La Honda 87
Locura que militares dirijan a la policía
PERIODISTA ALEJANDRO CASCO 12/10/11
El pretender incorporar la policía a las Fuerzas Armadas para bajar a Honduras del mayor índice de criminalidad en el mundo, es un abuso de autoridad y un irrespeto a la ciudadanía.
Hago esta aseveración porque emprender esta tarea se requiere contar con la colaboración del pueblo y con los militares tan desprestigiados con el golpe de Estado, quien querrá apoyarlos.
Además, en la Constitución, aún violada tantas veces, en su artículo 272 establece sus funciones, principalmente luchar por la paz y defender la soberanía.
En ambos preceptos las fuerzas Armadas son un total fiasco, únicamente remontémonos a los hechos, sirven únicamente para golpes de Estado y no defienden la soberanía nacional.
En lo último, si no interviene la OEA en 1969 los salvadoreños hubieran cenado tranquilamente en Tegucigalpa, cuando nos invadieron los militares no defendieron nuestro territorio nacional.
También fueron incapaces de evitar que la contra nicaragüense en la década de 1980 ocupara gran parte de nuestro territorio y perjudicara a connacionales que, al abandonar sus viviendas, ganado y demás pertenencias, perdieron millones de lempiras.
Con este rosal de desprestigio, quien lucido de la mente, podrá atreverse a saber algo de militares, quizás sus achichincles que les acompañan en sucios negocios.
Lo que vivimos es grave, ocupar el primer lugar en homicidios a nivel mundial, según la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga (UNODC), con la tasa de 82.1 por cada 100 mil habitantes.
Pero el sólo hecho de decirlo de querer meter a los militares en las tareas asignadas a la policía, realmente es un atrevimiento, lo que debe hacerse es depurar a los cuerpos de seguridad del Estado.
Lo que urge es sacar a los militares de instituciones públicas que asaltaron después del golpe de Estado, utilizadas únicamente para ubicar a sus amantes o violadores de los derechos humanos.
Es tan descabellada esa idea que, incluso sectores de la oligarquía y sus voceros, no están de acuerdo con tal pretensión, porque saben que los militares todo lo contaminan, contrario al Dios Midas, que lo que tocaba convertía en oro.
Los jerarcas militares quieren apropiarse de más de 3 mil millones de lempiras asignados a la policía, más los que manejan ellos, no rinden cuenta a nadie, son un Estado dentro de un Estado.
Con la inseguridad que vivimos lo que debe realizarse es destituir a toda la policía, soñar no cuesta nada, porque la mayor parte de esa institución está vinculada con el crimen organizado.
Los sondeos de opinión para fusionar la policía a los militares, aunque se quiera dar atol con el dedo, no es posible apruebe el Congreso Nacional, pues se requieren 2 tercios y no hay ahora consenso.
Urge depurar la policía completamente ,en nada ayudará a mejorar esa institución, si a los jefes y subalternos involucrados en el crimen organizado, sólo se trasladan a otros lugares, porque quedan adentro siempre las manzanas podridas.
Si realmente hay voluntad política los cambios no deben ser cosméticos, el policía debe convivir con la ciudadanía y participar en su vida social.
Qué sucede en la actualidad, ante el gran número de jóvenes que aparecen asesinados en distintos lugares del país, se menciona a la policía esa responsabilidad.
Por qué, la tesis es porque la policía conoce a los involucrados en la delincuencia, con quienes se reparten el botín, para prevenir que suelten la lengua, prefieren eliminarlos y no dejar testigos.
El asunto de la criminalidad tiene raíces estructurales, en un país que hay pobreza y no hay fuentes de empleo, el Estado está en la obligación de realizar cambios profundos en Honduras.
En Nicaragua Daniel Ortega, según las encuestas en las elecciones de noviembre próximo gana con más del 50 por ciento, porque su gobierno comenzó a resolver la problemática social sin matar a los jóvenes.
El golpista Adolfo Facussé, que hace poco visitó a una sobrina en ese país, se sorprendió porque no necesitó de llaves para entrar en su vivienda y eso preguntó, su pariente respondió “se me perdieron, pero aquí nadie roba”.
Hagamos lo mismo aquí en Honduras, si aún viviendo enjaulado, la gente sufre de tensión el sólo pensar que no regresará a su casa por tanta inseguridad, despidiéndose cada día de sus parientes o amigos, Pepe Lobo conocerá la tragedia que vive nuestro pueblo.
Asesinado campesino del asentamiento la Aurora, margen derecha, Bajo Aguán
Santos Seferino Zelaya Ruiz, 33 años, fue asesinado hoy alrededor de las 8:15 de la mañana. Era miembro de la Empresa Flores del Aguán, del asentamiento La Aurora, perteneciente al Movimiento Campesino Unificado del Aguán (MUCA).
Distintas fuentes coinciden en que el hecho se dio cuando miembros de esa empresa campesina, que colinda con la finca San Isidro, propiedad de Miguel Facussé, se dedicaban a realizar labores culturales en la palma africana - en tierras que están en su poder como resultado del convenio que MUCA firmó con el régimen y este empresario- cuando 6 guardias de seguridad encapuchados dispararon contra ellos.
Hombre y mujeres huyeron cuando escucharon los disparos. Santos Seferino no tuvo esa suerte y deja en la orfandad dos niños, uno de 8 y otro de diez años, que se agregan a otros (as) de los más de 40 campesinos asesinados.
Vivimos ahora lo que temíamos al iniciarse el violento conflicto agrario en la región del Bajo Aguán. En la medida que aumentan los muertos menos impacto tienen en la conciencia de muchos ciudadanos, reina la impunidad y las autoridades responden con discursos muchas veces cínicos, con los que pretenden lavarse las manos y salir airosos con nuevas promesas.
Para muchos las víctimas han pasado de ser seres humanos sacrificados a números. No importa la pérdida de vidas humanas, ni las consecuencias que trae para sus familiares más cercanos, especialmente para aquellos que dependían material y espiritualmente de la víctima. La intervención de un clérigo ya había dado pauta a este comportamiento cuando en los primeros meses del gobierno de facto dijo públicamente que “apenas habían ocurrido dos muertes”, que resultaron de la resistencia al golpe de Estado.
Sorprendentemente funcionarios del mismo Estado lo califican de ser negligente como si fuera un ente abstracto, desligado totalmente de los intereses de quienes lo manejan para su provecho y olvidando su responsabilidad personal como funcionarios cuyo contrato de trabajo los obliga a defender los derechos fundamentales de los hondureños.
La violencia sigue causando víctimas y los funcionarios de estas instituciones siguen dando “respuestas inteligentes” a los medios de comunicación y participando en eventos internacionales donde se presentan informes que defienden sin pudor alguno la complicidad de las instituciones del Estado con la terrible situación actual.
Sociedad civil exige Naciones Unidas que adopte medidas para garantizar soberanía alimentaria
Oxfam y un grupo de organizaciones internacionales instan a que se asegure y mantenga el acceso a la tierra y recursos naturales para los pequeños productores, entre otras directrices.
Oxfam junto a un gran número de organizaciones de la sociedad civil instan a los Gobiernos internacionales a que aseguren y mantengan el acceso y una tenencia equitativa de tierras, recursos pesqueros, forestales y naturales para los pueblos indígenas y pequeños productores, especialmente mujeres, para garantizar la soberanía y seguridad alimentaria. La petición se enmarca en las negociaciones intergubernamentales sobre las Directrices sobre Gobernanza en la Tenencia de Tierras, Recursos Pesqueros y Forestales que están teniendo lugar del 10 al 14 de octubre en la sede de la FAO en Roma (Italia) y en el encuentro de la próxima semana del Comité de Seguridad Alimentaria (CSA) de Naciones Unidas.
“Dicha responsabilidad surge de las obligaciones legales que tienen los Estados para garantizar los derechos humanos como el derecho a una alimentación, vivienda, salud y trabajo adecuados, y los derechos de los pueblos indígenas”, señala la portavoz de Oxfam en Centroamérica y Caribe, Ana Eugenia Marín.
Las organizaciones mantienen que debido a la crisis alimentaria mundial –casi mil millones de personas se acuestan con hambre en el mundo cada día- y a la desestabilización de las comunidades locales, a medida que más y más tierras se transfieren a empresas de agronegocios y titulares de concesiones, abordar estos temas se ha vuelto más urgente.
La inversión a gran escala, en contra de la seguridad alimentaria
El Panel de Expertos de Alto Nivel del CSA afirmó recientemente en su segundo informe que la inversión a gran escala en tierras es dañina para la seguridad alimentaria, los ingresos, los medios de vida y el medio ambiente de los pueblos locales.
El Panel pidió a los Gobiernos:
• Que reconozcan el derecho al consentimiento libre, previo e informado en relación con la tierra y los recursos naturales sobre los cuales dependen para sus medios de vida.
• Que garanticen el acceso y el uso de las tierras por parte de los campesinos, pastores trashumantes, habitantes de los bosques, pescadores y pueblos indígenas.
• Que lleven a cabo políticas de redistribución de tierras en lugares marcados por la desigualdad en el control y la propiedad de la tierra.
• Que eliminen las cuotas y los subsidios a los biocombustibles.
• Que den prioridad a la inversión en el sector de la pequeña agricultura y en sistemas alimentarios alternativos que sean socialmente inclusivos y ambientalmente sustentables, con base en los principios de la agroecología.
“Aunque se ha agregado la seguridad alimentaria en el título de las Directrices (Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable en la Tenencia de la Tierra, Recursos Pesqueros y Forestales en el Contexto de Seguridad Alimentaria Nacional) y se la ha reconocido como uno de los principales objetivos de las Directrices, al texto actual le sigue faltando un enfoque coherente en los productores y productoras de alimentos a pequeña escala y grupos pobres y marginados con inseguridad alimentaria, quienes deben estar en el centro del debate”, señala Marín.
Las organizaciones de la sociedad civil reconocen que muchos países están seriamente comprometidos a adoptar las Directrices y piden a todos los gobiernos que sigan este enfoque constructivo. A pesar de la complejidad de los temas, es posible concluir las negociaciones de manera satisfactoria en octubre. Retrasar la adopción de las Directrices socavaría gravemente la credibilidad de los gobiernos y las instituciones multilaterales en sus esfuerzos para solucionar la crisis alimentaria mundial.
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Las organizaciones firmantes de este documento son: Action Aid (Italia), Amigos de la Tierra Internacional (Uruguay), Arab Group for the Protection of Nature (Jordania), Associazione Italiana per L’Agricoltura Biologica (AIAB) (Italia), Caucus de Pueblos Indígenas, Centro Internazionale Crocevia (Italia), Conseil National de Concertation et de Coopération des Ruraux (CNCR) (Senegal), Consejo Internacional de Tratados Indios (CITI), Econexus (Reino Unido), Environmental Alliance (Bahrain), Environment Friends Society (Bahrain), Environment Now (Egipto), FIAN International (Alemania), Fishermen Union (Bahrain), Focus on the Global South (India, Tailandia y Filipinas), International Collective in Support of Fishworkers (ICSF) (India), International Indian Treaty Council (IITC) (Panama), La Via Campesina de Indonesia, Land and People Small Farmers' Network (Líbano), Mouvement International de la Jeunesse Agricole et Rurale Catholique (MIJARC) (Bélgica), Movimiento Juventud Kuna (Panamá), Oxfam, Terra Nouva (Italia), Transnational Institute (Países Bajos), Uganda Land Alliance, Why Hunger (EEUU), World Alliance of Mobile Indigenous Peoples (WAMIP) (India), World Forum of Fish Harvesters and Fish Workers (WFF) (Uganda).
