Caso Berta: Misión concluye que gobierno hondureño favorece proyectos extractivistas // “El gobierno de Honduras no tiene ninguna voluntad política de luchar contra la impunidad” Por Giorgio Trucchi // El Gobierno de Honduras recela de una investigación independiente en el caso de Berta Cáceres
HONDURAS
Caso Berta: Misión concluye que gobierno hondureño
favorece proyectos extractivistas
Por Tatiana Félix / AditalKaos en la Red - Publicado en: 23 marzo, 2016
La Misión está integrada por diputados del partido europeo PODEMOS y un representante del Parlamento mexicano, activistas de derechos humanos y sindicalistas latinoamericanos y estadounidenses, además de abogados de México y de El Salvador. Fue convocada por solicitud de la Red Nacional de Defensoras de Honduras, conjuntamente con el Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas (COPINH).
Según el documento, presentado en rueda de prensa, este lunes 21, el país centroamericano no está respetando los principios democráticos ni garantizando las libertades y derechos fundamentales establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos conocida como Pacto de San José. Y viene transgrediendo el derecho de los pueblos indígenas para favorecer proyectos hidroeléctricos, mineros, agroindustriales y forestales, principalmente el proyecto Agua Zarca, desarrollados en territorios indígenas por grandes empresas nacionales y transnacionales.
“No se detecta la voluntad necesaria por parte del gobierno de Honduras para acabar con la impunidad en relación a la violencia contra la defensa de los derechos humanos, particularmente hacia los pueblos indígenas”, denuncian.
Ante un escenario de constantes violaciones y persecuciones, la Misión recomienda la adopción y el cumplimiento de la Ley de Protección para las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, que ya fue aprobada, por unanimidad, en el Congreso Nacional, en abril de 2015.
Además, pide la cancelación de las concesiones relacionadas con los proyectos hidroeléctricos, explotación de empresa minera, industrial y forestal, a fin de revisarlas para garantizar el principio de sustentabilidad ambiental, la desmilitarización de los territorios del pueblo lenca. Y apela a Estados Unidos para que suspendan el Plan para la Prosperidad, mientras la situación de protección y garantía de los derechos humanos no mejoraren, en Honduras.
La Misión Internacional “Justicia para Berta Cáceres” cuestiona la utilización del nombre del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos por parte del gobierno hondureño, en relación con la investigación de la muerte de la líder indígena. Pues la oficina no tendría capacidades técnicas ni operacionales para acompañar las investigaciones. La participación del FBI [agencia de investigación de Estados Unidos], debido a la presión nacional e internacional, tampoco estaría posicionada claramente en los trabajos de investigación del asesinato de la activista.
La Red Jubileo Sur Brasil también expresa, en nota, toda su “indignación y consternación ante la impunidad que involucra el caso Berta Cáceres”, y pide la libertad “inmediata y con seguridad” del activista mexicano Gustavo Castro, que se encuentra retenido en la Embajada de México, en Honduras, desde el asesinato de la colega hondureña, presenciado por él.
“Exigimos que los organismos internacionales de Derechos Humanos hagan una intervención más directa y incisiva en este caso, teniendo en cuenta todas las desidias sufridas por representantes de movimientos sociales hondureños, ya citados en distintos informes”, se manifiesta desde la Red.
En memoria a Berta Cáceres Flores, la Red Jubileo Sur Brasil también publica el video “Justicia para Berta”, con la participación de diversos activistas, entre ellos, el ganador del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.
“El gobierno de Honduras no tiene ninguna voluntad política
de luchar contra la impunidad”
Por Giorgio Trucchi
Kaos en la Red - Publicado en: 23 marzo, 2016
La Misión Internacional “Justicia para Bertha Cáceres” presentó su Informe preliminar tras una visita de cinco días a Honduras
Este 21 de marzo culminó su visita la Misión Internacional “Justicia para Bertha Cáceres”, que tenía el objetivo de contribuir al esclarecimiento del asesinato de la líder indígena lenca Bertha Cáceres, y sostener la urgencia de la liberación inmediata del activista y coordinador de Otros Mundos Chiapas,
Gustavo Castro Soto.
El sociólogo mexicano fue testigo del
asesinato y resultó herido durante el ataque mortal que costó la vida a
Cáceres. Ahora está siendo impedido de abandonar el país por las
autoridades hondureñas.
Integrada por parlamentarios, juristas,
defensores de derechos humanos, expertos y activistas provenientes de 9
países de América Latina y Europa[1], la Misión arrojó datos muy
preocupantes.
De acuerdo con el informe preliminar que fue presentado en una rueda de prensa
ante medios nacionales e internacionales, Honduras se ha convertido en
“uno de los países más peligrosos del mundo para las mujeres y hombres
defensores de derechos humanos, en particular para quienes promueven
los derechos relacionados con el medio ambiente, la tierra y el
territorio”.
Para los integrantes de la Misión
internacional, en el país centroamericano no se estarían garantizando
el respeto a los principios democráticos, ni las libertades
fundamentales y derechos humanos establecidos por la normativa nacional
e internacional.
Ese contexto crea las condiciones para
que haya “sistemáticas y flagrantes transgresiones al derecho
internacional en materia de derechos de los pueblos indígenas en el
desarrollo de proyectos hidroeléctricos, mineros, agroindustriales y
forestales en territorios indígenas y garífunas”, señaló la Misión.
También evidenció la existencia de
“fuertes vinculaciones del gobierno con poderes economicos representados
por grandes empresas y entidades financieras nacionales y
transnacionales”, que promueven proyectos de explotación territorial que
entran en contradicción con los modos de vida y los intereses de las
comunidades que viven en dichos territorios.
No hay voluntad política del gobierno
No hay voluntad política del gobierno
Los integrantes de la Misión denunciaron
la falta de voluntad política de parte del gobierno hondureño “para
acabar con la impunidad imperante en relación a los actos de violencia y
las violaciones a los derechos humanos en el país”, en particular hacia
los pueblos indígenas, ambientalistas y defensores y defensoras de
derechos humanos, lo que agrava la fuerte desconfianza en las
instituciones del Estado.
“No hemos captado la menor voluntad de
transparencia ni de comunicación, pero no solo hacia nosotros, sino
hacia la sociedad en su conjunto. Lo que hemos encontrado han sido
evasivas, contradicciones (…), en definitva ha sido muy frustrante, en
un tema tan importante que genera tanta preocupación y alarma social. Es
decepcionante la falta de voluntad de transparencia, de comunicación
sincera, clara, proactiva y positiva por parte de esta administración”,
dijo el eurodiputado Miguel Urbán Crespo.
Tampoco funciona el sistema de protección de los derechos humanos del Estado de Honduras.
Tanto el asesinato de Bertha Cáceres
como el de decenas de activistas, defensores y periodistas que, como la
coordinadora del Consejo cívico de organizaciones populares e indígenas
de Honduras (Copinh) gozaba de medidas cautelares dictadas por la
Comisión interamericana de derechos humanos (Cidh), evidencian la
incapacidad de las autoridades “para acabar con este tipo de crímenes,
violaciones a los derechos humanos y la impunidad”.
En este sentido, la Misión consideró el
asesinato de la ganadora del Premio Goldman 2015 no como un hecho
puntual, “sino en el marco de la represión continua y sistemática de las
y los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente en
Honduras”, se lee en una nota de prensa divulgada la noche de ayer (21/3).
También señaló el impacto sumamente
negativo sobre pueblos y comunidades de los Tratados de libre comercio
(Tlc) -como el Cafta firmado con Estados Unidos y el Ada firmado con la
Unión Europea- que facilitan y promueven megaproyectos “que son
aprobados sin evaluaciones ambientales pertinentes, ni el respeto del
derecho a la Consulta previa e informada de las comunidades”.
No más “Agua Zarca”
Asimismo mostró mucha preocupación por
la escalada de militarización que hay en el país, en particular en los
territorios en los que surgen conflictos sociales y ambientales, como el
de Río Blanco, donde desde hace unos años las comunidades Lenca,
organizadas en el Copinh, luchan contra el proyecto hidroeléctrico Agua
Zarca.
Los integrantes de la Misión alertaron
sobre el agravamiento del proceso de criminalización del Copinh, que
ratificaría la presunta existencia de vinculaciones entre la empresa
Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), concesionaria del proyecto Agua
Zarca, grupos financieros y el mismo Estado.
A ese propósito, pidieron la suspensión
inmediata del proyecto y de todas las concesiones que se han dado en
territorio Lenca sin una consulta previa, libre e informada, como
establece el Convenio 169 de la OIT.
Asimismo instaron a desmilitarizar
dichos territorios y respetar la autonomía territorial y el autogobierno
de las comunidades Lenca, reconociendo al Copinh como organización
responsable de su autonomía comunitaria.
También pidieron dar cumplimiento al
Convenio 169, reconociendo a las comunidades Lenca y a los demás pueblos
originarios hondureños “el pleno derecho a ser salvaguardas,
protectores y gestores de sus territorios y bienes comunes, de la
naturaleza y de su cultura”.
En este sentido exhortaron al Banco
centroamericano de integración económica (Bcie), la Compañía financiera
holandesa para el desarrollo (Fmo) y a la Finnfund, todos involucrados
en el financiamiento del proyecto Agua Zarca, “a transformar la
suspensión temporal de sus inversiones en definitiva”.
¡Liberen a Gustavo Castro!
La Misión internacional reafirmó de
forma contundente que “no existen razones legales que justifiquen
continuar restringiendo la libertad de Gustavo Castro Soto, prohibiendo
su regreso a México. Como testigo directo del asesinato de Bertha
Cáceres, su vida corre peligro al permanecer en Honduras”.
Instó a los gobiernos de México y
Honduras a emprender un diálogo al más alto nivel “para garantizar la
pronta y segura salida de Gustavo Castro del país y su retorno con su
familia”.
Asimismo urgió “la inmediata aplicación
del Tratado de Asistencia Jurídica en materia de Derecho Penal entre
México y Honduras”, pidió que la integridad física y psicológica, y el
respeto a su vida y sus derechos humanos, “sean el centro de todas las
acciones en las cuales Gustavo Castro tenga que participar”.
“Gustavo Castro es una figura tan
relevante como Bertha Cáceres. La Misión Internacional denuncia su
retención ilegal en Honduras”, dijo Gustavo Lozano, académico y abogado
de la Coalición de movimientos sociales por el agua y por la tierra
(Mapder y Rema).
Investigación transparente, independiente e imparcial
Investigación transparente, independiente e imparcial
Además de recomendaciones de carácter
general al Estado de Honduras sobre la necesidad urgente de acabar con
la impunidad y la intimidación, persecución y criminalización de las
organizaciones sociales y populares, la Misión internacional instó a
implementar con carácter obligatorio “las medidas cautelares dictadas
por la Cidh”.
También pidió “adoptar investigaciones
diligentes, imparciales y efectivas sobre los asesinatos y agresiones
cometidos contra defensoras y defensores de derechos humanos,
periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia”.
En el caso del asesinato de Bertha
Cáceres, la Misión instó al gobierno a asumir “los errores y
deficiencias” que han conducido a su asesinato y a el de Nelson García,
también miembro del Copinh, “sancionando a los responsables materiales e
intelectuales, ofreciendo las correspondientes medidas de reparación a
su familia y al Copinh”.
Recogiendo la petición de los familiares
de Bertha y el Copinh y respondiendo a la amplia desconfianza social
que genera la impunidad de los múltiples asesinatos ocurridos hasta la
fecha, la Misión manifestó su respaldo a la demanda de una investigación
transparente, independiente e imparcial, con la participación de
organismos internacionales de derechos humanos, como la Cidh.
También afirmó que el Consejo Europeo
debería suspender el Acuerdo de Asociación con Honduras mientras se
incumpla la obligación de “alcanzar el pleno cumplimiento de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales”.
Finalmente, solicitó al gobierno de
Estados Unidos que “aclare las condiciones y términos de su
participación en la investigación del asesinato de Bertha Cáceres”.
“Próximamente se preparará un informe
final y habrá un trabajo intenso de incidencia política con las
instituciones parlamentarias a nivel regional e internacional sobre este
caso. El compromiso ético y moral que se lleva la Misión Internacional
es de poner todo su empeño para conseguir justicia para Bertha Cáceres”,
concluyó Tom Kucharz, integrante de la Campaña Global para desmantelar
el poder de las transnacionales y poner fin a la impunidad.
Fuente: LINyMNotas:
[1] Miguel Urbán Crespo – Europa, Eurodiputado PODEMOS – Grupo de Izquierda Unitaria Europea, Izquierda Verde Nórdica GUE/NGL
Nora Cortiñas – Argentina, Madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora
Candelaria Ochoa – Diputada del Congreso mexicano
Pedro Arrojo – España, Diputado de PODEMOS en el Congreso de los Diputados de España
José Olvera – México, UNT-CSA México, Unión Nacional de Trabajadores / Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas
Beverly Keene – Argentina, Coordinadora Diálogo 2000-Jubileo Sur Argentina, integrante de la Campaña Global para Desmantelar el Poder de las Transnacionales y poner fin a la Impunidad.
Mirna Perla Jiménez – El Salvador, Ex Magistrada Corte Suprema de Justicia de El Salvador
Brian Finnegan – Estados Unidos, AFL/CIO – CSA. Federación estadounidense del trabajo y congreso de organizaciones industriales
Zulma Larin – El Salvador, Coordinadora Red de Ambientalistas Comunitarios y Coordinación de la Alianza por la Gobernabilidad y la Justicia
Natalia Atz Sunuc – Guatemala, Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC), integrante de la Campaña Global para Desmantelar el Poder de las Transnacionales y poner fin a la Impunidad.
Gustavo Lozano – México, Académico y Abogado de la coalición de movimientos sociales por el agua y por la tierra (MAPDER y REMA) en articulación con el movimiento centroamericano.
Tom Kucharz – España, Asesor político de la delegación de PODEMOS en el Parlamento Europeo, integrante de la Campaña Global para Desmantelar el Poder de las Transnacionales y poner fin a la Impunidad.
Miguel Ángel de los Santos – México, Abogado de la Red Iberoamericana de Jueces.
El Gobierno de Honduras recela de una investigación independiente
en el caso de Berta Cáceres
Una delegación internacional, de visita en el país centroamericano, ve indicios "preocupantes" de que las autoridades del país terminen relacionando el crimen de la líder indígena con motivaciones "pasionales" e incriminando a sus propios compañeros.
Manifestación en Honduras exigiendo justicia tras el asesinato de la líder indígena Berta Cáceres. EFE
PÚBLICO - Publicado: 18.03.2016 19:02
La misión internacional Justicia
para Berta Cáceres, de visita estos días en Honduras para solicitar una
investigación internacional e independiente en el asesinato de la líder
indígena lenca, ha expresado "serias preocupaciones" por la escasa
información y transparencia, las "versiones contradictorias" y la "nula
predisposición" del Estado hondureño para esclarecer de forma
independiente el crimen.Los integrantes de la delegación, formada por más de una decena de miembros de partidos políticos, organizaciones sociales, ambientales y judiciales de varios países, mantuvieron el jueves una reunión con la Fiscalía del país centroamericano en la que confirmaron que la investigación oficial se está orientando hacia las propios miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), del que Berta formaba parte, en un intento por desvincular es caso de motivaciones políticas o ideológicas y darle carácter de "crimen pasional".
"La Fiscalía nos trasmitió que es posible que la semana que viene se anuncien resultados sorprendentes derivados de la investigación. Esto nos ha dejado una enorme intranquilidad. Da la sensación de que están buscando una cabeza de turco", dice desde Honduras el eurodiputado de Podemos Miguel Urbán, en comunicación telefónica con este periódico, que denuncia la "alarmante" inestabilidad institucional en la que vive el país desde el golpe de Estado perpetrado contra el Gobierno electo de Manuel Zelaya en 2009.
"Todos los miembros de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso hondureño, que son parlamentarios de diferentes partidos políticos nos reconocieron que no había independencia judicial en el país. Todos. Nadie se atrevió a contradecir esa afirmación. El diputado Jari Dixon, exfiscal en el país durante 14 años, reconoció que no sería la primera vez que el Gobierno fabrica pruebas en un caso", señala Urbán.
La delegación internacional preguntó a la Fiscalía sobre la supuesta colaboración del FBI en la investigación, tal y como el Gobierno ha difundido en los medios de comunicación locales. Sin embargo, el Ministerio Público terminó reconociendo en la reunión que no existe tal colaboración, sino que se trata de exmiembros del cuerpo de la policía federal estadounidense que ahora trabajan como asesores del Estado. Los miembros de la delegación van a reunirse con la embajada de EEUU en las próximas horas para esclarecer este asunto.
Según el eurodiputado de Podemos, el resto de embajadas con las que se han reunido, sobre todo de países de la Unión Europea, han mostrado su predisposición a que se ponga en marcha una comisión independiente para esclarecer los hechos, y han señalado que si el Gobierno de Honduras adujera no poder hacerlo por motivos económicos, "eso no sería un problema".
"El Gobierno está intentando quitarse la presión internacional de encima, pero en realidad no existe ninguna voluntad política de llevar a cabo una investigación internacional ni dar salida al caso de Gustavo", único testigo del asesinato de Berta Cáceres, que sigue retenido porque las autoridades hondureñas le impiden abandonar el país. La misión, a través de un comunicado, manifestó la "urgencia" de que el Estado, a través del Poder Judicial, asuma el compromiso de resolver "inmediatamente" los recursos de amparo y hábeas corpus presentados a favor de Castro, "como respuesta a la medida impuesta de manera ilegal que le prohíbe salir del país" y ha pedido que se garantice su seguridad, así como a de los miembros de la familia de Berta Cáceres y del COPINH.
Además, Miguel Urbán ha denunciado "la responsabilidad, por omisión, de la Unión Europa y del Gobierno español en el crimen contra Berta Cáceres". Urbán ha planteado la urgencia de que la UE actúe "ante la violación de diversos artículos del Acuerdo de Asociación de la Unión Europea con Centroamérica" y pidió que se revise si Honduras está imcumpliendo "de manera reiterada y sistemática" las cláusulas de respeto a los Derechos Humanos incluidas en los fondos y convenios de cooperación y Ayuda Oficial al Desarrollo de la Unión Europea que se destinan a proyectos en ese país.
La delegación internacional, a la que también pertenece el diputado por Podemos en Aragón, Pedro Arrojo, la argentina fundadora de las Madres de Plaza de Mayo Nora Cortiñas, o la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia en El Salvador, Mirna Perla, así como varios activistas de diversos países latinoamericanos, estará en Honduras hasta el 20 de marzo. La delegación espera poder concertar una reunión con el Presidente de la República, Juan Orlando Hernández, en las próximas horas.
