Fue golpe de Estado: Concluye la Comisión de la Verdad
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Redacción Central / EL LIBERTADOR
Redacción Central / EL LIBERTADORTegucigalpa. La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), expresó este jueves que la salida por la vía armada de Manuel Zelaya Rosales del país fue un golpe de Estado y reconoció que tras el crimen constitucional hubo una violación sistemática de los Derechos Humanos.
En la presentación del informe presentado en la capital hondureña que pretende sacar a luz lo que se suscitó antes, durante y después del golpe, el coordinador de la CVR, el guatemalteco Eduardo Stein, divulgó ante el presidente Porfirio Lobo y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, que los “comisionados podemos afirmar que los procesos seguidos contra el presidente Manuel Zelaya fueron un golpe de Estado al Poder Ejecutivo¨.
En la disertación, Stein dijo que el nombramiento del titular del Congreso Nacional en ese entonces, Roberto Micheletti, como “presidente” fue ilegal y aclaró: “No fue una sucesión constitucional”.
Además, expresó que el Poder Legislativo "no tiene atribuciones para destituir al Presidente de la República ni para nombrar al sustituto, por lo que colegimos que el nombramiento del señor Roberto Micheletti como presidente interino de Honduras fue ilegal”
El responsable de la CVR señaló que la tiranía que tomó el poder el 28 de junio de 2009 y el 26 de enero de 2010, es un “Gobierno de facto".
Los miembros de la Comisión de la Verdad condenaron los asesinatos contra opositores a la dictadura de Roberto Micheletti Baín, lo que consideraron como una violación de los Derechos Humanos.
“Fuerzas policiales y militares mataron al menos 12 personas utilizando desproporcionadamente sus armas de fuego y gases tóxicos… y otros fueron asesinados selectivamente por agentes del Estado u otros perpetradores que aparentemente servían a la misma política estatal de represión" reza el informe que fue presentado.
Stein fue contundente al decir que "se debe investigar y sancionar judicialmente a los responsables de estos asesinatos, sin exclusión de rango o mando. Esa es una de las recomendaciones de la comisión".
En cambio, organismos defensores de Derechos Humanos al 31 de diciembre de 2009 habían reportado que unas 130 personas fueron asesinadas por organismos de seguridad del Estado y grupos ilegales armados que operaron al margen de la ley.
A julio de 2011, la lista de los ejecutados sobrepasa los 200.
Dentro del marco del respeto a la vida, Eduardo Stein recomendó que el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, “debe ser sometido a investigación para que se compruebe si actuó con imparcialidad durante la crisis”.
El también ex vicepresidente de Guatemala, al momento de referirse a las reformas constitucionales o la instalación de una Asamblea Constituyente La población es la llamada a decidir si desea cambios en la Constitución.
La comisión fue instalada a inicios de mayo de 2010 por el presidente, Porfirio Lobo, para esclarecer los hechos ocurridos antes y después del golpe de Estado del 28 de junio de 2009 y proporcionar las recomendaciones para que “los hechos no se repitan”.
La CVR está conformada por el ex vicepresidente de Guatemala Eduardo Stein, la jurista peruana María Amadilla Zavala Valladares y el diplomático canadiense Michael Kergin como miembros extranjeros.
Por la contraparte hondureña, la comisión está representada por la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) Julieta Castellanos; el ex rector Jorge Omar Casco y Sergio Membreño quien funge como secretario técnico.
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Carta del Ex Presidente Manuel Zelaya Rosales al Secretario General de la OEA, José Manuel Insulsa
voselsoberano.com | Viernes 08 de Julio de 2011
Tegucigalpa, M.D.C., 7 de julio de 2011.
Señor
José Miguel Insulza
Secretario General
Organización de Estados Americanos (OEA)
Ref: Solicitud de gestiones diplomáticas que restablezcan el cumplimiento de Acuerdo de Cartagena.
Señor Secretario:
Reciba un cordial saludo de parte del que suscribe la presente.
Tal como usted tiene conocimiento, a raíz de la nota que en fecha 16 de junio dirigí a los Cancilleres de la República Bolivariana de Venezuela y de la República de Colombia en su condición de integrantes de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de Cartagena denunciando el incumplimiento del mismo, se hicieron presentes a nuestro país el pasado 23 de junio como Enviados Especiales y parte de esta Comisión de Seguimiento, los vicecancilleres Ramón Gordil y Patricia Londoño, con quienes tuvimos el honor de reunirnos y plantearles nuestra posición sobre el arresto domiciliario, las fianzas millonarias e impagables y la cuenta regresiva para imponerle prisión preventiva a mi ex – Ministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza. Esta Comisión se comprometió a continuar con las gestiones para enmendar este incumplimiento.
La firma del Acuerdo para la Reconciliación Nacional y la Consolidación del Sistema Democrático en la República de Honduras el pasado 22 de mayo, hizo posible la reincorporación de Honduras a la Organización de Estados Americanos y confiábamos que a partir de ese momento efectivamente se iba a impulsar un proceso de reconciliación y restablecimiento del orden constitucional en nuestro país, pero no fue así: el 15 de junio, a menos de un mes de haberse firmado el Acuerdo, el mismo fue incumplido por parte del Gobierno de Porfirio Lobo Sosa en relación al compromiso asumido en el mismo, por el Estado de Honduras, de garantizar condiciones de seguridad y libertad a los ex - funcionarios de mi gobierno, en especial al Abogado Flores Lanza, quien continúa sometido a las medidas cautelares desproporcionadas y arbitrarias que le ha impuesto un órgano jurisdiccional limitándole su libertad personal y sus posibilidades de ejercicio de sus derechos políticos.
El Abogado Flores Lanza ha interpuesto los recursos de apelación correspondientes y una acción de amparo contra las resoluciones que impusieron las medidas arriba mencionadas; asimismo, se ha formalizado denuncia ante la Secretaria de Justicia y Derechos Humanos, en búsqueda de que tales instancias puedan restablecer los derechos que se le han violado, sin embargo, es sumamente inquietante que el próximo 15 de julio, ante la imposibilidad de pagar las fianzas millonarias será sometido a prisión preventiva en la Penitenciaría Nacional, lo cual agravaría la situación de incumplimiento del Acuerdo de Cartagena.
A partir de la firma del Acuerdo de Cartagena y de la incorporación de Honduras a la OEA, contrario a lo que esperábamos, no sólo continúa la impunidad a favor de quienes ejecutaron el golpe de Estado y las violaciones de derechos humanos sino que se siguen materializando restricciones y persecución política en contra de los miembros de la oposición, citamos el caso del arresto domiciliario infundado del Abogado Enrique Flores Lanza, la expulsión del Padre Andrés Tamayo, las amenazas en contra del Padre Fausto Milla y su asistente Denia Mejía, el uso de gases lacrimógenos y fuerza excesiva en contra de manifestantes pacíficos el pasado 28 de junio en Comayagua y en Tegucigalpa, el encarcelamiento injusto de defensores del medio ambiente en el Valle de Siria, el mantenimiento de los procesos arbitrarios contra maestros, sindicalistas y manifestantes, entre otras.
Deseo manifestarles que estoy totalmente en contra de los privilegios y la impunidad y estimo que cualquier proceso de reconciliación tiene que incluir el juzgamiento y condena de los responsables del golpe de Estado y de las violaciones de derechos humanos, por tal razón, no pedimos privilegios para Enrique Flores Lanza, pues él es inocente, únicamente exigimos que se le garantice un debido proceso que le permita defenderse en libertad y probar su inocencia en condiciones de igualdad y con respeto a las garantías procesales.
Lo he escuchado en muchas oportunidades decir que una vez que Honduras estuviera reincorporada a la OEA era más fácil establecer mecanismos de control para frenar las violaciones a los derechos humanos e impulsar acciones para el restablecimiento pleno del orden constitucional, es por tal razón, que le solicito en su condición de Secretario General de dicho organismo regional, que, además de las acciones que realizará la Comisión de Seguimiento y en apoyo a las mismas, impulse las gestiones diplomáticas necesarias que hagan posible el restablecimiento del compromiso incumplido y que logren impulsar efectivamente el proceso de reconciliación que aun no se ha iniciado y que se encuentra actualmente en riesgo en Honduras
En el marco de estas gestiones diplomáticas que se puedan impulsar, le hago formal petición para que se conforme una Comisión que realice una visita a nuestro país para constatar que la persecución política de la que es víctima el Abogado Enrique Flores Lanza a través de los órganos jurisdiccionales, violenta los compromisos asumidos por el Estado de Honduras en el Acuerdo de Cartagena y que, luego de su visita, efectúe recomendaciones orientadas a enmendar esta arbitrariedad, que reitero pone en grave peligro la reconciliación y la armonía que todos buscamos.
Lo anteriormente solicitado se enmarca dentro del espíritu de la Carta Democrática Interamericana que en su artículo 1 establece:
Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla
La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las América.
Y en su artículo 7:
La democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los derechos humanos, en su carácter universal, indivisible e interdependiente, consagrados en las respectivas constituciones de los Estados y en los instrumentos interamericanos e internacionales de derechos humanos
Me suscribo de usted esperando que, a la brevedad posible, interponga sus buenos oficios en procura del restablecimiento de la democracia en Honduras,
Respetuosamente,
JOSÉ MANUEL ZELAYA ROSALESPresidente Constitucional de la República de Honduras 2006-2010
cc: Señores Embajadores de los Países Miembros de la 0EA.
cc: Santiago Cantón, Secretario Ejecutivo CIDH
Reacción preliminar al Informe Stein
COFADEHConsideramos que los fragmentos del texto leídos al público causan algunas impresiones mediáticas en apariencia positivas y sorpresivas, que sin embargo nos obligan a ser precavidas.
Definen las características del golpe contra el Ejecutivo reconociéndolo como tal aunque no le llamen tal, y califican de ilegal el criminal período de Micheleti.
Lo irónico es haber tenido que pasar dos años aguardando esa afirmación que todo el mundo, incluyendo la OEA y la ONU, calificaron así desde el principio, mientras las víctimas seguían sumando en las cuentas de los verdugos.
El informe considera el peso que la corrupción tuvo en el desencadenamiento de los hechos y retrata las insuficiencias legales de los poderes judicial y legislativo para actuar contra el Presidente de la República.
Lo lamentable es que ninguna institución, ni la OEA ni la ONU, hicieron uso de sus capacidades prospectivas para prevenir e impedir los acontecimientos y sus secuelas.
Asigna responsabilidad el informe a la OEA por la crispación de los actores locales al enviar observadores a la cuarta urna y revela, inclusive, que hubo dueños de medios de comunicación, periodistas y cercanos colaboradores que presionaron al Presidente Zelaya para que siguiera adelante en la adversidad con la consulta.
Pero rehúye con evidente cobardía siquiera insinuar las responsabilidades de los actores fácticos, oráculos, hacedores de reyes, príncipes de las tinieblas, peters panes y toda la fauna responsable de mover los cordeles del acto violento desde las sombras.
La enorme omisión del informe que capta la ciudadanía y nosotros también es la relativa a las responsabilidades individualizadas en la conspiración contra Zelaya y el pueblo hondureño.
Nos deja el enorme déficit de enfocar a religiosos, políticos, empresarios, militares, policías, diplomáticos y agentes encubiertos, entre otros culpables del golpe y sus beneficios.
No señala la colusión de los poderes del Estado para conspirar contra la institucionalidad previamente debilitada por la corrupción, la impunidad y el crimen organizado.
Reduce las víctimas post golpe a solamente 20 asesinatos selectivos, menospreciando la estadística independiente que eleva las víctimas a muchas decenas, contrastables en informes de la CIDH y de otras dependencias internacionales.
Nos deja la riqueza de una enorme lista de 88 recomendaciones que sugieren, entre líneas, los temas sobre los que esperábamos saber, pero igualmente nos deja la tristeza de depositarlas en las manos de quienes no pueden asumirlas, cumplirlas ni hacer que se cumplan.
Proclamar misión cumplida en un clima que sigue crispado por la incertidumbre que generan las mismas elites que cometieron el golpe no es ético. Ni admisible.
No queremos olvidar ni nos da la gana perdonar, porque los mismos obispos y pastores que bendijeron hoy el informe no han pedido perdón ni respondido por sus apologías a la ilegalidad, al odio y la violencia.
No hay ningún perdón posible en la sociedad hondureña sin la verdad ni la justicia, nada sobre las bases de la impunidad producirá reconciliación.
Trabajemos porque la paz sea fruto de la sanción penal y moral a los criminales golpistas, sin importar si se esconden en uniformes, sotanas o en las sombras.
DE LOS HECHOS Y LOS HECHORES
NI OLVIDO NI PERDON
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras
COFADEH
Tegucigalpa 07 de julio 2011
FFAA compra aviones tucanos mientras el pueblo aguanta hambre
Thursday, 07 July 2011
La noticia de que Honduras puede comprar cuatro aviones “Tucanos” ha causado indignación en la mayoría de los sectores sociales del país, por ende el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Victimas de la Tortura y sus familiares, CPTRT, convocó a la ciudadanía a participar en un plantón en la plaza La Merced.
En su comunicado señalaron que mientras el pueblo aguanta hambre, los hospitales carecen de medicinas, las comunidades demandan la construcción de escuelas y se aprueban más impuestos; las Fuerzas Armadas anuncian el despilfarro de 40 millones de dólares a costa del sacrificio y sufrimiento de los más pobres.
Las interrogantes que ha generado este planteamiento es ¿para qué va a adquirir el Estado estos aviones y qué beneficio traerá a los ciudadanos y ciudadanas?.
¿Qué se haría con 40 millones de dólares?
El CPTRT adujo que con la cantidad de dólares que van a disponer para adquirir los tucanos se podría comprar productos de la canasta básica para abastecer a la población pobre.
También se puede suministrar a los hospitales con medicinas, hacer aulas escolares, centros de salud a nivel nacional, contratar maestros y médicos, construir viviendas y espacios públicos para la recreación.
Condenaron la compra de artefactos bélicos que consideran que van a terminar convertidos en chatarras en los hangares de las Fuerzas Armadas, “mientras los niños y niñas tienen que trabajar y hurgar en los basureros para sobrevivir”.
Las excusas de las FFAA
El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas René Osorio Canales, manifestó que el país debe adquirir el equipo para el supuesto “combate al narcotráfico”, así como una nueva flota de aviones porque desde hace más de 30 años no se renueva la existente. Aproximadamente cada súper tucano tiene un valor de 10 millones de dólares, en tanto que planteo que es necesaria una lancha Guarda Costas de 10 pies de longitud que oscila entre 10 y 12 millones de dólares.
Antecedentes
Según documentos de WikiLeaks el ejército de Honduras ha “perdido” en los últimos años armamento que provenía de Estados unidos, estas armas fueron decomisadas a grupos de narcotraficantes.
En un informe de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, una cantidad de armas recuperadas en la ciudad de Juárez, México y la Isla de San Andrés en Colombia, se rebeló que el número de serie coincide con los asignados a las armas que el país del norte le vendió al ejército hondureño. Entre la lista están armas ligeras, antitanques, granadas M433.
Zelaya: hubo un acto ilegal en contra de las leyes del país
Comisión de la Verdad de Honduras: Manuel Zelaya fue víctima de un golpe de Estado
Ilegal, el gobierno de Micheletti en Honduras (comisión)
