80 POR CIENTO DE MIGRANTES EN GRAN CARAVANA ¡SON HONDUREÑOS!
El
diario “El Universal” de México, ha informado recientemente que el 80
por ciento de los migrantes que forman parte de la caravana de
indocumentados, son de origen hondureño. Según este rotativo, el desfile
de centroamericanos culminará en la Ciudad de México; sin embargo, hay
mucha intención de los “nómadas” de seguir hasta la frontera con Estados
Unidos.
Agencias / EL LIBERTADOR
Agencias / EL LIBERTADOR
México. La
caravana que en los últimos días ha alarmado al presidente de Estados
Unidos Donald Trump, está formada en un 80 por ciento de hondureños,
según informó el periódico mexicano “El Universal”.
El
rotativo mencionó que más de mil centroamericanos recorren la tierra
azteca para llegar a la frontera con EE.UU.; sin embargo, este miércoles
la Organización No Gubernamental “Pueblo Sin Fronteras”, explicó que se
acompañará a los migrantes hasta su llegada a la Ciudad de México
(CDMX).
“Nuestro
trabajo termina en Ciudad de México y si otras personas necesitan
acompañamiento, tenemos equipo de apoyo en la frontera, pero ellos
tendrán que viajar por su cuenta”, dijo el director de la ONG Irineo
Mujica.
Pueblo
Sin Fronteras, realiza este simbólico “viacrucis” desde 2010 para
visibilizar el drama de los migrantes a su paso por México. En ese
sentido, decenas de migrantes centroamericanos que se encuentran desde
el fin de semana en la comunidad de Matías Romero del sureño estado de
Oaxaca, se preparaban ya para seguir por su cuenta el recorrido.
Algunos
de ellos, incluso cuentan con visas para transitar por México durante
30 días, Mujica explicó que este año la principal dificultad ha sido el
número de personas, pues el 25 de marzo arrancaron con cerca de 1.500 en
Tapachula, fronteriza con Guatemala.
Reconoció
que la intención inicial era llegar a la frontera, pero la dimensión de
la caravana los ha superado. "Viajan demasiados niños, 450, hay muchos
bebés y subirnos al tren, como hacíamos antes, sería una locura", añadió
Mujica.
Por
otro lado, el “estado de alerta” de Trump ha puesto en marcha un
posible desplazamiento de la Guardia Nacional a la frontera. Según
medios estadounidenses, en la caravana de este año muchos
centroamericanos viajan con “ropas andrajosas desde el sur de México
rumbo a la frontera norte”.
Por
esta condición, el “magnate” ha presionado a las autoridades mexicanas
para detener la caravana, cabe destacar que el país mexicano se unió el
gobierno de Barack Obama para deportar migrantes, sobre todo menores de
edad que buscan el “sueño americano” sin compañía.
“El
80 por ciento de los que integran la caravana son hondureños y el resto
salvadoreños, nicaragüenses y guatemaltecos”, afirmó El Universal. Se
conoció que los “catrachos” en su recorrido han gritado en coro “we want
JOH out”, en referencia al grito popular “¡Fuera JOH!”, en contra del
gobernante que se reeligió ilegalmente, según la Constitución, Juan
Orlando Hernández.
Según
informes, a partir de diciembre de 2017, hubo un repunte de hondureños
que partieron rumbo a EE.UU. por la vía ilegal, el doctor en economía
Hugo Noé Pinto, declaró esta mañana que ese es el resultado de la crisis
política que vino a raíz de la reelección presidencial. De momento, la
prensa tradicional hondureña ha guardado silencio.¿Dónde guarda prisión uno de los asesinos intelectuales de Berta Cáceres?
Por: Sandra Rodríguez
Tegucigalpa.- ¿A La Tolva o El Pozo? ¿A dónde envían a uno de los asesinos intelectuales de Berta Cáceres Flores? Se preguntó Bertha Oliva, coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH.
La reacción de dio vía telefónica a través del programa de radio Voces Contra el Olvido, luego de que, al imputado noveno y primer señalado como autor intelectual del asesinato de Berta Isabel Cáceres Flores, se le emitiera detención judicial el sábado anterior.
Cerca de las 7:00 p.m. del 10 de marzo, en el tercer día de Audiencia Inicial en el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, se decretó prisión preventiva contra Roberto David Castillo Mejía, presidente de la junta directiva de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), quien fue enviado a la Penitenciaría Nacional “Marco Aurelio Soto” de Támara, 32 kilómetros al norte de Tegucigalpa.
Sin embargo, se le benefició de sobreseimiento definitivo por el delito de asociación ilícita, pues según el Tribunal no encontraron elementos contundentes para condenarlo, explicó en el programa que es producción del COFADEH, el abogado Rodil Vásquez, quien forma parte del equipo legal de la familia Cáceres Flores y Zúniga Flores.El Consejo Cívico de las Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), que dirigía Bertita, mantiene resistencia ante las pretensiones de DESA para construir la represa hidroeléctrica “Agua Zarca” en el Río Gualcarque, parte de los bienes comunes del pueblo indígena lenca. Por lo tanto, está amparado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que trata sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales.
La parte acusadora se reservó el derecho de análisis de lo sucedido, por lo que viene un momento de reunirse con la familia y el COPINH, con miras a preparar una estrategia donde la justicia dé frutos y hacer uso de las figuras que les permite la ley.
No obstante, con el hecho que se haya enviado a prisión preventiva a uno de los autores intelectuales, como parte fundamental es la presión nacional e internacional en favor de la defensora del pueblo indígena Lenca, declaró Vásquez.
Es fundamental el apoyo de personas como Bertha Oliva desde el COFADEH, y otras personas que dan acompañamiento a la familia durante el clamor popular en búsqueda de justicia como en el caso de Cáceres y otros de violaciones a derechos humamos, que no han cesado.
Hay violaciones terribles en Honduras -continuó Rodil Vásquez- uno de los más recientes el fraude electoral que nos ha dejado marcado ante el mundo, como un país en el que no hay democracia, reina el crimen y la impunidad, por lo que se debe mantener la lucha permanente hasta derrotar estos males.La detención de Castillo se dio el mismo día que se cumplía dos años del crimen, ocurrido el 02 de marzo del 2016, en La Esperanza, Intibucá, donde residía Bertita.
Investigaciones
Para la investigación del crimen de Berta, premio Goldman ambiental 2015, se creó el Grupo Asesor Internacional de Personas expertas (GAIPE), que vio a bien los avances del Ministerio Público, que se concretan en la detención de Roberto David Castillo, ex presidente ejecutivo de la empresa DESA.
El GAIPE constató y entregó evidencia contundente acerca de la existencia de redes que conectaban a la empresa DESA con poderes estatales, que decantó en un plan minucioso para quitarle la vida la defensora de los Ríos. Estos resultados fueron producto de análisis de más de 40 GB de información telefónica y de otra naturaleza, que conoce el Ministerio Público desde mayo de 2016.
De acuerdo con los hallazgos del GAIPE, DESA mandató a empresas de seguridad privada y sicarios, pero también a fuerzas de seguridad estatales y operadores de justicia, con el fin de controlar y neutralizar cualquier oposición al proyecto Agua Zarca, emcionó el Grupo en un comunicado de prensa el pasado 06 de marzo.
Guardan prisión por el asesinato de la ambientalista y defensora de derechos humanos, el ex jefe de seguridad de DESA, teniente Douglas Geovanny Bustillo; el mayor del ejército, Mariano Díaz Chávez; el capitán en situación de retiro, Edison Atilo Duarte; su hermano, Emerson Eusebio Duarte Meza; Oscar Aroldo Torres Velásquez, Elvin Rápalo Orellana; el ex gerente de temas sociales y medio ambientales de la empresa DESA, Sergio Rodríguez; y el ex militar, Henry Javier Hernández Rodríguez, que supuestamente trabajaba en una barbería en México al momento su captura.
Cabe resaltar que ninguno está en cárceles de máxima seguridad, a diferencia de los presos políticos que por oponerse al fraude electoral que mantiene a Juan Orlando Hernández al mando del régimen, han sido remitidos a centros penitenciarios como “El Pozo” en Ilama, Santa Bárbara y “La Tolva” en Morocelí, El Paraíso.La situación de los presos políticos es inhumana, denunció Bertha Oliva, pues no tienen acceso siquiera a visitas familiares y salud. Tal el caso de Edwin Espinal, quien debió iniciar una huelga de hambre a inicios de este mes, para que lo pudiera asistir un médico, pese a que, así lo había estipulado un juez ejecutor ante la presentación de un recurso de Habeas Corpus, emitido por el COFADEH.
Espinal es beneficiario de medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sin embargo, el Estado no respetó esas disposiciones. Al Igual Berta Cáceres tenía Medidas Cautelares de la CIDH, y fue asesinada al interior de su vivienda, sin que hasta el momento se capture a los que ordenaron el crimen.
Según el Registro del COFADEH, hay 22 personas presas por su ideología política, la mayoría en cáceles de máxima de seguridad:
Una Persona de Pimienta Privada de Libertad en el Centro Penal de Tela
- Lourdes Johana Gómez Núñez.
- Edwin Robelo Espinal
- Raúl Eduardo Álvarez
- Arles Saúl Cardona Saavedra.
- Gustavo Adolfo Cáceres Ayala.
- Jhony Andrés Salgado Fuentes.
- Dany Javier Banegas Reyes.
- Olvin Nahúm Villanueva Avilés.
- Omar Enrique Velásquez Yánez.
- Antony Reynaldo Acosta.
- Néstor Armando Almendarez Rodríguez.
- Marvin Antonio Godoy Arias.
- Daniel Eduardo Santos Ordóñez
- José Orlando Santos Ordoñez
- Edwin Nahún Amaya Sánchez
- Mynor Ariel Reyes Mejía
- Roque Jacinto Alvarenga Corea
- Wilfredo Cáceres Sagastume
- Francisco Miguel Gómez Martínez
- Melvin Mauricio Chávez Pérez
- Jonathan Ricardo Perla López
- Santos Ramón Paredes Quiroz
New York Times (NYT) / EDITORIAL: CORRUPCIÓN MORTAL EN HONDURAS
“Es
posible que Hernández no esté directamente involucrado en el asesinato
de Cáceres. Pero Estados Unidos exige que ese caso se resuelva mientras,
cínicamente, posibilita la implementación de las políticas corruptas
que sostienen al actual gobierno de Honduras, lo que aumenta las
probabilidades de que la muerte de Cáceres no sea la última”, esto ha
escrito el diario New York Times (NYT) en su editorial de este día.
Agencias / EL LIBERTADOR
Agencias / EL LIBERTADOR
New York.
Quizá los asesinatos habrían acabado con la oposición indígena al
proyecto de una represa en Honduras si Berta Cáceres no hubiera sido una
de las víctimas. Su liderazgo en la campaña contra la construcción de
una represa en el río Gualcarque, que es sagrado para el pueblo lenca,
le hizo acreedora de un prestigioso premio internacional y mucha
atención mediática por lo que su asesinato perpetrado por hombres
armados hace dos años generó una intensa presión para encontrar a sus
asesinos.
Ahora
la policía hondureña arrestó a Roberto David Castillo Mejía, el hombre
que en ese momento era el jefe ejecutivo de la compañía que desarrollaba
el proyecto de construcción. Es la novena persona detenida por el
asesinato, pero lo más importante es que fue identificado como el “autor
intelectual” del crimen, es decir, fue la mente maestra que contrató
asesinos y miembros del ejército que ya fueron encarcelados por el caso
de Cáceres.
La
detención de Castillo muestra los vínculos que surgen entre el gobierno
y la élite militar y empresarial en una cultura de corrupción. Honduras
es el país más letal del mundo para los activistas ambientales. Cáceres
y otros dos miembros de su organización aparecen en la lista de los
catorce ambientalistas que fueron asesinados en 2016.
Después
de su muerte, un equipo de abogados internacionales reveló que el
asesinato fue planificado durante meses. Estados Unidos presionó al
gobierno de Honduras para que resolviera el caso y el arresto de
Castillo sugiere que esa presión funcionó.
Lo
que aún no queda claro es si esa detención representa un cambio
fundamental en Honduras o simplemente se trata del sacrificio de un
chivo expiatorio en un caso que se volvió demasiado importante.
Mientras
la investigación del asesinato de la lideresa ambientalista acaparaba
los titulares de los diarios, el presidente de Honduras, Juan Orlando
Hernández, sorteó la ley para postularse a la reelección y ganó unas
votaciones tan controversiales que los observadores internacionales
recomendaron que se convocara una nueva elección.
Sin
embargo, el gobierno de Trump guardó silencio. Hernández, que llegó al
poder con un golpe de Estado apoyado por el gobierno de Obama en 2009,
ha sido un aliado voluntario de Washington, bien sea para luchar contra
el terrorismo y las drogas o para detener a los inmigrantes.
Es
posible que Hernández no esté directamente involucrado en el asesinato
de Cáceres. Pero Estados Unidos exige que ese caso se resuelva mientras,
cínicamente, posibilita la implementación de las políticas corruptas
que sostienen al actual gobierno de Honduras, lo que aumenta las
probabilidades de que la muerte de Cáceres no sea la última.
La heroína de Pimienta: Lourdes la presa política
¿Quién es Lourdes Johana Gómez Núñez? Lourdes, de 35 años de edad, es madre de cuatro hijos, que desde tempranas horas se levantaba a atender un pequeño negocio de comida en el municipio de Pimienta, departamento de Cortés, para sostenerlos junto a su esposo.
Pese a su obligación en atender el comedor, estaba pendiente de sus hijos, las tareas escolares, su estado de salud y de todo lo que les rodeaba.
Lourdes es una persona muy consciente de la realidad nacional, por sus venas corre la sangre de la lucha por la verdad y contra la injusticia, convicción que la llevó a enfrentarse a un inspector identificado con el apellido “Mejía” para defender sus derechos como ciudadana, a quien le dijo que lo denunciaría. <<Nunca se imaginó que esa advertencia tarde o temprano repercutiría en su vida y en la de su familia>>.
De acuerdo al testimonio de Lourdes, ofrecido a varias organizaciones de derechos humanos aglutinadas en el Comité Nacional por la Liberación de Presos Político en Honduras, el Sub Inspector Mejía la citó para dialogar, pero intimidándola pretendía coaccionarla para que dijera cosas que ella no sabía. El 02 de diciembre del 2017 el mismo sub Inspector le dijo que saliera del lugar porque ese día iba a pasar de todo en Pimienta.
A Lourdes se le acusa por los delitos de incendio de la posta policial de Pimienta y robo agravado, junto a 10 hombres que guardan prisión en la cárcel de máxima seguridad “El Pozo”, Ilama, Santa Bárbara, a quienes se les rapó el cabelló como forma de estigma de miembros de grupos delictivos.
Relato
De acuerdo a los hechos, el día de la quema de la posta de Pimienta entre 10 y 11 de la noche, y al día siguiente llegaron dos camiones y dos carros de militares con policías cobras encapuchados, se tiraron de los vehículos, le apuntaron a ella y a su niño dentro del negocio, después metieron a los clientes al interior del mismo.
Los encapuchados le allanaron el negocio, rodearon la casa y toda la cuadra. Esto fue el día de navidad y dijeron que era un registro de rutina en todos los negocios, pero entonces el alcalde de Pimienta –Raúl Ugarte- le dio el número del sub inspector Mejía para que lo llamara y tratara ella de colaborarle.
Al llamarlo él llego en un carro militar, la subieron al auto, le pusieron un pasamontaña y la llevaron con destino desconocido, al descubrirle el rostro estaban en la comunidad de La Barca, él le dijo que la necesitaba como testigo protegido, le ofreció ayuda pero que necesitaba que ella le diera información de “Pablo el pandillero”, pero ella desconocía sobre lo que le preguntaba, por lo que denunció a Mejía ante la Fiscalía Especial de Derecho Humanos, narró Lourdes Johana.
“Este problema me lo causó el oficial Mejía y a raíz de la crisis política se aprovechó de la circunstancia para criminalizarme; no he hecho nada más que protestar, gritar por lo que está pasando, pido libertad para mí y para todos los presos políticos, a raíz de todo esto perdí mi negocio, y mis hijos sobreviven de la solidaridad de los demás”, confesó entre lágrimas Lourdes Johana.El inspector empecinado en lograr la colaboración de Lourdes por las buenas o por las malas, le advirtió que si no le decía lo que él quería, que lo pensara bien porque después se iba a arrepentir.
La noche de la pesadilla
Consciente que en el país se estaba practicando un fraude electoral a favor de Juan Orlando Hernández contra la voluntad del pueblo hondureño, y sobre las amenazas recibidas por el inspector Mejía, junto a su hermano y esposo tomó la decisión de salir a protestar, sabiendo las consecuencias que le podía traer porque el régimen de Juan Orlando Hernández no entendía de razón, la única razón eran las represiones y los ataques directos contra los protestantes.
Pese a ese peligro inminente, pudo más la firmeza de su convicción y siguió en las calles, levantó la voz contra el fraude, la reelección ilegal de Juan Orlando Hernández, exigiendo justicia por los compatriotas que estaban cayendo asesinados durante las protestas.
Mientras descansaba junto a su esposo, hijos y otros parientes en su vivienda, el día martes 26 de diciembre, a la familia de Lourdes Johana Gómez Núñez de 35 años, le cambió la vida, luego que miembros de la seguridad del Estado irrumpieran en su domicilio en Pimienta, Cortés, en horas del madrugada, llevándosela detenida a ella, a su esposo y a su hermano.
La crisis post electoral en Honduras se incrementó a partir del 1 de diciembre, cuando el régimen de Hernández para disipar las protestas de indignación estableció por diez días la suspensión de las garantías constitucionales de 6:00 de la tarde a 6:00 de la mañana bajo el Decreto Ejecutivo PCM-084-2017, dejando más de mil personas detenidas por “violentar” esta orden.
Las bartolinas fueron llenadas de centenares de ciudadanos que en protesta a la situación política que se está viviendo el país no cumplieron con la medida tomada por el régimen, otros continuaron con las manifestaciones cerrando vías de comunicación en las principales ciudades del país, lo que indignó a las fuerzas represoras del Estado y comenzaron a hacer redadas, reprimir, detener e incluso a disparar contra los y las manifestantes, reportándose cerca de 34 víctimas mortales a nivel nacional que participaron en las acciones protestas en las carreteras del país.Comandos y tanquetas militares, patrullas policiales y miles de agentes fueron enviados a las calles para reprimir y detener a aquel ciudadano que no cumpliera con la medida de toque de queda.
Durante el periodo post electoral, los y las pobladoras de Pimienta, así como en otras ciudades se lanzaron a las calles, enfrentándose a la represión, detención y disparos de bala viva, así como ver caer mortalmente a compañeros de lucha. Nada de esto detuvo las protestas contra el fraude y contra la reelección ilegal de Juan Orlando Hernández.
Efectos familiares
Lourdes Johana procreó cuatro hijos, tres varones de 15, 10 y 5, y una niña de 12 años. Debido a la situación que ha vivido la familia desde el pasado 26 de diciembre, el daño psicológico en los menores ha sido evidente, situación que la tiene preocupada, ya que desde la celda no puede hacer nada.
Su hijo mayor, de nombre Wladimir , estudiante del segundo curso de ciclo común, debido a que el régimen mantiene injustamente privados de libertad a su padre y a su madre, entró en depresión, abandonó sus estudios y también el hogar, lo que suma intranquilidad a la familia.
Lourdes tiene la fe y esperanza que pronto saldrá de esta pesadilla al recobrar su libertad para reunirse con sus hijos, volver a ser la familia feliz y trabajadora que era antes del 26 de diciembre del año 2017.
A pocas horas de haber pasado la Nochebuena, el 26 de diciembre, los vecinos de Pimienta descansaban tranquilamente cuando unos ruidos en horas de la mañana pasiblemente interrumpieron el sueño y la paz que se vivía en muchos hogares.
A los pocos minutos de escuchar aquellos ruidos, la vivienda de Lourdes Johana Gómez, fue atacada por las Fuerzas represoras del Estado, que aprovechando la obscuridad de la noche como viles delincuentes se aprestaron a atacar a su víctima. Irrumpieron la vivienda, botaron el portón de entrada y luego procedieron a derribar por la fuerza la puerta principal para ingresar y detener a las tres personas que descansaban en el seno familiar, después de haber tenido un día arduo de trabajo en su pequeño negocio, ubicado en la misma casa.Ese 26 de diciembre las Fuerzas represoras del estado enviaron a prisión a once personas, 10 del sexo masculino fueron trasladados a El Pozo ubicado en Ilama, Santa Bárbara, y Lourdes Johana fue enviada privada de libertad al centro Penal ubicado en Tela, Atlántida.
Autoridades aún no dan respuestas a la familia del desaparecido Manuel de Jesús Bautista
Por Riccy Ponce
El 3 de abril Manuel de Jesús Bautista Salvador cumplió cuatro meses de su desaparición forzada. Cuatro meses de angustia y de búsqueda incansable que ha emprendido el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras COFADEH junto a los familiares del joven.
Desde que el COFADEH conoció la desaparición forzada de Manuel de Jesús Bautista Salvador, ha hecho acciones para poder dar con su paradero, se han presentado denuncias ante el Ministerio Público, tanto de San Pedro Sula como de Tegucigalpa, de las que no se ha obtenido ninguna respuesta.
La coordinadora del COFADEH, Berta Oliva, expresó que “cuatro meses se cumplen que el joven Manuel está en condición de desaparecido por miembros de la Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA), mejor dicho por la Policía Militar del Orden Publico(PMOP), que está al mando y al servicio de Juan Orlando Hernández (JOH), pero para nosotros que trabajamos el tema de desaparición forzada que hemos sobrevivido con el dolor de no saber de nuestros seres queridos que buscamos y no olvidamos, como se le puede pedir a la familia que olvide”.
Hemos hecho todo y lo vamos a seguir haciendo, ayer entregamos una nota a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que demande y exija al régimen de Honduras el esclarecimiento y el retorno pronto de Manuel de Jesús a su hogar, agregó la defensora de los derechos humanos.
Asimismo señaló que la familia está desesperada, aunque no gritan al público ni lo reclaman, primero porque el tema de la desaparición forzada hay una estrategia mediática, que la gente no lo diga, y si no tuviéramos familia y no estuviera COFADEH, realmente ya nadie los mencionara, porque esa es la apuesta.
Desde el 3 de diciembre, fecha de su desaparición forzada, no hay ni una tan sola pista de su paradero, no hay ni un solo registro en postas a pesar que, según su hermano Rafael Bautista, hay testigos que afirman que él fue detenido junto con ellos.
Para la coordinadora del COFADEH, organización que acompaña a los familiares en la búsqueda de Manuel de Jesús, el caso del joven desaparecido en Naco, Cortés, es igual a los casos de desaparición forzada en los años 80’s.Desde esa noche de Manuel de Jesús no se volvió a saber nada y hasta la fecha no hay rastro de su paradero. La familia ha buscado en hospitales, postas policiales, batallones, morgue y en todos los lugares en donde pudiera estar, pero todo ha sido en vano.
“El tema de Bautista, referente al interés del Estado para esclarecer el paradero de él, es exactamente igual que lo que hicieron en los años ochenta, lo han tratado con indiferencia; nosotros hemos tratado de agotar todas las instancias donde creemos que puedan hacer acciones de demanda ante el régimen de Honduras, para que se dé respuestas a sus familiares, al pueblo hondureño y a nosotros sobre el paradero del joven”.
La defensora también expresó que “vamos a seguir exhibiendo la inoperancia del Ministerio Público, la complicidad que hay para no hacer trabajos de investigación serios. El terror que le meten a la familia y a los testigos, porque convierte a los familiares como los principales sospechosos, revierten el delito y ellos a las victimas las hacen sentirse victimarias y a los victimarios, por supuesto, que los protegen y los esconden y les dan lo que tiene ahorita, carnet casi enchapados de impunidad”.
En el mes diciembre se presentaron dos habeas corpus de los que de ninguno las autoridades, en cuatro meses, les dieron una respuesta a los familiares.
La detención y luego desaparición de Bautista Salvador se dio tres días después de la entrada en vigencia del Decreto Ejecutivo número PCM-084-2017, que restringió por diez días las Garantías Constitucionales contenida en el Artículo 81, impuesta por el gobierno para evitar las movilizaciones en contra del fraude electoral que se estaba gestando en el Tribunal Supremo Electoral a favor de Juan Orlando Hernández.
En este caso, el COFADEH ha colocado la denuncia ante el grupo y comité de desaparición forzada y se ha hecho lo que corresponde cuando pasa un caso de estos, ya que no hay forma que se abra una investigación que se denote de parte del régimen que tiene interés en dar respuestas sobre el caso. También Una comunicación fue enviada al relator para Honduras sobre los derechos de las personas privadas de libertad de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos).El COFADEH continúa demandando justicia junto a los familiares de Manuel de Jesús Bautista Salvador, cuatro meses y no hay absolutamente nada que pueda llevar a una pista sobre el paradero de al menos sus restos, porque su familia ya perdió la esperanza de encontrarlo con vida.
Manuel de Jesús es la primera víctima de desaparición forzada en la crisis post electoral generada por el fraude del presidente ilegítimo Juan Orlando Hernández del pasado 26 de noviembre del año 2017, y hasta la fecha no se tiene información de qué pasó con él y los familiares siguen preguntándose ¿dónde está Manuel de Jesús Bautista Salvador?, detenido desaparecido el 3 de diciembre del año pasado.
Experto de la ONU pide a los países del Triángulo del Norte que garanticen una selección transparente de nuevos fiscales generales
El experto independiente nombrado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha pedido a los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador que subrayen su compromiso en la lucha contra la corrupción, garantizando que el proceso de selección de los fiscales generales de cada país sea transparente y justo.
Los llamados países del Triángulo del Norte nombrarán nuevos fiscales generales a partir del próximo mes.
“Tendrán un papel clave para romper la espiral de violencia en estos países”, dijo el Relator Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán,
“Los nuevos fiscales generales enfrentarán grandes desafíos, tales como las organizaciones criminales transnacionales que operan en el área, la corrupción y la impunidad, mismos que impiden la seguridad y el desarrollo en los países del Triángulo Norte”.
En Guatemala, el proceso ya está en marcha y se espera que el Presidente designe a un nuevo fiscal general en mayo de 2018. En Honduras, la Junta de Nominación será determinada en marzo de 2018 con el objetivo de preseleccionar a los candidatos y el gobierno de Juan Orlando Hernández ha programado la elección para el último trimestre de 2018. En El Salvador, la Asamblea Legislativa debería elegir al Fiscal General entre noviembre de 2018 y enero de 2019.
“Los procesos de selección deben ser inclusivos, transparentes y seguir criterios estrictos, claros y objetivos para evaluar la integridad, idoneidad y competencias de los candidatos. Es crítico que estos procesos de selección se administren con transparencia”, dijo García-Sayán.
“Los nuevos fiscales generales deben tener credenciales inmaculadas y un alto prestigio en su campo. Deben entender la importancia de los esfuerzos anticorrupción, la independencia judicial y tener un claro compromiso con el fortalecimiento del estado de derecho.”
“Es vital que las mujeres y los pueblos indígenas participen plenamente en todo el proceso”, dijo. “Los medios de comunicación, los órganos de vigilancia independientes y las organizaciones de la sociedad civil deben poder desempeñar una función de supervisión y comunicarse con el público sin temor a represalias”.
TERMINA
El Sr. Diego García-Sayán (Perú) ha sido el Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados desde diciembre de 2016. Los Relatores Especiales forman parte de los ‘Procedimientos Especiales’del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.
Por: Sandra Rodríguez
Tegucigalpa, Honduras, (defensoresenlinea.com).- Integrantes del Comité Nacional por la Liberación de Presos Políticos, expusieron esta tarde al Relator de la Comisión interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los derechos de las personas privadas de libertad, Joel Hernández García, la situación que enfrentan 21 víctimas del actual régimen en diferentes cárceles del país.
“Nos encontramos con una pared blindada dónde el gobierno dice que <<no hay presos políticos>>, y se les obliga a aparecer con pruebas impuestas, como escudos policiales, bombas…” denunció una de las integrantes.
Entre las denunciantes estaban dos esposas de presos políticos. Hay 20 hombres encarcelados en centros penales de máxima seguridad de “El Pozo” en Ilama, Santa Bárbara; “La Tolva” en Morocelí, El Paraíso; Cárcel de El Progreso, Yoro; y una mujer -Lourdes- en la prisión de Tela, Atlántida.En la mayoría de casos, tras un promedio de 100 días de encierro por protestar contra el fraude electoral del 26 de noviembre del 2017, que mantiene ilegalmente en el Poder Ejecutivo a Juan Orlando Hernández, las familias han visto apenas una vez a sus parientes.
Hay casos cómo el de Edwin Espinal, preso en La Tolva, desde el 20 de enero pasado, sólo es visitado por sus representantes legales, abogadas del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras(COFADEH) bajo estrictas medidas de seguridad, y con un permiso especial por ser defensora internacional lo visitó su pareja, Karen Spring, quién está fuera del país.
Además del aislamiento al que son sometidos los presos políticos, es preocupante la calamidad en la alimentación y salud para los y las privadas de libertad.
Según cifras expuestas por representantes del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de la Tortura (CPTRT), en Honduras hay más de 19 mil privados de libertad, al menos 12 mil no tienen sentencia, y se ha registrado 190 casos de tuberculosis activa, por lo que se teme la propagación de la enfermedad, y no hay trato médico adecuado.
Para las representantes del ComitéNacional por la Liberación de los Presos Políticos, impulsada desde la Convergencia Contra el Continuismo, exponer lo que está sucediendo en Honduras, ante organismos internacionales, es muy importante, porque el mundo debe saber lo que sucede en Honduras, ya que temen siga el hostigamiento.
En junio habrá una visita In Loco de la CIDH, para lo que traerá una agenda con temas de los que Hernández -además- Relator de País y el secretario ejecutivo Paulo Abrão, han escuchado.En la reunión también participaron representantes de diferentes organización defensoras de Derechos Humanos que expusieron sobre niñez, mujeres, defensoras y defensores de DDHH, persecuciones, desapariciones forzadas, diversidad sexual, desplazados y exiliados políticos, entre otros.
El representante de la CIDH ha dado muestra de solidaridad con el grupo de defensores y defensoras de DDHH, tras escucharlos por espacio de dos horas, en esta visita oficial.
Unas 15 organizaciones defensoras de DDHH se reunieron con el relator de la CIDH para Honduras y a la vez Relator Espacial sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, Joel Hernández García, quién mañana continúa con reuniones y terminará su visita oficial.
Se cumple 30 años de la extradición de Ramón Matta a EEUU
Por: Sandra Rodríguez
Tegucigalpa.- Hoy se cumple 30 años de la captura de
Ramón Matta Ballesteros, señalado por el gobierno de Estados Unidos de
haber participado en la muerte del agente de la Administración para el
Control de Drogas (DEA), por sus siglas en inglés, Enrique Camarena
Salazar, y fue extraditado a ese país, condenado por diferentes cargos y
continúa en prisión. Aun cuando ni existía convenios de esta naturaleza
entre Honduras y Estados Unidos.
Estos hechos provocaron masivas movilizaciones entre el 05 y 07 de abril de 1988 -mayormente jóvenes estudiantes-que exigían el respeto a la soberanía Patria, y continuó con la quema de la Embajada Estadounidense en Tegucigalpa el 07 de abril; El golpe más fuerte, según sus compañeros de lucha, fue la desaparición forzada del líder estudiantil Roger Gonzales el 19 de abril de 1988.
La extradición del hondureño fue catalogado como un irrespeto a la soberanía nacional, incluso artistas como Lucy Ondina, devolvió un premio al Arte acreditado por el gobierno de José Simón Azcona, como repudio a la Ilegalidad.
El entonces rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Oswaldo Ramos Soto, afirmó que la actuación contra Matta constituyó “una ostensible violación a la Constitución de la República y al amplio espíritu de la misma”.
Estos hechos provocaron masivas movilizaciones entre el 05 y 07 de abril de 1988 -mayormente jóvenes estudiantes-que exigían el respeto a la soberanía Patria, y continuó con la quema de la Embajada Estadounidense en Tegucigalpa el 07 de abril; El golpe más fuerte, según sus compañeros de lucha, fue la desaparición forzada del líder estudiantil Roger Gonzales el 19 de abril de 1988.
La extradición del hondureño fue catalogado como un irrespeto a la soberanía nacional, incluso artistas como Lucy Ondina, devolvió un premio al Arte acreditado por el gobierno de José Simón Azcona, como repudio a la Ilegalidad.
El entonces rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Oswaldo Ramos Soto, afirmó que la actuación contra Matta constituyó “una ostensible violación a la Constitución de la República y al amplio espíritu de la misma”.
Las madres del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en
Honduras (COFADEH), días después se refirieron a la manifestación que
concluyó el 07 de abril como “justa ira cívica” y “acto de patriotismo”.
(Publicación en diario La Tribuna, abril 25).
Esas acciones se produjeron por el atropello a la Constitución consumado por el gobierno al extraditar a un ciudadano hondureño (el supuesto narcotraficante Ramón Matta) con el propósito de complacer a una potencia extranjera (Estados Unidos).
Días después de estos acontecimientos, el 09 de abril de 1988, retornó al país Gustavo Álvarez Martínez, señalado por el COFADEH, como “la sombría torva de Álvarez, el hombre que nos ha cubierto de dolor y llanto, el causante de que nuestros hogares estén vacíos del calor de nuestros seres queridos”.
Esas acciones se produjeron por el atropello a la Constitución consumado por el gobierno al extraditar a un ciudadano hondureño (el supuesto narcotraficante Ramón Matta) con el propósito de complacer a una potencia extranjera (Estados Unidos).
Días después de estos acontecimientos, el 09 de abril de 1988, retornó al país Gustavo Álvarez Martínez, señalado por el COFADEH, como “la sombría torva de Álvarez, el hombre que nos ha cubierto de dolor y llanto, el causante de que nuestros hogares estén vacíos del calor de nuestros seres queridos”.
Imágenes: Diario La Tribuna, Hemeroteca UNAH – Colección Hondureña
Las grandes represas hidroeléctricas son una amenaza en todo el mundo. Según la Comisión Mundial de Represas hay “más de 45 mil grandes represas en todo el mundo, desplazando a más de 80 millones de personas de sus lugares de vida” En Honduras no nos quedamos atrás, según el Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario, “se cuenta con 177 proyectos hidroeléctricos en el país” pintando un paisaje de despojo y desplazamiento.
En la medida que los operadores del Neoliberalismo presionaron a los estados para privatizar los servicios básicos como el agua y la energía eléctrica los empresarios locales y transnacionales surgieron como hongos en las comunidades campesinas e indígenas, y los gobiernos fueron creando andamiajes jurídicos para la explotación de sus territorios y bienes comunes.
Los rasgos comunes de todos los proyectos hidroeléctricos es que a su paso van provocando cambios climáticos, sequías, inundaciones, desplazamiento, empobreciendo y muerte en las comunidades; y en paralelo ha multiplicado las ganancias a las élites locales y transnacionales del rubro energético.
El crimen de Berta Cáceres es un ejemplo fresco del impacto de los proyectos hidroeléctricos en los pueblos indígenas y campesinos, también es un ejemplo dónde se cruzan los capitales locales con transnacionales. Es un dúo que no sólo genera energía, también siembra terror y muerte en nuestros territorios.
Las amenazas a nuestros ríos también vienen de la industria cañeras y palmeras. Haces unos años la Azucarera de Norte S.A. ubicada en el valle de Sula vertió residuos que llegaron al río Ulúa contaminando su agua y dejando miles de peces muertos, la misma historia ocurrió recientemente con una empresa procesadores de palma africana ubicada en el municipio de Tela, contaminó las aguas de la laguna Los Micos provocando un desastre en el parque Janeth Kawas. Ambos desastres han quedado en la impunidad.
En este marzo sumamos nuestra voz en la defensa de los ríos y los bienes naturales, y afirmamos nuestro compromiso de seguir cultivando la semilla de lucha y dignidad de Berta Cáceres y Janeth Kawas en la sociedad hondureña.