La Honda No 74
El golpismo legisla para revertir la progresividad de los DDHH
Friday, 01 July 2011 13:41 Dina Meza “El golpismo no solamente impone la impunidad como política central de violación a los derechos humanos en todas sus generaciones, sino que legisla para revertir la progresividad de nuestros derechos, señaló el COFADEH en un comunicado del plantón en el mes de julio.
El plantón fue acompañado por observadores internacionales de derechos humanos que llegaron al país para dar seguimiento a la situación de los derechos fundamentales de los hondureños que se han visto en precario desde el golpe militar de Estado del 28 de junio de 2009. La delegación fue invitada por personeros del Legislativo a pasar pero se negaron a hacerlo porque manifestaron que ese poder del Estado reprime al pueblo hondureño.
En el documento distribuido en la Plaza de Los Desaparecidos, contiguo a ese poder del Estado, se agregó que en el último año y medio es responsable el Ejecutivo y el Legislativo de la regresión de los derechos laborales, ambientales y ahora los civiles y políticos, que creíamos derechos intocables.
En ese sentido la organización se pronuncia en contra de la ampliación de la detención de las personas de 24 a 48 horas porque es una decisión lamentable que tiene consecuencias peligrosas, pues “se adjudica a una institución éticamente frágil sin controles democráticos, además penetrada por el crimen organizado y de hábitos violentos, pone en grave riesgo a toda la sociedad”.
Además denuncia la distorsión del sistema de justicia para dirimir disputas políticas, otorgando castigos a los opositores y privilegios a los delincuentes golpistas, distorsiona completamente el sistema.
El COFADEH cuestiona un informe que próximamente publicará la comisión oficialista de la Verdad cuyos resultados no penalizarán las violaciones a los derechos humanos sino que encriptará la verdad para proteger a los responsables.
Asimismo se pronuncia en contra de montajes que matizan cables “secretos”, con la intención de atacar a la Coordinadora del COFADEH, Bertha Oliva.
En el comunicado la organización defensora de los derechos humanos se solidariza con la familia Andrade que tiene una búsqueda incesante desde hace dos semanas para encontrar con vida al joven Kevin, quien misteriosamente desapareció en Catacamas, Olancho, y con el padre Fusto Milla quien es víctima de amenazas a muerte.
Este es el texto del Comunicado:
Primer viernes de julio
Llevan para atrás los Derechos Humanos
El Comité de Familiares de Detenidos- Desaparecidos en Honduras, COFADEH, en este plantón del primer viernes de julio 2011, hace las siguientes consideraciones:
El golpismo no solamente impone la impunidad como política central de violación a los derechos humanos en todas sus generaciones, sino que legisla para revertir la progresividad de nuestros derechos.
En el último año y medio es responsable el Ejecutivo y el Legislativo de la regresión de los derechos laborales, ambientales y ahora los civiles y políticos, que creíamos derechos intocables.
De esa política hacemos, igualmente, responsables a la OIT por su difusa posición al respecto y al Departamento de Estado de Estados Unidos, por su estrategia de dominación impuesta al debilitado régimen hondureño.
La ampliación del tiempo de detención administrativa de 24 a 48 horas es una decisión lamentable, condenable y causante de consecuencias peligrosas. Así como es el empleo fraccionado y el concesionamiento de los ríos.
El semejante tiempo extendido de cautiverio policial que se adjudica a una institución éticamente frágil, sin controles democráticos, además penetrada por el crimen organizado y de hábitos violentos, pone en grave riesgo a toda la sociedad.
Mantener detenida a una persona durante 48 horas para investigar imputaciones de delitos en su contra abre la puerta de nuevo a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes; fabricación de pruebas y violenta, flagrantemente, el principio de inocencia y el derecho a la defensa.
Esa decisión tomada en paquete, conjuntamente con el “impuesto de guerra” de la pandilla estatal que impulsa candidaturas presidenciales, está vinculada a otras tendencias suicidas del Poder Judicial.
El uso de la justicia para dirimir disputas políticas, otorgando castigos a los opositores y privilegios a los delincuentes golpistas, distorsiona completamente el sistema.
Es, igualmente, distorsionador el aviso de un informe de la comisión oficial de la verdad sin consecuencias penales, que evitará referir hechos vinculantes y encriptará secretos para no zaherir a los responsables de la barbarie que sufre el país.
En esa lógica de montajes, una casa editora de periódicos de Tegucigalpa y San Pedro Sula utiliza los supuestos contenidos de cables secretos del embajador Hugo Llorens para airear campañas difamatorias contra personas e instituciones.
Las anotaciones del embajador estadounidense están siendo matizadas por editores, que usan traducciones sin rigor, para organizar ataques contra nuestra coordinadora general, Bertha Oliva, quien rechaza dichas motivaciones y traslada también las responsabilidades a la embajada de USA.
Hoy aprovechamos este plantón para acompañar en solidaridad a la familia Andrade y a la comunidad resistente de Catacamas, Olancho, por su determinación valiente de iniciar movilizaciones públicas mañana para exigir el aparecimiento con vida de Kevin, desaparecido en forma forzada hace dos semanas.
Igualmente, acompañamos al sacerdote Fausto Milla quien enfrenta amenazas de muerte por haber calificado como filibustero a un extranjero que después de acaparar empresas estatales, acumuló partidos políticos, tribunales, cortes, poderes y tierras. Si el padre Milla sufre daños a su integridad física por adjetivar la verdad, sabremos a quien responsabilizar.
De los hechos y de los hechores, ni olvido ni perdón
COFADEH
Tegucigalpa 01 de julio de 2011
Lobo debe asumir su responsabilidad por incumplimiento de Acuerdo
“Creo que el presidente del régimen, el presidente Lobo, debe asumir su responsabilidad. Nosotros no podemos aceptar que si él con su partido han sido responsables del golpe de Estado, han sido responsables de no restituir al presidente (Manuel) Zelaya, han sido responsables de una política sistemática de represión contra el pueblo, y además ahora de firmar un Acuerdo al cual no van a darle cumplimiento, eximirlo por el simple hecho que él diga que hay sectores que no le obedecen o que están en contra de él mismo, él como gobernante, como administrador general del Estado ha adquirido un compromiso, y no queremos pensar en una doble moral”, dijo.
Para el ex ministro, la actitud asumida por el Gobierno de Lobo recuerda a la práctica que hizo famoso al dictador nicaragüense, Anastasio Somoza, quien solía quebrantar la palabra empeñada en los acuerdos que firmaba, como por ejemplo el de paz que rubricó, cuando era el jefe de la Guardia Nacional, con el líder revolucionario Augusto Sandino, a quien luego asesinó.
“Sólo me recuerda a Ansatasio Somoza, célebre porque firmaba acuerdos, firmó uno con Sandino y después lo asesinó, que acuñó una frase en la historia que se conoce mucho, porque decía él 'firmar me harás, cumplir jamás', entonces no queremos pensar que eso es lo que está ocurriendo”, alertó.
Denunció que la orden de arresto domiciliario en su contra y la obligación de pagar una multa de un millón y medio de dólares en 30 días, bajo amenaza de ir a prisión, viola por completo el Acuerdo de Reconciliación firmado entre el actual Gobierno y el ex presidente Zelaya, que implica el derecho a la legítima defensa, pero en libertad.
“Se nos dice antes de que se abran los juicios, antes de que comencemos los procesos: 'Ud. tiene que pagar 27 millones de lempiras', solamente por los dos primeros juicios que compartimos con el presidente Zelaya, eso es alrededor de un millón y medio de dólares y nos dicen 'les damos 30 días para pagarlo, esos 27 millones y si no los paga Ud. va a tener un juicio, pero mientras dure el juicio Ud. va a estar preso'. Entonces, eso viola totalmente este Acuerdo de Reconciliación”, denunció Flores Lanza en entrevista exclusiva para teleSUR desde su residencia en Tegucigalpa, donde se encuentra arrestado desde hace 20 días por mandato de un tribunal.
El movimiento campesino de Rigores sufre violento desalojo
Sábado 02 de Julio de 2011 Red Morazanica de Informacion “Los militares llegaron con orden de desalojo diciendo que poseíamos armas”
El pasado viernes 24 de junio el juez de letras de la ciudad de Tocoa, Josue Pagoada Mejia, emitió orden de desalojo al Movimiento Campesino de Rigores en el Bajo Aguan. Durante el mismo, 114 casas fueron demolidas, valoradas en 14 mil lempiras cada una. También fueron destruidas seis aulas de clases, tres iglesias, tres proyectos de engorde de pollos, un centro comunal al igual que varias otras facilidades productivas del grupo y los cultivos de próxima cosecha; todo con retroexcavadora, el tractor del grupo fue confiscado. Los niños perderán otro periodo escolar debido a la destrucción de las escuelas y el trauma que un desalojo significa para ellos.
Doce campesinos fueron llevados a Tocoa y liberados posteriormente, mientras que varias mujeres abortaron durante el desalojo que duro entre las 12 del mediodía hasta las 9 de la noche. Hay otros 13 campesinos con órdenes de captura, mientras tanto las redes de solidaridad anuncian que el viernes 1 de julio dos campesinos del mismo grupo fueron arrestados. Carlos Sandoval aún se encuentra detenido y las autoridades no dan información de porque esta detenido.
En las tierras de Rigores recuperadas en 2001, viven más o menos 500 personas en total, que ahora se encuentran durmiendo en casas de amigos y sobreviven con ayuda de la comunidad según reportan representantes del grupo.
Los militares y la policía llegaron “fuertemente armados, amenazantes e intimidando la dignidad de los campesinos” dijo uno de los miembros del grupo.
El grupo ha sufrido 5 desalojos a lo largo de 11 años, este último ejecutado por el Juez Ever Isael Lopez Oseguera en causa demanda por Erick Rivera, presunto dueño de las tierras que al estar “incultas” fueron recuperadas por el grupo de acuerdo a la ley hondureña.
Los campesinos, en su mayoría miembros de la CNTC, hicieron un llamado a la comunidad nacional e internacional para que se pronuncien en solidaridad.