Persecución y criminalización son una constante en contra de indígenas lencas en La Paz
La
OACNUDH destacó que de acuerdo a los estándares internacionales, la
ejecución del desalojo forzoso debe realizarse de manera excepcional y
cuando no exista otra posibilidad razonable
Por Marvin Palacios
Nueves campesinos indígenas lencas del departamento de La Paz están siendo criminalizados por la Fiscalía al pretender agenciarse un pedazo de tierra para la sobrevivencia de sus familias.
Son 9 familias aglutinadas en la base campesina 9 de julio, pertenecientes a la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), sobre quienes pesan el estigma y la criminalización en un país, donde los procesos de reforma agraria se han estancado.
La Base campesina 9 de Julio ha enfrentado 28 desalojos violentos desde que se asentó en un predio situado en la zona conocida como Las Huertas, en San Pedro de Tutule, La Paz.
En el desalojo forzoso ejecutado el 13 de enero de este año, las fuerzas de seguridad portaron armas de fuego y usaron bombas lacrimógenas, incluso hora y media después de que se había logrado el control y la dispersión de los campesinos, según hechos verificados por dos Oficiales de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) que estuvieron presentes en el lugar.
Producto de ese brutal desalojo resultó herido de bala en una de sus piernas el dirigente del Movimiento Independiente Indígena Lenca de La Paz-Honduras (MILPAH), Víctor Vásquez que llegó de la comunidad de Sinpinula, en el municipio de Santa María, para registrar en video las violaciones de derechos humanos.
Asimismo resultó con heridas en una de sus manos, David Mendoza López, cuando una bomba lacrimógena disparada por agentes policiales, impactó en su humanidad.
Cabe resaltar que en otro brutal desalojo protagonizado por las fuerzas de seguridad del Estado el 11 de mayo de 2016, Johnny Alfredo Mejía y Edwin Murillo, resultaron heridos de bala y Nadia Sarai Palomo, quien estaba embarazada, abortó a su criatura, producto de la inhalación de los gases lacrimógenos y los nervios de los cuales fue presa, a raíz de la represión.
La OACNUDH destacó que de acuerdo a los estándares internacionales, la ejecución del desalojo forzoso debe realizarse de manera excepcional y cuando no exista otra posibilidad razonable, previo a un estudio del impacto del desalojo y reubicación y tras agotar los recursos judiciales oportunos. La Oficina ha constatado que el Juzgado de Letras de La Paz tenía conocimiento de un recurso de amparo pendiente de resolverse, lo que dejaba en suspenso la ejecución del desalojo.
Asimismo, destacamos que los desalojos forzosos no implican necesariamente el uso de la fuerza y que únicamente se empleará apegándose a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, recordando que las armas de fuego y el uso de gases lacrimógenos no deben utilizarse en desalojos forzosos.
El Secretario de Asuntos Legales en la regional de la CNTC en La Paz, Fabricio Velásquez dijo que “nosotros por parte de la 9 de julio tenemos órdenes de captura y la situación es que nos sentimos atemorizados y todo porque la represión y la persecución es constante, porque para hacer cualquier diligencia tenemos que usar estrategias, porque ya no podemos ser tan visibles debido a la persecución”.
“…Cuando nosotros entramos ahí, las tierras estaban ociosas, ahora esas tierras tienen otro panorama…”
Velásquez indicó que las autoridades los han tomado como terroristas, los persiguen, los ligan al crimen organizado, “cuando en lo único que trabaja la organización es en la recuperación de tierras”.
“Cuando nosotros entramos ahí, las tierras estaban ociosas, ahora esas tierras tienen otro panorama por el trabajo de nosotros e incluso por esa razón, es que el señor terrateniente (Carlos Benjamín Arriaga) se ha querido adueñar más ahora de las tierras antes del 2010 y dice que esos trabajos son de él, cuando el trabajo de las tierras ha sido de nosotros”, aseguró el dirigente de la CNTC.
Son 9 familias que durante 7 años se han dedicado a la siembra de café, huertas y en las temporadas apropiadas, siembran granos básicos como maíz y frijoles.
Según los campesinos indígenas, autoridades locales y terratenientes estarían confabulados con los operadores de justicia para perseguir y criminalizar a las comunidades.
El pasado 4 de mayo de 2017, el Área de Acceso a Justicia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) estuvo como observador en la audiencia inicial contra el campesino indígena lenca Carlos Geovanny López Calix que estuvo el 13 de enero de este año, durante el violento desalojo ejecutado por policías y militares contra la comunidad campesina 9 de julio.
En Audiencia Inicial, el Juez de Letras de lo Penal del departamento de La Paz, Hugo López, resolvió otorgar sobreseimiento provisional por el delito de amenazas y decretó auto de formal procesamiento con medidas cautelares distintas a la prisión, por el delito de atentado contra la seguridad interna del estado, en la causa que se sigue contra el campesino indígena lenca, Carlos Jeovanny López Cálix.
La pena por dicho delito va de 2 a 4 años de reclusión y una multa de 30 a 60 mil lempiras. El Código Penal señala que serán acusados de atentado contra la seguridad del estado aquellas personas que al participar en manifestaciones ilícitas, realicen actos de violencia contra la autoridad, sus agentes, personas o propiedades públicas o privadas.
Al campesino Carlos Jeovanny López Cálix, que inicialmente estaba acusado de usurpación de tierras, al ser capturado y trasladado a los juzgados de La Paz, la Fiscalía amplió requerimiento fiscal acusándolo también de atentar contra la seguridad del estado, desarmar a un oficial de las Fuerzas Armadas, proferir amenazas a muerte y golpear a 6 policías.
López Cálix que estuvo en prisión durante 10 días dijo a www.defefensoresenlinea.com que “todavía estoy enjuiciado por eso y no sé cómo voy a salir en la otra audiencia, se me complica ir a firmar a los juzgados de La Paz, porque pierdo el día de trabajo, el pasaje y los riesgos que uno corre en el camino, porque tengo miedo de que me vayan a hacer algo”.
Aparte de López Cálix, 8 campesinos que son miembros de la comunidad 9 de julio, enfrentan órdenes de captura por los delitos de usurpación y daños, en perjuicio del terrateniente Carlos Benjamín Arriaga, quien reside en Comayagua. El COFADEH ha asumido la representación legal de los campesinos indígenas lencas que están siendo perseguidos y criminalizados por participar en la recuperación de tierras.
ASESINOS CONFESOS DE BERTA CÁCERES BUSCAN CLEMENCIA DEL JUEZ
Este
miércoles se han presentado a audiencia preliminar cuatro de los ocho
implicados en el crimen de Berta Cáceres, entre los acusados destacan
Douglas Bustillo y Mariano Díaz (foto en texto), quienes confesaron
haber participado. En ese sentido la justicia hondureña les otorgo un
procedimiento abreviado.
Entre
los cuatro que se presentaron destaca el exgerente de DESA, Sergio
Rodríguez, quien ayer viralizó una carta donde sostiene que es inocente.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Esta
mañana cuatro de los ocho supuestos autores materiales del crimen
contra la ambientalista y dirigente indígena, Berta Cáceres, se hicieron
presentes a su audiencia preliminar en los juzgados de Tegucigalpa.
Los
implicados Douglas Bustillo, Mariano Díaz, Sergio Rodríguez y Elvin
Rápalo, fueron recibidos en medio de una protesta de varios miembros del
Consejo Cívico de Organización Populares e Indígenas de Honduras
(Copinh), quienes exigieron la captura de los autores intelectuales.
Cabe
destacar que Berta Isabel Zúniga, hija de Cáceres, fue testigo de la
audiencia, donde también se hicieron presentes los embajadores de
España, Miguel Albero Suarez y de la Unión Europea, Ketil Karlsen.
Trascendió
que al lugar llegaron varios representantes de la Misión de Apoyo
Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), y de la
Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
En
los señalamientos Díaz (der.) y Bustillo (izq.) admitieron que
participaron en el crimen de Cáceres y por esa condición serán sometidos
un procedimiento abreviado.
Cáceres
fue asesinada el 2 de marzo de 2016 en su casa de habitación ubicada en
La Esperanza, Intibucá y la investigación de las autoridades ha logrado
capturar a ocho implicados; sin embargo aún no han dado con los autores
intelectuales.
Cabe
destacar que el mundo reclamó al gobierno de Honduras por la falta de
protección de Cáceres, quien tenía medidas cautelares otorgadas por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
De
momento el único implicado tomado en cuenta como autor intelectual es
Rodríguez (foto abajo) quien es biólogo de profesión y fungía como
gerente de la empresa Desarrollos Energéticos S. A. (DESA).
DESA
obtuvo la concesión para el proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca” que se
desarrollaba en la biosfera del río Gualcarque, el cual fuera la última
lucha social de Cáceres, quien alego que la zona era de patrimonio
indígena.
El pasado martes se viralizó una carta del biólogo donde explicaba a los hondureños que él era inocente.
El documento que fue escrito desde la cárcel es compartido a continuación:
Amigas y amigos,
Mi
esperanza sigue intacta y estoy convencido de que cuando los inocentes
dicen la verdad, entonces no hay nada que temer. Toda mi vida me he
caracterizado por hablar de frente y con la verdad. Así me lo enseñó mi
madre, así he criado a mi hija y así seguiré siendo por siempre.
Son
dos formaciones clave las que marcan mi vida. La primera, ser padre de
familia y un hombre cristiano y la segunda biólogo de carrera. Una
combinación única orientada a proteger y trabajar por la vida de las
personas y del planeta. Como padre y como biólogo, quiero ver más
personas irradiando vida y protegiendo al medioambiente. Más y mejores
seres humanos construyendo un mundo mejor.
Cada
día que pasa anhelo cuanto antes continuar esta misión. Amigas y
amigos, la verdadera cárcel de este mundo son las injusticias que nos
inmovilizan, mismas que nos impiden mirar el futuro con optimismo y
detienen a quienes queremos construir un mundo mejor.
Desde
aquí les digo nuevamente a ustedes y al mundo que soy inocente. Se ha
cometido una injusticia que es posible reparar solo con la verdad. En
este proceso han existido arbitrariedades, falsos testimonios y
manipulación de pruebas, hechos que perjudican la vida de muchos seres
humanos. Y ha llegado el momento de pedir que el sistema funcione basado
en la verdad.
Las
contradicciones muestran la consistente injustica en medio de este
caso. Mi disposición de colaboración ha sido siempre absoluta, razón por
la cual cuando a través de una simple llamada telefónica me citó la
Fiscalía a declarar, voluntariamente me acerqué, siempre colaborativo
con el proceso y cuando allanaron el hogar de mi madre, fui yo quien dio
la cara a las autoridades. También en la audiencia de declaración de
imputado me sometí al interrogatorio de la parte acusadora, precisamente
para demostrar que no tengo nada que ver en los hechos de los que me
acusan. Sin embargo, hay malas intenciones y es necesario que la
justicia llegue de forma imparcial, sin presiones mediáticas, ni del
extranjero.
Tal
como la mayoría de los hondureños, yo soy un hombre de familia y un
hombre de trabajo que está siendo víctima de una injusticia. Algo que le
podría suceder a cualquiera en nuestro país, donde después de un
desafortunado hecho, se persigue a quienes son inocentes, tal como a mí
me está ocurriendo. Todos somos vulnerables a una injusticia. Sin
embargo, hoy tenemos una oportunidad única para construir una sociedad
más justa y marcar un precedente.
Confío
en que la injusticia terminará y regresará la libertad que me merezco.
Sé que volveré a casa, abriré mi puerta con orgullo y abrazaré por
largos minutos a mi hija, para luego intentar recuperar el tiempo que me
han tenido injustamente alejado de ella.
Amigas
y amigos, hoy todos somos testigos de una inocencia, demostrada por las
pruebas y los testimonios de quienes me conocen, y más temprano que
tarde, tendré la alegría de regresa a mi hogar.
Un abrazo,
Sergio.
blog del Consejo Civico de Organizaciones Populares e Indigenas de Honduras - COPINH
Llamado a las organizaciones nacionales e internacionales. Audiencia preliminar Caso Berta Cáceres.
(IN ENGLISH)
Este miércoles, 7 de junio a las 10:00am, se estará desarrollando en Juzgado Primero de Letras de la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, la audiencia preliminar de unos de los casos más trascendentales en el campo de los derechos humanos de América Latina de los últimos tiempos: Caso Berta Cáceres.
Luego de dos suspensiones de las audiencias debido a que la evidencia probatoria de las imputaciones no había sido entregada a ninguna de las partes del proceso judicial, se realizará dicha audiencia en medio de numerosas irregularidades que ha experimentado la investigación totalmente acaparada por el Ministerio Público.
Esta audiencia tiene como objetivo la formalización de las acusaciones contra cuatro de los ocho detenidos al día de hoy: Mariano Díaz Chávez
(Mayor de la Fuerzas Armadas), Sergio Rodríguez (Gerente Técnico y Ambiental de la empresa DESA), Douglas Bustillo (Exjefe de Seguridad de la empresa DESA) y Elvin Heriberto Rápalo (supuesto sicario)
La demanda de la acusación privada que representa a COPINH y a la familia de Berta Cáceres tiene como objetivo dar una mirada más abarcadora a la imputación de la que presenta el ministerio público y así demostrar que el asesinato no es un hecho aislado que se consumó por intereses particulares, sino que forma parte de un ataque sistemático dirigido a COPINH y a quien fungía como coordinadora general.
Este
crimen que articula estructuras criminales en las que se entremezclan
empresa privada, agentes del Estado, organismos financieros
internacionales y sicariato criminal, forma parte de un plan de
desestabilización a nuestra organización.
Es importante recalcar que a un año y tres meses del vil asesinato de la
compañera Berta Cáceres Flores y a pesar de la fuerte denuncia nacional e internacional
y la movilización permanente,
la
acusación del ministerio público está llena de falencias e irregularidades, que
ahora se conocen con la apertura de una parte de los expedientes y con la
asistencia a las anteriores audiencias.
El COPINH hace un llamado a todas
las organizaciones nacionales e internacionales para acompañar en la denuncia y
acción esta audiencia que forma parte de un proceso lleno de
irregularidades que pueden llevar el caso a la impunidad.
¡Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica se
levantan nuestras voces llenas de Vida, Justicia, Libertad, Dignidada y Paz!
Dado en La Esperanza, Intibucá a los 5 días del mes de junio.
BERTA VIVE, COPINH SIGUE
#FueraDESA #1AñoSinJusticia #B
#justiciaparaberta #SoyCOPINH
#bertavivecopinhsigue
escuchenos en vivo:
http://a.stream.mayfirst.org:8
web: copinh.org
web-mapa: https://bertavivecop
blog: copinhonduras.blogspot.com
blog en ingles: http://copinhenglish.b
Utopia: https://utopiacopinhbl
fb: Copinh Intibucá
twitter: @COPINHHONDURAS
martes, 6 de junio de 2017
Convocatoria a Conferencia de Prensa. Audiencia Preliminar Caso “Berta Cáceres”.
Convocatoria a Conferencia de Prensa.
Audiencia Preliminar Caso “Berta Cáceres”.
Por medio de la presente el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y su representación legal convoca a los medios nacionales e internacionales a hacer presencia frente al Juzgado Primero de Letras de la ciudad de Tegucigalpa. En este lugar se desarrollará una conferencia de prensa para actualizar el Caso “Berta Cáceres” y la antesala a la audiencia preliminar en perjuicio de Sergio Rodríguez (Gerente Técnico y Ambiental de DESA), Mariano Díaz (Mayor de las Fuerzas Armadas), Douglas Bustillo (Ex jfefe de seguridad de DESA) y Elvin Rápalo (supuesto sicario).
Dia: 7 de junio del 2017 Hora: 9:30 am
Lugar: Frente a Juzgado Primero de Letras de Tegucigalpa. (Barrio La Granja)
Convocan: COPINH y MAD-J
“Culpables”
“Este
Tribunal por unanimidad de votos declara la responsabilidad penal de
Sergio Ulloa, Moisés Cáceres y Cesario Padilla y los considera autores
de un delito contra la UNAH, se señala audiencia para la
individualización de la pena para el 27 de julio”.
El Tribunal de la Sala Cuarta de Juicios Orales y Públicos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), encontró responsables por el delito de usurpación a los defensores de derechos humanos Moisés Cáceres, Cesario Padilla y Sergio Ulloa, durante una toma en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en el 2015.
El juicio oral y público se convocó para el 24 de mayo, pero se suspendió porque no había llegado el representante de la Procuraduría General de la República (PGR), quien actuaba como acusador al igual que el Ministerio Público (MP), y la UNAH.
Las declaraciones de parte de la acusación se dieron el 26 de mayo, y continuaron hoy, entre los testigos estuvo el jefe de seguridad de la UNAH, Roger Aguilar, ex militar y señalado por ser parte del escuadrón de la muerte 3-16 en la década de los ochenta. Además Neptaly Mejía del departamento legal de la UNAH y la agente de investigación Norma Garay, de la agencia de Investigación Criminal (ATIC).
Está última declaró haberse infiltrado entre los estudiantes que mantenían la toma, y haber recibido información sobre fichas y perfiles estudiantiles, para verificar quienes eran parte de la toma.
![IMG_20170607_094703[1]](http://defensoresenlinea.com/wp-content/uploads/2017/06/IMG_20170607_0947031-300x169.jpg)
Los ahora egresados de Sociología, Trabajo Social y Periodismo, respectivamente, declararon el pasado 26 de mayo, que durante la toma de la UNAH, ejercían la procuración de DDHH a través de la observación, pero esto más bien fue muy cuestionado por la terna de jueces, aduciendo que los jóvenes no andaban identificados como tales.
Hace un año, el 7 de junio del 2016, a estos tres líderes sociales junto a Dayanara Castillo, Izael Alonso y Armando Velásquez (criminalizado actualmente por estar en una manifestación solidaria el pasado 24 de mayo), en total seis estudiantes, se les libró por segunda ocasión, una orden de captura acusados otra vez por usurpación, cuándo no se comprobó la presencia de ninguno de ellos, y Castillo tenía ya un año de residir en Costa Rica.
Los jóvenes debieron estar separados de su familia, hasta que se suspendió la orden de captura, y se presentaron voluntariamente para luego ser sobreseídos, según un acuerdo de homologación firmado entre líderes del Movimiento Estudiantil Universitario (MEU) y representantes de la UNAH, el 20 de julio.
El proceso actual tenía que entrar en dicho acuerdo, pero ni siquiera se hizo mención del documento. Y los empleados de la UNAH, bajo el mando de la rectora Julieta Castellanos, continuaron dando declaraciones sobre la supuesta participación de los tres criminalizados en la toma del 13 al 19 de julio del 2015.
Reacciones
Cáceres no esperaba ser declarado culpable, sin embargo considera que la lucha debe continuar desde las bases estudiantiles, con formación política y estratégicas.
![IMG_20170607_094202[1]](http://defensoresenlinea.com/wp-content/uploads/2017/06/IMG_20170607_0942021-300x169.jpg)
![IMG_20170607_094836[1]](http://defensoresenlinea.com/wp-content/uploads/2017/06/IMG_20170607_0948361-300x169.jpg)
El Tribunal de Sentencia después de un palabreo exponiendo si los estudiantes criminalizados andaban o no carné o chalecos distintivos de DDHH, si están construidos o no como comité pro defensa de DDHH, sí llegaron a la conclusión que sí habían estado en la UNAH, por lo tanto, los declararon responsables y no dijeron “culpables” cómo es costumbre.
La individualización de la pena que está entre 3 y 5 años de prisión, será hasta el 25 de julio, quedando la instancia de casación.
Actualmente hay otro proceso contra 19 estudiantes y un periodista, capturados la noche del 24 de mayo, en la UNAH, exigiendo la libertad de los tres ya egresados. Parte de la estigmatización son supuestas declaraciones de la rectora Julieta Castellanos, con respecto a la apariencia física de los y las estudiantes que luchan por sus derechos estudiantiles incluyentes.
La criminalización a la protesta social está tipificada cómo delito en las reformas al Código Penal, y los que así los condenen pueden recibir hasta 12 años de prisión.
En horas de la tarde noche, después de conocer el veredicto, un grupo de estudiantes se manifestó afuera de la UNAH, exigiendo justicia para sus compañeros.
Ausencia de Estado agudiza conflicto minero en Macuelizo, Santa Bárbara
Jun 09, 2017
Ojo de Agua. Casi siempre las
minas explotadas se encuentran en comunidades con ese nombre. Ojo de
Agua se llama la comunidad de Macuelizo donde antes existía un
nacimiento de agua y hoy solo hay un enorme hueco de donde mana agua
roja y apestosa. Donde aún, un grupo de mineros artesanales rasga la
piedra para encontrar un poco de oro. Donde la pobreza sigue siendo
evidente.
En 1998 el Estado de Honduras otorgó una concesión de 120 hectáreas para explotación minera a una empresa canadiense, en esta comunidad que oficialmente se llamaba Vueltas del río en Macuelizo, Santa Bárbara. Por 5 años esta empresa extrajo oro del cerro, pero de repente un día se retiró y la empresa fue comprada por Geomaque, de capital canadiense también.
La veta dejó de ser rentable, se agotó.
La empresa detuvo sus operaciones en Vueltas del Río debido a problemas con la primera pila de lixiviación. En fecha 31 de diciembre de 2000, fueron reducidas en un 55%, de 5.1 millones de toneladas de roca (aproximadamente 410,000 onzas de oro) a 2.1 millones de toneladas de roca (aprox. 170,000 onzas de oro).
Desde 2009 la gente de la comunidad comenzó a buscar oro en esa veta e hizo de la minería artesanal su modo de vida.
Selvin Marquez, líder de la comunidad nos espera en un piñal para llevarnos al lugar donde él un par de días a la semana intenta sacar oro. Selvin está buscando una alternativa a la minería artesanal, ese trabajo precario que pronto le podría quitar la vida. Es la primera cosecha de piñas que saca su familia y están contentos, da esperanza.
Sale del piñal con sus botas de hule, sombrero y manga larga para resistir el sol y nos lleva a la veta que la empresa minera abandonó hace años. En el camino se encuentra con dos mujeres. A veces las mujeres van a ver si ha quedado algo de broza suelta por encima para lavarla y ver si hay algo que pueda servirles. A veces también van para llevar comida a sus esposos o hijos que pican piedra todo el día.
En la entrada un par de jóvenes armados nos detienen. Son guardias de seguridad de la empresa que sigue teniendo control de la zona. Nos dejan pasar sin pedir mucha explicación.
A pesar que Geomaque no está explotando la mina, aún tienen presencia porque la concesión les pertenece, pero dejan pasar a los mineros artesanales de la comunidad para que se rebusquen la vida donde antes máquinas hacían lo que ahora se hace a punta de martillo, clavo y fuerza corporal.
Carlos Batres, el asesor de la empresa canadiense que está tratando de negociar esta concesión con las comunidades, asegura que la empresa tiene presencia porque están en proceso de cierre y que la rehabilitación ambiental está en un 98% terminada.
“Estamos trabajando con el PNUD que es Naciones Unidas que tienen un proyecto de reducción de utilización de mercurio, estamos trabajando con la SERNA (ahora la secretaría de medio ambiente Mi Ambiente), para que ellos vean las situaciones ambientales y de explotación. Lo que queremos es capacitar a los mineros artesanales para que mejoren sus prácticas mineras y ellos puedan explotar en debida forma, legalmente, organizados, utilizando las mejores prácticas que existen”, cuenta Batres.
Intentamos por varias vías hablar con alguien de PNUD para conocer el trabajo que realizan en la zona, su versión de lo que está pasando en esta negociación y porqué su nombre resuena, sin embargo, no nos atendieron.
Selvin desconfía. “Tenemos miedo de que nos estén entregando un desastre ambiental y ¿cómo podríamos saberlo? Es muy fácil engañarnos”, dice mientras resuena el eco de los martillazos contra la piedra.
Tres jóvenes mineros pican el cerro, trituran la piedra suelta y la mezclan con agua en una pala. “No hay nada. Tenemos 3 días de estar aquí y no sacamos nada”, cuentan. Dicen que hace un par de años unos mineros murieron soterrados por la mala práctica de escarbar el cerro a ciegas. El negocio no les da más que para sobrevivir. En esos 3 días los jóvenes apenas sacan broza para 7 gramos de oro, cada gramo lo venden a Lps. 700 ($35), pero de eso deben darle la mitad al molinero. “El mejor negocio es el del molino porque él solo viene a traer la broza en su carro, va y lo muele y se lleva la mitad, mientras que nosotros nos matamos trabajando 3 días”, dice uno de ellos.
Selvin cuenta que las personas encargadas de la empresa, entre ellas Carlos Batres, los han querido convencer que al aceptar la concesión ellos podrán ahora ser empresarios mineros. Pasarían de ser unos obreros precarios a ser empresarios y por eso los han instado a legalizarse como asociación de mineros y así hacer el traslado directo de la concesión.
Le preguntamos a Batres ¿por qué a la empresa ya no le interesa explotar ese cerro?
Y respondió que “la dueña actual nunca sacó un gramo de oro de allí, la compañía grande dueña de la concesión era otra compañía canadiense, esa compañía fue comprada por los actuales dueños, pero ya habían dejado de explotar allí. Más bien llevan 5 años rehabilitando, sembrando más de 80 mil árboles y hasta hicieron un canal para dirigir las aguas. La verdad de las cosas es que siempre llegan mineros artesanales, no se podía lograr un cierre definitivo. ¿por qué no aceptarían ellos ese regalo? No siempre hay cosas detrás, hay personas que solo quieren ver crecer el país”.
Y Batres asegura que las comunidades no recibirán un desastre ambiental.
La regidora municipal, Eunice Ramírez, miembro de la comisión de salud y medio ambiente de la municipalidad de Macuelizo ha acompañado a estas comunidades organizadas que piden información científica y legal de lo que realmente hay en la zona, del daño ambiental y de la situación legal de las tierras. Sin embargo, Ramírez dice que la municipalidad no tiene esa información y que lo que ya se hizo fue pedirla a las autoridades estatales a cargo de los monitoreos en la zona, Inhgeomin (Instituto Hondureño de Geología y Minas) y Mi Ambiente.
“Pedimos el informe de los últimos informes de la actividad minera, tienen que estar viniendo cada 3 meses, pedimos información de los meses en que llueve porque es allí donde se presentan más problemas. Como regidora los he acompañado y esa información llevarla a la corporación, pero el alcalde quiere que las comunidades firmen. La municipalidad no me da toda la facultad para decidir porque el alcalde también esta como representante. El papel de Inhgeomin es de veedor, pero ellos no deben ser veedores, porque son la autoridad competente para dar ese trámite”, explica Ramírez.
Por su lado, Batres asegura que Inhgeomin lo que quiere es que se explote la zona debidamente, legalmente. “El Estado no se opone, pero exige que las comunidades estén de acuerdo y que cumplan con la legalidad. No se podía transferir a ellos directamente sin el permiso de la autoridad minera”.
Consultamos a las autoridades de Inhgeomin, quienes confirmaron una entrevista para Radio Progreso, sin embargo, al día y la hora pactada no contestaron la petición.
“Usted debería averiguar en qué condiciones venden el oro, que el mercurio que ellos procesan lo aspiran las mujeres embarazadas, los niños. Averigüen quiénes les pagan, a quienes venden los mineros el oro y en qué condiciones. Esas son cosas importantes que hay que ver qué es lo que queremos eliminar el estado, el PNUD, Ingeominh. ¿Qué pasa si no aceptan? Continuaremos con el cierre, pero ya tendremos que prohibir que ellos entren y vender las tierras a otra gente que quiera explotar, no es un gran drama para la empresa. Como le digo, para hondureños como usted o como yo puede sentirse extraño que el país no mejore”, explica Batres.
El Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) en su informe Impacto socioambiental de la minería en la región noroccidental de Honduras a la luz de tres estudios de casos: Montaña de Botaderos (Aguán), Nueva Esperanza (Atlántida) y Locomapa (Yoro) afirma que el modelo extractivista de explotación y apropiación de los bienes naturales comunes es, en la actualidad, el principal generador de conflictos territoriales. También es factor de persecución, amenazas, agresiones y asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y ambientales, y de dirigentes de comunidades y organizaciones de base tanto en Honduras como en muchos otros países.
En los últimos años, sobre todo a partir del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, los actores internacionales y nacionales promotores y ejecutores de este modelo han logrado que se aprueben paquetes legislativos que legalizan el extractivismo, aprovechando la enorme debilidad institucional y la presencia de funcionarios públicos proclives al soborno y al chantaje. La aprobación de una nueva ley de minería, la concesión de amplias zonas territoriales para la exploración y explotación minera, la construcción de represas, y la aprobación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), durante la administración del señor Juan Orlando Hernández, primero como presidente del Congreso Nacional y luego como Presidente de la República, ha profundizado el modelo extractivista.
Después del golpe de Estado se aprobaron 364 proyectos de minería metálica. Actualmente se encuentran en proceso de aprobación al menos 563 nuevos proyectos mineros, y se está promoviendo la adjudicación de no menos de 950 títulos mineros adicionales derivados del catastro minero elaborado para profundizar el modelo extractivo. Nunca estas concesiones se han dado a comunidades ni a mineros artesanales, a pesar que la nueva ley de minería contempla esas figuras. Sin embargo, el caso de Ojo de Agua en Macuelizo refleja la desventaja y el abandono estatal de las comunidades más empobrecidas en cuanto a la decisión y la administración de su territorio.
Mientras tanto, Selvin regresa a su casa, entra y se cambia de ropa. Va para una reunión con otros líderes del resto de comunidades afectadas para conversar y prepararse para una decisión. Mientras tanto hay silencio en la comunidad, los niños corren en la calle y los caballos comen zacate. El calor sofoca y algunas mujeres se asoman a la ventana para sufrirlo menos. Los molinos están parados, no ha salido nada en las últimas dos semanas.
Un hombre joven se para al lado de su pequeño molino artesanal frente a la casa de Selvin. Estos molinos funcionan manualmente, meneando una manivela que mueve la piedra que muele la broza. Es un trabajo pesado. “Nosotros no tenemos más trabajo que ese cerro, aquí no tenemos otra vía y tampoco llegan las ayudas del gobierno”, dice apesarado. Dos semanas sin vender oro lo tiene en crisis. No hay más trabajo que ese cerro y se lo han acabado.
En 1998 el Estado de Honduras otorgó una concesión de 120 hectáreas para explotación minera a una empresa canadiense, en esta comunidad que oficialmente se llamaba Vueltas del río en Macuelizo, Santa Bárbara. Por 5 años esta empresa extrajo oro del cerro, pero de repente un día se retiró y la empresa fue comprada por Geomaque, de capital canadiense también.
La veta dejó de ser rentable, se agotó.
La empresa detuvo sus operaciones en Vueltas del Río debido a problemas con la primera pila de lixiviación. En fecha 31 de diciembre de 2000, fueron reducidas en un 55%, de 5.1 millones de toneladas de roca (aproximadamente 410,000 onzas de oro) a 2.1 millones de toneladas de roca (aprox. 170,000 onzas de oro).
Desde 2009 la gente de la comunidad comenzó a buscar oro en esa veta e hizo de la minería artesanal su modo de vida.
Selvin Marquez, líder de la comunidad nos espera en un piñal para llevarnos al lugar donde él un par de días a la semana intenta sacar oro. Selvin está buscando una alternativa a la minería artesanal, ese trabajo precario que pronto le podría quitar la vida. Es la primera cosecha de piñas que saca su familia y están contentos, da esperanza.
Sale del piñal con sus botas de hule, sombrero y manga larga para resistir el sol y nos lleva a la veta que la empresa minera abandonó hace años. En el camino se encuentra con dos mujeres. A veces las mujeres van a ver si ha quedado algo de broza suelta por encima para lavarla y ver si hay algo que pueda servirles. A veces también van para llevar comida a sus esposos o hijos que pican piedra todo el día.
En la entrada un par de jóvenes armados nos detienen. Son guardias de seguridad de la empresa que sigue teniendo control de la zona. Nos dejan pasar sin pedir mucha explicación.
A pesar que Geomaque no está explotando la mina, aún tienen presencia porque la concesión les pertenece, pero dejan pasar a los mineros artesanales de la comunidad para que se rebusquen la vida donde antes máquinas hacían lo que ahora se hace a punta de martillo, clavo y fuerza corporal.
Carlos Batres, el asesor de la empresa canadiense que está tratando de negociar esta concesión con las comunidades, asegura que la empresa tiene presencia porque están en proceso de cierre y que la rehabilitación ambiental está en un 98% terminada.
“Estamos trabajando con el PNUD que es Naciones Unidas que tienen un proyecto de reducción de utilización de mercurio, estamos trabajando con la SERNA (ahora la secretaría de medio ambiente Mi Ambiente), para que ellos vean las situaciones ambientales y de explotación. Lo que queremos es capacitar a los mineros artesanales para que mejoren sus prácticas mineras y ellos puedan explotar en debida forma, legalmente, organizados, utilizando las mejores prácticas que existen”, cuenta Batres.
Intentamos por varias vías hablar con alguien de PNUD para conocer el trabajo que realizan en la zona, su versión de lo que está pasando en esta negociación y porqué su nombre resuena, sin embargo, no nos atendieron.
Selvin desconfía. “Tenemos miedo de que nos estén entregando un desastre ambiental y ¿cómo podríamos saberlo? Es muy fácil engañarnos”, dice mientras resuena el eco de los martillazos contra la piedra.
Tres jóvenes mineros pican el cerro, trituran la piedra suelta y la mezclan con agua en una pala. “No hay nada. Tenemos 3 días de estar aquí y no sacamos nada”, cuentan. Dicen que hace un par de años unos mineros murieron soterrados por la mala práctica de escarbar el cerro a ciegas. El negocio no les da más que para sobrevivir. En esos 3 días los jóvenes apenas sacan broza para 7 gramos de oro, cada gramo lo venden a Lps. 700 ($35), pero de eso deben darle la mitad al molinero. “El mejor negocio es el del molino porque él solo viene a traer la broza en su carro, va y lo muele y se lleva la mitad, mientras que nosotros nos matamos trabajando 3 días”, dice uno de ellos.
Selvin cuenta que las personas encargadas de la empresa, entre ellas Carlos Batres, los han querido convencer que al aceptar la concesión ellos podrán ahora ser empresarios mineros. Pasarían de ser unos obreros precarios a ser empresarios y por eso los han instado a legalizarse como asociación de mineros y así hacer el traslado directo de la concesión.
Le preguntamos a Batres ¿por qué a la empresa ya no le interesa explotar ese cerro?
Y respondió que “la dueña actual nunca sacó un gramo de oro de allí, la compañía grande dueña de la concesión era otra compañía canadiense, esa compañía fue comprada por los actuales dueños, pero ya habían dejado de explotar allí. Más bien llevan 5 años rehabilitando, sembrando más de 80 mil árboles y hasta hicieron un canal para dirigir las aguas. La verdad de las cosas es que siempre llegan mineros artesanales, no se podía lograr un cierre definitivo. ¿por qué no aceptarían ellos ese regalo? No siempre hay cosas detrás, hay personas que solo quieren ver crecer el país”.
Y Batres asegura que las comunidades no recibirán un desastre ambiental.
La regidora municipal, Eunice Ramírez, miembro de la comisión de salud y medio ambiente de la municipalidad de Macuelizo ha acompañado a estas comunidades organizadas que piden información científica y legal de lo que realmente hay en la zona, del daño ambiental y de la situación legal de las tierras. Sin embargo, Ramírez dice que la municipalidad no tiene esa información y que lo que ya se hizo fue pedirla a las autoridades estatales a cargo de los monitoreos en la zona, Inhgeomin (Instituto Hondureño de Geología y Minas) y Mi Ambiente.
“Pedimos el informe de los últimos informes de la actividad minera, tienen que estar viniendo cada 3 meses, pedimos información de los meses en que llueve porque es allí donde se presentan más problemas. Como regidora los he acompañado y esa información llevarla a la corporación, pero el alcalde quiere que las comunidades firmen. La municipalidad no me da toda la facultad para decidir porque el alcalde también esta como representante. El papel de Inhgeomin es de veedor, pero ellos no deben ser veedores, porque son la autoridad competente para dar ese trámite”, explica Ramírez.
Por su lado, Batres asegura que Inhgeomin lo que quiere es que se explote la zona debidamente, legalmente. “El Estado no se opone, pero exige que las comunidades estén de acuerdo y que cumplan con la legalidad. No se podía transferir a ellos directamente sin el permiso de la autoridad minera”.
Consultamos a las autoridades de Inhgeomin, quienes confirmaron una entrevista para Radio Progreso, sin embargo, al día y la hora pactada no contestaron la petición.
“Usted debería averiguar en qué condiciones venden el oro, que el mercurio que ellos procesan lo aspiran las mujeres embarazadas, los niños. Averigüen quiénes les pagan, a quienes venden los mineros el oro y en qué condiciones. Esas son cosas importantes que hay que ver qué es lo que queremos eliminar el estado, el PNUD, Ingeominh. ¿Qué pasa si no aceptan? Continuaremos con el cierre, pero ya tendremos que prohibir que ellos entren y vender las tierras a otra gente que quiera explotar, no es un gran drama para la empresa. Como le digo, para hondureños como usted o como yo puede sentirse extraño que el país no mejore”, explica Batres.
El Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) en su informe Impacto socioambiental de la minería en la región noroccidental de Honduras a la luz de tres estudios de casos: Montaña de Botaderos (Aguán), Nueva Esperanza (Atlántida) y Locomapa (Yoro) afirma que el modelo extractivista de explotación y apropiación de los bienes naturales comunes es, en la actualidad, el principal generador de conflictos territoriales. También es factor de persecución, amenazas, agresiones y asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y ambientales, y de dirigentes de comunidades y organizaciones de base tanto en Honduras como en muchos otros países.
En los últimos años, sobre todo a partir del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, los actores internacionales y nacionales promotores y ejecutores de este modelo han logrado que se aprueben paquetes legislativos que legalizan el extractivismo, aprovechando la enorme debilidad institucional y la presencia de funcionarios públicos proclives al soborno y al chantaje. La aprobación de una nueva ley de minería, la concesión de amplias zonas territoriales para la exploración y explotación minera, la construcción de represas, y la aprobación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), durante la administración del señor Juan Orlando Hernández, primero como presidente del Congreso Nacional y luego como Presidente de la República, ha profundizado el modelo extractivista.
Después del golpe de Estado se aprobaron 364 proyectos de minería metálica. Actualmente se encuentran en proceso de aprobación al menos 563 nuevos proyectos mineros, y se está promoviendo la adjudicación de no menos de 950 títulos mineros adicionales derivados del catastro minero elaborado para profundizar el modelo extractivo. Nunca estas concesiones se han dado a comunidades ni a mineros artesanales, a pesar que la nueva ley de minería contempla esas figuras. Sin embargo, el caso de Ojo de Agua en Macuelizo refleja la desventaja y el abandono estatal de las comunidades más empobrecidas en cuanto a la decisión y la administración de su territorio.
Mientras tanto, Selvin regresa a su casa, entra y se cambia de ropa. Va para una reunión con otros líderes del resto de comunidades afectadas para conversar y prepararse para una decisión. Mientras tanto hay silencio en la comunidad, los niños corren en la calle y los caballos comen zacate. El calor sofoca y algunas mujeres se asoman a la ventana para sufrirlo menos. Los molinos están parados, no ha salido nada en las últimas dos semanas.
Un hombre joven se para al lado de su pequeño molino artesanal frente a la casa de Selvin. Estos molinos funcionan manualmente, meneando una manivela que mueve la piedra que muele la broza. Es un trabajo pesado. “Nosotros no tenemos más trabajo que ese cerro, aquí no tenemos otra vía y tampoco llegan las ayudas del gobierno”, dice apesarado. Dos semanas sin vender oro lo tiene en crisis. No hay más trabajo que ese cerro y se lo han acabado.
Otras miradas
¿La cooperación española apoya una agenda de represión en derechos humanos para el pueblo hondureño?
Jéssica Sánchez, Guillermo López Lone, Tommy Morales, Romina Serna y Grecia Lozano
Miembros de la Articulación 611, un espacio en el que
confluyen organizaciones defensoras de los derechos humanos, feministas,
colectivos LGTBI, organizaciones defensoras de los derechos de la
niñez, movimientos campesinos y otras.
Desde el golpe de Estado de 2009, el debilitamiento del proceso
democrático en Honduras ha resultado en un aumento de la violencia y las
violaciones a los derechos humanos, que afecta especialmente a líderes
sociales y políticos opositores. La existencia de grupos de limpieza
social vinculados al ejército y la policía que asesinan impunemente ha
sido ampliamente documentada por medios como Associated Press, The Guardian o The New York Times,
en cuyas investigaciones se reveló la existencia de listas negras de
activistas sociales a ser eliminados en poder de estos grupos. En 2016
Global Witness publicó un informe en el que consideraba a Honduras como el país más peligroso del mundo para el activismo ambiental.
Las agresiones y asesinatos de activistas son comunes, sin que el
sistema de justicia hondureño sea capaz (o tenga la voluntad) de dar con
los culpables de estos crímenes.El actual presidente de la República, Juan Orlando Hernández, lidera un proyecto político de marcados tintes autoritarios, que le ha llevado a asumir un control de facto sobre el resto de poderes del Estado, con el objetivo de perpetuarse en el poder y favorecer sus intereses particulares y los de sus aliados. En noviembre de este año, se celebrarán elecciones presidenciales en el país, en las que por primera vez desde la aprobación de la actual constitución de 1982 el actual presidente se presenta a la reelección. Existen temores de que se pueda producir un fraude electoral que favorezca al actual gobierno y que desemboque en protestas ciudadanas, que podrían llevar al país a una situación de crisis política y de derechos humanos similar a la vivida en 2009 tras el golpe de Estado contra el gobierno de Manuel Zelaya.
En este contexto, en Honduras se está discutiendo actualmente la aprobación de un nuevo Código Penal. Dicho proyecto lleva más de un año en el Congreso Nacional y su construcción y tramitación ha sido acompañada de forma continua por un equipo de juristas españoles encabezados por el Catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid, Javier Álvarez. El equipo dirigido por el señor Álvarez, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y por la Unión Europea, ha comparecido en diversos medios de comunicación y en varias sesiones del Congreso, habiéndose convertido en el principal valedor y sostenedor del contenido del Proyecto de Código Penal de Honduras (en adelante PCPH), que ha sido fuertemente cuestionado desde la sociedad civil hondureña.
El temor que la presentación al Congreso del PCPH produjo dentro de la sociedad civil llevó a la creación de la Articulación 611, espacio que agrupa a diferentes organizaciones defensoras de los derechos humanos de Honduras. Desde entonces la articulación 611 ha venido realizando diversas acciones de incidencia que han chocado con un muro de opacidad, falta de transparencia y autoritarismo. Cuando finalmente y tras la inestimable intermediación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) la Articulación 611 logró acceder al texto del PCPH, este ya estaba en proceso de aprobación por el Congreso. Si la interlocución con el Congreso Nacional ha sido complicada, tampoco ha sido fácil el trato con el equipo consultor contratado por AECID, que se ha mostrado soberbio y poco receptivo a las propuestas presentadas en las diferentes reuniones realizadas. La firme creencia del equipo español de que el debate sobre esta norma debía circunscribirse al ámbito técnico jurídico y no al político, fue la causa de la distante y complicada relación con la Articulación 611, que provocó además que la asesoría prestada por los españoles careciese de una adecuada contextualización a la realidad hondureña.
La falta de transparencia y apertura del proceso de aprobación del PCPH ha resultado en que el texto que está en el Congreso tenga un carácter claramente regresivo y antidemocrático. Al inicio del proceso (2016) el equipo consultor promovió reuniones con organizaciones de mujeres y de derechos humanos, prometiendo que sería un proceso amplio y participativo, que no se llevó a cabo, desarrollando en terreno únicamente 5 consultas a nivel nacional (una por departamento y con duración de ocho horas) con público reducido a no más de 50 personas. Se continuaron realizando reuniones puntuales con la Articulación 611, en las cuales los consultores solicitaron realizar propuestas de cambio al texto presentado. Estas propuestas, elaboradas de forma consensuada, en la mayor parte de los casos no fueron finalmente tomadas en cuenta en el proceso de aprobación del PCPH.
Si la AECID buscaba, tal como manifestó el embajador español Miguel Alberto, la aprobación de “un estamento jurídico moderno acorde con los estándares internacionales y adaptados a la necesidades y sus carencias del país”, podemos decir que su intervención ha sido un rotundo fracaso. Prueba de ello es la formulación del delito de asociación terrorista, duramente criticada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y OACNUDH por su amplitud y el riesgo de que pueda ser utilizada en contra de los movimientos opositores al gobierno. Lo mismo se puede decir de la inclusión del delito de sedición, que es utilizado habitualmente para criminalizar movimientos sociales como el estudiantil. En el nuevo código se aumentan las penas para instigadores (léase líderes sociales y políticos opositores), en contra de la recomendación de derogarlo realizada por OACNUDH en 2010. Igual sucede con la nueva formulación de los delitos de manifestaciones ilícitas y asociación para delinquir, ambos señalados por la ONU y la CIDH como contrarios a los estándares internacionales. También sorprende que, junto con una bajada general de las penas (la pena del delito de tortura se reduce a la mitad), el PCPH incluya el aumento de penas en varios de los delitos que pueden ser utilizados en contra de la protesta social. Tal es el caso de los delitos de atentado y usurpación (utilizado contra los movimientos en defensa del territorio y el medio ambiente), que se acompañan de la creación de varias figuras penales nuevas como las de perturbación del orden y desórdenes públicos, con una clara vocación represora.
En el caso de los delitos relacionados con los derechos de las mujeres, el retroceso también es evidente. A la reducción de las penas de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual se suma la inclusión de un tipo penal para el femicidio no consensuado con las organizaciones de mujeres, y cuya tipificación está claramente dirigida a restringir su aplicación. Por otro lado, el nuevo texto endurece las penas del delito de aborto, cuya tipificación ya era una de las más retrogradas a nivel mundial, al no permitirlo en ningún supuesto. La falta de receptividad del equipo consultor se hizo también evidente con respecto a las propuestas presentadas por las organizaciones LGTBI y de defensa de las personas afectadas por VIH, que solicitaban la inclusión del crimen de odio como un delito específico y que finalmente no fue incluido.
El carácter represivo de la PCPH, que parece ser ignorado por el equipo consultor, por la AECID y por la Embajada de España, va en clara consonancia con las políticas promovidas por el gobierno hondureño. Como antecedente, en febrero de este año se aprobó un paquete de reformas penales que causó un rechazo unánime de la sociedad civil y de los organismos defensores de los derechos humanos a nivel nacional e internacional, que incluye un artículo por el que se podrá procesar por el delito de terrorismo a periodistas y medios de comunicación que “promuevan la apología del odio e inciten al terrorismo”. Asimismo, en las últimas semanas el presidente ha planteado rebajar la edad de imputabilidad penal, en clara afrenta a los estándares en materia de protección de los derechos de la niñez. Todos estos procesos se producen en un ambiente de violencia e ingobernabilidad de Honduras.
La instrumentalización de la justicia penal se ha vuelto algo habitual en Honduras en los últimos años. Berta Cáceres, la lideresa indígena asesinada en 2016, fue acusada de sedición por participar en protestas en defensa del territorio, al igual que lo han sido decenas de estudiantes y líderes sociales en todo el país. Desde la Articulación 611 consideramos contradictorio que un organismo dedicado a promover el desarrollo y el respeto a los derechos humanos como AECID aporte recursos para la aprobación de un Código Penal con claras tendencias represivas y antidemocráticas, más en un contexto como el hondureño. Es por esta razón que solicitamos a las autoridades españolas que presionen al gobierno hondureño para que detenga el proceso de aprobación del PCPH, y para que se abra un verdadero periodo de consultas con la sociedad civil, que permita que el texto finalmente aprobado se adecue a la realidad hondureña y cumpla con los más altos estándares a nivel internacional en cuanto a protección de los derechos humanos.
Ministerio Público profana tumba de “Juan Humberto Sánchez”
COFADEH considera esto, como un acto deshumanizante y paradójico.
Pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitió sentencia contra el Estado de Honduras el 7 de junio de 2003, por la desaparición y asesinato del Juan Humberto Sánchez, la Fiscal especial de Derechos Humanos Soyara Morales, del Ministerio Público (MP), y Jacobo Santos asignado al caso, procedieron a la profanación de su tumba, en Colomoncagua, Intibucá, con la oposición de los familiares.
Luego de la amnistía número 87-91, decretada en el gobierno del presidente Rafael Callejas, el revolucionario Juan Humberto Sánchez que, durante la guerra civil en El Salvador, operaba la radio Venceremos para el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, regresó a Honduras donde fue detenido ilegalmente por el Ejército el 10 de julio de 1992 en horas de la noche, fue liberado y vuelto a capturar. Su cuerpo fue encontrado el 22 de julio del mismo año en las riberas del Rio Negro (límites de Honduras y El Salvador), su cuerpo mostraba un disparo en la frente y señales de tortura.
No se tomó en cuenta el diálogo sostenido en una mesa con la representación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OANUDH), la Fiscalía Especial de Derechos Humanos y el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), organización que ha representado a las víctimas desde el primer momento en que se denunció la desaparición de Sánchez.
Doña Dominga Sánchez, en este momento se encuentra interna en una clínica, el dolor que ha causado la profanación de la tumba de su hijo, la hace sentir como si se lo hubieran matado nuevamente, es una herida que vuelven a abrir a la familia indígena lenca, porque desautorizaron al MP la pretensión de “investigar”, sin saber con qué propósito los restos de Juan Humberto.
Previo al acto de soberbia, intolerancia y falta de humanidad que llevó a cabo hoy, el Estado tenía la responsabilidad de dar atención psico- social adecuada a la familia, quien, desde su cosmovisión indígena lenca, el reposo de los muertos es sagrado.
Por lo que Morales y Santos, fueron inhumanos, ni siquiera aplicaron los estándares internacionales de derechos humanos, demostrando que no les interesa las familias, que han sido víctimas de casos lesa humanidad, han irrespetado la figura del Alto Comisionado, siguiendo el mandato de una mesa pública y del departamento de Estado de los Estados Unidos.
¿Dónde estás Roger?
Fragmento del poema ¿Dónde estás Roger?, escrito por su madre, Elvia Zelaya.
Por: Sandra Rodríguez y Cesario Padilla*
Tegucigalpa, Honduras.- “Toda la noche del 19 de abril de 1988, me levantaba a cada rato a ver si había vuelto, él tenía su cuarto y había un vidrio que dejaba ver su cama, pero la cama estaba tendida”.
Esa fecha quedó guardada para siempre en la memoria, reflejo del párrafo anterior, de doña Elvia Zelaya. Ella esperaba todas las noches a su hijo Roger Samuel Gonzales Zelaya, estudiante de secundaria, y ya no volvió.
Gonzales Zelaya era alumno del Instituto Técnico de Administración de Empresas (INTAE), por ende, militaba en la Federación de Estudiantes de segunda Enseñanza “Carlos Virgilio Zúniga” (FESE- CVZ). Tenía 24 años al momento de su desaparición, el 19 de abril de 1988.
El líder estudiantil fue detenido a inmediaciones de la tienda Larach & Cía, costado oeste del parque Central de Tegucigalpa, en horas del mediodía por dos hombres y una mujer.
Uno de estos testimonios, que respaldan el Informe preliminar sobre desapariciones forzadas en el país (1980-1993) “Los hechos hablan por sí mismos”, elaborado por el primer Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), Leo Valladares Lanza, describe los hechos con los que se conoce la detención y posterior desaparición de Roger:
“Iba vestido de pantalón ‘jeans azul´, camisa kaqui… Llevaba un maletín de cuero y dos mochilas. La chumpa la llevaba amarrada al maletín. Delante de Roger, caminaba un individuo que es agente de la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI) y a quien conozco porque nos ha perseguido a los dirigentes estudiantiles democráticos, se trata de un hombre fornido, de 30 años, pelo rizo y bigote ‘raleado’. Atrás de Roger iba otro hombre, también agente del DNI… Como el bus donde me conducía no hizo parada en la estación del Parque Central, no pude advertirle a Roger sobre el peligro que le acechaba. Soy de las personas que vio a Roger antes de su desaparecimiento… desde entonces, el muchacho no ha vuelto a su hogar, ni a su colegio, ni a su centro de trabajo”.
Doña Elvia recuerda los últimos días de su hijo en casa. “Él estaba mal del estómago, creo que era nervios, él sabía que lo andaban siguiendo, fíjese que una vez hasta lo iba a mandar a poner un suero, y ahí quedó ese suero”.
Allí comenzaron los recuerdos de su ausencia.
“Doña Elvia, se llevaron a Roger”
En
los recuerdos de doña Elvia, está el nombre de Natalia. Quien al día
siguiente de la desaparición de Roger llegó a la casa “… era la novia,
decían. Llegó y me dijo se “llevaron a Roger”.No entendía nada de eso, y le dije que ¿qué se hacía entonces? y me dijo, a eso vengo a llevarla para que vayamos la CODEH (Comité por la defensa de los Derechos Humanos, dirigido entonces por Ramón Custodio López, donde encontró el apoyo de la defensora de derechos humanos Bertha Oliva y el abogado Óscar Aníbal Puerto) y ya no lo volví a ver.
Sus captores negaron en un inicio tenerlo bajo su custodia, como consta en el informe “Los hechos hablan por sí mismos”, primer informe nacional y oficial sobre las desapariciones forzadas en Honduras desde 1980 a 1993.
De acuerdo a recortes de prensa, sobre la cobertura de los medios de comunicación a los diferentes casos de desaparición forzada, uno de ellos muestra un fragmento de las declaraciones ofrecidas por el portavoz de las Fuerzas Armadas de Honduras (FF. AA), Manuel Enrique Suárez Benavides, en las que aseguran la detención de Roger González.
“Conocemos sobre la detención de ese muchacho, reconocemos que sí fue detenido por la Fuerza de Seguridad Pública, pero hasta allí llega nuestro conocimiento”, expuso Suárez Benavides a un diario capitalino el 30 de abril de 1988, 11 días después de la desaparición del líder estudiantil.
Un afán de negar su paradero surgió dos días antes de la publicación en mención. El Mayor Manuel Antonio Urbina, portavoz de la Fuerza de Seguridad Pública (FUSEP), afirmó que Roger no fue detenido “el interés es detenerlo para llevarlo a los tribunales a fin de que se aplique la ley, porque se sabe que es responsable directo de los daños ocasionados en el consulado norteamericano –en Tegucigalpa-“.
Los primeros días de doña Elvia durante la desaparición de Roger
Sin saber con claridad que es lo que sucedía, la madre de Roger llegó a las oficinas del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), organización que surgió en 1982, debido a la desaparición forzada de líderes sociales, víctimas de la implementación de la Doctrina de Seguridad Nacional, hace tres décadas.
COFADEH era la trinchera de reuniones de un grupo de estudiantes, donde Roger era el líder, recordó Nohemy Pérez, una de las fundadoras del Comité. Ahí llegaba siempre con mucha alegría e ideas para organizar el movimiento estudiantil, nosotros no podíamos creer que él fuera víctima de desaparición.
Entre sus compañeros recuerda a Sergio Rivera, Andrés Martínez y “La China”, como le decían a una jovencita. Aquellas reuniones donde nos poníamos de acuerdo para ir hacer “pegas” y visitar colegios, ahora eran para abrazase, llorar y promover la búsqueda con la interrogante ¿Dónde está Roger?
Puerto, el histórico defensor de derechos humanos, ha manifestado que el Estado de Honduras tiene una deuda pendiente con las familias de los detenidos desaparecidos, papel que ha asumido el COFADEH, dando protección y ayuda las víctimas.
“Ellos creen que ganaron desapareciendo a gente, perdieron, perdieron la credibilidad histórica, el amor de sus compatriotas, la piedad cristiana y la razón del ser humano”, declaró el abogado, quien describe a los detenidos- desaparecidos como “la fina flor de Honduras, no eran personas afectas al odio, sino que al contrario las desparecieron por amar demasiado al pueblo”.
Y en esa tristeza, continuó doña Elvia, me iba para el COFADEH, cuando estaba allá por Los Dolores, (barrio de Tegucigalpa), “por eso no me gusta hablar de esto, porque es volver a revivir, es muy duro no saber dónde quedaron los huesos de mi hijo”.
En el COFADEH la esperaba los abrazos de ánimo de otras madres, esposas, hermanas e hijos de detenidos desaparecidos, allí conoció a Albertina Rodríguez, Liduvina Hernández, Fidelina Borjas, Natalia Méndez, Cristina Montes, Rina de Morales, también las familias Velásquez, Nativí, Lanza, Pérez-Alemán y Godínez-Cruz, mencionó Nohemy, hermana del detenido desaparecido Samuel Pérez (1982).
Roger González, fue señalado por participar en la quema de la embajada de los Estados Unidos de América en Tegucigalpa, el 07 de abril de ese mismo año, durante una protesta social liderada por estudiantes, en la defensa de la soberanía y dignidad nacional, debido a la extradición de Juan Ramón Mata Ballesteros, vinculado de haber participado en la muerte del agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA), por sus siglas en inglés, Enrique Camarena Salazar.
Propulsoras de huelgas de hambre
En mayo de 1988, días después de la desaparición de Roger, amistades y familiares se unieron a la manifestación que duró 23 días en el Parque Central de Tegucigalpa; donde se rodeaba la imagen de Morazán, con música, proclamas, poesías y todo tipo de exigencia por verdad y justicia.
Ése fue el escenario, mismo que vio por última vez a Roger González Zelaya, ante la Catedral Metropolita, testigo mudo en una época de terror.
Siempre había personas en la huelga de hambre, se consideró si doña Elvia podía participar, estaba muy afectada física y emocionalmente -detalló Nohemy- pero ella fue la que abanderaba la lucha, finalmente se suspendió porque se enfermó.
“Ese fue el día más triste”, habíamos perdido al “flaco” y pudo ser cualquiera de nosotros, expresó su compañero y amigo, Sergio Rivera.
A la madre de Roger, siempre se le ve en las actividades del COFADEH, en los 30 de Agosto (Día Nacional del Detenido Desaparecido), en los 30 de Noviembre (Aniversario del COFADEH), en los plantones del primer viernes de cada mes que le recuerdan al Estado que tiene una deuda pendiente con las víctimas de violaciones de lesa humanidad. Por su estado de salud asiste con menos frecuencia, pero sabe que allí está su familia, y encuentra el rostro de su hijo en pancartas, mantas, afiches y la historia que exige justicia.
Y es que era la mamá de un muchacho común y corriente que estudiaba y trabajaba, como lo compartió un día antes del 29 aniversario de su desaparición, cuando pasó por la oficina del Comité, donde inicia “La Ruta de la Memoria Histórica -ahora situado en el barrio La Plazuela-, ella iba para la Catedral, donde como es costumbre manda ofrecer una misa por su muchacho.
Hoy Roger tuviera 52 años, era el menor de seis hermanos, el consentido de la familia y tenía una buena relación con todos, no peleaba. La única vez que su madre lo miró ebrio, se enojó y lo regañó, recordó la señora.
“Un hijo es un privilegio para una madre, es lo mejor; sólo porque tenía sus ideas diferentes, me lo quitaron, se lo llevaron, no tuve ni siquiera el gusto de enterrarlo, porque cuando la madre entierra a su hijo, sabe que le va ir a poner una flor al cementerio, lo va ir a visitar ahí, pero ni eso”.
Ese privilegio de doña Elvia, le fue arrebatado hace 29 años. No volvieron a ver al cipote de la pañoleta rojinegra, al flaco, como lo conocían sus compañeros de juventud y lucha. Aquí surgió una pregunta, desde la sed de justicia de una madre ¿Dónde estás Roger?
*Periodista y Defensor de la Educacion Pública Universitaria en Honduras
Decisiones arbitrarias cercenan territorios ancestrales en La Paz
Por Marvin Palacios
Los Consejos Indígenas Lencas del municipio de Santa María la Paz y San Pedro de Tutule, en las comunidades Aupa, La Trinidad y Río Negro, en el departamento de La Paz, alertan sobre decisiones arbitrarias adoptadas por el actual gobierno que cercenan territorios, amenazan los recursos naturales y colocan en bandeja de plata; los bienes comunes a través del otorgamiento de concesiones a empresas nacionales e internacionales.
Existe una resolución de la Secretaría de Gobernación y Justicia en donde se entregan los territorios y recursos naturales a discreción de las municipalidades, que pueden y de hecho, ya lo están haciendo, para poner a disposición de empresas nacionales e internacionales, vía concesiones, los bienes comunes de la naturaleza.
“Condenamos y repudiamos la resolución emitida por el Ministerio de Gobernación y Justicia sobre la entrega del territorio de las zonas altas de las comunidades Aupa, La Trinidad y río Negro que son productoras de agua y zonas de reserva de Santa María y que Gobernación y Justicia le entrega a Tutule, La Paz”, sostiene la denuncia pública de la cual ya tiene conocimiento la Fiscalía de las Etnias y el Patrimonio Cultural.
“Exigimos al alcalde Gabino Argueta Gálvez y sus demás regidores de Santa María que explique si ha sido aceptados estos convenios de compromisos con la municipalidad de Tutule, ya que este territorio donde está ubicado, tiene título ancestral del año 1885, con personería jurídica, firmado por el presidente Luis Bográn”.
Por otra parte los consejos indígenas lencas afirman que dichos concesionamientos se otorgan sin consultar a las comunidades violando su derecho a la consulta previa, libre e informada, contenida en el convenio 169 sobre pueblos tribales.
En la denuncia presentada ante la Fiscalía de las Etnias, las comunidades indígenas sostienen que el alcalde de Santa María no ha querido resolver esta problemática por temor a lo que puedan manifestar las autoridades de la municipalidad de Tutule.
Líderes indígenas lencas de las comunidades de Santa María La Paz y Río Negro han manifestado que están unidas por la defensa del agua y los bienes comunes de la naturaleza y denuncian a la presidenta del partido Nacional y vice presidenta del Congreso Nacional, Gladys Aurora López por los daños que está causando la represa hidroeléctrica ubicada construida en “El Aguacatal” municipio de San José y parte de Santa María, La Paz.
La denuncia a la que tuvo acceso el periódico digital: www.defensoresenlínea.com señala en uno de sus párrafos que: “..ahora quieren sacar agua del Río Negro, que atraviesa el municipio de Santa María, para conectar el afluente hacia la represa que ya está en funcionamiento…”
“Estos proyectos son desarrollados a costa de la violación de los derechos humanos y la violación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ya que el mal llamado desarrollo solo favorece a diversas empresas de producción que privilegian la obtención y acumulación de riqueza de una oligarquía que a través de 714 proyectos extractivos; desprecia la vida de nuestros pueblos y comunidades”, sostiene la denuncia.
Las comunidades indígenas consideran que este tipo de proyectos hidroeléctricos y extractivos está acelerando el fenómeno del cambio climático poniendo en riesgo la sobrevivencia de las personas, animales y vegetación, además ponen en peligro la seguridad alimentaria.
También generan inestabilidad social e inseguridad en las comunidades, y colocan en una situación de riesgo a los defensores y defensoras de derechos humanos.
“Denunciamos los delitos de abuso de autoridad, violación a los derechos humanos por no realizar cabildos abiertos y por no hacer la consulta previa, libre e informada, la usurpación del territorio de las comunidades indígenas, violación al Convenio 169 sobre los derechos ancestrales”, establece la denuncia expuesta por las comunidades de Santa María La Paz y San Pedro de Tutule, en el departamento de La Paz.
Un legislador insta al Congreso de EE.UU. a comenzar el 'impeachment' contra Trump
Publicado: 17 may 2017 15:14 GMT | RT
El legislador ya había anunciado previamente su iniciativa a través del Twitter.
ce6 / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
"Hoy me levanto para pedir el 'impeachment' del presidente de EE.UU. por obstrucción a la justicia", ha anunciado el demócrata en su discurso.
Según ha precisado el congresista, la obstrucción a la justicia hace referencia al despido por parte de Trump del director del FBI James Comey, que estaba investigando los presuntos vínculos entre las presidenciales, la campaña del entonces candidato republicano y Rusia.
"El presidente Trump no está por encima de la ley"
El legislador ya había anunciado previamente su iniciativa a través del Twitter. "Hoy, entre las 9 y 10 a.m. CST., voy a llamar en el Congreso de EE.UU. al 'impeachment' del presidente", escribió el demócrata en su perfil horas antes de materializar su iniciativa ante la cámara.Asimismo, este lunes Al Green ha hecho pública una declaración en la que argumenta que Trump debe ser destituido por su decisión de despedir al director del FBI James Comey, así como por el reciente tuit del presidente en que sugiere que podría tener grabaciones de conversaciones con Comey.
"El presidente Trump no está por encima de la ley", ha afirmado Green en una rueda de prensa. "Él ha cometido un acto susceptible de [acarrear] 'impeachment' y debe ser acusado. Hacer lo contrario haría que algunos estadounidenses pierdan respeto y obediencia a nuestras normas sociales".
¿Podría Donald Trump sufrir un 'impeachment'?
Cualquier miembro de la Cámara de Representantes puede iniciar el proceso de 'impeachment', pero su propuesta tendrá que pasar por un comité legal. En la actualidad este es dirigido por el republicano Robert William 'Bob' Goodlatte, quien hace unos años no apoyó la convocatoria para el juicio político contra Barack Obama, explica el portal Republic.De ser aprobada por el comité, la propuesta deberá obtener la aprobación de la Cámara de Representantes por mayoría simple de votos. Si esto sucede, el procedimiento pasará al Senado, donde necesitaría una mayoría de dos tercios. Actualmente, la mayoría en ambas cámaras del Congreso está en manos de los republicanos.
El proceso de destitución contra funcionarios de diferentes niveles fue iniciado por el Congreso en más de 60 ocasiones, pero tan solo ocho personas –todas ellas jueces federales– fueron finalmente despedidas por el Senado.
Por otro lado, solo dos líderes del país se enfrentaron a este procedimiento, Andrew Johnson en 1868 y Bill Clinton en 1998, y ambos fueron absueltos. El mismo proceso iniciado contra Richard Nixon en febrero de 1974 terminó con su dimisión.
"EE.UU. está sumergido en una guerra civil que no terminará pronto"
Publicado: 20 may 2017 22:39 GMT | RT
"La Administración Trump está destruyendo el
imperio del mal" de los demócratas, que harán todo lo posible para
"salvar su proyecto", estima un analista ruso.
Protestas contra el presidente Donald Trump en Nueva York, EE.UU., 4 de mayo de 2017
Mike Segar / Reuters
"Tratamos de reproducir la lógica de las acciones de EE.UU., pero no la hay. Los demócratas hacen estas cosas alocadas y casi se suicidan porque están al borde de una catástrofe", explica el analista. "La Administración Trump está destruyendo su imperio del mal. Por ello, harán y dirán lo que sea. Pero su objetivo no es destruir a Rusia, sino salvar su proyecto", añade.
Una "guerra híbrida"
Protestas contra el presidente Donald Trump en Nueva York, EE.UU., 4 de mayo de 2017
/ Mike Segar
/ Reuters
En el ámbito de los medios de comunicación los demócratas atacan "con una rabia esquizofrénica", afirma el analista, destacando en particular "la rabia contra la mera existencia del canal de televisión ruso Russia Today" que —dijo— "también es un fenómeno militar".
Un "golpe contra los demócratas"
Sin embargo, los republicanos "están avanzando" —afirma el autor del artículo— "en decenas de menores aspectos internos". Y esto es, según él, "un golpe contra los demócratas"."Por lo tanto, Trump no es un inepto gerente arrinconado por un juicio político, como lo definen en el imperio democrático de las mentiras. Él y su equipo trabajan bien y representan una amenaza mortal para los demócratas", asevera Kóstyrev.
El comentarista recuerda que los demócratas tienen mucho que perder en esta guerra. No en vano, según él, el hecho de que contra el presidente estadounidense trabajen los militares y la Inteligencia "es sólo la punta del iceberg" de esta "guerra en EE.UU. que no terminará pronto".
Los militares de EE.UU. 'perdieron' material bélico por valor de mil millones de dólares
Publicado: 25 may 2017 10:47 GMT - RT
Un informe del Pentágono en manos de
Amnistía Internacional evidencia la desaparición de armas, municiones y
equipo militar de EE.UU. que tendría que haber sido entregado al
Ejército y las milicias iraquíes.
Un Humvee estadounidense al servicio de las fuerzas iraquíes
Zohra Bensemra / Reuters
Los cálculos fueron realizados en septiembre de 2016 y se han hecho públicos este miércoles de conformidad con la Ley estadounidense de Libertad de Información por solicitud de la ONG Amnistía Internacional.
Falta de control
Los fondos desaparecidos habían sido gastados legalmente a través del Fondo de Entrenamiento y Equipamiento de Irak. La intención fue asistir al Gobierno iraquí a combatir el Estado Islámico, pero se produjo algún desvío y los activos desaparecieron ya en forma de armamento y maquinaria antes de su entrega al destinatario.Un sistema "defectuoso y peligroso"
En opinión del investigador de Amnistía que ha sido el primero en conocer los resultados de esta auditoría fuera de los cuerpos gubernamentales, Patrick Wilcken, el sistema de control de armas en una región extremadamente volátil es "defectuoso y potencialmente peligroso".La situación es "preocupante" teniendo en cuenta "la larga historia de fugas de armas estadounidenses a múltiples grupos armados que cometen atrocidades en Irak", destaca la nota del investigador publicada en la página web de la organización. No se descarta que el material desaparecido cayera en manos del Estado Islámico.
Entre las transferencias había decenas de miles de fusiles de asalto valorados en 28 millones de dólares, cientos de proyectiles de mortero y cientos de vehículos blindados Humvee para el Ejército iraquí, las milicias progubernamentales y las kurdas (Peshmerga).
Sin mejoría una década después
Amnistía Internacional recordó con este motivo que los mismos problemas se detectaron en 2007. En aquel entonces los activistas denunciaron las irregularidades y el Pentágono respondió que se trataría de mejorar el control de la circulación de armas: algo que no sucedió.Diez años después sigue ocurriendo lo mismo, destaca el investigador de la ONG. "Esto debería ser un llamamiento urgente para que EE.UU. y todos los países que suministren armas a Irak y apuntalen urgentemente los controles. Enviar millones de dólares de armas a un agujero negro y esperar una mejora no es una estrategia viable de lucha contra el terrorismo", sostiene Wilcken.
¿Por qué 'se quedan perdidas' las armas estadounidenses en zonas de conflicto?
Publicado: 29 may 2017 04:25 GMT - RT
Han salido a la luz fallos en el registro y
control de armas valoradas en 1.000 millones de dólares. ¿Es negligencia
del Pentágono o parte de un elaborado esquema?
Imagen Ilustrativa
Azad Lashkari / Reuters
En tal auditoría, realizada en 2016, se indica que el Departamento de Defensa de EE.UU. "no llevó un registro preciso y actualizado de la cantidad y el paradero de armas y otros equipos militares en Irak y Kuwait [...] con un valor superior a los mil millones de dólares".
El documento, que ha recibido atención tras un reporte de Amnistía Internacional, precisa que "grandes cantidades de datos" asociados a esos equipos fueron registrados "de forma manual" en hojas de cálculo, lo que "aumentó el riesgo de errores humanos" en la documentación de las armas.
Las armas 'se pierden'
La organización no gubernamental, por su parte, asegura que este descontrol —detectado principalmente dentro de la cadena de mando iraquí— "ha resultado en que armas fabricadas en EE.UU. y otros países terminen en manos de grupos armados conocidos por cometer crímenes de guerra y otras atrocidades, tal como el Estado Islámico".Al respecto, se recuenta una serie de casos en los que armamento estadounidense 'se pierde' en dichas zonas. Uno de ellos se dio en 2015, cuando el Pentágono perdió el rastro de 500 millones de dólares en armas enviadas a Yemen. Un año antes, los de Virginia habían dejado caer 'accidentalmente' un cargamento de armas en una zona controlada por el EI.
En otras ocasiones, las armas 'extraviadas' han salido a la luz por su cuenta. Por ejemplo en 2015, cuando rebeldes de la 'oposición moderada' en Siria traicionaron a Washington y obsequiaron sistemas de misiles antitanque BGM-71 TOW a los terroristas del Frente Al Nusra, afiliado a Al Qaeda.
¿Un esquema de negocios?
Según señala el periodista Alexánder Jrolenko, esto no equivaldría a una serie de errores humanos, sino que "tal vez es un sistema, un esquema de negocios" en el que el terrorismo proporciona al complejo militar-industrial de EE.UU. un ingreso estable. "Nadie comprará muchas armas si hay paz duradera", opinó Jrolenko en colaboración para RIA Novosti."Al parecer, EE.UU. y la OTAN son incapaces de controlar por completo las consecuencias de sus acciones en Oriente Medio, pero los beneficios previsibles del complejo militar-industrial aún están bajo control", escribió el periodista. "Donald Trump no cambiará este esquema; obviamente, no puede cambiar nada debido a circunstancias objetivas", agregó, prediciendo que el Pentágono seguirá "perdiendo" sus armas en las zonas de conflicto.
La Casa Blanca acuerda enviar armas más pesadas a los kurdos sirios
Publicado: 9 may 2017 17:46 GMT | Última actualización: 9 may 2017 22:21 GMT - RT
La decisión llega poco después de la reunión
del secretario de Defensa, James Mattis, con funcionarios turcos.
Militantes kurdos encabezan un convoy estadounidense cerca de la frontera con Turquía, 28.04.2017 / Reuters
Síguenos en Facebook
La lista completa de armamento todavía es desconocida, pero los oficiales estadounidenses citados por AP indican que es posible que se trate de morteros de 120 milímetros, ametralladoras y munición, así como de vehículos blindados ligeros. Sin embargo, EE.UU. no proporcionará artillería ni misiles tierra-aire.
"Ayer
el presidente autorizó al Departamento de Defensa que dotara de equipo
militar a los integrantes kurdos de las Fuerzas Democráticas Sirias para
garantizar una clara victoria sobre el Estado Islámico en Raqa”El portavoz de la Casa Blanca Sean Spicer
"Eso no quiere decir que entremos en esa sala exactamente con la misma valoración del problema o del camino a seguir", ha señalado Mattis después de la reunión. "Vamos a arreglarlo", ha asegurado el general, que ha agregado: "Encontraremos la manera de hacerlo".
- Las tensiones se intensificaron el mes pasado después de que Turquía llevara a cabo ataques aéreos contra bases kurdas en Siria e Irak. Según los militares turcos, el bombardeo dejó muertos al menos 90 combatientes kurdos. Por su parte, los kurdos afirmaron que solo 20 personas murieron en el ataque.
- A finales de abril las tropas de EE.UU. empezaron a patrullar la frontera entre Turquía y Siria para impedir enfrentamientos entre el Ejército turco y las milicias kurdas.
Más de 100 camiones cargados de armas estadounidenses llegan a los milicianos kurdos en Siria
Publicado: 25 may 2017 06:53 GMT - RT
Actualmente las Fuerzas Democráticas Sirias
están preparando una ofensiva contra la ciudad de Raqa, la capital
autoproclamada del Estado Islámico en Siria.
Rodi Said / Reuters
El cargamento de armas norteamericanas es para las llamadas Fuerzas Democráticas Sirias, en su mayoría formadas por unidades kurdas. Actualmente la milicia está preparando una ofensiva contra la ciudad de Raqa, la capital autoproclamada del Estado Islámico en Siria.
Los camiones con el arsenal cruzaron la frontera desde el norte de Irak a través del punto fronterizo de Simelka en dos ocasiones, el 15 y el 20 de mayo, recoge el periódico turco 'Daily Sabah'. Se reporta que los dos convoyes se dirigieron a Hasakah y más tarde a la región de Raqa.
El envío incluía lanzacohetes múltiples, morteros pesados de 80mm y 120mm, lanzagranadas MK19 y carabinas M4 y rifles M16, así como misiles antitanque FGM-148. El convoy estaba integrado por camiones cisterna, vehículos blindados Humvee y vehículos blindados de transporte Cougar que también fueron entregados a las fuerzas kurdas. Sin embargo, ni la coalición liderada por EE.UU. ni las Fuerzas Democráticas Sirias han confirmado todavía la entrega.
- A finales de abril las tropas de EE.UU. empezaron a patrullar la frontera entre Turquía y Siria para impedir enfrentamientos entre el Ejército turco y las milicias kurdas.
- El 9 de mayo la Casa Blanca aprobó la decisión de enviar armas más pesadas a los kurdos sirios.
- Turquía, por su parte, expresó su decepción por la decisión estadounidense; el presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, pidió a EE.UU. que la anulara "inmediatamente", declarando que es inaceptable que un aliado de la OTAN apoye a "grupos terroristas".
EEUU: Trump propone recortar 3,6 billones de Sanidad y ayudas sociales mientras aumenta el gasto en Defensa
El principal objetivo del tijeretazo del Presupuesto del presidente es reducir en una década el abultado déficit de EEUU
Trump, durante su visita a Jerusalén este miércoles. REUTERS/Jonathan Ernst
La primera propuesta presupuestaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
incluye unos draconianos recortes de 3,6 billones de dólares en diez
años a programas de asistencia social y cobertura médica para los
ciudadanos de menores recursos, con los que prevé eliminar el déficit en
un década. La propuesta es más una declaración de prioridades políticas
que un documento económico ya que debe aprobarlo el Congreso, que
recibió hoy el documento.
Entre los principales afectados por el plan de Trump se encuentra el programa Medicaid,
que ofrece cobertura sanitaria a los ciudadanos de menores ingresos, y
que verá reducidos sus fondos en 610.000 millones de dólares.
El plan para el año fiscal 2018, titulado Unos nuevos cimientos para la grandeza de EEUU
y que promete eliminar el déficit presupuestario que se prevé cierre
2017 en el 3,1% del PIB a lo largo de una década, promete no obstante
aumentos de gasto en las partidas de Defensa y Seguridad Fronteriza.
"Ya no vamos a medir la compasión por el
número de programas de asistencia social y el volumen gastado en esos
programas. Necesitamos a todo el mundo empujando en la misma dirección",
afirmó Mick Mulvaney, director de la Oficina de Gestión de Presupuesto
de la Casa Blanca, en una conferencia de presentación del documento.
Mulvaney insistió en que, a través de la
agenda de recorte de impuestos, desregulación y reducción del peso del
Gobierno federal se logrará alcanzar un crecimiento medio sostenible a
lo largo de la próxima década del 3% anual, algo no visto desde 2005.
"La fea verdad es esta: jamás se podrá equilibrar el presupuesto con el
crecimiento actual del 1,9%. Eso no va a pasar", agregó Mulvaney.
Asimismo, el presupuesto propuesto reducirá en casi 200.000 millones de dólares la financiación del programa de alimentos para familias de bajos recursos
conocido como SNAP, del que se beneficiaron 44 millones de personas en
2016, y otorgaría más competencia a los estados para que definan las
exigencias de un mínimo de horas trabajadas o la búsqueda de empleo
activo de sus beneficiarios.
Trump ha criticado la desmesurada subida de programas sociales impulsados por su predecesor, Barack Obama,
durante la crisis financiera de 2008 y 2009, puesto que, a su juicio,
no incentiva la vuelta al mercado laboral de muchos beneficiados y
contribuye al desequilibrio de las cuentas públicas.
Puerto Rico. Hoy se conocerán los detalles de los recortes de Trump
Por José A. DelgadoKAOS EN LA RED - Publicado en: 23 Mayo, 2017
La Casa Blanca enviará al Congreso el presupuesto, que tendrá recortes en el programa Medicaid de los estados.
El director de la Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, supervisó la impresión de las copias del presupuesto federal para el próximo año fiscal.
Washington
– Los recortes en el presupuesto que propondrá hoy el presidente Donald
Trump en programas de bienestar social, como Medicaid y la asistencia
alimentaria, subrayan, por lo menos, el pedregoso camino que tienen las
autoridades de Puerto Rico en busca de un mejor acceso a fondos
federales de salud.
“Habrá que esperar a ver las propuestas,
pero la cuestión será si hay nuevas iniciativas para el territorio,
particularmente en Medicaid, donde la disparidad es enorme”, indicó
Jeffrey Farrow, quien fue copresidente del Grupo de Trabajo de la Casa
Blanca de Bill Clinton sobre Puerto Rico.
Trump enviará al Congreso un proyecto de
presupuesto federal para el año fiscal 2018 que incluye duros recortes
en Medicaid, en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria
(SNAP) que tienen los estados y otras iniciativas de bienestar social.
Según la agencia AP, el total de los
recortes en programas sociales alcanza los $1.7 billones (“trillions” en
inglés), durante la próxima década e impactarán hasta el plan de salud
para niños de escasos recursos económicos y fondos para investigaciones
médicas.
Como propone el proyecto republicano de
reforma de salud que busca reemplazar en parte a Obamacare, el
presupuesto recomendará un recorte de $800,000 millones en Medicaid
durante la próxima década, lo que puede quitarles beneficios a unas 10
millones de personas en EE.UU., según la Oficina de Presupuesto del
Congreso.
Las reducciones incluidas en la reforma
republicana de salud, que ahora se conoce como Trumpcare, se fundamentan
en echar hacia atrás las medidas de Obamacare que elevan el tope de
ingresos para una persona obtener Medicaid. A su vez, la Casa Blanca
quiere convertir Medicaid en un programa de asignaciones en bloque, como
sucede con Puerto Rico, aunque en la Isla se recibe solo una porción de
lo que se asigna a los estados.
En el SNAP –que es el programa de
asistencia alimentaria que existe en los estados–, el recorte propuesto
sería de $193,000 millones en una década, por medio de limitaciones en
el acceso al programa y un aumento en los requisitos laborales.
Tanto en Medicaid como en el Programa de
Asistencia Nutricional (PAN), Puerto Rico –que está en medio de una
grave crisis fiscal y un proceso de reestructuración de su gigantesca
deuda pública– tiene un acceso limitado a fondos e independiente al
sistema que otorga las asignaciones de los estados.
Por medio del PAN, Puerto Rico recibe
cerca de $1,400 millones anuales. Bajo la ley permanente, Puerto Rico
tiene un tope de cerca de $340 millones anuales en Medicaid, que no está
relacionado con los $6,400 millones que otorgó Obamacare y que se
agotan a finales de diciembre.
En abril, a través de un ómnibus
presupuestario, el gobierno federal asignó otros $295.9 millones en
Medicaid a Puerto Rico que permiten aplazar hasta abril de 2018 el
precipicio de cerca de $1,200 millones anuales que puede causar el
agotamiento de los fondos de Obamacare.
En el caso de Puerto Rico, “el problema
inmediato es el precipicio fiscal”, dijo el estratega demócrata Federico
de Jesús Febles, quien fue subdirector de la Administración de Asuntos
Federales (PRFAA) durante el gobierno de Alejandro García Padilla, pero
los recortes que propone la Casa Blanca acentúan que “por el futuro
previsible”, la paridad en programas federales de salud “no se va a
discutir seriamente” en Washington.
Farrow, quien ha sido cabildero de
grupos que promueven la estadidad para Puerto Rico, considera que la
atención hoy va a estar en los programas en que la Isla ya es tratada
como los estados.
A principios de año, la Casa Blanca
informó que persigue eliminar cerca de $54,000 millones en fondos
discrecionales, con la intención de reasignarlos al Departamento de
Defensa y asuntos de “seguridad nacional”.
En el caso del Departamento de Vivienda
federal (HUD), se prevé una reducción de 13.2% en el presupuesto, lo que
puede suponer decenas de millones de dólares menos para la Isla.
La OEA “se preocupa” por Venezuela mientras “abandona” a Brasil
La OEA consideró que debatir sobre la crisis política en Brasil es “inapropiado”. Foto: Reuters
El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) rechazó este miércoles discutir la crisis política en Brasil, tras el escándalo de corrupción en el que está envuelto el mandatario de facto Michel Temer, lo que ha desatado protestas en su contra.
La organización optó por la indiferencia y el silencio, pese a las fuertes protestas protagonizadas por los brasileños, quienes exigen la renuncia inmediata de Temer y la realización de elecciones directas para restablecer la democracia en el país suramericano, cuya mandataria Dilma Rousseff fue destituida mediante un golpe parlamentario.
Temer ordenó a las Fuerzas Federales a ocupar Brasilia durante una semana, desde el 24 hasta el 31 de mayo 2017, para enfrentar las protestas en su contra.
Si tanto preocupa a la OEA y a su secretario general, Luis Almagro, la supuesta represión que el presidente Nicolás Maduro ordena contra el pueblo venezolano, por qué entonces la Organización hace caso omiso al verdadero avasallamiento que lleva a cabo el gobierno de Michel Temer sobre los brasileños ¿Cuáles son las prioridades de la OEA? ¿Por qué un país “importa” más que otro?
Michel Temer era el vicepresidente de Brasil cuando Dilma Rousseff fue destituida mediante el golpe parlamentario en agosto de 2016, tras lo cual asumió la presidencia. Desde entonces, los brasileños reclaman elecciones para elegir democráticamente a su mandatario.
Al menos 49 personas resultaron heridas durante manifestaciones en Brasilia
Policías disparan contra los manifestantes en Brasilia. Foto tomada de folhapress.folha.com.br
Los manifestantes se hallaban en la Explanada de los Ministerios en el marco de las protestas contra el presidente de facto, Michel Temer, cuando los policías comenzaron a disparar contra ellos.
Medios locales refieren que los manifestantes rompieron ventanas y atacaron los edificios en la explanada. Temer ordenó este miércoles enviar a las Fuerzas Federales a las calles de Brasilia durante una semana.
“Queda autorizado el empleo de las Fuerzas Armadas para garantizar la ley y el orden en el Distrito Federal en el periodo del 24 al 31 de mayo de 2017”, decretó el presidente y reseñado por el Diario Oficial de la Unión.
Los manifestantes marcharon hacia el palacio presidencial para exigir la renuncia de Temer y exigir elecciones directas inmediata, pero la Policía los dispersó con bombas lacrimógenas.
Un manifestante herido en la cabeza durante la protesta de este 24 de mayo en Brasilia. Foto: Reuters.
Canciller Rodríguez repudia silencio de la OEA ante situación política en Brasil
La Organización de Estados Americanos (OEA) - Credito: Archivo
"Inmoralidad de @Almagro_OEA2015 y @OEA_oficial rompen récord al guardar silencio sobre represión en Brasil", expresó la diplomática venezolana en la red social Twitter.
Durante una reunión, realizada este miércoles en el Consejo Permanente de la OEA, una mayoría de países consideró que ese debate sobre Brasil era inapropiado, no obstante, definieron los próximos encuentros para debatir la situación de Venezuela.
Un grupo de manifestantes se enfrentaron este miércoles con las unidades antidisturbios que custodiaban la Esplanada de los Ministerios, sede del gobierno en Brasilia y quemó la entrada del despacho de Agricultura. También sufrieron daños las sedes de los ministerios de Hacienda, Minas y Energía y Turismo.
Estas organizaciones exigen, al igual que el pueblo brasileño, una investigación rigurosa de todas las denuncias de corrupción que enfrenta el presidente de facto y sus más allegados acompañantes en el gabinete, tras revelarse la semana pasada un audio de directivos del grupo cárnico JBS, quienes confesaron la participación de diferentes miembros del tren ministerial — incluido el Mandatario brasileño—, en hechos de corrupción, por los que la Corte Suprema decidió iniciar una investigación.
Ante esta situación, la canciller Rodríguez señaló que esta coalición de gobiernos "pretenden intervenir a Venezuela, reeditan velo imperial sobre Brasil., y niegan abordar crisis de este país en la OEA".
Asimismo, señaló que estos países fueron los mismos que el pasado 3 de abril apoyaron un nuevo documento injerencista en contra de Venezuela.
En ese momento, la resolución contra Venezuela fue aprobada sin derecho a votación durante una sesión que se desarrolló de manera ilegal, debido a que Bolivia, quién asumió en abril la presidencia del Consejo Permanente de la OEA, decidió suspender el encuentro agendado por la presidencia pro témpore anterior, a cargo de Belice.
"Mismos gobiernos que destruyeron institucionalidad (de la) OEA el 3 abril para agredir a Venezuela hoy dicen que no se puede abordar situación Brasil", advirtió la ministra.
Brasil no puede esperar: otra vez “Directas ya”
Solo la convocatoria de
elecciones puede enfrentarse a las fuerzas que apoyaron la conspiración
que aupó a Temer y que ahora intentan elegir indirectamente a otro
golpista para dirigir el Ejecutivo
por Zainer Pimentel
Manifestación en Río de Janeiro contra el impeachment a Dilma Rouseff
Fernando Frazão/Agência Brasil
Fernando Frazão/Agência Brasil
28 de Mayo de 2017
El 31 de agosto de 2016, el Senado brasileño concluyó el proceso de impeachment
contra la entonces presidenta electa de Brasil, Dilma Rousseff. Se
abrió así uno de los capítulos más dramáticos de la historia reciente
del país. El proceso ha dejado de rodillas a la que fue la mayor
democracia latinoamericana y al país abocado a una crisis de
consecuencias inciertas. La extrema violencia institucional aplicada a
Rousseff por el manejo de un asunto presupuestario banal ha abierto una
herida incurable en la joven democracia brasileña. El complot urdido por
los medios de comunicación, el poder judicial, la cúpula del Ministerio
Fiscal, el Parlamento y la Vicepresidencia de la República ha provocado
que la Constitución de 1988 esté en entredicho. Cuando se analizan en
profundidad los hechos salta a la vista una abrumadora realidad: ninguna
institución de la República ha quedado al margen de esos
acontecimientos.
Desde el primer día de 2015, inicio del segundo mandato de la expresidenta legítimamente elegida, la oposición y los poderes fácticos se pusieron de acuerdo para impedirla gobernar. En el seno de un sistema político transversalmente deshonesto, se usó como pretexto para bloquear su acción de gobierno precisamente la lucha contra la corrupción. Paradójicamente, un parlamento en el que la mayoría de sus miembros están envueltos en asuntos turbios es el que sometió a un juicio político rabioso y de dudosa validez legal a una presidenta honrada, sin causas penales en su contra, en un proceso que desembocó no solo en su destitución, sino también, y lo que es mucho más grave, en el desmantelamiento de todo el sistema democrático constituido tras la dictadura militar.
Las revelaciones del pasado 17 de mayo muestran cómo Aécio Neves, líder del principal partido que conforma el gobierno golpista (y su candidato, derrotado, en las últimas presidenciales) ha sido acusado de recibir sobornos. Y no solo eso, el propio presidente ilegitimo Temer, según audios presentados por la Fiscalía, habría intentado sobornar al expresidente de la Cámara, y socio suyo durante el golpe, el detenido Eduardo Cunha, para comprar su silencio, dificultando la acción de la justicia. Todo ello demuestra que se ha adueñado del poder una gran cuadrilla de criminales.
Brasil tiene ahora por delante un periodo desalentador. En efecto, que el poder judicial diera a entender que el objetivo del golpe era combatir la corrupción para refundar la República fue un engaño, ya que el gobierno nacido de la conspiración no solo es ilegítimo, sino mucho más corrupto que cualquier otro. Siete ministros del nuevo Ejecutivo nombrado el 12 de abril de 2016 tenían que responder ante los tribunales de acusaciones por delitos contra el patrimonio público, y el propio presidente, ya se sabía entonces, estaba bajo sospecha de haber recibido dinero para la financiación ilegal de su partido, al tiempo que su patrimonio no se correspondía con sus ingresos. Además, su exministro de Planificación Económica admitió que las operaciones judiciales y policiales contra la corrupción debían ser aprovechadas como una cortina de humo para derribar a la expresidenta, y que deberían cesar en cuanto ésta saliera. Esto no fue posible por motivos ajenos al poder judicial. Pese a la persecución de la magistratura, de la policía, de la Fiscalía y de los grupos mediáticos, el golpe todavía no ha podido destruir uno de los pilares que sustenta la esperanza de resistencia democrática: el expresidente Lula da Silva. La figura del expresidente aglutina a la mayoría de los movimientos populares que defienden la democracia. Ahora solo él puede impedir la continuidad del programa golpista, ya que en todas las encuestas aparece como el favorito para ganar las presidenciales del 2018.
Se abre un nuevo capítulo del golpe, que no será el último. Ha llegado la hora del golpe dentro del golpe. Las mismas fuerzas que apoyaron la conspiración que aupó a Temer ahora intentan elegir indirectamente a otro golpista para dirigir el Ejecutivo. Entre los nombres que se barajan están el conservador presidente de la Cámara, el oscuro presidente del Senado, un salvador de la patria sacado del judiciario, o un posible gobierno técnico. Sea quien sea, debe evitar el peligro de pasar por las urnas. Los mercados y los jerarcas de la comunicación, liderados por el grupo Globo, solo exigen una cosa: que el equipo económico liderado por Henrique Meirelles, el hombre de los banqueros, permanezca en el gobierno.
Más de 30 años después de los movimientos por las elecciones directas que marcaron el final de la dictadura, el pueblo brasileño se ve obligado a reivindicar de nuevo una conquista que parecía ser parte del patrimonio de su cultura política. Las últimas manifestaciones de protesta contra el gobierno ilegítimo han confirmado que los sectores más sanos de la sociedad brasileña solo conciben una salida para derrotar al golpe: elecciones directas ya. El tiempo juega a favor de la manutención del estado de excepción: a menos de un año y medio para acabar la legislatura, no parece quedar tiempo suficiente para convocar nuevas elecciones. Aun así, el movimiento gana cada día más fuerza y empieza a poner al gobierno antidemocrático contra las cuerdas. Tan bochornosa es la situación que los conservadores están acudiendo a la censura y al uso de la fuerza para amedrentar a los manifestantes que salen a las calles. Nadie esperaba que el movimiento en contra el golpe pudiera incorporar una reivindicación que ha cambiado la historia reciente del país, porque hasta hace poco tiempo parecía inconcebible volver a luchar por la democracia en Brasil.
Si bien es indudable que el movimiento golpista ha abierto grietas en los frágiles cimientos de la Constitución brasileña, no es menos cierto que se ha generado una onda antigolpe que difícilmente podrá ser detenida por la actual represión del Gobierno.
Brasil no puede esperar un año y medio para retomar la senda democrática. Octubre de 2018, para cuando están previstas las próximas elecciones presidenciales, podría ser demasiado tarde para reconstruir el Estado demolido por una élite corrupta que está en camino de transformarlo en otro Estado fallido. Hace falta que se apruebe de inmediato una enmienda a la Constitución que permita convocar nuevas elecciones. Actualmente, ésta prevé elecciones en 90 días solo en caso de vacancia de los cargos del presidente y vicepresidente en los dos primeros años del mandato de cuatro años; en caso de que la vacancia sea en los dos últimos años, el actual, el nuevo presidente debe ser elegido indirectamente por el Congreso en 30 días. Este país, con más de 200 millones de habitantes y octava economía mundial, solo saldrá de la crisis en la que le han hundido los conspiradores si se pone su destino en manos del pueblo soberano. Y, con toda seguridad, a la elección de un nuevo presidente deberá seguir la refundación del país. Hace falta un nuevo arreglo democrático por el cual todas las fuerzas que participaron en el desdichado golpe contra el país sean, como mínimo, apartadas de sus funciones en el seno del Estado democrático y de Derecho.
Desde el primer día de 2015, inicio del segundo mandato de la expresidenta legítimamente elegida, la oposición y los poderes fácticos se pusieron de acuerdo para impedirla gobernar. En el seno de un sistema político transversalmente deshonesto, se usó como pretexto para bloquear su acción de gobierno precisamente la lucha contra la corrupción. Paradójicamente, un parlamento en el que la mayoría de sus miembros están envueltos en asuntos turbios es el que sometió a un juicio político rabioso y de dudosa validez legal a una presidenta honrada, sin causas penales en su contra, en un proceso que desembocó no solo en su destitución, sino también, y lo que es mucho más grave, en el desmantelamiento de todo el sistema democrático constituido tras la dictadura militar.
Desde el primer día de 2015, inicio del segundo mandato de la expresidenta legítimamente elegida, la oposición y los poderes fácticos se pusieron de acuerdo para impedirla gobernarEl proceso parlamentario en contra de la expresidenta Rousseff estuvo fundamentado en un tecnicismo fiscal que tiene relación con la ley presupuestaria. Se acusó al Gobierno de haber usado irregularmente ciertos mecanismos presupuestarios para equilibrar las cuentas de la Unión. Sin embargo, en ninguno de los casos se podrían derivar consecuencias jurídicas de un acto que no va más allá de un pequeño manejo heterodoxo de las cuentas; los hechos no podrían dar margen a una interpretación tan violenta como una petición de impeachment a la presidenta. El golpe blanco ha permitido comprobar lo poco que ha cambiado la élite brasileña en los últimos cincuenta años. Al igual que en 1964, cuando un golpe militar instauró una dictadura que duró veinte años, esta élite ha dejado claro que solo considera la democracia representativa cuando juega a su favor, sin importarle subvertirla en caso contrario. Lo cierto es que, tras cuatro derrotas seguidas contra Luis Ignacio Lula da Silva y Dilma Rousseff, con previsiones de una quinta en 2018, buena parte de los poderes fácticos de Brasil se han unido a los partidos de la oposición para decir basta ya, y no se lo han pensado dos veces a la hora de interrumpir el periodo más largo de respeto a las decisiones del pueblo soberano en su país mediante un golpe de Estado parlamentario que, pese a la apariencia de legalidad constitucional de que se le ha querido revestir, hacía un uso torticero del proceso de impeachment previsto en la normativa brasileña.
Las revelaciones del pasado 17 de mayo muestran cómo Aécio Neves, líder del principal partido que conforma el gobierno golpista (y su candidato, derrotado, en las últimas presidenciales) ha sido acusado de recibir sobornos. Y no solo eso, el propio presidente ilegitimo Temer, según audios presentados por la Fiscalía, habría intentado sobornar al expresidente de la Cámara, y socio suyo durante el golpe, el detenido Eduardo Cunha, para comprar su silencio, dificultando la acción de la justicia. Todo ello demuestra que se ha adueñado del poder una gran cuadrilla de criminales.
Las revelaciones del pasado 17 de mayo muestran cómo Aécio Neves, líder del principal partido que conforma el gobierno golpista ha sido acusado de recibir sobornosEn menos de un año, el gobierno nacido de la conspiración ha procurado destruir los avances conquistados por las clases populares en los últimos 13 años de gobierno de centro izquierda. Se está llevando a cabo el desmantelamiento de todos los programas sociales que los gobiernos populares han llevado a cabo los últimos años: como el Beca familia, Mi casa mi vida, ProUni, Pronatec, etc; se está retrocediendo en las áreas de las políticas públicas, de la diplomacia,, de las políticas sociales y del incentivo a la industria local, así como en todas las materias de igualdad social que los gobiernos del PT habían desarrollado de modo bastante eficaz.
Brasil tiene ahora por delante un periodo desalentador. En efecto, que el poder judicial diera a entender que el objetivo del golpe era combatir la corrupción para refundar la República fue un engaño, ya que el gobierno nacido de la conspiración no solo es ilegítimo, sino mucho más corrupto que cualquier otro. Siete ministros del nuevo Ejecutivo nombrado el 12 de abril de 2016 tenían que responder ante los tribunales de acusaciones por delitos contra el patrimonio público, y el propio presidente, ya se sabía entonces, estaba bajo sospecha de haber recibido dinero para la financiación ilegal de su partido, al tiempo que su patrimonio no se correspondía con sus ingresos. Además, su exministro de Planificación Económica admitió que las operaciones judiciales y policiales contra la corrupción debían ser aprovechadas como una cortina de humo para derribar a la expresidenta, y que deberían cesar en cuanto ésta saliera. Esto no fue posible por motivos ajenos al poder judicial. Pese a la persecución de la magistratura, de la policía, de la Fiscalía y de los grupos mediáticos, el golpe todavía no ha podido destruir uno de los pilares que sustenta la esperanza de resistencia democrática: el expresidente Lula da Silva. La figura del expresidente aglutina a la mayoría de los movimientos populares que defienden la democracia. Ahora solo él puede impedir la continuidad del programa golpista, ya que en todas las encuestas aparece como el favorito para ganar las presidenciales del 2018.
Solo el expresidente Lula da Silva puede impedir la continuidad del programa golpista, ya que en todas las encuestas aparece como el favorito para ganar las presidenciales del 2018Si el objetivo del impeachment era reemplazar un gobierno de perfil socialdemócrata por uno liberal-conservador que hiciera las reformas más impopulares que el capital financiero reservaba a Brasil, la imposibilidad de completar dichas reformas obliga ahora a eliminar al nuevo gobierno. En efecto, en las filas complotistas nadie se esperaba que su gobierno, pese a su política de tierra arrasada contra las políticas públicas llevadas a cabo por Lula da Silva y Rousseff, necesitara aún más tiempo para aprobar sus reformas impopulares. Y menos todavía que los diferentes frentes judiciales que Temer tenía abiertos tardaran menos de un año en hacer inviable su continuidad al frente del Ejecutivo. Y ahora sus mayores fiadores, los grandes grupos mediáticos y el mercado financiero dan por amortizado a Temer, que ha dejado de servir a sus intereses. Están a la búsqueda de una cara nueva para terminar el trabajo sucio empezado hace apenas un año.
Se abre un nuevo capítulo del golpe, que no será el último. Ha llegado la hora del golpe dentro del golpe. Las mismas fuerzas que apoyaron la conspiración que aupó a Temer ahora intentan elegir indirectamente a otro golpista para dirigir el Ejecutivo. Entre los nombres que se barajan están el conservador presidente de la Cámara, el oscuro presidente del Senado, un salvador de la patria sacado del judiciario, o un posible gobierno técnico. Sea quien sea, debe evitar el peligro de pasar por las urnas. Los mercados y los jerarcas de la comunicación, liderados por el grupo Globo, solo exigen una cosa: que el equipo económico liderado por Henrique Meirelles, el hombre de los banqueros, permanezca en el gobierno.
Más de 30 años después de los movimientos por las elecciones directas que marcaron el final de la dictadura, el pueblo brasileño se ve obligado a reivindicar de nuevo una conquista que parecía ser parte del patrimonio de su cultura política. Las últimas manifestaciones de protesta contra el gobierno ilegítimo han confirmado que los sectores más sanos de la sociedad brasileña solo conciben una salida para derrotar al golpe: elecciones directas ya. El tiempo juega a favor de la manutención del estado de excepción: a menos de un año y medio para acabar la legislatura, no parece quedar tiempo suficiente para convocar nuevas elecciones. Aun así, el movimiento gana cada día más fuerza y empieza a poner al gobierno antidemocrático contra las cuerdas. Tan bochornosa es la situación que los conservadores están acudiendo a la censura y al uso de la fuerza para amedrentar a los manifestantes que salen a las calles. Nadie esperaba que el movimiento en contra el golpe pudiera incorporar una reivindicación que ha cambiado la historia reciente del país, porque hasta hace poco tiempo parecía inconcebible volver a luchar por la democracia en Brasil.
Si bien es indudable que el movimiento golpista ha abierto grietas en los frágiles cimientos de la Constitución brasileña, no es menos cierto que se ha generado una onda antigolpe que difícilmente podrá ser detenida por la actual represión del Gobierno.
Brasil no puede esperar un año y medio para retomar la senda democrática. Octubre de 2018, para cuando están previstas las próximas elecciones presidenciales, podría ser demasiado tarde para reconstruir el Estado demolido por una élite corrupta que está en camino de transformarlo en otro Estado fallido. Hace falta que se apruebe de inmediato una enmienda a la Constitución que permita convocar nuevas elecciones. Actualmente, ésta prevé elecciones en 90 días solo en caso de vacancia de los cargos del presidente y vicepresidente en los dos primeros años del mandato de cuatro años; en caso de que la vacancia sea en los dos últimos años, el actual, el nuevo presidente debe ser elegido indirectamente por el Congreso en 30 días. Este país, con más de 200 millones de habitantes y octava economía mundial, solo saldrá de la crisis en la que le han hundido los conspiradores si se pone su destino en manos del pueblo soberano. Y, con toda seguridad, a la elección de un nuevo presidente deberá seguir la refundación del país. Hace falta un nuevo arreglo democrático por el cual todas las fuerzas que participaron en el desdichado golpe contra el país sean, como mínimo, apartadas de sus funciones en el seno del Estado democrático y de Derecho.
