y hondureñas que
abandonen el país y salgan a diario rumbo a los Estados Unidos en busca
de mejores condiciones de vida.
La peligrosa ruta
La ruta hacia la nación norteamericana
se ha convertido en un verdadero viacrucis para miles de
centroamericanos que deciden arriesgarlo todo para cumplir el sueño de
tener una vida digna.
Desde mediados del mes de marzo, más de
mil personas iniciaron en el territorio centroamericano la “Caravana de
Migrantes 2018”, integrada principalmente por personas que salen de la
región, desplazadas por las condiciones políticas y de inseguridad.
La peregrinación desató la furia del
presidente de los Estados unidos Donald Trump, quien través de una serie
de Twitts dejó claro su política antiinmigrante.
“La caravana de gente de Honduras que
ahora viene por México y se dirige a nuestra frontera de las “leyes
débiles”, es mejor que se detenga antes que llegue allí. La Vaca Cahs
Nafta, está en juego, al igual que la ayuda extranjera a Honduras, y los
países que permiten que esto suceda. ¡El Congreso debe actuar ahora!”,
publicó el mandatario en las redes sociales.
Para Irineo Mujica, coordinador de la
caravana y representante de la organización “Pueblos Sin Fronteras”, es
necesario que el gobierno de Estados Unidos respete el derecho que tiene
la gente a migrar. Enfatizó que los países de la región deben crean
políticas públicas para dejar de ser países que expulsan ciudadanos.
“Le pedidos al gobierno de los Estados
Unidos que respete nuestros derechos. La gente tiene derecho a pedir
refugio en México y Estados Unidos. No es posible que ahora amenace con
quitar la ayuda a nuestros países”, expresó el defensor.
De las más de mil personas que integran
la caravana, se estima que al menos 100 buscan llegar a la frontera con
Estados Unidos. El 80% son de Honduras, el resto se ha unido de países
como Nicaragua, El Salvador y Guatemala.
El poder del Imperio
La serie de Twitts publicados por el
gobernante estadounidense, Donald Trump, fueron interpretados de
diversas maneras por analistas, pero todos concluyen en la alta
injerencia que tiene la nación norteamericana en los países
centroamericanos.
Karla Rivas, representante de la Red
Jesuita con Migrantes, expresa que los Twitts de Trump son un claro
mensaje para los países de Centroamérica al recordarles quien es el que
manda en la región, porque les ha amenazado con quitarles dinero.
Rivas dice que hay que analizar la
situación en dos vías: “una por la suspensión de ayuda a nuestros
países, que sería un escenario ideal porque el dinero se utiliza para
financiar militares y policías que son violadores de derechos humanos.
Por otra parte, utilizar el dinero para frenar la migración construyendo
muros o discursos no es posible, porque la migración cada vez más se
está convirtiendo en la ruta por la que la gente está salvando sus
vidas.
A criterio de Karen Valladares,
integrante del Foro Nacional para las Migraciones en Honduras (FONAMIH),
por más que Donald Trump endurezca las medidas antiinmigrantes, no se
frenará la realidad migratoria cuando en nuestros países sigue
aumentando el hambre en muchas familias.
“Estamos sumergidos bajo escenarios de
impunidad, violencia y falta de oportunidades, esto seguramente va a
seguir permeando en que la migración continúe independientemente de los
Twitts o muros que Trump quiere hacer en el país de destino de muchos
centroamericanos”, afirmó Valladares.
Karen Valladares cree que el Estado de
Honduras debe crear cuanto antes mecanismos claros y reales que
beneficien a la población en general y no se continúe siendo parte de
escenarios de robos e impunidad.
El territorio mexicano dejó de ser un
país de tránsito y se convirtió en destino, pues como resultando de las
duras medidas impuestas por Trump, el paso por la frontera cada vez es
más difícil, por lo que los ciudadanos y ciudadanas deciden radicarse en
ciudades fronterizas o donde hay mayores oportunidades de trabajo en
México.
Datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a
los Refugiados (COMAR), indican que, durante el año 2017, alrededor de
cuatro mil hondureños solicitaron asilo, sin embargo, se aprobó
únicamente para 378.
Honduras ha sido un país que
históricamente ha presentado problemas de pobreza, desigualdad y
debilidad institucional, sin embargo, a raíz del golpe de Estado del 28
de junio del 2009, la situación se ha agravado y actualmente nos
enfrentamos a una creciente militarización; reducción de espacios de
participación de sociedad civil; la ausencia de diálogos reales y
productivos entre gobierno y sociedad civil; la falta de eficacia y
efectividad de las instituciones estatales, lo que incrementa la
expulsión de ciudadanos y ciudadanas.
Comunidades de El Negrito, Yoro afirman que no permitirán proyectos mineros
Abr 10, 2018
Varios representantes de
organizaciones populares de las comunidades de Toyos, El Aguacate, Las
Delicias, Guaymas, Catrachos y otras del municipio de El Negrito,
departamento de Yoro, en el norte de Honduras, se juntaron el pasado
domingo en un conversatorio con el propósito de conocer más sobre la
actividad minera y ratificar que no permitirán ningún tipo de saqueo en
sus territorios.
El ambientalista y defensor de derechos humanos Pedro Landa, del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, ERIC, fue uno de los expositores en este conversatorio, explicando el impacto ambiental que los proyectos mineros dejan en el suelo, en el aire, en la vida de la gente, provocando derrumbes y pérdidas de cultivos. Además de la contaminación del aire, generando una gran cantidad de polvo, la contaminación del agua con metales, problemas de salud desde alergias, problemas con el sistema respiratorio y hasta diversas clases de cáncer, la destrucción total de la flora y la fauna, desplazamiento de las comunidades y conflictos entre la población, además de profundizar la pobreza.
Una investigación realizada por la Organización no gubernamental Oxfam, titulado, Honduras Territorios en riesgo, indica que el 75 por ciento de los ríos de Honduras, están por desaparecer debido a la actividad minera. Y los departamentos de Atlántida y Yoro, son parte de los territorios con muchas amenazas.
“En un país como Honduras, donde la mayoría de las comunidades indígenas, afro-descendientes y rurales dependen de tierras agrícolas y bosques para su subsistencia, la expansión del sector minero sin mecanismos de ordenamiento territorial para proteger los recursos de subsistencia, provocará más inquietudes, amenazará la seguridad alimentaria y agravará las relaciones entre comunidades y el sector”, agrega la investigación de Oxfan.
Para el alcalde del municipio de El Negrito, Yoro, Delvin Salgado, lo que queda es la organización de la gente, y hay que oponerse a estos proyectos de muerte. “El pueblo es el soberano y debe de rechazar estos proyectos que nos quitan el agua y nos destruyen nuestros recursos”.
El alcalde recordó que hace unos meses, canceló el saqueo de 780 mil pies de madera que pretendía llevarse una empresa propiedad de una familia poderosa de San Pedro Sula. Asimismo, se han hecho varias denuncias por robos de otras variedades de madera. Agrega que seguirá protegiendo junto con la gente los recursos naturales porque de eso depende la vida de la población.
El Edil expresó que la empresa Autopistas del Atlántico tiene en proceso una concesión para extraer minerales del municipio y si el gobierno la aprueba se perderán unas cinco comunidades, por eso es necesario que la gente se informe de lo que está pasando y se oponga totalmente a estos proyectos, ya que, para la municipalidad, cuidar los recursos naturales es una de sus prioridades.
Para el campesino Antonio Argueta, de la comunidad de El Aguacate, lo que está pasando con los recursos naturales en Honduras es un gran peligro a la vida de la gente. Cuenta como han llegado empresas al sector a querer apoderarse del agua, el bosque y todos los recursos que son la vida del pueblo. “Mire usted, hace unos seis años, llegó a mi comunidad una ONG, disfrazada de iglesia evangélica, nos ofrecieron muchas cosas, proyectos, ayudas y apoyo en todo, pero resulta que es una empresa que se dedica a cultivar pescado, nos agarró el río, lo contaminó y ahora no tenemos río. Lo que hay está totalmente contaminado. Así son estas empresas nos vienen a quitar la vida a los pobres y por eso no vamos a permitir que venga ninguna empresa minera a nuestro municipio de Yoro.
Para continuar concientizando a la población, la municipalidad, la red de patronatos del sector Guaymas, el Comité de Microcuencas están convocando a la población para que asistan el viernes 27 de abril a la mega marcha para ratificar que el municipio de El Negrito, Yoro, no quiere proyectos mineros, y que están defendiendo la vida de las presentes y futuras generaciones.
El ambientalista y defensor de derechos humanos Pedro Landa, del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, ERIC, fue uno de los expositores en este conversatorio, explicando el impacto ambiental que los proyectos mineros dejan en el suelo, en el aire, en la vida de la gente, provocando derrumbes y pérdidas de cultivos. Además de la contaminación del aire, generando una gran cantidad de polvo, la contaminación del agua con metales, problemas de salud desde alergias, problemas con el sistema respiratorio y hasta diversas clases de cáncer, la destrucción total de la flora y la fauna, desplazamiento de las comunidades y conflictos entre la población, además de profundizar la pobreza.
Una investigación realizada por la Organización no gubernamental Oxfam, titulado, Honduras Territorios en riesgo, indica que el 75 por ciento de los ríos de Honduras, están por desaparecer debido a la actividad minera. Y los departamentos de Atlántida y Yoro, son parte de los territorios con muchas amenazas.
“En un país como Honduras, donde la mayoría de las comunidades indígenas, afro-descendientes y rurales dependen de tierras agrícolas y bosques para su subsistencia, la expansión del sector minero sin mecanismos de ordenamiento territorial para proteger los recursos de subsistencia, provocará más inquietudes, amenazará la seguridad alimentaria y agravará las relaciones entre comunidades y el sector”, agrega la investigación de Oxfan.
Para el alcalde del municipio de El Negrito, Yoro, Delvin Salgado, lo que queda es la organización de la gente, y hay que oponerse a estos proyectos de muerte. “El pueblo es el soberano y debe de rechazar estos proyectos que nos quitan el agua y nos destruyen nuestros recursos”.
El alcalde recordó que hace unos meses, canceló el saqueo de 780 mil pies de madera que pretendía llevarse una empresa propiedad de una familia poderosa de San Pedro Sula. Asimismo, se han hecho varias denuncias por robos de otras variedades de madera. Agrega que seguirá protegiendo junto con la gente los recursos naturales porque de eso depende la vida de la población.
El Edil expresó que la empresa Autopistas del Atlántico tiene en proceso una concesión para extraer minerales del municipio y si el gobierno la aprueba se perderán unas cinco comunidades, por eso es necesario que la gente se informe de lo que está pasando y se oponga totalmente a estos proyectos, ya que, para la municipalidad, cuidar los recursos naturales es una de sus prioridades.
Para el campesino Antonio Argueta, de la comunidad de El Aguacate, lo que está pasando con los recursos naturales en Honduras es un gran peligro a la vida de la gente. Cuenta como han llegado empresas al sector a querer apoderarse del agua, el bosque y todos los recursos que son la vida del pueblo. “Mire usted, hace unos seis años, llegó a mi comunidad una ONG, disfrazada de iglesia evangélica, nos ofrecieron muchas cosas, proyectos, ayudas y apoyo en todo, pero resulta que es una empresa que se dedica a cultivar pescado, nos agarró el río, lo contaminó y ahora no tenemos río. Lo que hay está totalmente contaminado. Así son estas empresas nos vienen a quitar la vida a los pobres y por eso no vamos a permitir que venga ninguna empresa minera a nuestro municipio de Yoro.
Para continuar concientizando a la población, la municipalidad, la red de patronatos del sector Guaymas, el Comité de Microcuencas están convocando a la población para que asistan el viernes 27 de abril a la mega marcha para ratificar que el municipio de El Negrito, Yoro, no quiere proyectos mineros, y que están defendiendo la vida de las presentes y futuras generaciones.
Una pequeña discrepancia con Trump
“Al
abandonar la causa de la democracia en Honduras le dice doña Norma a
Donaldo Trump, su Administración ha ayudado a generar el caos de modo
que cuando culpa a México por esa marcha, debe mirarse en el espejo”.
EL LIBERTADOR
Rodolfo Pastor Fasquelle
A los presos políticos
Aquí
no importa mucho, no pasa nada. Ninguna discusión interna ni externa
podrá restaurar nunca aquí la credibilidad de JOH a quien defienden a
capa y espada sus fieles incondicionales. Pero su lánguida figura tiene
hoy claramente una dimensión internacional.
En
Israel se agitó una polémica que los medios quieren esconder cuando por
un lado una ministra invitó a Juan O. Hernández para que participara en
el ceremonial del Día de la Independencia obligando la asistencia de B.
Netanyahu, mientras que por medio de su vocera del Partido Meretz de
oposición denunció la ignominia que eso significaría y exigió que se le
desinvitara, condenando sus violaciones a los derechos y corrupción
ampliamente documentada incluso en medios públicos y ya se anuncia que
JOH desiste de la alelada condecoración.
Al
fin y al cabo sólo es una continuidad del éxodo que viene sucediendo
cada vez mas intensa y desorganizadamente desde de 2009. No se si me
hubiera llamado mucho la atención el que -desde hace unos días- una
caravana de personas de muchas nacionalidades pero mayoritariamente
hondureños, que llevan una pancarta y una bandera nacional marcha
inexorablemente hacia la frontera estadounidense con gran alarma de su
autoridad. De no ser por un nuevo tuit en que Donaldo Trump asegura que
EUA debe construir el muro porque ha sido muy generoso con México y con
Honduras, pero esos países le mandan caravanas de migrantes ilegales al asalto de sus fronteras.
La
congresista californiana Norma Torres ha respondido con un texto bello
-por su sencillez- relacionando ese éxodo con la política estadounidense
en Honduras. No debería de sorprenderse Trump, dice porque la
violencia, la pobreza, el atropello a los derechos, la inestabilidad de
una democracia fallida y la corrupción que empujan esa migración son
males viejos que su falta de principios éticos del Presidente y la
colusión de su gobierno han complicado. Al abandonar la causa de la
democracia en Honduras le dice doña Norma a Donaldo, su Administración
ha ayudado a generar el caos de modo que cuando culpa a México por esa
marcha, debe mirarse en el espejo.
Conste
que Trump pudo responder que antes de él ya había abandonado esa causa
H. Clinton con la complicidad de Obama. No se si los caminantes han
avanzado o si ya vienen de regreso según la apresurada declaración de la
asustada canciller mexicana, amenazada con suspensión de los tratados
de libre comercio. Y no pretenderé hablar por, ni defender a México.
Pero
voy a discrepar con Trump cuando asegura que los EUA han sido generosos
con Honduras. Han apoyado aquí recién a los exportadores, salvo a los
que maquilaban calcetines y a los que cultivaban melón envenenado (que
comíamos con el consejo de ministros y el cuerpo diplomático en Casa
Presidencial en 2008) porque el Departamento de Comercio no los dejaba
entrar a cuando el Embajador Ch. Ford quiso chantajear a Mel.
EUA
les han franqueado el acceso a su mercado a las empresas
estadounidenses exportadoras de banano y de piña, que se producen en
nuestro Litoral Atlántico. Permiten la exportación a EUA del café o el
cacao hondureño unos de los mejores del mundo. Y ha apoyado a las
navieras estadounidenses que acarrean esas exportaciones y las
importaciones masivas de 75% de las manufacturas que aquí se consumen.
Como
apoya a las petroleras transnacionales que venden en Honduras un poco
más caro que en otro lado los derivados del aceite y ha defendido EUA a
las mineras de norteamericanos que explotan aquí todo tipo de metales
aunque no esta claro si las utilidades compensan por los daños
ambientales y sociales. Ha sido generoso el gobierno de los EUA para
financiar la construcción de infraestructura que pudiera ser de valor
estratégico en caso de tener problemas el Canal de Panamá. Su país nos
ha mandado a muchos misioneros con camisetas alusivas a su filantropía.
Antes -en los 1980s- nos proveyó según declaró el E. Cris Arcos mil
millones de dólares en diez años en armas y entrenamiento militar. Los
que pudieron servirnos de algo hipotéticamente si algún país nos hubiera
atacado. Más recientemente ¿ha protegido el gobierno de los EUA a
varios de los bancos locales contra la OFAC?
Bajo
Trump el gobierno de ese país ha sido generoso con JOH, al punto de
designarlo presidente reelecto y ha dado antes y ahora a través de otros
países -como Israel y potencias intermedias de la región- otra vez
mucha ayuda y regalos a los militares que JOH usa para reprimirnos y que
consideran a EUA sus papayunai. Ha dado publicidad y premios a los
medios de comunicación masivos que le sirven de caja de resonancia, para
reproducir y ampliar sus mensajes propagandísticos, arbitrariedades,
mitos y sofismas.
Pero
a los hondureños de a pie, que quisiéramos ser ciudadanos responsables
de una republica libre e independiente, en un país desarrollado en
función de nuestras necesidades, y que anhelamos elegir a nuestros
gobernantes con libertad y sin injerencia externa mezquina, a los hondureños y hondureñas libres, dignos, identificados
con nuestra historia y tradición atropellada y con nuestro propio
proyecto nacional, EUA no solo no nos ha ayudado nunca, Donald, nos ha
estorbado siempre, frustrado y catalogado como enemigos peligrosos, nos
ha satanizado y perseguido implacablemente con la burocracia desbordada
de la CIA empeñada en exterminarnos. Y a los empresarios nativos que
producen alimentos para el abasto del país el libre comercio con EUA los
amaga más bien con una competencia injusta y catastrófica que los extinguirá para beneficiar a los destazadores
Bajo
Obama se diseñó un proyecto para detener la migración y se habló de
dotarlo con $1500 millones de dólares que pudieron haberse sentido en la
economía local del Triangulo Norte. Se redujo después eso a casi $700
millones que todavía era sustancial. A la hora de llegar Trump otra vez
se redujo a $420 millones, casi la mitad de eso para los militares y
policías, armas, equipo y apoyo para la represión. Paradójicamente en
esa temible caravana solo unos pocos son refugiados políticos que huyen
explícitamente de la persecución.
La
mayoría de esos peregrinos huyen de la desesperanza que aquí ha
provocado la colaboración de nuestros opresores locales y sus padrinos
extranjeros. Muchos son pitiyanquis convencidos de que ya no tenemos un
país, que no hay esperanza aquí, y que allá la democracia si funciona, y
existen los derechos y se puede prosperar y obtener las cosas que les
han dicho que hacen la vida buena. ¡Son tu herencia Donaldo! Recíbelos
con los brazos abiertos y con alegría y dales lo suyo.
Gobernante hondureño desiste asistir al aniversario de independencia de Israel
Ante
el rechazo de la oposición israelí que trascendió al mundo en los
últimos días en contra de la presencia del jefe de Estado de Honduras,
Juan Hernández, en las fiestas de independencia del Estado de Israel, la
presidencia hondureña ha emitido hoy un comunicado donde declina la
invitación otorgada por el gobierno hebreo.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Comunicado
El Despacho de Comunicaciones y Estrategia de la Presidencia de la República a la población hondureña en particular y a la comunidad internacional informa:
Que
el presidente Juan Orlando Hernández Alvarado fue altamente honrado, y
con ello el Pueblo hondureño, para participar en los actos del 70
aniversario de Independencia del Estado de Israel.
Previamente
el Mandatario de Honduras debe asistir en su condición de Jefe de
Estado a la VIII Cumbre de las Américas que se realizará en Lima, Perú,
el 13 y 14 de abril y a su regreso a Honduras debe atender asuntos de
interés nacional que no pueden postergarse por lo cual se le
imposibilita poder acompañar al pueblo y Gobierno de Israel en tan
conmemorativo evento.
El
Presidente Hernández agradece el honor otorgado, reafirma los estrechos
lazos de amistad entre Israel y Honduras y espera poder hacer una
visita posterior a esa nación amiga para tratar asuntos de interés
bilateral.
Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 10 días del mes de abril de 2018.
Despacho de Comunicaciones y Estrategia de la Presidencia de la República
Organismos de derechos humanos que acusaron a los comisionados
Félix Colindres, Marlon Palma y Juan Manuel Aguilar por los delitos de
tortura, violación a los derechos humanos y abuso de autoridad en contra
de estudiantes y defensores de los derechos humanos, también acusarán
al ex comisionado del la policía Félix Villanueva, quien estaba
fungiendo en el cargo de Director de la Policía Preventiva.
El caso se suscitó el 08 de septiembre de 2017 en los predios de la
Universidad Nacional Autónoma de Honduras, (UNAH), donde fueron
torturados con gas pimienta dentro de un bus del Comisionado Nacional de
los Derechos Humanos, 8 estudiantes y 4 defensores de los derechos
humanos y luego golpeados e insultados por parte de los acusados,
continuará este viernes 06 de abril de 2018 en los Juzgados de Letras de
lo Penal de Francisco Morazán, en la continuación de la audiencia de
presentación de pruebas periciales e inspección de expedientes.
Ex Director de la Policía al banquillo
La abogada Kenia Oliva de C-Libre, quien lleva el caso de los ofendidos Carlos Del Cid y Ariel Díaz, indicó que la Fiscalía de los Derechos Humanos llamará al ex comisionado Villanueva a declarar y no descarta se presente contra él, el requerimiento fiscal.
“Hemos denunciado al ex director de la Policía el Comisionado Félix Villanueva, porque según declaraciones del propio Comisionado de la Policía, Leonel Sauceda en la audiencia contra los policías imputados, fue él quien dio la orden días antes, inclusive de que existiera una audiencia de hacer una planeo operativo, para hacer acciones de inteligencia dentro de la Universidad”, indicó Oliva.
Oliva destacó que en la audiencia de presentación de pruebas periciales, se está “solicitando a la Fiscalía de los Derechos Humanos un requerimiento fiscal contra el ex comisionado de la policía, Félix Villanueva.
“Estamos aportando todas las pruebas, de hecho ya tenemos las pruebas en donde existe efectivamente ese plan de operaciones, esas actas de vigilancia y ahora falta que la fiscalía le dé el derecho de declarar en sede administrativa para que se presente un requerimiento fiscal”, afirmó.
A criterio de Oliva, debe existir una acción concreta de la Fiscalía de los Derechos Humanos en este caso y llamar a ex comisionado Villanueva porque “es una obligación de esta Fiscalía de Derechos Humanos, presentar ese requerimiento fiscal”, reafirmó.
Más pruebas
La entrevistada que es una de las apoderadas legales en el caso contra los estudiantes y defensores de los derechos humanos, señaló que han aportado las pruebas ante el Ministerio Público, luego de iniciada la audiencia, donde acreditan que “los policías no tenían una orden de captura contra las personas que estaban en el bus, mucho menos contra los defensores”.
Oliva dijo que para este viernes que continúa la audiencia, “ya hemos aportado las pruebas que son videos y los dictámenes médicos forenses. En el caso de Carlos Del Cid aportamos el dictamen que brindó el Instituto Hondureño de Seguridad Social, donde dice que su incapacidad era mayor de 14 días, inclusive, esto es por el tipo de daño que ha sufrido, ya que perdió el 80 por ciento de su visibilidad en uno de sus ojos a raíz de los gases que recibió”.
La Mesa de Derechos Humanos interpuso la denuncia en noviembre del año pasado contra los cuatro comisionados de la Policía, por considerar que habían cometido los delitos de abuso de autoridad, detenciones ilegales, lesiones, violación a los deberes de los funcionarios y torturas contra los defensores de derechos humanos Ariel Dïaz, Hedme Castro, Carlos del Cid, Marís Tomasa Morales y ocho estudiantes de la UNAH.
Oliva señaló que “nuestro papel junto con las otras organizaciones que formamos parte de la Mesa, ha sido la de aportarle pruebas al Ministerio Público, del por qué hay actos de tortura y abuso de autoridad y durante el proceso judicial, hemos solicitado a la juez un auto de formal procesamiento”.
Manifestó que, “solicitamos la prisión preventiva, por el tipo de delitos que se está conociendo. Consideramos que por el tipo de delito y por la cantidad de años en el caso de que sean condenados, no ameritan una pena distinta a la prisión preventiva, sin embargo el Ministerio Público fue de la opinión de que tenían arraigo y que se les podían dar una medida diferente a la prisión preventiva y por eso en este momento ellos se están defendiendo en libertad”.
Papel de la juez
Para los organismos de derechos humanos que entablan la acusación, la juez ha dado bastante espacio en el juicio y privilegios a los miembros de la policía.
“Ellos gozan de privilegios como usar el teléfono dentro de la audiencia que eso es ilegal, permitirles entrar y salir, pero lo más grave, es que se ha dado una audiencia que se ha dividido en cuatro partes, llevamos casi un mes en audiencias, empezamos el 28 de febrero y ya vamos ahora a la audiencia del 6 de abril de la misma audiencia del 28 de febrero y posiblemente no terminemos esa misma audiencia. La juez ha estado dando dilatorias y nosotros entendemos que es una forma de favorecer a los miembros de la policía”, destacó.
Pruebas documentales
Este viernes 06 de abril se presentarán las pruebas periciales que son los videos, los cuales muestran la captura de los defensores y defensoras de derechos humanos y el momento en que son torturados por la policpia.
La abogada Oliva relató que solicitaron una inspección al expediente de donde fueron detenidos los estudiantes y los defensores de los derechos humanos, porque en ese expediente se puede constatar que había una orden de desalojo y que iba dirigida a siete personas y ejecutada al momento de que los defensores ingresaron a la Universidad, donde el desalojo ordenado por la juez había sido ejecutado.
“Debo decir que ese desalojo ordenado por la juez, también lo denunciamos, porque es ilegal”, destacó.
Para Oliva, el tipo de delito por el cual acusan a los estudiantes es un delito de detentación de espacio público, que lo que corresponde a la juez es una orden de desocupación del inmueble.
“En este caso la desocupación es distinta al desalojo, por lo tanto, todo el proceso de desalojo, las detenciones y lo que conlleva después el desalojo se volvió ilegal”, reseñó.
Largas al proceso
Para los defensores de los derechos huamnos, el proceso se ha vuelto lento y engorroso.
“Caminó dentro de un plazo razonable en el Fiscalía de los Derechos Humanos, debo reconocer que en un tiempo casi record, para esa fiscalía que tarda tanto para presentar requerimientos fiscales, los presentó los requerimientos fiscales, sin embargo vemos demasiadas prebendas por parte de la juez, dilatando el proceso”, agregó.
El Código Procesal Penal establece que una vez iniciada la audiencia inicial, el juez debe darle continuidad por el principio de mediación, contradicción de partes, entonces una audiencia inicial no se puede suspender para el día siguiente o el día siguiente realizar otras diligencias y no pueden haber espacios de tiempo, mucho menos tan largos, entre una diligencia y otra, explicó Oliva.
En tono sonriente dijo que “los policías tuvieron hasta vacaciones de Semana Santa, después una semana más y seguramente van a tener una semana más para escuchar las conclusiones, porque debo decir que la juez a la parte defensora de los policías les ha admitido todos los medios de prueba, inclusive se atrevieron estos abogados, junto con la policía a presentar los estatutos de las Organizacones No Gubernamentales (ONGs), a las cuales pertenecen los defensores de los derechos humanos, argumentando de que las organzaciones no están en la facultad para ejercer labores de acompañamiento en la Universidad”, detalló.
A juicio de Oliva “la juex no debió haberlo admitido este tipo de documentos, porque es una forma de estigmatizar a las ONGs, pero además es el no reconocimiento del Estado, porque los policías son parte del Estado, es no reconocer la labor de los defensores de los derechos humanos”.
La Ley de protección a los defensores de los derechos humanos señala que no se necesita pertenecer a una organización de los derechos humanos para realizar esta labor, recalcó.
“Vemos que todo el aparato estatal, tanto los jueces como los policías, quieren desconocer la labor que estaban realizando los defensores de los derechos humanos en ese momento y justificar las acciones de la policía, diciendo que los defensores estaban encubriendo a los estudiantes y obstaculizando la labor que ellos estaban haciendo, la ejecución de una orden de captura y una orden de desalojo”, finalizó la representante de C-LIBRE.
Ex Director de la Policía al banquillo
La abogada Kenia Oliva de C-Libre, quien lleva el caso de los ofendidos Carlos Del Cid y Ariel Díaz, indicó que la Fiscalía de los Derechos Humanos llamará al ex comisionado Villanueva a declarar y no descarta se presente contra él, el requerimiento fiscal.
“Hemos denunciado al ex director de la Policía el Comisionado Félix Villanueva, porque según declaraciones del propio Comisionado de la Policía, Leonel Sauceda en la audiencia contra los policías imputados, fue él quien dio la orden días antes, inclusive de que existiera una audiencia de hacer una planeo operativo, para hacer acciones de inteligencia dentro de la Universidad”, indicó Oliva.
Oliva destacó que en la audiencia de presentación de pruebas periciales, se está “solicitando a la Fiscalía de los Derechos Humanos un requerimiento fiscal contra el ex comisionado de la policía, Félix Villanueva.
“Estamos aportando todas las pruebas, de hecho ya tenemos las pruebas en donde existe efectivamente ese plan de operaciones, esas actas de vigilancia y ahora falta que la fiscalía le dé el derecho de declarar en sede administrativa para que se presente un requerimiento fiscal”, afirmó.
A criterio de Oliva, debe existir una acción concreta de la Fiscalía de los Derechos Humanos en este caso y llamar a ex comisionado Villanueva porque “es una obligación de esta Fiscalía de Derechos Humanos, presentar ese requerimiento fiscal”, reafirmó.
Más pruebas
La entrevistada que es una de las apoderadas legales en el caso contra los estudiantes y defensores de los derechos humanos, señaló que han aportado las pruebas ante el Ministerio Público, luego de iniciada la audiencia, donde acreditan que “los policías no tenían una orden de captura contra las personas que estaban en el bus, mucho menos contra los defensores”.
Oliva dijo que para este viernes que continúa la audiencia, “ya hemos aportado las pruebas que son videos y los dictámenes médicos forenses. En el caso de Carlos Del Cid aportamos el dictamen que brindó el Instituto Hondureño de Seguridad Social, donde dice que su incapacidad era mayor de 14 días, inclusive, esto es por el tipo de daño que ha sufrido, ya que perdió el 80 por ciento de su visibilidad en uno de sus ojos a raíz de los gases que recibió”.
La Mesa de Derechos Humanos interpuso la denuncia en noviembre del año pasado contra los cuatro comisionados de la Policía, por considerar que habían cometido los delitos de abuso de autoridad, detenciones ilegales, lesiones, violación a los deberes de los funcionarios y torturas contra los defensores de derechos humanos Ariel Dïaz, Hedme Castro, Carlos del Cid, Marís Tomasa Morales y ocho estudiantes de la UNAH.
Oliva señaló que “nuestro papel junto con las otras organizaciones que formamos parte de la Mesa, ha sido la de aportarle pruebas al Ministerio Público, del por qué hay actos de tortura y abuso de autoridad y durante el proceso judicial, hemos solicitado a la juez un auto de formal procesamiento”.
Manifestó que, “solicitamos la prisión preventiva, por el tipo de delitos que se está conociendo. Consideramos que por el tipo de delito y por la cantidad de años en el caso de que sean condenados, no ameritan una pena distinta a la prisión preventiva, sin embargo el Ministerio Público fue de la opinión de que tenían arraigo y que se les podían dar una medida diferente a la prisión preventiva y por eso en este momento ellos se están defendiendo en libertad”.
Papel de la juez
Para los organismos de derechos humanos que entablan la acusación, la juez ha dado bastante espacio en el juicio y privilegios a los miembros de la policía.
“Ellos gozan de privilegios como usar el teléfono dentro de la audiencia que eso es ilegal, permitirles entrar y salir, pero lo más grave, es que se ha dado una audiencia que se ha dividido en cuatro partes, llevamos casi un mes en audiencias, empezamos el 28 de febrero y ya vamos ahora a la audiencia del 6 de abril de la misma audiencia del 28 de febrero y posiblemente no terminemos esa misma audiencia. La juez ha estado dando dilatorias y nosotros entendemos que es una forma de favorecer a los miembros de la policía”, destacó.
Pruebas documentales
Este viernes 06 de abril se presentarán las pruebas periciales que son los videos, los cuales muestran la captura de los defensores y defensoras de derechos humanos y el momento en que son torturados por la policpia.
La abogada Oliva relató que solicitaron una inspección al expediente de donde fueron detenidos los estudiantes y los defensores de los derechos humanos, porque en ese expediente se puede constatar que había una orden de desalojo y que iba dirigida a siete personas y ejecutada al momento de que los defensores ingresaron a la Universidad, donde el desalojo ordenado por la juez había sido ejecutado.
“Debo decir que ese desalojo ordenado por la juez, también lo denunciamos, porque es ilegal”, destacó.
Para Oliva, el tipo de delito por el cual acusan a los estudiantes es un delito de detentación de espacio público, que lo que corresponde a la juez es una orden de desocupación del inmueble.
“En este caso la desocupación es distinta al desalojo, por lo tanto, todo el proceso de desalojo, las detenciones y lo que conlleva después el desalojo se volvió ilegal”, reseñó.
Largas al proceso
Para los defensores de los derechos huamnos, el proceso se ha vuelto lento y engorroso.
“Caminó dentro de un plazo razonable en el Fiscalía de los Derechos Humanos, debo reconocer que en un tiempo casi record, para esa fiscalía que tarda tanto para presentar requerimientos fiscales, los presentó los requerimientos fiscales, sin embargo vemos demasiadas prebendas por parte de la juez, dilatando el proceso”, agregó.
El Código Procesal Penal establece que una vez iniciada la audiencia inicial, el juez debe darle continuidad por el principio de mediación, contradicción de partes, entonces una audiencia inicial no se puede suspender para el día siguiente o el día siguiente realizar otras diligencias y no pueden haber espacios de tiempo, mucho menos tan largos, entre una diligencia y otra, explicó Oliva.
En tono sonriente dijo que “los policías tuvieron hasta vacaciones de Semana Santa, después una semana más y seguramente van a tener una semana más para escuchar las conclusiones, porque debo decir que la juez a la parte defensora de los policías les ha admitido todos los medios de prueba, inclusive se atrevieron estos abogados, junto con la policía a presentar los estatutos de las Organizacones No Gubernamentales (ONGs), a las cuales pertenecen los defensores de los derechos humanos, argumentando de que las organzaciones no están en la facultad para ejercer labores de acompañamiento en la Universidad”, detalló.
A juicio de Oliva “la juex no debió haberlo admitido este tipo de documentos, porque es una forma de estigmatizar a las ONGs, pero además es el no reconocimiento del Estado, porque los policías son parte del Estado, es no reconocer la labor de los defensores de los derechos humanos”.
La Ley de protección a los defensores de los derechos humanos señala que no se necesita pertenecer a una organización de los derechos humanos para realizar esta labor, recalcó.
“Vemos que todo el aparato estatal, tanto los jueces como los policías, quieren desconocer la labor que estaban realizando los defensores de los derechos humanos en ese momento y justificar las acciones de la policía, diciendo que los defensores estaban encubriendo a los estudiantes y obstaculizando la labor que ellos estaban haciendo, la ejecución de una orden de captura y una orden de desalojo”, finalizó la representante de C-LIBRE.
Defensor de Derechos Humanos declara en el MP contra ex Comisionado de la Policía Félix Villanueva
Monday, 09 April 2018 21:28 Written by Salvador Monroy Published in Contexto
La Fiscalía de los Derechos Humanos del Ministerio Público (MP)
llamó este lunes 09 de abril de 2018, a declarar a Carlos Del Cid,
defensor de los derechos humanos que resutló afectado por las torturas y
otras violaciones a los derechos humanos junto a 11 personas más, el
pasado 08 de septiembre de 2017, en la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras,(UNAH), donde están involucrados altos oficiales de la Policía
Nacional Preventiva.
La declaración la realizaron en contra del Comisionado de policía
Leonel Sauceda y del ex Comisionado de Policía Félix Villanueva, quienes
dieron la orden de proceder a rociar en sus caras, gas pimienta,
bajarlos de un bus en donde se transportaban y posteriormente a
golpearlos e insultarlos, según han denunciado las víctimas.
El hecho se produjo luego de un desalojo de estudiantes que mantenían una toma de las instalaciones universitarias, donde ocho estudiantes y cuatro defensores de los derechos humanos se transportaban en un bus del Comisionado de los Derechos Humanos (Conadeh) y fueron atacados por policías al mando de los comisionados de la Policía Preventiva, Félix Colindres, Marlon Palma y Juan Manuel Aguilar-
Al MP
A las oficinas de la Fiscalía de los Derechos Humanos se presentó Carlos Del Cid, una de las víctimas de los graves abusos, quien presentó su declaración sobre la participación de los Comisionados Sauceda y Villanueva.
“La declaración que tenía interés la Fiscalía de los Derechos Humanos era saber si los oficiales a cargo del operativo, entre ellos Félix Colindres, Palma y Aguilar, actuaban de manera independiente o si ellos estaban obedeciendo órdenes que les giraba algún alto mando policial”, expresó Del Cid.
Según el afectado “nosotros confirmamos esa situación, porque durante todo el operativo que sabemos se realizó de manera irregular, se hicieron cosas totalmente torpes de parte de los tres oficiales, quienes estaban permanentemente usando sus teléfonos celulares, de una forma nerviosa comunicándose con personas, que ahora sabemos eran de altos mandos de la policía, en este caso conversaban con el Comisionado Leonel Sauceda y arriba de él, el ex comisionado de la Policía Félix Villanueva, en ese momento era el director de la policía”.
Del Cid confirmó que los altos oficiales “estaban girando órdenes de usar toda la fuerza necesaria, para sacarnos del bus, no importara el grado de violencia, el grado de daño que nosotros recibiéramos, a pesar de que ellos tenían las pruebas fehacientes de que estaban frente a defensores de derechos humanos y a estudiantes universitarios, entonces nosotros declaramos que existe culpabilidad y responsabilidad de parte del ex director de la policía y del comisionado Leonel Sauceda ante la Fiscalía de los Derechos Humanos del Ministerio Público”.
20 organizaciones detrás
De acuerdo a Carlos Del Cid la denuncia en contra de los altos mandos de la policía la presentaron ante el MP, unas veinte organizaciones de los derechos humanos, representadas en la Mesa de Derechos Humanos.
“Ellas supieron del caso y estuvieron en las afueras de la Universidad intentando entrar, suplicando, llamando por teléfono a las autoridades policiales de la Secretarías de Seguridad y a los altos mandos en el país, para que se pudiera realizar una inspección, se evitara ese grado de violación de los derechos humanos, en la que incurrieron estos oficiales policiales contra nosotros”, detalló.
Villanueva será llamado
Para Del Cid existe complicidad de parte de los comisionados Leonel Sauceda y el ex comisionado Félix Villanueva en el caso y tendrán que declarar . A su criterio el MP debe presentar requerimiento fiscal contra ellos .
“Félix Villanueva tiene que ser llamado a declarar al igual que Leonel Sauceda, porque ellos eran los dos jefes inmediatos y superiores de los tres oficiales: Colindres, Palma y Aguilar que estaban al mando del desalojo de estudiantes”, señaló el defensor.
En cuanto a las acciones del MP después de la declaración presentada, los organismos de los derechos humanos esperan que “ese requerimiento fiscal se emita lo más pronto posible en contra de los oficiales que causaron el daño a los ocho estudiantes y a los 4 defensores de los derechos humanos.
“Contra los tres policías que actuaron directamente contra nosotros tardó casi 5 meses en que la Fiscalía de los Derechos Humanos elaborara el requerimiento, lo sustentara y lo presentara. Esperamos que el requerimiento fiscal contra Villanueva y Sauceda no tarde 5 meses, sino que sea lo más pronto posible, para que a finales de este mes de abril estén siendo requeridos y se inicie un proceso judicial en su contra”, exigió.
A criterio de Del Cid, los comisionados: Sauceda y Villanueva, incurrieron en los delitos de violación a los deberes de los funcionarios públicos, abuso de autoridad y co-partes de los delitos de tortura, detención ilegal y lesiones”.
Dilatoria
Una de las fuertes críticas que hacen los organismos de derechos humanos y los estudiantes afectados, es la dilatoria que se le da al caso que se lleva en los juzgados de lo penal de Francisco Morazán, es la dilatoria que se le ha dado al caso de parte de la juez.
“Estamos preocupados y hemos estado denunciando una táctica dilatoria utilizada por la Juez Gabriela Gallo, responsable del juicio en contra de los tres oficiales de la policía, quienes agredieron a los estudiantes y los defensores de derechos humanos”, dijo Carlos Del Cid.
“Decimos que son tácticas dilatorias, coludidas casi con una acción de complicidad entre el Poder Judicial y en este caso la Secretaría de Seguridad que protege a los policías, porque la audiencia inicial en la que están siendo sometidos los tres oficiales, comenzó el 13 de marzo y ya en esta semana, entre el jueves y viernes 12 y 13 de abril, se está cumpliendo un mes de haber iniciado la audiencia inicial, cuando por lo general, las audiencias iniciales como máximo, tardan una semana. Normalmente tardan tres días en evacuarse y como máximo llegan a los cinco días”, explicó.
Para el también miembro del Observatorio Ecuménico Internacional en Derechos Humanos, “todo lo anterior nos dice que se le está dando todo tipo de beneficio a los policías agresores, a la Secretaría de Seguridad, a los abogados de los policías para que elaboren sus estrategias de defensa, para que protejan a sus defendidos y en cambio nos están dañando a todas las víctimas, porque nos mantienen en una zozobra, ya que estos oficiales de policía, pueden hacer desde sus posiciones de poder, daño hacia nosotros”, aseguró.
Recusar a la Jueza
Según Del Cid, las organizaciones de los derechos humanos analizan la posibilidad de solicitar una recusación en contra de la juez que lleva el caso y hasta pedir que sea sancionada por la tardanza que le está dando al caso.
“Las víctimas estamos ya en el punto de exigirle a la Fiscalía quien lleva la voz cantante y acusatoria en el caso, que recuse a la juez y si este viernes Gabriela Gallo suspende la audiencia o sencillamente se da una audiencia de 3 a 4 horas, cuando debieran ser audiencias de 8 horas, nosotros pediremos a nuestros abogados privados y la Fiscalía, que la recusen, para un cambio de juez y se le someta a un proceso de acusación”, concluyó.
Para el próximo viernes 13 de abril de 2018, a las diez de la mañana ha llamado la juez a las partes en conflicto para que se continúe con la audiencia de declaración de pericias o pruebas documentales en los juzgados de paz de lo criminal.
El hecho se produjo luego de un desalojo de estudiantes que mantenían una toma de las instalaciones universitarias, donde ocho estudiantes y cuatro defensores de los derechos humanos se transportaban en un bus del Comisionado de los Derechos Humanos (Conadeh) y fueron atacados por policías al mando de los comisionados de la Policía Preventiva, Félix Colindres, Marlon Palma y Juan Manuel Aguilar-
Al MP
A las oficinas de la Fiscalía de los Derechos Humanos se presentó Carlos Del Cid, una de las víctimas de los graves abusos, quien presentó su declaración sobre la participación de los Comisionados Sauceda y Villanueva.
“La declaración que tenía interés la Fiscalía de los Derechos Humanos era saber si los oficiales a cargo del operativo, entre ellos Félix Colindres, Palma y Aguilar, actuaban de manera independiente o si ellos estaban obedeciendo órdenes que les giraba algún alto mando policial”, expresó Del Cid.
Según el afectado “nosotros confirmamos esa situación, porque durante todo el operativo que sabemos se realizó de manera irregular, se hicieron cosas totalmente torpes de parte de los tres oficiales, quienes estaban permanentemente usando sus teléfonos celulares, de una forma nerviosa comunicándose con personas, que ahora sabemos eran de altos mandos de la policía, en este caso conversaban con el Comisionado Leonel Sauceda y arriba de él, el ex comisionado de la Policía Félix Villanueva, en ese momento era el director de la policía”.
Del Cid confirmó que los altos oficiales “estaban girando órdenes de usar toda la fuerza necesaria, para sacarnos del bus, no importara el grado de violencia, el grado de daño que nosotros recibiéramos, a pesar de que ellos tenían las pruebas fehacientes de que estaban frente a defensores de derechos humanos y a estudiantes universitarios, entonces nosotros declaramos que existe culpabilidad y responsabilidad de parte del ex director de la policía y del comisionado Leonel Sauceda ante la Fiscalía de los Derechos Humanos del Ministerio Público”.
20 organizaciones detrás
De acuerdo a Carlos Del Cid la denuncia en contra de los altos mandos de la policía la presentaron ante el MP, unas veinte organizaciones de los derechos humanos, representadas en la Mesa de Derechos Humanos.
“Ellas supieron del caso y estuvieron en las afueras de la Universidad intentando entrar, suplicando, llamando por teléfono a las autoridades policiales de la Secretarías de Seguridad y a los altos mandos en el país, para que se pudiera realizar una inspección, se evitara ese grado de violación de los derechos humanos, en la que incurrieron estos oficiales policiales contra nosotros”, detalló.
Villanueva será llamado
Para Del Cid existe complicidad de parte de los comisionados Leonel Sauceda y el ex comisionado Félix Villanueva en el caso y tendrán que declarar . A su criterio el MP debe presentar requerimiento fiscal contra ellos .
“Félix Villanueva tiene que ser llamado a declarar al igual que Leonel Sauceda, porque ellos eran los dos jefes inmediatos y superiores de los tres oficiales: Colindres, Palma y Aguilar que estaban al mando del desalojo de estudiantes”, señaló el defensor.
En cuanto a las acciones del MP después de la declaración presentada, los organismos de los derechos humanos esperan que “ese requerimiento fiscal se emita lo más pronto posible en contra de los oficiales que causaron el daño a los ocho estudiantes y a los 4 defensores de los derechos humanos.
“Contra los tres policías que actuaron directamente contra nosotros tardó casi 5 meses en que la Fiscalía de los Derechos Humanos elaborara el requerimiento, lo sustentara y lo presentara. Esperamos que el requerimiento fiscal contra Villanueva y Sauceda no tarde 5 meses, sino que sea lo más pronto posible, para que a finales de este mes de abril estén siendo requeridos y se inicie un proceso judicial en su contra”, exigió.
A criterio de Del Cid, los comisionados: Sauceda y Villanueva, incurrieron en los delitos de violación a los deberes de los funcionarios públicos, abuso de autoridad y co-partes de los delitos de tortura, detención ilegal y lesiones”.
Dilatoria
Una de las fuertes críticas que hacen los organismos de derechos humanos y los estudiantes afectados, es la dilatoria que se le da al caso que se lleva en los juzgados de lo penal de Francisco Morazán, es la dilatoria que se le ha dado al caso de parte de la juez.
“Estamos preocupados y hemos estado denunciando una táctica dilatoria utilizada por la Juez Gabriela Gallo, responsable del juicio en contra de los tres oficiales de la policía, quienes agredieron a los estudiantes y los defensores de derechos humanos”, dijo Carlos Del Cid.
“Decimos que son tácticas dilatorias, coludidas casi con una acción de complicidad entre el Poder Judicial y en este caso la Secretaría de Seguridad que protege a los policías, porque la audiencia inicial en la que están siendo sometidos los tres oficiales, comenzó el 13 de marzo y ya en esta semana, entre el jueves y viernes 12 y 13 de abril, se está cumpliendo un mes de haber iniciado la audiencia inicial, cuando por lo general, las audiencias iniciales como máximo, tardan una semana. Normalmente tardan tres días en evacuarse y como máximo llegan a los cinco días”, explicó.
Para el también miembro del Observatorio Ecuménico Internacional en Derechos Humanos, “todo lo anterior nos dice que se le está dando todo tipo de beneficio a los policías agresores, a la Secretaría de Seguridad, a los abogados de los policías para que elaboren sus estrategias de defensa, para que protejan a sus defendidos y en cambio nos están dañando a todas las víctimas, porque nos mantienen en una zozobra, ya que estos oficiales de policía, pueden hacer desde sus posiciones de poder, daño hacia nosotros”, aseguró.
Recusar a la Jueza
Según Del Cid, las organizaciones de los derechos humanos analizan la posibilidad de solicitar una recusación en contra de la juez que lleva el caso y hasta pedir que sea sancionada por la tardanza que le está dando al caso.
“Las víctimas estamos ya en el punto de exigirle a la Fiscalía quien lleva la voz cantante y acusatoria en el caso, que recuse a la juez y si este viernes Gabriela Gallo suspende la audiencia o sencillamente se da una audiencia de 3 a 4 horas, cuando debieran ser audiencias de 8 horas, nosotros pediremos a nuestros abogados privados y la Fiscalía, que la recusen, para un cambio de juez y se le someta a un proceso de acusación”, concluyó.
Para el próximo viernes 13 de abril de 2018, a las diez de la mañana ha llamado la juez a las partes en conflicto para que se continúe con la audiencia de declaración de pericias o pruebas documentales en los juzgados de paz de lo criminal.
Crímenes de lesa humanidad: la justicia francesa debe extraditar al expolicía Mario Sandoval
Tras el aplazamiento del 28 de marzo, la Sala de Casación Penal celebrará el 11 de abril de 2018 la audiencia correspondiente a la solicitud de extradición de Mario Sandoval, presentada por la República Argentina hace seis años.
Nuestras organizaciones instan a la Sala de Casación Penal a confirmar las decisiones ejemplares dictadas por el Tribunal de Apelación de París y de Versailles y, de conformidad con las obligaciones internacionales de Francia sobre el procesamiento de autores de desapariciones forzadas, a autorizar la extradición de Mario Sandoval a Argentina.
Antiguo oficial de policía de Buenos Aires, se persigue a Mario Sandoval en Argentina por crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura (1976-1983). Nuestras organizaciones consideran que ha llegado el momento de extraditar a Mario Sandoval —residente en Francia desde 1985— y de que responda de sus actos ante la justicia argentina.
Esta audiencia corresponde al recurso presentado por Mario Sandoval ante el Tribunal de Casación contra el fallo favorable a su extradición emitido por el Tribunal de Apelación de Versalles el 19 de octubre de 2017. El Tribunal de Apelación de París ya había emitido un primer dictamen favorable el 28 de mayo de 2014.
Mario Sandoval está siendo procesado en el marco de una investigación abierta por el juez argentino Sergio Torres en relación a los crímenes cometidos en la Escuela de Suboficiales de Mecánica de la Armada (ESMA) de Buenos Aires, el mayor centro de detención y tortura clandestino, donde más de 5 000 personas detenidas desaparecieron durante la dictadura. La investigación abierta contra Mario Sandoval, cuando era agente de la división de Asuntos Políticos, responde al secuestro y desaparición de Hernán Abriata (militante de la Juventud Universitaria Peronista), en octubre de 1976.
Los familiares de Abriata, en especial la madre de Hernán, Beatriz, de 92 años de edad, y su esposa, Mónica Dittmar, testigos impotentes de su secuestro, llevan más de 40 años pidiendo que se haga justicia.