Asesinan otro comunicador social
ASESINAN A OTRO COMUNICADOR SOCIAL EN HONDURAS
El director de la Radio Comunitaria La Joconguera, de la comunidad de Candelaria en el departamento de Lempira Nery Jeremías Orellana, de 26 años de edad, ha sido asesinado hoy por la mañana.
Nery Geremias era miembro activo del Frente Nacional de Resistencia Popular.
Se ha informado también que varios de sus compañeros se encuentran amenazados de muerte entre ellos el padre Amilcar Lara.
El director de la Radio Comunitaria La Joconguera, de la comunidad de Candelaria en el departamento de Lempira Nery Jeremías Orellana, de 26 años de edad, ha sido asesinado hoy por la mañana.
Nery Geremias era miembro activo del Frente Nacional de Resistencia Popular.
Se ha informado también que varios de sus compañeros se encuentran amenazados de muerte entre ellos el padre Amilcar Lara.
HOY JUEVES 14 DE JULIO, GEREMIAS ORELLANA DIRECTOR DE RADIO JOCONGUERA EN CANDELARIA LEMPIRA FUE VICTIMA DE UN ATENTADO, EL SE DESPLAZABA DESDE SU CASA DE HABITACION UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO A 20 MINUTOS DEL CASCO URBANO. EL SE CONDUCIA EN MOTOCICLETA EN LA CARRETERA QUE CONDUCE DESDE CANDELARIA AL MUNICIPIO DE MAPULACA, EN EL RECORRIDO RECIBIO UN DISPARO EN LA CABEZA, FUE TRASLADO POR UNOS VECINOS HASTA LA CLINICA DE CANDELARIA Y DE ALLI FUE REMITIDO DE URGENCIA AL HOSPITAL DE SENSUNTEPEQUE CABAÑAS EN LA REPUBLICA DE EL SALVADOR. MURIO A ESO DE LA UNA DE LA TARDE.
SU ASESINATO SE VINCULA CON LAS DENUNCIAS QUE SE REALIZAN EN ESTA CASA DE RADIO, EN LA CUAL TAMBIEN ESTA AMENAZADO A MUERTE EL DIRECTOR DEL NOTICIERO HERNAN CASTRO ASI COMO TAMBIEN EL SACERDOTE AMILCAR LARA, PARROCO DE LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE CANDELARIA, QUE ESTA AMENAZADO A MUERTE POR LAS CONSTANTES DENUNCIAS QUE SE HACEN.
GEREMIAS ORELLANA UN MIEMBRO DEL FNRP, A PARTIDO.
SEGUIREMOS EN LA LUCHA.
NADIE NOS DETENDRA.
Video del discurso de Patricia Rodas
Correlación de Fuerzas y Coyuntura: Honduras
Julio de 2011Por Ricardo Salgado
Han transcurrido más de dos años desde el golpe de Estado Militar de 2009,
tiempo durante el cual se ha producido una recomposición de las fuerzas
políticas del país, sin que la correlación de fuerzas haya variado en la
misma medida. Esta afirmación podría parecer antojadiza y subjetiva, por lo
que tratamos a continuación de examinar la realidad del país, de forma
sucinta, en julio de 2011.
*Correlación de Fuerzas: ¿Cómo está la derecha hondureña?*
La derecha dominante ha creado un esquema de consolidación de su poder a
partir del rompimiento del orden constitucional del país, sostenido
esencialmente en su capacidad de utilizar la fuerza siempre que lo considere
necesario, ya que su estrategia no incluye la finalización de la impunidad,
al contrario, esta sirve de pilar para apuntalar la profundización de las
políticas económicas neoliberales, que son, en última instancia, los
factores que mueven a la clase dominante a salir por completo de la moral
burguesa que pregona la libertad como una de sus instituciones insignes.
Esta clase dominante que puede desagregarse en la oligarquía que concentra
para si el poder económico y el político, después del golpe de Estado, la
burguesía criolla, rural o urbana, que teme perder los privilegios que le
brinda el sistema de prebendas instituido hasta la fecha, y una porción de
la clase oprimida que ha sido cooptada gracias a la inmensa manipulación y
enajenación a que ha sido sometido el pueblo hondureño por décadas. Esto
representa, sin ser rigorosos, el grupo que sostiene el poder desde el punto
de vista de la legitimidad. La situación superestructural, sin embargo, es
mucho más compleja, pero bastante pragmática; todas las instituciones estas
profundamente desprestigiadas y desgastadas por el abuso interminable de que
han sido víctimas, pero la clase dominante no funciona en base a escrúpulos
o fuerza moral. Dicho de otra manera, si es necesario mentir, mienten, si es
necesario reprimir, reprimen, si es necesario matar, matan.
Dentro de un esquema de correlación de fuerzas, estas clase dominante más
sus mecanismos de reproducción sistémicos, lucen formidables, a pesar de la
presumible crisis económica que ha tenido que enfrentar el Estado.
Recordemos que en el proceso de debilitamiento estatal no ha perecido el
poder económico, el que se ha fortalecido gracias al robustecimiento del
capital especulativo durante los dos últimos años. Las instituciones
financieras, son hoy más fuertes que nunca, y la deuda interna es tan grande
que fácilmente pueden comenzar a rematar bienes del estado para cobrarse.
Nótese que aunque el Estado es frágil, la clase dominante no lo es, y está
en condiciones de acudir a un nuevo proceso electorero para validarse, como
ya lo hizo en noviembre de 2009.
En términos concretos, la porción que busca hacer balance radica
esencialmente en la fuerza del pueblo, que mayoritariamente busca un nuevo
horizonte, en el que pueda recuperar para sí condiciones favorables de
existencia y desarrollo, las que le son negadas por el modelo económico que
le empuja hacia abajo permanentemente. Sin embargo, la capacidad de
convertir esa fuerza popular (de pueblo) esta intrínsecamente ligada a los
liderazgos internos que intentan ganar protagonismo como representante de
las bases; esto ha generado hasta la fecha una atomización constante, que
hace prevalecer los intereses grupales sobre la realidad misma del país.
Aunque la derecha se debilita drásticamente, su pragmatismo le permite
mantener su preeminencia sobre una clase oprimida cuyos dirigentes no
entienden muy bien cuáles son sus tareas fundamentales para completar el
proceso de acceso al poder político. La idea de debilitar a la clase
dominante hasta que la correlación de fuerzas permita forzarles a ceder
posiciones, luce poco viable, si no se compite directamente con ella. El
ámbito de la competencia es variable, pero las vías insurreccionales parecen
poco realistas, especialmente porque la segregación de los movimientos
políticos y sociales no permite una organización efectiva y coherente de las
bases populares.
*La vía electoral: Frente Amplio de Resistencia Popular*
El escenario más inmediato de confrontación directa es el electoral, aunque
no es necesariamente el más fácil de abordar. Es evidente que resulta más
factible movilizar al pueblo desorganizado por una causa que ya conoce, y
que le ha traído muchos tragos amargos, pero que es un terreno en el que se
depende en gran medida de niveles de organización menos conscientes, y la
importancia de los cuadros es relativamente menor al puro activismo
político. De ese modo nos encontramos con un sector popular con liderazgos
que no compiten en el ámbito político, donde la dinámica es muchos más
simple, y las decisiones suceden de manera cuasi súbita. Por otro lado, los
liderazgos políticos “naturales”, recurren a prácticas conocidas, que se
manejan cómodamente, y que están estrechamente asociadas a la capacidad de
los individuos a crear soluciones inmediatas a problemas coyunturales de la
gente.
Es evidente que bajo el esquema político tradicional se entra en un campo
donde la derecha es mucho más experimentada y fuerte; donde mantiene sus
mejores activos y lo que le ha permitido manipular políticamente al país por
decenios, y la posibilidad de éxito en la confrontación varia
ostensiblemente a favor de la clase dominante que acecha constantemente al
pueblo convertido en potencial elector. Debido a esto, la mejor opción
planteada es la definición de cargos por la vía de elecciones internas,
especialmente por el carácter, muchas veces intransigente, de los grupos que
no atinan a entender que su subsistencia depende drásticamente de su
capacidad de crear consensos.
Es importante valorar la posición de las bases en toda la ecuación
electoral; hasta la fecha los grupos que tratan de ingresar al Frente Amplio
de Resistencia lo hacen desde posiciones especulativas, sin gran respaldo de
bases organizadas y en animo de precipitar una “repartición”, antes de
comenzar el trabajo. En este sentido, las posiciones parecen más bien
oportunistas y alejadas del contexto nacional, lo que da deja entrever una
visión cortoplacista, que ignora deliberadamente al adversario de clase
real. Esta especie de “tregua” otorgada al rival inminente, puede producir
efectos negativos incalculables, por lo que es imperativo que las fuerzas
políticas y sociales reevalúen sus posiciones vanguardistas, y se considere
que el proyecto es, ante todo, la refundación de Honduras.
El análisis de la realidad no puede ignorar el aislamiento de la
intelectualidad, muchas veces voluntaria, que produce un vacío sensible
entre las fuerzas populares. Es notable la falta de militancia de los
sectores intelectuales, que prefieren alinearse con posiciones que ignoren
al enemigo de clase, en lugar de enfrentarlo; muchos aun temen perder su
inmaculada posición de “neutralidad científica”, ante el temor de que la
participación activa reste credibilidad. La pregunta aquí es obvia: ¿la
credibilidad de quién? Igual contamos con sectores intelectuales que buscan
marcar una brecha amplia entre la ciencia y la ideología, con la idea
modernista de que el discurso mejor es aquel que se puede considerar
“neutro” o “inocuo” ante el poder factico.
Esta “inocuidad” es muy bien vista por sectores dirigentes que entienden el
análisis y el pensamiento crítico como una posición ideológica obsoleta,
pasada de moda, argumento fácil de esgrimir, pero absolutamente
insostenible. Si la lucha de confrontación electoral con la clase dominante
no es nutrida de una posición ideológicamente fuerte, es muy probable que
todos terminemos compartiendo incluso el lenguaje con la oligarquía y sus
colaboradores políticos. Los dirigentes no terminan de entender los
planteamientos que surgen de la coordinación nacional, mientras valiosos y
valiosas compañeras, prefieren entender esta lucha como algo ajeno.
La inconsistencia en el nivel de compromiso a nivel de dirigentes, pone en
alto riesgo a todo el proyecto de refundación y liberación, por lo que se
hace imperativo que se asuman posiciones contundentes directamente con las
bases, las que no se mueven en base a prejuicios o intereses, sino más bien
en la dirección de construir en el corto, en el mediano, y en el largo
plazo, un proyecto fuerte que le permita ser protagonista permanente de los
cambios que sean necesarios en la sociedad.
Es importante también reconocer la importancia de la ideología en la
transformación de una sociedad, así como la necesidad de desarrollar un
cuerpo de ideas ajustado a las condiciones generales, objetivas y
subjetivas, de manera que ese cuerpo se consolide en el imaginario
colectivo. La mejor opción de derrotar al adversario está en nuestra propia
capacidad de fortalecer la consciencia crítica del pueblo, que le ayude a
interpretar correctamente su entorno.
Es posible que dentro de todo este escrito no exista ni una sola idea;
tampoco ninguna novedad, no es el propósito del mismo. Seguramente los
lectores encontraran debilidades teóricas, pero las apreciaciones están
apegadas a la realidad que enfrentamos hoy, con una correlación de fuerzas
que puede cambiarse, pero requiere de mucho trabajo, compromiso y
desprendimiento.
14/julio/2011
Las nuevas tragedias a la hondureña
voselsoberano.com | Viernes 15 de Julio de 2011
Percy Francisco Alvarado Godoy, Rebelión
La tragedia está presente en Honduras, anquilosada en el diario vivir, como una bofetada contra la existencia misma, disfrazada de cruel e impuesta “democracia, después de aquella infausta asonada golpista del 28 de junio de 2009, cuando fue depuesto el presidente constitucional Manuel Zelaya a Honduras, ante el asombro del mundo entero, recrudecida ella por la impunidad, el sucio contubernio de militares y patrones, acreedores del burdo espaldarazo de las principales potencias mundiales y el genuflexo contubernio de la OEA. No importó, empero, que el depuesto presidente regresara al aeropuerto de Toncontin, en Tegucigalpa, el pasado 28 de mayo de 2011, donde una vez quiso volver a su país y le fuera impedido el ingreso mientras se masacraba a su pueblo, para que el luto, el dolor impreso en el alma de las gentes, el sentimiento de pérdida y los crímenes indetenibles, dimensionaran aún más el trágico balance del destino de los ciudadanos.
Algo había cambiado, sin embargo. Y todos lo sabíamos, tanto espectadores como protagonistas. Esta vez el pueblo hondureño se había curtido en el terco enfrentamiento contra el golpista asesino, esta vez las calles le habían servido de escuela para fraguar conciencias y fortalecer convicciones; esta vez, también, el camino se había definido con mayor claridad y la demanda adquirió sentido pleno y voz genuina. Esta vez sus muertos les sirvieron de bandera ante la represión y cargaron con su memoria como un arma nueva; esta vez la frustración y el dolor se trastrocaron en fuerza motriz para seguir adelante, para hacer sentir su voz y su reclamo permanente. Y allí, en la Plaza Isis Obed Murillo, donde estuvo presente el joven asesinado en el corazón de todos, volvió Zelaya al reencuentro con su pueblo. Nada era igual ya, por supuesto. Con solo ver en los rostros de las gentes levantando sus puños, Zelaya comprendió que el pueblo, aquel que lo defendió y salió a las calles ante el golpe militar, se había crecido y organizado en el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP). Había alcanzado su más plena estatura a fuerza de coraje y martirologio. Lo había dejado atrás, en el deambular por la historia. Lo supo y lo aceptó. Lo supo y vio en él la única forma de regresar al pasado arrancado por la fuerza.
Mucho podrá decirse sobre los protagonistas y cambios políticos que favorecieron el retorno de Zelaya, sobre la base de El Acuerdo de Cartagena, sin embargo, sería tonto e iluso negar que el principal artífice de ese regreso fuera el propio pueblo hondureño. Cada calle conoció su protesta, cada ciudad y pueblo, por lejanos que fueran, conocieron de su rabia y sus demandas, de sed desmedida de justicia y de su esperanza bulléndole en la sangre. “Debemos rendir homenaje a aquellos que hemos perdido en esta lucha, a los que ofrecieron sus vidas”, dijo Zelaya, refiriéndose a los más de 200 hondureños asesinados.
“Del lobo, un pelo”, reza un antiguo refrán, y el actual presidente Porfirio Lobo, consciente de que era prácticamente imposible enfrentar la oleada de protestas y descontento social mediante la más brutal represión, acudió a la diplomacia para frenar la oleada revolucionaria en Honduras, aceptando una solución que todavía no está totalmente clara en cuanto a sus expectativas. Lo cierto es que, mediante el Acuerdo de Cartagena, Zelaya regresó del obligado exilio y el 1 de junio Honduras fue readmitida a la OEA, sin tenerse en cuenta que los golpistas y sus cómplices permanecieron impunes y gozando de las prerrogativas de sus cargos públicos y comodidad económica. Muchos participaron en el arreglo: unos de buena fe y otros, los aprovechadores, cargando sobre sí un malsano oportunismo. La OEA, como todos, se contentó con el pacto, tejido a las espaldas de los mártires. El propio Zelaya cayó en la trampa urdida contra su propio pueblo, al declarar, apenas llegado a Honduras: “Si el gobierno reconoce los derechos del pueblo, el presidente Lobo reconocerá los derechos democráticos que han sido violados, y entonces la comunidad internacional tiene la obligación de reconocer los derechos del Presidente y su gobierno”. Fue, sin lugar a dudas, una legitimación de la continuidad golpista, de dar luz verde a las privatizaciones y desalojos, de las desapariciones selectivas y a la criminalización de las emergentes fuerzas de la resistencia. El ardid, empero, no les dará a la larga el resultado esperado pues la chispa ya se encendió en el corazón de cada hondureño que anhela una vida mejor. De esta forma, el FNRP se ha convertido en alternativa de lucha hacia una restructuración a fondo de la sociedad hondureña.
El peligro de la radicalización de las luchas populares en Honduras ha preocupado no solo a la oligarquía de ese país, sino también a Estados Unidos. La propia secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton, brindó total apoyo a Porfirio Lobo, previo a la reunión del SICA para encontrar fórmulas que favorezcan el status quo imperante en esa nación centroamericana. A pesar de sus declaraciones contrarias a una supuesta reelección, Lobo es aún visto como una carta de triunfo de la oligarquía para las elecciones de 2013. De esos políticos hipócritas viene cargada la historia como un baldón a cuestas.
Pero el imperio y sus amos, los que hacen de la calumnia un instrumento para confundir, tramaron una nueva forma de debilitar a la resistencia. De esta forma se instrumentó una sucia campaña de desprestigio contra los ministros de Zelaya, intentando socavar los primeros pasos hacia la emergente fueras de la resistencia popular. Esta vez usaron la difamación contra los miembros del ex gabinete de Zelaya, particularmente contra Enrique Flores Lanza. Las acusaciones aparecieron como una tormenta mediática, usando a la justicia dudosa y comprada como instrumento para llevar a cabo la difamación y el golpe rastrero contra el FNRP. Las dudosas acusaciones contra Flores Lanza hicieron al pueblo salir a la calle, a retomar la protesta el pasado 20 de junio, con Manuel Zelaya a la cabeza. El arresto domiciliario dictado contra el ex ministro de la Presidencia Enrique Flores y miembro de la Comisión Política del FNRP, encausado presuntamente por corrupción, no podía aceptarse, pues esta acción legal desconocía una cláusula del Acuerdo de Cartagena, a la par que demostraba el doble rasero de la justicia hondureña, la que ha obviado, deliberadamente, cualquier acción penal contra los golpistas. Esta vez, sobre un hombre honesto, se lanzaba el perjurio de desfalcar al Banco Central, que lo condujo al arresto domiciliario y a pagar una fianza de 27 millones de lempiras, cerca de 1,4 millones de dólares. El sucio rejuego político judicial se puso en marcha contra otros ex ministros de Zelaya, con la clara intención de viciar la percepción del pueblo hondureño y de la opinión pública internacional sobre el FNRP y el futuro papel de Zelaya dentro de la política nacional.
El propio Flores Lanza, en una entrevista concedida al periodista Dick Emanuelsson, declaró:
“Estamos en este encierro a pesar que somos inocentes, que hemos ingresado al país en el marco del acuerdo político de Cartagena, donde el presidente Lobo comprometió su palabra y estampó su firma para darnos garantías de libertad y de podernos defender, hecho que nos ha sido negado durante dos años.” (…) “Nos declaramos presos políticos, como lo han dicho los organismos de derechos humanos. Sabemos que somos presos políticos por que representamos hoy aquí en esta prisión en la que se ha convertido mi hogar, al pueblo hondureño en Resistencia contra la opresión, que quiere recuperar la democracia y la libertad y buscan una Honduras mejor para todos.”
Detrás de esta maniobra contra los ministros de Zelaya y el FNRP se encuentra el propio Roberto Micheletti, con la anuencia de la ultraderecha norteamericana y la oligarquía hondureña, cegados por un revanchismo a ultranza con el que pretenden desoír el Acuerdo de Cartagena. En una videoconferencia durante una audiencia del Congreso estadounidense, Micheletti se vio apoyado por senadores norteamericanos como su vieja socia, la presidenta del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, Ileana Ros-Lehtinen; el presidente del Subcomité de Asuntos Latinoamericanos, Connie Mack; así como otros representantes conservadores. Con desparpajo, declaró Micheletti en esta ocasión: “Que nadie que haya cometido delitos contra intereses del Estado quede en las calles del país impune”. Obviamente, no se refería ni a él, ni a sus socios golpistas y represores.
Hoy para el ex presidente Manuel Zelaya, tanto como para el FNRP, se vislumbra una solución mediante la convocatoria a una Asamblea Constituyente, así como con la creación de una agrupación política dentro de Frente, lo que sería empleado como alternativas para desarrollar sus nuevas estrategias dentro de la vida pública nacional de un país minado por la pobreza y donde la situación interna se vuelva cada vez más álgida al incrementarse los desalojos de campesinos, las privatizaciones, los asesinatos selectivos, la corrupción, el narco tráfico y las acciones dudosas de la justicia hondureña.
LA CORRUPCION Y OTROS ESCANDALOS
Un reciente informe titulado “Indicadores Internacionales de Corrupción. ¿Qué reflejan y qué omiten? El caso de Honduras”, elaborado por el franco-alemán Frederick Boehm, pone al desnudo que la corrupción en todas sus manifestaciones (el soborno, la extorsión, la malversación de fondos, el favoritismo, nepotismo y clientelismo, el fraude, la captura y la colusión) representa un fenómeno estructural en ese país. Así lo confirmó igualmente Miguel Ángel Domínguez, Director Ejecutivo del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA). Para ambos, las causas obedecen a tres factores principales: debilidad y falta de independencia del sistema judicial; debilidad del control en procesos presupuestarios y concentración de poderes económicos y políticos. Sin embargo, el estudio no profundiza en el hecho de que la corrupción está intrínsecamente ligada a las propias bases del sistema capitalista, oligárquico y semi feudal existente en Honduras.
Lo cierto es que la inoperancia y complicidad de las instituciones públicas como el Ministerio Público, la Procuraduría General del Estado y el mismo Consejo Nacional Anticorrupción, con los corruptos dentro del aparato gubernamental, es un garante de la propia existencia y perpetuidad de este mal que atenta contra el ciudadano común, quien se ve excluido y empujado a la miseria. Siempre el rico ha incrementado sus arcas a costa del sudor de los pobres y esta triste realidad parece perpetuarse en Honduras. Por ello no sorprenden a nadie los casos recientemente destapados en relación con las frecuentes corruptelas existentes en el país, que llegan a vincular a altos estamentos militares con el narcotráfico y el tráfico de armas y personas. Por ejemplo, el pasado día 20 de junio varios agentes de la policía hondureña serían investigados por amasar fortuna ilegalmente, provenientes del crimen organizado. Otro escándalo vincula al Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (IMPREMA) con el lavado de dinero, con independencia de ser esta una institución vinculada al sistema de educación. Esa es solo una parte de la verdad, la que aparece a flote. La gran parte de los negocios turbios permanece en las sombras.
AYUDAS QUE COMPROMETEN
Quienes se involucraron tras bambalinas en el golpe de estado en Honduras tratan por todos los medios de sostener el engendro “constitucional” pos golpista. De esta forma, cantidades inmensas de dinero, cuyo destino nunca va a parar a manos de los necesitados, llegan a Honduras en busca de compromiso y adhesión a las políticas injerencistas del poder imperial. Unas veces el dinero llega de forma directa, otras solapadamente. De acuerdo con informaciones recientes, los organismos financieros internacionales desembolsaron 510.2 millones de dólares al gobierno de Honduras durante los últimos 15 meses, según lo reconoce un informe ejecutivo preparado por la Secretaría de Finanzas (SEFIN) sobre el comportamiento de la deuda pública. Una parte, 199.2 millones de dólares, fueron supuestamente a parar al sector monetario fiscal. El desglose del resto del dinero se realizó de la siguiente manera: 75.5 millones de dólares se orientaron al sector transporte, 55 millones de dólares para el mejoramiento institucional, 50.6 millones de dólares destinados al multisectorial y 34.5 millones de dólares a la salud. Los restantes 42.1 millones de dólares se distribuyeron a los sectores de energía, turismo, vivienda, comercio e industria, forestal, educación y agropecuario. Para lo que va del 2001, se recibieron 53.3 millones de dólares, destinándose la mayor parte a los acreedores de la deuda y otros destinos.
El gobierno pretende desarrollar 40 proyectos con los organismos financieros internacionales como el BID, el Banco Mundial y el Banco Centroamericano, parte principal de los cuales se esfumarán e irán a parar a los bolsillos de quienes detentan el poder en el país catracho.
LOS DERECHOS HUMANOS EN HONDURAS
Los derechos humanos en Honduras son, hoy por hoy, una mera ilusión, fabricada por aquellos que intentan vender una insostenible imagen de democracia y bienestar social. Pruebe de ello es que, recientemente, Ministerio de Salud ha reducido la contratación médica para los Centros de Atención Integral (CAI), que tienen en sus manos el tratamiento de los ciudadanos portadores del VIH SIDA, en un país donde el 47 % de los 28.892 casos de personas con VIH no reciben algún tipo de tratamiento para su enfermedad y quedan condenados a su suerte. Esto pone en tela de juicio las palabras de Porfirio Lobo ante las Naciones Unidas, donde declaró que su gobierno había frenado el avance de este flagelo.
El pueblo no ha permanecido en silencio. Prueba de ello es el mensaje de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), emitido el pasado 3 de Junio del 2011 y dirigido al Secretario General de la OEA, donde se expresó: “Afirmamos que la posición expresada por el gobierno de Honduras de “olvido y perdón” no contribuye a avanzar en el esclarecimiento de las graves violaciones a los DDHH cometidas en el contexto del golpe de estado, sino al encubrimiento de los responsables y a la impunidad amparada en un discurso de reconciliación nacional.” Y continúa: “Vemos con preocupación que actores directos del golpe de estado siguen ocupando altos cargos en las instituciones del Poder Ejecutivo, en la cúpula militar y policial, en la Corte Suprema de Justicia, en el Congreso Nacional, y otras instancias gubernamentales, y demandamos su salida de las mismas como la única vía para iniciar un proceso de restablecimiento de la institucionalidad democrática y el estado de derecho.”
El documento relata continuas violaciones a los derechos humanos como la brutalidad de las fuerzas represivas del estado y privadas, la persecución y represión en contra de los integrantes del movimiento social y popular, los asesinatos políticos, el hostigamiento a defensoras y defensores de DDHH, las agresiones contra la población, los asesinatos a campesinos organizados en el Aguán y a varios periodistas, entre otros males emanados de la actitud anti constitucional del gobierno.
Otra denuncia en este sentido fue dada a conocer el 7 de junio pasado por Reporteros sin Fronteras y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias-América Latina y El Caribe (AMARC-ALC), donde se reclama “el fin de la impunidad por los crímenes cometidos, en particular contra periodistas y defensores de los derechos humanos; por las agresiones, los atentados, sabotajes y cierres de medios de comunicación, así como el restablecimiento de las frecuencias suspendidas o retomadas por el Estado. Desde 2010, en Honduras han sido asesinados once periodistas y un propietario de un medio de comunicación. Desde el inicio del año 2011, otros cuatro periodistas y un director de un medio han sobrevivido a atentados dirigidos.” Sin embargo, la cifra de periodistas asesinados aumentó a doce con la muerte de Adán Benítez, quien resultó asesinado en la ciudad atlántica hondureña de La Ceiba.
Pavor e indignación ha causado en el mundo la represión contra el campesinado en el Bajo Aguán, perpetrado por la policía y los grupos paramilitares al servicio de terratenientes y productores palmeros. Muchos murieron ante el impacto de armas de grueso calibre, pero el Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguan (MARCA) y del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), mantienen sus genuinas demandas a pesar de los asesinatos y la desmedida represión contra sus integrantes. A la suma de los muertos provocados por las fuerzas policiales y paramilitares, se han sumado los casos de Olvin Gallegos, Secundino Gómez, José Recinos Aguilar, Joel Santamaría y Genaro Cuesta, quienes pasaron a engrosar la lista de 31 campesinos asesinados en el Bajo Aguán en los últimos 15 meses.
También la mano asesina de los cuerpos represivos hondureños y sus sicarios han arrebatado la vida de varios periodistas como Nicolás Josué Asfura, Joseph Hernández Ochoa, David Enrique Meza Montesinos, Nahum Palacios, José Bayardo Mairena, Manuel Juárez, Luis Chévez Hernández, Jorge Alberto Orellana, Luis Arturo Mondragón Morazán, Israel Díaz Zelaya, Henry Orlando Suazo Santos y otros dos más recientemante. De la misma manera, varios periodistas han sido amenazados de muerte y han tenido que salir del país. Muchos medios de comunicación también han recibido amenazas o han sido saboteados, como los casos de Radio Falemu Bimetu, La Voz de Zacate Grande, Canal Televisión Educativa Nacional y Radio Uno.
Uno de los fenómenos más sobresalientes en la vida social hondureña ha sido la proliferación de la violencia entre jóvenes y adolescentes, quienes no ven por parte del gobierno las oportunidades necesarias para resolver sus expectativas de vida, pues carecen de equidad y participación en la vida social, siendo mantenidos en la marginación y en la pobreza. Muchos casos de las pandillas y maras son respuestas a la marginación, la estigmatización, criminalización y persecución de los jóvenes, carentes de un sistema gubernamental de atención básica. ¡Pobre país aquel que abandona a las generaciones venideras al libre albedrío del temor, la duda, la insatisfacción y la pobreza! ¡Pobre país aquel donde el 32 % de su población joven no estudia y se educa, marginada del deporte, la cultura y otras oportunidades sociales! ¡Pobre país aquel donde los jóvenes mueren a diario víctimas de la violencia, del abuso intrafamiliar, por las drogas y por un concepto infundado de la limpieza social controlada por la fuerza represoras!
Honduras duele, pues, en el corazón de todos aquellos que la aman y la han defendido, unos con las armas y piedras, con los puños y palos; tanto como los que la hemos defendido con la palabra oportuna y enérgica, con la denuncia militante y la más infinita solidaridad. Pero Honduras, a la vez, nos despierta esperanzas y optimismo. También confiamos en su pueblo, capaz de labrar sus propios derroteros en el largo y complicado camino hacia la verdadera, única y genuina libertad.
La tragedia está presente en Honduras, anquilosada en el diario vivir, como una bofetada contra la existencia misma, disfrazada de cruel e impuesta “democracia, después de aquella infausta asonada golpista del 28 de junio de 2009, cuando fue depuesto el presidente constitucional Manuel Zelaya a Honduras, ante el asombro del mundo entero, recrudecida ella por la impunidad, el sucio contubernio de militares y patrones, acreedores del burdo espaldarazo de las principales potencias mundiales y el genuflexo contubernio de la OEA. No importó, empero, que el depuesto presidente regresara al aeropuerto de Toncontin, en Tegucigalpa, el pasado 28 de mayo de 2011, donde una vez quiso volver a su país y le fuera impedido el ingreso mientras se masacraba a su pueblo, para que el luto, el dolor impreso en el alma de las gentes, el sentimiento de pérdida y los crímenes indetenibles, dimensionaran aún más el trágico balance del destino de los ciudadanos.
Algo había cambiado, sin embargo. Y todos lo sabíamos, tanto espectadores como protagonistas. Esta vez el pueblo hondureño se había curtido en el terco enfrentamiento contra el golpista asesino, esta vez las calles le habían servido de escuela para fraguar conciencias y fortalecer convicciones; esta vez, también, el camino se había definido con mayor claridad y la demanda adquirió sentido pleno y voz genuina. Esta vez sus muertos les sirvieron de bandera ante la represión y cargaron con su memoria como un arma nueva; esta vez la frustración y el dolor se trastrocaron en fuerza motriz para seguir adelante, para hacer sentir su voz y su reclamo permanente. Y allí, en la Plaza Isis Obed Murillo, donde estuvo presente el joven asesinado en el corazón de todos, volvió Zelaya al reencuentro con su pueblo. Nada era igual ya, por supuesto. Con solo ver en los rostros de las gentes levantando sus puños, Zelaya comprendió que el pueblo, aquel que lo defendió y salió a las calles ante el golpe militar, se había crecido y organizado en el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP). Había alcanzado su más plena estatura a fuerza de coraje y martirologio. Lo había dejado atrás, en el deambular por la historia. Lo supo y lo aceptó. Lo supo y vio en él la única forma de regresar al pasado arrancado por la fuerza.
Mucho podrá decirse sobre los protagonistas y cambios políticos que favorecieron el retorno de Zelaya, sobre la base de El Acuerdo de Cartagena, sin embargo, sería tonto e iluso negar que el principal artífice de ese regreso fuera el propio pueblo hondureño. Cada calle conoció su protesta, cada ciudad y pueblo, por lejanos que fueran, conocieron de su rabia y sus demandas, de sed desmedida de justicia y de su esperanza bulléndole en la sangre. “Debemos rendir homenaje a aquellos que hemos perdido en esta lucha, a los que ofrecieron sus vidas”, dijo Zelaya, refiriéndose a los más de 200 hondureños asesinados.
“Del lobo, un pelo”, reza un antiguo refrán, y el actual presidente Porfirio Lobo, consciente de que era prácticamente imposible enfrentar la oleada de protestas y descontento social mediante la más brutal represión, acudió a la diplomacia para frenar la oleada revolucionaria en Honduras, aceptando una solución que todavía no está totalmente clara en cuanto a sus expectativas. Lo cierto es que, mediante el Acuerdo de Cartagena, Zelaya regresó del obligado exilio y el 1 de junio Honduras fue readmitida a la OEA, sin tenerse en cuenta que los golpistas y sus cómplices permanecieron impunes y gozando de las prerrogativas de sus cargos públicos y comodidad económica. Muchos participaron en el arreglo: unos de buena fe y otros, los aprovechadores, cargando sobre sí un malsano oportunismo. La OEA, como todos, se contentó con el pacto, tejido a las espaldas de los mártires. El propio Zelaya cayó en la trampa urdida contra su propio pueblo, al declarar, apenas llegado a Honduras: “Si el gobierno reconoce los derechos del pueblo, el presidente Lobo reconocerá los derechos democráticos que han sido violados, y entonces la comunidad internacional tiene la obligación de reconocer los derechos del Presidente y su gobierno”. Fue, sin lugar a dudas, una legitimación de la continuidad golpista, de dar luz verde a las privatizaciones y desalojos, de las desapariciones selectivas y a la criminalización de las emergentes fuerzas de la resistencia. El ardid, empero, no les dará a la larga el resultado esperado pues la chispa ya se encendió en el corazón de cada hondureño que anhela una vida mejor. De esta forma, el FNRP se ha convertido en alternativa de lucha hacia una restructuración a fondo de la sociedad hondureña.
El peligro de la radicalización de las luchas populares en Honduras ha preocupado no solo a la oligarquía de ese país, sino también a Estados Unidos. La propia secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton, brindó total apoyo a Porfirio Lobo, previo a la reunión del SICA para encontrar fórmulas que favorezcan el status quo imperante en esa nación centroamericana. A pesar de sus declaraciones contrarias a una supuesta reelección, Lobo es aún visto como una carta de triunfo de la oligarquía para las elecciones de 2013. De esos políticos hipócritas viene cargada la historia como un baldón a cuestas.
Pero el imperio y sus amos, los que hacen de la calumnia un instrumento para confundir, tramaron una nueva forma de debilitar a la resistencia. De esta forma se instrumentó una sucia campaña de desprestigio contra los ministros de Zelaya, intentando socavar los primeros pasos hacia la emergente fueras de la resistencia popular. Esta vez usaron la difamación contra los miembros del ex gabinete de Zelaya, particularmente contra Enrique Flores Lanza. Las acusaciones aparecieron como una tormenta mediática, usando a la justicia dudosa y comprada como instrumento para llevar a cabo la difamación y el golpe rastrero contra el FNRP. Las dudosas acusaciones contra Flores Lanza hicieron al pueblo salir a la calle, a retomar la protesta el pasado 20 de junio, con Manuel Zelaya a la cabeza. El arresto domiciliario dictado contra el ex ministro de la Presidencia Enrique Flores y miembro de la Comisión Política del FNRP, encausado presuntamente por corrupción, no podía aceptarse, pues esta acción legal desconocía una cláusula del Acuerdo de Cartagena, a la par que demostraba el doble rasero de la justicia hondureña, la que ha obviado, deliberadamente, cualquier acción penal contra los golpistas. Esta vez, sobre un hombre honesto, se lanzaba el perjurio de desfalcar al Banco Central, que lo condujo al arresto domiciliario y a pagar una fianza de 27 millones de lempiras, cerca de 1,4 millones de dólares. El sucio rejuego político judicial se puso en marcha contra otros ex ministros de Zelaya, con la clara intención de viciar la percepción del pueblo hondureño y de la opinión pública internacional sobre el FNRP y el futuro papel de Zelaya dentro de la política nacional.
El propio Flores Lanza, en una entrevista concedida al periodista Dick Emanuelsson, declaró:
“Estamos en este encierro a pesar que somos inocentes, que hemos ingresado al país en el marco del acuerdo político de Cartagena, donde el presidente Lobo comprometió su palabra y estampó su firma para darnos garantías de libertad y de podernos defender, hecho que nos ha sido negado durante dos años.” (…) “Nos declaramos presos políticos, como lo han dicho los organismos de derechos humanos. Sabemos que somos presos políticos por que representamos hoy aquí en esta prisión en la que se ha convertido mi hogar, al pueblo hondureño en Resistencia contra la opresión, que quiere recuperar la democracia y la libertad y buscan una Honduras mejor para todos.”
Detrás de esta maniobra contra los ministros de Zelaya y el FNRP se encuentra el propio Roberto Micheletti, con la anuencia de la ultraderecha norteamericana y la oligarquía hondureña, cegados por un revanchismo a ultranza con el que pretenden desoír el Acuerdo de Cartagena. En una videoconferencia durante una audiencia del Congreso estadounidense, Micheletti se vio apoyado por senadores norteamericanos como su vieja socia, la presidenta del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, Ileana Ros-Lehtinen; el presidente del Subcomité de Asuntos Latinoamericanos, Connie Mack; así como otros representantes conservadores. Con desparpajo, declaró Micheletti en esta ocasión: “Que nadie que haya cometido delitos contra intereses del Estado quede en las calles del país impune”. Obviamente, no se refería ni a él, ni a sus socios golpistas y represores.
Hoy para el ex presidente Manuel Zelaya, tanto como para el FNRP, se vislumbra una solución mediante la convocatoria a una Asamblea Constituyente, así como con la creación de una agrupación política dentro de Frente, lo que sería empleado como alternativas para desarrollar sus nuevas estrategias dentro de la vida pública nacional de un país minado por la pobreza y donde la situación interna se vuelva cada vez más álgida al incrementarse los desalojos de campesinos, las privatizaciones, los asesinatos selectivos, la corrupción, el narco tráfico y las acciones dudosas de la justicia hondureña.
LA CORRUPCION Y OTROS ESCANDALOS
Un reciente informe titulado “Indicadores Internacionales de Corrupción. ¿Qué reflejan y qué omiten? El caso de Honduras”, elaborado por el franco-alemán Frederick Boehm, pone al desnudo que la corrupción en todas sus manifestaciones (el soborno, la extorsión, la malversación de fondos, el favoritismo, nepotismo y clientelismo, el fraude, la captura y la colusión) representa un fenómeno estructural en ese país. Así lo confirmó igualmente Miguel Ángel Domínguez, Director Ejecutivo del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA). Para ambos, las causas obedecen a tres factores principales: debilidad y falta de independencia del sistema judicial; debilidad del control en procesos presupuestarios y concentración de poderes económicos y políticos. Sin embargo, el estudio no profundiza en el hecho de que la corrupción está intrínsecamente ligada a las propias bases del sistema capitalista, oligárquico y semi feudal existente en Honduras.
Lo cierto es que la inoperancia y complicidad de las instituciones públicas como el Ministerio Público, la Procuraduría General del Estado y el mismo Consejo Nacional Anticorrupción, con los corruptos dentro del aparato gubernamental, es un garante de la propia existencia y perpetuidad de este mal que atenta contra el ciudadano común, quien se ve excluido y empujado a la miseria. Siempre el rico ha incrementado sus arcas a costa del sudor de los pobres y esta triste realidad parece perpetuarse en Honduras. Por ello no sorprenden a nadie los casos recientemente destapados en relación con las frecuentes corruptelas existentes en el país, que llegan a vincular a altos estamentos militares con el narcotráfico y el tráfico de armas y personas. Por ejemplo, el pasado día 20 de junio varios agentes de la policía hondureña serían investigados por amasar fortuna ilegalmente, provenientes del crimen organizado. Otro escándalo vincula al Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (IMPREMA) con el lavado de dinero, con independencia de ser esta una institución vinculada al sistema de educación. Esa es solo una parte de la verdad, la que aparece a flote. La gran parte de los negocios turbios permanece en las sombras.
AYUDAS QUE COMPROMETEN
Quienes se involucraron tras bambalinas en el golpe de estado en Honduras tratan por todos los medios de sostener el engendro “constitucional” pos golpista. De esta forma, cantidades inmensas de dinero, cuyo destino nunca va a parar a manos de los necesitados, llegan a Honduras en busca de compromiso y adhesión a las políticas injerencistas del poder imperial. Unas veces el dinero llega de forma directa, otras solapadamente. De acuerdo con informaciones recientes, los organismos financieros internacionales desembolsaron 510.2 millones de dólares al gobierno de Honduras durante los últimos 15 meses, según lo reconoce un informe ejecutivo preparado por la Secretaría de Finanzas (SEFIN) sobre el comportamiento de la deuda pública. Una parte, 199.2 millones de dólares, fueron supuestamente a parar al sector monetario fiscal. El desglose del resto del dinero se realizó de la siguiente manera: 75.5 millones de dólares se orientaron al sector transporte, 55 millones de dólares para el mejoramiento institucional, 50.6 millones de dólares destinados al multisectorial y 34.5 millones de dólares a la salud. Los restantes 42.1 millones de dólares se distribuyeron a los sectores de energía, turismo, vivienda, comercio e industria, forestal, educación y agropecuario. Para lo que va del 2001, se recibieron 53.3 millones de dólares, destinándose la mayor parte a los acreedores de la deuda y otros destinos.
El gobierno pretende desarrollar 40 proyectos con los organismos financieros internacionales como el BID, el Banco Mundial y el Banco Centroamericano, parte principal de los cuales se esfumarán e irán a parar a los bolsillos de quienes detentan el poder en el país catracho.
LOS DERECHOS HUMANOS EN HONDURAS
Los derechos humanos en Honduras son, hoy por hoy, una mera ilusión, fabricada por aquellos que intentan vender una insostenible imagen de democracia y bienestar social. Pruebe de ello es que, recientemente, Ministerio de Salud ha reducido la contratación médica para los Centros de Atención Integral (CAI), que tienen en sus manos el tratamiento de los ciudadanos portadores del VIH SIDA, en un país donde el 47 % de los 28.892 casos de personas con VIH no reciben algún tipo de tratamiento para su enfermedad y quedan condenados a su suerte. Esto pone en tela de juicio las palabras de Porfirio Lobo ante las Naciones Unidas, donde declaró que su gobierno había frenado el avance de este flagelo.
El pueblo no ha permanecido en silencio. Prueba de ello es el mensaje de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), emitido el pasado 3 de Junio del 2011 y dirigido al Secretario General de la OEA, donde se expresó: “Afirmamos que la posición expresada por el gobierno de Honduras de “olvido y perdón” no contribuye a avanzar en el esclarecimiento de las graves violaciones a los DDHH cometidas en el contexto del golpe de estado, sino al encubrimiento de los responsables y a la impunidad amparada en un discurso de reconciliación nacional.” Y continúa: “Vemos con preocupación que actores directos del golpe de estado siguen ocupando altos cargos en las instituciones del Poder Ejecutivo, en la cúpula militar y policial, en la Corte Suprema de Justicia, en el Congreso Nacional, y otras instancias gubernamentales, y demandamos su salida de las mismas como la única vía para iniciar un proceso de restablecimiento de la institucionalidad democrática y el estado de derecho.”
El documento relata continuas violaciones a los derechos humanos como la brutalidad de las fuerzas represivas del estado y privadas, la persecución y represión en contra de los integrantes del movimiento social y popular, los asesinatos políticos, el hostigamiento a defensoras y defensores de DDHH, las agresiones contra la población, los asesinatos a campesinos organizados en el Aguán y a varios periodistas, entre otros males emanados de la actitud anti constitucional del gobierno.
Otra denuncia en este sentido fue dada a conocer el 7 de junio pasado por Reporteros sin Fronteras y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias-América Latina y El Caribe (AMARC-ALC), donde se reclama “el fin de la impunidad por los crímenes cometidos, en particular contra periodistas y defensores de los derechos humanos; por las agresiones, los atentados, sabotajes y cierres de medios de comunicación, así como el restablecimiento de las frecuencias suspendidas o retomadas por el Estado. Desde 2010, en Honduras han sido asesinados once periodistas y un propietario de un medio de comunicación. Desde el inicio del año 2011, otros cuatro periodistas y un director de un medio han sobrevivido a atentados dirigidos.” Sin embargo, la cifra de periodistas asesinados aumentó a doce con la muerte de Adán Benítez, quien resultó asesinado en la ciudad atlántica hondureña de La Ceiba.
Pavor e indignación ha causado en el mundo la represión contra el campesinado en el Bajo Aguán, perpetrado por la policía y los grupos paramilitares al servicio de terratenientes y productores palmeros. Muchos murieron ante el impacto de armas de grueso calibre, pero el Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguan (MARCA) y del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), mantienen sus genuinas demandas a pesar de los asesinatos y la desmedida represión contra sus integrantes. A la suma de los muertos provocados por las fuerzas policiales y paramilitares, se han sumado los casos de Olvin Gallegos, Secundino Gómez, José Recinos Aguilar, Joel Santamaría y Genaro Cuesta, quienes pasaron a engrosar la lista de 31 campesinos asesinados en el Bajo Aguán en los últimos 15 meses.
También la mano asesina de los cuerpos represivos hondureños y sus sicarios han arrebatado la vida de varios periodistas como Nicolás Josué Asfura, Joseph Hernández Ochoa, David Enrique Meza Montesinos, Nahum Palacios, José Bayardo Mairena, Manuel Juárez, Luis Chévez Hernández, Jorge Alberto Orellana, Luis Arturo Mondragón Morazán, Israel Díaz Zelaya, Henry Orlando Suazo Santos y otros dos más recientemante. De la misma manera, varios periodistas han sido amenazados de muerte y han tenido que salir del país. Muchos medios de comunicación también han recibido amenazas o han sido saboteados, como los casos de Radio Falemu Bimetu, La Voz de Zacate Grande, Canal Televisión Educativa Nacional y Radio Uno.
Uno de los fenómenos más sobresalientes en la vida social hondureña ha sido la proliferación de la violencia entre jóvenes y adolescentes, quienes no ven por parte del gobierno las oportunidades necesarias para resolver sus expectativas de vida, pues carecen de equidad y participación en la vida social, siendo mantenidos en la marginación y en la pobreza. Muchos casos de las pandillas y maras son respuestas a la marginación, la estigmatización, criminalización y persecución de los jóvenes, carentes de un sistema gubernamental de atención básica. ¡Pobre país aquel que abandona a las generaciones venideras al libre albedrío del temor, la duda, la insatisfacción y la pobreza! ¡Pobre país aquel donde el 32 % de su población joven no estudia y se educa, marginada del deporte, la cultura y otras oportunidades sociales! ¡Pobre país aquel donde los jóvenes mueren a diario víctimas de la violencia, del abuso intrafamiliar, por las drogas y por un concepto infundado de la limpieza social controlada por la fuerza represoras!
Honduras duele, pues, en el corazón de todos aquellos que la aman y la han defendido, unos con las armas y piedras, con los puños y palos; tanto como los que la hemos defendido con la palabra oportuna y enérgica, con la denuncia militante y la más infinita solidaridad. Pero Honduras, a la vez, nos despierta esperanzas y optimismo. También confiamos en su pueblo, capaz de labrar sus propios derroteros en el largo y complicado camino hacia la verdadera, única y genuina libertad.
EL FIN DE LA MENTIRA,
portada y editorial EL LIBERTADOR impreso,
14 julio 2011
La patraña cayó por su propio peso. Si bien nunca tuvo pies ni cabeza, el sofisma de la “sucesión constitucional” siempre fue el sustento que permitía a la oligarquía, a sus títeres políticos y a su canalla mediática, alegar la legalidad de su anacrónico actuar durante los momentos oscuros de finales de junio de 2009.
El informe de la oficialista Comisión de la Verdad, más allá de las omisiones, es lapidario y contundente. Fue innegablemente, golpe de Estado. El dictador Roberto Micheletti asumió un gobierno de Facto, el Congreso Nacional carece de facultad legal para destituir a un gobernante electo de manera constitucional, las Fuerzas Armadas al mando del cerril general Romeo Vásquez Velásquez, cometieron flagrantes violaciones a los Derechos Humanos, en fin, un cúmulo de arbitrariedades y delitos que deberán ser juzgados y castigados por los Tribunales independientemente de cuál sea su jurisdicción.
El informe evidencia el cáncer terminal que agobia al orden institucional hondureño, al extremo, que la pre diluviana aventura oligárquica, empresarial, militar y clerical, se llevó de encuentro al gobierno de Porfirio Lobo Sosa. Ante eso, sugiere la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente para establecer el Estado de Derecho.
El fin del sofisma, no significa el fin del conflicto político. La exigencia de castigo a los culpables por los delitos derivados del golpe de Estado adquiere mayor sentido y consistencia. El reclamo de una Constituyente, posee mayor lógica y se convierte en una necesidad nacional. Violentada de forma artera por aquellos que se rasgaban las vestiduras en su defensa, la Constitución actual es ya, un desfase legal a superar. La Honduras pos golpe de Estado requiere una nueva ley fundamental y una nueva institucionalidad acorde a las aspiraciones de los ciudadanos del siglo XXI. Es paradójico, los mismos que avalaban la Constitución de 1982 le dieron el tiro de gracia.
Sorprende lo fugaz de la mentira y cómo la verdad se sobrepone a la asfixia oligárquica para poner bajo el sol a las fuerzas anti pueblo. Políticos, empresarios, dirigentes religiosos, militares, medios de comunicación y sus altavoces, todos ellos y otros más, han sido desenmascarados como brutos personajes del golpismo y de la reacción criolla, al servicio de una oligarquía corrupta, fracasada y mediocre. Los que no conocen los límites del ridículo y la estupidez humana, defendían a garganta abierta el fenecido sofisma de la “sucesión constitucional”, en el mismo momento que Eduardo Stein entregaba el informe de la Comisión de la Verdad al presidente Lobo Sosa.
Sobran las encuestas, los interminables artículos de los “grandes pensadores”, los gritos de los mercenarios de la cámara y el micrófono, los argumentos legales de los leguleyos más connotados en el foro jurídico nacional y las homilías de los que sostienen el impúdico maridaje entre la iglesia y el poder. Todo se vino abajo, naufragaron los enemigos del pueblo.
Es laudable un reconocimiento para todos los que al lado de la sociedad, se mantuvieron coherentes y firmes ante el crimen y la barbarie, superando las amenazas y las dificultades, esperando pacientes el veredicto de esos jueces superiores, el tiempo y la razón. Dos años después, ese fallo tan esperado, es claro e inapelable ante la fuerza de la Historia.
