Se suman más a huelga de hambre de los indignados
Wednesday, 24 June 2015 15:57- Defensores en Línea
La cifra de indignados en huelga de hambre para conseguir la instalación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), aumentó este miércoles, cuando varios jóvenes en Tegucigalpa y San Pedro Sula iniciaran un ayudo solidario. El pasado lunes dos coordinadores de la marcha de las antorchas, Ariel Varela y Miguel Briceño, iniciaron una huelga de hambre en las cercanías de la Casa Presidencial, como medida de presión para que el Gobierno solicite la instalación en el país de la CICIH.
Desde hace un mes se realiza en el país las marchas de las antorchas, en memoria a las víctimas fallecidas por el saqueo del Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS) y para exigir un alto a la corrupción, a la impunidad y la instalación de la CICIH.
De Santa Bárbara y San Pedro Sula llegaron hasta la Capital, German Ayala y Gerson Suazo respectivamente, a sumarse al ayuno indefinido que sostienen desde el lunes Ariel Varela y Miguel Briceño en las cercanías de la Casa Presidencial.
A esta iniciativa, también se sumaron este miércoles varios miembros del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) en San Pedro Sula, quienes se declararon en ayuno.
16 jóvenes, entre ellos José Luis Cruz, diputado por el partido Libertad y Refundación por el departamento de Cortés, iniciaron un ayuno a inmediaciones de las instalaciones del Ministerio Público de San Pedro Sula, como una muestra de apoyo a los dos Indignados que están en huelga de hambre en Tegucigalpa.
En un comunicado el MADJ exige al presidente Hernández “solicite a las Naciones Unidas y garantice la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), que venga a contribuir a los esfuerzos en la lucha contra la corrupción y a la reorganización de la institucionalidad”.
Además, el día que Varela y Briceño iniciaron el ayuno indefinido, también se unieron a esta huelga de hambre Ariel Calero y Erlin Mejía, este último tuvo que abandonar el día siguiente el ayuno, por recomendaciones de los médicos que están pendiente de la salud de los huelguistas.
El martes en horas de la noche, mediante una cadena de radio y televisión, el presidente Juan Orlando Hernández propuso la creación de un Sistema Integral Hondureño de Combate a la Impunidad y la Corrupción (SIHCIC).
Los indignados en huelga de hambre rechazaron esta propuesta y señalaron que la condición para sentarse a dialogar con Juan Orlando Hernández es la instalación en Honduras de la (CICIH).
Miguel Briceño posteó un mensaje en su muro de Facebook, en el que dice estar “agradecidos con Dios y con todo el pueblo que está pendiente de nosotros, un fuerte abrazo y a seguir en la lucha, no hay dialogo. Si a la CICIH”.
Por su parte Ariel Varela indicó en su Facebook “que pena me da, que quien tiene la banda presidencial, le tema tanto a una investigación transparente e imparcial”.
Honduras. Tierras bañadas en sangre
Por Sasha ChavkinKaos en la Red - Publicado en: 24 junio, 2015
Glenda Chávez camina entre los naranjos de la huerta de su familia, acercándose a una cerca de alambre baja que separa su propiedad de la finca de la Corporación Dinant, en Paso Aguán. Al otro lado de la valla, filas de espinosas palmeras (palma aceitera) se esparcen por el paisaje verde del norte de Honduras. […]
Glenda Chávez camina entre los naranjos
de la huerta de su familia, acercándose a una cerca de alambre baja que
separa su propiedad de la finca de la Corporación Dinant, en Paso Aguán.
Al otro lado de la valla, filas de espinosas palmeras (palma aceitera)
se esparcen por el paisaje verde del norte de Honduras. “Aquí,” dice
ella con una voz suave, decidida, apuntando a un lugar en su lado de la
valla, donde un equipo de búsqueda encontró los últimos trazos de vida
de su padre.
Gregorio Chávez, pastor y finquero,
desapareció en julio de 2012. Horas después, hombres de su comunidad
campesina encontraron el aporcador que él había llevado para cuidar de
sus hortalizas. También encontraron en la tierra marcas de alguien
arrastrado en dirección a la propiedad de Dinant, dice Glenda.
Cuatro días después de la desaparición
de Gregorio Chávez, el equipo de búsqueda encontró el cuerpo del pastor
en la finca Paso Aguán, enterrado bajo una pila de hojas de Palma. Él
fue asesinado a golpes en la cabeza y su cuerpo mostraba señales de que
podría haber sido torturado, según un promotor especial del gobierno
responsable de investigar el caso. Glenda y los otros residentes locales
inmediatamente sospecharon que él había sido asesinado por hablar en
sus predicaciones contra la Dinant, empresa opuesta a la comunidad en
una batalla sobre la posesión de una tierra que la empresa había
incorporado, hace mucho tiempo, en su vasta operación [para ampliar el
área] de aceite de palma africana (dendê). “Estas fincas están bañadas
en sangre”, dice Glenda Chávez. “No fue sólo mi padre. Más de 100
agricultores que han muerto en defensa de su la tierra”.
Según el procurador especial Javier
Guzmán, guardias de seguridad contratados por la Dinant son “los
principales sospechosos” en el asesinato de Gregorio Chávez, pero nadie
ha sido acusado judicialmente en este caso. La compañía niega tener
implicación en la muerte del pastor asesinado.
Según Guzmán, quien fue asignado por el
gobierno para investigar la ola de violencia que ha afectado el Valle
del Bajo Aguán, en Honduras, en los últimos años, el asesinato del
pastor es uno de los 133 que están vinculados a los conflictos de
tierras en la región. Las circunstancias de esas muertes permanecen en
disputa en una lucha que ha puesto la Dinant y otras grandes
corporaciones propietarias de tierras contra los campesinos, siendo que
ambos lados están implicados en episodios de violencia con horribles
consecuencias.
El conflicto ha atraído la atención
internacional. Una de las razones es que Dinant, uno de los
protagonistas claves de la historia, ha sido financiada por una agencia
del Banco Mundial. La Dinant fue apoyada por la Corporación Financiera
Internacional (IFC, sigla en inglés), un brazo del Banco Mundial que
hace préstamos a las empresas privadas. La IFC financió a Dinant, uno de
los principales productores de aceite de dendê y alimentos de América
Central, en medio de los recientes conflictos de tierra. La Dinant
recibió US$ 15 millones en 2009 y, en 2011, US$ 70 millones fueron
enviados a un banco hondureño que es uno de los mayores financiadores de
la empresa.
Al financiar a esta empresa, la IFC, se
ha alineado con uno de los actores principales en un conflicto civil
mortal, apostando su dinero y reputación junto a una corporación
poderosa con una historia cuestionable. La IFC ha ignorado pruebas que
podrían obtenerse fácilmente y que deberían haberla prevenido de hacer
negocios con la Dinant, conforme la oidoría interna descubrió más tarde.
Mark Constantine, representante oficial
de la IFC, responsable para gestionar riesgos sociales y ambientales,
dice que la institución aprobó el préstamo a la Dinant antes de los
episodios de violencia en el Bajo Aguán salieran de control. Según él,
la IFC está cambiando sus políticas para hacer una mejor previsión de
los riesgos a las comunidades locales. “Nosotros tomamos una fotografía
en aquel momento y actuamos en base a eso”, explica Constantine.
¿”Deberíamos haber reconocido algunas de estas cuestiones históricas
antes? Sin repuesta”.
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| Niño carga pollos vivos en la comunidad Panamá, que bordea la finca Paso Aguán, de la Dinant. Foto: ICIJ |
Con el creciente impulso a inversiones
privadas en los países en desarrollo, la IFC se ha expandido
rápidamente. Los préstamos anuales alcanzaron a US$ 17,300 millones en
2014, un aumento de 36% en comparación con 2010. A pesar del crecimiento
– y reclamos en Honduras y en otros lugares por haber destinado dinero a
compañías involucradas en el acaparamiento de tierras y violación de
los derechos humanos -, la IFC permanece menos conocida que el Banco
Mundial, su institución- hermana que hace préstamos a los gobiernos.
Grupos defensores de los derechos
humanos y ex empleados del Banco dicen que la IFC asume riesgos mayores y
es menos responsable que el Banco Mundial. Paul Cadario, ex gestor
jubilado que trabajó durante 37 años en el Banco Mundial, dice que el
Banco tiene “un ejército de científicos sociales”, que son sensibles a
las reglas del Banco para proteger a las comunidades locales y al medio
ambiente. Por otro lado, agrega que la IFC tiende a confiar en las
garantías “de que nada va a salir mal”, dadas por sus clientes del
sector privado.
Reclamos sobre los clientes de la IFC a
menudo implican a poblaciones vulnerables que afirman estar siendo
ignoradas y marginadas para abrir espacios a grandes proyectos. Desde
2004, la IFC ha aprobado más de 180 proyectos que pueden involucrar
desplazamientos físicos o económicos, según un análisis de documentos de
la propia institución realizado por el International Consortium of
Investigative Journalists (ICIJ). En estos casos, las familias
desplazadas pueden perder sus casas u otros bienes o sufrir daños en sus
medios de subsistencia.
En el caso de la Dinant, la oidoría
interna de la IFC concluyó que la falta de atención de la institución a
los peligros de hacer negocios con la empresa ha generado serios
problemas en la gestión de proyectos que resultan riesgosos. La cultura
de la IFC es tan enfocada en los resultados finales que es posible
encontrar el siguiente texto en un informe de diciembre de 2013: “es
permitido alentar al equipo a ignorar, dejar de articular o incluso
encubrir potenciales riesgos medioambientales, sociales y relacionados a
conflictos”.
Muchas inversiones controvertidas de la
IFC implican préstamos a intermediarios, como bancos, fondos de
cobertura y empresas de capital privado. Manejando la financiación a
través de estos intermediarios – en vez de prestar directamente a los
clientes del sector privado – la IFC facilita que sus reglas sean
ignoradas por los beneficiarios finales.
Desde 2014, 42% de las inversiones de la
IFC pasaron a ser hechas a través de intermediarios financieros, según
la oidoría de la institución. En una auditoría de inversión de la IFC en
el Banco Ficohsa, el banco hondureño que fue uno de los principales
financiadores de la Dinant, la oidoría describe las inversiones con
intermediarios como una “exposición no analizada y no cuantificada de
proyectos con impactos ambientales significativos”.
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| Niño cosecha palmas aceiteras, en La Confianza. Foto: ICIJ |
Según la oidoría, esas exposiciones son
“realmente secretas”, dejándolos “privados de los sistemas diseñados
para asegurar que la IFC y sus clientes sean responsabilizados”. Según
análisis del grupo antipobreza Oxfam, desde 2012 solamente 6% de los
destinatarios finales del dinero de los préstamos a intermediarios
financieros que fueron clasificados como de alto riesgo por la IFC
fueron revelados.
Desde 2011, seis comunidades en Asia,
África y América Latina han denunciado a la oidoría proyectos apoyados
por instituciones financieras pagadas por la IFC. Entre los afectados
por estos proyectos están los residentes de Uganda que afirman que sus
casas fueron incendiadas para dar paso a cultivos de pinos y eucaliptos,
además de los finqueros en Camboya que tuvieron sus campos de arroz
convertidos en plantaciones de caucho.
El caso Dinant se destaca porque se
trata de una batalla de décadas sobre una tierra que ha pasado de mano
en mano entre hacendados y agricultores – y también en razón de cantidad
de cuerpos asociado con el conflicto.
La IFC dice haber tomado medidas para
contrarrestar la violencia en el Bajo Aguán: la contratación de un
mediador para manejar las negociaciones entre la Dinant, los
agricultores de la región y las autoridades hondureñas y convencer la
Dinant a renovar sus protocolos de seguridad, desarmar a los guardias
encargados de las haciendas. La segunda parcela del préstamo de la IFC a
la Dinant – US$ 15 millones – fue retenida debido a los problemas con
la empresa.
La IFC reconoce que los préstamos en
regiones conflictivas presentan riesgos, pero dice que su trabajo en
estas áreas es esencial para su misión. Según funcionarios de la IFC,
estas inversiones generan empleos y prosperidad, lo que puede ayudar a
romper el ciclo de violencia.
En 2014, la IFC invirtió US$ 640
millones en “situaciones de fragilidad y afectadas por conflictos”. La
institución se comprometió a aumentar en 50% las inversiones en estas
regiones entre 2012 y 2016. “Eso no es para los débiles de corazón”,
dice Constantine, gestor de riesgos de la IFC. “¿Si no fuéramos
nosotros, quién lo haría?”
Señales de problema
La disputa de tierras en Bajo Aguán
comenzó en la década de 70, cuando la ley nacional de la reforma agraria
distribuyó la mayor parte del rico terreno del valle a organizaciones
lideradas por campesinos. Fue una victoria para los agricultores más
pobres y atrajo oleadas de migrantes a la fértil región del Aguán. La
suerte de los campesinos cambió en la década de 90, cuando el gobierno
de Honduras, aconsejado por el Banco Mundial, cambió radicalmente las
reglas de propiedad de la tierra.
En marzo de 1992, Honduras aprobó una
ley que por primera vez, permitió que las tierras pertenecientes a los
agricultores fueran apropiadas y vendidas. El Banco Mundial apoyó el
cambio, que hizo parte de una serie de reformas promovidas como parte de
los esfuerzos para conducir a Honduras [más fuertemente] a una economía
de mercado.
Después que la nueva Ley entró en vigor,
zonas de propiedad colectiva pronto fueron pasadas a la Dinant y otras
grandes corporaciones. Gran parte de la tierra se ha convertido en
fincas de palma africana para la producción industrial de aceite de
palma, utilizado para la fabricación de champús, helado, margarina y
muchos otros cosméticos y alimentos. Los ambientalistas sostienen que el
rápido crecimiento de la producción de aceite de palma llevó a la
deforestación y expulsó a poblaciones vulnerables de sus tierras
nativas.
Entre 1990 y 1994, un área de
aproximadamente 21 mil hectáreas-74% de la tierra de los campesinos del
Bajo Aguán – fue vendida, según un informe realizado en 2010 por una
coalición de organizaciones de agricultores.
Constantine, de la IFC, afirma que las
ventas manifestaron el fracaso del modelo colectivo creado con la
reforma agraria. “Aquel experimento social no fue muy exitoso”, dice.
“Los grandes propietarios de tierras han infringido las leyes y
compraron las tierras de vendedores dispuestos a negociar”.
Los agricultores y sus abogados cuentan
una historia diferente. Una vez que se podían vender las tierras
colectivas, los campesinos pasaron a ser presionados por los hacendados
para que dejaran a un lado sus derechos. Estos agricultores afirman que
algunos de sus líderes, después de que se negaron a vender las tierras,
fueron amenazados por matones y tuvieron sus casas atacadas por
disparos.
Fraudes también fueron una práctica
frecuente. Según los agricultores, facciones dentro de los propios
colectivos firmaron ventas de tierra a cambio de pagos a individuales [a
personas que no representaban a todo el colectivo].
En respuesta, los campesinos formaron
organizaciones populares para cuestionar las ventas de tierras en los
tribunales y ante el ejecutivo. Ellos exigieron que el gobierno
devolviera las tierras que antes pertenecían a los colectivos.
En agosto de 2008, 12 personas murieron
en un enfrentamiento entre terratenientes y agricultores que disputaban
una tierra previamente utilizada como un centro de entrenamiento
militar. En el mismo mes, un equipo de IFC visitó a Dinant para evaluar
un posible préstamo.
Poco después, en diciembre de 2008, la
directiva de la IFC aprobó un préstamo de US$ 30 millones a la Dinant.
El crédito ha sido calificado como “Categoría B”, indicando que había
baja posibilidad de que la inversión generara graves problemas sociales y
ambientales.
Posteriormente, la oidoría de la IFC
descubrió que las pesquisas hechas por el equipo de evaluación del
Dinant eran fallas– la más grande propietaria de tierras en Bajo Aguán- y
su propietario, Miguel Facussé, considerado por la revista Forbes uno
de los multi millonarios más poderosos de Centroamérica.
Según informes de la oidoría, si el
equipo hubiera hecho una simple búsqueda en internet, habría encontrado
noticias que demuestran que Facussé fue acusado de estar implicado en el
asesinato de un activista ambiental, recibió una orden de arresto por
supuestos delitos ambientales y estuvo involucrado en una serie de
disputas por la tierra.
La orden de detención de Facussé,
acusado de permitir que una de sus unidades industriales derramaran
toxinas en el agua potable [usada por la población] desde hacía dos
décadas, fue revocada después de que la jueza que había expedido la
orden, dejó el cargo. En 2003, un tribunal rechazó las acusaciones de
que Facussé habría colaborado en el asesinato del ambientalista Carlos
Escaleras. Facussé y la Dinant negaron cualquiera irregularidad en estos
procesos judiciales.
La IFC y Dinant firmaron el acuerdo de
préstamo en abril de 2009, cuando los agricultores todavía esperaban que
las disputas de tierra en la región pudrieran resolverse pacíficamente.
Manuel Zelaya, Presidente de Honduras en ese el tiempo, se ofreció a
negociar con los movimientos de agricultores y hacendados en el Bajo
Aguán un acuerdo político para devolver parte de la tierra en disputa a
los campesinos. Luego, el giro político en el país terminó aumentando la
violencia.
Un aviso del púlpito
En el verano de 2009, Glenda Chávez
tenía una hija de 7 años de edad y estaba embarazada de su segundo hijo.
Ella pasaba la mayor parte del tiempo trabajando en su máquina de coser
para ganar dinero. A finales de junio, soldados invadieron la
residencia presidencial, sacaron Zelaya del poder y lo pusieron en un
avión rumbo a Costa Rica. Glenda recuerda que su padre describió el
golpe como “bárbaro”. Pero ella no se involucró en la creciente lucha
que dividía el país. “Yo no me interesaba mucho en la política”,
recuerda. El gobierno respaldado por militares que tomó el poder, dejó
claro que no continuaría con la reforma agraria prometida por Zelaya.
Indignado por el golpe de estado y sin
opciones políticas, el movimiento de los agricultores adoptó una nueva
táctica – ocupar en masa las tierras en disputa. Los agricultores llaman
esas acciones de “recuperaciones”. La Dinant la describe como
“invasiones”. Muchas de las muertes en el Bajo Aguán ocurrieron durante
estas ocupaciones.
La Dinant siempre contó con el ejército
hondureño para expulsar a los agricultores pobres de las áreas
disputadas. La empresa y el ejército sostienen que los ocupantes están
armados y son violentos. “Los agricultores no entraron de forma
pacífica”, argumenta el coronel René Jovel, comandante de la Operación
Xatruch, una operación militar con órdenes de pacificar la región del
Bajo Aguán. “Ellos entran con hachas, escopetas, pistolas, fusiles
AK-47″.
Guzmán, el promotor especial, dice que
en algunos casos los agricultores se mataran unos a los otros,
contratando pistoleros para resolver luchas dentro del movimiento por el
control de las lucrativas fincas que producen aceite de palma.
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| El promotor especial Javier Guzmán. Foto: ICIJ |
Los grupos campesinos sostienen que las
afirmaciones son forjadas por la empresa y por el gobierno para
justificar los abusos cometidos por soldados y guardias de seguridad de
la Dinant. Un informe realizado en 2013 por el Permanent Human Rights
Observer for Aguán, grupo de derechos humanos, vinculado a los
movimientos agricultores, revela que de las más de 100 muertes violentas
asociadas al conflicto de tierras, 89 eran de campesinos y 19
corresponden a guardias de seguridad, policías, militares o propietarios
de tierras. Vitalino Alvares, portavoz del movimiento de los
agricultores, dice que las ocupaciones no son violentas. Pregunta “¿por
qué los lesionados son siempre los agricultores?”, pregunta.
En noviembre de 2010, cinco agricultores
murieron durante un intento de ocupar la hacienda El Tumbador, de la
Dinant. Aunque haya pocas dudas de que los guardias de la compañía hayan
disparado los tiros fatales, la Dinant sostiene que ellos actuaron en
defensa propia durante un ataque armado de más de 160 agricultores.
Francisco Ramírez, quien sobrevivió a la
ocupación de El Tumbador, tiene una gran cicatriz atravesando su
rostro, producto de una bala que entró por una mejilla y salió por la
otra. Explica que estaba desarmado y caminando hacia la puerta principal
de la finca con otro agricultor cuando guardias de seguridad de la
Dinant, que estaban escondidos detrás de una colina, los sorprendieron
con una lluvia de disparos. “Acá es donde ocurrió la emboscada”, dice
Ramírez, señalando a una pequeña colina cubierto de árboles y vegetación
densa, al lado de la carretera en El Tumbador. “Acá fue donde yo sentí
el impacto de la bala en mi rostro”.
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| Francisco Ramírez, un pequeño finquero, muestra la ruta de escape por donde corrió después de recibir un disparo en el rostro, durante un intento de ocupar la hacienda El Tumbador, de la Dinant. Foto: ICIJ |
Roger Pineda, director de relaciones
corporativas de la Dinant, dice que no hubo emboscada. Perturbado por
las muertes en El Tumbador, el Presidente de la IFC pidió para la Dinant
que se contuviera y solicitó al gobierno de Honduras encontrar una
solución pacífica para el conflicto de tierras. Pero la violencia
continuó, llegando cada vez más cerca de Paso Aguán y de la familia
Chávez.
En mayo de 2011, un agricultor activista
llamado Francisco Pascual Lopes desapareció cerca de la finca de Paso
Aguán. Miembros de la comunidad encontraron rastros de sangre que
conducían a la finca, según testifica Human Rights Watch.
En aquel mismo mes, el directorio de la
IFC aprobó un préstamo de US$ 70 millones al Banco Ficohsa – una de las
mayores instituciones financieras de Honduras, con el objetivo de
“otorgar préstamos a las pequeñas y medianas empresas del país.” El
conglomerado Dinant se encuentra entre los mayores clientes del Ficohsa,
habiendo asegurado aproximadamente US$ 17 millones en préstamos de ese
banco, en 2008.
Incluso una vez que segunda mitad del
préstamo directo a la Dinant fuera retenida por la IFC, la institución
no se negó a financiar la empresa a través de un intermediario. Dado que
los préstamos del Ficohsa para la Dinant crecieron hasta 2010, el
equipo de la IFC dispensó los límites de la institución referidos al
monto que el banco podría prestar a un cliente, haciendo constar que la
Dinant era una empresa “líder regional” y su dueño, Miguel Facussé, “un
empresario respetable”;
Tres meses después del préstamo a
Ficohsa haber sido aprobado, la Dinant informó haber sufrido un ataque
mortal de campesinos durante un intento de recuperar la finca de Paso
Aguán. Según Pineda, cuatro guardias y un funcionario de la Dinant
fueron muertos y al menos uno de los guardias parecía haber sido
ejecutado. El funcionario de Dinant fue torturado y sus orejas fueron
cortadas, dice Pineda.
Glenda Chávez recuerda que, con la
difusión de los conflictos, su padre comenzó a hablar en contra de la
Dinant en sus predicaciones. Gregorio Chávez nunca fue afiliado a los
movimientos campesinos, pero se quedó frustrado con la compañía a la
medida que sus guardias se convertían en presencias intimidantes,
imponiendo un toque de queda a las 18 horas. Él plantó palma aceitera en
la propiedad de la familia, pero cuando salió a vender sus frutas,
explica la hija, fue amenazado por guardias de la Dinant y por policías
que asumieron que sus productos eran robados. “Él era un hombre que
jamás se quedaba en silencio”, dice Glenda. “A él nunca le gustó la
injusticia y no le gustaba que Miguel Facussé viniera a nuestra
comunidad”.
La violencia que golpeó a otras partes
del norte de Honduras aún no había llegado a la pequeña comunidad de
alrededor de 450 familias llamada Panamá. Glenda recuerda que, en los
últimos meses, desde el púlpito, su padre comunicó signos que
prenunciaron su muerte violenta. “Él predicó: ‘Cuando ellos derramaren
la sangre de uno de nosotros, la comunidad se va levantar”, recuerda
Glenda.
Revueltas en Panamá
Glenda recuerda que, en la noche del 2
de julio de 2012, su madre vino a decirle que su padre no había vuelto a
casa. “Fue cuando sentí en mi corazón que algo había pasado”, dice. La
familia Chávez y sus vecinos comenzaron una búsqueda desesperada. Glenda
llamó parientes y miembros de la iglesia alertaron la policía y los
bomberos. Después que la policía encontró el hacha de Gregorio, la
comunidad exigió el acceso a la finca de Paso Aguán.
Varios días pasaron antes de que el
equipo de búsqueda consiguiera entrar en la propiedad. Grupo de
policiales y campesinos comenzaron a recorrer las 1.200 hectáreas en
busca de señales del pastor desaparecido. Al principio, regresaron con
las manos vacías. Después, recuerda Glenda, los agricultores exigieron
acceso a una sección inexplorada de la propiedad, conocida como Lote 8.
Los guardias de la Dinant dijeron que la
zona era restricta e intentaron negar la entrada, cuenta Glenda.
Después de negociaciones con la policía, los guardias aceptaron abrir el
lote 8 y agricultores y policiales comenzaron las búsquedas. El 6 de
julio, el cuerpo de Gregorio fue encontrado.
Pineda, portavoz de la Dinant, dice que
la compañía ya no era la responsable por el Lote 8, cuando el cuerpo del
pastor fue encontrado. En los días siguientes a la desaparición de
Gregorio, dice Pineda, los agricultores que buscaban el cuerpo tomaron
el Lote 8 y otras partes de la propiedad, robando tractores, frutos de
la palma, quemando un almacén. Pineda dije que estos guerrilleros
violentos podrían haber traído el cuerpo desde cualquier lugar.
Pineda dijo que la Dinant y sus guardias
no tenían motivos para matar a Gregorio Chávez. “Nosotros nunca tuvimos
ningún problema con Gregorio Chávez, siempre fuimos vecinos”, dice.
“¿Qué podríamos ganar con eso?”
Guzmán, el promotor especial, dice que
las sospechas de los agricultores son que los guardias de la Dinant
mataron a Gregorio Chávez, representa la explicación “más confiable”
sobre su muerte. Pero él afirma que no hay testigos o pruebas
científicas que impliquen a los guardias en el asesinato. “Ellos son los
sospechosos, pero no hay evidencias concretas”, dice Guzmán.
Después que el cuerpo del pastor fue
descubierto, la indignación se apoderó de la comunidad Panamá. Los
residentes crearon una nueva organización para luchar por su causa: El
Movimiento para la Refundación ‘Gregorio Chávez’. Glenda fue llamada
muchas veces para hablar a la comunidad. Aún es doloroso para ella
discutir la muerte de su padre, pero ella narra con mucha calma los
acontecimientos alrededor del asesinato.
Junto con la denuncia de violencia
contra los campesinos, el Movimiento Gregorio Chávez exige que la Dinant
transforme la finca Paso Aguán en propiedad campesina. La Dinant se
niega a vender las tierras en disputa, dejando los dos lados estancados.
“La propiedad de Paso Aguán se recuperará”, dijo Santos Torres, uno de
los líderes del movimiento campesino de la comunidad Panamá, durante una
entrevista radial que la Dinant compartió con los reporteros del ICIJ.
“Vamos recuperarla, aunque tengamos que llenar las calles de sangre”.
Más tarde, Torres explicó al ICIJ que hacía referencia a la sangre
derramada por los agricultores dispuestos a sacrificar sus vidas para
recuperar la tierra. “Si tuviéramos que morir aquí, es aquí donde
moriremos”, dice.
“Liberando el dinero”
A la medida que la violencia se
incrementaba en el Bajo Aguán, la Dinant siguió beneficiándose de las
inversiones de la IFC. En febrero de 2013, a más de un año de la
inversión de la IFC en Ficohsa, el banco dio a la Dinant un préstamo de
US$ 5 millones. El dinero era una parte del préstamo de más de US$ 39
millones que el Ficohsa concedería a la Dinant durante las inversiones
de la IFC en el banco.
Mientras tanto, el método de control de
daños sociales y ambientales del Ficohsa fue disparando alarmas dentro
de la IFC. En el mismo mes en que el banco concedió un nuevo préstamo a
la Dinant, la IFC encontró que Ficohsa no siguió las políticas de
salvaguardias ambientales y sociales de la institución, que sirven para
proteger la población que vive en los alrededores de los proyectos
financiados.
Eso no impidió a la IFC continuar
trabajando con el banco hondureño. En noviembre de 2013, el Programa de
Financiamiento para el Comercio Global de la IFC aseguró a Ficohsa dos
acuerdos comerciales con la Dinant.
Al mes siguiente, la oidoría de la IFC
divulgó el informe sobre el financiamiento de la Dinant. El observatorio
interno encontró que la IFC falló en cada paso al investigar
adecuadamente o supervisar la Dinant. Según un empleado del banco que
conversó con la oidoría, el departamento de inversiones quería “liberar
el dinero”, con poca atención a los riesgos sociales y muchas veces
pasando por encima de las preocupaciones del equipo de salvaguardia.
El informe indica que, en el caso
Dinant, el gerente de portafolio de la IFC rechazó los llamados del
especialista en medio ambiente para que siguieran una línea más dura con
la empresa. El especialista fue sustituido. En junio de 2014, la IFC
adquirió una participación accionaria de US$ 5,5 millones en el Ficohsa.
La IFC prometió reformular su método de
evaluación de riesgos sociales de los proyectos y el modo de supervisar
las inversiones en intermediarios. Fue creada una nueva vicepresidencia
para lidiar con la gestión de riesgos y un plan de acción para mejorar
la supervisión de los intermediarios financieros y empezar selección de
los destinatarios finales de los préstamos. “Estamos intentando resolver
eso estructuralmente y también culturalmente”, dijo Morgan Landy,
director del departamento ambiental, social y de gobernanza de la IFC en
un foro con grupos comunitarios en octubre de 2014.
“Humillados en nuestras casas”
El 3 de julio de 2014, los agricultores
del Movimiento Gregorio Chávez intentaron nuevamente ocupar la propiedad
de Paso Aguán. Ellos ocuparon la finca durante aproximadamente un día
antes que los soldados del coronel Jovel entraran y les expulsaran.
Miembros de la comunidad Panamá dicen que los soldados abrieron fuego
contra ellos durante las expulsiones. David Ponce, un joven agricultor,
muestra las cicatrices de una bala que le rasgó el hombro. Otros dicen
que fueron golpeados y torturados por los soldados.
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| Fotos ofrecidas por la comunidad Panamá documentan las heridas sufridos por campesinos cuando soldados hondureños los expulsaron de una ocupación en la finca Paso Aguán, de la Dinant, en julio de 2014. |
Glenda Chávez cuenta que estaba presente
durante las expulsiones como defensora de los derechos humanos,
utilizando una cámara para filmar los soldados disparando contra los
agricultores. Ella dice haber sido detenida por los soldados y sólo fue
liberada tras entregar la cámara. “Dejé la cámara caer. Me saqué el
chaleco donde guardaba la cámara, mi teléfono y dinero y lo dejé en el
suelo”, explica. “Ellos se llevaron [el chaleco] y yo huí”.
En noviembre, durante la visita del ICIJ
a Paso Aguán, el coronel Jovel advirtió a los reporteros que los
agricultores de la comunidad Panamá intentarían llamar la atención
internacional provocando violencia durante la visita. Jovel contó al
equipo de reportaje ICIJ que había enviado soldados a Paso Aguán para
evitar un intento de ocupación y que no podría garantizar la seguridad
de los reporteros si ellos visitaban la comunidad Panamá. Más tarde, en
aquel día, el equipo de reportaje visitó la comunidad, evitando las
tierras en disputa en Paso Aguán.
Santos Torres, líder de los agricultores
que habló de llenar las calles de sangre, se sentó con una docena de
personas en el césped frente a la casa de Glenda. Él mostró sus
cicatrices y fotografías que documentan los desalojos ocurridos en
julio. Torres se burló de la idea de que él y sus compañeros estarían
planeando unaconfrontación. La realidad, dijo, es que “nosotros somos
humillados dentro de nuestras propias casas, sin poder salir”.
El bosque donde Gregorio Chávez
desapareció queda a corta distancia caminando por una carretera
polvorienta cerca de donde los agricultores estaban reunidos. Glenda ha
comenzado a plantar árboles de naranja entre las palmas aceiteras
plantadas por su padre. Cree que estas palmeras sólo trajeron
sufrimiento a la comunidad. Ella coge una naranja y, con bastante
habilidad, la descasca con el machete. Está madura y dulce.
“Cuando una palma aceitera muere,
nosotros plantamos otra cosa”, dice Glenda. “Algo que nos beneficie a
nosotros, los agricultores.”
Colaboraron en el reportaje Cécile Schilis-Gallego y Shane Shifflett.
