Encuentran asesinado niño de 13 años desaparecido en Finca Paso Aguán de la Corporación Dinant
Un niño campesino que ingresó a la finca Paso Aguán de la comunidad de Panamá, Trujillo en el departamento de Colón, con el objetivo de cruzar para ir a recolectar maíz en la milpa que había sembrado su familia, fue encontrado sin vida.
De acuerdo al informe preliminar ofrecido a defensoresenlinea.com el menor de 13 años de nombre Leodan Macías salió a muy tempranas horas del martes con una carreta halada por un caballo en la que traería el maíz que cortaría.
El menor vivía en la comunidad de Rigores perteneciente también al municipio de Trujillo y sus familiares al ver que no regresaban se preocuparon y lo declararon como desaparecido.
El abuelo del menor, Fabian Mencía, informó que como a eso de las 6:00 de la tarde se escucharon disparos, encontrando el caballo que andaba el menor muerto y las llantas de la carreta ponchadas(sin aire) en el lugar de la plancha dentro de la finca Paso Aguán propiedad de la Corporación Dinant.
Los familiares del niño temían lo peor y la mañana de este miércoles se informó que el infante fue encontrado sin vida en el lote 12 de la finca Paso Aguán de Corporación Dinant.
Leodan Macías estudiaba en el colegio de la comunidad de Rigores.
La Finca Paso Aguan fue asignada para proceso de Reforma Agraria en 1970, pero acaparada por el Corporación Dinant en los años 90. Debido a esta ilegalidad su explotación ha sido basada bajo el terror y el miedo infundido por Corporación Dinant a los habitantes de la comunidad de Panamá.
Entre los años 2011 al 2017 han sido secuestrados, desaparecidos y asesinados varios campesinos, donde en sus predios se han encontrados cuerpos sepultados y otros no han podido ser encontrados.
Con estos hechos la Finca Paso Aguán han convertido en un cementerio clandestino bajo la responsabilidad de Corporación Dinant y el ejército.
Sin orden allanan vivienda de líder estudiantil de la UNAH
Por Riccy Ponce
La noche de ayer dos hombres y una mujer irrumpieron en la casa de estudiante universitaria Nancy Paola Cruz, criminalizada y expulsada por 15 periodos junto a otros alumnos que emprendieron una lucha por una mejor educación pública y de calidad durante la rectoría de Julieta castellanos.
Según lo denunciado por la joven universitaria los sujetos que aparentaban ser policías pero que vestían de civil, iniciaron intimidándola y la obligaron a que les abriera la puerta para ingresar al inmueble.
Nancy Cruz denunció que los sujetos una vez en el interior de la vivienda procedieron a recorrerla y a revisarla, mientras la mujer le solicitaba su tarjeta de identidad y una vez con el documento en su poder, salió del interior de la casa para fotografiarla.
La joven estuante indicó que además de los tres que ingresaron a su residencia, pudo observar a un cuarto sujeto que esperaba junto a una camioneta Hilux que esperaba que sus compañeros realizaran la acción en su contra.
Nancy García es integrante del Movimiento Amplio Universitario (MAU), de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y que enfrenta un proceso judicial junto a 19 estudiantes más por la lucha estudiantil.
La joven estudiante denunció que en ningún momento los tres sujetos que irrumpieron su inmueble, no presentaron orden de allanamiento, violentando así sus derechos.
El hecho ocurrió a las 7:50 de la noche del día martes en la vivienda de la estudiante universitaria.
De acuerdo a la joven universitaria, los sujetos recorrieron la casa en varias ocasiones y la interrogaron a preguntándole reiteradamente su nombre, donde trabaja y donde se encostraban los hombres.
El pasado 31 de agosto del año en curso elementos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), allanaron la vivienda donde reside Mirtha Gutiérrez, una de las voceras del Movimiento Estudiantil Universitario (MEU).
Durante el hecho, Gutiérrez denunció que la acción es un amedrentamiento por ser una de las caras visibles de la lucha estudiantil.
En un comunicado la Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI PARTICIPA) condenó enérgicamente el allanamiento de la casa de habitación de la joven estudiante de periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras Nancy García.
En el comunicado público ACI-PARTICIPA sostiene que Nancy ha sido criminalizada, judicializada y expulsada por las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, (UNAH), por su compromiso y su lucha a favor de la libertad de expresión, de manifestación y de la educación pública gratuita e inclusiva
HONDURAS/ANÁLISIS: ¡EL ENEMIGO ADENTRO!
“...Lo
que tienen enfrente es un abismo y aun cuando no razonen, también las
bestias tienen instinto de sobrevivencia. Antes, les interesaba la
política porque les daba impunidad, acaso ¿entienden que –ahora- estar
ahí, los pone en la mira potente del extraditor?, advierte el pensador
hondureño Rodolfo Pastor Fasquelle en este artículo titulado “¡El
enemigo adentro! O la quinta columna sos vos, y la necesidad de
depurar”.
Rodolfo Pastor Fasquelle
EL LIBERTADOR
Quizás
el peor enemigo adentro es la paranoia. La prensa reportó la detención
–para su extradición— de Geoffrey Guzmán, ganadero y pasante de una
universidad, de 21 años de edad y, diz que candidato de Libre a la
alcaldía en El Paraíso de Copán, a quien los EUA exige, por introducir
en ese país mas de 5 kilos de cocaína. Se lo llevaron en avioneta y
Matamoros B. pidió ¿que respetaran su derecho constitucional?
Ayer
discretamente Tiempo aclaró que Guzmán es liberal. Interesante y
peligrosa la trivial irresponsabilidad para tratar el tema como
escándalo. Cuando desde hace ocho años gobiernan El Paraíso, C. alcaldes
–nacionalistas- ligados al narco, que le hicieron un helipuerto al
Chapo en el Palacio. Hay otro, prófugo por lo mismo. En la elección de
2013, ni siquiera permitían a LIBRE entrar a ese municipio (antigua
capital de contrabando) o sentar representantes en las mesas receptoras.
Aunque eso NO fue noticia. ¡No se iba a empañar la imagen de la fiesta
cívica, que eligió al hombre!
Peligrosa,
digo, esa banalidad porque es un problema de país y se soslaya la
obligación de verlo como tal. No hay que inventar filiaciones ni el agua
tibia. Durante varios lustros aquí el narco ha venido financiando
campañas y poniendo candidatos, primero los nacionalistas. En Occidente,
el cartel de los Valle Valle, con cuyos líderes alguna vez se
fotografió Juan Orlando, así como en la casa de los Cachiros, grandes
cuates de P. Lobo Sosa, que también financiaban a sus correligionarios
en Colon.
En
Yoro mientras tanto el Clan de los Urbinas controlaba la boleta azul.
También contribuyeron los narcos al Partido Liberal quienes finalmente
asesinaron a mi amigo José E. Gaugell y a su hijo el Tigre, y hay
delincuentes que financian candidatos de ambos partidos tradicionales a
lo largo del corredor del Atlántico. Eso es un resumen apretado con
muchos olvidos. Varios ministros y diputados están siendo examinados. Y,
si el narco tenía permeados a los partidos en el poder y habían
penetrado con redes de patronazgo y clientela en la policía y la milicia
y en las estructuras empresariales e iglesias ¿tendría que asombrar que
infiltrase los partidos nuevos? No importa el chisme sino entender.
Por
supuesto que se tiene que diferenciar el comportamiento de los hombres
públicos, sin fariseísmo. Yo entiendo que somos ángel y gusano, como
decía Pascal. Que el peor criminal acecha dentro de cada santo y el más
infame de los humanos tiene un alma sublime. Eso supone que cada quien
tiene que batallar permanentemente contra el enemigo adentro. Los
partidos políticos también, obligadamente. Luchar por la propia alma.
En
especial, tenemos que estar prevenidos y cuidarnos de ese fariseísmo,
los partidos que venimos naciendo, como el recién fenecido PAC, y LIBRE
que, por razones semejantes, tienden a engañarse. Libre porque nace con
un socialismo idealista y PAC porque se supone mesiánico y puritano se
creen distintos -de los tradicionales- y ellos si, puros e inmunes a los
vicios profundos del sistema y NO.
Son
igual de vulnerables. Así queda a la vista la perversidad con que la
Sra. Alvarenga, que igual se da baños de pureza en su inacabable
incoherencia, se prestó a la conspiración del Partido Nacional para
destruir al PAC. Y se entiende que se haya prostituido en El Congreso un
haz de diputados empezando con E. Coto. Y que Edgardo Castro ande por
ahí desde entonces insultando a sus compañeros, a las autoridades y a
los candidatos, amagando con todo tipo de amenazas. Mientras, en un par
de municipios de Copan, el narco asalta a La Alianza.
Lógico
que –permanentemente- las nuevas cabecillas de las estructuras
criminales buscarán espacios de protección e impunidad. Querrán hoy
financiar a La Alianza, porque buscan aliados nuevos cuando intuyen la
decadencia del bipartidismo. Están convencidas -ellas también- que
llevamos las de ganar y el mismo recambio de cabezas las induce al
camino de menor resistencia. Claro que van a conspirar para armar
carambolas y algunos lo conseguirán. La gente es débil, especial donde
no tiene recursos. Se deja seducir por la bulla y el pisto. La coca es
el rubro de hoy y no es la raíz única del mal, ni de la corrupción.
Antes
era el contrabando del café, del ganado, de la gasolina. Por El
Paraíso, Copán pasó el Gasolinazo cachureco. Todo dinero fácil corrompe.
En las organizaciones, la gente en la base puede defenderse cuando se
siente empoderada. Pero en nuestros partidos también se colaron otros
vicios ancestrales, el oportunismo y el caudillismo que se reproduce y
facilita el entronamiento de abusivos, el irrespeto a la ciudadanía.
¡Son compadres! Es corrupción también, apañarse, encubrirse las
cochinadas, y se vuelve cómplice la tolerancia que se autojustifica en
aras del bien del partido, de la coyuntura electoral, de la urgencia de
presentar un frente unido. ¿Con quien? ¿Con Satanás?
O
¿no le criticamos a Lobo, por declarar no quiso decir que estaban
saqueando el Seguro, porque venían las elecciones? Raro caso, Castro,
porque es urbano, fenómeno de barrio, de lumpen amarillismo pagado de
si. Y no tenemos que ver para otro lado, acomodar la historia, darle la
espalda, fingir demencia. Porque –adentro- el enemigo es más peligroso. Y
es… o ellos o nosotros.
Que
vean como le van a hacer los demás partidos, para depurarse. Tendrán
tiempo. De repente pueden alquilar a Omar Rivera y a su otro pastor, que
ya van a terminar con la policía. En LIBRE, no se si el Tribunal de
Honor, debilitado por las contradicciones, podrá jugar el papel que
corresponde. Pero ¿donde esta el honor del Partido si se apoya o se
encubre por miedo a un delincuente?
A
nosotros nos urge. Y en LIBRE la solución del problema es la
democracia, entregarle el poder a la gente decente y apoyarla para que
se descargue de estos lastres. Me gustó lo que escribió –ayer- en un
chat, Renán Barahona. El camino es la auto depuración del Partido, para
enfrentar a quienes se creen dueños de él y para que represente los
verdaderos intereses del pueblo. Entonces no nos podrá extorsionar el
enemigo adentro, ni el de afuera tampoco.
Estamos
a tiempo y en ventaja, porque lo que tienen enfrente es un abismo y aun
cuando no razonen, también las bestias tienen instinto de
sobrevivencia. Antes, les interesaba la política porque les daba
impunidad, acaso ¿entienden que –ahora- estar ahí, los pone en la mira
potente del extraditor? Se los digo claro, apártensele al corrupto los
que tengan ojos para ver y oídos para oír y Ud. déle, compa, váyase.
Nada personal. Ud. es un incircunciso, este no es lugar para Ud.
FIDH: La corrupción socava la democracia y el acceso a los derechos fundamentales
En esos términos se refirieron los 24 organismos miembros de la FIDH de las Américas al fenómeno de la corrupción, en un seminario internacional que busca analizar los vínculos entre derechos humanos y corrupción, el contexto regional de este fenómeno a gran escala, los desafíos de las normas internacionales y regionales relativas a la lucha contra la corrupción, así como las buenas prácticas de mecanismos y estrategias judiciales.
El Perú fue elegido como sede por haber sido precursor en la creación de instrumentos nacionales de lucha contra la corrupción, pero porque al mismo tiempo posee elevados y sostenidos índices de corrupción.
Entre las principales conclusiones preliminares de la jornada del lunes se destacó que la corrupción no vulnera únicamente el patrimonio público sino también derechos fundamentales como el acceso a la educación, la salud y la justicia. Que esas vulneraciones pueden ser directas e indirectas y afectan desproporcionadamente a los más pobres y que se presenta tanto con gobiernos de izquierda como de derecha.
En nuestra región existe un alto correlato entre vulneración de derechos e índices de corrupción. En países con altos niveles de crímenes y violación de derechos humanos, la corrupción afianza la complicidad de las autoridades con los carteles de las drogas. En algunos países, a través de la corrupción se logra acaparar las tierras, desviar fondos estatales. En otros Estados operan incluso bandas criminales instaladas en la esfera pública con el objetivo único de lucrar lejos de todo objetivo de interés y bienestar general.
El carácter oculto de la corrupción y las distintas formas que adopta, son elementos que dificultan su investigación. No obstante, existen marcos normativos internacionales con estándares para la lucha contra la corrupción que deben ser conocidos y aplicados. El desafío allí reside en vincularlos a los instrumentos de defensa de los derechos humanos para amplificar su llegada.
En el contexto local, los participantes expresaron su preocupación por la grave situación de corrupción en el Perú, reflejada en el caso “Odebrecht” (entre varios otros) que involucra a las élites públicas y empresariales del país y de otros de la región.
“Los crímenes de lesa humanidad no pueden ser indultados y los gobiernos no deben instrumentalizar el derecho para obstaculizar el trabajo de los fiscales que investigan a personas potencialmente involucradas en hechos de corrupción. Solicitamos independencia de la justicia y transparencia en la lucha contra este flagelo.” señalo Dimitris Christopoulos, Presidente de la FIDH quien se encuentra presente en Lima con ocasión de este evento.
Estos esfuerzos nacionales y regionales tendrán que ser complementados a largo plazo por políticas públicas eficaces para combatir la corrupción, como por ejemplo, el establecimiento de alianzas certeras y duraderas, el refuerzo o la introducción de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para el manejo de los recursos públicos, la prevención, entre otros, que serán abordados en la jornada cerrada de debate que la FIDH y sus organismos miembros sostendrán hoy y mañana.
INFORME ASESINATO DE BERTA CÁCERES IMPLICA EMPRESAS Y ESTADO DE HONDURAS
El
estudio que fue presentado en Tegucigalpa y publicado el 31 de octubre
por un grupo independiente denominado Grupo Asesor Internacional de
Personas Expertas (GAIPE), se titula "Represa de violencia: el plan que
asesinó a Berta Cáceres".
Según
el informe, Bustillo le envió un mensaje de texto a un alto ejecutivo
de DESA en febrero de 2016, que decía: "misión abortada hoy", al parecer
cuando se frustró el primer intento de asesinar a Cáceres. Otros
mensajes de texto también revelan que éste fue el mismo ejecutivo con
quien Bustillo se reunió un mes más tarde, el día 2 de marzo de 2016.
Cáceres fue asesinada poco después de eso, en la mañana del 3 de marzo.
El
informe de GAIPE ha generado preocupaciones en Washington. Según una
fuente estadounidense familiarizada con las deliberaciones al interior
del Departamento de Estado, el Congreso de Estados Unidos todavía tiene
que recibir la aprobación del Departamento de Estado para desembolsar el
75 por ciento de la ayuda a los países del Triángulo Norte (Guatemala,
Honduras y El Salvador).
Por Parker Asmann
InSight Crime
Un
reciente informe ha señalado que una red de altos ejecutivos y
autoridades hondureñas coordinó el asesinato de Berta Cáceres, la
reconocida activista de los derechos ambientales, lo que llama la
atención sobre el grado de connivencia criminal entre el Estado y la
empresa privada en la nación centroamericana.
El
informe, publicado el 31 de octubre por un grupo independiente
denominado Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE), se
titula "Represa de violencia: el plan que asesinó a Berta Cáceres".
Los
autores concluyen que el asesinato de la activista medioambiental fue
orquestado por altos ejecutivos de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA)
—la empresa que tenía la concesión para el proyecto de la represa
hidroeléctrica de Agua Zarca, a la que Cáceres se opuso— así como por
empleados de DESA, quienes vigilaban a Cáceres y "actuaron en alianza"
con fuerzas de seguridad del Estado "al menos desde el mes de noviembre
de 2015".
El
informe sustenta este argumento con mensajes de texto provenientes de
teléfonos celulares incautados por las autoridades hondureñas, dos de
los cuales fueron utilizados por el gerente de DESA, Sergio Ramón
Rodríguez Orellana, y el exdirector de seguridad de DESA, Douglas
Giovanny Bustillo, quienes se encuentran entre las ocho personas que han
sido detenidas en relación con el crimen.
Según
el informe, Bustillo le envió un mensaje de texto a un alto ejecutivo
de DESA en febrero de 2016, que decía: "misión abortada hoy", al parecer
cuando se frustró el primer intento de asesinar a Cáceres. Otros
mensajes de texto también revelan que éste fue el mismo ejecutivo con
quien Bustillo se reunió un mes más tarde, el día 2 de marzo de 2016.
Cáceres fue asesinada poco después de eso, en la mañana del 3 de marzo.
El
informe sostiene que los mensajes de texto permiten suponer que la
orden de asesinar a Cáceres vino de altos ejecutivos de DESA, cuyos
nombres no aparecen en el informe debido a que no han sido acusados de
ningún crimen por las autoridades hondureñas.
Según
el informe, la prueba existente es "concluyente respecto de la
participación de numerosos agentes estatales, altos directivos y
empleados de DESA en la planeación, ejecución y encubrimiento del
asesinato".
Sin
embargo, los autores del informe señalan que, si bien las autoridades
hondureñas han arrestado a varios sospechosos acusados de llevar a cabo
el asesinato de Cáceres, no han levantado cargos contra los sospechosos
de haber ordenado el asesinato.
ANÁLISIS DE INSIGHT CRIME
Expertos
consultados por InSight Crime señalaron que este nuevo informe se suma a
la creciente evidencia que sugiere que muchos miembros de las élites
empresariales y políticas hondureñas coordinaron rutinariamente esquemas
criminales que buscaban defender sus intereses.
"El
informe de GAIPE presenta fuertes evidencias de que altos ejecutivos e
inversionistas de DESA—incluyendo algunos miembros de las élites y
actores estatales, entre otras personas— planearon y ejecutaron el
asesinato de Berta Cáceres", le dijo a InSight Crime Dana Frank,
profesora de la Universidad de California en Santa Cruz.
"No
se trata sólo de unos pocos actores aislados. Se trata de la labor de
las más altas élites y de sus aliados en el gobierno", añadió. "Ahora
sabemos que [la Fiscalía General] ha tenido estas evidencias de
complicidad de las élites desde mayo de 2016, pero no ha arrestado a
nadie".
Lisa
Haugaard, directora ejecutiva del Grupo de Trabajo para América Latina,
ubicado en Washington, DC, coincidió con Frank en este sentido.
"El
informe de GAIPE señala que, hasta la fecha, el sistema judicial
hondureño no ha presentado cargos contra los autores intelectuales del
crimen, aunque los investigadores de GAIPE, examinando sólo una parte de
la información que los fiscales hondureños tienen a su disposición,
podrían determinar que los ocho hombres acusados estaban recibiendo
órdenes de sus superiores", dijo.
Las
revelaciones del informe podrían agravar aún más las relaciones entre
Estados Unidos y Honduras, además de que podrían afectar la voluntad del
Congreso de Estados Unidos de aprobar parte de la ayuda económica, la
cual podría no ser entregada si se determina que Honduras no está
cumpliendo con las expectativas de Estados Unidos sobre los derechos
humanos y la corrupción.
(El
testimonio condenatorio de un confeso narcotraficante hondureño en una
corte de Estados Unidos ha implicado a altos funcionarios de vínculos
con el tráfico de drogas, y otro informe de este mismo año señaló que en
la corrupción es el "sistema operativo" de Honduras).
Inmediatamente
después del asesinato de Cáceres, la Embajada de Estados Unidos en
Honduras pidió una investigación "pronta y exhaustiva". Poco después, el
congresista estadounidense Hank Johnson presentó un proyecto de ley en
el que pedía la suspensión de la ayuda de Estados Unidos a Honduras
hasta que el gobierno muestre que ha hecho avances en la investigación
sobre las violaciones a los derechos humanos y los asesinatos de
activistas, que han hecho del país centroamericano uno de los más
peligrosos del mundo para los defensores del medio ambiente.
Sin
embargo, el compromiso del gobierno hondureño para resolver el caso de
Cáceres ha sido, cuanto menos, cuestionable. En octubre de 2016, la
ineptitud del gobierno para manejar la investigación y el enjuiciamiento
quedó evidenciada tras el bochornoso incidente durante el cual los
archivos del caso fueron robados del vehículo de un juez.
Sin
duda, el informe de GAIPE ha generado preocupaciones en Washington.
Según una fuente estadounidense familiarizada con las deliberaciones al
interior del Departamento de Estado, el Congreso de Estados Unidos
todavía tiene que recibir la aprobación del Departamento de Estado para
desembolsar el 75 por ciento de la ayuda a los países del Triángulo
Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador), que está condicionada a que
dichas naciones cumplan con las expectativas de Estados Unidos con
respecto a la transparencia, así como en cuanto a la persecución del
crimen organizado, entre otras cosas.
La
misma fuente le dijo a InSight Crime que la ayuda de Estados Unidos a
Honduras podría estar en mayor riesgo debido a las últimas revelaciones
en el caso del asesinato de Cáceres. Sin embargo, las experiencias
previas llevan a pensar que estas preocupaciones quizá no se traduzcan
en cambios reales en la política o en recortes en las ayudas
financieras.
blog del Consejo Civico de Organizaciones Populares e Indigenas de Honduras - COPINH
lunes, 13 de noviembre de 2017
JUSTICIA PARA BERTA! UNETE AL COPINH!!!
Más de 200 organizaciones
y personalidades, entre ellas premios nobel de paz, han firmado LA PETICIÓN PARA LA BÚSQUEDA DE JUSTICIA PARA BERTA, a raíz de las reveladoras conclusiones
del INFORME DEL GAIPE, donde claramente se identifican los autores
intelectuales del asesinato de Berta, provenientes de la empresa DESA y de
miembros del Estado hondureño. Únete al COPINH, al movimiento social, al pueblo
Lenca, al pueblo hondureño y al pueblo del mundo en la exigencia de captura y castigo mediante tu
firma. Cada firma significa una esfuerzo más en la lucha por la verdad y la
justicia. PARA ADHERIR
------------------------------
------------------------------
Nuestro ultimo BOLETIN ESPECIAL:
A 20 MESES DEL ASESINATO DE BERTA
------------------------------
Nuestro ultimo VIDEO: Informe GAIPE "Represa de violencia. El plan que asesinó a Berta Cáceres"
https://youtu.be/uVKwahyFKOw
“Hicimos un llamado a la conciencia ciudadana y el pueblo respondió”
“Sabíamos que el pueblo hondureño iba a reaccionar ante la irresponsabilidad y la arbitrariedad jurídica del TSE, de permitir la inscripción de Juan Orlando Hernández como candidato presidencial.
Confiamos que iba a responder al llamado a la conciencia que hicimos y que se iba a movilizar masivamente. Y así fue.
La gente llegó de forma voluntaria y a pesar de que fuera día laboral. Tampoco le importó que hubiesen militarizado la zona y de que helicópteros sobrevolaran el lugar. Participó, se mantuvo atenta y se quedó hasta que terminara el evento, cantando y coreando consignas.
Eso demuestra que al pueblo hondureño aún no le han podido arrebatar la esperanza, que va perdiendo el miedo a los violentos y que se va liberando. Fue un verdadero encuentro por la dignidad”, dijo a La Rel, Bertha Oliva, miembro de la Convergencia contra el Continuismo.
Un NO rotundo al continuismo Un NO al modelo neoliberal
El llamado de la Convergencia va más allá del rechazo a la reelección presidencial, en cuanto inconstitucional y aprobada ilegalmente por instituciones controladas y cooptadas por el actual mandatario, sino que es una exhortación a atacar con fuerza el continuismo para la profundización del modelo neoliberal.
“Este espacio, que junto a otros compañeros y compañeras hemos creado, es contra el continuismo del modelo que impera en Honduras.
De imponerse Juan Orlando (Hernández), la situación se va a agravar y vamos a tener menos posibilidades de liberarnos.
Vamos a tener un país aún más dependiente, aún más sometido al capital transnacional, con impactos aún más graves sobre territorios, comunidades y bienes comunes. Va a ser una tragedia”, manifestó la también coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh).
Bertha Oliva dijo no creer a la propaganda del actual gobierno sobre los avances logrados en seguridad, empleo, estabilidad económica e institucionalidad.
“Es una doble moral, un doble discurso. Se está ocultando la realidad. En Honduras hay una crisis humanitaria y desde la Convergencia queremos aportar para un cambio real en el país”, explicó la defensora de derechos humanos.
Propuesta de compromisos Un pacto para el cambio
Durante la actividad, la Convergencia contra el Continuismo presentó a la Alianza Opositora una propuesta de 14 puntos, donde destacan la lucha contra la ilegalidad de la reelección, revertir el proceso de privatización de los servicios públicos, derogar las Zede[1] y todas aquellas leyes que concesionan los bienes comunes y los territorios.
Asimismo, pidió derogar las leyes que coartan, cercenan y violan los derechos laborales, impulsar una reforma agraria profunda, priorizar a la pequeña y mediana empresa y realizar una verdadera reforma fiscal.
Finalmente, la Convergencia propuso desmilitarizar la sociedad, garantizar la independencia de poderes, atacar de frente la corrupción y la impunidad, y asegurar justicia en el caso de Berta Cáceres y de todas aquellas personas asesinadas por defender la vida, la tierra y los bienes comunes.
“Desde este espacio queremos que se nos escuche y se nos respete. Hacemos esfuerzos colectivos para construir la paz y un futuro mejor para Honduras. Pero esto no significa que nos quedemos callados ante las barbaridades que nos toca vivir.
Es el momento de decir ¡Basta ya! y comenzar un nuevo camino”, concluyó Oliva.
HONDURAS: LA VIOLENCIA COMO ESTRATEGIA ELECTORAL EXTREMA Y SUS DUALIDADES
“Microhistoria,
para recién llegados”, resume en este relato el conocido analista
hondureño, Rodolfo Pastor Fasquelle, donde presenta una imagen de la
violencia como estrategia oficial para alcanzar la ansiada reelección
presidencial en los comicios del próximo 26 de noviembre.
Rodolfo Pastor Fasquelle
Pensador hondureño
EL LIBERTADOR
Sembrar
miedo es estrategia antigua. Los antiguos espartanos asesinaban
campesinos para prevenir rebeliones. (Si no consigues que te amen, dice
don Nicolás, asegúrate que te teman.) No improvisa Klugman, de quien la
ha tomado Rendón, pero fue Goebbels quien inventó, a mediados de los
1930s, según se ha documentado, la violencia escenificada como
propaganda. Antes de acceder al poder, el Nazi mandaba pelotones (tropas
de choque) a malmatar a manifestantes socialistas, para intimidarlos y,
al mismo tiempo publicaba -en periódicos- fotografías de jóvenes Nazi
golpeados, por los supuestos comunistas. Los colombianos inventaron el
falso positivo. Estos se pueden llamar también asesinatos de falsa
bandera, porque los hay llanos.
No
hay que fingir que es una novedad, el asesinato político aquí. Aunque
cada manifestación suya debería resultarnos siempre escandalosa, la
violencia política ya tiene historia local. Me toca recordar. (El
asesinato de P. J. Chamorro detonó la Revolución Sandinista. Hoy en otro
programa de TN5 compareció como vocero de la derecha que apoya al PN un
hijo del asesino de Monseñor Arnulfo Romero.) A La Resistencia le han
estado quitando gente desde cuando los militares mataron a Isis y a Emo.
Y por supuesto que a Margarita Murillo y Berta Cáceres, y a docenas de
líderes campesinos en el Aguan, crímenes aun no aclarados o más bien
claramente encubiertos según el Congreso de EUA. Esta abundantemente
documentado el asesinato de opositores, periodistas críticos, abogados
incómodos, defensores de derechos y del ambiente. Y la idea siempre fue
intimidar. Aunque sin averiguación previa, la policía siempre declaraba
que los hechos respondían a razones pasionales, a riñas internas o se
derivaban de un asalto infeliz.
Klugman
puede haber sido, eso sí, hay que concederle esa primicia, quien
importó el asesinato político a la coyuntura electoral en el Triángulo
Norte. Quizá lo traía aprendido desde su vinculación con la CIA en
tiempo de Reagan que –aquí– fue el tiempo de los desaparecidos. Su
asesoría para varios de los candidatos presidenciales de Arena después
de la firma de la Paz en El Salvador y luego para el Partido Patriota
del Gral. Otto Pérez M, hoy en la cárcel por corrupto en Guatemala,
coincidió con numerosas ejecuciones de líderes populares opositores. Se
había firmado la paz pero mataban a la gente por parvadas.
Aquí
en las Hibueras, Klugman se estrenó como asesor político de Pepe Lobo
en la campaña interna en que se alzó con la candidatura… luego de una
escandalosa y nunca bien esclarecida masacre -semanas antes de la
elección- contra un bus de pasajeros en Chamelecon, ejecutada por
mareros jamás indiciados. Lobo proponía la cero tolerancia y la pena de
muerte y cosechó el miedo. Algunos de los imputados y luego liberados,
declararon que para ejecutar ese drama habían recibido armas y dinero de
altos oficiales de la policía no depurada. Otros detenidos aparecieron
muertos después. El archivo se entierra.
Es
una técnica extrema, ciertamente, y peligrosa en cuanto su develamiento
puede conseguirte un tiro por la culata. Pero en efecto, la campaña de
JOH ha entrado de lleno en desesperación. Publican encuestas falsas pero
tienen acceso a las buenas. Han gastado cientos de millones de dólares
en publicidad pero no consiguen pasar del 30%. Y sabían lo que se venía
cuando recurrieron a propagar -entre extranjeros- la especie de que la
oposición recurriría a un magnicidio, ¿para abortar la elección?
Les
complicaron la vida las inundaciones. Luego la mala calificación y
denegación de los fondos de La Cuenta del Milenio y de los fondos de La
Alianza para la prosperidad… y antier el fin anunciado del TPS, pese al
lobby permanente y las misiones de diputados y ministros para suplicar.
El aumento a los precios del combustible, los cierres de empresas.
Sabían que venía la mega manifestación del 7-11 y nuevas exigencias de
extradición imposible dentro de horas. Había que distraer, retroceder
al tema de seguridad, supuestamente el fuerte. Lo que no era del todo
fácil, porque se había dicho que estaba superado. Ese era el punto. El
mismo JOH lucia desmoralizado, desvelado en su moto taxi.
Entonces
se planificó desde hace unas semanas otra etapa de masiva publicidad.
Se publicaron primero -sin fuente ni mayor sentido- cintas documentales
sobre las maras satánicas, después la semana pasada anuncios sobre los
logros de JOH en combate a la mara. Largos supuestos reportajes
noticiosos (de viejas noticias) reclamando el mérito del gobierno de
construir las cárceles y trasladar a los reos humillados, encadenados en
cientos de vehículos y helicópteros. Luego trascendieron las nuevas
especies.
Se
publicaron en las redes falsas noticias sobre supuestos encuentros y
diálogos cumbres de los liderazgos de las maras con Salvador Nasralla en
los que se había llegado a acuerdos y transferencias. Circularon desde
hace tres días masivamente mensajes de voz de supuestos mareros
propagando la consigna de que había que votar contra JOH. Públicamente
el candidato presidente atacó entonces a Nasralla antier porque
supuestamente estaba en contra de la policía militar y se proponía
eliminarla. Fake news, en boca del Presi. Porque Salvador ha dicho justo
lo contrario, que debía subsistir hasta nuevo aviso, la P.M.
Y
finalmente anoche trascendió la supuesta noticia propagada muy temprano
por Edgardo Castro, del asesinato de un se dijo ¿Rene Centeno? Y
después se aclaró Mario González, activista de barrio del Partido
Nacional y hermano de un candidato a diputado D.C. muerto dizque ¡por
ayudarle a JOH! El Heraldo asegura que lo asesinaron hombres fuertemente
armados en su habitación en la 21 de Octubre zona caliente de la
capital. Y circuló paralelamente la nota de la muerte de un candidato
del PN a diputado en Copán que no se ha vuelto a mencionar. Grande
credibilidad le dio TN5 aunque parezca inverosímil al relato ¡para
imputarle el crimen a la oposición marera! Y por la tarde la Poli
enmascarada nos presenta una docena de pobres diablos presuntos
responsables a quienes el activista “Chuy” Ramos asegura que Nasralla
les dio la extraña directiva. La prensa no informa la realidad, pero
–consuélate- la suplanta con acción vibrante.
¿Una
realidad virtual con víctima real? Vale reata la vida de todos modos,
lo que importa es el poder. ¿El fin justifica cualquier medio para el
Mal encarnado? Y ¡el propio Presi reenergizado en su reunión de la tarde
amenaza con tomar venganza partidista! Claro, que se puede calificar el
evento, como hace Evelio Reyes de acto de terrorismo. Pero si buscas al
culpable, mira quien es beneficiado, dice un viejo precepto de la
criminalística. Y parece obvio que entonces se trata de terrorismo de
Estado o terrorismo de Partido. ¿A quién creerle, Pastor? ¡Lo está
viendo el mundo!
Entonces
¿se han reactivado los escuadrones? Y ahora ¿tampoco está seguro nadie
en el partido oficial? ¿Debería reforzar a sus guardaespaldas el mismo
Pastor Reyes? Porque el acto culminante podría ser culpar a Nasralla de
matarlo a él, con lo que el mundo perdería a un gran artista. ¿Quedaría
consumada su vocación para el martirio y JOH -su favorito- volvería al
poder?
“Hostigan a los organismos de derechos humanos”
Verónica
Torras analiza los discursos contra las entidades de derechos humanos y
sus figuras simbólicas, como Estela de Carlotto. Advierte que persiguen
el objetivo de “favorecer mayores niveles de tolerancia a las
violencias del presente”.
El 23 de noviembre de 2015 el diario La Nación publicó una editorial llamada No Más Venganza, apenas unas horas del triunfo de Cambiemos en el ballottage. La editorial se leyó como línea programática destinada al amistoso nuevo gobierno. Esta semana volvió a salir una editorial en el mismo diario que apuntó directo al corazón del movimiento de derechos humanos y cargó contra una de sus figuras simbólicas: Estela de Carlotto. Otra vez, después de un triunfo electoral. ¿Cuál es el nuevo programa? ¿Qué cambió en entre uno y otro momento? Verónica Torras, directora ejecutiva de Memoria Abierta, considera que las editoriales aparecen en medio de una “clara disputa pública respecto de los umbrales” de consenso que mostraron marchas como la que hubo contra el 2×1 o el acompañamiento a la familia Maldonado. “Muchos actores con gran capacidad de intervención en el campo simbólico apuestan a reducir estos acuerdos sociales para favorecer mayores niveles de tolerancia a las violencias del presente”, dice en esta entrevista, la licenciada en Filosofía que viene analizando las derivas del discurso público sobre derechos humanos desde hace años.
–¿Pueden pensarse los discursos de los medios locales como discursos de odio?
–Uno de los elementos del contexto actual que más preocupa a los activistas de derechos humanos de la región es la aparición de discursos públicos impregnados de violencia simbólica, que en distintas variantes incorporan componentes intolerantes, antidemocráticos y relativistas, y que tienden a estigmatizar a determinados grupos, entre ellos, a los propios defensores de derechos humanos, las organizaciones que los nuclean, y los organismos internacionales de protección. Las razones de esta estigmatización están relacionadas con su oposición o su capacidad de poner límites al poder. Los medios, que son un actor no ajeno a la construcción de poder, participan muchas veces de estas acciones de estigmatización, ya sea amplificando el discurso impugnador de algunas fracciones del sector gobernante o para instalar intereses o demandas propias. En todo caso, aparece una tensión por la responsabilidad que debe reclamarse en el discurso público, tanto a los gobiernos como a los medios de comunicación, y la protección de la libertad de expresión.
–¿Qué rol juega en particular el diario La Nación?
–La línea editorial histórica de La Nación, que no representa a la línea periodística del mismo periódico, se presenta hace ya muchos años como el aglutinador de los reclamos de los grupos de “memoria completa”; resume y traslada sus exigencias al poder de turno. En su editorial del 23 de noviembre de 2015, La Nación le hizo tres reclamos concretos a Macri, que acababa de ganar el ballotagge y todavía no había asumido: generar un nuevo relato sobre lo sucedido en los años 70 y 80 en nuestro país, revisar las condiciones de reclusión de los condenados y procesados por delitos de lesa humanidad y, por último, terminar con los juicios a los jueces de la dictadura, que, en última instancia, significaba terminar con los procesos contra los responsables civiles, al mismo tiempo que implicaba una señal para el conjunto del Poder Judicial.
–¿Cuáles de esos puntos se cumplieron?
–Los procesos contra los responsables civiles empezaron a ralentizarse antes del cambio de gobierno por acciones del propio Poder Judicial. El mes pasado, la Cámara de Casación revocó la sentencia contra Marcos Levín, el primer empresario en ser condenado por delitos de lesa humanidad. El fallo del 2×1 de la Corte Suprema es una prueba más que evidente de que los cambios políticos repercuten en los jueces a la hora de emitir sus fallos. Por otro lado, parece haber existido eco por parte del Gobierno frente al pedido de revisar las condiciones de reclusión de los represores. El Secretario de Derechos Humanos de la Nación, en una entrevista con La Nación en marzo del año pasado adelantó la posición del Gobierno sobre la prisión domiciliaria para los mayores de 70 años, un beneficio que tiene nombre y apellido en nuestro país.
–¿Qué pasa con el reclamo de un nuevo relato oficial?
–En este sentido, existe por parte del Gobierno en la mayor parte de los casos una habilitación, un dejar hacer. Algunas expresiones relativistas fueron asumidas por funcionarios o aliados políticos de la administración Cambiemos, como Lopérfido, Gómez Centurión, Bullrich o Carrió. Se los desautoriza en algunos casos –como también ocurrió con el presidente Macri cuando habló de “guerra sucia”–, pero no hay una amonestación pública por pasar ciertos umbrales, lo que habilita una tolerancia a este tipo de expresiones. Un elemento de este nuevo relato tiene que ver también con ofrecer cierta legitimidad oficial a actores que demandan una “memoria completa” y que han impugnado sostenidamente el proceso de verdad y justicia, a los que se los pone en un pie de igualdad con los organismos de derechos humanos, que han tenido un rol decisivo en la reconstrucción del Estado de Derecho.
–¿Qué elementos novedosos presentan los editoriales de esta semana?
–Dialogan con lo sucedido en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entre los organismos y el Estado nacional, así como con los off the record que distintos funcionarios dejaron trascender a algunos periodistas durante la búsqueda de Santiago Maldonado. Hay un hostigamiento discursivo dirigido contra ciertos organismos de derechos humanos y sus referentes que apuesta a desactivarlos como actores políticos y a desacreditar sus estrategias de lucha, construidas durante más de cuarenta años de experiencia.
–¿Hay un quiebre a partir del caso Maldonado?
–Por un lado, aparecieron en la prensa advertencias de distintos funcionarios no identificados sobre las molestias que provoca dentro del gobierno nacional el trabajo de algunos organismos y, en algunos casos, su caracterización como “enemigos”. Es una caracterización peligrosa y nunca antes postulada desde 1983. Por otro lado, se publican columnas de opinión de los propios medios o de intelectuales, que utilizan el caso Maldonado para poner en duda la trayectoria completa del movimiento de derechos humanos argentino. Se pretende utilizar el caso como una especie de sentencia de exclusión de la escena política de los organismos. Se lo usa para presentarlos como parte de una cultura facciosa, dando a entender que actúan bajo lógicas de intervención oscuras, que no pueden ser explicadas a la sociedad; para sobredimensionar sus influencias, sobre la base de ignorar las desigualdades de poder y recursos en que realizan sus intervenciones; y al mismo tiempo para empequeñecer su rol histórico, postulando una memoria de corto plazo que los reduce a una coyuntura política específica, a cuyo destino quedarían asociados. Son muchas acciones simultáneas pero ninguna constructiva de la cultura de los derechos humanos más abarcativa y plural que se declama.
–¿Qué relación existe entre esa respuesta hostil y lo que sucede en las calles, con la movilización contra el 2×1 y Maldonado?
–La movilización contra el 2X1, y la respuesta social de acompañamiento a la familia de Santiago Maldonado en su reclamo por verdad y justicia, no son expresiones homogéneas. La marcha contra el 2X1 muestra que el rechazo al terrorismo de Estado y la condena a la impunidad de los crímenes de lesa humanidad sigue siendo un piso mínimo de acuerdo social. El caso Maldonado pone en evidencia que la demanda social por el esclarecimiento de una posible desaparición o muerte en circunstancias que involucran algún nivel de responsabilidad estatal está muy activa. Ambas respuestas funcionan como límite frente a este intento de impugnación del activismo y la movilización. Pero estamos asistiendo a una clara disputa pública respecto de estos umbrales, y muchos actores con gran capacidad de intervención en el campo simbólico apuestan a reducir estos acuerdos sociales para favorecer mayores niveles de tolerancia a las violencias del presente.
Glifosato: La UE estudia prohibir el herbicida más usado del mundo por sus efectos en la salud
La Comisión Europea debe decidir antes del 15 de
diciembre si renueva la licencia para el glifosato de Monsanto,
catalogado como "probable cancerígeno" por la OMS. El Parlamento Europeo
ha pedido eliminarlo de los mercados en 5 años.
El glifosato, que comunmente se comercializa bajo la marca Roundup. EFE
La Unión Europea debe tomar en las próximas semanas una decisión definitiva sobre el glifosato, el herbicida más vendido del mundo, y cuya renovación de uso en Europa lleva encallada desde hace más de un año por un espinoso debate en torno a su posibles efectos nocivos para la salud.
Su autorización anterior venció en junio de 2016, pero la falta de un
acuerdo sólido (sobre todo por las fuertes reservas de Francia, Italia y
Alemania) impidió entonces renovar la licencia, que se prorrogó
temporalmente por 18 meses a la espera de un consenso que como muy tarde
debe alcanzarse antes del próximo 15 de diciembre.
La Comisión permanente de Flora, Fauna y Alimentación
de la Comisión Europea, reunida este miércoles nuevamente para estudiar
una solución, no ha conseguido tampoco cerrar un acuerdo, por lo que la
decisión podría acabar directamente en manos de los comisarios
europeos. Su presidente, Jean Claude Juncker, aseguró que de no llegar a
una mayoría cualificada, daría por derogada la licencia.
La Comisión Europea apuesta por renovar la licencia
del glifosato durante al menos otros cinco años más, pero la oposición a
este compuesto químico ideado por la multinacional Monsanto en 1974, y
presente en la mayoría de herbicidas utilizados para la agricultura y la
jardinería, ha ido creciendo desde que la Organización Mundial de la
Salud lo declarara como “probable cancerígeno” en 2015.
La última barrera ha llegado este mismo martes por
parte del propio Parlamento Europeo, que por primera vez ha aprobado un
texto en el que rechaza extender la licencia del glifosato y pide otorgar un plazo de cinco años para su progresiva desaparición de los mercados y espacios comunitarios. Aunque el documento no es vinculante para la decisión que tome la Comisión, su peso es considerable.
“El Parlamento Europeo ha dicho alto y claro que
debemos abandonar el glifosato. Supone un cambio muy importante.
Esperamos que ahora los Estados miembros escuchen a la ciudadanía”,
señala en conversación telefónica el eurodiputado Florent Marcellesi, del grupo de Los Verdes / Alianza Libre Europea.
Controversia científica
Hasta ahora el Parlamento Europeo se había mostrado también favorable a seguir renovando la licencia del glifosato,
aunque con limitaciones en su uso. Pero la controversia científica en
torno a la toxicidad del producto ha ido aumentando los recelos.
Su uso ya había sido muy polémico en las fumigaciones aéreas sobre las plantaciones de cocaína que Colombia practicaba en su guerra contra el narco, así como en los cultivos de soja transgénica en Argentina, pero la discordia definitiva se desató en 2015, cuando la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, dependiente de la OMS, lo declaró como “probable cancerígeno”, en un importante revés para el sector agroquímico.
Unos meses después, sin embargo, una evaluación de la
Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA por sus siglas en
inglés) negaba justamente esto y señalaba que “es improbable que suponga
un riesgo carcinógeno en humanos”, aunque la justicia americana desveló
que Monsanto había manipulado los estudios sobre el glifosato
para ocultar sus efectos nocivos. Esos resultados fueron utilizados por
la EFSA y más tarde también por la Agencia Europea de Sustancias y
Mezclas Químicas (ECHA) para sus informes, que declaran inocua la
sustancia.
“El cambio de postura del Parlamento se debe en parte
al escándalo de Monsanto y el fraude en los estudios científicos”,
asegura Marcellesi.
Glifosato ¿Glifo...qué? Cinco respuestas sobre el herbicida más usado y polémico del mundo
La UE debate si prohibir este agroquímico,
masivamente usado en la agricultura y jardinería. Te explicamos qué es,
cómo se comercializa o para qué se usa.
El glifosato, que comunmente se comercializa bajo la marca Roundup. REUTERS
La UE debate desde hace más de un año sobre la posibilidad de prohibir el glifosato. Aquí algunas preguntas y respuestas sobre esta controvertida sustancia.
¿Qué es el glifosato?
El glifosato es un herbicida de amplio
espectro, es decir, un producto químico creado para acabar con todo tipo
de plantaciones no deseadas. Lo que hace este principio activo es
atacar a una enzima esencial para el crecimiento de las plantas,
impidiendo su desarrollo.
¿Cómo se comercializa?
Fue inventado por la multinacional
estadounidense Monsanto en 1974 bajo la marca Roundup, la única que lo
comercializaba hasta que en el año 2000 venció la patente. Desde
entonces, la mayoría de herbicidas, algunos de la misma multinacional y
otros de otras compañías, han introducido este componente activo en sus
productos, que se venden bajo diferentes marcas. Según datos de la
Asociación Empresarial para el Sector de las Plantas, (AEPLA), que
representa a las empresas fabricantes de productos fitosanitarios en
nuestro país, en España hay una veintena de compañías que comercializan
el glifosato y a nivel europeo se venden más de 2.000 productos a base
de este principio activo.
¿Para qué se usa?
El glifosato fue creado para la eliminación
de maleza, pero no es un herbicida selectivo, es decir, afecta y mata a
cualquier planta sobre la que se fumigue. Sus usos más comunes son:
En la agricultura: A nivel global, más del
50% del glifosato se usa en los cultivos transgénicos de maíz, algodón,
soja, semillas oleaginosas y remolacha azucarera que fueron creados
precisamente para resistir al glifosato. En Europa, no obstante, no
existen apenas cultivos transgénicos, pero su uso está también muy
extendido en la agricultura, sobre todo y de manera muy concreta en la
llamada agricultura de conservación, un método alternativo a la
agricultura convencional que se basa en aumentar la productividad de los
suelos evitando su erosión, y para la cual es uso de glifosato es
clave.
En la jardinería: para el cuidado de
parques, jardines, aceras o el mantenimiento de carreteras, impidiendo
que crezcan hierbas no deseadas.
En la gestión forestal: para la limpieza de bosques y eliminación de maleza y arbustos.
¿En qué medida estamos expuestos?
Pese a que se sabe que el glifosato es el
herbicida más utilizado del mundo, no existen datos oficiales sobre la
cantidad de producto que se usa a nivel mundial. Según un estudio
publicado el año pasado en la revista Enviromental Sciencie Europe, el
uso del glifosato en todo el mundo ha pasado de los 67 millones de kilos
en 1995 a los 826 millones en 2014. En total, desde que comenzó a
usarse, se han esparcido 8.600 millones de kilos de glifosato, según los
cálculos de los investigadores.
En España el glifosato es habitual en
cultivos de cereales, cultivos industriales, frutales, de olivar y de
viña. De acuerdo con un informe elaborado en abril por PwC para la
Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas (AEPLA), la
superficie agrícola tratada con glifosato asciende a 3,9 millones de
hectáreas, aproximadamente el 28% de la superficie de cultivo nacional.
En total, señala el estudio, la producción tratada con glifosato en
España se estima en casi 19 millones de toneladas.
¿Es perjudicial para la salud?
Su uso ya había sido muy polémico en las
fumigaciones aéreas sobre las plantaciones de cocaína que Colombia
practicaba en su guerra contra el narco, así como en los cultivos de
soja transgénica en Argentina y otros lugares de Suramérica, pero la
discordia definitiva se desató en 2015, cuando la Agencia Internacional
para la Investigación del Cáncer, un organismo dependiente de la OMS, lo
declaró como “probable cancerígeno”.
Unos meses después, sin embargo, una
evaluación de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA por sus
siglas en inglés) negaba justamente esto y señalaba que “es improbable
que suponga un riesgo carcinógeno en humanos”, aunque la justicia
americana desveló que Monsanto había manipulado los estudios sobre el
glifosato para ocultar sus efectos nocivos. Esos resultados fueron
utilizados por la EFSA y más tarde también por la Agencia Europea de
Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) para sus informes, que declaran
inocua la sustancia.Glifosato: La UE no es capaz de cerrar un acuerdo sobre el uso del controvertido glifosato
La Comisión Europea no encuentra el respaldo
suficiente para renovar la licencia del herbicida de Monsanto y retrasa
nuevamente la decisión hasta finales de noviembre.
Activistas de Avaaz protestan en contra de la renovación de licencia del glifosato en Bruselas. EFE
La Unión Europea no es capaz de cerrar un acuerdo sobre el futuro del polémico glifosato, el herbicida más usado del mundo, que está generando un agrio debate en el seno comunitario.
Los Estados miembros, reunidos en el comité permanente de Plantas, Animales, Alimentos y Piensos, debían tomar este jueves una decisión definitiva sobre la renovación de la licencia del agroquímico, que tras una prórroga temporal de 18 meses, expirará el próximo 15 de diciembre. Pero, tal y como ha ocurrido en intentos anteriores, “no se ha podido alcanzar una mayoría cualificada ni a favor ni en contra”, informó la Comisión.
El Ejecutivo comunitario someterá ahora la propuesta
al comité de apelación para que tome una decisión a finales de
noviembre. Si tampoco se lograra un acuerdo, la Comisión podrá entonces
adoptar su propia postura, aunque sin el respaldo del resto de gobiernos
europeos.
La renovación de uso del glifosato en Europa
lleva encallada desde hace más de un año por un espinoso debate en torno
a sus posibles efectos nocivos para la salud. La oposición al
compuesto químico ideado por la multinacional Monsanto en 1974, presente
en la mayoría de herbicidas utilizados para la agricultura y la
jardinería, ha ido creciendo desde que la Organización Mundial de la
Salud lo declarara como “probable cancerígeno” en 2015.
Aunque 14 estados, España entre ellos, se han
mostrado este jueves a favor de la propuesta de la Comisión Europea -que
plantea otorgar una nueva licencia de cinco años- para tomar una
decisión se necesita un apoyo del 55% de los países, que representen al menos al 65% de la población.
Algo que de momento no se ha logrado. Francia, Bélgica, Grecia, Italia,
Croacia, Chipre, Luxemburgo, Malta y Austria han votado ‘no’. Alemania,
Bulgaria, Polonia, Portugal y Rumanía, por su parte, se abstuvieron.
El Parlamento Europeo aprobó también el pasado 24 de
octubre un texto en el que por primera vez rechazaba extender la
licencia del glifosato y pedía otorgar un plazo de cinco años para su progresiva desaparición de los mercados y espacios comunitarios.
Aunque no es vinculante, el texto supuso una presión
política importante. Un día después, la Comisión Europea rebajó su
propuesta de renovación de la licencia de 10 a 5 años. Pero el respaldo
sigue siendo insuficiente.
Los recelos ante el glifosato impiden que la UE renueve su autorización
La fuerte oposición de Francia, Italia y Alemania
hacen posponer, por segunda vez, la votación para renovar la
autorización del polémico herbicida por nueve años.
Vista de la etiqueta de una botella de pesticida en Aukrug, Alemania. EFE
La Unión Europea (UE) no consiguió hoy una mayoría cualificada sólida como para votar sobre la renovación hasta 2025 de la autorización del glifosato,
un compuesto químico presente en herbicidas, por las fuertes reservas
de Italia, Alemania y Francia, indicaron fuentes comunitarias.
El comité sobre Plantas, Animales, Alimentos y Piensos de la UE, que reunió a representantes de los países miembros este miércoles y el jueves en Bruselas, no llegó ni siquiera a votar hoy la propuesta de la Comisión Europea (CE) de renovar por nueve años la autorización del glifosato, de acuerdo con un portavoz comunitario.
"La CE ha dejado claro que no avanzaría sin una mayoría cualificada sólida de los Estados miembros", recalcó el portavoz. Dado que era "obvio" que no se hubiera reunido la mayoría cualificada, "no se ha votado" la propuesta, agregó. Aún no está claro cuándo será la próxima reunión del comité. La Comisión puede bien presentar una nueva propuesta o bien proponer una prórroga técnica.
Tres Estados miembros han expresado fuertes reservas: Francia e Italia, que de haberse votado se esperaba que hubieran expresado su rechazo a la medida, y Alemania, que se estima que podría haberse abstenido.
La ministra francesa de Sanidad, Marisol Touraine, ya había advertido el miércoles de que no renovará la autorización porque los estudios disponibles demuestran que es un perturbador endocrino.
"La CE reflexionará sobre el resultado de las discusiones. Si no se toma una decisión antes del 30 de junio, el glifosato no quedará autorizado más en la UE y los Estados miembros tendrán que retirar las autorizaciones para todos los productos basados en el gilfosato", explicó el portavoz.
El comité sobre Plantas, Animales, Alimentos y Piensos de la UE, que reunió a representantes de los países miembros este miércoles y el jueves en Bruselas, no llegó ni siquiera a votar hoy la propuesta de la Comisión Europea (CE) de renovar por nueve años la autorización del glifosato, de acuerdo con un portavoz comunitario.
"La CE ha dejado claro que no avanzaría sin una mayoría cualificada sólida de los Estados miembros", recalcó el portavoz. Dado que era "obvio" que no se hubiera reunido la mayoría cualificada, "no se ha votado" la propuesta, agregó. Aún no está claro cuándo será la próxima reunión del comité. La Comisión puede bien presentar una nueva propuesta o bien proponer una prórroga técnica.
Tres Estados miembros han expresado fuertes reservas: Francia e Italia, que de haberse votado se esperaba que hubieran expresado su rechazo a la medida, y Alemania, que se estima que podría haberse abstenido.
La ministra francesa de Sanidad, Marisol Touraine, ya había advertido el miércoles de que no renovará la autorización porque los estudios disponibles demuestran que es un perturbador endocrino.
"La CE reflexionará sobre el resultado de las discusiones. Si no se toma una decisión antes del 30 de junio, el glifosato no quedará autorizado más en la UE y los Estados miembros tendrán que retirar las autorizaciones para todos los productos basados en el gilfosato", explicó el portavoz.
Es la segunda vez desde marzo pasado que la Comisión
Europea fracasa en reunir el respaldo de los gobiernos comunitarios para
la renovación de la autorización del glifosato.
"No es ninguna sorpresa, ya que la Comisión seguía ignorando las preocupaciones de científicos independientes y es el momento ahora de que cambie el curso", señaló la directora para la política alimentaria de la UE de Greenpeace, Franziska Achterberg.
"La decisión de postponer el acuerdo es señal de que los gobiernos están tomando en serio la firme oposición existente hacia esta sustancia, y que la enorme presión social y política que estamos liderando funciona. Ha quedado claro que el interés de la Comisión Europea y de la industria agroquímica están presionando fuertemente para que la aprobación por 9 años y sin restricciones salga adelante. Esperamos que tras postponer la decisión, más gobiernos se sumen al 'no' a una sustancia que puede derivar en un problema de salud pública, agregó por su parte Florent Marcellesi, portavoz de Equo en el Parlamento Europeo.
La renovación de la autorización del glifosato llega en plena controversia científica sobre la posibilidad de que esta sustancia pueda provocar cáncer en seres humanos. El lunes fue publicado el último estudio al respecto, uno de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en el que afirman que "es poco probable que el glifosato cause un riesgo cancerígeno para los humanos expuestos a él mediante los alimentos".
Este estudio dice lo contrario que la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC, en inglés), perteneciente a la OMS, que en marzo de 2015 dijo que el glifosato era un "posible cancerígeno".
En noviembre pasado la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) concluyó por su parte que no hay evidencias científicas del vínculo entre el glifosato y el cáncer, anque se niega a publicar las pruebas científicas realizadas para su investigación.
"No es ninguna sorpresa, ya que la Comisión seguía ignorando las preocupaciones de científicos independientes y es el momento ahora de que cambie el curso", señaló la directora para la política alimentaria de la UE de Greenpeace, Franziska Achterberg.
"La decisión de postponer el acuerdo es señal de que los gobiernos están tomando en serio la firme oposición existente hacia esta sustancia, y que la enorme presión social y política que estamos liderando funciona. Ha quedado claro que el interés de la Comisión Europea y de la industria agroquímica están presionando fuertemente para que la aprobación por 9 años y sin restricciones salga adelante. Esperamos que tras postponer la decisión, más gobiernos se sumen al 'no' a una sustancia que puede derivar en un problema de salud pública, agregó por su parte Florent Marcellesi, portavoz de Equo en el Parlamento Europeo.
La renovación de la autorización del glifosato llega en plena controversia científica sobre la posibilidad de que esta sustancia pueda provocar cáncer en seres humanos. El lunes fue publicado el último estudio al respecto, uno de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en el que afirman que "es poco probable que el glifosato cause un riesgo cancerígeno para los humanos expuestos a él mediante los alimentos".
Este estudio dice lo contrario que la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC, en inglés), perteneciente a la OMS, que en marzo de 2015 dijo que el glifosato era un "posible cancerígeno".
En noviembre pasado la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) concluyó por su parte que no hay evidencias científicas del vínculo entre el glifosato y el cáncer, anque se niega a publicar las pruebas científicas realizadas para su investigación.
Bruselas obvia a la OMS y no considera cancerígeno el glifosato de Monsanto
"No se ha considerado hasta el momento proponer una
clasificación basada en la carcinogenicidad", asegura la Comisión
Europea, que tiene que decidir este año sobre la renovación del
herbicida más usado y controvertido del mundo
Varios activistas protestan ante la Comisión Europea por la autorización de transgénicos resistentes al glifosato en 2012. - AFP
MADRID. -La Organización Mundial de la Salud lo ha clasificado como un "probable cancerígeno",
pero el glifosato, el herbicida más usado del mundo y también uno de
los más cuestionados por su alta toxicidad, no preocupa de momento a las
autoridades europeas, que preparan ya la renovación para su uso en la
UE.
"Hay disponible una gran cantidad de trabajos de investigación sobre la sustancia activa del glifosato, tanto de estudios presentados por quienes demandan su renovación, como de bibliografía pública revisada por científicos. Sobre la base de este trabajo de investigación no se ha considerado hasta el momento proponer una clasificación basada en la carcinogenicidad", asegura a Público a través de correo electrónico Enrico Brivio, portavoz de Salud, Seguridad alimentaria y Medio Ambiente de la Comisión Europea.
"Hay disponible una gran cantidad de trabajos de investigación sobre la sustancia activa del glifosato, tanto de estudios presentados por quienes demandan su renovación, como de bibliografía pública revisada por científicos. Sobre la base de este trabajo de investigación no se ha considerado hasta el momento proponer una clasificación basada en la carcinogenicidad", asegura a Público a través de correo electrónico Enrico Brivio, portavoz de Salud, Seguridad alimentaria y Medio Ambiente de la Comisión Europea.
La OMS declaró que hay "evidencia limitada" de que el glifosato puede producir linfoma no-Hodking en seres humanos
El glifosato, que se comercializa sobre todo
bajo la marca Roundup de la multinacional estadounidense Monsanto, se
encuentra entre la lista de compuestos químicos que Bruselas debe
examinar este año. La Agencia Internacional para la Investigación del
Cáncer, el departamento especializado para esta enfermedad de la OMS,
declaró en marzo que hay "evidencia limitada" de que el agroquímico puede producir linfoma no-Hodking en seres humanos y que existen "pruebas convincentes" de que puede causar cáncer en animales de laboratorio.
En su respuesta a este periódico, Brivio matiza que la Comisión ha pedido a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, encargada de evaluar el riesgo del glifosato, que tome en cuenta "todos los datos relevantes", incluyendo la reciente evaluación de la OMS. Pero argumenta que en la investigación de la Organización Mundial de la Salud existen "aspectos científicos cruciales" que hasta ahora no han sido publicados, y que además utiliza un sistema de clasificación de productos químicos diferente al de la UE. "Es necesario esperar antes de sacar conclusiones", sentencia.
En su respuesta a este periódico, Brivio matiza que la Comisión ha pedido a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, encargada de evaluar el riesgo del glifosato, que tome en cuenta "todos los datos relevantes", incluyendo la reciente evaluación de la OMS. Pero argumenta que en la investigación de la Organización Mundial de la Salud existen "aspectos científicos cruciales" que hasta ahora no han sido publicados, y que además utiliza un sistema de clasificación de productos químicos diferente al de la UE. "Es necesario esperar antes de sacar conclusiones", sentencia.
Tansgénicos resistentes
Aunque sus usos son diversos, este producto, desarrollado para la eliminación de maleza, hierbas y arbustos, es sobre todo controvertido en la fumigación de cultivos transgénicos, semillas que han sido modificadas genéticamente para hacerlas tolerantes al herbicida. Liliane Spendeler, directora de la ONG ecologista Amigos de la Tierra, explica que el problema es que estos organismos crean resistencia al herbicida y cada vez es necesario aumentar la dosis de las fumigaciones para hacerlas efectivas.
Aunque sus usos son diversos, este producto, desarrollado para la eliminación de maleza, hierbas y arbustos, es sobre todo controvertido en la fumigación de cultivos transgénicos, semillas que han sido modificadas genéticamente para hacerlas tolerantes al herbicida. Liliane Spendeler, directora de la ONG ecologista Amigos de la Tierra, explica que el problema es que estos organismos crean resistencia al herbicida y cada vez es necesario aumentar la dosis de las fumigaciones para hacerlas efectivas.
La
CE autorizó en abril 17 transgénicos, de los cuales 8 son tolerantes al
glifosato, y cuenta en una lista previa con 22 que ya lo eran
En países como Argentina,
tercer productor mundial de soja y donde el 80% de los terrenos
agrícolas están dedicados al cultivo de esta leguminosa transgénica, son
varios los estudios médicos que han relacionado los casos de cáncer y
otras enfermedades en comunidades agrícolas con el glifosato y otros
insecticidas.
En Europa no existen cultivos de transgénicos resistentes al glifosato porque los Estados miembros, con la excepción de España, se han mostrado siempre muy reacios a la agricultura de los organismos genéticamente modificados. Sin embargo, la UE sí importa muchos de estos alimentos cultivados en terceros países, entre los que se incluyen el maíz, el algodón, la soja, la colza o la remolacha azucarera. Según la Federación Europea de Fabricantes de Alimentos Compuestos (FEFAC), el 68% de la materia prima de proteína que se utiliza en la alimentación animal en la UE se compone de harina de soja. Sólo el 2% es producida dentro de las fronteras comunitarias. El resto se importa.
Sin ir más lejos, la Comisión Europea autorizó el pasado 24 de abril 17 transgénicos (10 nuevos y otros 7 renovados) de los cuales 8 son tolerantes al glifosato y cuenta, en su lista de autorizaciones previas, con otros 22 que ya lo eran. Según indicó la Comisión en un comunicado, todos pasaron "un duro procedimiento de autorización, incluyendo una evaluación científica favorable por parte de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentraria". Enrico Brivio recuerda, además, que "los productos importados deben cumplir con un nivel máximo de residuos de pesticidas".
En Europa no existen cultivos de transgénicos resistentes al glifosato porque los Estados miembros, con la excepción de España, se han mostrado siempre muy reacios a la agricultura de los organismos genéticamente modificados. Sin embargo, la UE sí importa muchos de estos alimentos cultivados en terceros países, entre los que se incluyen el maíz, el algodón, la soja, la colza o la remolacha azucarera. Según la Federación Europea de Fabricantes de Alimentos Compuestos (FEFAC), el 68% de la materia prima de proteína que se utiliza en la alimentación animal en la UE se compone de harina de soja. Sólo el 2% es producida dentro de las fronteras comunitarias. El resto se importa.
Sin ir más lejos, la Comisión Europea autorizó el pasado 24 de abril 17 transgénicos (10 nuevos y otros 7 renovados) de los cuales 8 son tolerantes al glifosato y cuenta, en su lista de autorizaciones previas, con otros 22 que ya lo eran. Según indicó la Comisión en un comunicado, todos pasaron "un duro procedimiento de autorización, incluyendo una evaluación científica favorable por parte de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentraria". Enrico Brivio recuerda, además, que "los productos importados deben cumplir con un nivel máximo de residuos de pesticidas".
"Está claro que han pesado más
las negociaciones del acuerdo comercial con EEUU que la declaración de
la OMS", denuncia Liliane Spendeler, de la ONG
Amigos de la Tierra
Amigos de la Tierra
Las agrupaciones ecologistas, la
Confederación de Consumidores y Usuarios, organizaciones de agricultores
y ganaderos y diferentes plataformas por la soberanía alimentaria y
contra los transgénicos ven en la decisión de Bruselas, en cambio, un "claro guiño a los intereses de las multinacionales y el Gobierno estadounidense,
que presionan para conseguir la apertura de los mercados europeos" en
plena negociación del tratado de libre comercio con el país
norteamericano.
"Está claro que han pesado más las negociaciones del acuerdo comercial con EEUU que la declaración de la OMS. Siempre dicen que la normativa no se va a ver afectada, pero lo que estamos viendo es que ya están actuando y abriendo el camino", dice Liliane Spendeler.
La mayor parte de los organismo genéticamente modificados que importa la UE terminan en piensos, donde la normativa europea no obliga a especificar el origen transgénico en el etiquetado. Tampoco en los derivados animales alimentados con ellos, como los lácteos o carnes. Los transgénicos utilizados directamente en la alimentación suelen hacerlo en forma de aditivos como conservantes o colorantes y en cantidades muy pequeñas. La normativa europea no obliga a reflejarlo en la etiqueta si la cantidad no sobrepasa el 0,9%.
"Está claro que han pesado más las negociaciones del acuerdo comercial con EEUU que la declaración de la OMS. Siempre dicen que la normativa no se va a ver afectada, pero lo que estamos viendo es que ya están actuando y abriendo el camino", dice Liliane Spendeler.
La mayor parte de los organismo genéticamente modificados que importa la UE terminan en piensos, donde la normativa europea no obliga a especificar el origen transgénico en el etiquetado. Tampoco en los derivados animales alimentados con ellos, como los lácteos o carnes. Los transgénicos utilizados directamente en la alimentación suelen hacerlo en forma de aditivos como conservantes o colorantes y en cantidades muy pequeñas. La normativa europea no obliga a reflejarlo en la etiqueta si la cantidad no sobrepasa el 0,9%.
Agencia Para La Libertad
Periodismo de Intervención social
GLIFOSATO - ENVENAMIENTOS - FUMIGACIONES
Antonella y los cánceres de Gualeguaychú
(Por Silvana Melo/Ape) A las diez y
veinticinco de la mañana Antonella murió. Fue el pasad lunes y
Gualeguaychú sólo era noticia por ella. Porque Antonella por mucho
tiempo fue alcancía y foto en los almacenes y en los kioscos. De una
ciudad que produce más alcancías y fotos de niños con cáncer que fiestas
de carnaval. Gualeguaychú es un terrón en la provincia de Entre Ríos:
la más regada por glifosato, según informes del Conicet. Con el
municipio de Urdinarrain como estrella mundial del veneno sistémico
(Environmental Pollution). En Gualeguaychú el 30 % de los muertos
mueren de cáncer, mientras que en el país no superan el 20.
Entre Ríos es una autopista sojera, capital de un modelo de
producción que necesita envenenar para subsistir. Dos días antes de que
Antonella muriera, Natalia Bazán habló 28 minutos frente a su celular.
La madre de Antonella habló cuando la nena ya dormía y el dolor había
sido derogado en las últimas horas de vida. Y dijo que “la vida de
nuestros hijos no siga siendo un negocio”. Y dijo que “paren toda esta
mierda que mata a nuestros hijos y a otros les llena el bolsillo”.
Natalia pasó meses en el Garrahan asistiendo al derrumbe de su chiquita de ocho años, en una foto brutal de la inclemencia del sistema. Donde la economía vapulea a la salud, destierra a los débiles y condena el futuro a la intemperie. “La mayoría de los chicos con cáncer viene de Entre Ríos”, dice. Y para ella el dolor llega directo desde el agua y el aire.
El periodista Fabián Magnotta, después de la investigación donde surgió que el cáncer en Gualeguaychú superaba la media nacional, publicó en su perfil de Facebook un pedido: “No hay estadísticas sobre cáncer en menores de 18 años en Gualeguaychú. Agradezco información para hacerla”.
Decenas de respuestas con nombres, con edades pequeñas, con historias de leucemias y cánceres, con temporadas eternas en el Garrahan, lejos de casa, con muertes absurdas, caprichosas, colonizando espacios donde deberían regir la rayuela y la vertical, la cancha y el burbujero, despacito y el brujo de bulubú, el reggetón y la bici.
Le llevará un año más a Fabián Magnotta elaborar toda esa muerte aluvional. Pero será él quien lo vuelva a hacer porque las cifras oficiales, si hay, se guardan celosamente. Para no generar segundas investigaciones (por ejemplo, las causas) que puedan fastidiar a los actoresde ubicuidad intensa
de los agronegocios. Que suelen ser diputados, ministros, médicos,
empresarios. Es decir, telas de araña que envuelven la voluntad de los
pueblos. Que conceden generosamente el trabajo con el que subsisten esos
pueblos. Y ante los que pocos se atreven a correr un riesgo que, además
de la hipoteca del futuro, a la que ya están resignados, les abroche el
vaciamiento del presente.
Antonella murió el lunes a las 10,25 en la Terapia Intensiva del Garrahan. “Las cinco quimios le destrozaron los órganos”, dijo Natalia Bazán. En una provincia arrasada por los agroquímicos, probablemente Anto haya sufrido el castigo de la hierba frágil. Y la terapia con más química la haya quebrado como un cristalito. Acaso no se sepa nunca. Y sólo quede en la canasta de las hipótesis. O en el baúl de los mitos. Para que no se despierten los propietarios de la tierra y el agua. Y se sientan ofendidos por niños que se mueren como daños colaterales.
Como murieron Leila Derudder (14) y Joan Franco (dos años y medio) en 2014 en San Salvador, Entre Ríos. A 200 kilómetros de Gualeguaychú. En esa cuadra donde el cáncer golpeaba a la puerta casa por casa.
La revista internacional Environmental Pollution fue la que publicó el informe de los investigadores del Conicet: Entre Ríos registra los más altos niveles de acumulación de glifosato a nivel mundial. “Dada la enorme cantidad pulverizada y la afectación de los microorganismos encargados de su degradación, el producto no hace más que acumularse en las tierras con todo el riesgo tóxico que esto implica”.
Es una evidencia científica de la criminalidad del impacto socioambiental del modelo de producción que ha subsistido con éxito desde su blanqueo brutal en 1996 con la entrada de la transgénesis, en un tránsito por neoliberalismos, progresismos y etcéteras, amamantados todos prolijamente por la nueva concentración de poder.
Las evidencias políticas están en la impunidad. En la ceguera judicial que es capaz de negar responsabilidades a pesar de la autopsia en un cuerpito plagado de endosulfán. En la decisión de mantener el modelo como columna y sostén del estado.
Mientras la vida pasaba afuera, desesperada, vertiginosa, Antonella moría el lunes. A las 10,25 de la mañana. Tenía ocho años. Estuvo meses en el Garrahan, enchufada a cables y agujas, atada a barbijos, cantando hasta que pudo. Cuando debió haber jugado hasta el hartazgo. Tomando helados, pelándose las rodillas en la plaza y riéndose de Gualeguaychú, con ese nombre de estornudo. Libre y feliz.
Natalia pasó meses en el Garrahan asistiendo al derrumbe de su chiquita de ocho años, en una foto brutal de la inclemencia del sistema. Donde la economía vapulea a la salud, destierra a los débiles y condena el futuro a la intemperie. “La mayoría de los chicos con cáncer viene de Entre Ríos”, dice. Y para ella el dolor llega directo desde el agua y el aire.
El periodista Fabián Magnotta, después de la investigación donde surgió que el cáncer en Gualeguaychú superaba la media nacional, publicó en su perfil de Facebook un pedido: “No hay estadísticas sobre cáncer en menores de 18 años en Gualeguaychú. Agradezco información para hacerla”.
Decenas de respuestas con nombres, con edades pequeñas, con historias de leucemias y cánceres, con temporadas eternas en el Garrahan, lejos de casa, con muertes absurdas, caprichosas, colonizando espacios donde deberían regir la rayuela y la vertical, la cancha y el burbujero, despacito y el brujo de bulubú, el reggetón y la bici.
Le llevará un año más a Fabián Magnotta elaborar toda esa muerte aluvional. Pero será él quien lo vuelva a hacer porque las cifras oficiales, si hay, se guardan celosamente. Para no generar segundas investigaciones (por ejemplo, las causas) que puedan fastidiar a los actores
Antonella murió el lunes a las 10,25 en la Terapia Intensiva del Garrahan. “Las cinco quimios le destrozaron los órganos”, dijo Natalia Bazán. En una provincia arrasada por los agroquímicos, probablemente Anto haya sufrido el castigo de la hierba frágil. Y la terapia con más química la haya quebrado como un cristalito. Acaso no se sepa nunca. Y sólo quede en la canasta de las hipótesis. O en el baúl de los mitos. Para que no se despierten los propietarios de la tierra y el agua. Y se sientan ofendidos por niños que se mueren como daños colaterales.
Como murieron Leila Derudder (14) y Joan Franco (dos años y medio) en 2014 en San Salvador, Entre Ríos. A 200 kilómetros de Gualeguaychú. En esa cuadra donde el cáncer golpeaba a la puerta casa por casa.
La revista internacional Environmental Pollution fue la que publicó el informe de los investigadores del Conicet: Entre Ríos registra los más altos niveles de acumulación de glifosato a nivel mundial. “Dada la enorme cantidad pulverizada y la afectación de los microorganismos encargados de su degradación, el producto no hace más que acumularse en las tierras con todo el riesgo tóxico que esto implica”.
Es una evidencia científica de la criminalidad del impacto socioambiental del modelo de producción que ha subsistido con éxito desde su blanqueo brutal en 1996 con la entrada de la transgénesis, en un tránsito por neoliberalismos, progresismos y etcéteras, amamantados todos prolijamente por la nueva concentración de poder.
Las evidencias políticas están en la impunidad. En la ceguera judicial que es capaz de negar responsabilidades a pesar de la autopsia en un cuerpito plagado de endosulfán. En la decisión de mantener el modelo como columna y sostén del estado.
Mientras la vida pasaba afuera, desesperada, vertiginosa, Antonella moría el lunes. A las 10,25 de la mañana. Tenía ocho años. Estuvo meses en el Garrahan, enchufada a cables y agujas, atada a barbijos, cantando hasta que pudo. Cuando debió haber jugado hasta el hartazgo. Tomando helados, pelándose las rodillas en la plaza y riéndose de Gualeguaychú, con ese nombre de estornudo. Libre y feliz.
Sofía Gatica, la guerra de una madre contra Monsanto
Esta argentina, galardonada con el Goldman 2012 por
su lucha contra las fumigaciones masivas en los cultivos de soja
trasngénica, advierte de los riesgos que estas prácticas entrañan
también para Europa
No era una prestigiosa abogada
ni practicaba el activismo ambiental. Tampoco cuenta con una titulación
secundaria superior ni alberga conocimientos sobre química o ciencias
biológicas. Sofía Gatica es, sencillamente, una madre argentina que
cuando perdió a su hija al poco de nacer por una repentina parada de
riñón decidió averiguar por qué. Desde aquel momento, hace casi 13 años,
emprendió una lucha por acabar con las fumigaciones sobre los campos de
plantaciones de soja que rodean Ituzaingó, un barrio en la provincia de
Córdoba (Argentina) con cientos de casos parecidos al suyo.
Sus reivindicaciones le han hecho valedora del premio
Goldman 2012, considerado como el Nobel de Medio Ambiente. Fundó, junto
con otras vecinas afectadas, el grupo 'Madres de Ituzaingó'
y recorrió el municipio puerta por puerta para documentar y demostrar
los efectos nocivos para la salud del glifosato, el herbicida más
vendido del mundo, comercializado por la multinacional Monsanto. Los
resultados desprendieron datos alarmantes: niños con malformaciones,
problemas respiratorios y de riñón, lupus, púrpura, leucemia y un
altísimo porcentaje de afectados por cáncer (alrededor de 300 en una
población de tan sólo 6.000 habitantes).
'El problema es el enorme negocio que hay detrás', asegura a Público
Gatica, de gira estos días por Europa para contar su experiencia y
reunirse con otros colectivos ambientalistas en la Good Food March
(marcha por los buenos alimentos) que culminó este miércoles en Bruselas
en protesta por la repercusión de las políticas agrarias en la sociedad
y la inminente reforma de la PAC.
En efecto, el cultivo de esta leguminosa se mueve en
un círculo cerrado. Cerca del 80% de los terrenos agrícolas en Argentina
están dedicados al cultivo de soja transgénica, esto es, soja cuyas
semillas han sido modificadas genéticamente para hacerlas resistentes al
glifosato o Roundup, como se vende en el mercado. Tanto las
semillas como el agroquímico que debe tratarlas son propiedad de la
compañía norteamericana Monsanto.
'A medida que crecieron las plantaciones de soja y por
ende las fumigaciones, aumentan las malformaciones en los niños. Además,
la cantidad de glifosato necesario para tratar los cultivos va
aumentando por la resistencia que desarrollan las plantas', asegura
María Godoy, otra de las ‘madres' que acompaña a Gatica en su
movilización.
Entre otras cosas, ambas han cruzado a este lado del
charco para advertir de los 'riesgos' que entrañan los transgénicos, una
cuestión con fuertes posiciones contradictorias dentro del mismo seno
comunitario. Mientras que el rechazo al cultivo de estos alimentos ha
ido creciendo en buena parte de Europa, España no sólo ha aumentado el
número de hectáreas dedicadas a los organismos genéticamente modificados
(OGM), sino que acapara la gran mayoría de esta agricultura. Según
datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de
las 114.624 hectáreas que hay en Europa de cultivos transgénicos, el 85%
(97.326 hectáreas) son españolas. En todas se cultiva la variedad de
maíz MON810, también de la empresa Monsanto y también cuestionado por
diversos estudios independientes, entre ellos el patrocinado por el
Ministerio de Medio Ambiente y Salud de Austria, que evidenció problemas
significativos en el descenso de la fertilidad en ratones alimentados
con esta variedad de grano.
En todo caso, y aunque las superficie de cultivos
biotecnológicos en Europa supone sólo el 0,1% del total de terrenos
agrícolas, la importación de este tipo de productos, sobre todo la soja
transgénica, dedicada en su mayor parte a la elaboración de piensos para
la ganadería, se mide en millones de toneladas. 'La Unión Europea está
importando toneladas y toneladas de soja transgénica envenenada de
Argentina para consumo animal. Y estos animales son consumidos por todos
los habitantes de Europa y a la larga van a tener las mismas
consecuencias que estamos teniendo nosotros', denuncia Gatica.
España acapara el 85% de los cultivos transgénicos que hay en la UE
La dependencia europea de los cultivos transgénicos
provenientes de terceros países es enorme. Según la Federación Europea
de Fabricantes de Alimentos Compuestos (FEFAC), el 68% de la materia
prima de proteína que se utiliza en la alimentación animal en la UE se
compone de harina de soja. Sólo el 2% es producida dentro de las
fronteras comunitarias. El resto se importa, mayoritariamente de
Argentina (el 51%).
'Acá y allá, estamos peleando por lo mismo, que no nos
impongan qué comer, que los cultivos salgan de los campesinos, de los
pequeños productores y no de las multinacionales. Se está haciendo un
genocidio encubierto a nivel mundial. Se está matando gente, destruyendo
el planeta y nadie dice nada', lamenta.
'Se está haciendo un genocidio encubierto a nivel mundial', sostiene Gatica
El glifosato no está prohibido en la Unión Europea,
aunque sí se encuentra dentro de la lista de compuestos químicos que
serán revisados en 2015. Debido a la controversia que ha generado este
producto, Monsanto ha dedicado un espacio en su página web
para desmentir la supuesta alta toxicidad del agorquímico. En él
asegura que 'los herbicidas a base de glifosato se encuentran entre los
de menor riesgo respecto de sus efectos para la salud y el ambiente'.
Por su baja toxicidad, añade, 'es un herbicida utilizado con éxito en
más de 140 países del mundo desde hace 30-40 años, y su seguridad ha
sido ratificada por organismos internacionales como la EPA
(Environmental Protection Agency de los Estados Unidos) y por su
inclusión en el Anexo I de la Directiva 91/414/CE (Comunidad Europea)'.
En Argentina, las fumigaciones en áreas pobladas no están prohibidas en todo el Estado
Pese a los múltiples estudios que se realizaron en
Ituzaingó gracias a la presión del colectivo de vecinas, las
fumigaciones masivas cercanas a zonas pobladas no están prohibidas en
todo el territorio nacional. Un informe de 2009 encargado por la
presidenta Cristina Fernández reveló que sólo en este pequeño barrio
cordobés el 33% de la población muere de cáncer y que aproximadamente el
80% de los menores tienen entre 6 y 7 tipos de agroquímicos en la
sangre. Sin embargo, sólo algunas directivas a nivel local y provincial
limitan estas prácticas. Gatica y las demás ‘madres' luchan por que se
apruebe una ley con vigencia para todo el Estado, donde se estima que
cerca de 12 millones de personas están en riesgo de contaminación.
EE.UU.: Qué hay detrás de la epidemia de balazos en el país de la violencia
Publicado el 11 Noviembre 2017
Escrito por Fernando M. García Bielsa. (Alai Amlatina) - EL CLARÌN DE CHILE
Hay
claras evidencias de la incapacidad de los Estados Unidos de abordar
seriamente el problema de la violencia con armas de fuego, pese a que
durante años ha existido un debate para el control de las mismas.
Acaban
de asesinar a la mitad de los feligreses en una pequeña iglesia en
Texas, incluyendo ocho menores. Un mes antes un tirador sin motivo
cierto disparó ráfagas sobre una multitud de 22,000 asistentes durante
un concierto en Las Vegas, matando a 58 personas y otras 500 quedaron
heridas, todo ello con un arsenal portátil de 42 rifles, ametralladoras y
otras armas (y miles de cartuchos de municiones) adquiridas legalmente
en las ocho semanas previas al acontecimiento.
Ocurren
docenas de hechos de ese tipo cada año. Entre los más impactantes: en
la secundaria Columbine (muertos 12 estudiantes y un maestro; Colorado,
1999), la escuela primaria Sandy Hook (20 niños; Connecticut, 2012);
cine de Aurora (12 muertos y más de 70 heridos, Colorado, 2012); iglesia
en Charleston (9 personas, Carolina del Sur 2015), la discoteca Pulse
de Orlando (49 personas, 2016) y otras. La lista de masacres seguirá
creciendo sin parar hasta que la sociedad asuma el debate y se promulgue
un control de armas sensato.
Cuando
se han incrementado los asesinatos de personas negras a manos de la
policía, sin embargo, ante la proliferación del uso de armas letales y
asesinatos masivos como los mencionados, el gobierno se muestra incapaz
para enfrentar el problema e impotente para cumplir de una de sus
funciones básicas de proteger a la ciudadanía.
El
resultado es que sin dudas Estados Unidos padece una epidemia de
balaceras y asesinatos masivos, cada vez más brutales e impactantes.
Mientras los homicidios con armas de fuego han decrecido, los asesinatos
en masa por disparos han incrementado su frecuencia y gravedad en los
últimos diez o quince años.
Aunque
en parte ello viene a ser una prolongación de una larga historia y una
cultura marcada siempre por la violencia y el racismo desde los días de
la expansión hacia el oeste y del casi exterminio de la población
indígena originaria, así como de los linchamientos ejecutados por el Ku
Klux Kan y otros, tales hechos no están ajenos a la extrema
polarización, la actual decadencia social y al deterioro moral en
extensos segmentos del país.
Las
encuestas señalan que una considerable mayoría de estadounidenses están
a favor de mayores controles en la venta y posesión de armas de fuego, y
por la prohibición de aquellas más mortíferas.
Pero,
aunque minoritarios, son muchos también los que abogan por el derecho a
portar armas de fuego, bien con propósitos deportivos de cacería, o
como protección ante la delincuencia y algunos con la ilusión de poder
defenderse de la epidemia de violencia. Detrás está el aliento y la
manipulación por una minoría poderosa e influyente en el quehacer y las
decisiones que se adoptan en Washington.
Estos
tienen su fuerte en la influyente National Rifle Association (NRA), en
el arraigo de los derechos a la caza y el deporte, y en la intromisión
en la política de la poderosa rama fabricante de armas del país.
Actualmente hay unos 300 millones de armas de fuego en manos privadas en
Estados Unidos. Los datos indican que no es alta la proporción de
aquellos que las utilizan para la caza. No hay ninguna nación del mundo
que se acerca siquiera a tales per cápita de armas de fuego ni de
muertes ocasionadas por las mismas.
Actualmente
armas diseñadas para propósitos bélicos están disponibles para la venta
individual vía Internet y en muchas armerías sin mayores requisitos ni
controles efectivos. De eso se nutre en parte la ocurrencia en los
últimos años de una oleada de violencia por parte de ciudadanos
enfurecidos quienes protagonizan balaceras y cacerías humanas periódicas
en escuelas, centros comerciales y otros lugares públicos. Según
informe del Center of Disease Control and Prevention entre 2001 y 2013,
habían muerto por armas de fuego dentro del país 406,496
estadounidenses, o sea, más de 30.000 por año.
La
mayor frecuencia de tales hechos es más que alarmante. Hay algo
enfermizo e inhumano en la proliferación de individuos que toman sus
armas e indiscriminadamente y a mansalva disparan contra transeúntes o
feligreses sin motivo alguno, o motivados quien sabe por qué traumas o
instintos primitivos.
Se
ha tratado de apuntar a que son acciones individuales aisladas de
personas malvadas o poseídas por el demonio, y más recientemente a
inmigrantes musulmanes u otros, cosa que las estadísticas no respaldan.
Aunque los asesinos tienen distintos perfiles se observan patrones
causales complejos que incluyen la tradición violenta y racista con que
se conformó el país, su glorificación en el cine y otros medios, las
brutales acciones recientes en el exterior, así como las frustraciones y
la ira acumulada en muchas personas en medio de la fragmentación y el
actual deterioro social en gran parte del país.
Buena
parte de los perpetradores son personas mentalmente inestables,
interesadas en las armas de fuego y los explosivos, con cierta
fascinación con la muerte y el satanismo y, muchos, veteranos de las
diversas guerras que el imperio realiza en todos los confines; guerra
que han librado de forma continuada durante 16 años sin lograr una
victoria, pero donde cientos de miles de soldados pasan por experiencias
traumáticas mientras ellos, o ante su vista, se asesina a la población
civil, cometen brutales violaciones, etc.
En
los últimos años estas intervenciones y acciones bélicas se libran bajo
el supuesto de la “guerra contra el terrorismo”, parte de la cual ha
sido el uso de mercenarios y el auspicio de grupos terroristas locales,
lo que provoca también una reacción en cadena que se revierte en actos
terroristas en suelo estadounidense.
La Segunda Enmienda constitucional y su manipulación
La
cuestión de la masiva posesión de armas en manos de la población –
incluyendo armas automáticas y de combate, de libre acceso en varios
estados para cualquiera que se disponga a comprarlas y sin necesidad de
trámites ni de presentar documentos de identidad –, se escuda en una
formulación anexa a la Constitución del país.
Se
trata de la Segunda Enmienda, ratificada por los trece estados
originales allá por 1790, pero luego sujeta a controvertidas
interpretaciones. El texto reza así:
“Siendo
necesaria para la seguridad de un Estado libre una milicia bien
organizada no se coartará el derecho del pueblo a tener y portar armas”.
Se
aludía a “una milicia bien organizada” y en un contexto bien diferente
al actual. De tal enmienda se han derivado los derechos a contar con
escopetas de caza hasta el libertinaje actual a tener ametralladoras y
armas de combate por individuos de toda calaña.
Algunos
señalan categóricamente que parte de la culpa de la actual crisis de
violencia con armas de fuego recae sobre los miembros conservadores de
la Corte Suprema y que sus dictámenes en casos recientes relativos a la
Segunda Enmienda han estado políticamente motivados.
La
interpretación actual dista bastante de la original. La Corte Suprema
ha afirmado que el derecho a portar armas es un derecho individual que
tienen todos los estadounidenses. Y por tanto que ni el gobierno federal
de los Estados Unidos ni los gobiernos estatales y locales pueden
infringir ese derecho.
Aunque
la mayoría de la población favorece exista algún grado de control
básico que evite que tales masacres ocurran, el apoyo a la Segunda
Enmienda se ha incrementado progresivamente desde la década de 1990
tanto entre votantes liberales como conservadores. En 2016, el 76% de
los estadounidenses se opone a la derogación de la Segunda Enmienda;
esta cifra era solo del 36% en 1960.
La industria de producción de armas de fuego
En
la intimidad de los círculos de Washington se sabe que en este asunto
de la proliferación de las armas de fuego es el dinero el que marca las
jugadas. El dinero, del que los productores de armas y la Asociación
Nacional del Rifle (NRA) son una fuente fácil para nutrir fondos
electorales y prebendas. Son esos, sobre todo intereses comerciales
capitalistas, los que están detrás de las interpretaciones de la Segunda
Enmienda y los dictámenes de la Corte Suprema en favor de la plena
libertad de tenencia individual de armas de fuego.
La
extensa rama industrial de fabricantes de armamentos comercializa cada
año unos $ 49 mil millones USD y mantiene una estrecha y añeja alianza
con el gobierno.
El
crecientemente agresivo papel de los Estados Unidos en el mundo hace
crecer los contratos gubernamentales y asegura caudalosas y estables
ganancias para esas compañías. Ello se complementa dada la obsesión de
millones de ciudadanos con poseer armas de fuego que, obviamente,
contribuye sustantivamente a ese caudal de ingresos.
Un
reportaje a comienzos de 2016 señalaba que las industrias de
fabricación de armas de fuego están en crecimiento: de 5,6 millones de
armas fabricadas en 2009 a casi 11 millones en 2013.
Después
de cada masacre de las que escuchamos cada semana – y mientras más
horripilantes son- aumentan el valor de las acciones y las ventas de
tales corporaciones dada la fiebre ciudadana por pertrecharse con nuevas
armas de fuego en sus hogares, pero también por el temor de que
finalmente se establezcan mejores leyes para el control de armas; temor
que es estimulado por la industria.
Al
propio tiempo ésta y la NRA hacen fluir mayores sumas hacia sus muy
efectivos y bien financiados grupos de presión y hacia los propios
comités de campaña de los miembros del Congreso a fin de ganarlos para
sus posiciones, o intimidarlos para garantizar que el libertinaje sobre
la venta y porte de armas siga prevaleciendo, por sobre los que reclaman
que se establezca en todos los estados un registro y licencias de
armas, requerimientos de antecedente y otros para su venta, etc.
Con
la ayuda de la NRA y sin poner en peligro sus lucrativos contratos
gubernamentales, los mayores productores de armas, durante décadas, han
frustrado regulaciones de la mayoría de los estadounidenses apoyan.
Para muchos el poseer un arma es libertad; Hollywood ha enmarcado las armas como sinónimo de heroísmo, virilidad y valentía. “Un buen americano posee su arma”.
Muy
por el contrario el libertinaje aumenta. En febrero de 2017 el
Presidente Trump firmó una ley ya aprobada por el Congreso que hace más
fácil adquirir armas, incluyendo rifles semiautomáticos, por personas
con un historial de enfermedad mental.
Y
actualmente continúan los preparativos para lograr la aprobación de una
ley eufemísticamente nombrada “para el mejoramiento recreacional y la
tradición de los deportistas” que también haría más fácil importar
rifles de asalto, transportar las armas de un estado a otro y la compra
de silenciadores.
Si
no ocurre un milagro en la corrupta política del país, parece que
desafortunadamente veremos nuevas ocasiones en que algún estadounidense,
incluso considerado hasta entonces un buen ciudadano, accione su
gatillo ejerciendo “su derecho y su libertad” bajo la manipulada Segunda
Enmienda.
Un
informe en 2009 del ministerio de protección nacional (Homeland
Security) alertó que los problemas económicos y la elección del primer
presidente negro podrían exacerbar las ansiedades económicas y raciales y
provocar reacciones violentas de los supremacistas blancos y de todos
aquellos que perciben que la raza blanca estaría bajo acoso.
Muchos
de estos enarbolan una retórica demagógica, que llega a tener tintes
fascistas y es un espejo de las políticas bélicas del país, anima a
sectores desesperados a cometer acciones violentas con armas como actos
de ‘autodefensa’ y a organizarse en milicias para librar ‘cruzadas’ de
diverso tipo. En algunas regiones la paranoia y el discurso de odio se
expanden, incluso entre los adolescentes.
Para
muchos el poseer un arma es libertad; Hollywood ha enmarcado las armas
como sinónimo de heroísmo, virilidad y valentía. “Un buen americano
posee su arma”.
Otros
asuntos, como la llegada de inmigrantes, la demonización de latinos y
musulmanes, siguen siendo polarizantes y manipulados por los políticos,
así como desde los púlpitos fundamentalistas y las entidades de derecha,
muchas de las cuales están fuertemente armadas.
De
hecho, entre 2001 y 2015, más estadounidenses resultaron muertos por
extremistas de derecha que por supuestos terroristas islámicos.
Muchos
estereotipos refuerzan la ignorancia, la intolerancia y el racismo. Un
creciente número de norteamericanos blancos que han caído en la
marginalidad o en condiciones de vida precarias, albergan altos grados
de prejuicio y resentimientos, y son receptivos a las ideas
conspirativas, ultranacionalistas y racistas.
En
algunos, ello alimenta un temor y un egoísmo mezquino, y hasta el
fenómeno del ‘angry white male’ (hombre blanco colérico) que ha dado pie
a varios de los más connotadas acciones de violencia racista. Las
experiencias bélicas brutales y desmoralizantes de cientos de miles de
soldados desmovilizados y mercenarios también se reflejan en la viciada
atmosfera nacional.
En
un artículo de octubre de 2015 en Huffington Post, el experto Howard
Fineman señalaba que “una mezcla tóxica de historia, cultura, política y
dinero está evitando -y continuará evitando- que se restrinja la
tenencia privada de armas de fuego”.
Noticias Internacionales Independientes
Las masacres con armas de fuego y su relación con la violencia doméstica
10 de noviembre de 2017
Amy Goodman y Denis Moynihan
La masacre ocurrida la semana pasada en la iglesia Bautista de la comunidad de Sutherland Spring, en Texas, fue un crimen terrible y, también, terriblemente predecible. Como otras masacres similares, el hecho es representativo del problema sistémico que existe en Estados Unidos con las armas y la violencia. El responsable de asesinar a 26 personas y herir a otras 20 antes de suicidarse fue, presumiblemente, Devin Patrick Kelley, un hombre blanco que había sido miembro activo de la Fuerza Aérea estadounidense. Este tiroteo en masa es otro ejemplo letal del vínculo entre violencia doméstica y masacres con armas de fuego.
Cuando integraba la Fuerza Aérea, Kelley fue hallado culpable de agredir a su esposa y de fracturarle el cráneo a su hijastro, que no llegaba a tener dos años de edad. La Fuerza Aérea lo sometió a una corte marcial y lo mantuvo confinado durante un año, pero no informó su sentencia al Sistema Nacional Instantáneo de Verificación de Antecedentes Penales del FBI. Esta no fue la única señal de alarma: también había cometido abuso violento contra animales y emitido amenazas de muerte hacia sus superiores de la Fuerza Aérea. Según se informó, le había estado enviando mensajes de texto amenazadores a su suegra, que concurría frecuentemente a la iglesia donde Kelley cometió el asesinato en masa.
Sarah Tofte, directora de investigación del movimiento a favor del control de armas “Everytown for Gun Safety”, declaró en una entrevista para Democracy Now!: “La mayoría de las masacres con armas de fuego están relacionadas de alguna manera con la violencia doméstica o familiar”. El equipo de Tofte acaba de publicar un nuevo informe, que indica que en el período 2009-2016, en más de la mitad de las masacres con armas de fuego, los agresores mataron a sus parejas u otros miembros de sus familias. La violencia doméstica es más que una señal de alarma; es un crimen en sí mismo. Entre otras cosas, el informe señala:
“La presencia de un arma de fuego en una situación de violencia doméstica hace que sea cinco veces más probable que una mujer resulte asesinada”.
“Las mujeres en Estados Unidos tienen una probabilidad 16 veces mayor de ser asesinadas con un arma de fuego que las de otros países de altos ingresos, lo que hace que este país sea el más peligroso en el mundo desarrollado en cuanto a violencia con armas de fuego hacia las mujeres. Todos los años, las mujeres estadounidenses sufren 5,3 millones de incidentes de violencia por parte de sus parejas”.
“Cincuenta mujeres estadounidenses son asesinadas cada mes por disparos efectuados por sus parejas, y muchas más resultan heridas. Cerca de un millón de mujeres que hoy se encuentran vivas son sobrevivientes de ataques con arma de fuego por parte de sus parejas”.
Soraya Chemaly, directora del Proyecto de Discurso del Centro de Medios de Mujeres (WMC, por sus siglas en inglés), afirmó en una entrevista para Democracy Now!. “No hay absolutamente ninguna duda de que la práctica de la violencia dentro de un hogar, en un ambiente íntimo, hacia personas que, en teoría, el agresor ama, abre camino a la violencia pública”.
Soraya prosiguió: “El tema de fondo es cómo abordamos la violencia privada, cómo abordamos la violencia sexual, qué pensamos en torno a la violencia de género. La división público-privada con la que estamos trabajando no está resultando para nada, porque tendemos a presentar esta violencia terrorista privada de un modo que parece irrelevante para el ámbito público. Si pensamos en el hecho de que en Estados Unidos hay tres mujeres al día asesinadas por su pareja, si eso ocurriera en un solo incidente y estuviéramos hablando de entre 20 y 25 mujeres muertas a la semana en un solo incidente, quizás las personas comenzarían a reaccionar y a prestar atención”.
Mariame Kaba, activista y educadora que trabaja en programas contra la violencia doméstica, nos dijo: “Nos quedamos enfrascados en el intento de etiquetar a la violencia masiva como ‘terrorismo’. Pero lo que tenemos que hacer —y no estamos pudiendo— es poner fin a la violencia contra las mujeres, contra las personas sin género declarado y contra los niños y niñas, que es lo que está en la raíz de estas formas de violencia armada y tiroteos en masa. Sería mejor que nos enfoquemos en tratar de poner fin a estas otras formas de violencia, que son en sí mismas violencia en masa”.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, viajó a Sutherland Springs para reunirse con familiares de las víctimas de la masacre. Pence es un miembro de larga data de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) con calificación “A”. Como congresista, votó para impedir que una persona pueda demandar a los fabricantes de armas y para suavizar las leyes que rigen las compras interestatales de armas. Esta semana, Pence atribuyó la culpa de la masacre en Texas a “fallas burocráticas” y a la enfermedad mental del atacante. A principios de este año, el presidente Donald Trump revirtió una normativa de la era Obama y facilitó que las personas con problemas de salud mental pudieran adquirir armas.
Trump se encontraba en Japón en el momento de la masacre de Texas, en el marco de una gira en la que intentaba vender miles de millones de dólares en armamento a los aliados regionales al tiempo que insistía con su retórica beligerante contra Corea del Norte. El presidente debería aprender de los países que visita. En Japón, un país de 127 millones de habitantes, hay menos de diez muertes causadas por armas de fuego en un año típico, principalmente debido al estricto control de armas. Esa cifra es un gran contraste con las más de 33.000 muertes anuales causadas por armas de fuego en Estados Unidos.
En medio de las negociaciones para la venta de armamento, cuando se le preguntó sobre el control de armas a la luz del horror ocurrido en Texas, Trump sostuvo que era demasiado pronto para hablar de cambios en la política de armas. ¿Cuántas masacres más tendrán que ocurrir?
© 2017 Amy Goodman
Traducción al español del texto en inglés: Inés Coira. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org
Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.
La masacre ocurrida la semana pasada en la iglesia Bautista de la comunidad de Sutherland Spring, en Texas, fue un crimen terrible y, también, terriblemente predecible. Como otras masacres similares, el hecho es representativo del problema sistémico que existe en Estados Unidos con las armas y la violencia. El responsable de asesinar a 26 personas y herir a otras 20 antes de suicidarse fue, presumiblemente, Devin Patrick Kelley, un hombre blanco que había sido miembro activo de la Fuerza Aérea estadounidense. Este tiroteo en masa es otro ejemplo letal del vínculo entre violencia doméstica y masacres con armas de fuego.
Cuando integraba la Fuerza Aérea, Kelley fue hallado culpable de agredir a su esposa y de fracturarle el cráneo a su hijastro, que no llegaba a tener dos años de edad. La Fuerza Aérea lo sometió a una corte marcial y lo mantuvo confinado durante un año, pero no informó su sentencia al Sistema Nacional Instantáneo de Verificación de Antecedentes Penales del FBI. Esta no fue la única señal de alarma: también había cometido abuso violento contra animales y emitido amenazas de muerte hacia sus superiores de la Fuerza Aérea. Según se informó, le había estado enviando mensajes de texto amenazadores a su suegra, que concurría frecuentemente a la iglesia donde Kelley cometió el asesinato en masa.
Sarah Tofte, directora de investigación del movimiento a favor del control de armas “Everytown for Gun Safety”, declaró en una entrevista para Democracy Now!: “La mayoría de las masacres con armas de fuego están relacionadas de alguna manera con la violencia doméstica o familiar”. El equipo de Tofte acaba de publicar un nuevo informe, que indica que en el período 2009-2016, en más de la mitad de las masacres con armas de fuego, los agresores mataron a sus parejas u otros miembros de sus familias. La violencia doméstica es más que una señal de alarma; es un crimen en sí mismo. Entre otras cosas, el informe señala:
“La presencia de un arma de fuego en una situación de violencia doméstica hace que sea cinco veces más probable que una mujer resulte asesinada”.
“Las mujeres en Estados Unidos tienen una probabilidad 16 veces mayor de ser asesinadas con un arma de fuego que las de otros países de altos ingresos, lo que hace que este país sea el más peligroso en el mundo desarrollado en cuanto a violencia con armas de fuego hacia las mujeres. Todos los años, las mujeres estadounidenses sufren 5,3 millones de incidentes de violencia por parte de sus parejas”.
“Cincuenta mujeres estadounidenses son asesinadas cada mes por disparos efectuados por sus parejas, y muchas más resultan heridas. Cerca de un millón de mujeres que hoy se encuentran vivas son sobrevivientes de ataques con arma de fuego por parte de sus parejas”.
Soraya Chemaly, directora del Proyecto de Discurso del Centro de Medios de Mujeres (WMC, por sus siglas en inglés), afirmó en una entrevista para Democracy Now!. “No hay absolutamente ninguna duda de que la práctica de la violencia dentro de un hogar, en un ambiente íntimo, hacia personas que, en teoría, el agresor ama, abre camino a la violencia pública”.
Soraya prosiguió: “El tema de fondo es cómo abordamos la violencia privada, cómo abordamos la violencia sexual, qué pensamos en torno a la violencia de género. La división público-privada con la que estamos trabajando no está resultando para nada, porque tendemos a presentar esta violencia terrorista privada de un modo que parece irrelevante para el ámbito público. Si pensamos en el hecho de que en Estados Unidos hay tres mujeres al día asesinadas por su pareja, si eso ocurriera en un solo incidente y estuviéramos hablando de entre 20 y 25 mujeres muertas a la semana en un solo incidente, quizás las personas comenzarían a reaccionar y a prestar atención”.
Mariame Kaba, activista y educadora que trabaja en programas contra la violencia doméstica, nos dijo: “Nos quedamos enfrascados en el intento de etiquetar a la violencia masiva como ‘terrorismo’. Pero lo que tenemos que hacer —y no estamos pudiendo— es poner fin a la violencia contra las mujeres, contra las personas sin género declarado y contra los niños y niñas, que es lo que está en la raíz de estas formas de violencia armada y tiroteos en masa. Sería mejor que nos enfoquemos en tratar de poner fin a estas otras formas de violencia, que son en sí mismas violencia en masa”.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, viajó a Sutherland Springs para reunirse con familiares de las víctimas de la masacre. Pence es un miembro de larga data de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) con calificación “A”. Como congresista, votó para impedir que una persona pueda demandar a los fabricantes de armas y para suavizar las leyes que rigen las compras interestatales de armas. Esta semana, Pence atribuyó la culpa de la masacre en Texas a “fallas burocráticas” y a la enfermedad mental del atacante. A principios de este año, el presidente Donald Trump revirtió una normativa de la era Obama y facilitó que las personas con problemas de salud mental pudieran adquirir armas.
Trump se encontraba en Japón en el momento de la masacre de Texas, en el marco de una gira en la que intentaba vender miles de millones de dólares en armamento a los aliados regionales al tiempo que insistía con su retórica beligerante contra Corea del Norte. El presidente debería aprender de los países que visita. En Japón, un país de 127 millones de habitantes, hay menos de diez muertes causadas por armas de fuego en un año típico, principalmente debido al estricto control de armas. Esa cifra es un gran contraste con las más de 33.000 muertes anuales causadas por armas de fuego en Estados Unidos.
En medio de las negociaciones para la venta de armamento, cuando se le preguntó sobre el control de armas a la luz del horror ocurrido en Texas, Trump sostuvo que era demasiado pronto para hablar de cambios en la política de armas. ¿Cuántas masacres más tendrán que ocurrir?
© 2017 Amy Goodman
Traducción al español del texto en inglés: Inés Coira. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org
Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.
