El cerco del Comando Sur: datos sobre
las bases gringas en América Latina
En ese momento se puso en evidencia el funcionamiento operativo de la
red de bases estadounidenses, coincidiendo con una serie de cambios
tácticos y de estrategia del Pentágono a nivel mundial, como se vio en
Siria donde privilegió la guerra a distancia en vez de una invasión, lo
cual debe ser analizado para entender el contexto de asedio de espectro
completo actual contra Venezuela, descrita por la doctrina militar
estadounidense como parte del “Arco de Inestabilidad” a nivel mundial.
Esto formalmente comienza cuando caduca el acuerdo militar con Panamá gracias al acuerdo Torrijos-Carter en el que se establecieron plazos para que Washington traspase el control del Canal de Panamá. El Pentágono, en consecuencia, tuvo que reordenar sus bases en Florida (Estados Unidos), Soto Cano (Honduras), Puerto Rico, Comalapa (El Salvador), Reina Beatriz, (Aruba), Hato Rey (Curazao) y Manta (Ecuador), donde se pone en marcha lo que se conoce como el establecimiento de Centros Operativos de Avanzada (FOL, por sus siglas en inglés) para que tengan un pequeño número de militares, una desconocida cantidad de contratistas, una continua actividad de inteligencia vía monitoreo, rastreo satelital, patrullaje; activas para despliegues rápidos si es necesaria una intervención directa en el lugar de la base u otros sitios cercanos o distantes, como hubiese sido utilizada la base de Palanquero (Colombia), para enviar grandes aviones hacia parte de África en caso de una eventualidad.
Bajo la “lucha contra el narcotráfico” es que se vendió la permanencia y aumento de la presencia militar estadounidense con el desembarco de la IV Flota y la formación de miembros del aparato de seguridad de otros países, una clásica forma de intervención de Washington. Así fue cómo se continuó con la ampliación de su influencia y control en las áreas estratégicas sobre los recursos naturales de América Latina, como el Amazonas, la Faja del Orinoco y el Acuífero Guaraní, entre otras.
Para esto hay un sistema de bases militares o convenios de cooperación que se basa en privilegiar pequeños sitios, delegar la adjudicación a contratistas para vincularse después y tapar los rastros que vinculen al Pentágono en estas relaciones que supuestamente son para luchar contra el narco o tareas humanitarias, de acuerdo al libro Territorios vigilados de la investigadora argentina Telma Luzzani. Así, a las bases convencionales como las conocemos (gran número de militares, equipamiento, aviones, buques, entre otras condiciones ya conocidas), se le suman las FOL.
Este despliegue en Honduras es parte del reenfoque de la Administración Obama, en el cual se privilegia el uso de intervenciones encubiertas en vez de las directas, luego de que se comprobara que Estados Unidos ya no puede predominar en escenarios de invasión, como sucedió en Irak y Afganistán. De acuerdo al analista militar cubano David Ignacio Martín, los últimos documentos militares y las declaraciones de altos rangos militares estadounidenses destacan la Guerra No Convencional, o irregular, como la doctrina predominante de las Fuerzas Armadas estadounidenses, que para fines prácticos comenzó a ser publicada justo antes que iniciaran las “primaveras árabes” y se dieran los escenarios libios y sirios.
En este sentido, el desembarco en Honduras apunta a fortalecer el papel del Comando de Operaciones Especiales, que durante la Administración de Obama pasó de operar en 60 países a 150 con los múltiples objetivos de asesinar, secuestrar, realizar supuestas “misiones humanitarias” y formar a ejércitos de otros países (o fuerzas irregulares destinadas a iniciar movimientos armados contra los gobiernos enemigos) para que sustituyan a Estados Unidos en el campo de batalla, tal como lo explica una norma secreta firmada por el ex jefe del Pentágono, luego de la CIA y finalmente destituido por un escándalo de faldas y correos electrónicos, el general David Petraeus.
El uso y despliegue de fuerzas de operaciones especiales y la utilización de Centros de Operaciones Avanzadas (FOL) se enlaza con otros ingredientes pregonados por la Administración Obama, en la que se hace énfasis seis puntos: operaciones de las fuerzas especiales, aviones no tripulados, espías, socios civiles, guerra cibernética y combatientes subrogados (ejércitos irregulares que, en el caso venezolano, pueden ser identificados con el paramilitarismo, en el caso ucraniano con el movimiento nazi, y en el mundo árabe-musulmán con el Estado Islámico, Al Qaeda y diversos grupos yihadistas implicados en Libia y Siria, por ejemplo).
Toda esta nueva doctrina, en la que también funcionan las contratistas militares (mercenarios), es conocida en la actualidad como la guerra híbrida, posmoderna o líquida, en la que campañas de comunicación 2.0 se combinan con cyberterrorismo, manifestación de calles de “los socios civiles” (ONGs, políticos, estudiantes, periodistas, académicos, entre otros) financiados por Washington a través de la Usaid, la NED o Freedom House y acciones encubiertas de agentes especiales, privados o combatientes subrogados para en primer lugar intentar quebrar el frente interno vía “revoluciones de colores”, o llevar progresivamente al “enemigo o adversario” a un escenario de guerra civil en la que los costos no sean altos en intervención y todo el peso político, social y económico caiga en las espaldas del país atacado.
Bajo esta lógica es que funciona el Comando del Sur, y este es el tipo de función que cumplen sus bases.
Estos no sólo asumen tareas militares, como los paramilitares, sino que también apuntan a respaldar el ataque a la moneda, el bolívar, y la economía venezolana con teorías, rumores, matrices de opinión y denuncias falsas, acordes a la guerra económica emprendida por el gran capital financiero y el eje Madrid-Miami-Bogotá.
También hay indicios de que existirían contratistas militares como Dyncorp involucrados en planes golpistas, como sucedió con el alquiler del avión Tucano destinado a bombardear Miraflores, así como monitoreo satelital y de comunicaciones sobre Venezuela bajo el modelo denunciado por Edward Snowden, entre otros hechos comprobables donde se pone en funcionamiento la estructura de las bases militares en la región bajo una perspectiva global.
Con base a esto, se presta apoyo logístico y de “ideas”, además de acciones tácticas, a los grupos destinados a sabotear la economía, la infraestructura y los servicios, como se ve en la constante guarimba eléctrica, los ataques cibérneticos al sistema alimentario armado por el Estado venezolano y los saboteos contra la estatal Pdvsa, por nombrar los casos más evidentes.
Por citar una eventualidad: hoy en día, esta estructura militar estadounidense permitiría montar una Sala de Operaciones Especiales (la que en términos de operaciones psicólogicas ya existe) para planificar y ser los ojos de las acciones militares en el terreno de un ejército irregular que inicie una guerra en Venezuela.
Este es el modelo de guerra no convencional aplicado en Siria para apoyar a los yihadistas islámicos y que toma puntos operativos alrededor del país, como Turquía, Jordania e Israel, donde existe presencia militar estadounidense. Por caso, esto mismo podría ser replicado tanto en Colombia, como en Aruba, Curazao, Panamá, Honduras o Perú.
Lo paradójico es que, al igual que en 2002, Estados Unidos desembarca más de 3 mil militares y un portaviones nuclear en Perú (el país que sustituyó el papel de Manta en Ecuador) en el mismo momento que declara a Venezuela como “una amenaza inusual y extraordinaria” para su “seguridad nacional“, y en paralelo la Exxon Mobile (Rockefeller) intenta crear un escenario de conflicto con Guyana, que acaba de participar en un ejercicio militar conjunto con el Comando Sur.
Esta orden ejecutiva, en términos militares, formaliza implícitamente la activación de toda su mecánica de poder blando y duro, y sus más de 80 bases militares en la región tienen su papel a cumplir, si se tiene en cuenta que éste es sólo un paso formal enmarcado en la “Doctrina de Guerra Irregular de la Armada de Estados Unidos“, donde se califica a Venezuela como uno de los “campos de batalla”.
Las evidencias hablan por sí solas:
Nuevo enfoque
Es importante empezar por la base de Manta ya que es un símbolo de las modificaciones en la estrategia de la doctrina operativa del ejército norteamericano a nivel mundial, donde se privilegian bases pequeñas con poca cantidad de efectivos y la suficiente infraestructura para recibir un importante despliegue aéreo, marítimo y de infantería, de ser necesario, de acuerdo al documento “Estrategia Nacional para una Nueva Era”, firmado durante la Administración de Bill Clinton.Esto formalmente comienza cuando caduca el acuerdo militar con Panamá gracias al acuerdo Torrijos-Carter en el que se establecieron plazos para que Washington traspase el control del Canal de Panamá. El Pentágono, en consecuencia, tuvo que reordenar sus bases en Florida (Estados Unidos), Soto Cano (Honduras), Puerto Rico, Comalapa (El Salvador), Reina Beatriz, (Aruba), Hato Rey (Curazao) y Manta (Ecuador), donde se pone en marcha lo que se conoce como el establecimiento de Centros Operativos de Avanzada (FOL, por sus siglas en inglés) para que tengan un pequeño número de militares, una desconocida cantidad de contratistas, una continua actividad de inteligencia vía monitoreo, rastreo satelital, patrullaje; activas para despliegues rápidos si es necesaria una intervención directa en el lugar de la base u otros sitios cercanos o distantes, como hubiese sido utilizada la base de Palanquero (Colombia), para enviar grandes aviones hacia parte de África en caso de una eventualidad.
Bajo la “lucha contra el narcotráfico” es que se vendió la permanencia y aumento de la presencia militar estadounidense con el desembarco de la IV Flota y la formación de miembros del aparato de seguridad de otros países, una clásica forma de intervención de Washington. Así fue cómo se continuó con la ampliación de su influencia y control en las áreas estratégicas sobre los recursos naturales de América Latina, como el Amazonas, la Faja del Orinoco y el Acuífero Guaraní, entre otras.
Para esto hay un sistema de bases militares o convenios de cooperación que se basa en privilegiar pequeños sitios, delegar la adjudicación a contratistas para vincularse después y tapar los rastros que vinculen al Pentágono en estas relaciones que supuestamente son para luchar contra el narco o tareas humanitarias, de acuerdo al libro Territorios vigilados de la investigadora argentina Telma Luzzani. Así, a las bases convencionales como las conocemos (gran número de militares, equipamiento, aviones, buques, entre otras condiciones ya conocidas), se le suman las FOL.
Despliegue y guerra irregular
Y estas más de 80 bases operan desde México hasta Chile, pasando por Paraguay en Mariscal Estigarribia, donde está la mayor pista de aterrizaje de América Latina, y Chile con Fuerte Aguayo, sólo por nombrar algunos de los sitios que se conocen entre la maraña de desinformación, donde, por ejemplo, se intenta ocultar que Perú y Colombia son paradas de aprovisionamiento de la IV Flota, y se envía 250 marines a Honduras de las Fuerzas de Tareas Especiales para “luchar contra el narcotráfico, tareas humanitarias y formar a otras fuerzas”.Este despliegue en Honduras es parte del reenfoque de la Administración Obama, en el cual se privilegia el uso de intervenciones encubiertas en vez de las directas, luego de que se comprobara que Estados Unidos ya no puede predominar en escenarios de invasión, como sucedió en Irak y Afganistán. De acuerdo al analista militar cubano David Ignacio Martín, los últimos documentos militares y las declaraciones de altos rangos militares estadounidenses destacan la Guerra No Convencional, o irregular, como la doctrina predominante de las Fuerzas Armadas estadounidenses, que para fines prácticos comenzó a ser publicada justo antes que iniciaran las “primaveras árabes” y se dieran los escenarios libios y sirios.
En este sentido, el desembarco en Honduras apunta a fortalecer el papel del Comando de Operaciones Especiales, que durante la Administración de Obama pasó de operar en 60 países a 150 con los múltiples objetivos de asesinar, secuestrar, realizar supuestas “misiones humanitarias” y formar a ejércitos de otros países (o fuerzas irregulares destinadas a iniciar movimientos armados contra los gobiernos enemigos) para que sustituyan a Estados Unidos en el campo de batalla, tal como lo explica una norma secreta firmada por el ex jefe del Pentágono, luego de la CIA y finalmente destituido por un escándalo de faldas y correos electrónicos, el general David Petraeus.
El uso y despliegue de fuerzas de operaciones especiales y la utilización de Centros de Operaciones Avanzadas (FOL) se enlaza con otros ingredientes pregonados por la Administración Obama, en la que se hace énfasis seis puntos: operaciones de las fuerzas especiales, aviones no tripulados, espías, socios civiles, guerra cibernética y combatientes subrogados (ejércitos irregulares que, en el caso venezolano, pueden ser identificados con el paramilitarismo, en el caso ucraniano con el movimiento nazi, y en el mundo árabe-musulmán con el Estado Islámico, Al Qaeda y diversos grupos yihadistas implicados en Libia y Siria, por ejemplo).
Toda esta nueva doctrina, en la que también funcionan las contratistas militares (mercenarios), es conocida en la actualidad como la guerra híbrida, posmoderna o líquida, en la que campañas de comunicación 2.0 se combinan con cyberterrorismo, manifestación de calles de “los socios civiles” (ONGs, políticos, estudiantes, periodistas, académicos, entre otros) financiados por Washington a través de la Usaid, la NED o Freedom House y acciones encubiertas de agentes especiales, privados o combatientes subrogados para en primer lugar intentar quebrar el frente interno vía “revoluciones de colores”, o llevar progresivamente al “enemigo o adversario” a un escenario de guerra civil en la que los costos no sean altos en intervención y todo el peso político, social y económico caiga en las espaldas del país atacado.
Bajo esta lógica es que funciona el Comando del Sur, y este es el tipo de función que cumplen sus bases.
El cerco a Venezuela
La guerra irregular se escenifica aquí desde el terreno de las comunicaciones y medios digitales, los espías (cuyo punto más visible fue la detención del agente de la CIA, Thimoty Tracy), la guerra cibernética (escenificada a gran escala con el hackeo al CNE el 14 de abril de 2013 y las denuncias del presidente de Conatel, William Castillo), los socios civiles financiados por Washington y los combatientes subrogados, que andan vestidos de paramilitares luego de haber sido formados en Colombia para la guerra sucia.Estos no sólo asumen tareas militares, como los paramilitares, sino que también apuntan a respaldar el ataque a la moneda, el bolívar, y la economía venezolana con teorías, rumores, matrices de opinión y denuncias falsas, acordes a la guerra económica emprendida por el gran capital financiero y el eje Madrid-Miami-Bogotá.
También hay indicios de que existirían contratistas militares como Dyncorp involucrados en planes golpistas, como sucedió con el alquiler del avión Tucano destinado a bombardear Miraflores, así como monitoreo satelital y de comunicaciones sobre Venezuela bajo el modelo denunciado por Edward Snowden, entre otros hechos comprobables donde se pone en funcionamiento la estructura de las bases militares en la región bajo una perspectiva global.
Con base a esto, se presta apoyo logístico y de “ideas”, además de acciones tácticas, a los grupos destinados a sabotear la economía, la infraestructura y los servicios, como se ve en la constante guarimba eléctrica, los ataques cibérneticos al sistema alimentario armado por el Estado venezolano y los saboteos contra la estatal Pdvsa, por nombrar los casos más evidentes.
Por citar una eventualidad: hoy en día, esta estructura militar estadounidense permitiría montar una Sala de Operaciones Especiales (la que en términos de operaciones psicólogicas ya existe) para planificar y ser los ojos de las acciones militares en el terreno de un ejército irregular que inicie una guerra en Venezuela.
Este es el modelo de guerra no convencional aplicado en Siria para apoyar a los yihadistas islámicos y que toma puntos operativos alrededor del país, como Turquía, Jordania e Israel, donde existe presencia militar estadounidense. Por caso, esto mismo podría ser replicado tanto en Colombia, como en Aruba, Curazao, Panamá, Honduras o Perú.
Lo paradójico es que, al igual que en 2002, Estados Unidos desembarca más de 3 mil militares y un portaviones nuclear en Perú (el país que sustituyó el papel de Manta en Ecuador) en el mismo momento que declara a Venezuela como “una amenaza inusual y extraordinaria” para su “seguridad nacional“, y en paralelo la Exxon Mobile (Rockefeller) intenta crear un escenario de conflicto con Guyana, que acaba de participar en un ejercicio militar conjunto con el Comando Sur.
Esta orden ejecutiva, en términos militares, formaliza implícitamente la activación de toda su mecánica de poder blando y duro, y sus más de 80 bases militares en la región tienen su papel a cumplir, si se tiene en cuenta que éste es sólo un paso formal enmarcado en la “Doctrina de Guerra Irregular de la Armada de Estados Unidos“, donde se califica a Venezuela como uno de los “campos de batalla”.
Las evidencias hablan por sí solas:
Fuente: Misión Verdad
Asesinan a líder indígena defensor del bosque en Honduras
18 junio, 2015 | Posted by: Redaccion
Por: Redacción CRITERIO
En los últimos tres meses la comunidad indígenas tolupán ha sido víctima de actos violentos.
Un
líder indígena de la etnia tolupán, fue asesinado este jueves en las
montañas del departamento de Yoro, en la zona central de Honduras,
supuestamente a manos de empresarios y terratenientes que se sentían
afectados por su lucha a favor de la protección de los bosques.
Erasio
Vieda Ponce fue asesinado a las cinco de la mañana en la comunidad
Brisas de Locomapa en las montañas de Yoro y era un militante activo en
la lucha contra la depredación del bosque a manos de empresarios y
terratenientes de la zona, informó el Movimiento Amplio por la Dignidad y
La Justicia (MADJ).
Mediante un
comunicado la organización de sociedad civil, cuestionó que los bosques
de las montañas de Yoro, han venido siendo usufructuados por los
señalados en el asesinato del líder indígena, que por años han gozado de
los bienes de la naturaleza, utilizando todo tipo de métodos delictivos
en contra del pueblo tolupán y de los principales líderes indígenas de
este sector.
El MADJ sostiene,
mediante la misiva, que existen pruebas contundentes que “los sicarios
son cercanos a los terratenientes y empresarios y que fueron contratados
para terminar con la vida del compañero Ponce, mismos que asesinaron a
María Enriqueta Matute, Ricardo Soto y Armando Fúnez en el 2013 por
defender el bosque”.
En ese mismo
contexto, el organismo denunció que desde el 2013 se ha identificado
como responsables directos de los asesinatos a Selvin Matute y Marlon
Matute, quienes tienen orden de captura, sin que la Policía Nacional
logre dar con su paradero.
“Tenemos
los testimonios de los miembros de la comunidad indígena, asegurando que
son estos los responsables del asesinato contra Erasio Vieda”. Los
supuestos responsables entran y salen de la zona solamente a ejecutar
este tipo de acciones, como ha sido el caso de los mencionados
compañeros fallecidos a manos de estos delincuentes”, dice el
comunicado.
El organismo de sociedad
civil, apunta que los sindicados atentan y causan miedo en el resto de
los habitantes de la comunidad, ya que se mantienen ocultos en lugares
estratégicos, ante la vista y paciencia de la misma policía de Yoro que
ha asignado de manera irregular a algunos de sus miembros para brindar
supuesta seguridad y capturar a los responsables.
En
virtud de no encontrar respuesta en la Fiscalía de Derechos Humanos,
Secretaría de Justicia, Fiscalía de las Etnias, Policía Nacional y en
otras instituciones encargadas de la investigación, persecución del
delito, judialización y seguridad ciudadana, la MADJ, atribuyó al
Estado la responsabilidad de las muertes de los indígenas
Añadió
que se ha entregado todas las evidencias que estos casos ameritan y
realizado acciones en plataformas de derechos humanos a nivel
internacional (CIDH) que han dado como resultado el otorgamiento de
medidas cautelares para las y los líderes indígenas que están siendo
objeto de amenazas, sin que los funcionarios (as) respondan de manera
responsable para la implementación de dichas medidas.
Considera
que la indiferencia del Estado ha puesto en elevada vulnerabilidad a
las y los indígenas, a tal grado que en el mes de mayo asesinaron a Luis
de Reyes Marcía, esposo de Consuelo Soto, quien dos semanas después de
enterrar a su cónyuge fue objeto de un atentado en su casa de habitación
por los mismos sicarios, teniendo que salir fuera de la zona junto a
toda su familia.
“Mientras la
conflictividad se agrava en la zona, contabilizando estos hechos en los
últimos tres meses, seguimos sin respuesta e intervención directa de la
Secretaria de Justicia cuyos personeros demuestran una desidia total
ante las peticiones de seguridad y justicia que demanda el pueblo
tolupán”, agrega el escrito.
El escándalo que llevó al ejército a controlar los medicamentos en Honduras
Redacción
BBC Mundo
- 19 junio 2015
Honduras se moviliza:
la gente está en las calles protestando y, desde el miércoles, los
militares se tomaron las farmacias y los almacenes de los hospitales.
Y todo se debe al mayor escándalo de corrupción en los últimos 20 años del país centroamericano, que afecta a la salud -en especial al Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS)- y que las últimas semanas se ha acercado al círculo más cercano al gobierno del presidente Juan Orlando Hernández.
Los primeros indicios de un desfalco cercano a los US$200 millones a la entidad reguladora de la salud en Honduras se conocieron en 2013. Pero en las últimas semanas se revelaron detalles sobre varios casos de sobreprecios en la venta y compra de medicamentos que desembocaron en la intervención del ejército hondureño este miércoles.
"Es lamentable que las instituciones no funcionen por su propia cuenta, que los controles internos y externos ya establecidos tengan que ser sobrepasados y llevar militares para supuestamente limpiar la corrupción, es lamentable eso", dijo a los medios locales el presidente del Colegio Médico de Honduras, Elmer Mayes.
Mario Zelaya, el exdirector del Instituto Hondureño de Seguro Social.
De acuerdo a la información estatal un equipo de 470 efectivos del ejército y la policía militar del Orden Público (PMOP)
se tomó 10 entidades de salud alrededor del país por orden del
presidente Hernández, para controlar la distribución de los
medicamentos.Y todo se debe al mayor escándalo de corrupción en los últimos 20 años del país centroamericano, que afecta a la salud -en especial al Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS)- y que las últimas semanas se ha acercado al círculo más cercano al gobierno del presidente Juan Orlando Hernández.
Los primeros indicios de un desfalco cercano a los US$200 millones a la entidad reguladora de la salud en Honduras se conocieron en 2013. Pero en las últimas semanas se revelaron detalles sobre varios casos de sobreprecios en la venta y compra de medicamentos que desembocaron en la intervención del ejército hondureño este miércoles.
"Es lamentable que las instituciones no funcionen por su propia cuenta, que los controles internos y externos ya establecidos tengan que ser sobrepasados y llevar militares para supuestamente limpiar la corrupción, es lamentable eso", dijo a los medios locales el presidente del Colegio Médico de Honduras, Elmer Mayes.
Pero, ¿de qué se trata el escándalo de corrupción que ha sacudido del letargo a la opinión pública hondureña y tiene militarizados las farmacias y los hospitales?
Sobreprecio y cheques
La historia comienza en 2009 cuando el entonces presidente de Honduras, Porfirio Lobo, nombró en la dirección del IHSS a Mario Zelaya, un reconocido ortopedista.A pesar de las continuas quejas sobre los fallos en la atención en el sistema de salud, Zelaya continuó varios años al frente de la entidad.
Sin embargo, en agosto de 2013 se conoció la denuncia de compra con sobreprecio de unos tiquetes aéreos a nombre de Zelaya y otros funcionarios de la institución hechos en mayo de 2011 para viajar fuera y dentro del país.
Esa fue la puerta de entrada a un caso de corrupción enorme: de acuerdo a la investigación que se adelanta en contra de Zelaya y que fue publicada por la Comisión Multipartidaria en el Congreso Nacional, el exdirigente integró, junto a dos funcionarios más, una compleja red de desfalcos y sobornos con los que vaciaron al menos US$200 millones de las arcas del IHSS.
En los últimos meses se han convocado a varias marchas para pedir la renuncia del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. El ortopedista salió de su puesto a principios de 2014. En abril de ese mismo año se emitió una orden de captura en su contra y el galeno emprendió la huida. Pero cinco meses después, el 9 de septiembre de 2014, fue capturado por las autoridades.
"Esta detención es una demostración contundente del funcionamiento diligente y efectivo de las instituciones de seguridad y defensa del Estado", dijo el presidente Hernández en aquel momento.
Conexión con el presidente
Pero con la captura del supuesto cabecilla del entramaje de corrupción no terminó todo. Hace menos de un mes apareció una información que conectaba el escándalo con el círculo más cercano del mandatario.Se trataba de casi US$136.000 pagados en cheques y aportados a la campaña presidencial de Hernández en 2013, que provenían de empresas que habían recibido dinero del IHSS durante la gestión de Zelaya.
Fue la gota que rebasó el vaso: líderes de opinión pública y de los partidos de oposición como el Partido Anticorrupción (PAC) y el Partido Libre convocaron a marchar por las calles de la capital, Tegucigalpa, y otras ciudades del país para exigir la renuncia de Hernández y de todos los políticos implicados.
Los marchantes se hicieron llamar "los indignados".
La corrupción es un grave flagelo que ha afectado al país centroamericano desde hace décadas. "No tengo nada que ver con el caso del Seguro Social y por eso he dicho: caiga quien caiga, no nos va a temblar la mano", se defendió el primer mandatario durante una entrevista por televisión
En los meses de mayo y junio se han realizado masivas movilizaciones -conocidas como las "Marchas de las antorchas". La última tuvo lugar el pasado 13 de junio, en la que miles de personas exigían la renuncia del presidente y el cese de las irregularidades.
"Pedimos que se haga justicia con el tema de la corrupción y que vayan a la cárcel todos los corruptos, porque hasta ahora el pueblo ha sido noble, ha sido trabajador", dijo Marcos Acosta, uno de los "indignados", al canal de televisión hondureño TVC.
Las medicinas
Pero la investigación, que no ha terminado, agregó otro capítulo más: el Ministerio Público de Honduras involucró esta semana a la vicepresidenta del Congreso Nacional, Lena Gutiérrez, en un caso de sobreprecios en las medicinas que se venden en los hospitales del país.De acuerdo al ministerio público, se encontraron serias irregularidades en la compra de medicamentos por parte de la Secretaria de Salud a la empresa Astropharma, a la cual perteneció Gutiérrez y que controlan miembros de su familia.
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se juega su futuro político. "Encontraron hasta un sobreprecio del 5.000% en el precio de las drogas que le vendían al Estado", afirmó Carlos Hernández, director de Transparencia Internacional, organización que ha estado detrás de la investigación.
Apenas se conoció la decisión del ministerio público de emprender acciones contra Gutiérrez y tras la revelación del caótico cuadro en el suministro de medicamentos, el gobierno central decidió militarizar las farmacias públicas y el almacenamiento dentro de los hospitales.
El objetivo principal que tienen los elementos de la Policía Militar y del Ejército, de acuerdo a medios locales como La Prensa, es resguardar y supervisar la entrada y salida de los medicamentos en los hospitales. La intervención es por tiempo indefinido.
La controvertida ciudad privada de Honduras
Jueves, 6 de septiembre de 2012
Las ciudades modelos serán construidas por inversionistas privados y manejadas de manera autónoma. (foto de archivo)Este martes, el gobierno de esa nación le dio luz verde al polémico proyecto, con que espera impulsar el desarrollo.
Para ello firmó el memorándum de entendimiento, que servirá de marco para la creación de la primera de tales ciudades, en un lugar todavía no definido.
Sus críticos hablan de nada menos que de privatización del suelo hondureño: las ciudades modelos serán construidas por inversionistas privados y manejadas de manera autónoma.
Sus defensores desmienten esta versión.
"El Estado de Honduras seguirá ejerciendo su derecho a la soberanía en materia de defensa y relaciones exteriores sobre las ciudades modelos, así que no es una venta del territorio", dijo el presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández.
De qué se trata
"El Estado de Honduras seguirá ejerciendo su derecho a la soberanía en materia de defensa y relaciones exteriores sobre las ciudades modelos, así que no es una venta del territorio"
Juan Orlando Hernández - presidente del Congreso nacional de Honduras
Más allá de eso, la ciudad modelo o Región Especial de Desarrollo (como se llama en los documentos oficiales) será, para algunos, como un país creado dentro de otro país.
El estatuto y las leyes que la regirán, así como los convenios que firmen, deberán ser refrendados por el gobierno de Honduras. Es lo que consta en la reforma Constitucional de 2011, que fue necesaria para allanar el camino al polémico proyecto.
Pero una vez establecido este marco legal, la ciudad quedará a sus anchas para gobernarse, administrarse, firmar tratados, establecer su propia política monetaria, crear órganos de aplicación de la ley (como tribunales y policía), hacer su presupuesto y hasta "contratar sus propias deudas internas o externas, siempre que sean sin el aval del Estado de Honduras".
La ciudad no tendrá que transferir recursos a Tegucigalpa como no sea para "financiar becas de estudio o en caso de catástrofes nacionales", según indicó la prensa local.
A favor y en contra
"(Las Regiones Especiales de Desarrollo) son entes creados con el propósito de acelerar la adopción de tecnologías que permitan producir y prestar servicios con un alto valor agregado, en un ambiente estable, con reglas transparentes capaces de captar la inversión nacional y extranjera que se requieren para crecer aceleradamente, crear los empleos que se necesitan para reducir las desigualdades sociales, dotar a la población de los servicios de educación, salud, seguridad pública y la infraestructura necesaria que permita una mejora real en las condiciones de vida de la región "
Artículo 329, reforma Constitucional de Honduras
Según Cruz, con éste "se cede parte del territorio nacional y la población adscrita sin ponerle límite ni en el número ni en la extensión".
El exfiscal redactó el recurso de inconstitucionalidad contra las ciudades modelo, que actualmente cursa ante la Corte Suprema de Justicia.
También el relator de Libertad de Expresión de la ONU, Frank la Rue, las considera "una violación a la soberanía nacional y la garantía de respeto y promoción de los Derechos Humanos que tiene el Estado con la población en su territorio", según escribió en un informe tras una visita en agosto de este año.
Otra fuente de debate es dónde serán construidas las polémicas ciudades. Organizaciones de defensa de los derechos de pueblos indígenas temen la expropiación de territorios para su establecimiento.
Para la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), el proyecto enmascara la intención de entregar "100 kilómetros cuadrados del territorio nacional al capital financiero internacional", para permitir todo tipo de ilegalidades, como el lavado de dinero.
La firma del convenio para la ciudad modelo tuvo lugar este martes en el Congreso Nacional de Honduras. Foto: Coalianza."Para 2013 podríamos tener al menos 13.000 nuevos empleos; 30.000 para el año 2014 y 45.000 para 2015", afirmó el presidente del Congreso.
De dónde salió
O como dijo el presidente de la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada, creada por el gobierno para manejar las "ciudades modelo", éstas son "la potencia que puede convertir a Honduras en un motor de riqueza".El proyecto está inspirado en la idea de la charter city del economista estadounidense Paul Romer.
"Considero que el establecimiento de programas de supuesto desarrollo que representen salirse del régimen territorial del país, tales como las 'Ciudades Modelos', que desplazarían poblaciones y pretende generar un régimen legal distinto y autónomo del del Estado, son una violación a la soberanía nacional y la garantía de respeto y promoción de los Derechos Humanos que tiene el Estado con la población en su territorio"
Frank La Rue, relator de Libertad de Expresión de la ONU
"Si la Constitución contiene buenas reglas (o, como decimos profesionalmente, buenas instituciones), millones de personas se unirán para construir una nueva ciudad", añadió.
Según Romer, una ciudad bien manejada promete beneficios para todos. Y mientras más personas vivan en la ciudad, mayor será la productividad, y más extendidos estos beneficios.
"La evidencia sugiere que muchas sociedades están atrapadas por reglas deficientes. Moverse hacia mejores normas puede ser mucho más difícil de lo que cree la mayoría de los economistas. La construcción de una charter city es una sugerencia acerca de cómo podemos cambiar la dinámica de las reglas", sostiene.
Es el tipo de mecanismo de activación que las autoridades hondureñas esperan poner a funcionar con su primera ciudad modelo.
Hasta ahora, el país ha recibido US$4 millones de Corea del Sur para los trabajos iniciales de una primera ciudad modelo. Se espera una inversión adicional de US$15 millones para la infraestructura básica, según dijo el presidente del Congreso.
El camino a seguir parece estar marcado y no ser muy largo: se espera que los trabajos comiencen en octubre.
