HONDURAS: Articulación 611 rechaza aprobación del delito de terrorismo // Bertha Zúniga, Coordinadora General del COPINH se pronuncia en la ONU en contra de la impunidad en el caso Berta Cáceres // Radio Progreso: Abusos, represión y contaminación provoca empresa azucarera en Honduras // Apartheid garífuna en el caribe de Honduras (II) // Chile: Operativo estuvo a cargo del GOPE de Carabineros Familiares reportan detención de Héctor Llaitul y otros 5 comuneros mapuche // Carabineros allana casa de Héctor Llaitul y familia denuncia secuestro // MAPUEXPRESS: Temuco, huelga de hambre: escalada de detenciones selectivas y cerco policial // Mapuches: "Se venden tierras con los indios adentro"

Articulación 611 rechaza aprobación del delito de terrorismo

Por defensores -

25 septiembre, 2017

Tegucigalpa.
El 19 de septiembre del 2017 los honorables diputados del Congreso Nacional aprobaron  de manera inconsulta, una serie de medidas de ley destinadas a la criminalización de la protesta social  en lo que consideramos un nuevo ataque en el contexto de abuso de poder y no socialización del mismo al pueblo hondureño.
Desde la Articulación 611 manifestamos nuestro rechazo a la aprobación del artículo 590 del proyecto de Código Penal, en el que se tipifica el delito de terrorismo. Este artículo, que establece penas de 15 a 20 años de prisión, tiene un contenido profundamente antidemocrático y podría ser utilizado para reprimir la protesta social y perseguir a la disidencia política en Honduras. Consideramos especialmente grave que se haya aprobado un artículo tan importante como este contraviniendo de forma directa las recomendaciones realizadas desde la sociedad civil organizada como desde instancias internacionales tales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hecho que genera una concentración del poder político y crea una barrera de opacidad, de impunidad y limitación a los derechos de la protesta social, generando persecuciones y situaciones violatorias a los derechos humanos.
Una vez más constatamos como mientras el Presidente de la República Juan Orlando Hernandez departe sobre los supuestos logros de su gobierno en foros internacionales, las autoridades siguen arremetiendo violentamente contra los movimientos estudiantiles, campesinos e indígenas; y en el Congreso Nacional se perfeccionan los instrumentos legales que sirven a la agenda represiva del gobierno.
En este contexto, la clara vocación antidemocrática del proyecto Código Penal que se está votando en el Congreso quedó evidenciada una vez más en la sesión del día 19 de septiembre pasado. La votación por la que se aprobó el delito de terrorismo se realizó en horas de la noche aprovechando la ausencia de la mayoría de diputados de la oposición, y contó con el voto favorable de tan solo 42 de los 128 diputados, lo que dejó ver la escasa voluntad democrática de las autoridades del Congreso y del partido gobernante.
La Articulación 611 manifiesta su preocupación y malestar con los diputados que no estaban en el Congreso durante la votación de este artículo. Consideramos fundamental que den explicaciones al respecto y les instamos a que no vuelvan a ausentarse de las sesiones del Congreso, ya que para ello fueron elegidos por el pueblo. Su ausencia en una votación tan importante como esta es una muestra de la inexistente vocación de servicio a la ciudadanía que hay entre los diputados.
De la misma forma expresamos nuestro disenso con el consultor español Francisco Javier Alvarez quien en respuesta a una de las preguntas planteadas en el hemiciclo ese 19 de septiembre  expresó que el documento discutido y aprobado ese día, contaba con el beneplácito de esta articulación. Por este medio expresamos que  en ningún momento esta Articulación ha validado el trabajo del consultor español, sino que, por el contrario, al presentar nuestro propio documento de análisis, trabajado en conjunto con la Coalición contra la Impunidad,  este fue rechazado en varias ocasiones por el mismo, argumentando que no estaba a tono con la propuesta por el presentada. Como muestra de ello, podemos anexar las diferentes denuncias y publicaciones nacionales e internacionales donde hemos visibilizado y denunciado (Audiencias de la CIDH , El Pulso, Diario Público ) que el Código Penal que se está aprobando actualmente constituye en varias de sus partes, un atentado a los derechos humanos de los hondureños y hondureñas.
Exigimos a las autoridades del Congreso Nacional que aprueben un reglamento claro y efectivo sobre el funcionamiento de este órgano legislativo y minimamente puedan basarse en articulados de Ley Orgánica del Poder Legislativo, que permita transparentar su funcionamiento y evite que se produzcan los abusos de poder que en la actualidad son práctica común, no permitiendo ni siquiera conocer cuál fue la versión final sometida a votación al pleno, lo cuál se aparta completamente de lo previsto por el procedimiento legislativo y por último, señalamos que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública señala en su artículo 13) “El Congreso Nacional, publicará además, las resoluciones que resulten de las mociones y decretos que se aprueben; asimismo publicará las iniciativas de leyes y sus respectivos dictámenes, y opiniones, para lo cual, quienes las presenten deberán entregarlas a la Secretaría por escrito y en formato electrónico para que proceda a publicarlas en el plazo máximo de diez (10) días, y difundir por Internet las sesiones del Pleno del Congreso Nacional y de las Comisiones;”, disposiciones que tampoco han sido observadas.
Demandamos a los responsables de las bancadas opositoras que se han manifestado en contra de la regulación del delito de terrorismo aprobada,  que promuevan las acciones que sean necesarias para lograr que el artículo 590 del nuevo Código Penal sea revisado por el pleno del Congreso y se logre su eliminación total.
Por ultimo alertamos a la ciudadanía hondureña sobre la aprobación de este delito, que junto a otros artículos recién aprobados en el nuevo Código Penal, para que pueda estar atenta y realice acciones de demanda pública para la revisión de este Código en el marco del respeto a los derechos humanos. Llamamos a una consulta popular sobre el mismo, ya que esta nueva regulación afectará a las mayorías más pobres, vulnerables y excluidas de la justicia formal como son el sector campesino, las mujeres, los y las defensores de derechos humanos, entre otros, pero de manera colectiva y personal afecta a todos y cada uno de los honudreños y hondureñas, ya que el Código Penal es el instrumento sobre el cual se asentará la base de la justicia penal en el país por décadas en el país.
POR UN CODIGO PENAL, QUE VALGA LA PENA
Cc: Congreso Nacional
Cc: Comisión de Dictamen Congreso Nacional y Gerencia Legislativa
Cc: Oficina Alto Comisionado de los Derechos Humanos en Honduras
Cc: Cooperación Internacional: Plataforma contra la Impunidad, Espacio ACI, Sistema de Naciones Unidas, Responsable de Derechos Humanos de la Embajada Americana, CIDH, CEJIL.

Instituciones del Estado obstaculizan a las organizaciones trabajo de veeduría

Por defensores -

27 septiembre, 2017

Tegucigalpa.
Una de las grandes dificultades que tienen las organizaciones y los defensores de derechos humanos para realizar el trabajo de veeduría, son los obstáculos que encuentran en las instituciones estatales, ya que no se les da respuestas a las solicitudes de la información que requieren.
Así lo denunciaron las organizaciones campesinas, ambientalistas, de mujeres, defensores de derechos humanos, entre otros, durante la jornada de formación que realizó el Cofadeh con el objetivo de revisar los planes de actividades de los veedores y generar insumos para la construcción de indicadores de las veedurías.
Esta jornada se realizó en el marco del proyecto Derechos y Libertades para Vos y por tu Voz, apoyado por Diakonia y la Unión Europea y ejecutado por el Cofadeh, beneficiando a varias organizaciones a nivel nacional y a defensores de derechos humanos.
“Es una jornada interesante porque es donde hemos plasmado un plan de acuerdo a las capacitaciones que recibimos para hacer una veeduría, pero desgraciadamente hemos encontrado obstáculos en las instituciones para hacer las veedurías”, señaló Carlos Porfirio Armijo del municipio de Jocón en el departamento de Yoro y que pertenece a la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC).
En el mismo sentido de Armijo, la líder ambientalista del departamento de Santa Bárbara, Bety Vásquez, del Movimiento Ambientalista Santabarbarense (MAS), indicó que desgraciadamente para ellos una de las grandes dificultades es que las oficinas estatales, como el caso del Comisionado de los Derechos humanos entre otras, en algún momento se vuelven celosas de aportar información.
Además la líder ambientalistas denunció que esas instituciones miran con mucho celos a las  organizaciones por el trabajo que hacen y por supuesto porque “en algún momento ellos se vuelven observadores  y las organizaciones de defensa territoriales nos volvemos procuradores y a veces en materia de protección  y salvaguardo de los derechos humanos”.
Entre otras de las dificultades encontradas está la polarización que existe alrededor del defensor de los derechos humanos y su labor, la falta de institucionalidad, el poco personal en las instancias del estado para obtener respuesta del acceso a la información en el momento adecuado y la criminalización, que se está volviendo sistemática  por parte del Estado.
Asimismo indicaron que cuando son identificados como defensores territoriales o defensor de derechos humanos, inmediatamente los vinculan con otras acciones que no tiene nada que ver con el trabajo que realizan.
Para realizar las veedurías las organizaciones y defensores de derechos humanos enviaron solicitudes de información a varias instituciones del estado, pero hasta ahora no han recibido respuesta alguna y cuando preguntan solo saben decir que los llamaran cuando tengan la información.
“No hemos tenido una respuesta positiva, miramos como que no hay voluntad política de las instituciones de permitir abrir el espacio para poder investigar algunos casos que las organizaciones campesinas que estamos en este proceso, tenemos unas denuncias por atropellos a compañeros y compañeras por la lucha y por la defensa de la tierra y por la recuperación de la misma”, sostuvo el representante de la CNTC.
Armijo es de los que está convencido que se confabulan porque son parte del mismo sistema, porque “la veeduría que queremos es ver casos de compañeros que están procesados luego de haber sido desalojados y destruidos sus cultivos, entonces no vemos la disponibilidad que nosotros podamos ir a ver esos casos ante esos entes del estado porque miramos una confabulación”.
Pese a los obstáculos que encuentra, los que les genera un grado de impotencia, las organizaciones y defensores “no nos quedamos ahí ,porque tenemos que abrir espacios para llegar a ver los casos, no nos vamos a cruzar de brazos y tenemos que seguir la lucha y presionar ante esas instituciones para ver nuestros caso y ver de qué manera agilizamos, porque es injusto ya que hay compañeros que tienen cinco y más años de estar firmando en los juzgados y son casos que ya no ameritan, son caso que ya habrían sido cerrados”, señaló Armijo.
El proyecto “Defendiendo derechos y libertades para vos y para tu voz” se desarrolla con el apoyo de la Unión Europea-Diakonia, tiene como objetivo mejorar las condiciones de protección, garantías, reconocimiento y sostenibilidad de la labor de los defensores y las defensoras de los derechos humanos y sus organizaciones.
Con este proyecto son beneficiadas organizaciones sindicales, magisteriales, campesinas y  redes de defensores y defensoras de derechos humanos a nivel nacional.

blog del Consejo Civico de Organizaciones Populares e Indigenas de Honduras - COPINH

miércoles, 20 de septiembre de 2017

Bertha Zúniga, Coordinadora General del COPINH se pronuncia en la ONU en contra de la impunidad en el caso Berta Cáceres

Bertha Zúniga se pronunció en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York en contra de la impunidad que reina sobre el caso Berta Cáceres y todos los asesinatos de mujeres indígenas, defensoras de los territorios en Honduras.
por Equipo de Comunicación de COPINH

Pronunciamiento:
A quien más le gustaría ver unirse  la lucha como aliados? qué más puede hacerse para defender la vida de las mujeres defensoras?

R// Una de las particularidades del caso de asesinato de mi mamá y nuestra coordinadora general es que muchas personas y colectivos se han sentido agrabadas con el hecho, e desde su sensibilidad e la  indignación le han apostado a que estos  actos de expresión de odio a las mujeres liderezas no pueden seguir sucediendo. En el entramado de los aparatos criminales en los que participan empresas privadas, fuerzas de seguridad, funcionarios y organizaciones criminales es necesario que también los gobiernos tengan la voluntad política de apoyar la causa de la búsqueda de justicia y de ruptura de la impunidad y nos gustaría que eso sucediera en Honduras. los Estados, como el de Honduras y su gobierno deben dejar de estigmatizar y criminalizar a quienes defienden la vida y los territorios, a quienes no quieren que los poderes económicos estén por encima de la vida de las comunidades.

Debemos luchar contra la impunidad, que deja que los Estados y los grupos empresariales, las familias-mafias y los bancos, detrás de asesinatos como el de Berta Cáceres se queden incólumes ante crímenes de lesa humanidad.

Para defender la vida de otras defensoras hay que romper los pactos de impunidad construir casos paradigmáticos de castigo a los máximos responsables evidenciando la de conducta criminal de las empresas como DESA y  fortalecer a las organizaciones comunitarias que defienden los territorios y a las organizaciones que trabajan directamente con estos espacios. Sabemos que mucha gente seguirá diciendo que Berta no murió, sino que se multiplicó y que a 18 meses de su asesinato seguimos exigiendo justicia.

Abusos, represión y contaminación provoca empresa azucarera en Honduras

Sep 22, 2017

Cada mes de octubre, cuando las lluvias bajan de intensidad los “machaqueros” de la Villa de San Francisco y los municipios del Valle de Cantarranas, afilan sus machetes y se preparan para pasar los cinco meses siguientes dando golpes a los gruesos tallos de la caña, para luego recoger el dulce jugo que acabará hecho azúcar en las mesas de cada familia en Honduras.
Sin embargo, no todo es dulzura, este rubro es considerado el “monocultivo de la miseria”, porque ahí donde se cultiva, las comunidades entran en un círculo de pobreza generado por las pésimas condiciones laborales, fuertes impactos medioambientales, calor excesivo y muerte masiva de animales por los incendios a las plantaciones de caña. 
Y, por si fuera poco, ahora se ha sumado otro gran problema para la Villa de San Francisco, debido a que la empresa azucarera Tres Valles, pretende pasar el cableado eléctrico de alta tensión por encima de las viviendas del casco urbano, de dicho municipio ubicado al oriente del departamento de Francisco Morazán, a 55 kilómetros de Tegucigalpa. 
En la actualidad la población junto al Comité Ambientalista CAPIRHO, están librando una lucha en oposición al paso del cableado eléctrico por el casco urbano, por parte del Proyecto de Ampliación de Generación de Energía Eléctrica a través de Biomasa, de la empresa Azucarera Tres Valles, la cual ha suscrito contrato de entrega de energía con la ENEE. 
La lucha librada desde hace varios meses ha logrado paralizar la instalación de los postes del proyecto de la tercera línea de electricidad de alta tensión por considerar que esto provocaría graves daños a la salud de las personas que viven en la zona. “A nosotros no nos han consultado si estamos de acuerdo o no con que pasen los cables por encima de nuestras casas, por lo tanto, lucharemos hasta el final”, indicó José Jorge Aguilar Ponce, presidente del Comité Ambientalista CAPIRHO. 
Como consecuencia de esta lucha la población ha sido víctima de represión y procesos judiciales contra varios dirigentes. Para el caso el pasado 29 de agosto un contingente de más de 60 efectivos policiales del Comando Cobras, llegaron hasta la Villa de San Francisco, para reprimir a la población que impedía la colocación de los postes para el cableado eléctrico. En la represión fueron agredidos a toletazos y con cientos de bombas lacrimógenas por parte de los agentes policiales.
“El proyecto no cumple con los requisitos establecidos por la ley pues no se realizó la consulta previa. No nos han consultado como ciudadanía, ni han obtenido autorización municipal y además es perjudicial a la salud de la población de nuestro municipio por la construcción de líneas o cables de transmisión de alta tensión en el casco urbano”, indicó Aguilar Ponce. 
Por su parte Nolvia Pineda, dijo que los impactos en la salud serían grandes, por la radiación electromagnética al pasar los cables de alta tensión en la principal arteria vial del municipio (boulevard).
“Pero lamentablemente la empresa tiene el apoyo del gobierno y todas las instituciones públicas, y a los que luchamos por nuestro bienestar nos golpean y nos acusan de usurpación de un territorio que es nuestro y de nadie más”, indicó Pineda. 
A renglón seguido dijo “nosotros no estamos en contra del proyecto, pero no vamos a permitir que pasen los cables por encima de nuestras cabezas, imagínense por donde quieren pasar los cables han prohibido que nosotros hagamos una segunda planta a nuestras viviendas”. 
“La empresa puede pasar los cables del tendido eléctrico por los potreros le aseguro que no tendrán oposición, pero no permitiremos que los pasen por el casco urbano del municipio”, indicó Aguilar Ponce. 
Contexto 
En el año 1976 se fundó la Azucarera Cantarranas, S.A. (ACANSA), por el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, siendo propiedad del Estado de Honduras, sin embargo, a pesar de ser rentable fue privatizada en 1993 bajo el gobierno del nacionalista Rafael Leonardo Callejas, pasando a llamarse Compañía Azucarera Tres Valles S.A de C.V., una de las mayores accionistas es la familia Yibrín, (dueña del club deportivo Real España). 
La central de la azucarera, está ubicada en la Aldea El Porvenir, del Municipio de San Juan de Flores, y su área de influencia abarca los departamentos de El Paraíso (Municipio de Morocelí y Yuscarán) y Francisco Morazán (Municipio de Cantarranas, Talanga, Villa de San Francisco y San Antonio de Oriente).
“Las fuerzas vivas de los municipios antes mencionados en 1975 gestionaron al gobierno de Melgar Castro, para que dotara de maquinaria para el procesamiento de la caña de azúcar y así fue aprobada y se logró organizar ACANSA, siendo propiedad del pueblo”, indicó don Pedro Ponce, quien por 15 años laboró en la referida empresa. 
“A pesar que los políticos la saqueaban, la empresa aun así llegaba a ser rentable y había años que llegaba a tener hasta 50 millones de Lempiras solo de ganancias, sin embargo, el gobierno de Callejas la regaló a la empresa privada, entregándola a pagar en un terminó de 10 años. No me recuerdo el precio, pero entiendo que con dos a tres años de producción la empresa se pagó solita”, manifestó. 

Dijo que esto es importante recalcarlo porque el proceso de privatización de las empresas o instituciones públicas se viene arrastrando desde el gobierno de Rafael Leonardo Callejas, llegando hasta la privatización de la salud, la Enee, Hondutel, los ríos y las carreteras nacionales. 
“No desconocemos que esta empresa genera empleos en la zona y ayuda a mover la economía en estos municipios, sin embargo, a medida se fueron expandiendo las plantaciones de la caña de azúcar se fue bajando la producción de granos básicos, de hecho, antes este municipio era el granero de la zona, pero hoy es todo lo contrario”, manifestó. 
Recordó que el Gobierno de Callejas, desde ese momento impulsó ventajas para incrementar la producción de la empresa, pero al mismo tiempo, los pequeños productores independientes pasaron a desaparecer en buena cantidad porque comenzaron a pagar bajos precios a la caña de azúcar, por lo que muchos terminaron por ceder sus tierras a la empresa azucarera. 
“Así fue como la fábrica se convirtió en la propietaria de buena parte del suelo en la región, mientras muchos de los antiguos pequeños propietarios, hoy se convirtieron en jornaleros sin tierra, viviendo más al límite que nunca”, indicó Conchita Elvir, quién es hija de una de las personas que cultivaban caña en la década de los 80s. 
Los jornaleros, deben trabajar extenuantes jornadas para conseguir salarios de alrededor de 4 mil Lempiras mensuales (menos de 200 dólares). “Trabajamos en pésimas condiciones de seguridad e higiene y las jornadas laborales son de 5:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde, y se trabaja hasta los días domingos”, manifestó un obrero que labora en el corte de caña en tiempos de zafra.
Esta misma situación se vive en los departamentos de Choluteca, Valle, en la sur; y en el Valle de Sula, zona norte hondureña, donde están instaladas varias empresas azucareras, que cuentan con grandes extensiones de plantaciones de caña azúcar.

HONDURAS/ EDITORIAL Y PORTADA EL LIBERTADOR IMPRESO: ¡GRATITUD ABSOLUTA!

Me preguntan que si tengo miedo o si dejaré de escribir, que si el periódico perderá su carácter trascendente, les respondo que eso sería como clausurar los hospitales porque sofocan la enfermedad o cerrar la formación de maestros porque querrán derrotar la ignorancia. El problema no somos los hastiados de este juego a la democracia.

Editorial

¡GRATITUD ABSOLUTA!

Como Director Fundador de esta casa editora, ya cerca de quince años, de las versiones impresa mensual y diario digital EL LIBERTADOR, doy ¡Gracias totales!, en nombre de la organización que da sustancia a los contenidos noticiosos y asume el compromiso con la Nación hondureña desde el “Primer Auditor Social de Honduras”. Damos gracias como familia y, personalmente, mi reconocimiento será eterno para periodistas y comunicadores de medios alternativos, corporativos, blogueros, redes y otros canales innovadores de comunicación digital.- Sentí la sinceridad de varios compañeros de todos los medios, fueron más allá de un trabajo.

Guardo un recuerdo especial para el pueblo hondureño, decenas de miles de reacciones de repudio transitaron las redes sociales de EL LIBERTADOR por el intento de asesinato contra mí y mi esposa la noche del anterior 24 de agosto; imposible olvidar a los infatigables defensores de derechos humanos de instituciones privadas y públicas, ahí estuvieron presentes o llamando; tampoco callaron muchos empresarios, pendientes de la salud familiar y del ataque y, junto a instancias de impacto continental como OEA, CIDH y otras de prestigio global, pidieron al gobierno de Honduras investigar y castigar los responsables. Esa noche se ratificó la trascendencia mundial de EL LIBERTADOR.

A esta hora que escribo no he visto un informe científico que con precisión certifique el delito o al menos exponga indicios de causas; aún no capturan a los ejecutores ni a los que planificaron el crimen. ¡Yo no sé!

Declaro que no tengo enemigos privados, pero sé que esa noche venían a matar, paradoja o no, era el mismo día del aniversario de la Policia Militar de Orden Público.

Me preguntan que si tengo miedo o si dejaré de escribir, que si el periódico perderá su carácter trascendente, les respondo que eso sería como clausurar los hospitales porque sofocan la enfermedad o cerrar la formación de maestros porque querrán derrotar la ignorancia. El problema no somos los hastiados de este juego a la democracia.

Quienes matan en el país, no ganan nada ejecutando personas como yo, nada pasaría si muero hoy, nadie me recordará. El fondo es otro, los que hoy gozan el confort de la cobardía, condenan a la muerte tal vez hasta sus nietos. Alguien tendrá que pagar la inacción de los mayores, eso pasó con nuestra generación. Heredamos el desorden, o también la pasamos tranquilo como cualquiera o rompemos el sistema del miedo.

La tarea no es fácil, por ejemplo, en estas breves líneas “Noticias HRN” dijo el 25 de agosto: “A un hecho delictivo atribuye la Secretaría de Seguridad el atentado que sufrieron el periodista Jhonny Lagos y su esposa, propietarios del periódico "EL LIBERTADOR”. “De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Policía Nacional, el ataque fue perpetrado con el objetivo de despojar a las víctimas de su automóvil, pero no existen indicios que el suceso esté ligado con situaciones de otra índole”. Aunque tales datos están lejos de la verdad, no me molestó, sonreí al leer la última línea, ansiosa por lavar imagen ¿de quién?, ¿interesa a la “N” proteger un pobre diablo matón? ¿quién usa la desinformación?, eso, me mostró una dimensión de la autoría intelectual.

Los medios de comunicación son poderosas armas para guerras silenciosas en “tiempos de paz” como en Honduras. Cumplen su función según intereses del dueño, si los crea el capital servirán al capital. Sería torpeza pensar que quienes se sienten propietarios de Honduras invierten en corporaciones de información para beneficiar a los pobres o la sociedad. A todos, ¡Gratitud absoluta!

Honduras: Vientos de persecución en tierra garífuna

Por Giorgio Trucchi

KAOS EN LA RED - Publicado en: 26 septiembre, 2017

Dirigentes y activistas de la OFRANEH denunciadas por difamación por inversionista canadiense

Por Giorgio Trucchi | Alba Sud

La proliferación de proyectos turísticos-residenciales en los alrededores de la Bahía de Trujillo, en el litoral atlántico de Honduras, está generando fuertes tensiones entre empresarios turísticos, en su mayoría de nacionalidad canadiense, y sectores de las comunidades garífunas de la zona, que denuncian el despojo de tierras comunitarias y una creciente criminalización de la protesta social y la defensa del territorio.

Denunciadas por difamación

El 31 de julio pasado, las dirigentes y activistas de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) Miriam Miranda, Medalime David, Neny Heidy Ávila y Lety Hernández, estas últimas tres de la comunidad de Guadalupe, municipio de Santa Fe, fueron notificadas de una causa en su contra por el supuesto delito de ‘calumnias y difamación’ contra el empresario canadiense Patrick Daniel Forseth, gerente general y representante legal de la corporación CARIVIDA S. de R.L.

Según el empresario turístico, las acusadas habrían brindado declaraciones a medios nacionales e internacionales donde lo señalan por varios delitos, entre otros de haberse adueñado de tierras comunitarias empleando el engaño, la fuerza y las amenazas. Forseth dice que son responsables de haber dañado su reputación y la imagen de la empresa que representa.

Las denuncias contra miembros de las comunidades garífunas organizadas en la Ofraneh no son nuevas. Medalime David fue detenida en noviembre del año pasado junto a otros tres miembros de la comunidad de Guadalupe -César Geovany Bernárdez, Celso Alberto Guillén y Cosme Ávila- por participar, con otros jóvenes de la comunidad, en la recuperación de un terreno en el que, en su momento, existió un proyecto de turismo comunitario, y que en 2012 fue inexplicablemente vendido a CARIVIDA. La joven garífuna fue apresada con violencia por elementos de la Policía Preventiva y la Fuerza Naval y acusada de usurpación. Tras un rápido juicio, David fue sobreseída definitivamente. No así sus compañeros. En mayo pasado, César Geovany Bernárdez fue detenido por el mismo delito y sometido a medidas sustitutivas a la prisión, entre otras presentarse regularmente ante el juez de Trujillo y no viajar al extranjero hasta que sea procesado.

Crónica de un despojo

Los jóvenes de la comunidad Guadalupe han denunciado en diferentes ocasiones que en la última década ha habido un acelerado proceso de venta ilegal de tierras ubicadas dentro del perímetro del título comunitario. En particular, acusan a inversionistas canadienses, entre ellos al mismo Forseth y a Randy Jorgensen –este último Ceo de Life Vision Developments– de usurpar tierras comunitarias para la construcción de complejos turísticos y casas vacacionales, en confabulación con testaferros nacionales e internacionales, miembros de la comunidad y funcionarios públicos.

De acuerdo a la información brindada en su portal web, Life Vision es actualmente el mayor promotor inmobiliario en Trujillo. Cuenta con más de 600 hectáreas de tierra frente al océano, donde desarrolla proyectos de viviendas con fines turísticos, como por ejemplo Campa Vista, Coroz Alta, Alta Vista, Floridad o se dedica a la venta de lotes. Banana Coast, Carivida Villas, Njoy Trujillo Beach Residences y Njoy Santa Fe Beach Residences, Marea Honduras son solamente algunas de las inversiones turísticas que han venido surgiendo en una zona que ya ha sido rebautizado como la “Pequeña Canadá”.

Criminalización de la protesta

“No nos da tiempo salir de una acusación que ya nos cae otra. Ahora nos están acusando de calumniar y difamar a este inversionista extranjero, pero lo que hemos hecho es simplemente decir la verdad y defender lo que le pertenece a nuestra comunidad. Todo lo que se plantea en esta nueva demanda es falso. Una vez más vemos como el dinero mueve todo y como en este país ser defensora, mujer y miembro de pueblo indígena es motivo de criminalización y persecución”, dijo a Alba Sud, Medalime David.

La activista garífuna aseguró que no dejarse sobornar ni doblegar es el verdadero pecado que han cometido. “Es por eso que nos están judicializando. Es por eso que voy a enfrentarme a otro juicio. Vamos a mantenernos firmes ante lo que nos viene encima y seguiremos denunciando a esta mafia canadiense. No estamos solas. Hay todo un pueblo, nuestra organización y nuestros ancestros y ancestras que nos respaldan”, enfatizó la joven.

En 1998, como resultado de la lucha de Ofraneh y la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (Conpah) por la titulación y la demarcación de los territorios ancestrales, el Estado de Honduras tituló casi todas las tierras de las comunidades garífunas. Ese mismo año se entregó el título definitivo de dominio pleno sobre casi 240 hectáreas a la comunidad de Guadalupe, que fue inscrito en el Registro de la Propiedad dos años después. Amparada por la ley, la comunidad de Guadalupe instó a las autoridades municipales a respetar el título definitivo, absteniéndose de realizar nuevas e ilegales desmembraciones, así como otorgar dominio pleno sobre parte del territorio comunitario.

Según la Ofraneh, la legislación hondureña es muy clara cuando dice que es ilegal la compraventa y el registro de tierras dentro de un título comunitario. Nadie puede autorizar la venta de tierras comunitarias. Sin embargo, eso fue irrespetándose a medida que llovían las propuestas de grandes inversiones turísticas y a sabiendas de que ninguna autoridad pública iba a interferir con este gran negocio.

Más persecución

El 5 de septiembre pasado se apersonaron en la sede de la Ofraneh, situada en la comunidad garífuna de Sambo Creek, dos efectivos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y un funcionario de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). Los funcionarios pretendían entregar a Miriam Miranda, coordinadora general de la Ofraneh, un citatorio para informarle que está siendo requerida para notificarse ante las autoridades judiciales. Al no encontrarla, los efectivos policiales amenazaron con buscarla y detenerla.

Además de enfrentarse a la demanda puesta por Forseth, Miranda está siendo citada para comparecer ante los tribunales por otra querella que involucra a una de las radios comunitarias de la Ofraneh. En julio pasado, siempre en Trujillo, Conatel declaró en rebeldía a Radio Waruguma, amenazando con clausurarla.

La organización garífuna asegura que ese y otros tantos ataques contra sus radios representan una violación abierta al derecho a la libertad de expresión que tienen los pueblos indígenas. Este derecho estaría plasmado tanto en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, como en la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas y en el Convenio 169 de la OIT.

“La justicia en Honduras siempre tiene doble rasero. Demandamos a Randy Jorgensen y las autoridades impartidoras de justicia tardaron años en avanzar con un proceso que aún no ha terminado. Por el contrario, cuando se trata de defensores y defensoras, de protesta social, la justicia actúa sorprendentemente de forma rápida y contundente”, manifestó Miranda.

Para ella, los inversionistas turísticos le han puesto el ojo a toda la zona de Trujillo, y hay una presión muy fuerte sobre las y los jóvenes que no se dejan sobornar, ni comprar. “Lo único que hemos hecho es denunciar nacional e internacionalmente la colusión que existe entre autoridades locales y el capital extranjero, que nos acusa de estar usurpando nuestro propio territorio. Están criminalizando y judicializando la defensa de los territorios ancestrales garífunas y los bienes comunes. Como coordinadora general y representante legal de la Ofraneh voy a seguir acompañando estos procesos de lucha y de defensa de lo nuestro. No podemos permitir que el Estado hondureño privilegie los intereses de inversionistas extranjeros por encima de los derechos del pueblo garífuna”, sentenció Miriam Miranda.

Fuente: ALBA SUD
Lea aquí el informe: Trucchi, Giorgio (2017). Expolio de los territorios garífunas en Honduras: Impactos del extractivismo y la expansión turística. Alba Sud Editorial, colección Informes en Contraste, núm. 3.

Apartheid garífuna en el caribe de Honduras (II)

Por Paos de Animal Grande
KAOS EN LA RED - Publicado en: 12 septiembre, 2017
Desplazamiento de territorio.

Trujillo, Colón. «Eso fue dos años después de que la policía hubiese allanado las tiendas de AOV en 14 municipios de Ontario. Se apoderaron de copias de películas como La Bimbo, Lawyers in Heat y D-Cup Delights y Jorgensen fue finalmente condenado por distribuir material obsceno. Apeló hasta el Tribunal Supremo de Canadá y, en 1995, ganó», así resume la prensa canadiense una de las batallas del Rey del Porno, Randy Jorgensen.

«Para entonces, él se había divorciado, y había comenzado a vacacionar en Trujillo, una ciudad de la playa situada entre dos cadenas montañosas imponentes. Jorgensen compró una casa allí, y se hizo amigo de varios empresarios locales, entre ellos Ramón Lobo, cuyo hermano, Porfirio, se convertiría en presidente», relata el artículo.

Randy Jorgensen hizo fortuna con la industria de la pornografía, según la prensa de Canadá, perono sólo es mencionado por usurpación.

Randy Jorgensen, un hombre de negocios de Saskatchewan que hizo fortuna en el negocio de pornografía para adultos. Foto: www.thestar.com

---

Pornografía infantil

En febrero de 2004, el periódico Revistazo.com reveló que «Casa Alianza denunció cómo extranjeros ofertaban menores y jovencitas a través de la red a los turistas extranjeros. Como resultado se desbarataron dos lugares, uno en San Pedro Sula, el otro en Trujillo, y los extranjeros fueron procesados, explica el asesor legal de esa institución, Gustavo Zelaya.

Mike Wyatt y Randy Jeorgensen, ofrecían servicios de turismo sexual y pornografía por internet abusando de menores hondureños, pero usaban como pantalla un simulado estudio fotográfico en Trujillo, ambos fueron procesados, pero se fugaron del presidio de esa ciudad », públicó entonces Revistazo. Contra Jorgensen no hay una sentencia  por el caso.

Karen Spring que trabaja para Rights Action reveló:

«También inquietante para las comunidades hondureñas es la sórdida historia legal de Jorgensen. La revista canadiense Macleans informó en 2001 que Jorgensen había sido “acusado de hacer películas X-rated con niñas menores de edad en su casa de vacaciones en Honduras».

El 21 de noviembre de 2011, el National Post, informó que «el magnate de la tienda de video para adultos que ayudó a legitimar la pornografía en Canadá, ha sido acusado en Honduras de hacer videos X-rated de niñas menores de edad en su lujosa casa de campo. El Sr. Jorgensen dijo que recibió una carta del juez hondureño el 5 de octubre que lo exoneró de los cargos más recientes. Pero Alma Reina Cruz, fiscal especial encargada del caso, dijo ayer al National Post que presentó cargos criminales contra el señor Jorgensen y dos estadounidenses, Mike Wyatt, de 60 años, y Woody Abbott, de 59 años de California Quien también se llama Willard Lee. “Tenemos un testigo que lo denunció a él ya los dos estadounidenses por tomar fotos pornográficas y videos de menores, y dijo que los hombres drogaron a las niñas y les dieron alcohol antes de filmarlas”. Él culpó el incidente en un desacuerdo con su administrador anterior de la casa, Arlene Esther Ramírez Marín, que trabajó para él por cuatro años. Dijo que lo acusó de los cargos después de que tuvieran una disputa sobre su incapacidad de producir registros contables por el dinero que envió de Canadá a una cuenta bancaria en Honduras».

Por este caso, Jorgensen parece haber salido bien librado en la justicia hondureña.

“El caso de los negritos…”

No obstante, Jorgensen está nuevamente implicado en otro enredo con la justicia. La situación se ha vuelto más tensa a partir de 2016 que Jorgesen y Patrick Daniel Forseth –su yerno, según los garífunas, pero no se obtuvo ningún documento para probar ese extremo-actuaron para apresar a miembros del pueblo garífuna de Guadalupe.

Las acusaciones fueron promovidas en el Juzgado de Letras de Trujillo, Colón, gestionado por mestizos que se refieren al “caso de los negritos” cuando hablan de la usurpación que los canadienses promueven.

Es que la Corte de Apelaciones ya había ordenado que se diera auto de prisión en un caso similar y por eso apelaron porque el  juzgado dio carta de libertad, platicaba una las funcionarias judiciales el viernes 4 de agosto que le consultaron por el juicio de “los negritos”, como le llaman despectivamente.

Este juicio se encuentra en el expediente 206-16 del Juzgado de Letras de Trujillo, Colón. El juicio evidencia presunta colusión de jueces de paz, abogados, habitantes garífunas y operadores judiciales.

Los acusados en el expediente 206-16 son los garífunas “Cesar Jeovanni Bernardez, Medaline Martínez David, Celso Alberto Guillén Mejía y Cosme Enrique Ávila Bernardez”, cita el Libro de Entradas. Todos recibieron una carta de libertad provisional. La parte acusadora es la Fiscalía de Honduras a petición del canadiense, Patrick Daniel Forseth.

Vea el título de propiedad título de propiedad Expediente 47890, INA

En el juicio, los garífunas demostraron que tienen un título comunitario, según expediente 47890 del Instituto Nacional Agrario (INA).

«Este título de propiedad constituye un patrimonio inalienable de la comunidad Beneficiaria, excepto en los casos en que la transferencia del dominio se haga con el propósito de construir vivienda a favor de los miembros de dicha Comunidad que carezcan de ella, así mismo la trasnferencia de dominio que hagan los propietarios de vivienda tiene que ser a favor de los miembros de dicha Comunidad. En ambos casos tiene que haber aprobación de la Junta Directiva del Patronato misma que debe constar en el instrumento de transferencia de dominio», dice el título.

Según se constató, este título de propiedad está inscrito en el Instituto de la Propiedad (IP) de Trujillo, con registro 5-380 del año 2000. Este título no tiene ninguna anotación, es decir, la comunidad garífuna no ha vendido ninguna de las 237.75 hectáreas (340.23 manzanas) establecidas en el título comunitario, según consta en el IP.

Vea Instrumento 61, de compra venta

Sin embargo, mediante instrumento público No. 61, de compra venta, el canadiense Patrick Daniel Forseth, representante de la comunidad Carivida, le compró al señor Leuterio Arriola Fernández, cuatro manzanas y media de terreno ancestral cuya venta a extranjeros está prohibida. El instrumento está firmado por el notario Luis René Amador.Este instrumento aparece en el IP como inmueble con la matricula 1087556 del 11 de abril de 2013.

El expresidente del patronato Celso Guillén Mejía denunció que el alcalde de Santa Fé, Lucas García, juramentó a Severino Chavez Güity como presidente del patronato, pero el legítimo representante de la comunidad, era él, dijo Guillén Mejía. “Me dieron un golpe de Estado”, asegura.

Sostuvo que los canadienses tienen en su poder aproximadamente el 80 por ciento de los terrenos que le pertenecen a los garífunas, concentrados en el proyecto Altavista. Según Guillén Mejía el juez Carlos Emenelio Reyes se prestó para una serie de supuestas triquiñuelas para violentar la tierra que ellos consideran sagrada.

Celso Guillén aseguró que el 80 por ciento de las tierras de la comunidad garífuna de Guadalupe, están en manos de los canadienses.

Una constancia del 5 de marzo de 2012, firmada por Güity como “presidente del patronato de Guadalupe” autoriza a los señores Saúl Simón Gómez, Sixto Nolasco Flores, Leuterio Arriola Fernández, Celso Flores Martínez y Desary Clother para hacer gestiones ante el Registro de la Propiedad, de compra venta, donaciones, enajenaciones, sucesiones entre vivos…o hipotecas en el mismo terreno ancestral con registro 5-380 del año 2000.

Mediante la escritura pública No. 2304, de donación, el señor Severino Chávez Güity le donó el terreno a Leuterio Arriola Fernández.

Pese a que las evidencias muestran que los garífunas ocupaban territorio ancestral, el sistema judicial del país, encarceló a una mujer garífuna en medio de maltratos el 10 de noviembre de 2016, llevada al juzgado al día siguiente y fue hasta el 30 de noviembre de 2011 que le dieron carta de libertad.

El señor Román Bernardez trabaja como empleado de los canadienses, en labores de seguridad.

Uno de los testigos de la Fiscalía para perseguir criminalmente a los indígenas fue Román Bernardez Fernández, hermano de Leuterio Arriola Fernández.

Román Bernardez dijo ante el juzgado que llegaron unas 20 personas con tambores al terreno mientras él estaba de turno trabajando para la empresa Carivida en el terreno en disputa.

En una entrevista sobre el tema, Román Bernardez declaró que estaba en casa y su compañero lo llamó para decirle que el 12 de octubre de 2016 se tomaron la propiedad. «Mi deber como empleado fue sólo llamar al abogado, le mencioné los nombres de los que estaban aquí porque como trabajador es mi deber», indicó el garífuna.

Dijo que nunca vendió tierra en Guadalupe, aceptó que Eleuterio es su hermano de madre. Según su historia, este predio era del señor Felipe López y el señor Felipe López era marino, envejeció aquí, quedó abandonado, se rumoró que la gente ladina lo quiere invadir y se reunió la comunidad, Eleuterio lo cuidaba. Bernardez expresó que se rumoró que el patronato anterior había empeñado este terreno. «Le dije a mi hermano que no vendiera este predio, me dice él que estaba haciendo trámites para vender esta tierra», indicó.

«No estoy en contra de la lucha de mi pueblo, pero trabajo con la empresa Carivida, yo quiero que se pongan en mis zapatos, yo como de mi trabajo», expresó. Bernardez contó que tiene 4 años de trabajar con Carivida.

Se trató de conocer la versión del abogado de Forseth, Carlos Barahona Flores, pero no respondió su celular, asimismo se le envió por pasosdeanimalgrande.com un correo electrónico con preguntas alrededor del tema pero tampoco ha respondido. En la expresión de agravios del recurso de apelación para reactivar el proceso penal contra los garífunas el apoderado legal expresa: …A lo largo de todo el proceso, el enfoque de la defensa ha sido tratar de establecer que la compra-venta de terrenos hecha por la sociedad Carivida, ha sido ilegal porque los terrenos son «herencia ancestral de los morenos bla, bla, bla», dice el escrito penal.

¿Qué es Carivida?

Es una sociedad bajo la denominación de Carivida Resorts en sociedad con la empresa Skycore International Holdings LTD cuya socia es la estadounidense, Samantha Irene Richie.

Skycore International Holdings LTD es una empresa constituida bajo la Ley International Business Companies Acto (IBC) de Belice, bajo esta ley las empresas están exentas de impuestos. No se encontró un sitio electrónico específico de esta empresa constituida bajo las leyes de Belice para «desarrollo turístico, bienes raíces, adquisición de propiedades para proyectos habitacionales y comerciales con fines turísticos…».

Según un boletín de Ofraneh, de diciembre de 2016, las empresas del canadiense Jorgensen, Campa Vista, Coroza Alta, New Palm Beach, Alta Vista,Carivida y Banana Coast, se ven cuestionadas ante la adquisición de tierras de forma indebida, además de estar proseguido por el Juzgado de Letras de Trujillo por usurpación.

Jorgensen sí dio entrevista a la prensa canadiense. El sitio electrónico canadiense Ricochet.media por medio de un artículo que inicia con la frase “Pequeña Canadá”, informó en diciembre de 2014 que: Jorgensen desestima las reclamaciones de tierras de la comunidad Garifuna. Es la misma historia en Guadalupe que en Río Negro y no se trata realmente de la tierra, dice.

“Ellos tienen facciones extremistas que están extremadamente motivadas políticamente y salen de su camino para crear cualquier problema que puedan para cualquier cosa que realmente no pone dinero en sus bolsillos personales”.Otros desarrolladores canadienses han seguido desde entonces, pero Jorgensen sigue siendo el principal jugador en el área, destaca el sitio.

---

Captura de pantalla del slitio web www.ricochet.media

Ricochet.media informó que la empresa de Jorgensen, Life Vision Developments, está desarrollando varios proyectos en la zona: Campa Vista, Coroz Alta, Nueva Palm Beach y Alta Vista. “Tenemos cerca de 1.500 acres de desarrollo residencial en marcha ahora. Vendimos 500 propiedades a los canadienses. Empiezan a llamarlo Pequeño Canadá.

Jorgensen niega categóricamente que el proyecto de Alta Vista se superponga con el título de la comunidad de Guadalupe, pero también alega que la comunidad no utilizó la tierra para nada de todos modos. “No es como si esta tierra tuviera que ser preservada para” este propósito “. No tienen un propósito. Ellos no tienen un plan. No tienen nada que ver con eso.

Dejando a Guadalupe atrás, el viejo autobús escolar amarillo ruge ante la comunidad garífuna de San Antonio antes de pasar Njoi Santa Fe, otro proyecto inmobiliario en construcción por parte de desarrolladores canadienses. Después de la comunidad de Santa Fe, es un flujo constante de turismo de propiedad canadiense y proyectos de bienes raíces a lo largo de los 11 kilómetros de regreso a Trujillo: New Palm Beach, el Banana Beach Resort, Njoi Trujillo, Coroz Alta y Campo del Mar, Campa Vista y El Tranquility Bay Beach Resort, cita la publicación canadiense.

Contradicciones en el MP

Entretanto en Tegucigalpa está la sede del Ministerio Público (MP) y mientras, la Fiscalía regional procesó a los indígenas, la Fiscalía de las Etnias y el Patrimonio Cultural acusó al canadiense Randy Jorgensen por vulneración de derechos de los garífunas de Guadalupe.

La portavoz del MP Lorena Cálix, explicó que como producto de  las denuncias se acusó a la registradora del IP, Tanía Yamileth Santos Antunez, porque la Fiscalía investiga la supuesta apropiación por parte de extranjeros de un título ancestral comunitario que data del año 1862.

Sin embargo, el sistema judicial le dio carta de libertad definitiva a Santos Antunez. Más bien, según se constató en expediente 262-2015 del Poder Judicial –en el transcurso de esta investigación- el 4 de septiembre de 2015, Santos Antúnez solicitó hacer examen para convertirse en notaria pública.

También, el MP ha presentado una acción penal contra el señor Jorgensen, tiene auto de prisión, una de estas es la prohibición de salir del país, dijo la abogada y periodísta Cálix.

El MP investiga a Jorgensen porque supuestamente se apropió de una cantidad superior de terreno a la que se había acordado con miembros de la comunidad. Aunque hayan sido territorios vendidos por miembros de la comunidad garífuna, lo que el MP  ha establecido en forma clara es que ese es un territorio ancestral altamente tutelado por tratado y convenciones internacionales, declaró la portavoz.

Guillén Mejía contó que durante una asamblea comunitaria, Forseth llegó violentando todas sus ceremonias de reunión con prepotencia y actitud de superioridad, como si fueran una raza superior. Ese día el mensaje era ¿Que por qué no queremos el desarrollo? Queriéndo imponer su visión de desarrollo por encima de la cosmovisión garífuna.

El ingeniero agrónomo Henry Norales explicó que otro aspecto es que la visión de desarrollo del gobierno es la siembra de palma africana, dejando de lado la dieta tradicional garífuna de yuca, coco y otros tuberculos, además, sus cultivos diversos embellecen el paisaje y no lo vuelven oscuro y monótono como ocurre con el monocultivo, dijo.

http://www.pasosdeanimalgrande.com/index.php/es/especiales/apartheid-garifuna/item/1891-apartheid-garifuna-en-el-caribe-de-honduras-ii

Chile: Operativo estuvo a cargo del GOPE de Carabineros

Familiares reportan detención de Héctor Llaitul y otros 5 comuneros mapuche

El Ciudadano

Carabineros detuvo este sábado al vocero de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul, y a otros cinco comuneros, en el marco de la investigación de dos atentados ocurridos en el sur del país el pasado mes de agosto, donde fueron incendiados cerca de 50 camiones.

Según consigna el reporte de la agencia Efe, el vocero de la CAM fue detenido mientras visitaba a su madre en la ciudad de Concepción, según dijo su pareja, Pamela Pezoa, a radio Biobío. La mujer agregó que el allanamiento de la casa y la detención de Llaitul fue obra de personal del Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) de Carabineros, que dijeron tener una orden del Tribunal de Garantía de la ciudad de Temuco para proceder.

Héctor Llaitul cumple actualmente en libertad condicional una pena por un proceso anterior. En los últimos meses, ha desmarcado a la CAM de atentados ocurridos en la zona, atribuyéndolos a un grupo disidente de la organización, denominado Wichan Auka Mapu.
Según las fuentes consultadas por Efe, también fueron detenidos en diversos puntos de la zona de la Araucanía otros cinco comuneros mapuches, uno de los cuales sería el dirigente mapuche Jaime Huenchullán, de la localidad de Ercilla, según dijo a medios locales su hermano, Rodrigo Huenchullán.
El 19 de agosto dieciocho camiones pertenecientes a una empresa dedicada al transporte de productos alimenticios fueron quemados en un predio situado al sur de Temuco, a unos 680 kilómetros de Santiago. Después de este atentado, algunas organizaciones gremiales de camioneros amenazaron con un paro nacional indefinido, que el gobierno logró desactivar a través de un diálogo con los dirigentes. Posteriormente, el 28 de agosto, ardieron otros 29 camiones de una empresa que daba servicios a la industria forestal en la localidad de San José de la Mariquina, en la región de Los Ríos, a 790 kilómetros al sur de Santiago.

Carabineros allana casa de Héctor Llaitul y familia denuncia secuestro

Maximiliano Alarcón |Sábado 23 de septiembre 2017 14:54 hrs.

El personal uniformado habría manifestado a la familia del comunero que la orden de detención provenía desde Temuco, por lo que debían trasladar al dirigente a dicha ciudad, donde se le informaría el motivo de la detención.

Claves: allanamiento, cam, carabineros, coordinadora arauco malleco, héctor llaitul, mapuche

Durante la tarde de este sábado personal del GOPE de Carabineros, sin presentar orden judicial, allanó la casa del vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, ubicada a una cuadra del terminal de buses Collao en Concepción, deteniendo al dirigente.

Según informaron los propios policías a miembros de la familia, Llaitul fue trasladado hasta la ciudad de Temuco, en donde se le señalarían las razones de su detención.

En el interior del inmueble se encontraban los hijos de Llaitul. La propia familia, además denunció la agresión a una de las hijas del comunero. La policía ha acordonado el lugar y se mantiene al interior de la casa desde la cual se han retirado computadores,  teléfonos celulares, libros y documentos.

Javiera Llaitul, hija del dirigente, relató a Radio Universidad de Chile los hechos ocurridos a eso de las tres de la tarde:

“Sufrimos un allanamiento, estábamos en nuestra casa y entraron violentamente los carabineros, sin orden, nada. Nos empujaron, a mí me pegaron, a mí mamá también y se llevaron a mi papá en dirección a Temuco“, manifestó.

Cabe mencionar que Llaitul fue recientemente favorecido por parte del Tribunal de Garantía de Cañete con la rebaja de 5 años de su condena, quedando de esta forma su condena cumplida en mayo del 2016. Sin embargo, la decisión del Tribunal debe ser ratificada.

Puedes revisar: Héctor Llaitul: “El Gobierno presiona indebidamente a los tribunales”

El entorno del vocero de la CAM señaló a Radio Universidad de Chile que esta situación es una grave vulneración de derechos y a pocas semanas de que Llaitul obtuviera un triunfo judicial. Además apuntan que la acción de Carabineros es una agresión y se constituye la figura de “secuestro” al ser sacado de su casa sin orden judicial y sin informarles en ningún momento la razón de su detención.

Además, durante la tarde Carabineros habría realizado otras cinco detenciones de emblemáticos dirigentes mapuches, entre los que se encuentra Jaime Huenchullan, quien fue detenido en la comuna de Ercilla, Región de La Araucanía.

Según consignó BioBioChile.cl, el operativo se debe por una supuesta participación en quema de camiones en las regiones de La Araucanía y Los Ríos.

En desarrollo…

 

Temuco, huelga de hambre: escalada de detenciones selectivas y cerco policial

Este sábado 23 de septiembre en horas del amanecer se han realizado allanamientos y desalojo al acampe de apoyo a los presos políticos mapuche frente a la cárcel  y al hogar mapuche Pelontuwe habrían unas siete detenciones quienes serán citados a una audiencia el 17 de octubre, existiendo una denuncia desde los jóvenes mapuche por uso excesivo de fuerza en el procedimiento policial. Asimismo, en horas de la tarde se han realizado detenciones selectivas como la del vocero del acampe, Martín Curiche, cuyo procedimiento fue calificado de un “secuestro” por parte de dirigenta estudiantil. Asimismo, luego de una visita a los presos mapuche en huelga de hambre fue detenido el Machi Fidel Tranamil de Rofúe y se habla de una escalada de detenciones, incluyendo en la zona de Ercilla al werken de Temucuicui autónoma, Jorge Huenchullan.

Trascendió en horas de esta tarde, que Fiscalía habría señalado que existe orden de detención libradas en contra 10 personas a quienes presumiblemente se les estaría atribuyendo participación en algún tipo de incendios.

En algunas localidades en el País también se han generado acciones violentas por parte de fuerzas represivas de carabineros, mientras, comentaba la Revista Aukin Lavken, no hay avances con respecto a las demandas de los huelguistas en el marco de los acercamientos que han sostenido personeros del gobierno regional en la Araucanía y familiares de los presos mapuche.

Desde la intervención de la catedral de Concepción, Juan Carlos Tralcal emplaza a Michelle Bachelet a cumplir su promesa de campaña de no invocar la mencionada Ley Antiterrorista en causas mapuche y advierte la radicalización de las acciones en apoyo a las demandas de los huelguistas, si el gobierno mantiene su postura de no ceder.

A pesar de este escenario represivo, los acompañamientos de apoyo a los presos mapuche en huelga de hambre, continúan en las inmediaciones de la cárcel de Temuco.

–

ESCUCHAR AUDIOS – Registro Paola Henríquez (Mapuexpress)

Audio: Juan Pablo Aldaín, defensoría penal Mapuche

http://cl.ivoox.com/es/21051173

Descarga botón derecho:

http://cl.ivoox.com/es/audio-juan-pablo-aldain-defensoria-penal-mapuche_md_21051173_1.mp3?t=lamfoZaneKWnow..

–

Audio: Kiyen Candia Raín dirigente estudiantil, vocería desde acampe

http://cl.ivoox.com/es/21051162

Descarga botón derecho:

http://cl.ivoox.com/es/audio-kiyen-candia-rain_md_21051162_1.mp3?t=lamfoZaneKSnog

Urgente: Situación presos mapuche en huelga de hambre y emplazamiento a instituciones responsables

A continuación, a 108 días de la huelga de hambre en carcel de Temuco,  se comparte el comunicado público emitido por la Red de apoyo a los Presos Políticos Mapuche, la Red por la Defensa de la Infancia y la Red por la Defensa de los Territorios, dando cuenta la situación crítica que atraviesan los presos mapuche, el tenso contexto politico y el emplazamiento que se hace a las instituciones responsables.

C  O  M  U  N  I  C  A   D  O        P  Ú  B  L  I  C   O

 

Las organizaciones firmantes de esta declaración, informamos  los últimos hechos relacionados a  la huelga de hambre de los presos políticos: Lonko Alfredo Tralcal Coche; y los hermanos: Ariel Alexis Trangol Galindo, Benito Rubén Trangol Galindo, y Pablo Iván Trangol Galindo, medida que cumple este 22 de septiembre 108 días, en medio de un estado crítico con sistemáticas vulneraciones de derechos y la indolencia de quienes deben dar respuesta y solución.

1.- Comunicamos que el día 20 de septiembre los imputados fueron trasladados al Hospital Regional de Temuco con el propósito de realizarles un electrocardiograma debido a las complicaciones de salud que presentan, acción que duró alrededor de dos horas bajo fuerte medidas de seguridad principalmente por personal del Gope, para luego retornarlos al centro penitenciario, sin embargo, debido a descoordinaciones y faltas de diligencias estas no se realizaron debidamente. Asimismo, dentro del recinto Hospitalario no se facilitó la ficha médica de los huelguistas, la que fue solicitada por familiares con el propósito de obtener de primera fuente antecedentes relacionados a su estado clínico, contraviniendo los derechos del paciente en salud.

2.- Denunciamos que el día 21 de septiembre, se realizó una intervención pacífica en el centro de Temuco y en el frontis de la catedral, manifestación que fue violentamente reprimida por Fuerzas Especiales de Carabineros, con un desproporcionado contingente, deteniendo abusiva y arbitrariamente a 8 personas, incluida una niña de 14 años y una adolescente de 17,  como también a los werken Cristian Tralcal, vocero de los presos mapuche y al werken de la comunidad Newen Tranguil, Rubén Collio, quienes fueron dejados en libertad a eso de las 21 horas.

3.- Asimismo, ha quedado en evidencia la funesta posición de autoridades de un gobierno que han demostrado su incapacidad de atender y resolver condiciones mínimas de derechos humanos, siendo parte activa de una abierta persecución política y de una vil campaña que ha venido condenando públicamente a estos cuatro huelguistas, quienes han debido tomar esta medida extrema con el único propósito de asegurar el cumplimento de derechos humanos amparador por la Constitución y que dicen relación con el debido proceso y la presunción de inocencia. Ya llevan más de un año y tres meses en prisión preventiva, bajo el abuso racista de la fáctica Ley antiterrorista donde el gobierno es querellante bajo esta connotación y que fue presentada por el ex intendente Andrés Jouannet en junio del 2016 bajo la disposición del Ministerio del Interior y el beneplácito de la  propia presidencia.

4.- Reafirmamos la inocencia que han señalado en reiteradas ocasiones los cuatro imputados, denunciando ser objeto de un ensañamiento considerando el compromiso de ellos a las causas del Pueblo Mapuche que exige reparación de derechos colectivos, solicitando con esta huelga el pronto inicio de un juicio justo y un debido proceso, la no aplicación de la Ley antiterrorista, el no uso de testigos secretos y la revocación de la medida cautelar de prisión preventiva.  Es  importante destacar que la indolencia del gobierno no tiene precedentes, en periodos anteriores se han atendido y resuelto situaciones de aberraciones penales por Ley antiterrorista, incluso el conservador gobierno de Sebastián Piñera retiró la invocación de la ley antiterrorista de las querellas presentadas en contra de 38 comuneros mapuche que mantenían huelga de hambre hasta octubre del 2010, priorizándose la vida y la integridad física y psíquica de las personas.

5.- Alertamos por el crítico estado de los presos mapuche quienes mantienen esta dura medida ante la irresponsabilidad de autoridades y funcionarios públicos. Alertamos asimismo sobre los preocupantes anuncios realizados por vocera de gobierno de querer transgredir este legítimo mecanismo de protesta y así pretender vulnerar la Declaración de Malta, la que debe ser respetada en todo momento por razones éticas y normativas por parte del personal médico, por ello, hacemos el llamado a las organizaciones de derechos humanos y al propio Colegio Médico de Chile a redoblar observaciones y gestiones para que se respeten los derechos de los huelguistas y sus autonomías.

6.- Además de la inminente responsabilidad de personeros de gobierno, vemos con alarma las reiteradas prácticas efectuadas por el ente persecutor, el que habiendo trascurrido un año tres meses desde audiencia de formalización, no ha dado inicio a audiencia de preparación de juicio oral en su contra, vulnerando directamente las normas del debido proceso. Esta dilatación infundada de los periodos de prisión preventiva amparada en la norma de excepción, ha causado un enorme daño a los cuatro imputados mapuches por ello señalamos que ante las secuelas irreversibles de que ya son objeto los huelguistas o más aún, en caso de pérdida de vida de algunos de ellos, debe iniciarse una investigación que permita determinar y sancionar en su caso, el incumplimiento de los deberes y obligaciones que pesan sobre dicho organismo y sus funcionarios.

7.- Interpelamos directamente a las instituciones competentes del Estado Chileno a pronunciarse expresamente respecto de las solicitudes de los comuneros imputados permitiendo así, una salida a un conflicto generado única y exclusivamente por la errónea aplicación de una ley de excepción, retirando las querellas interpuestas a la luz de la Ley Antiterrorista, garantizando así el pleno derecho a la vida, integridad física y psíquica de los imputados, así como también, dando muestras claras del respeto de las normas de derechos humanos garantizadas por la Carta Constitucional y los tratados Internaciones suscritos y ratificados por Chile.

Ante este momento crítico que se enfrenta, hacemos un ferviente llamado a nivel nacional e internacional, a toda instancia democrática y respetuosa de los derechos humanos a atender y expresarse con acciones urgentes ante la situación que enfrentan los prisioneros mapuche como consecuencia de una criminalización que tiene como único propósito destruir procesos colectivos  y atentar contra la dignidad de las personas.

Por la vida y libertad de los presos políticos Mapuche

A 108 días huelga de hambre “caso iglesias”

Temuco, 22 de septiembre de 2017

Protesta Mapuche frente a Parada militar chilena

Diversas acciones se han llevado a cabo para visibilizar y apoyar a los prisioneros políticos en huelga de hambre, ante la indiferencia de los organismos del Estado, las acciones se multiplican. En la última parada militar un grupo de jóvenes levantó una bandera mapuche  frente al palco donde se ubican las autoridades y fueron violentamente detenidos de su acción por asistentes a la parada y por carabineros de civil y fuerzas especiales

---

---

Los manifestantes fueron llevados a la comisaría provisional del Parque O’Higgins y a la segunda y cuarta comisaría de Santiago. Luego de ser retenidos por horas fueron puestos en libertad señalando a Mapuexpress

“Quisimos hacer una protesta en apoyo a los lamngen del “caso iglesias”, y hacerlo ahí en esa celebración de las fuerzas armadas, una instancia que representa la represión del Estado chileno hacia el pueblo mapuche. Mientras celebran las glorias del ejército, los lamngen están a punto de morir por la huelga de hambre”, afirmaron los manifestantes.

Chiloé: Amplio apoyo solidario a presos mapuche en huelga de hambre y sus demandas

146 personas de Chiloé, una gran parte vinculada a diversas organizaciones, movimientos, colectivos, agrupaciones, sindicatos, como también, directamente suscrito por 9 organizaciones, han manifestado su apoyo solidario a las demandas de los Presos Políticos Mapuche en huelga de hambre que este 22 de septiembre han cumplido 108 días.

A continuación el comunicado.

Comunicado Público

Los que firmamos este comunicado queremos manifestar nuestra solidaridad desde Chiloé con los hermanos que llevan 108 días en huelga de hambre y cuyo estado de salud está muy deteriorado.

Debemos señalar que ellos llevan 1 año y 3 meses en prisión “preventiva”, en la cárcel de Temuco con todos sus derechos legales conculcados, acusados por testigos sin rostro y por la ley anti terrorista.

Solidarizamos con sus demandas y nos sumamos como ciudadanos chilotes y muchos, descendientes del pueblo mapuche williche, a las demandas al Estado chileno para que reconozca que durante siglos ha estado tratando de eliminar e invisibilizar a los pueblos originarios con fines meramente económicos, para sacarlos de sus tierras y explotar los bienes naturales comunes para su propio beneficio.

Sus demandas son:

“Juicio justo, en plazo razonable”

“No aplicación de la ley antiterrorista”

“Revocación de medida cautelar de prisión preventiva”

Estamos claros que la lucha que están dando los hermanos es la lucha que cualquier hija e hijo de la tierra debiera dar por la defensa de su territorio y que no creemos en las mentiras de los latifundistas amparados por el Estado chileno, desde hace varios cientos de años.

Desde Chiloé les queremos decir que apoyamos sus decisiones y estamos alerta frente a lo

que se presente.

¡Solidaridad Activa y Apoyo Mutuo!

Newen!

Buta Wapi Chilwe mew

Suscriben,

1. Marcela Ramos Espinosa
2. Maribel Lacabe
3. Olga Cárdenas Gallardo
4. Rodrigo Casanova
5. Bernardita Concha
6. María Teresa Rodriguez
7. Luis Ruiz
8. Constantino Contreras
9. Janet Cárdenas
10. Pablo Barría Cárdenas
11. Fernanda Harder Yupanqui
12. Fernando Leal Soto
13. Paloma Gajardo
14. Rodrigo Aravena Bastiasi
15. Marisol Ramírez López
16. Minerva Foysick
17. Hernán Mazariegos
18. Gabriela Barría
19. Roberto Rodríguez
20. Esther Lovaina
21. Jorge Velásquez
22. Marcela Torres Cisternas
23. Valentina Subiabre
24. Eloy Mondaca
25. Rafaela Mondaca

siguen firmas...

Organizaciones

Movimiento Social Chiloe Ta Privao

La Paria Teatro

Colectivo de Chilotes en Valparaíso

Colectivo cultural Chiloé Libre

Defendamos Chiloé

Movimiento Autonomista Chiloé

Revolución Democrática, Territorio Castro

Grupo Ecológico Manitos Verdes de Queilen

Consejo de Comunidades Williche de Chiloé

Coordinadora de DDHH de Temuco entregó carta dirigida al Ministro del Interior por situación de presos políticos mapuche en huelga de hambre

La Coordinación de organizaciones de Derechos Humanos de Temuco entregó hoy, en la oficina de partes de la Intendencia de la Araucanía, una carta dirigida al Ministro del Interior Mario Fernández y la Intendenta Nora Barrientos sobre la situación (más de cien días en huelga de hambre) de los presos políticos mapuche del caso Iglesias.

Por José Luis Vargas, Periodista

En la misiva, las agrupaciones manifestaron su preocupación, producto de la nula respuesta que ha dado la autoridad política a la demanda de los huelguistas, relacionados con el derecho a un debido proceso y a la presunción de inocencia, derechos amparados en la Constitución y en el Ordenamiento Internacional de los Derechos Humanos.

No obstante, lo anterior, “los huelguistas se encuentran hace más de un año y tres meses en prisión preventiva, sin pruebas contundentes en su contra y sin haber comenzado el juicio que compruebe culpabilidad y por tanto justifique su prisión, y en los casos en los que se ha solicitado cambio de medida cautelar se les han solicitado fianzas millonarias, y luego éstas han sido revocadas por la Corte de Apelaciones producto de que el caso es sustanciado mediante la Ley Antiterrorista”, indican las agrupaciones de DD.HH.

A esto se suma el deterioro de salud de los huelguistas, el cual fue constatado por del Departamento de Derechos Humanos del Colegio de Médicos, motivo por el cual, las organizaciones convocantes, solicitan la intervención del ejecutivo a fin de evitar un desenlace fatal.

Fuente: Revista Territorio Sur

Parlamento Mapuche de Koz Koz se manifiesta por la vida de los Presos Mapuche en Huelga de Hambre

El Parlamento Mapuche de Koz Koz recientemente realizó una intervención pública en Panguipulli desde donde emitió una declaración.

DECLARACION PUBLICA , apoyo a PPM en huelga de hambre

PARLAMENTO MAPUCHE KOZ KOZ·MIÉRCOLES, 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017

1.- El Parlamento mapuche de Koz koz declara a a la opinión pública el apoyo y solidaridad con los presos políticos mapuches: Ariel Alexis Trangol Galindo, Benito Rubén Trangol Galindo, y Pablo Iván Trangol Galindo, junto al lonko Alfredo Tralcal Coche, que hoy cumplen 106 dias en huelga de hambre, medida tomada ante la serie de irregularidades en el proceso judicial y la persecución política contra el pueblo Mapuche.

2.- Exigimos para los presos políticos mapuche, El inicio de un juicio justo; La No a la aplicación de la ley 18.314 , Ley Antiterrorista, No a la utilización de testigos sin rostros, y la Revocación de la medida cautelar de prisión preventiva.

3- Denunciamos que el estado no da garantías de igualdad ante la ley, a más de un año y tres meses en prisión preventiva, en condiciones, irregulares, abusivas, desproporcionadas y sin pruebas, lo PPM antes mencionados están de antemano siendo condenados por pertenecer y revindicar nuestro derechos como mapuche. Esto sumado al cerco comunicacional de los medios oficiales que han dado nula cobertura a esta situación, que hoy pone en riego vital a los Huelguistas.

Hacemos un llamado a las diferentes organizaciones a manifestare y exigir la defensa de la vida y los legítimos derechos los derechos de juicio justo, pronunciamiento del gobierno para a dar respuesta a esta situación, reiteramos el llamado a asumir con responsabilidad las demandas históricas de nuestro pueblo mapuche, lo que aun continua siendo una deuda de todos los gobiernos de esta supuesta democracia.

Nos sumamos alas manifestaciones desde los distintos puntos de Walmapu, territorio mapuche, Amulepe taiñ weichan

Panguipulli 20 de septimbre de 2017

     

Mapuches: "Se venden tierras con los indios adentro"

Publicado: 21 sep 2017 15:03 GMT | Última actualización: 21 sep 2017 15:59 GMT - RT

El pueblo originario tiene una historia milenaria de resistencia, atravesada por la conquista española de América y la batalla contra las empresas y grandes terratenientes del siglo XXI. En la actualidad, argentinos y chilenos cuestionan incluso su identidad y no son reconocidos por casi nadie. ¿Cómo lograron sobrevivir? ¿Cuál es su presente? ¿Dónde habitan? ¿Cuántos son? RT consultó a expertos, miembros del colectivo aborigen y al Gobierno de Macri para entender el conflicto territorial.

Un activista mapuche es detenido por policías durante una manifestación en Santiago de Chile el 6 de abril de 2016.

Ivan Alvarado / Reuters

Desde el arribo del imperialismo español al continente americano hasta hoy, los mapuches y sus siguientes generaciones pudieron mantenerse con vida. Sin embargo, para comprender cómo lograron subsistir a través de los siglos ante los embates de la conquista europea y, posteriormente, la conformación de Argentina y Chile como Estados nacionales, es necesario entender la composición de estas comunidades indígenas.
A diferencia de otros colectivos sociales multitudinarios donde la dirección recae en una sola persona, como por ejemplo el catolicismo con el papa, o en un país democrático con su respectivo presidente, canciller o primer ministro, en el pueblo mapuche no existe una voz de mando superior, por eso resultó imposible su desarticulación. O, mejor dicho, su exterminio.

Haciendo patria, antes que Argentina y Chile

El periodista argentino Adrián Moyano, autor del libro 'Crónicas de la resistencia mapuche', se inclina por esta idea: "El argumento que explica esa resistencia es la falta de centralización política, distinto a otros pueblos que residieron en lo que hoy conocemos como América. Cuando llegaron los españoles al territorio mapuche, aproximadamente en 1540, no encontraron cabezas que cortar. Al contrario, se toparon con un ejercicio multitudinario de la soberanía en muchas agrupaciones que no reconocían un liderazgo único. Los españoles podían pactar con algún 'Lonko' —referente de alguna comunidad—, pero había muchos más dispuestos a sostener su independencia y libertad".
Este vasto y diverso grupo social se compone de cientos de comunidades que respetan sus propios sistemas de organización y representatividad, dispersas en Argentina y Chile. A priori, podría pensarse que sobrevivieron a la invasión europea porque los visitantes focalizaban su poder en Perú, debido a su claro potencial extractivo vinculado a la minería —de ahí la famosa frase regional, cuando se compra algún producto costoso de 'me cuesta un Perú'—. Es frecuente escuchar que el Cono Sur no era muy trascendental en el marco militar para los planes de España, a pesar de haber conformado el Virreinato del Río de la Plata en 1776.

Manifestantes mapuches exigen justicia en Santiago de Chile para su comunidad, que se respeten sus derechos y la posesión de los territorios. / Ivan Alvarado / Reuters

Sin embargo, Moyano desestima esta hipótesis y sostiene que la supervivencia fue el resultado de una serie de sangrientos combates con los españoles y estrategias guerrilleras de los indígenas: "La Corona española se diseminó también en sectores donde no había riquezas materiales, desde la perspectiva de la minería en aquellos tiempos. Esto se debió a su intento por conquistar el territorio mapuche, de hecho, se fundaron siete ciudades al sur de Biobío, región de Chile. También hubo expediciones puntuales desde Buenos Aires hacia el corazón del territorio mapuche, al este de la cordillera. Estas ciudades florecieron de forma importante y hasta una generación española creció allí, pero hubo una gran insurrección aborigen hacia 1598 que los expulsó al norte de Biobío, a sangre y fuego".  
En las escuelas y centros de estudios de Argentina poco se enseña sobre los enfrentamientos previos a la gesta revolucionaria de José de San Martín y Simón Bolívar, que comenzaba a vislumbrar la posterior independencia continental. Sean conquistadores o rebeldes que se opusieron al imperio, lo cierto es que la historia fue escrita por hombres blancos. Sin embargo, según relata el experto, que dedicó gran parte de su vida interiorizándose en la cultura mapuche, los indígenas tuvieron sus propias batallas patrióticas mucho antes de 1810, año en que se desató la Revolución de Mayo en Buenos Aires.
"En 1553 tuvo lugar la primera victoria significativa mapuche. Incorporaron varias innovaciones tecnológicas, aprendidas del invasor porque uno de los referentes estuvo cautivo en buena parte de su niñez y adolescencia. En 1570, las propias crónicas españolas describen que el pueblo mapuche impuso un escuadrón de caballería y fueron cambiando las formas de combatir", destaca Moyano. Además, agrega que "recién hacia 1620 los españoles, a casi un siglo de llegar, iniciaron una guerra donde estaban bien marcadas las fronteras indígenas". "Más cerca en la historia, fueron valoradas por militares de Buenos Aires y de la nación las capacidades mapuches y su conocimiento del terreno", añade.

Una mujer mapuche le grita a un efectivo policial durante una manifestación para conmemorar el aniversario de la muerte de Matías Catrileo, de 22 años, asesinado durante enfrentamientos con la Policía del sur de Chile. / Ivan Alvarado / Reuters

Dos millones

El reportero explica que para mencionar a los mapuches "hay que hablar de pueblo, porque en el orden jurídico internacional los pueblos gozan de derechos distintos a las minorías y otros tipos de conformaciones societarias". A su vez, opina que sufren "una situación de sujeción colonial que se plasmó sobre fines del siglo XIX" por parte de Argentina, "con la Campaña del Desierto", y Chile, "con la Pacificación de la Auracanía". Sobre estos procesos para extender los dominios estatales en territorios indígenas, considera: "Esto se perpetró a través de un genocidio aún no aceptado por el Estado, entonces no puede ser reparado". Cualquier similitud con el Genocidio Armenio —donde se estima que murieron más de un millón de personas bajo el Imperio Otomano—, todavía sin ser reconocido por Turquía, es pura coincidencia.
Según los cálculos del especialista, en Argentina hay unas 60 comunidades en la provincia de Neuquén, 120 en Río Negro, 80 en Chubut y otros grupos con cantidades menores en Santa Cruz, La Pampa y provincia de Buenos Aires, aunque destaca que "la mayoría de ellos está en las ciudades". También suma un dato clave: "A grandes rasgos, a uno y otro lado de la Cordillera de Los Andes —frontera natural que divide a Chile y Argentina—, hay dos millones de personas que practican o se sienten parte de la cultura mapuche".

Indígenas vs medios

Fernando Jones Huala, hermano de Facundo —referente mapuche encarcelado desde el 27 de junio tras un pedido de extradición desde Chile—, se reúne con RT en un bar de la Ciudad de Buenos Aires. Está acompañado por Daniel Loncon. Ambos vinieron a la capital de Argentina en una especie de misión diplomática indígena, en su carácter de voceros de la comunidad Pu Lof en Resistencia del departamento de Cushamen, provincia de Chubut, al sur del país.

Líder mapuche desde la prisión: "Hay una suerte de Plan Cóndor disfrazado que tratan de ocultar"

Aquel recóndito escenario, alejado del ruido capitalino, se hizo popular tras la desaparición forzosa de Santiago Maldonado; se encontraba en ese lugar la última vez que lo vieron con vida hasta que un operativo de Gendarmería irrumpió en la zona y desde ese entonces se desconoce el paradero del joven artesano.
Ambos están vestidos de un modo occidental (al igual que otros miles) y pasan completamente desapercibidos por cualquier ciudadano porteño, más allá de sus rasgos ancestrales. Tranquilamente se los podría confundir con los típicos estudiantes u oficinistas que suelen transitar por la puerta del café. Antes de comenzar el reportaje, Fernando solicita unos minutos para ponerse la vincha mapuche en la cabeza, símbolo característico de su identidad. O, al menos, así se muestra frente a la prensa.
Se lo ve cansado, no expresa ideas con tanta fluidez, a diferencia de su compañero. En los últimos días, muchos medios locales lo ridiculizaron por su pasado 'flogger', una moda fugaz que predominó en adolescentes con peinados y ropas excéntricas, sumado a un baile característico, que tenían como patrón común el simple hecho de subir fotos al sitio Fotolog, que causó furor. De esta forma interpelan sus raíces y le restan legitimidad a un reclamo territorial histórico. Sin embargo, el estigma no es un invento porteño: "Acá nos dicen chilenos, pero del lado chileno también dicen que los mapuches son argentinos, y que se vuelvan. Lo que sucede allí es el espejo de lo que ocurre en Argentina". La montaña divide el territorio entre ambos países, pero no su discriminación.

Fernando Jones Huala, uno de los voceros del pueblo mapuche, fue entrevistado por RT en un bar de la Ciudad de Buenos Aires. / Leandro Lutzky

Jones Huala considera que "en Argentina hay más mapuches que en Chile, por la extensión territorial", y agrega que en las tierras trasandinas "se los acorraló" porque "el terreno es más angosto y se les hizo más fácil". En ambos lados de la cordillera, dentro del territorio ancestral, "prácticamente el 80% de la población es de origen mapuche", grafica, "pero no todos se reconocen como tal". 

"El Gobierno busca un escenario que valide la represión"

Según le comentó Adrián Moyano a RT, los grupos originarios "reclaman la recuperación de su libre determinación y el derecho a su autonomía", y había detallado: "Así lo establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la ley 24.071 en Argentina y la declaración de derechos humanos de pueblos indígenas de Naciones Unidas, donde se habla claramente de varias cuestiones que están sobre el tapete en la Sudamérica de hoy".
En esa misma línea, Jones Huala puntualiza: "Al Estado le pedimos que reconozcan el genocidio contra los pueblos originarios y la ilegalidad que perpetúan al no cumplir las leyes que protegen el derecho indígena. Exigimos el cese a la persecución política e ideológica para los referentes.Deben mostrar soluciones concretas a este conflicto histórico". Por otro lado, arremete contra el Gobierno de Mauricio Macri: "Ellos buscan generar un escenario que les valide esta represión política e institucional".

Enfrentamiento entre los Carabineros de Chile y activistas del pueblo mapuche. / Ivan Alvarado / Reuters

Muchas preguntas surgen a partir de los históricos reclamos indígenas. En caso de que sus reivindicaciones prosperen, ¿cómo se distribuirían las tierras? Fernando responde: "No podemos hablar de hectáreas si no están dadas las condiciones previas. En su momento se sacarán los cálculos de cuántas extensiones corresponderán de acuerdo a la ubicación geográfica y al número de familias que se establezcan en el lugar".
Además, dice que "no es algo tan lejano ni complicado", pero va más allá: "Ya existen comunidades que viven en sus propias tierras, principalmente cerca de la cordillera, cultivando su propia comida y manteniendo costumbres y su autonomía, hasta incluso medicinal. Todo en su justa medida, porque también hay que convivir con el entorno". Y cierra su idea: "En las ciudades es difícil de imaginarlo porque no se trabaja para conseguir el alimento o el agua, se trabaja para conseguir la plata".

"Sabemos cómo Benetton se apropió del territorio"

Si antes el principal enemigo de los mapuches era el imperialismo español y su sed de sometimiento indígena, ahora la lucha es contra los grandes terratenientes y los distintos gobiernos que supieron desoír todas sus demandas, y también enfrentarlas. Puntualmente, el pequeño distrito de Cushamen presenta el contexto más llamativo, que tomó mayor resonancia tras la desaparición de Maldonado.
"El grupo Benetton compró aproximadamente 900.000 hectáreas, pero tiene cerca de un millón y medio. O sea, esas más de 500.000, ¿son un plus que apareció mágicamente?", bromea, pero el 'werken' (autoridad mapuche) sentencia: "Los que somos de la zona sabemos cómo se fue apropiando de las tierras: moviendo el alambre y modificando los planos. La mayoría de los espacios apropiados tienen un alto nivel de productividad". 

Un manifestante es detenido por la Policía durante una protesta contra el Día de Colón en Santiago de Chile. / Ivan Alvarado / Reuters

Daniel Lonco suma antecedentes de esta injusta repartición: "En el 1900, después de la Conquista del Desierto, el Estado argentino dio algunos terrenos a comunidades. Pero eran tenencias precarias, con títulos a 20 años, y una vez vencido ese plazo pasaban a ser tierras fiscales administradas por el Gobierno. El gran negocio inmobiliario de la Patagonia también lo hizo el Estado, vendiendo muchas tierras a bajos precios. Así comenzaba el despojo de esas comunidades por parte de empresas".
Según explica, esta campaña militar se financió con capitales extranjeros, sobre todo ingleses, y "después llegó la repartija". "Todo figura en el Archivo General de la Nación, no es ningún invento nuestro", argumenta. Además, recuerda la vida de su padre: "Mi viejo empezó a trabajar en esos terrenos, que después en los '90 se vendieron al grupo Benetton. Era peón de campo, arriaba miles de ovejas y vacas, pero nunca hablaba de sindicalismo o agremiarse. La UATRE —el gremio— iba y se comía un asado con los capataces y se volvían. Se trataba mejor a los animales que a los empleados".

Argentina tiene trabajo esclavo en pleno siglo XXI

Este grupo empresario tiene cerca de la comunidad "una especie de museo que muestra cómo eran los indios antes, con flechas y todo", señala, aunque ironiza: "A unos metros está a los tiros con los indígenas contemporáneos".
Cabe mencionar que en 2006 se sancionó la ley 26.160, que evita los desalojos en territorios indígenas y plantea hacer un relevamiento de estas zonas y sus comunidades. En noviembre vencerá esta legislación y el Congreso aún no garantizó su prórroga. Por su parte, Lonco estuvo a cargo de la recopilación de datos y notó que "hubo muchos corrimientos de los límites establecidos". Sobre ellos, ejemplifica: "Hubo varios alambrados en zonas donde no se sabía cómo estos nuevos dueños obtuvieron los terrenos".

"Se vendieron las tierras con los indios adentro"

El entrevistado desconfía de las instituciones que deberían inspeccionar la posesión de tierras en el país sudamericano: "En Chubut el encargado de controlar es el Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural, que administra toda la tierra pública en la provincia. No hace mucho tiempo tuvo a sus principales referentes procesados por venta ilegal de tierras", se alarma, y lanza más responsabilidades a la administración pública: "Hay que entender que para que los actores privados entren en este negocio, tuvieron que haber generado las condiciones burocráticas y administrativas para que suceda. Ellos sostienen que hacen todo en buena ley, porque el Estado los avaló".

Daniel Loncon, vocero de la comunidad Pu Lof en Resistencia del departamento de Cushamen, provincia de Chubut, sentado en un bar de Buenos Aires, Argentina. / Leandro Lutzky

Y suma: "En la Patagonia es muy común decir que 'se vendieron las tierras con los indios adentro', pero es literal. Lo vimos en muchas comunidades, donde siguen desarrollando su vida pero no saben que están dentro de un predio mucho mayor que está en venta en alguna inmobiliaria de la capital u otra parte del mundo". En este entramado inmobiliario, hay muchos artilugios denunciados por cientos de activistas del sur argentino. El más conocido es la quema de bosques nativos protegidos por ley, que una vez cometido el atentado, pierden su amparo legal: "El gobernador Mario Das Neves había denunciado públicamente a Facundo Jones Huala por eso, pero después no hizo ninguna presentación judicial. Se lo criminalizó y condenó socialmente como el desalmado y responsable de esos incendios, pero nadie le consultó al gobernador quién fue el culpable. Fueron intencionales, con el fin de que en cinco o diez años esas tierras se puedan lotear y vender".
¿Cómo se producen tantos ilícitos en torno a un mismo problema? ¿Acaso los mapuches no tienen acceso a la Justicia? "Hay antecedentes de reclamos judiciales hechos por las comunidades, pero todos se pierden en vencimientos de plazos, trabas burocráticas o por el simple hecho de que casi no hay abogados abocados a esta clase de conflictos", resume Daniel.
El vocero de Cushamen piensa que este es "un problema político y el Gobierno responde con represión", y explaya: "Hoy el emergente es la desaparición forzosa de Santiago Maldonado, pero la causa de fondo es la lucha mapuche por las tierras, contra el latifundio". Mientras la entrevista se extiende del tiempo estipulado, y Daniel nota que ya no podrá atender a otros periodistas, vocifera: "Si la disputa por la tierra no se resuelve, tememos que haya muchos más Santiagos.Nuestro pueblo está consciente y va a seguir luchando por estos espacios. A medida que más gente lo va comprendiendo, más se van solidarizando. Muchísimas personas se están sumando".

"Somos terroristas de ideas"

El representante mapuche sigue reflexionando: "Tenemos muchos muertos y desaparecidos con el trasfondo de las tierras. Si Santiago hubiese sido mapuche, esto hay que decirlo, no hubiésemos tenido a 250.000 personas reclamando en Plaza de Mayo". Y también justifica el motivo de su visita a la ciudad, para difundir su mensaje: "Los medios, con su deformación de la realidad, dijeron que queremos un Estado aparte, independiente, separatista. En 2009 algunos periodistas nos preguntaban si queríamos una balcanización de la Patagonia. El reclamo territorial tiene que ver con la lucha contra el latifundio, extractivismo y la apropiación de las tierras por grandes corporaciones. Nosotros decimos que somos terroristas de ideas". 
Por otro lado, interpela a los lectores: "¿Qué pensaría la población argentina si dijéramos que nos olvidemos de la Guerra de las Malvinas o los 30.000 desaparecidos por la dictadura?". Y profundiza: "Así como se habla del Holocausto judío o del Genocidio Armenio, la sociedad debe preguntarse por el genocidio originario. Esto no empieza con la dictadura, antes hubo campos de concentración, hasta en la Isla Martín García, allí se inauguraron crematorios. Hubo deportaciones masivas de nuestra gente a los ingenios azucareros de la provincia de Tucumán, incluyendo la separación de hombres y mujeres en un claro atentado étnico. Un 'etnocidio'. Hubo una serie de atrocidades cometidas hacia nuestro pueblo, pero parece que el Estado hoy no lo ve".
Mientras bebe un vaso con agua, recibe un mensaje con información alarmante: "Hay gendarmes en el gimnasio del Maitén —una localidad sureña—, la zona sigue militarizada. Se movieron unos kilómetros, pero siguen ahí". También añade un dato de color: "Un fiscal ya dijo que hay más seguridad privada en esta clase de estancias que para el resto de la población".

Mapuches reprimiendo mapuches

Los altercados entre los activistas y las fuerzas de seguridad son frecuentes, pero algunas prácticas reflejan absoluta crueldad: "Cuando hay tensión y acciones de protesta, la jefatura de Policía manda a sus efectivos mapuches en la primera fila y se generan momentos de insultos. 'Vos sos tan indio como yo', les gritan a los uniformados". También relata que en la comunidad de Nahuel Pan —otra pequeña localidad— es famoso el reclutamiento que hace el ejército para el servicio militar. "El tema es que después los mandan a desalojar a sus propias familias. Eran sobrinos desalojando a tíos y nietos desalojando abuelos, en algunos casos hermanos también. Esa grieta todavía no se puedo zanjar", describe. 
En el marco educativo también se desarrollaron maltratos de todo tipo: "Para el Estado, el indígena siempre fue como un menor de edad que no puede decidir, entonces decide sobre nosotros. La cuestión del padrinazgo, que te obligan en cuarto grado a jurarle a la bandera, y otras cuestiones que niegan tus orígenes y te hacen perder la identidad, es muy perverso. A mi vieja, cuando la castigaban en la escuela, la llevaban a la esquina con una bolsa de maíz en las rodillas. Era muy común que cuando alguien hablaba en idioma mapuche, lo azotaban con un puntero. 'Poné la mano. ¡No hables como indio!', le decían. Eran torturas en el ámbito escolar".

¿Qué se puede esperar?

Para planificar una nueva distribución territorial hacia los pueblos que habitan la zona desde mucho antes que el hombre blanco, o mejor dicho, que el Estado devuelva algunas de las tierras arrebatadas, es necesario saber cuántos terrenos serán considerados, sus extensiones y la cantidad de familias que los pretenden. A 11 años de haberse sancionado la legislación que promueve este análisis previo, fundamental para conocer el posterior campo de acción, solo "se llevó a cabo alrededor del 50% del Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas".

Activistas mapuches discuten entre ellos durante una protesta contra el Día de Colón en Santiago de Chile. / Ivan Alvarado / Reuters

El dato es confirmado por la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Jimena Psathakis, quien acaba de tomar el cargo, aunque aún no asumió de forma oficial. "El cambio de dirección se debió a un movimiento interno del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos", dijo un vocero de su equipo de prensa. No es un puesto fácil de ocupar, la tensión aumentará, a menos que se atiendan las demandas.
Consultada para este artículo, la funcionaria informa que "de las 1.600 comunidades identificadas en todo el país, existen 824 que tienen concluido o iniciado el proceso del relevamiento", y detalla que "423 casos" finalizaron el informe mientras que "401" todavía se están desarrollando. Además, explica que "durante el 2016 y el primer semestre de 2017 se llevaron a cabo 114 relevamientos territoriales en distintos lugares del país".
Sin embargo, RT le hizo la siguiente pregunta: ¿De qué manera actuará el instituto frente al histórico reclamo indígena de posesión de tierras ancestrales? A lo que Psathakis contesta: "Si bien la Ley 26.160 es de emergencia, ya que suspende los desalojos de las comunidades indígenas, el derecho a la posesión y propiedad comunitaria está consagrado en la normativa nacional y en los tratados internacionales ratificados por Argentina".
Y finaliza: "Esta legislación de emergencia insta al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas a realizar el relevamiento técnico, jurídico y catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas, pero no resuelve la cuestión de fondo que es la regularización dominial de la propiedad comunitaria aborigen. Hay diferentes proyectos de prórroga de la Ley 26.160 que están siendo analizados en el Congreso de la Nación. Somos optimistas con que se pueda llegar a una solución favorable para los pueblos indígenas".
¿Y ahora? El conflicto territorial está muy lejos de resolverse. 
Leandro Lutzky