CONGRESO HONDUREÑO APROBÓ CASTIGAR CON 20 AÑOS LA PROTESTA SOCIAL
El
Congreso Nacional, que domina el gobernante Partido Nacional, aprobó
anoche el artículo 590 del nuevo Código Penal, que trata sobre la
“asociación terrorista”, que según la oposición política del parlamento,
pretende penalizar la protesta social con hasta 20 años de cárcel.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa.
El Congreso Nacional, aprobó ayer el artículo 590 del nuevo Código
Penal, que según la oposición en ese poder del Estado, pretende
criminalizar la protesta social.
Entre
las disposiciones de esta nueva ley que coarta el derecho a la
protesta, está castigar con 15 o 20 años de prisión a quienes sean
calificados como “asociación terrorista”.
A continuación el artículo de forma íntegra:
Artículo
590 del nuevo Código Penal. Asociación terrorista. Son asociaciones
terroristas las constituidas sea de modo permanente o transitorio por
dos o más personas para cometer algún delito con alguna de las
finalidades siguientes:
-Subvertir gravemente el orden constitucional.
-Provocar un estado de terror en la población o parte de ella.
-Tienen
también la consideración de asociaciones terroristas las que aún
teniendo como objeto constitutivo uno lícito, realicen en todo o en
parte las conductas a las que se refiere el párrafo anterior.
El
delito se considera cometido con independencia de que la asociación
haya sido constituida en el extranjero, siempre que se lleve a cabo
algún acto con relevancia penal en el territorio de Honduras.
Los
directivos, promotores y financistas de la asociación deben ser
castigados con las penas de prisión de 15 a 20 años y multa de mil a dos
mil salarios días. Los simples integrantes de la asociación terrorista
deben ser castigados con las penas de prisión de 10 a 15 años y multa de
500 a mil salarios días.
Por
financistas se entiende a los que de cualquier modo contribuyen o
ayudan a contribuir, por sí o persona interpuesta a la financiación de
las asociaciones terroristas.
Estas
penas le deben interponer con independencia de las que correspondan por
los concretos actos delictivos realizados por los integrantes de la
asociación terrorista llevados a cabo con las finalidades mencionadas en
el párrafo primero de este artículo.
Inicia formación de Red Indígena de defensoría en La Paz
Marcala, La Paz. – Un grupo de 30 personas se prepararán por espacio de un año en temas de defensa de derechos humanos, específicamente para apoyar a sus compañeros y compañeras indígenas lencas del departamento de La Paz, al centro occidente de Honduras.
Los y las beneficiarias provienen de diez municipios de este departamento y son: Cane, Tutule, Chinacla, San José, Santa María, Marcala, Cabañas, Santiago de Puringla, Yarula y Santa Elena, región en la que el 90 por ciento de su población es de origen indígena Lenca.
Según datos de defensores indígenas pertenecientes a la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), en La Paz hay un promedio de 700 compañeros criminalizados, aunque la cifra real puede ser mayor, ya que este año ha aumentado los procesos judiciales donde a los campesinos se les acusa de usurpación, incluso hay compañeros encarcelados.
Por ese motivo, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) inició hoy con la inducción para la formación de la Red de defensores y defensoras Indígenas Lencas para accesar a la justicia en el departamento de La Paz, este día en Marcala.
Claudia Amaya y Tomás Nativí, del área de proyectos del COFADEH, compartieron con los y las asistentes sobre el objetivo de la red, así como los lugares donde estarían presentes, sin cerrar la oportunidad que se agreguen personas de otros municipios, entre ellos Nahuaterique, una ex bolsón salvadoreño recuperado por Honduras en 1992, pero que no se le ha dado la atención debida pese a que es peleado por cuatro municipios, sin embargo hace tres semanas en una Consulta Previa, la población decidió que sea municipio.
La red será impulsada con el apoyo de este Comité, que ya ha formado redes de defensores/as a nivel nacional, instalando capacidades de procuraduría, veeduría, acompañamiento, documentación, denuncias, comunicación popular, entre otras.
En esta ocasión hay representantes indígenas de organizaciones como el Movimiento Indígena Lenca de La Paz Honduras (MILPAH), La Plataforma 25 de noviembre contra la Violencia hacia Las Mujeres, la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), COMILPAZ, Organización Nacional Indígena Lenca de Honduras (ONILH), y la Pastoral Indígena.
Estos espacios son importantes
El inicio de esta Red es de mucha importancia para las organizaciones participantes, sobre todo porque será un espacio necesario en el que se compartirá experiencia y se tendrá la oportunidad de ayuda mutua en la defensa de sus derechos del pueblo indígena.
Hilario Hernández Carrillo, es el presidente del consejo indígena de Río Negro, en el municipio de Santa María, y expresó que el iniciar un proceso de formación en derechos humanos conlleva un compromiso colectivo, ya que sufren discriminación de parte de personas que se quieren apoderar del territorio donde han vivido desde siempre pues “tenemos que unirnos para defender los derechos de lo que nos dejaron nuestros ancestros”.
Por su parte, Donatila Girón, del municipio de Yarula, aseveró que esta formación es un reto importante “porque estamos en una lucha constante de los derechos humanos, indígenas y territoriales, ya que somos discriminados por el gobierno y operadores de justicia, tenemos una lucha permanente en el momento más peligroso para los y las defensoras de derechos humanos, la presión política nos quiere meter miedo”.
Mientras que Margarita Pineda, del municipio de San José, considera que la formación será importante y llega en un momento de tensión político partidario “por lo que nos vemos obligadas a mostrarle a la gente la realidad que vivimos”.
Los y las defensoras indígenas luchan históricamente por mantener su legado ancestral, en un país visto por organizaciones internacionales como Global Witness entre los más peligrosos del planeta para defender el ambiente.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, llamó la atención el pasado 03 de mayo sobre el riesgo que corren los defensores de esas garantías en muchos lugares del mundo, mencionó la violencia contra estos activistas en Honduras, sobre todo en las áreas rurales.
Los y las defensoras indígenas exigen que se respete el derecho que ya se establece en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre los pueblos indígenas y tribales.
ONU incluye a Honduras entre los países que castigan a activistas de derechos humanos
La ONU denunció hoy que un creciente número de defensores de las libertades fundamentales en el mundo sufren represalias de varios tipos y durezas por cooperar con el organismo multilateral en materia de derechos humanos.
El secretario general adjunto de la ONU para los Derechos Humanos, Andrew Gilmour, presentó hoy un nuevo informe ante el Consejo de Derechos Humanos (CDH) en el que da cuenta de represalias e intimidaciones contra activistas que van desde la prohibición de viajes a la congelación de activos, la detención o la tortura.
El documento menciona a 29 países donde se han documentado casos de represalias e intimidación, lo que supone un aumento en comparación con los 20 anteriormente reportados.
Se trata de Argelia, Baréin, Burundi, China, Cuba, Egipto, Eritrea, Honduras, India, Irán, Israel, Mauritania, México, Marruecos, Birmania (Myanmar), Omán, Pakistán, Ruanda, Arabia Saudí, Sudán del Sur, Sri Lanka, Sudán, Tayikistán, Tailandia, Turquía, Turkmenistán, los Emiratos Árabes Unidos, Uzbekistán y Venezuela.
“Es aborrecible que año tras año nos veamos obligados a presentar casos de intimidación y represalias contra personas cuyo delito -a los ojos de sus gobiernos- fue cooperar con las instituciones y mecanismos de la ONU”, recalcó Gilmore.
También dijo estar al tanto de casos en los que activistas con los que la ONU estaba hablando fueron secuestrados, detenidos, mantenidos incomunicados o desaparecidos, a la vez que indicó que hay “muchos casos” de detenciones arbitrarias prolongadas, tortura y malos tratos.
En un caso hubo tratamiento psiquiátrico forzado y en otros había confinamientos solitarios y asaltos sexuales y violaciones durante la detención, tanto de hombres como de mujeres, recalcó.
El informe, el octavo de su tipo, recoge casos ocurridos entre junio de 2016 y mayo de 2017.
Once de los 29 países mencionados en el informe son actualmente miembros del Consejo de Derechos Humanos y algunos figuran en el informe anual de la ONU cada año desde que fue instituido en 2010.
China y Arabia Saudí han sido mencionados en seis ocasiones, Baréin, Irán y Sri Lanka en cinco, y Argelia, Israel, Sudán, Tayikistán y Venezuela en cuatro.
El número de casos de represalias e intimidaciones es mucho mayor en realidad, dado que se han omitido varios por razones de confidencialidad o seguridad de la víctima, explicó Gilmore.
Según la ONU, “muchos” ataques contra activistas son “perpetrados o consentidos por funcionarios” y muchos otros incidentes no se denuncian por miedo a más repercusiones.
El informe dice que el patrón de algunos casos sugiere que algunos países “tienen una estrategia para prevenir a la gente de cooperar con la ONU en materia de derechos humanos”.
“Más allá del grave impacto en la vida de las personas afectadas y en la de sus familiares, la intimidación y la represalia también socavan sistemáticamente la acción de la ONU en materia de derechos humanos y la confianza de sus socios en la organización”, señala el informe de Gilmore.
El documento insta a todos los Estados miembros a cesar las represalias, investigar las denuncias, proporcionar indemnizaciones eficaces y adoptar e implementar medidas para asegurar la no repetición. EFE
Pronunciamiento ante los acontecimientos represivos en la UNAH
Posted on 12 septiembre, 2017 by soawlatina
Al pueblo hondureño y a la comunidad internacional:
La Convergencia Contra el Continuismo, instancia que convoca a diversas iniciativas articuladoras de organizaciones sociales, populares, comunitarias, de derechos humanos, feministas, indígenas, campesinas, ambientalistas, juveniles, cristianas de base y ciudadanos y ciudadanas de diversas procedencias, ante el actual conflicto universitario deja constancia de su posicionamiento:
- Con estupor y repudio hemos sido testigos de la brutal y cruel represión que la Policía Nacional por orden judicial desató el día viernes 8 de septiembre sobre la humanidad de dirigentes universitarios del Movimiento Estudiantil Universitario, MEU, y varios defensores y defensoras de Derechos Humanos quienes, como sabemos, se encontraban dentro de un vehículo del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, CONADEH.
- Esta extrema exhibición represiva es sin duda la extensión en la UNAH de la práctica autoritaria, arbitraria e ilegal que el actual régimen que lidera Juan Orlando Hernández impulsa en contra de todos los sectores hondureños que con dignidad han decidido defender sus derechos y proteger sus bienes como está ocurriendo con comunidades indígenas, campesinas, pobladores y con sectores que no se han dejado sobornar o cooptar por la mafia corrupta que se ha adueñado del Estado y lo ha convertido en su negocio más lucrativo.
- Denunciamos que en este acto de brutal represión existen pruebas de que la orden procedió del propio titular del Ejecutivo al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, quedando de esta manera zanjado que todos los poderes del Estado quedan reducidos al único poder dictatorial que emana de Casa Presidencial, con lo cual deja al desnudo la invalidez de un proceso electoral por implementarse en una institucionalidad en donde no existe ni un solo resto de Estado de Derecho.
- Reconocemos y exaltamos la valentía y madurez de los estudiantes organizados en el Movimiento Estudiantil Universitario, MEU, por la persistencia en su lucha, sus convicciones y sus valores ciudadanos, a pesar de la avalancha represiva, estigmatizadora ycriminalizadora que el gobierno de Juan Orlando Hernández ha impulsado utilizando como títeres a las autoridades universitarias con Julieta Castellanos a la cabeza. El liderazgo y resistencia de esta juventud universitaria deja a la sociedad hondureña un mensaje muy preciso: ningún conflicto se resuelve con reprimir la razón, la moral y la ética ni violando los derechos humanos. Esta juventud universitaria, reprimida y criminalizada,representa la razón, el diálogo y la ética, y es la garantía de una nueva generación de ciudadanas y ciudadanos que sin duda romperá los paradigmas de la opresión, corrupción e impunidad en que se sostienen los actuales liderazgos políticos, funcionarios públicos y la exclusiva élite vende-patria, todos serviles del hegemonismo y los intereses imperiales.
- La brutal represión a estudiantes y defensoras y defensores de los Derechos Humanos ha pasado por encima de la institucionalidad de los Derechos Humanos. Por ello, reclamamos del CONADEH una firme denuncia y una demanda judicial a los órganos del Estado responsables de este desproporcionado uso de la fuerza.
- Denunciamos y repudiamos el comportamiento del Ministerio Público, el cual ha dado señales inequívocas de responder exclusivamente –y proteger–a los intereses políticos particulares de la mafia que lidera Juan Orlando Hernández por encima de su función de representar y defender ante el Estado los intereses del pueblo hondureño. Repudiamos el comportamiento de la Policía Nacional que, con la acción represiva del viernes 8 de septiembre, deja en evidencia la inútil y falsa depuración tan oficialmente publicitada e hipócritamente avalada por instancias nacionales promovidas y financiadas por el gobierno de los Estados Unidos.
- Llamamos al pueblo hondureño a manifestar su indignación ante esta brutal acción represiva y a exigir un proceso judicial contra los responsables directos e intelectuales de la misma. De igual manera, hacemos un llamado a expresar una militante y activa solidaridad con los estudiantes del MEU y con las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos.
11 de septiembre de 2017
¡LA REELECCIÓN ES FRAUDE! ¡NO AL CONTINUISMO!
CONVERGENCIA CONTRA EL CONTINUISMO
P.Ismael Moreno Carlos H. Reyes Manuel Gamero Bertha Oliva de Nativí
Mario Membreño Joel Almendarez Berta Zúniga María Elena Méndez
Juez prohíbe a estudiantes ir a la UNAH
Tegucigalpa, Honduras. – Justo el día en que cumple 170 años de fundación, se le prohíbe a seis de sus defensores acercarse a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Este día se recuerda que el 19 de septiembre del 1847, fue fundada la “Lucem Aspicio”, y hoy en el 2017 también se profundiza la criminalización contra estudiantes que se manifiestan ante las medidas arbitrarias en UNAH, con la prohibición emitida por el juez Melvin Bonilla, que llegó al extremo de dictarles como medida sustitutiva a la prisión el impedimento de ir a la máxima casa de estudios. A demás no salir del país y quedar bajo custodia de sus representantes legales.
Estas medidas pesan sobre Jersi Francisco Aguirre Rivera, Abiezer Zabdiel López Bonilla, Engels Bladimir López Sánchez, Sergio Luís Ulloa Rivera, Miguel Ángel Mendoza Díaz y Fausto Manuel Cálix Márquez, a quienes se les libró orden de captura, por el delito de usurpación el pasado 07 de septiembre, según el expediente 25630-2017, en perjuicio de la UNAH. Dicho requerimiento también es para Jennifer Nicolle Rodríguez Sánchez, Henry Orlando Rodríguez de Vicente y Marco Tulio Ribí Callejas.
El no acceder a la Ciudad Universitaria es una medida extrema, ya que Sergio Ulloa se estaría graduando el próximo fin de semana, y otros estudiantes están realizando trámites de práctica profesional, denunció Mario Rojas, del equipo legal del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), que representa a los jóvenes que asistieron voluntariamente al Juzgado.
“Nosotros como defensa le hicimos saber al juez de lo desproporcional de esta medida y que violentaba un derecho fundamental, pero en su resolución dijo que no se acerquen a la universidad definitivamente”, afirmó Rojas.
El próximo lunes 25 de septiembre, este grupo de defensores de la educación pública se presentarán a audiencia inicial, de igual forma 15 estudiantes capturados el viernes 08 de septiembre en la UNAH.
Entre Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choluteca y Comayagua, al menos 70 líderes estudiantiles han sido criminalizados por delitos como usurpación y privación ilegal de la libertad, desde la noche del 24 de mayo reciente; y la semana pasada a seis estudiantes de química y farmacia se les dio libertad definitiva. También se criminalizó al periodista Ronnie Huete (absuelto), y los y la defensora de derechos humanos Carlos del Cid -OEIDH-, Ariel Díaz -JDH- y Tomy Morales -ASPODEHU-, cuando acompañaban a siete estudiantes el pasado 08 de septioembre en la UNAH, mientras que a Hedme Castro -ACI-Partiicpa- se le liberó horas después.
Cabe señalar, que el pasado 11 de septiembre, a los líderes estudiantiles del Centro Universitario Regional del Centro (CURC), Julio Santos, Oscar Madrid, Rudbel Barahona, Tony Ávila y Luís Madrid, el juez pretendió prohibirles la entrada al centro de enseñanza ubicado en Comayagua, pero el equipo legal de defensa conformado por las abogadas Karol Cárdenas y Dora Oliva, del área de acceso a la justicia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), logró que se les quitara dicha medida, quedando la de ir a firmar al juzgado y no salir del país sin el permiso correspondiente.
Las medidas son parte de la persecución
Abiezer López (Derecho), expresó que estos días en el encierro fueron de preocupación e incertidumbre, porque debió “esconderse de un Estado que persigue estudiantes es una cuestión que agobia y aun encerrado siempre estamos a la expectativa de lo que ocurre con nuestros compañeros en la universidad”. El estado rechaza el pensamiento de los jóvenes y no permite al critica de seres pensantes.
Sergio Ulloa (Trabajo Social), con este tercer proceso (ya tuvo otros en 2015 y 2016), expresó que es difícil, pero lo fortalece, porque es una forma de perder el miedo a luchar por lo que considera justo, a pesar de los daños emocionales y del estigma. Afirmó que esta persecución es algo dirigido de forma personal y político contra su persona. Incluso para su ceremonia de graduación no recibirá la mención honorifica “Cum Lauden”, por prohibición de las autoridades que rectora Julieta Castellanos. El pasado 07 de junio fue condenado por el delito de usurpación junto a Moisés Cáceres y Cesario Padilla, responsabilizándolos de una toma el 15 de julio del 2015, y el año pasado se le sobreseyó de otra acusación por el mismo delito, pese a no estar en la UNAH.
Engels López (Sociología), pese a estar ya varios meses fuera de la UNAH, esta criminalización es parte de una política que se viene impulsando en el Alma Mater desde hace unos cuatro años. El líder estudiantil goza de medidas cautelares, las cuales no se cumplen a cabalidad, afirmó, pero no se comprende porque lo criminalizaron.
Fausto Cálix (Derecho), expresó que nuevamente se evidencia el circo montado por fiscales del Ministerio Público que se evidencia ante la sociedad hondureña, y del cual hay que reírse. Ellos no obedecen al ordenamiento jurídico hondureño, no a las leyes, no a la justicia, sino que a directrices de una señora abusadora de poder, judicializadora y crimininalizadora de la protesta estudiantil y social, como lo es doña Julieta Castellanos.
Así han quedado evidenciados, bola de cretinos y serviles al sistema, nos imponen medidas diferentes a la prisión, y ese no es el problema, sino que ningún estudiante puede ser criminalizado por el hecho de ejercer su derecho legítimo de la protesta estudiantil y social.
Otra evidencia que deja esta criminalización, -declaró Cálix, vocero del Movimiento Estudiantil Universitario (MEU), a defensoresenlinea.com, es que no existe una investigación de parte del MP, y se ejecuta una persecución directa porque los estudiantes que se presentaron hoy, ni siquiera han estado en Tegucigalpa, pero sus voces han estado en la denuncia pública constante.
ASESINAN A CARISMÁTICO MAESTRO DEL TÉCNICO HONDURAS
El
mentor de generaciones del Instituto Técnico Honduras (ITH), Mario
Alberto Morazán, murió esta mañana luego de expulsar al familiar de una
estudiante que quiso agredir a otra menor, y en reproche éste disparó a
la humanidad del carismático profesor.
Morazán
como los estudiantes lo conocieron por décadas, inició labores en 1984,
desempeño como profesor de química y consejero, siempre fue estricto y
respetado, nunca fue prepotente ni agresivo.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Esta
mañana el gremio magisterial y en especial, los estudiantes del
Instituto Técnico Honduras (ITH) de la colonia Kennedy, en Tegucigalpa,
lamentaron el vil asesinato del maestro, Mario Alberto Morazán.
Según
informaron a la prensa sus colegas, ayer dos alumnas de este colegio se
enfrentaron a golpes, por lo que Morazán intervino y citó a las
adolescentes para presentarse este miércoles en compañía de sus
responsables a fin de buscar una solución y castigo.
Los
tutores de estas acataron el llamado y se conoció que el hermano de
Roxana Sarmiento Ruiz, quería agredir a la otra menor con quien su
familiar había peleado, ese intento fue frustrado por el profesor, quien
haciendo validez de su autoridad procedió a sacar al hombre
identificado como Marco Ariel Ruiz.
Pero
en el instante en que este era expulsado de las instalaciones del ITH,
espero que Morazán le diera la espalda para sacar el arma de fuego que
portaba, disparando a quema ropa en la humanidad del profesor.
Según
el reporte del personal médico, Morazán recibió tres disparos, uno en
la pierna, otro en el brazo y el último en el área del tórax, sería este
el que provocará la muerte al mentor de generaciones.
En
un intento por salvarlo sus colegas lo trasladaron a la sala de
emergencia del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), pero ya
era demasiado tarde porque Morazán había expirado su último aliento.
Agentes
de la Policía Nacional se hicieron presentes en el colegio para detener
a los familiares del homicida. Asimismo informaron que ambas mujeres
debían confesar la identidad del hombre que le arrebato un pedazo de
historia al populoso colegio.
El
director del ITH, Nelson Cálix, condenó el crimen y manifestó su
consternación y a la vez pidió a las autoridades seguridad en los
centros educativos, ya que el colegio cuenta con poca seguridad privada y
has ellos han sido amenazados por delincuentes.
Mario
Alberto Morazán, inicio labores en el “Técnico” en 1984, desempeño como
maestro de Química General por las tardes y ejercía como consejero
estudiantil por las mañanas.
Varios
estudiantes y egresados del ITH han mostrado en redes sociales su
consternación por el crimen contra uno de los consejeros más “yucas”,
pues en su labor siempre fue estricto más nunca irrespetuoso. Más de
alguno pasó su cabeza por sus tijeras o hasta recibió ayuda para usar
bien el uniforme.
Sus
antiguos estudiantes lamentaron lo inseguro que se volvió el colegio,
ya que a nivel académico siempre fue una de las instituciones más
respetadas a nivel de educación pública.
Sus
familiares, amigos y colegas están llevando a cabo el velorio en la
Funeraria Excelsior, ubicada en la colonia Alameda, cerca del Hospital
Escuela Universitario.
BAJO AMENAZA
La campaña incluye diversas publicaciones insidiosas surgidas tras la enésima declaración hostil del Presidente Juan Orlando Hernández contra organizaciones de derechos humanos que incidimos en círculos de decisión internacional sobre la situación del país.
La matriz del mensaje busca asociar a la coordinación del Comité con las operaciones del crimen organizado en Colón, que habría construido redes paramilitares asociadas a instituciones estatales.
Incluye, además, vigilancia de nuestra sede en la avenida Cervantes de Tegucigalpa, seguimiento a miembros de nuestro personal y un afiche amenazante que encabeza el señor Wilter Blanco buscado por la DEA de Estados Unidos.
Es nuestro deber, por tanto, informar que esta peligrosa campaña – focalizada contra la coordinadora de la organización, Bertha Oliva — procede de los aparatos de inteligencia que impulsan el continuismo del partido de gobierno, que debe responder al menos por tres hechos de impacto en las últimas semanas. Y por otros no menos recientes como es el robo al IHSS, el asesinato de Berta Cáceres y la conspiración mafiosa en la FIFA y el lavado de activos en bancos locales.
El gobierno debe esclarecer, sin duda, el asesinato del presidente del Movimiento Unificado Campesino del Aguán, José Ángel Flores.
También debe enfrentar en los próximos días la sentencia penal condenatoria en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el asesinato del candidato a diputado Ángel Pacheco León, en el marco de su campaña dentro del Partido Nacional, en noviembre de 2001.
El Cofadeh escuchó a la familia León desde el inicio y se convirtió en el impulsor del proceso en el sistema interamericano de derechos humanos, porque las víctimas fueron desatendidas por su propio partido y por los indicios racionales de participación de agentes estatales en el crimen.
Y el gobierno debe responder, igualmente, nuestra demanda histórica de justicia en los casos de desapariciones forzadas y crímenes políticos impunes contra personas vinculadas todavía a los aparatos de inteligencia del Estado; en este sentido, el arresto de Marco Tulio Regalado Hernández por el asesinato político de Herminio Deras toca sus intereses.
De modo que la campaña en contra nuestra es una reacción a esos hechos y a nuestra decisión de respaldo a las acciones de la MACCIH contra la corrupción y al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU contra la impunidad en Honduras.
Pese a todo, no vamos a renunciar a nuestro trabajo de litigio internacional contra los responsables de hechos atroces y vamos a impulsar las causas penales que sean requeridas contra los miembros del Estado implicados en los mismos.
Con este espíritu vamos a conmemorar nuestros 34 años de vida organizada el próximo 30 de noviembre, con nuevos anuncios que sirven a la lucha contra la impunidad en el país.
De los hechos y de los hechores Ni olvido ni perdón
Tegucigalpa, M.D.C, 18 de noviembre de 2016
¡ALERTA! HONDURAS: ASESINAN CAMPESINO EN BAJO AGUÁN
A
través de un comunicado, la Plataforma Agraria del Valle del Aguán,
denunció el asesinato contra el campesino José Alfredo Rodríguez, quien
pertenecía a la empresa campesina “Gregorio Chávez”.
En el documento la Plataforma responsabilizó directamente al Ejército de Honduras y a la corporación Dinant, quienes han difundido el terror en la Finca “Paso Aguán”
En el documento la Plataforma responsabilizó directamente al Ejército de Honduras y a la corporación Dinant, quienes han difundido el terror en la Finca “Paso Aguán”
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa.
La Plataforma Agraria del Valle del Aguán, denunció este miércoles el
asesinato del campesino José Alfredo Rodríguez, quien era miembro la
Empresa Campesina Gregorio Chávez.
De
acuerdo a la información, Rodríguez fue asesinado entre el lote 6 yel
14 de la Finca “Paso Aguán”, ubicada en Trujillo, Colon. Quién reportó
el suceso fue su hijo José Luis, quien iba a dejarle el desayuno y
encontró el cadáver de su progenitor.
Familiares
del occiso denunciaron que éste ya había recibido varias amenazas a
muerte por miembros del Ejército y guardias de seguridad de la
Corporación Dinant que están asentados en la finca.
Trascendió
que la empresa campesina de la que Rodríguez era parte, adquirió el
pasado 27 de agosto un área en la finca. Cabe destacar que la Finca Paso
Aguan fue asignada para el proceso de Reforma Agraria en 1970, pero la
Corporación Dinant se apoderó de ella en los años 90.
Según
la Plataforma Agraria del Aguán, debido a esta ilegalidad, la
Corporación Dinant se ha encargado de difundir el terror a los
habitantes de la comunidad de Panamá. Entre 2011 y 2017 se han
reportador secuestros, desaparecidos y asesinados.
Entre
las víctimas están Ramón Lobo semi-sepultado en el lote numero 26 el
14 de agosto 2011; José Antonio López Lara desaparecido y asesinado
el 29 de abril 2012 y exhumado el 25 de abril del 2013 en el lote
numero 3; Gregorio Chávez delegado de la palabra de Dios secuestro y
asesinato el 2 de julio del y exhumado el 7 de julio 2013 en lote numero
8.
Además
David Ponce y José Sánchez fueron heridos de bala por la policía y el
ejército el 3 de julio 2014 y el 16 abril del 2016 se encontró el cráneo
de una persona en el lote 18, estos hechos han convertido la Finca
Paso Aguán en un cementerio clandestino bajo la responsabilidad de
Corporación Dinant y el Ejército hondureño.
El
levantamiento del cuerpo de Rodríguez fue realizado a las 11:00 de la
mañana por Policía Preventiva, elementos de la Unidad de Muertes
Violentas del Bajo Aguán (UMVIBA) y medios de comunicación que
cubrieron la noticia.
En
las últimas semanas esta finca ha sido explotada por el ejército de
Honduras bajo el mando del coronel Hugo Coca, jefe de la Operación
Xatruch III en el Bajo Aguán.
“Ante
estos hechos hacemos un llamado enérgico a las firmas certificadoras,
organismos financieros nacionales e internacionales y al Mecanismo de
Desarrollo Limpio (MDL), a cancelar cualquier proceso que conlleve a
certificación y financiamiento a Corporación Dinant ya que está
involucrada en todo lo antes expuesto”, dicta el documento de la
Plataforma.
Asimismo,
responsabilizan al Comisionado Departamental de la Policía Juan Adolfo
Gonzales Zapata, al jefe de la operación Xatruch coronel Coca, al
oficial Perdomo, al mayor Molina, al gobierno de Juan Orlando
Hernández y a las corporaciones terratenientes de cualquier hecho
violento que ocurra en contra de las familias campesinas en procesos de
recuperación de las tierras de Reforma Agraria en el Bajo Aguán.
“Llamamos
de manera urgente al Alto Comisionado de la Naciones Unidas, a la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y demás organismo
defensores de derechos Humanos nacionales e internacionales a poner sus
buenos oficios para detener esta barbarie del gobierno de Honduras en
contra de las familias campesinas el Bajo Aguan”, finaliza el documento.
Apartheid garífuna en el caribe de Honduras (I)
Por Pasos de Animal GrandeKAOS EN LA RED - Publicado en: 10 septiembre, 2017
Dos canadienses parecen haberse convertido en la punta de lanza para implementar la política fáctica del Apartheid mientras otros canadienses compran terrenos que le pertenecen a la comunidad garífuna.
“Los garífunas no son un pueblo originario”, dijo el Estado en un juicio.
El
Poder Ejecutivo de Honduras publicó el 16 de abril de 2005, en el
Diario Oficial La Gaceta de Honduras, la Convención Internacional sobre
la Represión y el Castigo del Crimen deApartheid que había sido
adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General de
la ONU en su resolución 3068(XXVIII),de 30 de noviembre de 1973.
Santa Fe, Colón.Es
viernes por la tarde. El aire roza con suavidad la arena blanca. Las
casas de la comunidad de Guadalupeestán casi pegadas, dispuestas de
frente a las calles de tierra, detrás de sus paredes a pocos metros está
la playa azul.
No hay oficinas estatales en la zona, para cualquier trámite con el gobierno se debe viajar una hora en buses amarillos, importados del extranjero después de varios años de uso.
El concepto de prosperidad es distinto para la cosmovisión garífuna y no está necesariamente lígado al materialismo, pero aún así el Estado con un modelo de desarrollo neoliberal parece no haber llegado para invertir en acceso a condiciones de salubridad, infraestructura y necesidades básica para esta comunidad.
Según el documento de programa de país 2012-2016 del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), las tasas más bajas de matrícula y retención escolar se dan en los niños de pueblos indígenas.
El informe Más Allá de los Promedios:Afrodescendientes en América Latina, Los Afrohondureños, financiado por el Banco Mundial, estableció que “de igual manera Colón, con presencia de Garífunas, seencuentra clasificado en el tercer grupo con un rango de índices de necesidades básicas nosatisfechas que oscilan entre el 56.6 y el 66.7%”.
“El Departamento de Colón se encuentra entre unos de los que registran el tercer lugar por debajode la línea de pobreza,rango que oscila entre 73.8% y 78.1%. En esteDepartamento tambiénexiste un predominio dela población “otra”(92%), pero asimismoun aproximado de un7% del total de lapoblación es Garífuna”. Es decir, con ocho de cada 10 habitantes, viven bajo la línea de la pobreza.
“Resulta
evidente que la falta de oportunidades la está combatiendo el
afrohondureño medianteuna estrategia de supervivencia (coping
strategies) de emigración al extranjero”, cita este documento que
advierte que aun con esos indicadores, los garífunas viven mejores
condiciones que los demás pueblos indígenas.
No obstante, la realidad muestra que aunque tienen escrituras ancestrales que los declaran dueños de la tierra, viven en hacinamiento cerca del mar cuya serenidad contrasta con una serie de hechos documentados que dan indicios de que el pueblo garífuna de Hondurassufre una política estatal con rasgos similares al Apartheid consistentes en crear deliberadamente condiciones que impiden su pleno desarrollo, en especial denegando a los miembros de este grupo racial sus derechos humanos y libertades fundamentales.
En la zona hay cercas de cemento en residenciales construidas por canadienses, con un modelo occidental, con confort y placer y con la servidumbre de garífunas. Las residencias y hoteles funcionan en sus territorios ancestrales, en cambio no hay escuelas ni hospitales que puedan comprender la cosmovisión y la cultura garífuna o su lengua.
En el Censo número 27 del Instituto Nacional de Estadísticas, (INE) , relacionado con población y el sexto para conocer cuántas viviendas hay a nivel de municipios, reveló que el municipio de Santa Fé tiene un analfabetismo de 15 por ciento en 2013. El municipio tiene 5 mil 390 habitantes, un kilómetro cuadrado es habitado por un promedio de 28 personas.
La situación de sus territorios se agravó a partir del golpe de Estado de 2009 y se recrudeció con la oleada de canadienses que buscan un paraíso trópical. Vea:El rey porno canadiense y el paraíso caribeño
El 107 garantiza la propiedad de la tierra para los hondureños.
En 2013, nuevamente el pueblo garífuna denunció que la ley para crear Ciudades Modelo o Zedes, como se les llamó después, también es un intento por despojarles de su territorio, esta ley ya está en vigencia en el país, se suma a estas legislaciones que promueven el despojo la recién aprobada Ley de Fomento al Turismo.
“Las
organizaciones de la sociedad civil participantes indicaron que las
comunidades garífunas siguen siendo víctimas de apropiación ilegal de
sus territorios y que se está criminalizando a mujeres, hombres y a
comunidades completas con requerimiento fiscales por usurpación para
despojarlas de sus tierras. Informaron que habrían 15 requerimientos
fiscales contra garífunas en La Ceiba, 12 requerimientos fiscales en los
juzgados de Trujillo, y 6 requerimientos fiscales en los juzgados de
Tela contra miembros de la comunidad garífuna”, cita el documento.
Agrega la CIDH, “el estado del derecho a la educación y a la salud de los pueblos indígenas y afrohondureños también fue objeto de preocupación por la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de Naciones Unidas.Organizaciones de la sociedad civil señalan que la esperanza de vida en los pueblos originarios de Honduras es de 36 años para las mujeres y 43 años para los hombres”.
“Autoridades
de la Base Naval de Puerto Castilla y equipos de busqueda de
informacion confirman que la zona es considerada caliente en lo
relacionado al tráfico de drogas y que hay un grupo de personas ligadas a
actividades ilícitas que manipulan e incitan a la población de Iriona,
Colón, a enfrentarse a la autoridad que cumple con la misión de
garantizar el orden y la seguridad en el sector” (sic).La comunidad se
manifestó indignada y desmintió que este asesinato fuera resultado de un
enfrentamiento con la autoridad, por su parte las Fuerzas Armadas
emitieron un comunicado con discurso estigmatizante que señaló:
Otro municipio vecino es Limón. El 9 de abril de 2016, los pobladores del municipio de Limón, en Colón, quemaron una sede militar ,
aseguraron que hubo abuso de autoridad, fuerza desproporcionada y
disparos contra civiles por parte de los uniformados en contra de los
indígenas.
El discurso público de las Fuerzas Armadas, divulgado a través de la prensa, fue que el conficto se originó porque los garífunas desatendieron una orden militar de tránsito y los soldados dispararon contra civiles por este hecho.
A través del periódico Resumen Latinoamericano, el 20 de junio de 2017, la coordinadora de Ofraneh, Miriam Miranda, denunció que “Proyectos de desarrollo impulsados por el gobierno en la costa atlántica amenazan supervivencia de comunidades afrodescendientes:
El pueblo garífuna ha sufrido dos destierros y está enfrentándose a otro por permanecer en las costas, tan apetecidas por el capital nacional y trasnacional”, explicó Mirian Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), que defiende los derechos de las comunidades garífunas.
( CASO COMUNIDAD GARÍFUNA TRIUNFO DE LA CRUZ Y SUS MIEMBROS VS. HONDURAS )
( CASO COMUNIDAD GARÍFUNA DE PUNTA PIEDRA Y SUS MIEMBROS VS. HONDURAS)
las denuncias y comunicaciones con entes estatales por parte de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH).
También se descubrió analizando el discurso público de funcionarios de alto nivel y por medio de laconsultoría investigativa Sobre situación Actual de Tierra y Territorio Colon Uno () desarrollada en las comunidades de Trujillo, Guadalupe, Santa Fe, San Antonio por el consultor Celso Alberto Guillén Mejía, expresidente del patronato de Guadalupe.
Los
garífunas han venido sufriendo aprobación de legislaciones que les
afectan su cultura y sobrevivencia, traslado forzoso de población, amenazas, asesinato, encarcelación, tortura, discriminación racial , vulneraciones del derecho a la libertad de expresión relacionada con el uso de su lenguaje y con lapersecucíón de sus radios comunitarias,
les han violentado el derecho a la libertad de reunión, de
asociación pacífica y sufren por conflictos internos con los miembros de
su mismo grupo etnico, alentados por inversionistas que prometen
beneficios laborales a cambio de apoyo en la zonas.
«“…La Comunidad Garífuna de Punta Piedra no es una comunidad originaria de Honduras o de la región, por lo cual no puede ser considerad[a] como un pueblo indígena”…“por el hecho de no ser un pueblo originario no pueden invocar el derecho a tierras ancestrales” », alegó el Estado hondureño en el caso Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus miembros vs.Honduras.
«“El Estado, en sus alegatos finales orales en la audiencia pública que se realizó en el presente caso, se refirió a que el pueblo originario ubicado en la Bahía de Tela fue el
pueblo Hicaque” y que “Honduras sí ha cumplido dándole [a la Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz] un derecho a pesar de no ser un pueblo originario”. Posteriormente, en sus alegatos finales escritos, el Estado reiteró que la referida Comunidad “no [sería un] pueblo originario”, pero un pueblo “que conserv[a] el estado comunal”, por lo que “no tienen el derecho a propiedad ancestral que pretenden en [determinadas] tierras”», cita una parte del caso Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros vs. Honduras. y sus miembros vs. Honduras.
En este caso se constató claramente el desplazamiento de territorio, en su Informe de Fondo la Comisión indicó que a partir de agosto de 2005 se estaríaejecutando un megaproyecto turístico en la Bahía de Tela denominado “[l]os Micos Beach &Golf Resort” o “Bahía de Tela”. Los representantes indicaron que la denominación actual deese proyecto es “Indura Beach and Golf Resort” y que fue “realizado de forma inconsulta”.
Por otra parte, la CorteIDH constata que el 6 de agosto de 2014 los representantessolicitarona la Corte ordenar medidas provisionales a favor de la Comunidad Garífuna deBarra Vieja, en razón de que dicha Comunidad estaría “a punto de ser desalojada porelementos asignados al Ministerio de Seguridad de Honduras” y afirmaron que “estasituación se enc[ontraría] interconectada con el caso de [la Comunidad Garífuna] Triunfo dela Cruz y demás [C]omunidades [G]arífunas en la Bahía de Tela”. Según indicaron en dichasolicitud, la Comunidad de Barra Vieja se encontraría ubicada “en la entrada” del proyectoturístico Bahía de Tela, alegadamente “uno de los mayores promotores del despojo de lascomunidades garífunas”.
Como parte de la misma política, el 10 de agosto pasado, el Estado hondureño aprobó una Ley de Incentivos al Turismo que según los garífunas generara expropiaciones y riesgo de desplazamiento forzoso en sus territorios.A través de los medios de comunicación del monopolio mediático, el discurso es promover los beneficios de la nueva Ley de Incentivos al Turismo.
El 1 de agosto de 2017, la OFRANEH envió una carta al Congreso Nacional para expresar que “la Ley de Fomento al Turismo…solo generará más acoso sobre nuestras tierras y territorios y por ende nos coloca ante una situación de mayor indefensión, habida cuenta que en la actualidad los operadores de justicia a quienes criminalizan y judicializan son a los líderes y dirigentes Garífunas que luchan y defienden los derechos ancestrales colectivos territoriales y culturales del pueblo garífuna”.
Unos días antes, el 18 de julio de 2017, el gobernante del Poder Ejecutivo de Honduras, Juan Orlando Hernández, pidió a los congresistas hondureños aprobar la Ley de Incentivo al Turismo que tiene como meta generar 250,000 empleos en los próximos dos años. «Queremos que Honduras sea repotenciada en el turismo y para ello tenemos que construir más plataformas, como hotel y sitios de diversión y placer, a fin de ponernos en un lugar de primer mundo», dijo Hernández.
Sólo dos días antes de sus declaraciones, el 16 de julio de 2017, Hernández, había iniciado su programa estatal “Honduras Actívate”, desde el Muelle de Cruceros Banana Coast. El programa “Honduras Actívate” también consiste en “poner un lugar en el mapa del país como destino turístico…Esa bahía que ustedes tienen, esa diversidad de colores de las estrellas de mar, eso no se encuentra en cualquier lugar del mundo y está en Trujillo”, señaló entonces Hernández.
“La
atmósfera de anticipación era casi palpable en Trujillo el 15 de
octubre de 2014. La noruega Jewel, un buque noruego de 2.376 pasajeros
con más de 1.000 tripulantes estaba a punto de llegar. La joya y los
barcos de otras empresas de cruceros se llamará a la Costa del Plátano
toda la temporada, a través de abril de 2015. Banana Coast es propiedad y
dirigido por Grande Trujillo Autoridad, de la cual la fuerza motriz,
propietario principal y presidente es Randy Jorgensen”. (Traducción
libre).
“Hubo escasas razones para celebrar en Cristales y Río Negro, dos comunidades Garífunas históricas en la costa en los bordes occidental y oriental de Trujillo, respectivamente. La terminal de cruceros de la Costa de Banana y complejo comercial se encuentra en Río Negro”, dice el sitio.
Relata: “Era una comunidad. Eso era parte de su hábitat. Ahí es donde dejarían sus cayucos, donde irían pescado. Ahora no pueden ir a dejar sus cayucos en la playa. La entrada de los miembros de la comunidad de Río Negro está estrictamente prohibida allí porque ahora es una zona privada “, dice Víctor García, miembro del consejo comunitario Cristales y Río Negro.
“Cuando algunos miembros de la comunidad garífuna se negaron a entregar sus tierras, el municipio de Trujillo declaró que el proyecto de la Costa del Banano era de interés público en diciembre de 2009. El decreto fue publicado en la Gaceta Oficial en febrero de 2010 permitiendo al Estado ejercer el derecho de eminente dominio. A través de la amenaza de expropiación forzada, los desarrolladores de los puertos de cruceros pudieron adquirir las tierras restantes”, reveló Ricochet.media.
“Pero el disputado proyecto de la Costa del Banano sigue estando dentro de uno de los dos títulos de tierras colectivas inalienables Cristales y Río Negro. Los títulos de 1886 y 1901 cubren casi 100 kilómetros cuadrados en varios sectores de la región, incluyendo algunos de desarrollo inmobiliario de Jorgensen”.
El Banana Coast es considerado por OFRANEH como un proyecto turístico de “expulsión de los garífunas de la Bahía de Trujillo”; el Banana Coast es un proyecto impulsado por el empresario canadiense, Randy Jorgensen.
Desde el día de su toma de posesión, el 27 de enero de 2014, Hernández relacionó la idea de desarrollo y de inversión con la de generación de empleos.
a) La denegación a uno o más miembros de uno o más grupos raciales del derecho a la vida y a la libertad de la persona:i) Mediante el asesinato de miembros de uno o más grupos raciales;ii) Mediante atentados graves contra la integridad física o mental, la libertad o la dignidad de los miembros de uno o más grupos raciales, o su sometimiento a torturas o a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes;iii) Mediante la detención arbitraria y la prisión ilegal de los miembros de uno o más grupos raciales…
c) Cualesquiera medidas legislativas o de otro orden destinadas a impedir a uno o más grupos raciales la participación en la vida política, social, económica y cultural del país y a crear deliberadamente condiciones que impidan el pleno desarrollo de tal grupo o tales grupos, en especial denegando a los miembros de uno o más grupos raciales los derechos humanos y libertades fundamentales…
La Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid, publicada en elDiario Oficial La Gaceta de Honduras el 16 de abril de 2005,
fue aprobada observando que en la Convención para la Prevención y la
Sanción del Delito de Genocidio ciertos actos que pueden calificarse
también de actos de apartheid constituyen un delito de derecho
internacional.
«La naturaleza punitiva del genocidio tiene facilidad para sustraerse a la observación», cita en su obra Hacer Sufrir, el doctor en Ciencias Penales, Alejandro Alagia que ha estudiado el genocidio en América Latina bajo dictaduras militares, así como violaciones sistemáticas a derechos humanas cometidas en democracias, por fuerzas policiales y de seguridad bajo el argumento de guerra al delito.
Es precisamente la etiqueta de delincuentes la que han enfrentado los garífunas de la comunidad de Guadalupe en los últimos años. Las principales víctimas han sido mujeres arrestadas por usurpación en sus propias tierras con títulos comunitarios y ahora están acusadas por delitos contra el honor.
«El Tribunal concluye que el Estado es responsable por haber violado el deber de garantizar el derecho a la propiedad de la Comunidad Triunfo de la Cruz…por haber permitido la adjudicación de un título de propiedad sobre un predio que se encuentra situado sobre el territorio que fuera reconocido por un ente estatal como tradicional y que estaba en parte ocupado por los miembros de la Comunidad».
También el Estado permitió el desplazamiento de los territorios porque debió «haber consultado a la Comunidad sobre los proyectos “Marbella” y “Playa Escondida” previamente a su realización, toda vez que se desarrollaron dentro de su territorio tradicional y no fueron aportadas pruebas de que dichas consultas hayan tenido lugar. En consecuencia, la Corte constata que el derecho a la consulta de la Comunidad y sus miembros ha sido violado por el Estado».
Por otra parte, el mismo Tribunal constató que «los supuestos asesinatos de Oscar Brega, Jesús Álvarez Roche, Jorge Castillo Jiménez y Julio Alberto Morales forman parte del marco fáctico del caso, ya que la Comisión en el capítulo de “[h]echos probados” de su Informe de Fondo se refirió a que “la información obrante en el expediente ante la C[omisión] da cuenta del asesinato de al menos cuatro miembros de la Comunidad por causas relacionadas con la defensa de la tierra” e identificó a las cuatro personas referidas.
En virtud a lo anterior, la Comisión concluyó que el Estado hondureño no habría garantizado un recurso adecuado y efectivo para responder a las reclamaciones de territorio ancestral y las reivindicaciones de las tierras tituladas a favor de la Comunidad, ni habríarealizado las investigaciones correspondientes en relación a las denuncias interpuestas por los daños a la propiedad y los actos de amenazas, agresiones, hostigamiento y persecución sufridos, impidiéndoles por tanto ser oídos en un proceso con las debidas garantías. El Estado es responsable porque debió investigar los hechos denunciados por laComunidad y sus miembros, y por no haber iniciado de oficio las investigaciones relativas a las muertes de Oscar Brega, Jesús Álvarez Roche, Jorge Castillo Jiménez y Julio Alberto Morales», dijo la CorteIDH.
Estos no son casos aislados, el mismo modo de operar se puede encontrar en el litigio judicial por la comunidad de Guadalupe, Santa Fé, Colón, por el que fueron acusados de usurpación los garífunas que cuentan con un título ancestral y posteriormente quedaron con cartas de libertad provisional y con un recurso de apelación interpuesto para reabrir el juicio contra una de las lideresas garífunas.
El litigio judicial de los canadienses Randy Jorgesen y Daniel Patrick Forseth contra garífunas por disputas de territorios comunitarios, deja en evidencia una serie de irregularidades que dieron lugar a encarcelamiento, frases racistas, tortura sicológica.
Al mismo tiempo, existen documentos que evidencian presuntas falsificaciones para desplazar forzadamente a los garífunas y un discurso que intenta colocar la visión de desarrollo de los inversionistas extranjeros por encima de la cosmovisión indígena tal como lo demuestran documentos obtenidos en el transcurso de esta investigación.
ü El 10% del total de la población es Garífuna y el 2.8% del total es Negro Inglés.
ü Aproximadamente el 84% de la población Garífuna reside en Atlántida, Colón y Cortés
ü Los afrohondureños cuentan con un mayor porcentajede hogares con jefas mujer
Fuente: Más Allá de los Promedios: Afrodescendientes en América Latina (Banco Mundial).
FacebookTwitterVKDiasporaNo hay oficinas estatales en la zona, para cualquier trámite con el gobierno se debe viajar una hora en buses amarillos, importados del extranjero después de varios años de uso.
El concepto de prosperidad es distinto para la cosmovisión garífuna y no está necesariamente lígado al materialismo, pero aún así el Estado con un modelo de desarrollo neoliberal parece no haber llegado para invertir en acceso a condiciones de salubridad, infraestructura y necesidades básica para esta comunidad.
Según el documento de programa de país 2012-2016 del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), las tasas más bajas de matrícula y retención escolar se dan en los niños de pueblos indígenas.
El informe Más Allá de los Promedios:Afrodescendientes en América Latina, Los Afrohondureños, financiado por el Banco Mundial, estableció que “de igual manera Colón, con presencia de Garífunas, seencuentra clasificado en el tercer grupo con un rango de índices de necesidades básicas nosatisfechas que oscilan entre el 56.6 y el 66.7%”.
“El Departamento de Colón se encuentra entre unos de los que registran el tercer lugar por debajode la línea de pobreza,rango que oscila entre 73.8% y 78.1%. En esteDepartamento tambiénexiste un predominio dela población “otra”(92%), pero asimismoun aproximado de un7% del total de lapoblación es Garífuna”. Es decir, con ocho de cada 10 habitantes, viven bajo la línea de la pobreza.
Vea infografia aquí |
No obstante, la realidad muestra que aunque tienen escrituras ancestrales que los declaran dueños de la tierra, viven en hacinamiento cerca del mar cuya serenidad contrasta con una serie de hechos documentados que dan indicios de que el pueblo garífuna de Hondurassufre una política estatal con rasgos similares al Apartheid consistentes en crear deliberadamente condiciones que impiden su pleno desarrollo, en especial denegando a los miembros de este grupo racial sus derechos humanos y libertades fundamentales.
En la zona hay cercas de cemento en residenciales construidas por canadienses, con un modelo occidental, con confort y placer y con la servidumbre de garífunas. Las residencias y hoteles funcionan en sus territorios ancestrales, en cambio no hay escuelas ni hospitales que puedan comprender la cosmovisión y la cultura garífuna o su lengua.
En el Censo número 27 del Instituto Nacional de Estadísticas, (INE) , relacionado con población y el sexto para conocer cuántas viviendas hay a nivel de municipios, reveló que el municipio de Santa Fé tiene un analfabetismo de 15 por ciento en 2013. El municipio tiene 5 mil 390 habitantes, un kilómetro cuadrado es habitado por un promedio de 28 personas.
La situación de sus territorios se agravó a partir del golpe de Estado de 2009 y se recrudeció con la oleada de canadienses que buscan un paraíso trópical. Vea:El rey porno canadiense y el paraíso caribeño
El antecedente más cercano de amenaza estatal de desplazamiento forzado de sus territorios fue antes del golpe de Estado.
Un año después de la crisis del Huracán Mitch, en 1999, durante el gobierno de Carlos Flores Facussé, bajo el argumento del potencial turístico, el Congreso Nacional reformó el artículo 107 de la Constitución de la República de Honduras, mediante Decreto No. 294-98, de fecha 4 de diciembre de 1998, publicado en elDiario Oficial “La Gaceta” el 15 de enero de 1999; al no ser ratificado en la siguiente legislatura debido a la protestas garífunas, nunca entró en vigencia.El 107 garantiza la propiedad de la tierra para los hondureños.
En 2013, nuevamente el pueblo garífuna denunció que la ley para crear Ciudades Modelo o Zedes, como se les llamó después, también es un intento por despojarles de su territorio, esta ley ya está en vigencia en el país, se suma a estas legislaciones que promueven el despojo la recién aprobada Ley de Fomento al Turismo.
Peligro inminente de ser expulsados
En su informe sobre el cumplimiento de recomendaciones hechas al Estado de Honduras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,(CIDH), informó en 2016 que “la Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico,(Zedes), habría colocado al pueblo Garífuna en un peligro inminente de ser expulsado de la costa norte de Honduras, entre otros, mediante la creación de “ciudades modelo”, de las cuales cinco abarcarían comunidades Garífunas, las cuales no habrían sido consultadas al respecto”.Agrega la CIDH, “el estado del derecho a la educación y a la salud de los pueblos indígenas y afrohondureños también fue objeto de preocupación por la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de Naciones Unidas.Organizaciones de la sociedad civil señalan que la esperanza de vida en los pueblos originarios de Honduras es de 36 años para las mujeres y 43 años para los hombres”.
Asesinatos
A unos kilómetros de Santa Fé está el municipio de Iriona, en Colón también habitado por garífunas. El domingo 27 de diciembre de 2015, soldados de la Policía Militar asesinaron a Jostin Palacios de 24 años de edad y Elvis García de 19 años de edad . El día de la tragedia los pobladores denunciaron que reciben en forma permanente maltratos de militares.Fue la mañana del domingo 27 de diciembre, cuando dos carros express que viajaban de Iriona a Tocoa, Colón fueron interceptados por militares de la Fuerza Naval, quienes sin mediar palabra comenzaron a disparar. |
Los pobladores garifunas del municipios de Limón están enardecidos por la accionar militar. |
El discurso público de las Fuerzas Armadas, divulgado a través de la prensa, fue que el conficto se originó porque los garífunas desatendieron una orden militar de tránsito y los soldados dispararon contra civiles por este hecho.
A través del periódico Resumen Latinoamericano, el 20 de junio de 2017, la coordinadora de Ofraneh, Miriam Miranda, denunció que “Proyectos de desarrollo impulsados por el gobierno en la costa atlántica amenazan supervivencia de comunidades afrodescendientes:
El pueblo garífuna ha sufrido dos destierros y está enfrentándose a otro por permanecer en las costas, tan apetecidas por el capital nacional y trasnacional”, explicó Mirian Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), que defiende los derechos de las comunidades garífunas.
Apartheid
Las evidencias de una política con rasgos de Apartheid fueron descubiertas por pasosdeanimalgrande.com al analizar testimonios, expedientes en los tribunales de justicia hondureños, los hechos descritos en dos condenas. contra el Estado de Honduras por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH),( CASO COMUNIDAD GARÍFUNA TRIUNFO DE LA CRUZ Y SUS MIEMBROS VS. HONDURAS )
( CASO COMUNIDAD GARÍFUNA DE PUNTA PIEDRA Y SUS MIEMBROS VS. HONDURAS)
las denuncias y comunicaciones con entes estatales por parte de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH).
También se descubrió analizando el discurso público de funcionarios de alto nivel y por medio de laconsultoría investigativa Sobre situación Actual de Tierra y Territorio Colon Uno () desarrollada en las comunidades de Trujillo, Guadalupe, Santa Fe, San Antonio por el consultor Celso Alberto Guillén Mejía, expresidente del patronato de Guadalupe.
Discurso público de funcionarios de alto nivel. |
Alfredo López, subcoordinador de OFRANEH manifestó que ellos escuchan expresiones a través de mensajes cuando están transmitiendo en sus radios como “te vamos a matar”, “dejen de hablar mier….”. Ver más aquí |
“Los garífunas no son un pueblo originario” dijo el Estado hondureño
El 12 de mayo de 2016 salió publicada en el Diario Oficial La Gaceta la Política Pública contra el Racismo y la Discriminación Racial para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños, sin embargo, ante la Corte In teramericana de Derechos Humanos, CorteIDH, el Estado alegó que los garífunas no son un pueblo originario por lo tanto no pueden ser considerados un pueblo indígena.«“…La Comunidad Garífuna de Punta Piedra no es una comunidad originaria de Honduras o de la región, por lo cual no puede ser considerad[a] como un pueblo indígena”…“por el hecho de no ser un pueblo originario no pueden invocar el derecho a tierras ancestrales” », alegó el Estado hondureño en el caso Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus miembros vs.Honduras.
«“El Estado, en sus alegatos finales orales en la audiencia pública que se realizó en el presente caso, se refirió a que el pueblo originario ubicado en la Bahía de Tela fue el
pueblo Hicaque” y que “Honduras sí ha cumplido dándole [a la Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz] un derecho a pesar de no ser un pueblo originario”. Posteriormente, en sus alegatos finales escritos, el Estado reiteró que la referida Comunidad “no [sería un] pueblo originario”, pero un pueblo “que conserv[a] el estado comunal”, por lo que “no tienen el derecho a propiedad ancestral que pretenden en [determinadas] tierras”», cita una parte del caso Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros vs. Honduras. y sus miembros vs. Honduras.
En este caso se constató claramente el desplazamiento de territorio, en su Informe de Fondo la Comisión indicó que a partir de agosto de 2005 se estaríaejecutando un megaproyecto turístico en la Bahía de Tela denominado “[l]os Micos Beach &Golf Resort” o “Bahía de Tela”. Los representantes indicaron que la denominación actual deese proyecto es “Indura Beach and Golf Resort” y que fue “realizado de forma inconsulta”.
Por otra parte, la CorteIDH constata que el 6 de agosto de 2014 los representantessolicitarona la Corte ordenar medidas provisionales a favor de la Comunidad Garífuna deBarra Vieja, en razón de que dicha Comunidad estaría “a punto de ser desalojada porelementos asignados al Ministerio de Seguridad de Honduras” y afirmaron que “estasituación se enc[ontraría] interconectada con el caso de [la Comunidad Garífuna] Triunfo dela Cruz y demás [C]omunidades [G]arífunas en la Bahía de Tela”. Según indicaron en dichasolicitud, la Comunidad de Barra Vieja se encontraría ubicada “en la entrada” del proyectoturístico Bahía de Tela, alegadamente “uno de los mayores promotores del despojo de lascomunidades garífunas”.
Como parte de la misma política, el 10 de agosto pasado, el Estado hondureño aprobó una Ley de Incentivos al Turismo que según los garífunas generara expropiaciones y riesgo de desplazamiento forzoso en sus territorios.A través de los medios de comunicación del monopolio mediático, el discurso es promover los beneficios de la nueva Ley de Incentivos al Turismo.
El 1 de agosto de 2017, la OFRANEH envió una carta al Congreso Nacional para expresar que “la Ley de Fomento al Turismo…solo generará más acoso sobre nuestras tierras y territorios y por ende nos coloca ante una situación de mayor indefensión, habida cuenta que en la actualidad los operadores de justicia a quienes criminalizan y judicializan son a los líderes y dirigentes Garífunas que luchan y defienden los derechos ancestrales colectivos territoriales y culturales del pueblo garífuna”.
Unos días antes, el 18 de julio de 2017, el gobernante del Poder Ejecutivo de Honduras, Juan Orlando Hernández, pidió a los congresistas hondureños aprobar la Ley de Incentivo al Turismo que tiene como meta generar 250,000 empleos en los próximos dos años. «Queremos que Honduras sea repotenciada en el turismo y para ello tenemos que construir más plataformas, como hotel y sitios de diversión y placer, a fin de ponernos en un lugar de primer mundo», dijo Hernández.
Sólo dos días antes de sus declaraciones, el 16 de julio de 2017, Hernández, había iniciado su programa estatal “Honduras Actívate”, desde el Muelle de Cruceros Banana Coast. El programa “Honduras Actívate” también consiste en “poner un lugar en el mapa del país como destino turístico…Esa bahía que ustedes tienen, esa diversidad de colores de las estrellas de mar, eso no se encuentra en cualquier lugar del mundo y está en Trujillo”, señaló entonces Hernández.
Desplazamiento forzado
El sitio electrónico canadiense Ricochet.media por medio de un artículo que inicia con la frase “Pequeña Canadá…”, informó en diciembre de 2014 sobre la llegada de cruceros a Honduras, en inglés y francés:“Hubo escasas razones para celebrar en Cristales y Río Negro, dos comunidades Garífunas históricas en la costa en los bordes occidental y oriental de Trujillo, respectivamente. La terminal de cruceros de la Costa de Banana y complejo comercial se encuentra en Río Negro”, dice el sitio.
Relata: “Era una comunidad. Eso era parte de su hábitat. Ahí es donde dejarían sus cayucos, donde irían pescado. Ahora no pueden ir a dejar sus cayucos en la playa. La entrada de los miembros de la comunidad de Río Negro está estrictamente prohibida allí porque ahora es una zona privada “, dice Víctor García, miembro del consejo comunitario Cristales y Río Negro.
“Cuando algunos miembros de la comunidad garífuna se negaron a entregar sus tierras, el municipio de Trujillo declaró que el proyecto de la Costa del Banano era de interés público en diciembre de 2009. El decreto fue publicado en la Gaceta Oficial en febrero de 2010 permitiendo al Estado ejercer el derecho de eminente dominio. A través de la amenaza de expropiación forzada, los desarrolladores de los puertos de cruceros pudieron adquirir las tierras restantes”, reveló Ricochet.media.
“Pero el disputado proyecto de la Costa del Banano sigue estando dentro de uno de los dos títulos de tierras colectivas inalienables Cristales y Río Negro. Los títulos de 1886 y 1901 cubren casi 100 kilómetros cuadrados en varios sectores de la región, incluyendo algunos de desarrollo inmobiliario de Jorgensen”.
El Banana Coast es considerado por OFRANEH como un proyecto turístico de “expulsión de los garífunas de la Bahía de Trujillo”; el Banana Coast es un proyecto impulsado por el empresario canadiense, Randy Jorgensen.
Desde el día de su toma de posesión, el 27 de enero de 2014, Hernández relacionó la idea de desarrollo y de inversión con la de generación de empleos.
¿Y qué actos inhumanos denota el crimen Apartheid?
La Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheidestablece que las políticas y prácticas análogas de segregación y discriminación racial tal como se practican en el África meridional, denotará los siguientes actos inhumanos cometidos con el fin de instituir y mantener la denominación de un grupo racial de personas sobre cualquier otro grupo racial de personas y de oprimirlo sistemáticamente:a) La denegación a uno o más miembros de uno o más grupos raciales del derecho a la vida y a la libertad de la persona:i) Mediante el asesinato de miembros de uno o más grupos raciales;ii) Mediante atentados graves contra la integridad física o mental, la libertad o la dignidad de los miembros de uno o más grupos raciales, o su sometimiento a torturas o a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes;iii) Mediante la detención arbitraria y la prisión ilegal de los miembros de uno o más grupos raciales…
c) Cualesquiera medidas legislativas o de otro orden destinadas a impedir a uno o más grupos raciales la participación en la vida política, social, económica y cultural del país y a crear deliberadamente condiciones que impidan el pleno desarrollo de tal grupo o tales grupos, en especial denegando a los miembros de uno o más grupos raciales los derechos humanos y libertades fundamentales…
Vea infografia aquí |
«La naturaleza punitiva del genocidio tiene facilidad para sustraerse a la observación», cita en su obra Hacer Sufrir, el doctor en Ciencias Penales, Alejandro Alagia que ha estudiado el genocidio en América Latina bajo dictaduras militares, así como violaciones sistemáticas a derechos humanas cometidas en democracias, por fuerzas policiales y de seguridad bajo el argumento de guerra al delito.
Es precisamente la etiqueta de delincuentes la que han enfrentado los garífunas de la comunidad de Guadalupe en los últimos años. Las principales víctimas han sido mujeres arrestadas por usurpación en sus propias tierras con títulos comunitarios y ahora están acusadas por delitos contra el honor.
Desplazamientos forzados con asesinatos
Otra evidencia de la política estatal de discriminación se encuentra en las dos citadas sentencias de la CorteIDH que ordenanal Estado de Honduras, por medio de dos condenas, remover cualquier tipo deinterferencia sobre los territorios conmunitarios ocupados por terceros. «el Estado tuvo noticia en diversasocasiones más de la continua y creciente ocupación de terceros en parte del territoriotitulado y reclamado, sin que el mismo actuara con la debida diligencia para tutelardicho territorio y/o arribar a una solución definitiva», sentenció la CorteIDH.«El Tribunal concluye que el Estado es responsable por haber violado el deber de garantizar el derecho a la propiedad de la Comunidad Triunfo de la Cruz…por haber permitido la adjudicación de un título de propiedad sobre un predio que se encuentra situado sobre el territorio que fuera reconocido por un ente estatal como tradicional y que estaba en parte ocupado por los miembros de la Comunidad».
También el Estado permitió el desplazamiento de los territorios porque debió «haber consultado a la Comunidad sobre los proyectos “Marbella” y “Playa Escondida” previamente a su realización, toda vez que se desarrollaron dentro de su territorio tradicional y no fueron aportadas pruebas de que dichas consultas hayan tenido lugar. En consecuencia, la Corte constata que el derecho a la consulta de la Comunidad y sus miembros ha sido violado por el Estado».
Por otra parte, el mismo Tribunal constató que «los supuestos asesinatos de Oscar Brega, Jesús Álvarez Roche, Jorge Castillo Jiménez y Julio Alberto Morales forman parte del marco fáctico del caso, ya que la Comisión en el capítulo de “[h]echos probados” de su Informe de Fondo se refirió a que “la información obrante en el expediente ante la C[omisión] da cuenta del asesinato de al menos cuatro miembros de la Comunidad por causas relacionadas con la defensa de la tierra” e identificó a las cuatro personas referidas.
En virtud a lo anterior, la Comisión concluyó que el Estado hondureño no habría garantizado un recurso adecuado y efectivo para responder a las reclamaciones de territorio ancestral y las reivindicaciones de las tierras tituladas a favor de la Comunidad, ni habríarealizado las investigaciones correspondientes en relación a las denuncias interpuestas por los daños a la propiedad y los actos de amenazas, agresiones, hostigamiento y persecución sufridos, impidiéndoles por tanto ser oídos en un proceso con las debidas garantías. El Estado es responsable porque debió investigar los hechos denunciados por laComunidad y sus miembros, y por no haber iniciado de oficio las investigaciones relativas a las muertes de Oscar Brega, Jesús Álvarez Roche, Jorge Castillo Jiménez y Julio Alberto Morales», dijo la CorteIDH.
Estos no son casos aislados, el mismo modo de operar se puede encontrar en el litigio judicial por la comunidad de Guadalupe, Santa Fé, Colón, por el que fueron acusados de usurpación los garífunas que cuentan con un título ancestral y posteriormente quedaron con cartas de libertad provisional y con un recurso de apelación interpuesto para reabrir el juicio contra una de las lideresas garífunas.
El litigio judicial de los canadienses Randy Jorgesen y Daniel Patrick Forseth contra garífunas por disputas de territorios comunitarios, deja en evidencia una serie de irregularidades que dieron lugar a encarcelamiento, frases racistas, tortura sicológica.
Al mismo tiempo, existen documentos que evidencian presuntas falsificaciones para desplazar forzadamente a los garífunas y un discurso que intenta colocar la visión de desarrollo de los inversionistas extranjeros por encima de la cosmovisión indígena tal como lo demuestran documentos obtenidos en el transcurso de esta investigación.
Artículo
107 de la Constitución de Honduras:Los terrenos del Estado, ejidales
comunales o de propiedad privada situados en la zona limítrofe a los
estados vecinos, o en el litoral de ambos mares, en una extensión de
cuarenta kilómetros hacia el interior del país, y los de las islas,
cayos, arrecifes, escolladeros, peñones, sirtes y bancos de arena, sólo
podrán ser adquiridos o poseídos o tenidos a cualquier título por
hondureños de nacimiento, por sociedades integradas en su totalidad por
socios hondureños y por las instituciones del Estado bajo pena de
nulidad del respectivo acto o contrato.
La adquisición de bienes urbanos comprendidos en los límites indicados en el párrafo anterior, será objeto de una legislación especial.
Se prohíbe a los registradores de la propiedad la inscripción de documentos que contravengan estas disposiciones.
La adquisición de bienes urbanos comprendidos en los límites indicados en el párrafo anterior, será objeto de una legislación especial.
Se prohíbe a los registradores de la propiedad la inscripción de documentos que contravengan estas disposiciones.
La
población indígena y afrohondureña, 800.000 personas, constituye el 10%
de la población total del país, según la estimación del INE en 2008.
Está conformada por 9 pueblos autóctonos, siete de ellos indígenas: Maya
Chortí y Lencas en la zona occidental del país, Pech, en los
departamentos de Gracias a Dios, Olancho y Yoro, Tolupanes en las zonas
de bosque tropical húmedo de Olancho, Yoro y Francisco Morazán, Nahua,
ubicado también en Olancho, Miskito y Tawahka, establecidos en 3 la zona
Moskitia, departamento de Gracias a Dios, y dos pueblos afrohondureños,
Garífunas, en la Costa Atlántica, y población de habla inglesa, en
Islas de la Bahía.
ü La población afrohondureña está compuesta por Garífunas y Negro Ingleses.ü El 10% del total de la población es Garífuna y el 2.8% del total es Negro Inglés.
ü Aproximadamente el 84% de la población Garífuna reside en Atlántida, Colón y Cortés
ü Los afrohondureños cuentan con un mayor porcentajede hogares con jefas mujer
Fuente: Más Allá de los Promedios: Afrodescendientes en América Latina (Banco Mundial).
CATALUNYA
BAJO ACOSO Y EN ESTADO DE EXCEPCIÒNLa Guardia Civil ha detenido a 14 personas, entre ellas al secretario general de Economía y número dos de Junqueras, Josep Maria Jové, y ha realizado 22 registros en el dispositivo organizado para recopilar pruebas e indicios con el fin de impedir la celebración del referéndum independentista del 1-O.
Hasta ahora la Guardia Civil ha bloqueado 32
páginas web y también ha requisado 1,5 millones de carteles, dípticos y
folletos proreferéndum, todo ello en funciones de policía judicial.
Referéndum 1-O: La Guardia Civil registra varias sedes de la Generalitat y detiene a 14 cargos
Diez de los detenidos son altos cargos. Se les acusa
de delitos de malversación de fondos públicos en los preparativos del
referéndum.
La Guardia Civil ha detenido a 14 personas, entre ellas al secretario general de Economía y número dos de Junqueras, Josep Maria Jové, y ha realizado 22 registros
en el dispositivo organizado para recopilar pruebas e indicios con el
fin de impedir la celebración del referéndum independentista del 1-O.
En total, diez de los detenidos son altos
cargos de la Generalitat. Entre ellos se encuentran el número dos de la
Conselleria de Economía, Josep Maria Jové; el secretario de Hacienda,
Josep Lluís Salvadó; Josué Sallent Rivas, responsable del Centro de
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CCTI) y Xavier Puig
Farré, de la Oficina Asuntos Sociales.
Entre los últimos arrestados se encuentran
Jordi Graells, director del departamento de Atención Ciudadana del
Gobierno catalán y responsable del voto electrónico del 1-O que el
pasado 26 de julio declaró como testigo ante la Guardia Civil; el
presidente del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la
Información (CTTI), Jordi Puignero; y un trabajador de Fundacio.cat.
Otros detenidos son Pau Furriol y Mercedes
Martínez (ambos vinculados a una nave que presuntamente contiene
material electoral), David Franco Martos (también del CTTI); David
Palancad Serrano, de la Oficina de Asuntos Exteriores, y Juan Manuel
Gómez, de la Consellería de Economía y Hacienda.
Hasta ahora la Guardia Civil ha bloqueado 32
páginas web y también ha requisado 1,5 millones de carteles, dípticos y
folletos proreferéndum, todo ello en funciones de policía judicial.
Las detenciones y registros las ha ordenado
el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona dentro de sus pesquisas
sobre la posible comisión de delitos de malversación de fondos públicos en los preparativos del referéndum.
Agentes de la Benemérita se han personado
esta mañana a primera hora de la mañana en la sede de la Vicepresidencia
y de Economía y Hacienda de la Generalitat, cuyo titular es Oriol
Junqueras, en busca de documentación relacionada con el referéndum del 1-O.
La Guardia Civil ha desplegado este
miércoles por la mañana un amplio dispositivo con registros -además de
la Conselleria de Economia- en la sede del Institut Català de Finances
(ICF). También ha acudido a la Conselleria de Trabajo, Asuntos Sociales y
Familias.
Concretamente, los agentes están registrando
desde primera hora de esta mañana el despacho de Salvadó, número dos de
Economía, situado en la sede central del Departamento, en la Rambla de
Catalunya de Barcelona. Además, se está registrando el Centro de
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la
Generalitat en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).
Estos registros se producen un día después de que el Instituto Armado haya intervenido en Terrassa (Barcelona) más de 45.000 sobres con las notificaciones a los miembros de las mesas electorales del referéndum del 1 de octubre.
Los registros han motivado concentraciones
de protesta, tanto de ciudadanos como de trabajadores, ante las
dependencias registrados, principalmente las consellerías de Economía y
de Trabajo.
Decenas de personas se han concentrado
frente a la Conselleria de Economia. Al grito de "independència", los
manifestantes han mostrado carteles en los que se puede leer: "Votemos
para ser libres".
Los agentes también registran desde esta
mañana el domicilio particular de Joan Ignasi Sánchez, asesor del
Departamento de Gobernación que dirige Meritxell Borràs y exconcejal de
ERC en Sabadell (Barcelona).
El Estado está "atacando" las instituciones de Catalunya
Oriol Junqueras ha alertado de que el Estado está "atacando" las instituciones de Catalunya y a los ciudadanos, y ha asegurado que no van a permitir que suceda, ha publicado este miércoles en Twitter.
El conseller de Presidencia y portavoz del
Govern, Jordi Turull, ha afirmado en otro tuit que el compromiso del
Govern con el referéndum se mantiene y ha pedido calma a la ciudadanía:
"Mucha calma y serenidad ante este estado policial y asedio".
La presidenta del Parlament, Carme
Forcadell, ha apoyado al personal de las conselleries de la Generalitat
en las que este miércoles ha entrado la Guardia Civil, y ha añadido:
"Basta de represión, queremos democracia".
Reunión de urgencia
Carles Puigdemont ha convocado a sus
consellers a las 10.30 horas a una reunión de urgencia para reaccionar
ante las actuaciones de la Guardia Civil, mientras que los partidos
independentistas han suspendido los actos que tenían previstos para esta
mañana.
La Policía Nacional entra en la sede central de la CUP en Barcelona
Publicado: 20 sep 2017 11:37 GMT | Última actualización: 20 sep 2017 11:39 GMT - RT
Al menos 14 personas, la mayoría altos
cargos del Gobierno catalán, han sido detenidas este miércoles por el
referéndum del 1 de octubre.
Más información en breve.
España: La Guardia Civil lleva a cabo la mayor operación hasta la fecha contra el referéndum catalán
Publicado: 20 sep 2017 07:02 GMT | Última actualización: 20 sep 2017 11:40 GMT RT
Tras los registros de varias sedes de la
Generalitat de Cataluña por la Guardia Civil, al menos 12 personas han
sido detenidas. Mientras tanto, el presidente catalán ha convocado a su
Gobierno a una reunión de urgencia.
En total, la Guardia Civil ha detenido a 14 cargos catalanes, entre los cuales figura Josue Sallent Rivas (el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información), Xavier Puig Farré (la Consejería de Asuntos Sociales y Familias) y Josep M. Salvado Tenesa (la Consejería de Economía y Hacienda), entre otros.
Gran operativo relacionado con el referéndum independentista
La Policía española realiza esta mañana un gran operativo en busca de documentación relacionada con el referéndum ilegal que los independentistas planean celebrar el próximo 1 de octubre. El objetivo de la operación es encontrar el centro de datos informático que el Gobierno catalán tenía como 'plan b' en el caso de que la Guardia Civil se inacutara de las notificaciones y tarjetas censales para el 1-O, según la cadena SER.Entre los edificios registrados por los agentes figuran:
- La Consejería de Economía y Hacienda, dirigida por Oriol Junqueras;
- La Consejería de Trabajos;
- La Consejería de Asuntos Sociales y Familias, en manos de Raül Romeva;
- La sede del Instituto Catalán de Finanzas (ICF);
- La Agencia Tributaria;
- El Consorcio de la Administración Abierta.
Además, los agentes han registrado el domicilio particular de Joan Ignasi Sánchez, asesor del Departamento de Gobernación que dirige Meritxell Borràs y exconcejal del partido Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en Sabadell (Barcelona).
Se convoca una reunión de urgencia en Cataluña
Debido a la redada, el presidente catalán, Carles Puigdemont, ha convocado a las 10:30 (hora de España) a su Gobierno a una reunión de urgencia.Por su parte, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha pedido a Puigdemont "una rectificación" y le ha instado a que "cumpla la ley" y dé "marcha atrás" a un reto independentista que ha tachado de "disparate que no conduce a parte alguna".
Reacciones a los registros
Debido a la redada, se suspende la actividad en el Ayuntamiento de Barcelona, según lo ha anunciado el concejal del ERC, Alfred Bosh, en su cuenta de Twitter. "Es un Estado de excepción que no toleraremos", aseguró.En Madrid, los diputados del ERC, del Partido Demócrata Europeo Catalán (PdeCAT) y de En Comú Podem han abandonado el pleno del Congreso en protesta por las medidas del Gobierno para impedir el referéndum del 1 de octubre. Antes de abandonar el hemiciclo el portavoz adjunto del ERC, Gabriel Rufián, ha pedido a Rajoy que saque "sus sucias manos" de Cataluña.
Por su parte, el presidente del Gobierno ha justificado la operación, ya que "se ha hecho por decisión del juez". Además, ha indicado que la Guardia Civil lleva a cabo los registros para que "se cumpla la ley". El Gobierno de España está haciendo "lo que tiene que hacer" y "cumpliendo con su obligación", ha apuntado Rajoy.
"No hay ningún Estado democrático en el mundo que acepte lo que están planteando estas personas; estaban avisados, sabían que el referéndum no se podía celebrar porque es liquidar la soberanía nacional y el derecho que tienen todos los españoles a decidir lo que quieren que sea su país", ha subrayado.
Mientras los partidarios del referéndum independentista de Cataluña aseguran que la operación policial es ilegal, el Ministerio del Interio de España ha explicado que la redada que se realiza para "recopilar pruebas e indicios para la investigación", sobre la base de las diligencias judiciales ordenadas por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.
"Votemos para ser libres"
Por su parte, los partidarios del referéndum se han concentrado ante la Consejería de Economía al grito de "Votaremos" e "Independencia". Algunas personas portan banderas independentistas y se están repartiendo carteles con el mensaje "Votemos para ser libres".Más tarde, también se han producido concentraciones ciudadanas frente a la Conselleria de Gobernación.
La redada policial tiene lugar un día después de que la Policía interviniera más de 45.000 sobres nominales con notificaciones a los miembros de las mesas electorales del referéndum del 1 de octubre. Hasta el momento la Policía ha bloqueado 32 páginas web y ha requisado 1,5 millones de carteles, dípticos y folletos a favor del referéndum.
ACTOS Y CONCENTRACIONES DIA 20 DE SETIEMBRE EN TODO EL ESTADO
Referéndum 1-O: Miles de personas salen a la calle contra la actuación del Gobierno en Catalunya
Más de 40 ciudades se han movilizado contra la
detención de los 14 cargos de la Generalitat y defendido el derecho a
decidir y las libertades democráticas.
Miles de personas salen a la calle contra la actuación del Gobierno en Catalunya tras la detención de los 14 cargos de la Generalitat y
los registros de diversos departamentos del Govern. Más de 40 ciudades
han convocado movilizaciones en las que se han reivindicado los derechos
civiles y a las libertades democráticas.
En Madrid, la Puerta del Sol se ha llenado reclamando el derecho a decidir de Catalunya. La concentración ha estado promovida por movimientos sociales como la Coordinadora 25S y Madrileños por el derecho a decidir, y partidos como Unidos Podemos, Izquierda Unida, PDeCAT, PNV y ERC.
Desde el conocido lema de las movilizaciones
"que viva la lucha de la clase obrera" o "el pueblo unido nunca será
vencido" hasta otros propios del momento como "Sí, sí, sí, al derecho a
decidir" o "el Estado español es la cárcel de los pueblos" han sido coreados por los manifestantes durante las casi dos horas que ha durado el acto reivindicativo.
En declaraciones para Público, Alberto Garzón,
líder de Izquierda Unida ha denunciado las políticas del Gobierno
señalando que la forma de resolver la cuestión catalana "no es con
cañones como en la historia de España se ha hecho ni tampoco con la
represión más moderna que se está viviendo estos días". René Otaduy, de la Coordinadora 25S,
ha explicado que esta movilización se trata de una "respuesta
democrática y de solidaridad con el pueblo catalán y en defensa de los
derechos y libertades democráticas".
Han acudido a la concentración, entre otros
dirigentes de Podemos y sus confluencias, el secretario de Organización,
Pablo Echenique; el cofundador de la formación morada Juan Carlos
Monedero; el exJEMAD Julio Rodríguez y el diputado Alberto
Rodríguez. Asimismo, los diputados Ester Capella, Teresa Jordà, Jordi
Salvador y Joan Capdevila de ERC y del PDeCAT, entre otros, Carles
Campuzano y Teresa Xuclà también han estado presentes.
Al inicio de la movilización, la Policía ha identificado a varios manifestantes al
llegar a la Plaza alegando que la concentración no estaba autorizada
por la Delegación de Gobierno. Sin embargo, el resto de la manifestación
ha transcurrido sin incidentes.
Movilizaciones en más de 40 ciudades
Este no ha sido el único acto contra las detenciones de los 14 dirigentes, ya que a lo largo de la tarde se han convocado concentraciones en más de 40 ciudades.
En Barcelona, según cifras de la Guardia Urbana unas 40.000 personas se han reunido en los alrededores de la sede de la consellería de Economía y Hacienda de
la Generalitat, en una concentración que ha comenzadoa las ocho de la
mañana poco después del inicio del registro y a la que se ha ido sumando
gente paulatinamente a lo largo del día.
En las otras capitales de provincia catalanas, Tarragona, Lleida y Girona, y
en otras poblaciones de la comunidad se han celebrado también
concentraciones contra los registros de la Guardia Civil, como Lleida en
la que han llegado a concentrarse unas 10.000 personas ante la
delegación de la Generalitat.
También cientos de personas se han concentrado a sede de la Delegación del Gobierno en València
para reivindicar la "libertad y democracia de Cataluña", defender que
"quieren decidir" y asegurar al Gobierno central que su "represión no
les parará". Asimismo, ha habido protestas simultáneas en las sedes de
la Delegación del Gobierno de Castellón y Alicante, así como frente a
los ayuntamientos de las ciudades alicantinas de Alcoy, Elche y
Pedreguer.
En Galicia, se han convocado actos de protesta en siete ciudades por la plataforma Galiza com Catalunya bajo
el lema conjunto de 'Fascismo nunca máis'. En Santiago, en torno a un
millar de personas ha participado en la protesta que ha llegado a
obligar que se corte el tráfico en varias calles con retenciones y colas
de decenas de coches.
En otras ciudades de diferentes Comunidades
Autónomas también se han convocado las movilizaciones como Cáceres,
Valladolid, Zaragoza y Oviedo.
Miles de personas protestan en Barcelona por los registros al Govern: "Votaremos"
"Que lo vea toda Europa" o "Fuera las fuerzas de
ocupación", entre las consignas de los manifestantes, que han cortado
varias calles céntricas de la capital catalana.
La escalada en las
actuaciones del Estado para impedir el referéndum sobre la
independencia de Catalunya del 1-O ha alcanzado cotas inéditas este
miércoles, con la entrada y registro a diversas conselleries de la
Generalitat, en una operación en que agentes de la Guardia Civil han detenido a una docena de altos cargos
del ejecutivo catalán. Y la respuesta ciudadana también ha alcanzado
niveles máximos de intensidad. Especialmente, ante la sede del
departamento de Economía, donde se han concentrado miles de personas. Ya
desde muy temprano.
La operación se ha iniciado a primera hora
de la mañana, antes de que se iniciara la jornada laboral en las
conselleries. Y poco después ya se habían producido las primeras
movilizaciones. Sobre las nueve y media, unas 1.000 personas se
congregaban ante la sede del departamento de Economía y Hacienda -que
dirige el vicepresidente de la Generalitat, el republicano Oriol
Junqueras-, en la parte baja de la Rambla de Catalunya de Barcelona. Una
cifra que ha ido creciendo, hasta llegar a varios miles a mediodía.
Igual que en otras concentraciones similares
de los últimos días, los manifestantes no han parado de lanzar
consignas y cánticos a los agentes de la Guardia Civil. Entre los más
repetidos, "votaremos", "esto sí es un golpe de estado" o "que lo vea
toda Europa". Pero también lemas directamente dirigidos a los agentes,
como "fuera las fuerzas de ocupación". Además del canto de 'Els
Segadors", de forma recurrente cada pocos minutos.
También han madrugado algunas caras visibles
del soberanismo. Como los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana
(ANC), Jordi Sánchez, y de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart, presentes en
primera fila junto a un puñado de parlamentarios: el diputado en el
Congreso Jordi Tardà (ERC), el eurodiputado Ramon Tremosa (PDeCAT), los
diputados de JxSí en el Parlament Antoni Castellà, Lluís Llach y Anna
Simó, y el representante de CSQP y líder de Podem Catalunya, Albano
Dante Fachín. Este grupo, de hecho, ha coordinado sobre la marcha las
acciones de protesta ante el departamento de Economía. Con Sánchez y
Cuixart llevando la voz cantante y dando instrucciones a los políticos.
El propio Sánchez ha sido el primero en dirigirse a los manifestantes, a
los que ha pedido serenidad y una respuesta "no violenta". "Nos quieren
provocar", ha advertido, justo antes de llamar a cortar la Gran Vía
-cosa que ha ocurrido minutos después-, y de encargar a los
representantes electos que permanecieran en el lugar de la protesta.
Los Mossos, por delante de la Guardia Civil
Como en otras concentraciones similares de
los últimos días ante registros de la Guardia Civil, efectivos de los
Mossos d'Esquadra se han situado delante de los agentes del instituto
armado, separándolos físicamente de los manifestantes, pero sin
intervenir en el registro. Unos manifestantes que, de hecho, han
cambiado sistemáticamente los cánticos y las consignas por abucheos cada
vez que un miembro de la Guardia Civil asomaba la cabeza por la puerta
de la conselleria. O un sospechoso de serlo, como le ha ocurrido a un
agente de paisano de los Mossos que ha optado por mostrar su placa a los
manifestantes, en un infructuoso intento de acallar los silbidos contra
su persona.
La protesta, no obstante, ha sido pacífica
en todo momento -incluyendo lanzamientos de flores a los agentes, al
grito de "estas son nuestras armas". Justamente lo que estaban pidiendo
los representantes electos presentes. "La respuesta a este estado de
sitio por la puerta de atrás debe ser pacífica", ha señalado la
republicana Simó, que ha pedido a la ciudadanía que se mantenga
"movilizada en defensa de nuestras instituciones". "Si ahora no
respondemos a esto, habremos perdido la batalla de la democracia", ha
exclamado.
"Impedir militarmente que votemos"
"Hoy han traspasado todas las líneas
rojas", ha opinado el democristiano Castellà, que cree que las
actuaciones del Estado para impedir el referéndum están conculcando
"nuestros derechos como ciudadanos europeos". También se ha referido a
Europa el eurodiputado Tremosa, que ha señalado que grandes agencias y
medios de comunicación internacionales están dedicando un amplio espacio
a la represión del referéndum del 1-O. "Esto ya no se puede esconder",
ha afirmado. "El Gobierno español a lo mejor puede impedir militarmente
que votemos el día 1, pero, como dicen los diarios alemanes, habrá más
independentistas el día 2".
Fachín, por su parte, ha considerado que la
actuación de la Guardia Civil de este miércoles da aun más motivos para
votar el 1-O. Ha apuntado que su formación tenía prevista una rueda de
prensa esta misma mañana para explicar que sus bases han decidido llamar
a la participación en el referéndum, pero que el acto se ha anulado a
la vista de los acontecimientos. "En lugar de anunciar los resultados,
estamos ejerciéndolos. El 1-O se empieza a defender aquí y hoy", ha
señalado.
Fachín ha sido bien recibido por los
manifestantes. Pero estos han señalado la ausencia de algunos de sus
compañeros de viaje en el ámbito de los Comunes. Una ausencia que, al
grito de "¿dónde está la alcaldesa?", se ha personalizado en el nombre
de Ada Colau, a la que parte del independentismo reprocha lo que
considera una ambigüedad en relación al 1-O.Numerosas movilizaciones en Euskal Herria por la democracia y en solidaridad con Catalunya
Miles de personas han participado en
las movilizaciones celebradas en las capitales y en numerosas
localidades de Euskal Herria para rechazar la última operación policial
desarrollada en Catalunya con el fin de frenar el referéndum del próximo
1 de octubre.
|BILBO|2017/09/20 20:450
Movilización en Iruñea. (Iñigo URIZ/ARGAZKI PRESS)
Convocadas por EH Bildu, miles de personas se han
concentrado en las numerosas protestas convocadas tras el operativo
policial llevado a cabo este martes por la Guardia Civil en Catalunya
para intentar evitar la celebración del referéndum del 1 de octubre.
Las concentraciones se han llevado a cabo bajo el lema ‘Kataluniarekin bat. Demokraziarekin bat’ y muchos de los asistentes han portado esteladas y papeletas de voto.
Por la mañana, tras llamar a la ciudadanía a salir a la calle, la coalición abertzale ha constatado que, ante lo sucedido en Catalunya, «el Estado de las Autonomías ha muerto y lo han matado ellos», ha dicho Arnaldo Otegi.
Las concentraciones se han llevado a cabo bajo el lema ‘Kataluniarekin bat. Demokraziarekin bat’ y muchos de los asistentes han portado esteladas y papeletas de voto.
Por la mañana, tras llamar a la ciudadanía a salir a la calle, la coalición abertzale ha constatado que, ante lo sucedido en Catalunya, «el Estado de las Autonomías ha muerto y lo han matado ellos», ha dicho Arnaldo Otegi.
EN DIRECTO | El Govern se reúne de urgencia tras las detenciones y registros en la Generalitat
Toda la actualidad informativa sobre el referéndum del 1 de octubre.
Toda la actualidad informativa sobre el referéndum del 1 de octubre:
El PNV, tras las detenciones: "Este no es el camino"
El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha
criticado la actuación del Gobierno desde los pasillos del Congreso. "No
vemos con buenos ojos los acontecimientos en Catalunya", sostenía
Esteban, que afirma haber vuelto a pedir al presidente "voluntad
política". "Este no es el camino" ha afirmado el portavoz del PNV, que
ha evitado pronunciarse si la actuación del Gobierno pone en peligro el
apoyo de su formación a los Presupuestos. "El asunto que estamos tratando es tan grave que ni me pongo a pensar en los presupuestos".
Unidos Podemos insiste en la importancia de tender puentes al diálogo
Unidos Podemos espera una gran asistencia a
su asamblea de este domingo, informa Alejandro López de Miguel. Fuentes
de la dirección insisten en la importancia de tender puentes al diálogo,
y esperan una gran afluencia de alcaldes, concejales y parlamentarios
de distintos ámbitos. Están convencidos de que el Gobierno está centrado
en el corto plazo, y no contempla que, pasado el 1 de Octubre, en
Catalunya seguirá existiendo un problema, y éste sólo encontrará
solución en un referéndum pactado.
Se elevan a 13 los detenidos y a 22 los registros de la Guardia Civil
La Guardia Civil ha detenido a una nueva
persona, elevando a trece los arrestados en el operativo desplegado en
varias sedes de la Generalitat de Catalunya para recopilar pruebas e
indicios sobre el referéndum del 1 de octubre suspendido por el Tribunal
Constitucional, han informado a Europa Press fuentes del dispositivo
policial. El número de registros practicados son ya 22.
Más de 2.000 concentrados ante la Conselleria d Economia cortan la Gran Vía
Más de 2.000 personas se concentran la
mañana ante la sede de la Consejería de Economía. Ante el departamento
han acudido el diputado de ERC en el Congreso Joan Tardà, el
eurodiputado del PDeCAT Ramon Tremosa, los líderes de ANC, Jordi
Sànchez, y de Òmnium, Jordi Cuixart, diputados de JxSí en el Parlament
como Anna Simó, Eduardo Reyes, Lluís Llach, Germà Bel, Antoni Castellà,
David Rodríguez y Chakir el Homrani, así como la exconsellera Neus
Munté, el exconseller y exeurodiputado Ernest Maragall, Albano
Dante-Fachin (SíQueEsPot), el director de Asuntos Religiosos del Govern,
Enric Vendrell.
Diputados del PP exigen a los independentistas que renuncien a sus nóminas
Varios diputados del PP han exigido este
miércoles a sus compañeros de Esquerra Republicana y el PDeCAT que han
abandonado el Pleno del Congreso en protesta por las detenciones de
altos cargos en Cataluña que renuncien a sus nóminas si no piensan
realizar su actividad parlamentaria.
Reunión de urgencia
Carles Puigdemont ha convocado a sus
consellers a las 10.30 horas a una reunión de urgencia para reaccionar
ante las actuaciones de la Guardia Civil, mientras que los partidos
independentistas han suspendido los actos que tenían previstos para esta
mañana.
La Guardia Civil requisa papeletas para votar 'Sí/No'
La Guardia Civil ha requisado papeletas
para votar 'Sí/No' en el 1-O que estaban almacenadas en una nave de
Bigues i Riells, en la provincia de Barcelona. En la nave se encuentra
el secretario judicial y propietario de la nave, el empresario Pau
Furriol Fornells. En estos momentos se están contabilizando el material
intervenido por orden judicial.
Doménech viajará a Barcelona
Xavier Doménech, líder de Catalunya en Comú
y portavoz de En comú Podem, viajará a Barcelona una vez concluya el
Pleno en el Congreso, y tras la concentración convocada por su grupo
parlamentario en la Puerta de los Leones del Congreso. Explica que se ha
convocado una movilización en las 14 horas en Barcelona a la que se
sumarán.
La Guardia Civil entra en el CTTI
La Guardia Civil ha entrado este miércoles
por la mañana en el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la
Información (CTTI) de la Generalitat, en L'Hospitalet de Llobregat. Los
agentes también están registrando todos los vehículos que salen del
centro y están ante el edificio con un vehículo de la Guardia Civil y
tres agentes.
Unidos Podemos se concentra en el Congreso
Los diputados de Unidos Podemos-En Comù
Podem y En Marea van a concentrarse a partir de las 12 de esta mañana en
la Puerta de los Leones del Congreso como gesto de rechazo a la "escalada de represión" emprendida "por el PP" en Catalunya y a las detenciones de "adversarios políticos" practicadas esta mañana.
Pablo Iglesias: "Es una vergüenza que en España pueda haber presos políticos"
El secretario general de Podemos ha
advertido que con las detenciones que se han producido, España va a
tener "presos políticos", algo que ha calificado de "vergüenza". "No se
pueden suspender derechos civiles", ha recalcado Iglesias en los
pasillos del Congreso.
Mariano Rajoy: "Se ha hecho por decisión del juez"
El presidente del Gobierno ha dicho que los
registros y detenciones "se han hecho por decisión del juez para que se
cumpla la ley". Estas declaraciones se han producido en el pleno del
Congreso que han abandonado los diputados del PDeCAT y ERC. Además,
Rajoy ha asegurado que lo seguirán haciendo "hasta el final".
Josep Rull denuncia un "estado de sitio"
El conseller de Territorio, Josep Rull, ha
denunciado un "estado de sitio y represión sin matices" como ya hiciera
Artur Mas anoche en un acto independentista en Lleida. En referencia a
los registros de la Guardia Civil en la Generalitat, Rull ha dicho que
votar el 1-O "es una cuestión de dignidad".
En Comú anuncia movilizaciones contra el "ataque"
El portavoz de En Comú Podem en el
Congreso, Xavier Domenech, ha anunciado que su partido participará en
movilizaciones contra el "ataque" del Gobierno en Catalunya, y ha
acusado al Ejecutivo de estar rompiendo el marco constitucional con sus
acciones para frenar el referéndum.
PDeCAT deja todas las comisiones del Congreso
El portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano,
asegura que su partido se plantea "su continuidad" en el Congreso ante
el "atropello" del Estado en Cataluña: "Rajoy y el fiscal general del
Estado no son conscientes de las profundas heridas que va a producir
este intento de humillación de la sociedad catalana por parte del
Estado"
Puigdemont convoca al consejo ejecutivo del Govern
El presidente de la Generalitat, Carles
Puigdemont, ha convocado de forma urgente al consejo ejecutivo del
Govern a las 10: 30 horas de este miércoles para reaccionar ante las
actuaciones de la Guardia Civil.
Detenidos 12 cargos de la Generalitat
Las identidades de los doce detenidos por la Guardia Civil son:
Josep M. Jové Llado (Secretario General
Hacienda), Josue Sallent Rivas (CTTI), Xavier Puig Farré (Oficina
Asuntos Sociales), Josep M. Salvado Tenesa (Conselleria Economia y Hda),
Oau Furriol Fornells ( vinculado a una nave que presuntamente contiene
material electoral), Mercedes Mtz Martos (también vinculado a una nave
que presutamente contiene material electoral), David Franco Martos
(CTTI), David Palancad Serrano (Of. AA EE), Juan Manuel Gomez
(Conselleria Economia y Hacienda
Concentración frente a la Conselleria d' Economia
Decenas de personas se han concentrado
frente a la Conselleria d' Economia. Al grito de "independència", los
manifestantes han mostrado carteles en los que se puede leer: "Votemos
para ser libres". Durante la manifestación oyen gritos de huelga general
y "fuera las fuerzas de ocupación", informa desde el terreno Carles
Bellsolá.
Detenido el número dos de Junqueras
Josep Maria Jové, secretario general de
Economía y número dos de Junqueras, ha sido detenido por los agentes de
la Guardia Civil, quienes se han personado esta mañana en la sede de la
Vicepresidència y de Economia i Hisenda de la Generalitat, cuyo titular
es Oriol Junqueras.
La Guardia Civil registra edificios oficiales de la Generalitat
La Guardia Civil ha iniciado esta mañana de
miércoles varios registros en sedes del Govern, entre ellos en la sede
de la Conselleria de Economia de la Generalitat, en la Conselleria de
Exteriors y en el Departament d’Afers Socials. Buscan documentación
relacionada con el referéndum del 1-O. Los registros las ha ordenado el
juzgado de instrucción número 3 de Barcelona.
Puigdemont: "El Estado español ha declarado un Estado de excepción"
Publicado: 20 sep 2017 10:50 GMT | Última actualización: 20 sep 2017 11:33 GMT - RT
Al menos 14 personas, la mayoría altos
cargos del Gobierno catalán, han sido detenidas por el referéndum del 1
de octubre.
"El Gobierno de Catalunya ha sido víctima de una agresión para evitar que el pueblo de Catalunya se pueda manifestar con libertad el 1 de octubre", ha afirmado Puigdemont al inicio de una declaración institucional, en la que ha calificado lo sucedido como "fuera de todo amparo legal, vulnerando los derechos institucionales".
Además, el presidente de Cataluña ha asegurado que "lo que está viviendo Catalunya no lo vive ningún estado de la Unión Europea". "En estas horas, el Estado español ha suspendido de facto el autogobierno de Catalunya y ha decretado un Estado de excepción", ha añadido.
Por ello, ha explicado que su Gobierno estudiará "las respuestas conjuntas" pero que, en todo caso, sigue adelante con su intención de celebrar la consulta: "Estamos convocados el 1 de octubre a defender la democracia. Tenemos que dar una respuesta masiva y cívica para defender Catalunya con la respuesta ciudadana".
Al menos 14 detenidos y más de 20 registros
Agentes de la Guardia Civil han detenido este miércoles a al menos 14 personas, la mayoría altos cargos de la Generalitat de Cataluña, y ha realizado más de 40 registros en varios departamentos y organismos, sedes de empresas privadas e, incluso, domicilios privados, en un dispositivo sin precedentes, ordenado por un juez de Barcelona, para recopilar pruebas e indicios para impedir la celebración del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre.Por otro lado, la Policía ha intervenido nueve millones de papeletas electorales para el referéndum. Según informa 'El País', citando fuentes policiales, los agentes han encontrado en una nave industrial de Barcelona "millones de papeletas", que podrían ser "todas" o el "grueso principal" de las destinadas a la consulta.
Alguno de los cargos de la Generalitat detenidos, son:
- Josep Maria Jové, número dos de la Conselleria de Economía;
- Josep Lluís Salvadó, secretario de Hacienda;
- Josué Sallent Rivas, responsable del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CCTI);
- Xavier Puig Farré, de la Oficina Asuntos Sociales;
- Jordi Graells, director del departamento de Atención Ciudadana del Gobierno catalán y responsable del voto electrónico;
- David Palancad Serrano, de la Oficina de Asuntos Exteriores;
- Juan Manuel Gómez, de la Consellería de Economía y Hacienda.
- La Consejería de Economía y Hacienda, dirigida por Oriol Junqueras;
- La Consejería de Trabajos;
- La Consejería de Asuntos Sociales y Familias, en manos de Raül Romeva;
- La sede del Instituto Catalán de Finanzas (ICF);
- La Agencia Tributaria;
- El Consorcio de la Administración Abierta.