HONDURAS: Radio Progreso: Ni la memoria, ni los muertos frenan la extracción minera en Honduras // Criminalizan a 21 campesinos y campesinas en las últimas dos semanas en el Bajo Aguán // Proyectos extractivistas provocan despojos y desplazamientos forzados en comunidades // La militarización en Honduras lo único que está dejando son muertes // Chile: El relato del abogado Boris Navia: Las últimas horas de Víctor Jara: “Latiendo como una campana” // 103 días en huelga de hambre: Comuneros mapuche en riesgo vital ante la indiferencia del gobierno // Ex frentista que atentó contra Pinochet: “No me arrepiento de nuestra acción”

Ni la memoria, ni los muertos frenan la extracción minera en Honduras

Sep 13, 2017

 “Nos toca ver de lejos como la empresa saca a nuestros muertos, porque si nos acercamos al cementerio nos capturan o matan”, Miguel Ángel López presidente del Comité Ambientalista de Azacualpa.

La gente encerrada en sus casas, apenas asomándose por las ventanas. Calles desoladas y un olor putrefacto vertido, según algunos, por los cuerpos que están sacando del cementerio, así se pasan los días en Azacualpa, una aldea del municipio de La Unión, Copán, en el occidente de Honduras. En esa zona la industria minería se instaló hace años. 
En la primera semana de septiembre, la empresa Minerales de Occidente S.A, MINOSA, junto a la Secretaria del Ambiente, Salud y Seguridad, iniciaron los trabajos de exhumación en el cementerio de Azacualpa. Ese cementerio está entre los territorios concesionados a la minera para la extracción de oro, plata y bronce. Sin embargo, desde el 31 de agosto la empresa mandó una circular a la comunidad detallando la cantidad de médicos forenses y antropólogos que realizarán la exhumación de más de 250 osamenta. Desde entonces el cementerio es resguardado por la policía militar. 
En el lugar es evidente la presencia de la Secretaria de Salud y el Instituto Hondureño de Geología y Minas, Inhgeomin, ente encargado de la promoción y fomento de todas las actividades mineras en el país. Desde Radio Progreso buscamos una entrevista con sus representantes, quienes al identificar la radio se subieron a un vehículo, negándonos la posibilidad de conocer su versión sobre los hechos. 
“Hemos interpuesto denuncias, hemos hecho comunicados y la voz de la comunidad nunca ha sido escuchada por las autoridades”, dijo entre lágrimas Miguel Ángel, quien permanece en su casa por seguridad mientras la empresa saca los muertos del cementerio. En 2015, él junto a otros miembros del comité estuvo privado de libertad en Santa Rosa de Copán. La empresa acusa a 23 líderes de “Manifestación Ilícita”, por una toma de carretera que se realizó demandando el cumplimiento de los acuerdos pactados con la minera. Según los dirigentes comunitarios constantemente reciben amenazas a muerte.
Miguel y sus compañeros fueron puestos en libertad bajo la condición de no volver a manifestarse, ni expresarse mal de la empresa minera en público. Razón por la cual la población vive reprimida y con miedo ante el poder político y económico que tiene la minera dice Miguel, quien amablemente abrió las puertas de su casa a Radio Progreso, agregando que el techo que cobija a su familia también fue concesionado a la empresa para su explotación. 
“Más del 50 por ciento del centro poblado de Azacualpa está concesionado”, dijo Miguel preguntándose cómo el gobierno puedo permitir que una empresa extranjera deje a gente hondureña sin casa. Mientras él nos daba más detalles poco a poco otros miembros de la comunidad iban llegando a su casa, con la necesidad de expresarse y contarle al mundo lo que están viviendo, ya que los medios locales solo publican la versión de la empresa. 
Contexto 
El departamento de Copán es uno de los más empobrecidos del país, un informe de la Secretaría de la Presidencia establece que, de sus 23 municipios, 15 registran un índice alto de extrema pobreza. Paradójicamente, es uno de los departamentos más codiciados por sus yacimientos de oro y plata, explotados por extranjeros desde el siglo XVIII.
En 1983 el Estado de Honduras otorgó más de 300 hectáreas de tierra para extraer metales a cielo abierto, principalmente oro, a la empresa Aura Minerals de capital canadiense, que opera a través de la filial Minerales de Occidente S.A. desde 2009. La empresa se ubica donde antes era San Andrés y San Miguel, pero en su afán de seguir extrayendo oro, ha logrado que el gobierno amplíe su concesión. 
MINOSA tiene en trámite con Instituto Hondureño de Geología y Minas, Inhgeomin, cuatro solicitudes, San Andrés II, III, IV y V, además de la concesión ya aprobada. También existen tres concesiones más en la zona colindante a las solicitudes de MINOSA. Dos son a nombre de EMECA S.A de C.V, en San Miguel y Las Juniapas, y una a nombre de Inversiones Orden S.A. 
Para Hedme Castro de la Asociación para una Ciudadanía Participativa, Aci-Participa, de ser aprobadas estas concesiones afectarían el territorio de 24 caseríos, sin incluir los que ya son afectados como San Andrés, Azacualpa y Platanares. 
MINOSA es la plataforma sólida de la producción de Aura Minerales, con una base de recursos actual de más de 1,6 millones de onzas de oro y el potencial de aumentar los recursos, según lo informa su propia página web. En otras palabras, es Honduras quien aporta más oro a la empresa canadiense, aunque las autoridades nacionales desconocen el dato exacto, al menos eso han manifestado públicamente. 
En 2012, MINOSA se comprometió a construir 300 viviendas para reubicar las familias que viven en las cercanías de la zona donde se ubica la extracción. Sin embargo, hasta la fecha no ha cumplido el compromiso firmado con las comunidades.
En 2013, las comunidades del municipio de La Unión iniciaron una lucha para denunciar los daños provocados por las excavaciones que realiza la empresa en su misión de extraer oro de la zona. Y para frenar las intenciones de exhumar más de 250 osamentas con el fin de obtener la licencia ambiental y proceder a explotar el área del cementerio.
En 2015, la municipalidad de La Unión, Copán realizó un cabildo abierto donde las comunidades rechazaron la explotación del terreno donde se ubica el cementerio, sin embargo, la empresa minera con el aval del gobierno ha irrespetado la decisión. Ante esto, la población de Azacualpa mantuvo una toma permanente de 36 días en la entrada principal al cementerio. Acción que provocó represión y criminalización para los líderes de la comunidad. 
En 2016, el gobierno de Juan Orlando Hernández comenzó un proceso de diálogo para solucionar el conflicto entre la empresa y la comunidad. A través del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, y la designada presidencial Roxana Guevara, figuras mediadoras del diálogo. Se convocó a una reunión donde nuevamente la empresa se comprometió a cumplir las demandas de la población. Sin embargo, la historia que ahora cuentan sus habitantes es otra, un año pasado desde ese compromiso y MINOSA lejos de cumplir esas demandas ha comenzado la exhumación de los cuerpos del cementerio a pesar del rechazo y dolor de la población. 

Contaminación y muerte 
En el municipio de La Unión existen 37 casos documentados clínicamente, donde se refleja la presencia de arsénico, plomo y mercurio en la orina y sangre de las personas, producto de la actividad minera. Sin embargo “mientras la Secretaría de Salud no sea capaz de avalar esos dictámenes médicos, el Estado no reconocerá los graves daños que produce la minería,” dice Ramiro Lara, técnico de Asociación de Organismos No Gubernamentales, Asonog. 
MINOSA en colaboración con la Pontificia Universidad Católica de Chile realiza todos los años exámenes de orina y sangre a sus empleados. José Rubio Pérez trabajó más de 10 años en la minera, muchas veces sin equipo de protección, “era muy raro cuando nos daban equipo para protegernos”, asegura explicando que cada vez que los médicos le practicaban los exámenes le decían que tomara mucha agua para que el mercurio, arsénico y plomo fueron expulsados de su cuerpo. 
“Estoy muy enfermo, a veces me desmayo y mareo”, sigue explicando Pérez quien fue despedido de la mina sin una indemnización y ahora sobrevive gracias al dinero que ganan sus hijos. Rubio Pérez afirma que aún vive con metales pesados en su organismo, al igual que un centenar de personas que por necesidad se ven obligados a trabajar en la mina. 
La minera también ha desaparecido 13 fuentes de agua parcialmente de la zona y otras están siendo contaminadas con los químicos que usa para extraer el oro. Santa Rosa de Copán una de las ciudades principales en el occidente hondureño, toma agua del río Higuito, que se alimenta del río Lara, zona de descarga de agua con cianuro según investigaciones realizadas por Asonog. “Podemos estar frente a un desastre natural producto de un drenaje ácido de mina, que puede afectar el occidente y el norte de Honduras”, agregó Ramiro Lara, debido a las enormes cantidades de material tóxico que la empresa ha ido acumulando y derramando en los ríos más importantes de la región.
En julio de 2017, los pobladores de Azacualpa publicaron en redes sociales fotografías y videos de miles de peces muertos en el río Lara. En un comunicado la Coalición Ambientalista de Copán, denunció que producto de la actividad minera, han existido derrames de cianuro que han causado la muerte de peces en los años 2003, 2009 y 2017. 
Los ambientalistas interpusieron denuncias en la Fiscalía del Ambiente, pero hasta la fecha esas denuncias continúan engavetadas. “Está en riesgo la vida de la gente”, explica el presidente de Asonog José Ramón Ávila. La población ha podido constatar que cada vez que llueve fuerte la empresa aprovecha a vaciar las pilas de lixiviación al río sin que las autoridades le deduzcan responsabilidad. 
La Coalición Ambientalista Copán se opone a la explotación minera metálica en Honduras ya que no ha promovido ningún desarrollo significativo y ha generado enormes daños sociales y ambientales desde la época colonial. La supuesta minería “responsable y moderna” que promueve MINOSA es una farsa, como volvemos a comprobar con esta horrible noticia, concluyó José Ramón. 
Dinero a cambio de los muertos
A las afueras del cementerio se ve al personal de la empresa sacando listados y entregando el dinero a las familias que han aceptado exhumar a sus familiares. Doña Zoila y su esposo caminaron dos horas en la montaña para llegar hasta el lugar y autorizar que saquen los restos de su padre. Para ella lo que está haciendo la empresa está mal porque su padre no es un animalito del monte, aunque al mismo tiempo reconoce que en su hogar existe la enorme necesidad de tener uno dinerito para seguir sobreviviendo. “Mi mamá está enferma y con ese dinero la vamos a llevar al hospital”, dijo asegurando que en su vida volverá a tener la oportunidad de agarrar tanto dinero. 

La minera está ofreciendo unos ocho mil dólares a las familias que acepten exhumar a sus muertos. Entrega cuatro mil dólares el día que saca los restos de la tumba y la diferencia se las entregará el día que no haya ningún muerto en el cementerio. El problema es que solo el 40 por ciento de la población ha aceptado el dinero de la empresa a cambio de sus difuntos, el otro 60 sigue resistiéndose a tal atrocidad. 
“La empresa nos está poniendo a pelear entre hermanos. He recibido amenazas de mis propios vecinos quienes sí están a favor de la empresa y esa situación es horrible”, dice el presidente del Comité Ambientalista Miguel Ángel, quien hace 17 años enterró a su madre en el cementerio en mención, y no está dispuesto a negociar la memoria de su madre. Sin embargo, Miguel reconoce que la culpa no es de la gente, sino del gobierno y la empresa minera que juegan con la necesidad de la gente. 
Mientras el equipo de Radio Progreso conversaba y se refrescaba en casa de Miguel llegó Bersy Rivera, una joven que forma parte del comité y quien fue expulsada de la zona donde se exhuman los restos por ser de oposición. “Yo estaba tomando fotos y me dijeron que me desapareciera del lugar”, dijo Bersy denunciando que los “supuestos” médicos forenses son trabajadores de la mina. “Yo pude reconocer a un empleado de la mina haciéndose pasar como doctor”. 
Bersy también denunció que mientras exhumaban un cuerpo, los médicos dejaron restos de la mortaja y la osamenta regados en el área verde del cementerio, provocando indignación en las familias de la comunidad porque ven a sus muertos como parte fundamental de la historia del pueblo. 
Paralelo al trabajo de exhumación, la empresa ha comenzado con las labores de explotación en la zona. A unos 50 metros del cementerio se ve como la maquinaria ha comenzado a raspar la capa vegetal para sacar el oro. La empresa sigue violando el acuerdo que tiene con la comunidad, porque no le han autorizado para que trabaje en esa zona.
La situación que viven los habitantes de La Unión, Copán es muy compleja pero no lejana del resto de las comunidades hondureñas. Por un lado, hay toda una política estatal de entrega de territorios a industria transnacional extractivista y por el otro una ciudadanía activa que se juega la vida en defensa de los bienes comunes y los territorios. 

En los últimos años, particularmente, a partir del golpe de Estado de 2009, los actores internacionales y nacionales promotores y ejecutores de este modelo, han logrado que se aprueben paquetes legislativos que legalicen el extractivismo. Como resultado de la puesta en marcha de ese modelo, 16 de los 18 departamentos de Honduras cuentan con concesiones mineras.
En la actualidad se ha aprobado 364 proyectos de minería metálica. Actualmente se encuentran en proceso de aprobación al menos 563 nuevos proyectos mineros y se está promoviendo la adjudicación de no menos de 950 títulos mineros adicionales derivados del catastro minero, según la investigación “Impacto socio ambiental de la minería en la región noroccidental de Honduras a la luz de tres estudios de casos: montaña de Botaderos (Aguán), Nueva Esperanza (Atlántida) y Locomapa (Yoro)”, realizada por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) junto a la Universidad de Saint Louis en Missouri, Estados Unidos.
El modelo de desarrollo promovido por el gobierno de Juan Orlando Hernández, que se basa únicamente en la acumulación de capital, sin importar la dignidad humana, únicamente ha generado división y ruptura del tejido social comunitario. Desde la campaña “Madre Tierra, Nuestra Casa Común”, una iniciativa de organizaciones sociales y populares de Honduras en coordinación con el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, ERIC-SJ se cree en el aprovechamiento correcto de los bienes naturales siempre que sean para dignificar la vida de las personas y el ambiente.
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Defensores en Linea

Criminalizan a 21 campesinos y campesinas en las últimas dos semanas en el Bajo Aguán

Por defensores -

13 septiembre, 2017

Bajo Aguán.
Esta mañana miembros de la Dirección Policial de Investigación (DPI),  detuvieron al presidente de la Empresa Asociativa Campesina Unidos de la Mano, ubicada en la comunidad de Palos de Agua, municipio de Saba, Colon.
El nombre del compañero corresponde a Salvador Enrique de 50 años de edad quien fue detenido en  su casa de habitación a la 7:30 de la mañana en la comunidad de Palos de Agua, luego que los miembros de la DPI se presentaran una orden de captura en su contra por el supuesto de Usurpación de tierras. Los elementos policiales se transportaban en un carro 3.0 doble cabina color gris en el que trasladaron a Enrique a la posta policial d Tocoa.
Condenamos el actuar de los entes aplicadores de justicia al criminalizar  familias campesinas de escasos recursos que  exigen el derecho a la tierra y demandan mejores condiciones de vida en el Bajo Aguan, no así para ejecutar las capturas de criminales asociados a grupos paramilitares que han asesinado a reconocidos líderes campesinos como José Ángel Flores, Silmer Dionisio George, Manuel Milla y Allan Martínez bajo operaciones de impacto psicológico.
Denunciamos la persecución sistemática en contra de campesinos y campesinas que reclaman el derecho a la tierra.  Ya que existen tres órdenes de captura mas libradas contra Pablo Salvador Enrique de 21, Fredy Arnoldo Guevara de 23 y Delmy Karina Guevara de 24 años todos miembros de la Empresa Campesina Unidos de la Mano.
El 27 y 28 de agosto unas 800 familias campesinas recuperaron  Ocho fincas en el Bajo Aguan. Cinco fueron desalojadas a través de la fuerza en acciones realizadas por miembros de la policía al mando del Sub-comisionado Juan Adolfo Zapata, elementos del ejército dirigida por Hugo Coca jefe de la operación Xatruch III y la participación de guardias de seguridad armados de las cooperaciones terratenientes de la familias Facusse  y Canales.
El 28 de agosto a las 4:45 de la madrugada  mientras las familias campesinas de la Empresa Nuevo Evenecer tomaron posesión de la Finca Remolino amparada en documentos legales que los acredita como dueños legítimos de las tierras,  fue herido  de bala a Edgardo Rodríguez por los guardias de seguridad de Inversiones Ceibeña. Rodríguez aun sigue a la espera de una operación para retirarle la bala que se encuentra muy cerca de los testículos.
Del 29 de agosto a la fecha se han criminalizado a 21 compañeros y compañeras campesinas. Cuatro miembros de la Empresa Campesinas Somos Más que Vencedores; Dos de Empresa Campesina Nuevo Evenecer y 11 de la Empresa Campesina Palo Verde.
El 29 de agosto miembros de la policía y el ejercito desalojaron de manera violenta a las familias de la Empresa Campesina Somos Más que Vencedores dejando cuatros detenidos   Arvin Daniel Lemus Cubas de 17, Humberto José Amador Mejía de 15, José Rodolfo Moreno Alvarado de 22 y Edil Deonel Villanueva Jiménez de 26 años durante la detención los menores edad fueron torturados por miembros de ejército  y luego trasladados a la posta policial de Tocoa, 24 horas después fueron puestos en libertad condicional por los Juzgados de Letras de Tocoa bajo medidas sustitutivas.
El 2 de septiembre un fuerte contingente  policial  y militar desalojaron a las familias de la Empresa Nuevo de Evenecer dejando Dos campesinos detenidos  Eslin Nery Martínez Almendares y Dany Yaneri Morales Romero quienes  fueron trasladados a la posta policial de Trujillo, 24 horas después  fueron puestos en libertad condicional por los Juzgados de Letras de Trujillo bajo medidas sustantivas.
Así mismo el 6 de septiembre se detuvo a 11 personas mientras regresaban de sus labores de campo en la Asociativa Campesina 10 de abril, ubicada en la comunidad de la Guadalupe Carney, la detención se dio a la altura del desvió el Tumbador.  En este sector se encuentran las familias de la  Empresa Asociativa Palo Verde haciendo uso de su legítimo derecho de 700 hectáreas de tierra desde el 27 de agosto amparados en el título definitivo de las 5, 726 hectáreas a favor del Movimiento Campesino del Aguán (MCA), las que habían sido explotadas por Corporación Dinant a través de la fuerza de seguridad y la protección del Estado.
Los detenidos corresponden a los nombres de  Wilmer Javier Ortiz García de 33;  Luis Felipe Rubio Bardales de 24; Marlon Marcelo Hernández de 21; Sergio Reynelli Hernández López de 25 ; Allan Josué Soto Hernández de 23; Elder Ábrego de 30; Juan Jesús Díaz Canán de 25; Suany Iveth Sánchez Argueta de 20; Edwin Javier Méndez Suchite de 19;  Alexis Omar Hernández Morales de 36 y  Dinia Jazmín Sarmiento Suárez de 29 años de edad, a quien se les criminalizo de ser parte de la banda los Hernández, salieron en libertad condicional por los Juzgados de Letras de Trujillo bajo medidas sustitutivas.
Pedimos a las organizaciones sociales, populares y  defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales a tomar conciencia ante la ola de criminalización en contra de las familias campesinas en el Bajo Aguán que están siendo víctimas de las fuerzas represivas del gobierno de Juan Orlando Hernández.

Proyectos extractivistas provocan despojos y desplazamientos forzados en comunidades

Nov 25, 2016

La instalación de proyectos mineros, hidroeléctricos y proyectos turísticos están generando persecución, agresiones, amenazas, homicidios y desplazamientos en cientos de comunidades, la mayoría de las víctimas son las familias que luchan en defensa de la tierra, los ríos y demás recursos naturales.
Desde el gobierno de facto de Roberto Micheletti (2009), Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) y el actual gobierno de Juan Orlando Hernández, se han otorgado más de 100 concesiones de ríos para la instalación de proyectos hidroeléctricos y 950 concesiones mineras, según expertos equivalente al 33 por ciento del territorio nacional.
"Los gobiernos han otorgado estas concesiones a espaladas de nuestras comunidades y una hasta que ya se están instalando los proyectos comienzan a desarrollar lo que ellos denominan consultas mediante una serie de irregularidades”, denunció José María Pineda, de la Tribu San Francisco de Locomapa, Yoro.
El dirigente indígena Tolupan, salió de su comunidad  el 2013 debido a que su vida junto a la de varios dirigentes corría peligro. “Había orden de asesinar a 10 personas que nos oponíamos a la extracción de mineral y madera de nuestro territorio. Gracias a Dios pudimos salvar nuestras vidas, sin embardo tres indígenas fueron masacrados el mes de agosto de ese mismo año”, indicó.  
El golpe de Estado del 28 de junio del 2009 profundizó la  instalación de proyectos extractivistas y entrega de territorios ancestrales, sin la consulta previa, libre e informada, contenida en el convenio 169, logrando con esto el despojo contra los pueblos negros e indígenas.

En el caso de la comunidad garífuna de Barra Vieja, Tela, en la zona norte hondureña, “la  Empresa Nacional Porturia (ENP) íntimamente ligada a los  empresarios  del proyecto hotelero Indura Beach Resort,  asociados al Consejo Empresarial de América Latina (CEAL) promotores del golpe de estado en honduras del año 2009, pretenden apoderarse de nuestra comunidad”, indicó José Armando miembro del patronato.  
Manifestó que si eso se concreta más de 45O personas entre ellas 200 menores de edad se verán afectados por el despojo de la comunidad habitada hace 200 años por la población garífuna. Recordó que  ya desapareció la comunidad garífuna de Miami ubicada en el mismo sector.
“Por la situación que atravesamos varias familias se han visto obligadas a salir de la comunidad,  unas han migrado a Estados Unidos y otras a otros ciudades del país. Pero los que nos hemos quedado aquí en Barra Vieja hemos declarado que primero muertos antes de abandonar nuestras  casas”, indicó el dirigente garífuna.
Hasta a los muertos quieren desplazar
En el municipio La Unión, Copán,  en el occidente hondureño, la empresa Minerales de Occidente S.A. (Minosa), ya  ha desaparecido tres comunidades y ahora amenazan con desaparecer hasta  un cementerio  de la comunidad de Azacualpa, al querer sacar oro del lugar donde por más de 200 años sus habitantes  han tenido la costumbre de enterrar a sus muertos.
Fue en 1983 que el Estado de Honduras otorgó más de 300 hectáreas de tierra para extraer metales a cielo abierto, principalmente oro, a la empresa  Aura Minerals de capital canadiense, que opera a través de la filial  Minosa desde 2009. La empresa se ubica donde antes era San Andrés y San Miguel, pero en su afán de seguir extrayendo oro, tiene intenciones de destruir el cerro del cementerio y la comunidad de Azacualpa.   
Desde 2013, las comunidades del municipio de La Unión iniciaron una lucha para  evitar el despojo de su comunidad y además frenar las intenciones de exhumar más de 250 osamentas  para explotar el área del cementerio. Sin embargo el caso sigue en la misma situación en una lucha de David y Goliat.
Otro ejemplo de despojo es lo que hizo la empresa minera de capital canadiense Entremares. Esta empresa inicio en el año de 1990 con la extracción de Oro, cobre, aluminio, zinc y probablemente otros metales en el Valle de Siria en la zona norte del departamento de Francisco Morazán, donde fue desplazada la comunidad de Palos Ralos del municipio de El Porvenir, para dar paso a la extracción de mineral.
Ante las constantes denuncias hechas por los vecinos de las comunidades afectadas en el año 2008 la empresa canceló operaciones, después realizar la extracción en cerca de 300 hectáreas, dejando a su paso una estela de daños sociales y ambientales por el uso de químicos.
Se estima que cerca de 40 mil personas residentes en los municipios de Cedros, El Provenir y San Ignacio padecen afecciones en la piel, ojos irritados, ceguera, malformaciones y cáncer  desde que Entremares inicio con la explotación.
Violaciones al derecho de la consulta previa  
El sociólogo Elvin Hernández, del Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación, ERIC-SJ, advirtió que el desplazamiento de personas por esa causa configura una sistemática violación a los derechos humanos, señalando que antes de  autorizar proyectos energéticos o mineros, es necesario consultar a los pueblos originarios.
Remarcó que es estrictamente obligatorio el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados cuando autoridades o agentes privados planeen intervenir en sus territorios, a fin de determinar si los proyectos son aceptados o no.
Hernández señaló que el desplazamiento forzado del que son víctimas los habitantes de comunidades es responsabilidad de los gobiernos municipales y el gobierno central  por lo que es preciso hacer cumplir el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
“El Gobierno debe detener la invasión de las zonas habitadas por indígenas, ya que esto es una violación respecto a la necesidad de consultar a estas comunidades antes de llevar a cabo un proyecto que les afectará a ellas o a su territorio”, dijo.
Señaló que en 16 de los 18 departamentos del país  existen distintos casos que ejemplifican esa situación, como la disputa entre habitantes de las comunidades y empresas quienes por medio de la fuerza planean construir represas hidroeléctricas o extraer oro, plata y otros minerales de los bosques protegidos por la población.   
Honduras ratificó el pacto que da paso a la consulta previa con la Organización Internacional del Trabajo, OIT, pero el Estado no procedió  a adaptarlo a las leyes nacionales tal como lo sugiere la Convención de Viena sobre tratados de 1969 y en la actualidad organizaciones indígenas han denunciado que se busca reglamentar la consulta previa ignorando la verdadera esencia de la misma.  
“Ya que la institucionalidad funciona en favor del gran capital a las comunidades no les queda de otra que apostarle a la organización y a la articulación de lucha con las diversas regiones del país, para que su lucha en defensa de los territorios sea escuchada y respetada”, concluyó Elvin Hernández.  

Honduras: Ante torturas contra defensores y estudiantes en la UNAH

Por Pasos de Animal Grande
KAOS EN LA RED - Publicado en: 13 septiembre, 2017
Organizaciones exigen destitución del Ministro de Seguridad, altos oficiales y de la rectora Julieta Castellanos.

En un pronunciamiento público, diversas organizaciones de derechos humanos demandaron la inmediata suspensión del Ministro de Seguridad; la cúpula policial que participó en la represión contra defensores de derechos humanos y estudiantes, el pasado 08 de septiembre, así como de la rectora Julieta Castellanos, en una conferencia de prensa este 11 de septiembre de 2017.

El 08 de septiembre pasado los defensores de derechos humanos Carlos del Cid, del Observatorio Ecuménico Internacional de Derechos Humanos, Tomy Morales de la Asociación por la Democracia y los derechos humanos, ASOPODEHU; Ariel Díaz de la Asociación de Jóvenes por los Derechos Humanos y Hedme Castro de ACI-Participa junto a unos siete estudiantes fueron torturados por policías comandados por altos jefes policiales, y posteriormente llevados enchachados a celdas de detención, siendo criminalizados.

De izquierda a derecha: Hedme Castro, Carlos del Cid y Ariel Díaz, defensores de derechos humanos torturados.

Carlos Del Cid y Ariel Díaz fueron acusados de encubrimiento, mientras que Tomy Morales de encubrimiento y atentado contra el Estado de Honduras. A los estudiantes se les impuso el delito de usurpación.

“Hacemos de conocimiento a la Policía Nacional, Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad, a la Rectoría de la UNAH, y demás órganos estatales involucrados, que, frente a las violaciones de derechos humanos ocurridas, nos declararnos en ALERTA PERMANENTE, por lo que, se conformará un equipo de abogados y abogadas para ejecutar las acciones legales en contra de los violadores de derechos humanos aquí mencionados”, agregaron .

Este es el documento emitido:

Pronunciamiento ante las agresiones y encarcelamiento de las y los defensores de derechos humanos

Tomy Morales no pudo asistir a la rueda de prensa por estar delicada de su salud como consecuencia de las torturas.

Ciudad de Tegucigalpa (lunes 11 de septiembre).- Los y las Directores de las siguientes organizaciones: la Juventud por los Derechos Humanos, la Asociación LGTBI Arcoíris de Honduras, Centro de Desarrollo Humano, Asociación Kukulcán, Colectivo Violeta, Movimiento de mujeres Visitación Padilla, Casa Alianza, el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus familias (CPTRT), la Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI PARTICIPA), Red de Nacional de Defensoras, el Comité por la Libertad de Expresión (C-LIBRE), Centro de  Derechos de Mujeres (CDM), el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos de Honduras (ASOPODEHU), Red Cozumel Trans, y el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), Red de instituciones por los derechos de niñez y juventud(COIPRODEM), El Observatorio Ecuménico Internacional de Derechos Humanos, Centro de Estudios de la Mujer Honduras (CEMH), Comité de Derechos Humanos (CODEH) manifestamos ante la comunidad nacional e internacional que:

1. Condenamos las violaciones de derechos humanos ocurridas, el día viernes 8 de septiembre, donde miembros de la Policía Nacional, bloquearon los accesos a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y prohibieron la presencia e impidieron la labor de las organizaciones defensoras de derechos humanos que impidieron la orden de desalojo a las y los estudiantes que se encontraban en huelga.

2. Ante dicha situación, como representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos, nos apersonamos en las instalaciones de la UNAH, con el propósito de prevenir violaciones de derechos humanos a las y los estudiantes y demás personas presentes.

3. Durante la agresión pública en el desalojo, se reportó que la Policía Nacional utilizó gases pimienta; entre otros actos de violencia; y, uso excesivo y desproporcionado de la fuerza contra las y los estudiantes y defensores de derechos humanos. Ese mismo día, fueron 26 personas detenidas (22 estudiantes y 4 defensoras y defensores de los cuales 3 fueron procesados), siendo todas y todos heridas, algunas de ellas hasta el día de hoy, siguen presentando problemas de salud y daños psicológicos, como resultado.

4. Aclaramos que las detenciones y encarcelamiento de las y los defensores de derechos humanos, fueron ejecutados de manera ilegal, bajo el uso indebido de tipos penales, sin orden de captura y sin procedimientos judiciales, dejando sin garantía e indefensión el pleno ejercicio de los derechos humanos.

5. Hacemos de conocimiento a la Policía Nacional, Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad, a la Rectoría de la UNAH, y demás órganos estatales involucrados, que, frente a las violaciones de derechos humanos ocurridas, nos declararnos en ALERTA PERMANENTE, por lo que, se conformará un equipo de abogados y abogadas para ejecutar las acciones legales en contra de los violadores de derechos humanos aquí mencionados.

6. Consideramos que: valoramos el apersonamiento del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH) sin embargo, condenamos el posterior abandono a las personas defensoras, demuestra su falta de compromiso y demás funciones constitucionalmente atribuidas,

7. Que tanto la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, la Sub Secretaría de Derechos Humanos y la Dirección General de Mecanismos de Protección, debieron de examinar de oficio, lo ocurrido en el marco del desalojo de la UNAH, al no hacerlo queda demostrando que no cumplen con su rol de garante de derechos humanos.

8. Denunciamos y condenamos el impedimento de la acción judicial correspondiente a las juezas ejecutoras de la exhibición personal, lo que denota un claro irrespeto al Poder judicial sumiso al Poder Ejecutivo

9. Exigimos al Estado de Honduras a responder sus obligaciones internacionales de adoptar mecanismos para garantizar el estricto apego a los principios generales de legalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad en el uso de la fuerza en estos contextos.

10. Ante tales hechos, EXIGIMOS que con la misma contundencia en que se ha enjuiciado a las y los defensores y estudiantes, la destitución de los cuatro oficiales Leonel Sauceda y los Oficiales Aguilar y Colindres; y, otros involucrados, quienes son culpables de las violaciones de derechos humanos ocurridos. Así mismo, EXIGIMOS, a la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, su suspensión inmediata.

11. Ante la crisis de derechos humanos que vive el país, acordamos constituirnos en  una MESA PERMANENTE, y que en dicho marco, desarrollaremos acciones nacionales e internacionales ante el derecho de las y los defensores a defender.

12. Por lo tanto las organizaciones de derechos humanos DEMANDAMOS

• a. La inmediata destitución del Ministro de Seguridad y la investigación pertinente para la sanción que corresponda
• b. La inmediata destitución de la Rectora de la UNAH y deducción de responsabilidades,
• c. El sobreseimiento definitivo de las y los defensoras de derechos humanos y estudiante, desestimando las acusaciones por carecer de sustento.

13. Reiteramos a la población hondureña el llamado para continuar por la lucha de sus derechos, sin que, estas acciones de crimen y odio, detengan las reivindicaciones sociales.

14. Denunciamos, que organizaciones no gubernamentales, asumen de forma irregular e irrespetuosa, la representatividad de los organismos de derechos humanos, por ello, desautorizamos a: ASJ, APJ, y FOPRIDEH para que se presenten como tales.

15. Denunciamos que, ex miembros del 316 continúan dominando en la Policía Nacional y por lo tanto, DEMANDAMOS su destitución.

16. Solicitamos a la Cruz Roja Internacional, veeduría para constatar las agresiones, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra de defensoras y defensores de derechos humanos para elevar las denuncias que correspondan.

http://www.pasosdeanimalgrande.com/index.php/es/contexto/item/1892-ante-torturas-contra-defensores-y-estudiantes-en-la-unah-

Honduras: Sicarios asesinan a periodista del Canal 22

Por Abriendo Brecha
KAOS EN LA RED - Publicado en: 15 septiembre, 2017
Carlos William Flores, periodista del Canal 22 de Omoa, regresaba de realizar un trabajo en Corinto cuando fue emboscado por varios individuos, fuertemente armados y a bordo de motocicletas.

Un nuevo hecho criminal enluta al gremio periodístico cuando otro comunicador fue asesinado la tarde de este miércoles en la comunidad de Tegucigalpita, en el municipio de Omoa, en el departamento de Cortés.

El fallecido fue identificado como Carlos William Flores, quien laboraba para el Canal 22 de Omoa. Flores regresaba de realizar un trabajo en el sector fronterizo de Corinto cuando fue emboscado por varios individuos fuertemente armados y a bordo de motocicletas, según testigos presenciales.

Tras el ataque, el periodista Flores y una acompañante, ambos compañeros de labores en Canal 22, fueron llevados a un centro asistencial de Cuyamel para recibir los primeros auxilios. Sin embargo, por la gravedad de las heridas de bala fue remitido a un hospital privado de Puerto Cortés, en donde falleció.

Flores dirigía un programa llamado “Sin pelos en la lengua”, en donde realizaba un periodismo crítico y de denuncia de algunas irregularidades cometidas en el municipio.

www.abriendobrecha.tv/cortes-sicarios-asesinan-periodista-del-canal-22-omoa/

Defensores en Linea

La militarización en Honduras lo único que está dejando son muertes

Por defensores -

12 septiembre, 2017

Tegucigalpa.
Por Riccy Ponce

Las fuerzas militares desde el año 1991 han perdido credibilidad ante la sociedad hondureña, y desde ese entonces no han podido reivindicarse. Al contrario, han creado terror en las personas por los aberrantes crímenes cometidos y peor aún, amparados en el uniforme sólo han sido castigados con la pena mínima, y no con la máxima que es la que se merecen.
Uno de los asesinatos más recientes fue el ocurrido el pasado jueves por la noche en la residencial Honduras, donde participaron elementos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), según su informe, desde un microbús una persona gritaba que iba secuestrado, entonces dieron persecución a dicho automóvil, hasta dejarlos en una calle sin salida. Al mostrar oposición, la policía abrió fuego alegando que las víctimas eran supuestos delincuentes por lo que comenzó el enfrentamiento matando a tres personas al instante, y tres posteriormente en el Hospital Escuela Universitario (HEU).
Aunque la policía haya alegado eso, aún no ha mostrado evidencia alguna que confirme los hechos tal cual ellos expresaron.
La coordinadora general del Comité de Familiares de los Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) Berta Oliva  expresó que “en materia de derechos humanos es inaceptable y no hay nada que justifique la  acción cometida por las fuerzas militares o por la policía militar en contra de la vida, y en contra de la libertad de las personas  que nos movemos en el país. Hay un atropello absoluto, y hay una fuerza militar que impone su criterio, y su criterio es de muerte”.
Oliva consideró que, los y las que defendemos la vida miramos que están creando las condiciones para aterrorizar y someter a este pueblo que se está desangrando y sin ninguna intervención de emergencia, porque están sometiendo a la brutalidad a la sociedad en su conjunto”.
Desde hace 26 años con el asesinato de la estudiante normalista Riccy Mabel Martínez, de origen ceibeño, donde tuvo que  ver un general  de alto rango y cuatro personas más que no pagaron por el atroz crimen  esto provoco la  desmilitarización  en el país. (Se implicó y acusó de este crimen al Coronel Ángel Castillo Maradiaga, Comandante del Batallón, al Capitán Ovidio Andino y a un tal Sargento Santos Olivares).
En el 2009 durante el golpe de estado, donde más de medio millón de personas esperaban el regreso del entonces derrocado presidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, elementos del ejército comenzaron a disparar matando al joven Isy Obed Murrillo Mencía, quien fue considerado primer “mártir” de la resistencia.
Silvia Mencía, madre de Isy Obed declaró a defensoresenlinea.com que “yo considero al ejército porque ellos dispararon, no fueron enemigos, fueron los del ejército, los que dispararon en contra de mi hijo, comandados por Micheletti, el mayor   culpable es Micheletti, porque por amor al poder él lo que quería era ser presidente, aunque no fuera elegido por el pueblo; y por eso se llevó de encuentro a las familias hondureñas, asesinándolas por defender la causa del pueblo”.
El 21 de octubre de 2011 se dio otro hecho donde participaron agentes de la Policía Nacional se trata del asesinato de Rafael Alejandro Vargas Castellanos y Carlos David Pineda Vargas, el primero era hijo de la actual rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) Julieta Castellanos. Los jóvenes fueron interceptados a la una de la madrugada del 22 de octubre cuando se conducían juntos en su vehículo, y posteriormente sus cuerpos fueron encontrados sin vida en la salida al sur de la capital.
Por este hecho criminal se condenó a Santos Padilla y José Rubén Pozo López, a 66 y 58 años de prisión respectivamente. El hecho se pretendió pasar como delito común.
El 27 de marzo del 2012, fue el asesinato de Ebed Jassiel Yanes Cáceres, un niño de 15 años quien, a bordo de una motocicleta, por miedo huyó de un retén militar a la una de la madrugada, cuando ya iba para su casa en la salida al oriente de Tegucigalpa. El menor había salido sin permiso de sus padres y al no detenerse, fue asesinado por una patrulla militare con siete elementos que lo arrinconaron en un callejón. Los militares dispararon con rifles de asalto Remington R-15, una bala impactó su cuello y dos balas perforaron su espalda.
Según testigos  después del  hecho criminal recogieron los casquillos y se retiraron en una camioneta Ford cuatro por cuatro, doble cabina, posteriormente regresaron para ver si quedaban pruebas del homicidio. Por la mañana los vecinos le dijeron al padre sobre cómo habían asesinado a su hijo y le dieron dos casquillos 0.223 pulgadas marca Águila, que no encontraron los militares.
Ante los abusos y atroces crímenes, el entonces presidente del Congreso Nacional y aspirante a la presidencia de la República, Juan Orlando Hernández, como propuesta de gobierno, tenía sacar a los militares a las calles al llegar a la presidencia en el 2014. Así cumplió su promesa olvidando los criminares miliares que históricamente han dañado el país, y dando penas mínimas cuando a los asesinatos cometidos se les debiere aplicar la pena la máxima. Ahondando la herida, cientos de familias continúan esperando que llegue la justicia, pues en la mayoría de casos los autores materiales e intelectuales no recibieron castigo, haciendo que continúe la impunidad.

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

Honduras: una década de la Declaración de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas y persecución Garífunas en Honduras.

ofraneh 

Sambo Creek, septiembre 14 de 2017.- Una vez más, la defensora del territorio Garífuna, Medelime David acudió a una audiencia ante los tribunales de la ciudad de Trujillo, acusada del supuesto delito de usurpación en un terreno comunitario, el cual fue vendido de forma fraudulenta al “empresario” canadiense Patrick Forseth, quien no ha escatimado estratagema alguna para perseguir a los líderes comunitarios defensores del territorio ancestral de Guadalupe (Funda), Colón.
La audiencia fue efectuado el pasado 11 de septiembre casualmente dos días antes del décimo aniversario de la emisión por parte de Naciones Unidas de su Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI), la que fue firmada por el Estado de Honduras.
El caso de Medelime David, acusada de usurpar un terreno comunitario que fue vendido de forma fraudulenta a través del Patronato de Guadalupe y la Municipalidad de Santa Fe al canadiense Patrick Forseth, es un indicador de las presiones territoriales enfrentadas por nuestro pueblo ante la implementación de proyectos turísticos, las Zonas de Empleo Y Desarrollo Económico, y explotación de hidrocarburos.
El terreno en cuestión fue ocupado por un proyecto comunitario manejado por las mujeres Garífunas de Guadalupe, llamado MUTU, el que fue financiado por AECID y el Programa de Pequeñas Donaciones del GEF-PNUD. Las mujeres se vieron obligadas a abandonar en el 2004 dicho proyecto tras de una serie de asesinatos cometidos en la zona, donde se encontraban implicados una banda de forajidos radicados en Betulia, los cuales amenazaron a las mujeres de MUTU, sin que las autoridades en aquel entonces tomaran cartas en el asunto.
El Estado de Honduras y su repudio a la DNUDPI
El día de hoy hace una década, las Naciones Unidas emitió su declaratoria sobre pueblos indígenas, la que trabajaron en forma conjunta durante más de dos décadas, delegados de diferentes pueblos indígenas del mundo, en contraposición del Convenio 169 de la OIT, el que fue elaborado por técnicos.
La DNUDPI generó múltiples expectativas ante el reconocimiento de la autodeterminación de los pueblos, omitido en el Convenio 169 de la OIT. El Estado hondureño durante diferentes administraciones gubernamentales, ha desconocido los derechos de los pueblos indígenas, especialmente el relacionado con el reconocimiento territorial y la consulta previa, dando lugar a una serie de proyectos inconsultos y a una masiva apropiación de los territorios de los pueblos indígenas.
Para afirmar aun más el concepto de soberanía westfaliana, invocada por el Estado para desconocer nuestros derechos en aras de la soberanía nacional, la delegación del Estado en la audiencia efectuada en Costa Rica en mayo de 2014, afirmó que la DNUPI no es vinculante. El Estado insistió tanto en las audiencias de los casos de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, en desconocer nuestra condición como pueblo indígena, ademas de insistir que los Garifunas ocupamos los territorios de los pueblos Tolupán y Miskito.
A pesar del extenso corpus jurídico emitido por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) en relación al derecho a la propiedad ancestral y la consulta previa, el Estado insiste en desconocer o desvirtuar los derechos territoriales que poseemos.
El gobierno en fecha reciente aprobó la Ley de Incentivos al Turismo, la que colocan los territorios de los pueblos indígenas y áreas protegidas en subasta. La Ley llegó al Congreso sin haber sido consultada con los pueblos indígenas que seremos afectados ante la posible avalancha de inversiones extranjeras atraídas por la ausencia de cargas fiscales y la reputación que ha adquirido el país de darle prioridad a los derechos de los extranjeros sobre los de los pueblos indígenas. El caso del “little Canada” en la Bahía de Trujillo ha marcado el parámetro de la inexistencia de un estado de ley asi como el apoyo de los paladines locales de la política, que han sido mencionados en más de una ocasión por las cortes en Nueva York como parte de las estructuras del crimen organizado en la costa norte del país.
En la actualidad una de las mayores problemáticas que confrontamos es la determinación de la actual administración de imponer una Ley de Consulta espuria, que desconoce la autodeterminación de los pueblos y descalifica la representatividad de las organizaciones existentes, para imponer grupúsculos afines al partido de gobierno y de esta forma poder socavar los derecho de los pueblos con farsas que serán denominadas”consultas”.
Medelime David ademas de encontrase proseguida por usurpación, ahora confronta otra demanda por difamación junto a otras tres mujeres Garífunas a las que el canadiense Patrick Forseth las acusa de haberlos difamado y calumniado.
La persecución a las defensoras del territorio indígena no es un hecho aislado en Honduras. Basta reocrdar el asesinato de Berta Cáceres a manos de militares activos ye ejecutivos de la empresa DESA, la que aún pretende la construcción de la represa de Agua Zarca; la masacre de miskitas en el río Patuca; los cientos de buzos muertos como resultado de la guerra librada en contra del pueblo Miskito, el que viene siendo exterminado por la flota pesquera industrial, la mascare de Tolupanes en Locomapa; son algunos de los horripilantes ejemplos del racismo imperante y la ausencia. de un estado de ley en el país.
En el año 2004, Honduras aprobó la Ley de Propiedad con el apoyo económico y técnico del Banco Mundial, con el propósito de regularizar la tenencia de tierra, la que en aquel entonces existía una serie de engorroso trámites para obtener un título definitivo de propiedad. Para esa fecha, los procedimientos de legalización tardaban 18 meses, y con la supuesta reformas se tardaría teóricamente en unos 15 días, a través del Instituto de la Propiedad, organismo descentralizado creado en el marco de la Ley de Propiedad.
El Estado promovió dicha Ley como un requisito para poder subsanar la inexplicable tardanza en los procedimientos de legalización, además de evitar las ilegalidades en cuanto el registro de tierras que se han venido dando desde hace décadas.
La Ley de Propiedad fue aprobada sin haber tomado en consideración las observaciones presentadas en una Consulta con representantes Garífuna, efectuada en septiembre de 2003, la cual se llevo a cabo en la comunidad de San Juan Tela. La asamblea rechazó los dos borradores presentada por los agentes del Estado, ya que era evidente la estrategia jurídica destinada a la disolución de la propiedad comunitaria, según la cual para los organismos financieros internacionales es un impedimento al “desarrollo”.
Ante el debacle existente, el pueblo Garífuna exige la adopción de la DNUDPI como Ley Indígena en Honduras para de esa forma lograr nuestra sobrevivencia como como cultura diferenciada.
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH


El relato del abogado Boris Navia: 

Las últimas horas de Víctor Jara: “Latiendo como una campana”

El abogado y militante comunista, quien se desempeñó durante la Unidad Popular como jefe del departamento de personal y miembro del consejo superior de la Universidad Técnica del Estado (UTE) hasta el 11 de septiembre de 1973, nos relata las últimas horas con vida de Víctor Jara.

por Arnaldo Pérez Guerra

EL CIUDADANO (CHILE)

“Desde la UTE nos llevaron prisioneros al Estadio Chile. Me tocó entrar por Unión Latinoamericana. Había un túnel de soldados y los oficiales les ordenaban golpearnos con patadas, con culatazos, llevábamos las manos en la nuca, pero en verdad nos pusimos las manos en la cabeza para evitar que nos golpearan el cráneo”, relata el abogado Boris Navia, que compartió tormentos el 11 de septiembre junto a Víctor Jara.
“Víctor iba cuatro o cinco lugares antes que yo, también saltando porque nos hacían saltar para que nos agotáramos, y de repente un oficial que estaba parado sobre una tarima, con uniforme guerrero, porque andaban todos dispuestos para la guerra, con cascos hasta los ojos, el rostro pintado, granadas en el pecho, pistolas, corvos, ametralladoras… Ese oficial descubre a Víctor Jara y dice: ‘¡A ese hijo de puta me lo traen para acá!’. Un soldado lo saca de la fila, pero suavemente… Entonces el oficial protesta: ‘¡No lo traten como señorita, carajo!’. A la voz del oficial, el soldado toma el fusil y le da un feroz culatazo en la espalda. Víctor trastabilla pero no alcanza a caer. Le da un segundo culatazo. Víctor cae casi a los pies del oficial, que había bajado de su tarima: ‘¡Vó’ soy el hijo e’ puta… yo te enseñaré a cantar canciones chilenas, no canciones comunistas, hijo e’ puta!’. Y empieza a golpearlo, con sadismo. Víctor trata de protegerse el rostro, pero lo golpea, una, dos, diez patadas, qué se yo. Víctor se arrolla y el torturador parece que se desespera y se desequilibra cuando ve que Víctor se levanta y, en lugar de pedir clemencia o algo así, simplemente contesta con una sonrisa… De improviso, en esa histeria fascista, saca la pistola, y nosotros pensamos que le descerrajaría un tiro. En el intertanto, toda la fila que estaba saltando deja de hacerlo. Los conscriptos que nos custodiaban dejan de gritar y de golpearnos, y todo el mundo queda transido frente a esa escena de horror… El oficial saca la pistola y comienza a golpearle con el cañón en la cabeza. Y vemos como la sangre de Víctor le empapa el pelo, la frente, y le empieza a correr por su cara. Ese rostro ensangrentado como un verdadero Cristo, se nos quedó grabado… Y lo golpea, lo increpa, pero de repente se da cuenta que hay cientos de ojos mirando, y dice: ‘¡Y qué pasa con estas mierdas que no avanzan! ¡Avancen, huevones! A este carajo me lo lleva a ese pasillo, y al menor movimiento, lo matas. ¿Me entiendes, carajo? Lo matas…’. Y el soldado arrastra a Víctor muy mal herido. Después comprobaríamos que tenía dos o tres costillas rotas, a pesar que se protegía con sus manos, los puntapiés penetran. Tenía un ojo reventado, prácticamente fuera, hinchado. Y el soldado lo deja en el pasillo de entrada por el ingreso de Unión Latinoamericana”.

LAS TORTURAS Y EL FASCISMO

“Víctor se arrolla y el torturador parece que se desespera y se desequilibra cuando ve que Víctor se levanta y, en lugar de pedir clemencia o algo así, simplemente contesta con una sonrisa… De improviso, en esa histeria fascista, saca la pistola, y nosotros pensamos que le descerrajaría un tiro”

“En la gradería sur, podíamos seguir viendo a Víctor, quien permanece ahí el día miércoles 12 hasta el jueves 13. Durante la noche, no le dan ni agua ni alimento alguno, nada. Está sangrando, había perdido mucha sangre, y durante la noche del 12 para el 13, es exhibido como trofeo frente a los personeros de otras ramas castrenses que llegaban al estadio. Recuerdo perfectamente bien a una delegación de la FACH… Quien lo exhibía era el oficial llamado ‘el Príncipe’ -Edwin Dimter, pensamos que es él-. Era muy teatral, histriónico, de repente se paraba cuando ya habíamos tres o cuatro mil presos, y desde una de las graderías gritaba: ‘¡A ver, ustedes, la escoria marxista, los vende patria, los come mierda de allá! ¿Me escuchan?’. Y había que contestarle: ‘¡Sí, señor!’. Histriónicamente, se aclaraba la garganta y decía: ‘¡Ah, me escuchan todos, tengo voz de príncipe!’. Era el más sádico, andaba con un linchaco con el que acostumbraba golpear a los presos en la espalda, testículos… Él exhibía a Víctor, y todos lo castigaban, lo golpeaban, hacían escarnio del cantor. Incluso, un oficial de la FACH le dijo: ‘¡Fuma hueón!’. Andaba con un cigarrillo a medio consumir, y lo tiró cerca de Víctor. Y él le dice que no fuma. Y le grita: ‘¡Vas a tener que fumar, hueón!’. Víctor estira temblorosamente su mano y cuando va a coger la colilla, el oficial se la aplasta con la bota izquierda, y con la derecha empieza a triturarle la muñeca: ‘¡A ver si vai a poder tocar la guitarra ahora, hueón!’, y lo golpeaba ferozmente…” “Víctor permanece en  ese pasillo hasta el jueves 13, a medio día. Está muy mal, desfalleciendo, la sangre empieza a secarse en su rostro… Lo arrastramos hacia las graderías, y allí le limpiamos la sangre. Le dimos agua -que era lo único que teníamos-, y con un corta uñas empezamos a cortarle su pelo ensortijado. Un carpintero se sacó su chaquetón y así le tapamos la camisa campesina. Intentábamos disfrazar a Víctor. Y cuando hacemos listados para el traslado al Estadio Nacional, le ponemos su nombre completo para que no apareciera ‘Víctor Jara’, sino ‘Víctor Lidio Jara Martínez’… No teníamos qué darle, nosotros mismos no habíamos comido nada casi. Hablamos con un soldado, un estudiante de la UTE dijo: ‘Parece que lo conozco’, y se acercó a él. ‘Oye, el que está ahí es Víctor Jara. ¿No tienes nada? Un pedazo de galleta, de pan’. ‘No -dijo- no tengo nada’. Contestó de mal modo, pero luego volvió, y volvió con un huevo crudo… Se lo dimos y Víctor lo perforó con un fósforo y empezó a chuparlo. ‘Así comía los huevos en mi Lonquén’, y cuando terminó -lo chupó íntegro-, dijo: ‘Ahora mi corazón vuelve a latir como campana’… Permanecemos con él. Es jueves 13 y ya había 5.000 presos políticos… Logramos conseguirle un lugar para dormir. En la cancha se podía dormir estirado. Le conseguimos un lugar allí. Víctor estaba muy maltrecho. Los demás dormíamos sentados con la luz de los reflectores en nuestras cabezas. Víctor está mal, pero había recuperado su ánimo”.
“Duerme esa noche con nosotros… Y el viernes 14 empieza el traslado. Teníamos el presentimiento que a Víctor lo iban a matar. Queríamos de todas maneras llegar con él vivo al Estadio Nacional, esperanzábamos que en ese recinto no hubiese tanta crueldad, tortura y muerte… Pasamos, nos hicieron formar, y alcanzamos a salir a la calle el medio día del viernes 14, con Víctor, saltando, con culatazos, y todo lo demás… pero cuando estamos en la calle hubo una balacera enorme, y nos hicieron volver al recinto. Permanecemos con Víctor la noche del viernes 14, ya estaba más repuesto, nos habían dado un tazón de porotos o lentejas, estábamos mejor… Pudimos hablar, y le preguntan qué sensación tenía de ver el estadio que lo había aclamado el 69, cuando ganó el primer lugar en un festival de la Universidad Católica con Plegaria a un labrador… y Víctor empieza a preguntar si sabíamos de Ángel Parra, de la gente de la Peña… Ya se sabía de la muerte de Allende. Y nosotros insistíamos: ‘¿Qué vas a hacer? Un cantante revolucionario, militante comunista. ¿Qué va a ser de tu vida en esta dictadura? ’. Ya algo se sabía de lo que estaba ocurriendo en las calles, y él contestaba con un rostro muy sombrío: ‘La gringa -refiriéndose a Joan- con las niñas se van a tener que ir’. Pero insistíamos: ‘¿Y qué vas a hacer tú’. Decía: ‘No sé. Yo volveré a mi tierra… Soy de Lonquén’…”.

PAPEL Y LÁPIZ

“Llega el sábado 15, hay traslados, y en ese minuto se sabe que dos personas de nuestra universidad saldrán en libertad. Sentados en las graderías -incluso sigue pintada de blanco hasta hoy-, fue en el último asiento donde estuvo Víctor… Él me pide papel y lápiz. Yo tenía una libreta donde quedaban pocas hojas en blanco. Se la paso y un lápiz, y Víctor empieza a escribir, y escribía rápido, concentrado, muy rápido. Escribía como con la incertidumbre que venía o del presentimiento… Y le decimos: ‘Víctor se van a ir los mensajeros’. Efectivamente, se iban yendo; le estábamos entregando los papeles, y Víctor seguía concentrado escribiendo, y escribía y escribía… Después desistimos de exigirle, y que se fueran no más los que salían en libertad… Y estando Víctor escribiendo, llegan dos soldados que cumplían órdenes de un oficial del ejército”.
“Arriba, divisamos en el palco del sector norte a oficiales de la Marina… Víctor es arrastrado por esos soldados y… lanza la libreta. Yo la recojo y me la guardo en el bolsillo interior de mi chaqueta, y me olvido. Seguimos con la vista a Víctor, no teníamos la posibilidad de movernos mucho, estábamos vigilados… nos acercamos lo más que pudimos al sector donde estaba y vemos que un gordo oficial de la Marina empieza a insultarlo, y Víctor algo dijo o no, o simplemente con esa sonrisa… y el oficial da orden de golpearlo y empiezan otra vez… Vemos la sangre en su rostro y la última mirada que lanza hacia los presos, en una suerte de visión de despedida… Logra levantarse dos veces y después ya no. Es la última vez que lo vemos con vida… Inconsciente, lo arrastran…”.

LOS ÚLTIMOS MINUTOS

“Siempre pensé que Víctor había muerto por los golpes, porque lo golpearon mucho, con las culatas de los fusiles, pero no… más tarde, Osiel Núñez, presidente de la Federación de Estudiantes, a quien también tenían aparte, logró verlo a las cuatro de la tarde. La última vez que nosotros lo vimos debe haber sido entre las 12 y la una. El doctor Bartulín, médico de Allende, también lo vio vivo antes que lo llevaran a los camarines donde lo asesinan… Esa fue la última vez que lo vemos con vida. Después supimos que fue llevado a un camarín, donde juegan a la ruleta rusa con él… ¿Cómo constatamos que fue asesinado el día 15? -yo digo entre las dos y las seis de la tarde-, porque cuando salimos del estadio por la puerta principal hacia la Alameda, en el foyer vimos un espectáculo realmente dantesco: había un montón de cadáveres… veinte, treinta, no sé cuántos más, y encabezando, dos rostros: Litré Quiroga y Víctor Jara… Salimos del Estadio Chile, con la congoja tremenda de saber que habían asesinado a Víctor, nuestro querido cantor, y con la muerte de Allende, dos cargas emocionales enormes”.
¡VALIÓ LA PENA!

“Había un montón de cadáveres… veinte, treinta, no sé cuántos más, y encabezando, dos rostros: Litré Quiroga y Víctor Jara… Salimos del Estadio Chile, con la congoja tremenda de saber que habían asesinado a Víctor, nuestro querido cantor, y con la muerte de Allende, dos cargas emocionales enormes”

“Nos esperaba el Estadio Nacional, donde sabemos que llegaron a haber cerca de 14.000 presos políticos. Cuando llegamos era un pandemonio. Los milicos ordenaban a través de los micrófonos que hiciéramos listados por empresas, otros decían por edad, etc., y me piden papel, y echo mano a la libreta, y en ese minuto recién descubrimos el último canto, el último poema de Víctor Jara, que tituló Estadio Chile, donde cuenta los horrores que vivíamos… Éramos un grupo muy pequeño de profesores de la UTE y el ex senador Ernesto Araneda, del Partido Comunista, y todos fuimos de la opinión que había que preservar el poema. Ernesto me dice: ‘Antes, haz unas dos copias. Tengo entendido que sale en libertad un par de compañeros de esta escotilla’… Hice dos versiones y traté de memorizármelo por si me lo robaban. Se las entregamos a un muchacho joven y un médico, cuyos rostros ni siquiera recuerdo, no sé sus nombres, fue en el momento, y partieron… Yo me quedé allí, tranquilo, comentando el hecho… pero como a los 15 minutos me llaman. Me dicen: ‘Oye viejo, a lo mejor te vai en libertad’. Yo pensaba: ‘No tengo ningún pituto, nadie en las fuerzas armadas, ni nadie que pueda aclamar por mí’. No me dio mal presentimiento, salvo cuando ya en el pasillo, abren las rejas y me empujan”.
“Un conscripto me tira una frazada sobre la cabeza y me pega un culatazo. Pienso: ‘Esto va mal’… Al Velódromo, que en ese momento era un centro de tortura, me llevan caminando, y lo primero que veo son seis o siete presos colgando de las vigas con alambre, casi todos desnudos… Y al primero que veo es al muchacho al que le habíamos entregado el poema… El oficial, me dice: ‘¡Sácate ese zapato cabrón!’. Y yo me saco el de la izquierda, sabiendo que lo llevaba en la derecha. ‘¡Ese no, cabrón!’. Sabía todo… Así que pesca mi zapato y… me cuelgan también. Yo pensaba: ‘Queda uno’, y trataba de aguantar… Lo que querían era que les dijera si había hecho más copias. No me logran sacar nada y, finalmente, me llevan amarrado a los camarines… Nunca supe si la otra copia del poema se había salvado, hasta dos o tres años después, el 75 ó 76, cuando desde Argentina llegó fotocopiado clandestinamente un libro del periodista Camilo Taufic: Chile en la hoguera, donde hay una versión de la muerte de Víctor… No soy especialista en las canciones de Víctor ni en su trayectoria, simplemente fui un mero testigo de las últimas horas de su vida. Me decían: ‘Te sacaste la cresta por nada, te sacaron la mierda por nada’… y no, ¡valió la pena!… Nunca he sabido el nombre de ese doctor. Esa parte del relato está trunca. Y en el Estadio Chile, que hoy se llama Estadio Víctor Jara, están justamente esos versos, el estribillo de ese poema: ‘¡Canto que mal me sales cuando tengo que cantar espanto! Espanto como el que vivo, como el que muero, espanto…’.

QUE SE HAGA JUSTICIA

“José Paredes, ex conscripto, hoy pescador alcohólico de El Quisco, confesó la versión que Víctor es asesinado en un camarín, con la ‘ruleta rusa’. Dice que Pedro Pablo Barrientos metió dos balas en su revólver, y le dijo a Víctor, que estaba con sus manos atadas y de rodillas en el suelo: ‘Si andai con suerte, huevón, te salvai… Voy a disparar y si no sale en los dos primeros, te salvai’. Y dice que disparó y salió la bala… Antes, se dudaba de si las perforaciones eran una de entrada y otra de salida, pero hoy se sabe que le descerrajó dos balazos en la cabeza. Tras el primer tiro vino inmediatamente el segundo… Después rociaron su cuerpo a balas, incluso en la espalda. Paredes señaló que con la fuerza de los disparos daban vuelta el cuerpo de Víctor… Está muy distante el día en que se haga justicia, si es que la hay. Yo creo que va a ser muy difícil… es la palabra de gente sencilla, ex conscriptos, contra la de oficiales que han vivido en la impunidad. Paredes dijo sus nombres: Hesse, Barrientos y otros. Dimter es cómplice. El ex coronel Manríquez -que ya murió-, había sido encargado reo como autor… pero insisto, va a costar mucho, mucho, que se haga justicia”.

*Artículo publicado en la edición nº 216 de la revista El Ciudadano


CHILE

A 44 años del golpe de Estado: los trabajadores del CIUS y la CGT lo tienen claro

Publicado el 17 Septiembre 2017 Escrito por Manuel Ahumada Lillo EL CLARÌN DE CHILE

El golpe de estado en Chile, es la consecuencia de la incapacidad política de la derecha fascista y la Democracia Cristiana, de terminar con el gobierno de Allende en las parlamentarias de Marzo de 1973.

En efecto ambos sectores unidos en la CODE, junto a un grupúsculo llamado Partido de Izquierda Radical (PRI), además del Comando Rolando Matus y Patria y Libertad - estos últimos grupos de choque y criminales a sueldo pagados por la derecha - , se habían jugado todas las fichas esperando tener una mayoría suficiente en el Congreso para destituir al presidente Allende.

Para lograrlo hicieron de todo. Provocaron desabastecimiento, pusieron bombas, promovieron paros de camineros y del transporte en general, contaron con el apoyo de un sector de mineros desclasados en El Teniente, la subversión de los colegios profesionales, una desalmada campaña de prensa llevada adelante por El Mercurio y todos sus servidores. Casi ningún sector vinculado a la burguesía y al capital estuvo ausente en esta gigantesca campaña de desinformación, descalificación y sabotaje abierto.

Qué les pasó en Marzo del 73? No solo no consiguieron los tan anhelados 2/3 de los votos, sino que vieron con espanto como la Unidad Popular, pese a algunos errores y desaciertos - que aún en todos estos años no se han aclarado lo suficiente - aumentaba su votación respecto de 1970 en más de un 8%, llegando a superar el 44%. Era imposible la acusación constitucional, había que ir por el presidente y sacarlo a sangre y fuego. Junto con ello eliminar de raíz a todos aquellos que difundían y defendían su ideario.

Esta y no otra es la razón del GOLPE DE ESTADO y no puede olvidarse, por mucho que vayan pasando los años e intenten cubrirlas con un manto de olvido.

Las declaraciones de ex comandantes en jefe, los paros del transporte y toda esta alharaca ante cualquier cosa que pueda tocar al capital, son una muestra de que ellos son demócratas cuando les conviene y gorilas cuando les tocan sus intereses. Por eso es que no vale ir por ahí de componedores o promotores permanentes de consensos y acuerdos, que no van en la dirección correcta.

Por eso que aprobar leyes que poco o nada ayudan a los más golpeados por el modelo, no son el camino a seguir. Más que aportes parecen conciliaciones asquerosas y eso no es bien visto en quienes tienen una historia plagada de dolor.

Y no vengan con el cuentito de que están dando tales pasos para afianzar posiciones.

Hasta ahora lo único que han  conseguido, es que el riquerio y los poderosos perciban que les basta mover algunas piezas de su maquinita y amenazar con la penas del infierno para que todo se detenga. No se construirá una sociedad nueva con tanto abandono ideológico. No habrá un país mejor si los dueños del capital tienen carta blanca para hacer y deshacer.

El mejor homenaje a los que han caído es mantener las banderas al tope, sin abandonar el ideario, además de educar y organizar para dar las luchas y ganarlas.

Ir a los lugares de trabajo, no a endiosar a los que cayeron que fueron todo menos dioses, y exponer a los explotados las normas legales que había hasta 1973, porque pese a que no eran el todo, eran mejores que las que tenemos hoy, 44 años después del golpe de estado.

En el CIUS lo tenemos claro y también en la CGT, por lo que cumpliendo este compromiso con la historia, recorrimos las calles del centro de Santiago bajo la consigna “NO PODEMOS OLVIDARLOS”.  Nada ni nadie está olvidado, y cuando no estemos habrá otros que se encargaran de tener la antorcha encendida y en alto.

HONOR Y GLORIA A LOS MARTIRES DEL PUEBLO A 44 AÑOS DEL GOLPE

A 914 metros sobre el nivel del mar, está la cima más alta del cerro Chena, coronada con algunas torres que encienden lucecitas rojas cada noche.

Es una señal para los aviones que se acercan, me han explicado los entendidos.

Yo quiero seguir creyendo, y lo digo a quienes me preguntan, que esas luces son la expresión perenne de todos aquellos que en ese lugar de disfrute y descanso, fueron torturados, fusilados y hechos desaparecer.

Hoy, a 44 años del inicio del terror uniformado, aún soy sorprendido con muestras de la presencia de los que allí cayeron. La esposa de Ricardo Solar Miranda llegó a mi lugar de trabajo con su cuñada. Conversamos y lloramos juntos. Aunque vive en Bruselas cada cierto tiempo viene a ver a sus familiares y pudo escuchar de mis labios algo de las últimas horas vividas por su esposo, porque yo estuve con él en el Chena.

Hace algunas horas he conversado con una nieta de Arturo Koyck, uno de los 11 ferroviarios fusilados y le relato lo que pudimos vivir y sentir ese 29 de septiembre en la Escuelita del cerro chena, único día en que fuimos autorizados a estar sin vendas.

Por eso es digna de destacar la pelea de algunas de las hijas de los fusilados. No quieren ni crucecitas ni actos de reconciliación, demandan juicio y castigo. ¿Es mucho pedir?

Ellas y otras personas que las apoyan, batallaron por años para que algunos lugares del Chena fueran reconocidos como sitios de memoria y aunque lo consiguieron, el EJERCITO DE CHILE, el mismo que mató a sus padres, hoy quiere revertir por la vía judicial una resolución histórica.

La “escuelita", es el primer lugar de detención y tortura en San Bernardo y estuvo operativo hasta la madrugada del 30 de septiembre de 1973. Por allí pasaron, entre otros, los fusilados de Paine y de la Maestranza de San Bernardo.

 

Por eso no queda más que rechazar la pretensión del Ejercito de revertir la declaratoria de "monumento histórico, sitio de memoria", dictada para el portal de entrada y la escuelita, por el consejo de monumentos nacionales, el 28 de junio de este año.

 

Es una pelea en la que todos debemos participar.

103 días en huelga de hambre: Comuneros mapuche en riesgo vital ante la indiferencia del gobierno

Publicado el 17 Septiembre 2017 Escrito por Colaboradores EL CLARÌN DE CHILE

En punto de prensa desde la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena CONADI, en TOMA desde la mañana del 15 de septiembre, familiares de los comuneros mapuche detenidos por el Caso Iglesias dieron lectura al comunicado público que exige la acción directa e inmediata por parte del gobierno ante la inminente muerte de los cuatro detenidos. Al 17 de septiembre de 2017 son 103 días en huelga de hambre, cabe señalar que llevan más de un año en prisión preventiva en un caso con testigos de rostro cubierto, avalados por la Ley Antiterrorista creada en dictadura.

Patricia Neculpan leyó el comunicado y aclaró que el Estado chileno es responsable de cualquier desenlace fatal de esta huelga. A esta altura existen secuelas irreparables y riesgos inminentes, incluso de fallas cardíacas. Alfredo Tralcal, Ariel Trangol, Pablo Trangol y Benito Trangol se encuentran con riesgo de morir, acusados de incendio con carácter terrorista, en una clara demostración de injusticia por parte del estado y sus instituciones, que mantienen tratos distintos según el nivel de poder o influencia que tienen los afectados.

La toma de la Conadi es una medida desesperada en busca de apoyo y solución inmediata frente a lo que Patricia Neculpan define como un trato inhumano e indigno a los comuneros y sus familias, por el sólo hecho de ser mapuche. Apelando a las facultades directas del gobierno y el Ministerio del Interior aseguran que no depondrán la toma y que llegarán hasta las últimas consecuencias.

El abogado de la Defensoría Popular, Gustavo Alfonsi, explica por qué en casos de este tipo no es posible aplicar la Ley Antiterrorista, medida que según diversas organizaciones de derechos humanos representa violencia, racismo y discriminación étnica en contra del Pueblo Mapuche.

Ex frentista que atentó contra Pinochet: “No me arrepiento de nuestra acción”

Maximiliano Alarcón |Jueves 7 de septiembre 2017 19:27 hrs.

Juan Moreno Ávila conversó con Diario y Radio Universidad de Chile a propósito de los 31 años que se cumplen este miércoles de la 'Operación Siglo XX'. Recién en 2006 dejó la clandestinidad, y pese a que tuvo un retorno al Partido Comunista, renunció debido a lo complicado que le resulta compartir en una coalición con la Democracia Cristiana.

El 7 de septiembre de 1986 el Frente Patriótico Manuel Rodríguez concretó la “Operación Siglo XX” u “Operación Patria Nueva”, misión del grupo armado surgido del Partido Comunista que tenía como objetivo emboscar y asesinar al entonces dictador Augusto Pinochet Ugarte.
Un día después del fallido intento por ajusticiar al líder de la Junta Militar, la dirección nacional del Frente recibía de parte del “comandante Bernardo”, chapa de José Joaquín Valenzuela para el atentado, un parte operativo en donde se detallaban los acontecimientos desde días anteriores al ataque hasta las horas siguientes al enfrentamiento que acabó con la vida de cinco escoltas del dictador.
“Si bien el tirano no fue ajusticiado, se demostró su vulnerabilidad, su cobardía y que más temprano que tarde recibirá su merecido castigo”, dice el documento (ver al final de este artículo).
El castigo finalmente no llegó, ni por la vía armada ni la institucional, Pinochet murió de una infarto en la cama de un hospital.
Días después de la operación, Juan Moreno Ávila, uno de los fusileros que participó del atentado, fue hasta el Palacio de La Moneda en un acto temerario. El 7 de septiembre vio cómo frente a sus ojos se escapaba, mientras era ametrallado por su M16, el Mercedes Benz 500 SEL blindado que llevaba al atemorizado Pinochet. En su visita a La Moneda, quería ver los daños del vehículo, una de las postales históricas de la frustración.
La memoria de un combatiente
El 21 de octubre del ’86 Juan Moreno Ávila, que utilizó el nombre ‘Sacha’ para la operación, cayó detenido, el primero de todos los integrantes del ataque, a raíz de unas huellas dactilares suyas encontradas por la Policía de Investigaciones en una botella olvidada en el lugar en que se preparó la operación.
En su detención fue desnudado y colgado de los pies, siendo sometido a constantes descargas eléctricas, según relata el periodista Juan Cristóbal Peña en ‘Los Fusileros’. Frente al hostigamiento, Juan Moreno se quebró cuando los interrogadores llevaron a su madre, su esposa de aquel entonces y a su hija de cinco meses de vida, a que presenciaran las torturas. Terminó dando información que permitió la captura de cuatro frentistas, algo que entre los ex integrantes del grupo genera distintas opiniones.
Luego de escapar de la cárcel junto con 49 frentistas en 1990, vivió en la clandestinidad hasta 2006. Hoy reside en Los Álamos, una pequeña comuna de la Provincia de Arauco en la Región del Bío Bío.
Hasta hace poco fue dirigente comunal del Partido Comunista, pero no aguantó el momento actual del partido en pacto con la Nueva Mayoría. Hoy intenta organizar a los usuarios Prais de Los Álamos, para que puedan acceder a sus beneficios.
¿Cómo guarda el recuerdo a 31 años? ¿Las interpretaciones van cambiando con el tiempo?
– Uno se queda con el contexto histórico en que se desarrolló la Operación Siglo XX. Todavía siento orgullo de haber participado. Ahora, mirando en retrospectiva, quizás estaba apresurada la decisión y no se tomaron en cuenta los acontecimientos que podían suceder, como la muerte de los cinco compañeros esa noche. Pero en retrospectiva no estoy arrepentido de haber participado porque el contexto histórico exigía realizar esa operación.
Según su experiencia ¿Cómo es la valoración histórica actual del hecho en el país?
– Los políticos, la gente, los medios de comunicación, no le dan mucha importancia. No quieren quemarse en dar opiniones respecto a esto. La gente tiene que entender que los políticos, que estaban fuera de la ley en esa época, celebraron el atentado. Ahora están en el poder y no nos toman en cuenta, se olvidaron de esas cosas. Creo que es hipocresía, no quieren darle la importancia que tiene la Operación Siglo XX, la operación de ajusticiamiento del tirano.
Usted fue dirigente del PC en los últimos años ¿Cómo ve la actitud de la Concertación y ahora Nueva Mayoría con los frentistas?
– Es bien complicado estar militando en el partido hoy, porque hay que estar relacionándose con partidos que en el tiempo de la Unidad Popular traicionaron al presidente Salvador Allende, principalmente la Democracia Cristiana. Estar junto a ellos, también con el Partido Socialista que tiene al diputado Marcelo Schilling, que fue director de “La Oficina”, que también es culpable de la muerte de compañeros del Frente, vuelve complicado militar en el partido, es complicado para quien tuvo una militancia honesta y solidaria.
– ¿Cree que el sector ha sido injusto con los frentistas?
– El problema es que no quieren asumir que en la situación que vivimos hoy es más fácil para ellos ser amigo de los empresarios que asumir la defensa de los revolucionarios.
– ¿Usted personalmente cómo trabaja el rescate de lo hecho por el Frente?
– Uno no deja de pensar en lo que sucedió hace treinta años, cuarenta y tres años del Golpe. El miércoles hicimos un acto conmemorativo del 11 de septiembre, no podemos dejar de hablar, de recordar a los Detenidos Desaparecidos, a los torturados, a los exiliados. Cuando dejemos de transmitir esto los van a matar de verdad.
– En 2016 Mauricio Hernández Norambuena (comandante Ramiro) publicó un libro en que lo critica a usted por haber delatado ¿Cómo le afecta hoy el tema?
– No me complica la situación ahora, menos de lo que diga Ramiro, a él no lo veo como el “che Guevara chileno”, lo veo como un combatiente revolucionario. Tendrá su opinión y la respeto. La historia juzgará.
– Estuvo muchos años en clandestinidad, hasta 2006, luego del fin de la dictadura ¿Tuvo que aprender a vivir de nuevo? ¿Cómo es un hombre que vuelve a utilizar su verdadero nombre después de tantos años?
– Es complicado asumir la vida normal, porque te acostumbraste a vivir en la clandestinidad, con distintos nombres. Asumir quien eres es difícil para el entorno, para conseguir trabajo. Aquí nadie te ayuda, los partidos políticos no apañan a los revolucionarios, hay un “sálvese quien pueda”. Fue complicadísimo en un principio para mí, ahora estoy viviendo de forma normal, asumiendo mi nombre, pero fue complicado en un principio, y doloroso también al ver que compañeros transitaron por la delincuencia para seguir viviendo.
– Usted me contaba que su hijo menor quiere ser carabinero ¿Cómo asume estas paradojas de la vida?
– A él le interesa ser carabinero, no sé si será posible por mi situación, pero es su decisión, él tiene su pensamiento y convicción, yo lo voy a apoyar en lo que sea, hay que apoyar a los hijos. No entro en contradicción en esto, él tiene que tener claro que a pesar de ser carabinero tiene que ser solidario y no autoritario.

La renuncia del equipo económico

Publicado el 17 Septiembre 2017 Escrito por Sebastián Zarricueta Cabieses*  EL CLARÍN DE CHILE

El pasado 31 de agosto quedará registrado como uno de aquellos hitos que marcan un antes y un después en la gober nabilidad neoliberal. Si ya el cambio del ministro de Hacienda era un hecho inédito en las administraciones civiles del capitalismo chileno, la renuncia en bloque del equipo económico no es sino expresión de la serie de devaneos por los que atraviesan las clases dominantes en el actual escenario político-social.

Es como si las costuras de la “pax neoliberal” comenzaran paulatinamente a ceder. Las organizaciones de Izquierda deben tomar nota de este hecho para sus análisis.

PILARES DEL NEOLIBERALISMO CHILENO

Hasta ahora el arreglo institucional forjado por la contrarrevolución burguesa descansaba sobre dos “pilares”. El sistema electoral binominal constituía el primero. Este resguardaba los acuerdos pactados entre la Concertación y la fracción de militares y cómplices civiles de la dictadura desplazada de la administración del Estado. El empate inmovilizante que establecía entre las dos principales alianzas políticas del país asignaba al pinochetismo, encarnado en la UDI, el rol de custodio de última instancia ante cualquier cambio político-institucional que se intentara llevar a cabo, así como de aquellas iniciativas que pretendieran dar marcha atrás a las granjerías otorgadas al gran capital nacional y extranjero durante la dictadura.

La pérdida de vigencia de los pactos transicionales, fruto del recambio generacional y el despeje de toda duda sobre la adscripción de la Concertación al neoliberalismo, ha posibilitado que el gran capital se desmarque del legado y defensa del pinochetismo -que mal que mal era solo un elemento circunstancial y no esencial a su dominación de clase-, dando paso al paulatino y ordenado desmontaje del sistema binominal.

El segundo pilar atañía a lo económico. Este se sustentaba en la autonomía del Banco Central y en la preeminencia de Hacienda por sobre los demás Ministerios en el diseño de la política pública. Este binomio aseguraba el control de la inflación por un lado, y la disciplina fiscal por el otro. Así la economía subordinaba el manejo de la política social del Estado que el gobierno de turno pudiese imprimirle, siendo confiada aquella a una casta de insípidos tecnócratas a imagen y semejanza del ex ministro Rodrigo Valdés.

Este esquema, más las políticas de liberalización y privatización, buscaba asegurar la prevalencia del interés general y permanente del capital por sobre las demandas particulares de las distintas fracciones burguesas.

El impasse abierto a raíz de la renuncia del ministro Valdés y el equipo económico revela las fisuras que este segundo pilar de la institucionalidad neoliberal presenta, que desde un tiempo a esta parte ha comenzado a hacer agua. Queda por dilucidar qué tan estructurales son sus fisuras y cuáles son los cursos de acción con que la burguesía cuenta para repararlas. 

EL DILEMA DE LA INVERSION

El renunciado ministro Valdés había sido nombrado en reemplazo de Alberto Arenas. Su misión era recomponer las confianzas con el mundo empresarial, que habían resultado algo dañadas producto de la reforma tributaria impulsada por su antecesor. No por nada apenas asumió Valdés se apresuró en despejar todo manto de duda frente al gran empresariado sobre los derechos de propiedad ante un eventual cambio constitucional. La propiedad privada era uno de los derechos que sin duda quedarían consagrados en la nueva carta fundamental.

Valdés asumió también con la tarea de reimpulsar el alicaído crecimiento que la economía exhibe desde finales del gobierno anterior. Esta acumula una prolongada caída de la inversión que supera en extensión a las observadas durante las crisis asiática y subprime.

Sin embargo las razones del anémico dinamismo de la economía esta vez son de orden profundo. Se trata del deterioro de las fuentes de ganancias extraordinarias que obtiene el capital en Chile: la renta minera, especialmente la asociada a la explotación del cobre. Es un problema en la base del proceso de valorización capitalista que no tiene solución en el marco de la política monetaria o fiscal. Tampoco una mayor competencia en los mercados ayuda a salir del atolladero.

Chile ha ido perdiendo terreno en el concierto internacional ante el surgimiento de nuevos polos de atracción para la inversión minera, como Perú. La salida es un “salto hacia adelante”, en el sentido de una intensificación en la explotación de los recursos naturales que permita recomponer los niveles de rentabilidad perdidos. Para ello se requieren grandes proyectos de inversión en infraestructura vial y portuaria, y en energías que abaraten significativamente los costos de producción de las empresas.

Como interlocutores directos del gran capital el ex ministro Valdés y el equipo económico conocían esta situación, razón por la cual se jugaron a fondo para que el gobierno aprobase el proyecto Dominga. Sin embargo sus gestiones resultaron infructuosas.

El tema es por qué se dio esta situación, y por qué derivó en una crisis de conducción en el actual gobierno.

INSTITUCIONALIDAD MEDIOAMBIENTAL Y MANEJO ECONOMICO

En la actualidad ya no es posible que el capital se mueva a sus anchas como lo hacía en los 90 sin generar importantes daños colaterales y resistencia de las comunidades afectadas. La escala e intensidad que han alcanzado sus operaciones tienen repercusiones inmediatas sobre el medioambiente. En este sentido el gran capital aún no encuentra una institucionalidad ad hoc que destrabe el proceso de acumulación, y que a su vez le permita sortear la creciente conflictividad social en torno a los problemas medioambientales. La actual institucionalidad se presenta como una traba.

Por un lado abre paso a la judialización de los grandes proyectos de inversión, tornándolos engorrosos y posponiendo indefinidamente su materialización. Esta es la razón por la cual el gran empresariado se expresaba tiempo atrás en el sentido de que Chile no se podía dar el “lujo” (sic) de tener una legislación medioambiental de país desarrollado. Mientras que por otro, expone los planes de inversión a la “arbitrariedad” política, tal como ocurrió con la cancelación de la construcción de la central termoeléctrica en Punta de Choros por el presidente Piñera, o el rechazo del proyecto Dominga por el comité de ministros en el actual gobierno. De aquí las destempladas reacciones del empresariado ante el rechazo de Dominga calificándolo como un “ataque a la democracia”.

CRONICA DE UNA RENUNCIA

Este puzzle aún no resuelto fue el telón de fondo sobre el cual se desarrolló la medición de fuerzas entre el ministro Valdés y el equipo económico y el grupo de secretarios de Estado encabezados por el ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, primero, y con la mismísima presidenta Bachelet después.

Derrotados en el comité, los ministros del área económica hicieron causa común con el gran empresariado criticando abierta y públicamente el rechazo del proyecto Dominga. Tratándose en el fondo de una decisión política adoptada previamente en las más altas esferas del gobierno, esto los hizo entrar en colisión directa con la presidenta, quien apareció desautorizando las declaraciones del ministro Valdés.

Herido en su orgullo de avezado tecnócrata, y convencido de que lo mejor para el gran capital es lo mejor para Chile, Valdés intentó chantajear a la presidenta haciendo valer todo el peso de Hacienda y el área económica en el tinglado neoliberal. Como acto de desagravio y forma de recomponer las confianzas, habría pedido la remoción del ministro Mena.

Sin embargo el Chile de hoy no es el de los 90 ni el de la década recién pasada. No bastan ya leyes tipo DL 600 que daban manga ancha al gran capital para hacer y deshacer. Además Bachelet aprendió del desastre que significó la puesta en marcha del Transantiago en su primer gobierno. Conoce lo peligroso que puede llegar a ser el confiar decisiones trascendentales a un fanático tecnócrata neoliberal cuya destreza en política a duras penas rebasa a la de un mamut en monopatín.

Estos elementos terminaron finalmente por sellar la salida de Valdés y el equipo económico. Era inevitable. Sin embargo esto no da para ilusionarse ni significa que la conducción económica del gobierno pueda cambiar en 180 grados de la noche a la mañana ni en el poco tiempo que le resta. Para que ello ocurriera se necesitaría algo más que un simple tira y afloja entre distintos representantes del capital con dispares sensibilidades. De hecho, al igual que la de sus renunciados antecesores, la fe en el credo neoliberal de la dupla Eyzaguirre-Rodríguez Grossi es probada, así como también su conexión con el gran empresariado y las instituciones del capitalismo internacional, lo que asegura continuidad y a la vez un mayor balance entre economía y política.

SEBASTIAN ZARRICUETA CABIESES

Publicado en “Punto Final”, edición Nº 884, 15 de septiembre 2017

Manuel Cabieses: “Nadie me dijo que la comisión Valech sería secreta”

Diario Uchile |Sábado 16 de septiembre 2017 9:30 hrs.

El director de Punto Final, quien durante la dictadura fuera preso político, advirtió que al momento de prestar su declaración, nadie le informó que su relato no sería público. Hoy hace un llamado a las autoridades para exigirles que la verdad contenida en esos registros "sea reconocida por el Estado como parte de la historia de Chile".

En medio de la discusión sobre la pertinencia del alzamiento del secreto de la Comisión Valech, Manuel Cabieses, periodista torturado en Dictadura, aseguró que “nadie le advirtió que sería un secreto por medio siglo”.
El director de la revista Punto Final dijo que esa información no fue entregada antes que él diera su testimonio, “por el contrario, los ex presos políticos queremos que se conozcan los padecimientos sufridos y los nombres de los oficiales que torturaron, asesinaron e hicieron desaparecer detenidos. El silencio sólo favorece a los genocidas”.
En una declaración pública, el comunicador reiteró que para quienes conocieron “la brutalidad en comisarías de Carabineros, Ministerio de Defensa, Estadio Chile, Estadio Nacional, Campo de Prisioneros de Chacabuco y Cuatro Alamos”, para luego ser expulsados del país, es necesario que la verdad contenida en esos registros “sea reconocida por el Estado como parte de la historia de Chile”.