INFORMACIONES HONDURAS (nr. 858) 13 julio 2011

Camino hacia la Constituyente, año 2011, día 61

*Martes 12 de julio del 2011, día 61** *de camino con los siempre
Incansables Caminantes por la democracia hondureña, sin detenerse jamás. El
FNRP sigue de riguroso luto el día de hoy, pues se tuvo la triste noticia
que el cantautor de música contestataria, hondureño, Caminante y militante
activo del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP); HÉCTOR DANIEL
GONSÁLEZ, mejor conocido como *Jerónimo*, fue atropellado en horas de la
madrugada del sábado y falleció el día de ayer lunes. *Jerónimo*, nuestro
amigo y quien fue cantante solicitado en las movilizaciones, asambleas etc.,
allí donde estuviera su pueblo, era muy conocido en nuestra patria y en
algunas regiones de Centro América, a quienes visitaba deleitándolos con su
música de verdadero sabor a pueblo amanecido. Siempre nos encontrábamos por
esas calles de Dios, ya fuera en el parque central de La Ceiba, en las
calles de San Pedro Sula y/o en las muchas manifestaciones que el Frente
organiza y de verdad infinita que nos vas hacer mucha falta, te vamos a
extrañar mucho; no olvidaremos tu manera de cantar y tu forma de ser, tu
guitarra, tu voz sonando al tiempo, arrancándole gemidos al alma y
poniéndonos a cantar.

Chávez, Fidel y la ALBA quizá nunca llegarán a saber que un autor de tu
temple les compuso canciones, que dedicó su vida a entonar los himnos de los
pobres, la que sale del alma, la que toca corazones y se eleva hasta los
confines del espacio tocando el Walhalla de los dioses; la música
contestataria. No mi hermano, no fue una muerte como te hubiera gustado, y
estamos seguros, hubieras preferido morir cantando y con la guitarra en tus
manos, pero el terco destino decidió otra cosa.

*Jerónimo* el cantante del pueblo, el loco, el de algunas veces de carácter
fuerte, el incomprendido, el camarada, el compañero, el amigo, nuestro
hermano en la batalla diaria por las calles de Honduras; sobreviviste en la
turbulenta década de los 80s, donde fuiste perseguido, apresado, torturado,
herido, pero jamás declinaste en tu lucha, que es la misma del pueblo
ofendido por tantas décadas de latrocinio, muertes y golpes de Estados
militares, y en absoluto diste marcha atrás prosiguiendo tu inexorable ruta.

Te vamos a extrañar *Jerónimo*, te vamos a extrañar y mucho, a la gran
chingada que sí, pero a secar las lágrimas porque la batalla continúa hasta
la victoria final, en donde sin lugar a dudas estarás con nosotros
acompañándonos con tu inseparable guitarra, diciéndonos: *¡Se los dije
compas, ahora junten ganas y denle pa`lante! *

* *

*REUNIÓN DEL COORDINADOR GENERAL CON LOS COORDINADORES DEL MUNICIPIO DE

FRANCISCO MORAZÁN*

*Martes 12 de julio 2011.* Los Incansables Caminantes del FNRP, desplegando
de nuevo toda la maquinaria organizativa del pueblo, se vuelven a reunir en
otra de sus tantas sesiones formativas y esclarecedoras del proceso
incontenible hacia la refundación de Honduras, que solo será posible cuando
el pueblo tome el poder e inicie una transformación revolucionaria en todos
los estamentos de los órganos administradores del Estado y una educación
popular, tarea difícil, pero no imposible, pues cuando se tienen los deseos
y los objetivos por alcanzar son una mejor sociedad, nada es imposible,
hasta creer.

*9:00 a.m.* STIBYS. Comienza la reunión con la siguiente propuesta de agenda
a desarrollar, la cual fue aprobada por los asistentes.

*AGENDA *

*1. *Bienvenida y presentación.* *

*2. *Informes.

* 3. *Gira a los municipios del Coordinador General.

* 4. *Movilización en solidaridad con Enrique Flores Lanza y todos los
exilados políticos.

Luego el Coordinador Departamental Porfirio Ponce cedió la palabra al
Coordinador General:

*9: 15 a.m. Mel Zelaya*: *Buenos días compañeras y compañeros. Hace siglos
Honduras estuvo alejada de su propia realidad, pero a partir del 28 de Junio
visualizó la misma, pues los mismos afectan nuestra propia estabilidad.
Debemos tener mucha solidaridad, pero solidaridad entre nosotros mismos, eso
fue un chispazo por el cual Honduras salió a las calles a pelear y ahora
tiene una mayor conciencia, por eso Honduras, ustedes tienen mi
reconocimiento. En esta lucha no sabemos hasta donde vamos a llegar, pero
ustedes van a ser recordados por generaciones, porque son un nuevo ejército
que en nombre de los ideales morazánicos pelea; Morazán peleaba contra los
conservadores, nosotros peleamos contra los conservadores que se han vuelto
oligarquía. *

*Todos queremos hacer los cambios en Honduras, todos sabemos aquí que si
seguimos en este afán libertario ya sabemos los que nos espera y nadie lo
ignora, aquí nadie se engaña, nadie entró engañado a este movimiento, no
podemos retroceder ante la oligarquía, ante quienes manejan la sociedad a su
antojo ¿Cómo hacer los cambios?, se puede saber lo que nos sucede y no hacer
nada, pero Honduras por primera vez en su historia salió a protestar. Lo que
sucede en Honduras debe terminar porque hay una nueva fuerza en el país y
los cambios dependen de uno mismo y lo que haga, por eso honduras no se
quedó callada y por eso hasta la actualidad lucha, porque una sociedad
rebelada es Honduras, pero no solo debe ser rebelión, hay que tener mucha
voluntad para los cambios y esa perspectiva no hay que cambiarla y tenemos
muchos ejemplos en las Bienaventuranzas. No hay manera de detener los
cambios en la sociedad, porque si eso fuera así, estaríamos en la época de
las cavernas. Ayer decía Ramón Espinoza, representante de los golpistas que
el nivel de pobreza de Honduras está en un 80%, esa es una realidad, pero
está así no porque queramos, si no por lo que hicieron a partir del 28 de
Junio, y esto va a comenzar a cambiar cuando gane el FNRP, con una nueva
clase de hondureños que hagan los cambios, pero a nivel general, los cambios
no son de parte de una sola persona, porque una sola golondrina no hace
verano. La gente quiere cambios y debe luchar por ellos, pero la cúpula que
está en el poder no, porque ellos están bien y así se quieren mantener y no
van a dejar lo que tienen, quien tiene su patrimonio bien habido no tiene
problema, quien lo tiene son aquellos que obtuvieron ese patrimonio mal
habido. Hacer cambios en el país requiere de mucha voluntad, de ir a la
lucha política para realizar esos mismos cambios, ahora bien ¿Cómo podemos
ganar el poder?, no es a través de las armas, ése nivel de agresividad no lo
usamos, pero sí la lucha democrática, pero para participar en esa lucha,
debemos tener estrategias democráticas, que el pueblo decida y no hacerlo a
puertas cerradas, no imponer líderes ni candidatos; en esa lucha hay que
competir y no es fácil, porque nadie quiere perder su puesto, pero hay que
someterse y hacerlo con humildad, respeto al soberano, porque él decide en
una lucha democrática y popular, todos en eta lucha debemos someter nuestros
puestos a este sistema democrático, pues es de competencia y para ello
debemos prepararnos, pero si podemos ponernos de acuerdo en una planilla
única, adelante, es mejor pues no competimos entre nosotros y cuando no
podamos a someternos a una elección popular, debemos mantener unidad, porque
en caso contrario nos van a destrozar, vamos a perder. La unidad es respetar
la identidad, debe haber unidad en la diversidad, o sea, como dicen: marchar
divididos pero pelear juntos; la unidad debemos mantenerla para competir,
tener capacidad de lucha, pero debemos tener también reglas claras y
objetivos comunes, y en esto debemos tener claro algo, no aceptamos
golpistas. Por último, uno debe ser honesto consigo mismo para obtener la
victoria y hacer los cambios que honduras necesita, debemos actuar en
coherencia, organizarnos para buscar en todos los espacios las personas más
adecuadas para el triunfo.*

*a, b)* En estos puntos los Coordinadores Municipales, se presentaron
individualmente ante el Coordinador General, y luego tomaron 3 minutos para
exponer la situación en sus distintos municipios, complementando después con
otra ronda de participaciones. El Coordinador General, en cada espacio
concedido, intervenía en algunas ocasiones para esclarecer aspectos surgidos
en las intervenciones.

*12:40 p.m.* Se retira el Coordinador General Mel Zelaya y los Caminantes
concluyen en lo siguiente:

*CONCLUSIONES*

* a) *Jueves 28 de julio movilización, hora 9:00 a.m. a nivel nacional en
solidaridad con Enrique Flores Lanza y demás exilados políticos.**

*b) *Elaborar un calendario con fechas probables para las visitas del
Coordinador General a los municipios.

*VOCES POR LA CONSTITUYENTE*

*“¿Cómo puede haber justicia en un país que persiguen a las víctimas, a los
derrocados, a los golpeados y protegen y privilegian a los que usurparon el
poder con un golpe de Estado? ¿Qué justicia es perseguir a la oposición y
privilegiar a los que han violentado las Leyes, la Constitución y a los que
han demostrado el menor y más repugnante amor por esta patria?”.*

* *

Mel Zelaya Rosales, Coordinador del FNRP.

Cuando se lucha por la Democracia, el sacrificio de unos pocos Caminantes lo
disfrutarán miles en libertad.

*UNIÓN DE ESCRITORES Y ARTISTAS DE HONDURAS (UEAH), MIEMBRO DEL FRENTE NACIONAL DE RESISTENCIA POPULAR (FNRP).*

Continúan los asesinatos y las violaciones graves de derechos humanos en El Bajo Aguán

Tuesday, 12 July 2011  administrador

Los actos de amenazas, secuestros, desapariciones y asesinatos, sigue cometiéndose en total impunidad

El 11 de julio de 2011, la FIDH, APRODEV, CIFCA, FIAN Internacional, Rel-Uita y Vía Campesina Internacional presentaron ante el Parlamento Europeo las conclusiones y recomendaciones derivadas del Informe de la misión internacional de observación en el Bajo Aguán, realizada del 26 febrero al 4 de marzo de 2011, y denunciaron la continuación de asesinatos y graves violaciones de derechos humanos en Honduras.

El informe de esta misión recoge la situación de represión y violencia en que viven integrantes de las comunidades y organizaciones campesinas en la región del Valle del Bajo Aguán, quienes se encuentran en un estado de total indefensión y desprotección ante las actuaciones y omisiones de las autoridades en el marco del conflicto agrario que aqueja a esta región en Honduras. Entre enero 2010 y junio de 2011, 32 asesinatos de campesinos han sido registrados en este contexto con involucramiento directo de cuerpos de seguridad pública y privada, quienes también son señalados como autores de actos de tortura, amenazas, y hostigamiento en contra de los campesinos organizados en la defensa de sus derechos.

Las organizaciones internacionales que formamos parte de la misión de observación, denunciamos esta situación de extrema violencia e impunidad, en la cual los movimientos campesinos, que legítimamente reivindican su derecho a la tierra, se han enfrentado a permanentes atropellos y violaciones tales como al derecho a la vida, a la integridad, a la libertad y la seguridad personal, así como a la vulneración de su derecho a la alimentación, salud, vivienda y educación, sin que los crímenes cometidos sean debidamente investigados y sancionados por las autoridades.

Situación que ha llevado a la estigmatización y criminalización del movimiento campesino.

Los actos de amenazas, secuestros, desapariciones y asesinatos, sigue cometiéndose en total impunidad sin que hasta el momento se vislumbre una salida justa y duradera al conflicto. Tan sólo entre el 18 de marzo de 2011 y el 15 de junio de 2011, 9 campesinos han sido asesinados, se han registrado por lo menos 6 campesinos gravemente heridos durante acciones de desalojo forzoso.

Al mismo tiempo, a pesar de la implementación de los últimos acuerdos del mes de junio, entre las partes empresarial, campesina y gubernamental, la mayor parte del conflicto agrario sigue sin solución.

Las organizaciones presentaron al Parlamento Europeo algunas de las recomendaciones dirigidas a las autoridades nacionales y la comunidad internacional. A las autoridades nacionales se les instó para que:

- Investiguen y sancionen de forma expedita todos los crímenes y las otras violaciones graves de derechos humanos cometidas en el Bajo Aguán, incluyendo la persecución de los autores materiales e intelectuales de estos hechos;

- Cesen de inmediato la represión y la violencia contra el movimiento campesino, en particular los desalojos forzosos, y adopten medidas efectivas que brinden protección a las personas en riesgo;

- Regulen debidamente el funcionamiento de las empresas de seguridad privada, imponiéndoles el respeto pleno de los derechos humanos de la población so pena de la cancelación del permiso de operación en el país;

- Cumplan las disposiciones legales y los acuerdos políticos relativos a los conflictos agrarios, y lleven a cabo las medidas necesarias para lograr una solución justa y sostenible del problema de la tenencia de la tierra.

Las organizaciones recordaron el papel fundamental que tiene la comunidad internacional para garantizar la protección y promoción de los derechos humanos en Honduras. Observamos con gran consternación la reincorporación de Honduras a la OEA, sin considerar la ausencia de garantías en materia de investigación y sanción de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante y después del golpe de Estado en este país.

Por ello, se instó a la comunidad internacional a reforzar su atención y acción sobre la situación de derechos humanos en Honduras, en particular en el Bajo Aguán, por lo que debe:

- Contribuir con medidas concretas y contundentes tendientes a proveer una mayor protección las personas en riesgo, en particular en relación al Bajo Aguán; 

- Realizar un monitoreo permanente de la situación en el Bajo Aguán, especialmente de los avances en la resolución del conflicto agrario, así como de la investigación y condena de los responsables de los asesinatos cometidos;

- Asegurar la efectiva implementación de la estrategia local de las líneas directrices de la Unión Europea para la protección de defensores de derechos humanos;

- Establecer una oficina permanente del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras.

Nota: Para consulta del informe completo visite: http://www.fidh.org/honduras

Informe final DDHH Bajo Aguán

Honduras Informe Misión Bajo Aguán+-+Versión final

Honduras: Organizaciones presentan informe final de Misión Internacional sobre derechos humanos en Bajo Aguán

¡Basta ya de represión en el Bajo Aguán!

Por Giorgio Trucchi - Rel-UITA
 

Las organizaciones internacionales que del 26 de febrero al 4 de marzo de 2011 investigaron la situación de los derechos humanos en el Bajo Aguán, presentaron ante el Parlamento Europeo y la sociedad hondureña su informe final, denunciando la continuación de los asesinatos selectivos, la represión y la impunidad, y formulando recomendaciones dirigidas a las autoridades hondureñas y la comunidad internacional.

Fotos G.Trucchi/Rel-UITA (Click en LEER TODO para ver galería)

Micheletti: “Sala de Crisis” coordinaba acciones de inteligencia militar y policial

TEGUCIGALPA.- En la entrevista que le realizó la Comisión de la Verdad a Roberto Micheletti, aseguró que si tiene que ir a la cárcel por el golpe de Estado, lo hará y con la frente en alto.

Micheletti mostró muy poco interés con respecto a las víctimas y el daño que sufrieron o siguen sufriendo.

Hasta entonces había sido miembro electo del Congreso Nacional y presidente del mismo. Las circunstancias precisas de este derrocamiento y sucesión son analizadas en detalle en el presente informe.
El presidente de la República durante el régimen de facto había sido electo para el Congreso Nacional por el departamento de Yoro que, según explicó, “no es un departamento fácil, hay mucha gente de izquierda”. Como líder importante dentro del Partido Liberal y miembro del Congreso Nacional durante 20 años, tuvo un papel destacado en la oposición al presidente Zelaya en fechas anteriores al 28 de junio. Participó en numerosas reuniones y discusiones de alto nivel con líderes políticos y los más altos comandantes militares.
Micheletti instó a las Fuerzas Armadas a no obedecer las órdenes del presidente de la República con respecto a la consulta de la cuarta urna, la cual el Poder Judicial, fiscal general y comisionado nacional de derechos humanos consideraban ilegal. El día 24 de junio declaró ante el Congreso Nacional: “… Con todo respeto, pero con la mayor energía les digo a las Fuerzas Armadas de Honduras que cumplan con la obligación constitucional, no vamos a permitir por la gracia de Dios que aquí se rompe (sic) el orden constitucional por la ambición de uno, dos o tres civiles y algunos militares que pretendan destruir el orden constitucional… Gracias compañeros, queremos dejar plasmado que respetamos y queremos a nuestras Fuerzas Armadas, que les estimamos y les queremos, pero hoy en un acto democrático tienen que entender que hay que cumplir con la Constitución de la República y sus leyes… están obligados a cumplir con lo que la Constitución de la República dice y si nos toca mañana tener que ir a cualquier cárcel por un golpe de Estado, tenemos la frente en alto para hacerlo, no tenemos miedo”.
Sus actuaciones en torno a esas fechas sugieren un conocimiento detallado del contexto político y la situación de los diferentes órganos del Estado.
Micheletti explicó en su entrevista con el equipo de investigación, sus temores en aquellas fechas ante diversas actuaciones polémicas del presidente Zelaya, la presencia de asesores, a su juicio radicalizados en el entorno presidencial, y sobre todo su notoria alianza con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez.
Tales temores efectivamente eran característicos de los sectores de la sociedad hondureña que apoyaron la destitución de Zelaya y lo siguen considerando como una legítima “sucesión constitucional”.
Roberto Micheletti accedió cordialmente a ser entrevistado en dos ocasiones, ambas con grabación de audio, primero por los comisionados de la CVR y posteriormente por el equipo de investigación sobre derechos humanos.
Micheletti recibió al equipo de investigación acompañado por la abogada Luz Ernestina Mejía, quien participó activamente en la entrevista aconsejando y ayudando a Micheletti en su recuerdo y relato de los hechos.
La abogada Mejía es una conocida activista vinculada a los movimientos sociales opuestos a Zelaya y con la Unión Cívica Democrática, ella misma fue testigo de hechos relevantes.
Micheletti reconoció que había estado en comunicación con Mejía en el contexto de la crisis posterior al 28 de junio y declaró que dio un espacio a los sectores representados por Mejía para que se reunieran en los bajos del Congreso Nacional, porque habían sido “agredidos por unos chavistas”.
El equipo de investigación compartió con Micheletti diversos documentos para dilucidar su autenticidad y significado. El entrevistado leyó atentamente la transcripción oficial de su discurso ante el Congreso Nacional el 24 de junio, reconoció el contenido y explicó que su referencia a un posible golpe de Estado, se refería al golpe que a su juicio se produciría si las Fuerzas Armadas cumplieran con las órdenes del Presidente Zelaya para llevar a cabo la encuesta de la cuarta urna.
La abogada Mejía corroboró puntualmente esta interpretación y ayudó a Micheletti a explicar su versión. El equipo presentó una copia de una supuesta carta de Micheletti al general Vásquez Velázquez, con fecha 26 de junio, pero el entrevistado declaró que el documento era falso e incongruente.
El equipo de investigación a continuación invitó al entrevistado a leer el texto de los decretos ejecutivos de restricción de derechos que él emitió el 30 de junio y 22 de septiembre de 2009, publicados oficialmente en La Gaceta de Honduras (decretos
011-2009 y PCM-M-016-2009). Los considerandos del decreto del 22 de septiembre ilustran el punto de vista de Micheletti y su Gobierno al indicar que “Producto de la sucesión constitucional del Poder Ejecutivo, grupos disidentes e ideológicamente
comprometidos y alentados por Gobiernos que no comparten nuestro sistema democrático, están fomentando la insurrección de dichos ciudadanos, provocando enfrentamientos con la ciudadanía en general, las fuerzas de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas que se encuentran en apoyo, poniendo en peligro la vida, la propiedad, la paz social y el imperio de la Constitución”.
Los considerandos también justifican el decreto por “la cadena de eventos vandálicos” y porque: “La cantidad de los protestantes ilegales, puede afectar la eficiencia de la Policía Nacional, para asegurar la seguridad pública que la ley le ha atribuido, si no es apoyada por las demás órganos de seguridad del Estado”. A continuación el decreto invoca la Ley de Policía y Convivencia Social para definir los criterios de actuación de la Policía. El último considerando da una serie de criterios amplios para restringir la libertad de expresión: “CONSIDERANDO: Que determinados medios de comunicación social hablados y televisados, están utilizando sus frecuencias autorizadas para generar odio y violencia contra el Estado, perturbando la tranquilidad nacional, llamando a la insurrección popular y dañando psicológicamente a sus auditorios”.
La parte dispositiva del instrumento decreta por un plazo de 45 días la intervención conjunta de Fuerzas Armadas y Policía para misiones de orden público, incluyendo restricciones de la libertad de circulación, prohibición de “toda reunión pública no autorizada por las autoridades policiales o militares”, prohibición de ciertas emisiones de medios de comunicación definidas con criterios muy amplios. Se ordena practicar detenciones con criterios igualmente amplios, si bien con indicaciones para respetar algunos criterios procesales “para evitar futuras denuncias por supuestos delitos de torturas”.
Micheletti reconoció plena responsabilidad por estos dos decretos y su ejecución por la administración del Estado bajo su autoridad. La abogada Mejía añadió que más bien su sector social estaba descontento con Micheletti por no haberlos dictado antes y le presionaron para tomar medidas en ese sentido.
Micheletti también reconoció la existencia de una sala de crisis instalada en la Casa Presidencial que coordinaba las actuaciones e información de inteligencia de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y declaró que los principales representantes de estas instituciones eran el coronel Herberth Bayardo Inestroza Membreño y el comisionado de la Policía Nacional, Danilo Orellana. Micheletti restó importancia a esta sala crisis y afirmó que se reunió con la misma como máximo en cinco ocasiones durante los siete meses de su presidencia.
Micheletti y Mejía declararon al unísono que la sala de crisis “no tenía ninguna importancia”.
Sin embargo, Mejía ayudó a Micheletti a explicar la función de esta sala de crisis, de la cual al parecer tenía conocimiento detallado. Mejía declaró que los miembros de la sala de crisis eran “amigos de uno”, “recibían informes de inteligencia de policía y militares” y “hacían prospectiva para tomar medidas preventivas”.
Micheletti también declaró que los miembros de la sala de crisis “nos ayudaron a organizar la gente de la reserva militar”.
Esta versión sobre la sala de crisis contrasta con la información obtenida desde otras fuentes por el equipo de investigación. La existencia y funcionamiento de la sala de crisis, y otros aspectos del sistema de mando, fue confirmado en las entrevistas de, entre otros, el comisionado general Salomón de Jesús Escoto, director de la Policía Nacional en la época de los hechos; el comisionado general Marco Tulio Palma, ex director de Asuntos Internos de la Policía Nacional; el comisionado Danilo Orellana Laínez, quien actuó como secretario y portavoz de tal sala de crisis; el secretario de Seguridad en aquella época, coronel Jorge Alberto Rodas Gamero; el general Luis Javier Prince, quien era jefe de la Fuerza Aérea y miembro del Estado Mayor Conjunto (EMC) de las Fuerzas Armadas y el general Romeo Orlando Vásquez Velásquez, jefe del EMC.
Rodas Gamero se refirió a la sala como “una unidad de manejo de crisis” organizada desde la Casa Presidencial, declaró que se había establecido el día 28 de junio y que desde la misma “surgieron las instrucciones para el mantenimiento del orden”, si bien era “más bien técnica”.
Dos de los altos mandos de la Policía Nacional en el período que se analiza, entrevistados separadamente por los consultores de derechos humanos, coincidieron en señalar que la sala de crisis se había constituido el 6 de julio de 2009 (al día siguiente de los graves sucesos en el aeropuerto de Toncontín), correspondiéndole desde ese momento “la planificación y mando operativo para mantener el orden público”.
Adicionalmente, documentación recibida por la CVR confirma la existencia y actividades de la sala de crisis adjunta al presidente de la república. Micheletti declaró que las Fuerzas Armadas estaban representadas en la sala de crisis por el coronel Inestroza, el auditor jurídico militar que había presentado al Estado Mayor Conjunto los dictámenes de “opinión jurídica”, aconsejando no obedecer al presidente Zelaya con respecto a la cuarta urna.
Según consta en los documentos militares analizados por el equipo, Inestroza había reportado al general Romeo Vásquez Velásquez en varios dictámenes previos al 28 de junio que: “… Jurídica, moral y éticamente no era procedente que las Fuerzas Armadas se involucraran en el proceso de encuesta ciudadana y posterior consulta a cualquier otra actividad que conlleve la violación de las normas constitucionales concernientes al principio de alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la república, en virtud que  infringe manifiestamente la Constitución y la ley”.
Micheletti declaró que recibía regularmente reportes de inteligencia de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, como correspondía a su cargo, ya fuera a través de la sala de crisis o mediante conductos ordinarios de las diferentes secretarías, y que tales reportes incluían información sobre las actividades de la resistencia a su Gobierno.
Asimismo declaró que los decretos de restricción de derechos que él dictó en junio y septiembre estaban justificados debido a hechos de violencia de la denominada resistencia, incluyendo amenazas, actos de vandalismo, la postura amenazante del presidente Chávez de Venezuela e, incluso, algún ataque con explosivos de fabricación casera.
El entrevistado declaró: “El 28, lógicamente, el Ejército estaba en la calle y hubo un poco de paz y un poco de tranquilidad” y las primeras manifestaciones comenzaron el día 29 de junio. El equipo preguntó sobre actuaciones de las Fuerzas Armadas contra medios de comunicación desde primeras horas del día 28, antes de alguna actividad de la resistencia (ver relato de los hechos en el apartado del Derecho de Libertad de Expresión), pero el entrevistado no dio una respuesta clara a esta pregunta.
El entrevistado alegó que los decretos de restricción de derechos estaban amparados por la Constitución, como su propio texto declara, y tuvieron una duración limitada. Preguntado sobre por qué derogó el decreto PCM-M-016-2009 dos semanas más tarde de emitirlo, declaró que porque ya no se consideró necesario.7 Lo cierto es que los decretos habían sido muy criticados nacional e internacionalmente; el decreto del 22 de septiembre, en particular, había dado lugar a múltiples recursos de amparo ante la Corte Suprema de Justicia y representantes del Congreso Nacional solicitaron a Micheletti que lo derogara (ver aparatado sobre Derecho a la Justicia).
Seguidamente el equipo preguntó a Micheletti sobre las violaciones a los derechos humanos confirmadas en el curso de la investigación. En muchos incidentes Micheletti demostró haber contado con información detallada, recibida —entre otras— de fuentes de la Policía, inteligencia y del fiscal general.
El entrevistado declaró que él nunca dio ninguna orden de violar ningún derecho humano; justificó las actuaciones contra los medios de comunicación ejecutadas por la CONATEL, a partir de sus decretos presidenciales, por el lenguaje agresivo y amenazas vertidas por tales medios. Mejía intervino para declarar que ella y algunos sectores sociales consideraron el decomiso de equipos de medios de comunicación como algo excesivo e injustificado, lo cual comunicaron a Micheletti y le instaron a devolver los equipos.
Preguntado por las interferencias y cortes sistemáticos sufridos por las emisiones de diferentes medios de comunicación (ver apartado del Derecho a la Libertad de Expresión), el entrevistado declaró que no tenía conocimiento de tales hechos y que más bien él había temido que el Presidente Chávez podría hacer algo así contra los medios o sistemas de comunicación de su Gobierno. Micheletti fue enfático y reiterativo en justificar las acciones dictadas contra los medios de comunicación.
Micheletti respondió a las preguntas sobre detenciones ilegales (ver apartado del Derecho a la Libertad) negando que se dieran, o en todo caso que tuvieran alguna motivación política. Se informó al entrevistado que detenciones ilegales ejecutadas bajo su autoridad habían sido confirmadas por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Micheletti respondió expresando su total confianza y máximo respeto por el comisionado y declaró que si él determina tales violaciones, debe actuarse en consecuencia y sancionar a los responsables. El equipo informó a Micheletti sobre los resultados de la investigación con respecto a las detenciones ilegales en el Estadio “Chochi” Sosa, pero Mejía intervino para declarar que el estadio se había utilizado para las detenciones porque “no hay centros de detención cerca”.
El equipo de investigación designado planteó a Micheletti varias preguntas sobre muertes causadas por sus subordinados o con motivación aparentemente coherente con la política de su Gobierno. El entrevistado negó plenamente los hechos o su eventual autoría por agentes del Estado. Además, declaró que las alegaciones de “ríos de sangre” y “cientos de muertos” contra su Gobierno eran falsas y sensacionalistas.
El equipo le informó que la investigación había confirmado que efectivamente tales dimensiones eran exageradas, pero que si no eran “ríos de sangre”, sí que se habían producido una serie de incidentes sangrientos con el resultado aproximado de varias decenas de muertes, algunas por uso de la fuerza contra manifestantes por las fuerzas de seguridad y otros por asesinatos de aparente motivación política. El entrevistado declaró que “nunca hay ni una sola prueba de que el Ejército o la policía mataran a nadie” (ver apartado del derecho a la vida para las pruebas encontradas por el equipo de investigación).
Con respecto a las muertes de Isis Obed Murillo y Pedro Magdiel Muñoz, el  entrevistado negó la autoría por fuerzas del Estado (ver refutación de esta versión y análisis del encubrimiento subsiguiente en apartado del Derecho a la Vida). Con respecto al asesinato de Walter Tróchez y los indicios de comisión por operativos clandestinos, el entrevistado negó conocer los hechos e indicó que la Policía debería hacerse cargo de las alegaciones. El entrevistado declaró que no queda ningún vestigio de los aparatos militares que ejecutaban las desapariciones forzosas en Honduras en los años ochenta.
En general, Micheletti mostró una disposición muy cordial para atender a los investigadores y responder a sus preguntas, pero mostró muy poco interés con respecto a las víctimas y el daño que sufrieron o siguen sufriendo. Micheletti concluyó la entrevista con unos comentarios generales sobre el país y agradeció a los investigadores su imparcialidad y profesionalismo.
La investigación ha establecido con certeza que los decretos emitidos por el presidente Micheletti, en junio y septiembre, fueron los principales instrumentos normativos que habilitaron y dieron dirección a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y CONATEL para actuar contra la oposición al Gobierno de facto.
En el curso de la ejecución de estos decretos y de manera coherente con la dirección  política de los mismos, se cometieron las violaciones de los derechos humanos relatadas en el apartado del derecho a la libertad de expresión. Estas violaciones fueron resultado deliberado y directo de tales decretos, como es el caso con las actuaciones contra los medios de comunicación, la represión de las manifestaciones con uso excesivo de la fuerza y las detenciones ilegales, o bien resultado claramente previsible de los mismos.
Además de su responsabilidad por contribuir a causar estas violaciones a priori, al presidente también le corresponde una responsabilidad por no cumplir con su obligación de denunciarlos y sancionarlos debidamente a posteriori. Su  responsabilidad por omisión del deber de sanción se extiende a aquellas violaciones cometidas por agentes estatales más allá del ámbito específico de estos decretos, más aún cuando respondieron a la política general de represión de la oposición política, ordenada y dirigida por el presidente Micheletti.

Romeo Vásquez: “Mi estrategia fue evitar muertos a toda costa”

El general Romeo Orlando Vásquez Velásquez era el jefe del Estado Mayor Conjunto (EMC) en 2009 y, como tal, máximo responsable operativo de las Fuerzas Armadas. Bajo su dirección el EMC funcionó de manera colegiada con cinco oficiales superiores más, a saber, los tres comandante de la Fuerza Aérea, Fuerza Naval y Ejército, el inspector general de las Fuerzas Armadas y el subjefe del EMC. El general Vásquez se vio involucrado en la crisis institucional de los últimos días de junio de 2009, al negarse a obedecer las órdenes del Presidente Zelaya con respecto a la encuesta para la cuarta urna y ser destituido por el Presidente; posteriormente, amparado y prontamente restituido por la Corte Suprema de Justicia, quien a continuación le ordenó detener al Presidente y, por último, ordenó o transmitió la orden para la expulsión de Zelaya a Costa Rica. El general Romeo Vásquez accedió a ser entrevistado por el equipo de investigación y responder a sus preguntas. Los argumentos e información que presentó son muy similares a los de Roberto Micheletti y Luz Ernestina Mejía. Confirmó que en el período investigado, él tenía mando efectivo sobre las Fuerzas Armadas, conocía plenamente y compartía la estrategia del Presidente Micheletti, contaba con información puntual de la inteligencia militar y otras fuentes, y participó plenamente en la ejecución de los decretos de restricción de derechos contra los opositores al Gobierno de facto. Vásquez declaró que su estrategia fue “evitar los muertos a toda costa”. El equipo le preguntó por la muerte de Isis Obed Murillo y en particular de las alegaciones de que los disparos que lo mataron pudieran haber provenido de francotiradores militares. Vásquez negó rotundamente tal posibilidad y la presencia de francotiradores militares en el área. A continuación se le invitó a ver un video que muestra la presencia de soldados apostados con fusiles en azoteas cercanas al lugar de la manifestación el día de la muerte de Murillo. Vásquez tuvo que reconocer la presencia de tales soldados con apariencia de francotiradores, pero siguió negando cualquier responsabilidad militar por la muerte de Murillo. Vásquez declaró que en aquella época se había esforzado por calmar los ánimos y apaciguar a la población civil. El equipo le preguntó entonces por qué participó en actos políticos multitudinarios de apoyo al Gobierno de facto. Vásquez reconoció que tal participación en actos políticos “fue un error, pero me llamó Micheletti”. Vásquez reconoció la existencia de planes militares para las operaciones que las Fuerzas Armadas llevaron a cabo en apoyo al Gobierno de facto, como es lo normal para una institución militar. La existencia de tales planes operativos, con los diferentes componentes de fuerza, logística, comunicación, etc. Queda demostrada por la documentación que el EMC entregó a la CVR. Esta documentación comprende una pequeña recopilación limitada a algunos documentos jurídicos y planes generales. Estos planes muestran la existencia de anexos con informes de inteligencia sobre “fuerzas enemigas” en el contexto del conflicto político interno, al menos en septiembre de 2009, pero lamentablemente es tos anexos no se encuentran entre los documentos recibidos. Los documentos de la inteligencia militar en este contexto podrían ser muy relevantes para evaluar la responsabilidad del general Vásquez y sus Fuerzas Armadas con mayor precisión. La investigación ha establecido con certeza que el general Romeo Orlando Vásquez Velázquez, en su condición de jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, como mínimo jugó un papel esencial en la ejecución de los decretos de restricción de garantías del 30 de junio y 22 de septiembre de 2009 (011-2009 y PCM-M-016-2009). Las violaciones a los derechos fueron ordenadas por estos decretos, o eran resultado claramente previsible de los mismos, particularmente para veteranos profesionales de la milicia. La responsabilidad del general Vásquez está estrechamente ligada a la del Presidente Micheletti, según se ha detallado en el acápite anterior. Además de su responsabilidad por contribuir a causar estas violaciones a priori, al general también le corresponde una responsabilidad por no cumplir con su obligación de denunciarlos y sancionarlos debidamente a posteriori. La responsabilidad de los demás miembros del EMC en la campaña de persecución política no puede excluirse, a la vista del funcionamiento colegiado del EMC, particularmente del comandante general del Ejército, Miguel Ángel García Padgett, cuyas fuerzas tuvieron la mayor implicación en la ejecución de las medidas violatorias de los derechos humanos. Para desvelar con claridad los términos precisos de la relación entre el Poder Civil y el militar en la crisis de 2009, sería necesaria una investigación más extensa. Con respecto a las violaciones de los derechos humanos es posible que las Fuerzas Armadas hayan actuado con cierta autonomía, como lo sugiere el hecho de sus acciones más tempranas contra los medios de comunicación antes de la detención del Presidente Zelaya y antes de que Micheletti y su Gobierno dictaran algún decreto. La responsabilidad individual del jefe y miembros del EMC conlleva responsabilidad institucional para las Fuerzas Armadas, lo cual ha de tenerse en cuenta a efectos del derecho a la verdad, justicia y reparación de las víctimas. La actuación de las Fuerzas Armadas en 2009, parece ser el principal motivo por el cual se está abriendo un debate en la sociedad hondureña sobre la misma necesidad de su existencia, según se propuso en los talleres de recomendaciones para este Informe, inspirado también por la experiencia exitosa de la República hermana de Costa Rica.

Revelan policías: “Sólo se disolvió a la chusma”

Las máximas autoridades de la Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad incurrieron en responsabilidades similares a las identificadas para el alto mando militar, tanto por causar las violaciones, como por omisión de su deber de prevenirlas y sancionarlas. Estas responsabilidades superiores parecen particularmente claras por no tomar medidas correctivas ante el evidente exceso en el uso de la fuerza, causar un gran número de detenciones ilegales, no respetar los requisitos formales de la detención contenidos en el artículo 282 del Código Procesal Penal y su involucramiento, o al menos encubrimiento, en actos de ejecución extrajudicial, tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes. La voluntad de los altos mandos policiales en este sentido queda muy clara en las entrevistas a las cuales se sometieron voluntariamente. En éstas, uno de ellos negó, a propósito de la violencia utilizada para reprimir las manifestaciones, que hubiera existido uso excesivo de la fuerza, precisando que “solo se disolvió a la chusma”. Frases de este tipo fueron recibidas en varias oportunidades a lo largo de la verificación, siempre provenientes de mandos policiales, lo que revela una clara desvaloración, no ya personal, sino institucional, de las personas que se manifestaban contra el Gobierno de facto y, por supuesto, de sus derechos constitucionales. El equipo de expertos de derechos humanos pudo constatar, en las entrevistas a quienes ejercían los altos mandos de la Policía Nacional, una evidente voluntad de deslindar responsabilidades. Uno de ellos declaró que “para cada operación había un plan que era definido por Orellana Laínez”; otro manifestó que “la sala de crisis no estaba bajo el mando del director de la Policía Nacional, sino que dependía de Casa Presidencial y a la Policía solo le comunicaban las decisiones que se tomaban allí”; otro refirió que “la sala de crisis estaba integrada por la Policía Nacional, el Ejército, migraciones, bomberos, la DNIC para el trabajo de inteligencia criminal y, por último, inteligencia del Ejército, pero los que mandaban eran del Ejército y la Policía, incluido su director”. Por su parte, el comisionado Danilo Orellana precisó que hasta junio de 2009 era un oficial de segundo rango y que lo llamaron el 6 de julio para asignarle el cargo de “coordinación de las actividades de orden público”. En el apartado referente al derecho a la libertad y seguridad personales, se detalla cómo la Policía Nacional transgredió prácticamente todas sus obligaciones legales, con el pretexto de la mantención del orden público. En su momento, estas transgresiones fueron abiertamente negadas ante los organismos de justicia y de defensa de los derechos humanos, y en las entrevistas con los altos mandos de la época, sistemáticamente justificadas en aras de defender el Gobierno de facto. La Policía Nacional también incurrió en responsabilidades con posterioridad a los hechos. Una rápida revisión de expedientes en la Dirección de Asuntos Internos de la Policía Nacional permitió detectar una extrema lentitud y el carácter más bien formal de las investigaciones, con el previsible resultado de la falta de determinación de responsabilidades.

Días Claves

Amenazas, traiciones, destituciones y mentiras en los días de la crisis La Comisión de la Verdad y la Reconciliación en su informe establece los días claves durante la crisis política que se vivió antes, durante y después del 28 de junio del 2009

Micheletti increpa a OEA

18 de junio de 2009 El representante de la OEA, Raúl Alconada Sempé, visita e informa al Congreso Nacional que la OEA estará acompañando al Gobierno de Honduras en la consulta prevista para el 28 de junio y que “llegaban no como observadores, sino que como veedores” a lo que el presidente del Congreso, Roberto Micheletti, les dice que: “¿Cómo era posible que la OEA mandara gente a desarrollar algo ilegal en el país?”.

Juzgado prohíbe la consulta

18 de junio de 2009 Se libra comunicación judicial al presidente constitucional de la República, para que se abstenga de realizar actos de carácter general o particular distintos a lo ordenado en la sentencia interlocutoria de fecha 27 de mayo y su aclaratoria de fecha 29 de mayo, referentes a la suspensión del acto impugnado correspondiente a la demanda No. 151-09 promovida por el Ministerio Público contra el Estado de Honduras, haciéndole la advertencia que de verificarse el incumplimiento de la sentencia y su aclaratoria estarán sujetos a lo que establece el Código Penal, sin perjuicio de la responsabilidad civil en que incurren por los daños y perjuicios que causare a los interesados.

Renuncia Edmundo Orellana

24 de junio de 2009 Edmundo Orellana, secretario de Estado en el Despacho de Defensa, presenta renuncia al presidente José Manuel Zelaya Rosales, porque no estaba de acuerdo con que se hiciera una encuesta en contra de una decisión judicial, que había ordenado que se suspendiera, aunque, de acuerdo a su criterio, la encuesta no era ilegal, pero había un fallo y había que respetarlo y que él “es respetuoso de las leyes, soy abogado, profesor universitario y desde hace 40 años vengo abogando por el respeto a la Constitución y las leyes”. Además porque el presidente insistió en involucrar a los militares en su plan de consulta sobre la posibilidad de una constituyente.

Nadie aceptó sustituir a Vásquez

24 de junio de 2009 Previo a la cadena nacional, el presidente Manuel Zelaya le ofrece “a todos (los coroneles), lo digo porque yo soy testigo de eso pues y le habló al coronel tal, al coronel tal, al otro no sé qué, unos que decían que eran amigos de él y no encontró en ningún coronel que quisiera sustituir al general (Romeo Vásquez Velásquez), no encontró ninguno, se lo ofreció a todos y no nadie quiso”.

Amenazan a Mel de traidor

24 de junio de 2009 Se reúne nuevamente Manuel Zelaya en la residencia del embajador de EE.UU. “y en esa reunión al parecer acuerda con los grupos de poder suspender por 15 días la consulta, entonces se decide dar una cadena nacional, pero fueron como 30 llamados porque estábamos en un debate fuerte allí y entonces la redacción que tenía Mel de lo que iba a leer en cadena, planteaba que suspendía por 15 días, no que renunciaba a la consulta, que suspendía por 15 días y que destituía a Romeo Vásquez, entonces cuando él baja y nos muestra la propuesta y todo, allí estaba Rafael Alegría, estaba yo (César Ham), estaba Juan Barahona, estaban varios de los dirigentes allí, entonces fue una situación que se increpó al presidente y le dijimos, entonces y cómo es que usted sale diciendo que va a suspender la consulta, lo que quiero decirle a usted es que usted tiene que estar consciente de lo siguiente, si nosotros no vamos a la consulta, esa gente va a venir por usted y por nosotros y nos va a volar la cabeza eso tenga la plena seguridad, me acuerdo que Israel Salinas le dijo: presidente qué le pasa, si usted suspende eso vamos a salir aquí denunciándolo y diciendo que usted es un traidor a la causa. Entonces me dijo el presidente, bueno hagamos una cosa, redacta vos, me dice, cómo querés que quede eso, pues, para que lo leamos”.

Separan a Vásquez

24 de junio de 2009 El presidente de la república en cadena nacional separa de su cargo al coronel Romeo Vásquez Velásquez como jefe del Estado Mayor Conjunto y acepta la renuncia del secretario de Defensa, Edmundo Orellana, anunciando que: “El gobierno de la república a la opinión pública nacional e internacional y al pueblo hondureño comunica… Que ante la crisis generada por algunos sectores que han promovido la desestabilización y el caos con el fin de causar serios problemas a la institucionalidad democrática de Honduras, al orden constitucional y al ejercicio del poder legalmente constituido, recordando que es una atribución del Poder Ejecutivo, de conformidad con la misma constitución de la república, mantener la paz y la seguridad interna de nuestro país, como presidente constitucional de la República, he decidido separar de su cargo de jefe del Estado Mayor Conjunto al general Romeo Vázquez Velásquez, aceptar la renuncia del abogado Edmundo Orellana Mercado como ministro de Defensa”.

Renuncia junta de comandantes

24 de junio de 2009 Interponen su renuncia los comandantes del Ejército, Miguel Ángel García Padget; de la Fuerza Naval, Juan Pablo Rodríguez; y de la Fuerza Aérea, Luis Javier Prince; en solidaridad con Romeo Vásquez Velásquez Cervantes.

Militares piden les cambien misión

24 de junio de 2009 Romeo Vásquez Velásquez, jefe de Estado Mayor Conjunto informa al presidente José Manuel Zelaya Rosales, vía mensaje de texto, que no ha encontrado solución para seguir la orden de apoyar la cuarta urna, a lo que el presidente les pide que él y la junta de comandantes, se vayan inmediatamente para casa presidencial, una vez reunidos le plantean al presidente Zelaya tres alternativas: 1. relevar del mando al general Romeo Vásquez Velásquez; 2. que se les cambiara la misión y 3. que se fuera directamente la cuarta urna el 29 de noviembre el día de las elecciones; a lo que Zelaya toma la decisión de relevarlo y redacta ahí mismo el documento de relevar al general Romeo Vásquez Velásquez, donde también iba redactado la suspensión de la consulta. Se le da lectura al mencionado documento a la junta de comandantes y de inmediato los comandantes del Ejército, Naval y Aérea renuncian.

Llorens amenaza Micheletti

25 de junio de 2009 ** En horas de la noche se reúne Raúl Valladares con el general Romeo Vásquez, enviado por el presidente Zelaya para ofrecerle disculpas y que entendiera el nerviosismo del presidente, ya que él tenía mucha presión de América del Sur y a decirle que no lo han relevado todavía, a lo que el general Romeo le dice que él ya no tiene al mando a las FF.AA. y que tiene que consultar a todos los subalternos. ** 10: 45 a.m. Se abre la sesión del Congreso Nacional, presidida por Roberto Micheletti Baín, con la asistencia de los vicepresidentes Víctor Rolando Sabillón Sabillón, Juan Ramón Velásquez Nazar y Rubén Francisco García, al abrir la sesión el presidente del Congreso Nacional expresó que se han hecho máximos esfuerzos para que las cosas se tornen como manda la Constitución de la república y para lograr la oportunidad de no romper el orden constitucional y que no les había permitido hasta ese momento “entristecernos por un golpe de Estado”. ** Hugo Llorens, embajador de Estados Unidos, se comunica con Roberto Micheletti, presidente del Congreso Nacional, y con el general Romeo Vásquez Velásquez, “amenazándolo (a Roberto Micheletti) que no hubiera ningún movimiento y el presidente Micheletti contestó al embajador por teléfono: pero embajador, si en su casa nos hemos reunido varias veces y todos los acuerdos los ha incumplido el presidente Zelaya y usted ha sido testigo presencial de las violaciones reiterativas que siguió haciendo a la Constitución el presidente Zelaya y usted ha sido complaciente de esa situación”. Entonces el embajador le dijo: “mire, si él consuma el acto de la constituyente y se queda, entonces, nosotros vamos a actuar”. A lo que el presidente Micheletti contesta: “Sí, con una gran diferencia que los que vamos a estar fuera del país, somos nosotros”, porque ya había habido amenazas de que se iba sacar del país”. ** Romeo Vásquez Velásquez, jefe de Estado Mayor Conjunto, se comunica con Hugo Llorens, embajador de Estados Unidos, solicitándole ayuda a que se buscara la no inhabilitación del presidente José Manuel Zelaya por el Congreso Nacional.

Militares temieron catástrofe cuando sacaron urnas de FAH

** El TSE interpone denuncia ante el Ministerio Público para que se proceda a decomisar todo el material electoral referente a la consulta de 28 de junio. El material es dejado en depósito en las instalaciones de la Base Aérea. ** 12:45 p.m. Se apersonan el pleno del Tribunal Supremo Electoral (José Saúl Escobar Andrade, David Matamoros Batson, Enrique Ortez Sequeira, Denis Fernando Gómez Rodríguez) y la Fiscalía General del Estado (a través de Henry Geovanny Salgado Núñez, Diana Elizabeth Rodríguez Corea, Gelmer Humberto Cruz, Karelia del Carmen Amador) en las instalaciones de la Fuerza Aérea, dando cumplimiento a la resolución emitida por el TSE, procediendo al decomiso del material (15 mil urnas) relacionado con la encuesta, nombrando depositario al coronel Castillo Brown: “Ya se tenía toda esa información y que ya había salido él en unos buses con más gente y que venía para la Fuerza Aérea… a sacar las papeletas y todo eso se le hizo ver a la gente de Tribunal Superior Electoral y también a los fiscales… yo les dije que por qué no se las llevaban (las urnas), pues ya que estaban ellos allí todos que porque no se lo llevaban, entonces uno de los fiscales fue categórico y me dice a mí: aquí están resguardadas… ustedes son militares y nosotros allá tenemos el edificio al lado de la calle, allá se nos meten y nos hacen estragos, entonces le digo: nos dejan un problema… empezamos nosotros a preocuparnos principalmente mi general Prince, preocupado por la situación que se estaba dando, pues (ya que adentro de habían más de “120 mil galones de yeta 1, del combustible de aviación, más otros sitios críticos de cuestiones de armamento, con los que se da el servicio al Gobierno y a todas las instituciones y en caso de catástrofes… a servicio de la ciudadanía, incluyendo al avión presidencial para sus misiones, se llamó a la Policía, tuvimos un contingente de policías dentro de la unidad para que nos ayudara a resguardar la seguridad de la unidad”. ** José Manuel Zelaya, desde casa presidencial en compañía de sus seguidores, declara que “los militares no se gobiernan solos” y se moviliza con los simpatizantes de la cuarta urna en caravanas de vehículos, de casa presidencial a la Fuerza Aérea Hondureña. ** El presidente Zelaya Rosales, acompañado de varios funcionarios públicos (César Ham, Rafael Alegría entre otros) y de un grupo de personas, entra en las instalaciones de la Base Aérea y retira el material electoral: “Botaron parte del muro, entonces nos preocupaba porque de aquí se miraba que la gente se estaba poniendo como violenta, aunque lo que se necesitaba que mi general (Prince) platicara con el señor presidente y decirle de que se le entregaba las cuestiones (las urnas), pero que se evitara entrar… yo le dije señor (a Manuel Zelaya), viene mi general, quiere platicar con usted y se le van a entregar (las urnas)… yo estaba en el portón, hay fotos en los diarios de eso y entonces él dijo: sí, está bien vamos a platicar, pero, al conductor le dijo dale y entonces tiró el bus, yo estaba en el portón y me tiró el bus a mí y entonces yo tuve que soltar el portón y dejarlo pasar pues. Entonces se les ayudó a ellos a ordenar todo también… ellos metieron 10 personas, nosotros metimos 4 soldados, solo por cualquier cosa, porque la bodega también tiene cuestiones de repuestos y todo, entonces que no se fuera armar ningún relajo… ya allí más bien había más entendimiento entre las 2 partes y se estaba tratando de llevar todo lo mejor para evitar cualquier tipo de situación que fuera lamentable”.

Corrales intenta persuadir a Mel 26 de junio de 2009

** 1:05 a.m. El CN aprueba darle más tiempo a la comisión especial para que rinda su informe sobre las actuaciones del presidente Zelaya referentes a la violación a la Constitución, su inestabilidad mental y por no prestar la debida atención a los problemas de interés nacional y por no acatar los fallos judiciales en menoscabo del Estado de derecho, expresando Roberto Micheletti, el presidente del CN, que: “Los señores de la comisión me informaron que necesitan más tiempo para dar a conocer la información, por lo consiguiente no vamos a discutir la información”, así también el presidente de la comisión especial Ricardo Rodríguez, menciona que han “hecho algunas investigaciones, pero no las suficientes para debatir abiertamente un tema tan delicado”. **1:14 a.m. se suspende sesión del Congreso Nacional: “Ese jueves nos despacharon y nos dijeron que ese día no se iba a tomar ninguna decisión… y que estábamos sujetos a un segundo llamado”. ** Arturo Corrales es convocado a una reunión por parte del presidente Zelaya a la casa presidencial, se reúnen en el despacho del presidente con la presencia de otras personas (Enrique Flores Lanza, César Ham, Patricia Rodas, Adolfo Lionel Sevilla y otros): “Con una pizarra allí explicándonos según él las bondades de su propuesta (las cuales eran esquemas de reformas a la Constitución, una especie de comités constitucionales en los barrios, en las aldeas, en los municipios para que de allí surgieran las propuestas de las reformas constitucionales y que de allí se hiciera la asamblea y que tuviéramos todos los partidos igual de representantes, una reforma sin constituyente) y toda la cuestión y al final no logramos acuerdo”. Terminando la reunión a las 7:00 p.m. “Él quería suspender la consulta el domingo, la hacemos después, le quitamos constituyente porque mirá, no te aceptan constituyente, mirá Canahuati y todos (Jorge Canahuati, Ferrari, Chuky Kaffy) allá están esperándome, después de aquí tengo que ir allá a informarles qué es lo que hablamos con ustedes, la consulta la podemos hacer, la cuarta urna la podemos hacer, pero no la constituyente”. ** 3:00 p.m. El general Romeo Vásquez llama “a un amigo del presidente Zelaya”, luego de haber salido el comunicado de última hora donde se hablaba de una asamblea nacional constituyente; para comunicarle “que no se metiera en ese problema, porque podían haber problemas a futuro y que los militares ya no sabían qué posición tomar y que ellos no se podían meter en aspectos políticos”.

Ordenan capturar a Mel 27 de junio de 2009 Recibe el general Romeo Vásquez Velásquez una llamada a las 10:00 p.m. del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés, que le comunica que quiere llegar a la casa del general y acuerdan verse en la Corte Suprema de Justicia y le dan la orden para suspender la consulta popular y una orden de captura contra el presidente Zelaya, y que si no se cumplía con la mencionada orden eran cómplices de la comisión de un delito en contra de la seguridad nacional que era traición a la patria, el general consulta con los abogados de las FF.AA., quienes establecieron que era una orden legal y que estaban en obligación de cumplirla.

Sábado se sabía de renuncia 27 de junio de 2009 Se convoca a los diputados del Congreso Nacional en horas de la noche para sesión ordinaria al día domingo, “con conocimiento de que se iba a separar del cargo al presidente de la República, no de que el presidente Zelaya había presentado su renuncia y que él ya no estaba en Honduras”. Se convocan diputados para sesión del Congreso Nacional del 28 de junio: “El sábado nos llamaron estaba… creo convocada para las once” (Roberto Micheletti).

Las llamadas el mero día

** La primera llamada de Mel fue a César Ham ** Llorens pidió a Rivera Aviles se detuvieran acciones ** “Toño” le avisó a Juan Orlando Hernández 28 de junio de 2009 ** 05:00 a.m. (hora aproximada) César Ham recibe una llamada del presidente Manuel Zelaya: “Cuando miré una llamada del presidente Zelaya que decía Mel, entonces le contesté: aló presidente y escuché la gran tirason al fondo y me dice César, César salí, me dice que hay golpe de Estado y qué pasó y qué pasó le decía yo, pero yo escuchaba la gran tirason en el fondo… están entrando los militares a mi casa y se terminó la comunicación”. ** 06:00 a.m. (según informe de juez ejecutor) y 5:00 a.m. (según la hija de Zelaya), José Manuel Zelaya es detenido en su casa por las Fuerzas Armadas en base a la orden de la Corte Suprema de Justicia emitido por el juez natural, Tomás Arita y ejecutada por el teniente coronel René Antonio Hepburn Bueso. ** 06:30 a.m. (hora aproximada, varía según el testigo) José Manuel Zelaya después de su captura sale de Tegucigalpa con destino a la Base Aérea en Comayagua, Enrique Soto Cano, en la aeronave marca west wind perteneciente al Estado de Honduras y operada por la Fuerza Aérea Hondureña. ** 06:42 a.m. (hora aproximada) José Manuel Zelaya Rosales aterriza en la Base Aérea en Comayagua, Enrique Soto Cano; según declaración del piloto y copiloto, en la audiencia inicial contra la junta de comandantes de las Fuerzas Armadas, se hizo una escala en dicha Base para cargar combustible, ya que de acuerdo a los protocolos de la Fuerza Aérea, las aeronaves deben permanecer con el tanque vacío si no se tienen programados vuelos. Ahí cargan combustible y se les informa que deben partir hacia la República de Costa Rica. ** 06:52 a.m. (hora aproximada) José Manuel Zelaya Rosales despega de la Base Aérea en Comayagua, Enrique Soto Cano, con destino a Costa Rica. ** 7: 00 a.m. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés recibe una llamada del embajador de EE.UU., Hugo Llorens, para notificarle lo que estaba sucediendo y que “tratara de detenerlo”. ** En horas de la mañana se convoca a los diputados del Congreso Nacional a sesión ordinaria del día 28 de junio por medio de la radio, televisión y llamadas telefónicas de parte de la oficina. Diputados a favor del proceso de la encuesta popular denuncian no haber sido convocados. ** Juan Orlando Hernández, diputado del Partido Nacional, recibe una llamada de Rivera Callejas, diputado y subjefe de bancada del Partido Nacional: “En esos momentos Rivera Callejas y me explicó que había una reunión en el Estado Mayor Conjunto por lo que había ocurrido, pregunté qué era lo que había ocurrido porque yo me venía despertando en ese momento y me dice: bueno es que se fue el presidente Zelaya, ya no es presidente de Honduras y está en este momento está llegando a Costa Rica; y le contesté que yo a una instalación militar iría, si esta decisión es del Congreso allí es donde debemos estar todos para enterarnos de qué fue lo que paso y él inmediatamente me dice: tenés toda la razón. Entonces le digo: convocá a todos los miembros del partido que vayan al Congreso, a ningún otro lugar. Estando allí el secretario del Congreso, don José Alfredo Saavedra, dijo que él tenía en sus manos una renuncia del presidente Zelaya y que él ya no estaba dentro del país y que había renunciado de su cargo, que esa era la realidad del momento”. ** 08:10 a.m. (hora aproximada) La aeronave west wind donde se transportaba José Manuel Zelaya Rosales aterriza en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría “El Coco”, ubicado en la provincia de Alajuela, Costa Rica. El copiloto de la aeronave sale de la cabina, abre la puerta de pasajeros y baja las gradas, se ubica en la parte de atrás y ve bajar al pasajero, José Manuel Zelaya (vestido con botas, pantalón negro y sudadera gris), quien se fue con una persona no identificada que le estaba esperando. ** 9:00 a.m. El embajador Hugo Llorens llama nuevamente al presidente de la Corte Suprema de Justicia para convocarle a una reunión en el Estado Mayor Conjunto estando presentes el ministro de Defensa y algunos comisionados del TSE, solicitándole al abogado Jorge Rivera Avilés que apareciera en cadena nacional esclareciendo que había sucedido en la Corte, a lo que el abogado armó un comunicado en donde se determinaba lo que se había hecho entre el 25 y el 28. Se comunica telefónicamente el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, en la cual Jorge Rivera Avilés argumentó que el rompimiento del orden institucional se había dado desde el momento que se pretendía hacer una encuesta, que no estaba prevista en la Constitución (al momento de la llamada el presidente de la Corte Suprema estaba reunido con el presidente del Congreso Nacional, con el presidente del Tribunal Supremo Electoral y otras autoridades y que estaban examinando la forma de restablecer el orden institucional que se había roto al llamar o realizar la encuesta de Zelaya). El presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti, se informa por medio de los medios de comunicación que el presidente Zelaya fue capturado y llevado para Costa Rica. ** 11:20 a.m. (hora aproximada) José Manuel Zelaya da conferencia de prensa en Costa Rica, donde niega haber presentado renuncia, donde aclara que no pedido asilo político en Costa Rica, sino que se encuentra en ese país en calidad de huésped. ** Jorge Rivera Avilés, presidente de la Corte Suprema de Justicia, recibe una llamada estando en el Estado Mayor Conjunto, del secretario de la OEA, José Miguel Insulza, comunicándole que va ir a Honduras y pide ser recibido. Comunicándose también habla con el presidente del Tribunal Supremo Electoral. ** Se reportan cortes de energía a nivel nacional, así como la suspensión de la transmisión de los informativos locales. ** 12:04 p.m. El TSE emite un comunicado en el que informa que se realizarán las elecciones generales en fecha 29 de noviembre de 2009. ** Se reúnen en el Congreso Nacional previo a dar inicio a la sesión, Ramón Custodio López, comisionado nacional de los derechos humanos en Honduras, el diputado Toribio Aguilera, el fiscal general, el presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti y el diputado Juan Orlando Hernández a: “Discutir y analizar la situación y cuando empezamos a argumentar sobre el tema de la falsedad o no de la renuncia hubo un criterio allí jurídico, bueno si al final es falso se va a comprobar, en todo caso, nosotros tenemos que partir del fedatario que de acuerdo al reglamento interno del Congreso es el secretario del Congreso, la secretaría del Congreso es el conducto por donde entran y salen todas las comunicaciones oficiales del Congreso. Antes de la decisión final en el pleno del Congreso, yo me movilicé a la casa de Porfirio Lobo con el diputado Celín Discua. Se convocó a María Antonieta, que era la jefa de campaña, y empezamos a discutir al momento de concluir llegamos al siguiente punto: nosotros no podemos dejar de participar en buscarle al país una continuidad en sus autoridades, pero no podemos avalar una decisión que no nos produzca de inmediato un gran diálogo para solucionar el problema”. ** 12:30 p.m. Comienza (en el acta dice se “reinicia”) sesión en el Congreso Nacional previa comprobación del quórum, actuando en la junta directiva los diputados: Roberto Micheletti, presidente del Congreso Nacional; Juan Ramón Velásquez Nazar, el vicepresidente José Alfredo Saavedra, secretario; María Felicita Guzmán Fonseca, prosecretaria alterna; y Gonzalo Antonio Rivera, prosecretario. **Comisión especial del Congreso Nacional nombrada para investigar conducta administrativa del presidente de la república presenta su informe, por medio del diputado Ricardo Rodríguez, el cual fue firmado por los diputados Ricardo Rodríguez, José Toribio Aguilera Coello, Enrique Rodríguez Burchard y Wilfredo Bustillo Castellanos, en el que hacen referencia a las actuaciones de Zelaya han creado un clima de incertidumbre, confrontación y división de la sociedad hondureña. El Poder Ejecutivo ha ejecutado acciones desafortunadas, desafiando a las autoridades constituidas y al cumplimiento de los deberes constitucionales y legales que inciden en normal desarrollo de la vida nacional. Tuvieron a la vista la documentación: 1.- La no sanción de más de 96 decretos y leyes remitidas, 2. la no remisión del proyecto de presupuesto de la república, 3. las sentencias dictadas por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo y ratificadas por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, referente a la ilegalidad del proceso de la cuarta urna y los actos relacionados a la encuesta, 4.notificaciones de la fiscalía al Poder Ejecutivo sobre la ilegalidad de la encuesta, 5. sentencia el recurso de amparo con suspensión del acto reclamado sobre remoción del jefe de las Fuerzas Armadas, 6. acta de comiso, depósito y custodia del material electoral, 7. Decreto del consejo de ministros PCM-019-2009, en la que se ordena realización de encuesta de opinión para la convocatoria a una asamblea nacional constituyente. Además se señalan hechos de poca atención a problemas nacionales como la gripe H1N1, damnificados y daños afectados por terremoto, crisis financiera que ha ocasionado la pérdida de más de 100, 000 empleos, inseguridad, sustracción de material electoral decomisado, enfrentamiento con operadores de justicia. Esta conducta hace peligrar fidelidad a la república y cumplimiento de la Constitución y las leyes, pone en precario el Estado de derecho, la gobernabilidad y el sistema democrático. ** Luego de haberse suspendido la sesión del Congreso momentáneamente y de haberse dado lectura a la renuncia presentada por Manuel Zelaya y haber sido esta aprobada, se aprueba así también el proyecto de decreto que acuerda: 1) improbar la conducta del presidente de la república por sus reiteradas violaciones a la Constitución de la república, las leyes y las resoluciones de los órganos jurisdiccionales; 2) separar a José Manuel Zelaya del cargo de presidente constitucional de la república; y, 3) nombrar a Roberto Micheletti Baín presidente constitucional de la república hasta finalizar el actual período de gobierno. ** Antonio César Rivera Callejas, diputado del Partido Nacional, en nombre de la bancada del Partido Nacional, manifiesta el apoyo a la sustitución legal, y hacer conocer a los organismos internacionales que todo se estaba haciendo en el marco de la legalidad y de la paz. ** El diputado Juan Ramón Velásquez Nazar, argumentó que el Congreso Nacional ha dado respeto a la Constitución en los diferentes eventos que se han ido presentando y que esa última etapa, estaban procediendo a una sustitución de la manera como lo plantea la Constitución de la república. ** José Toribio Aguilera, diputado del PINU, expresa en el Congreso Nacional que “había sido dolorosa la decisión de destituir a un presidente” y que quería darle un mensaje a las personas que se cuestionan si es correcto o no es correcto lo que había hecho ese día en el Congreso Nacional y pide que “se basen en el expediente jurídico de las diferentes instituciones del país”. ** Juan Ángel Rivera Tábora, diputado del Partido Liberal, expresó en el Congreso Nacional que en la defensa de la Patria, todos eran las Fuerzas Armadas y que el Partido Liberal aborrece los golpes de Estado y en sus idearios expresa que no acompaña a ningún continuismo gubernamental de ningún partido. ** Juan Orlando Hernández, diputado del Partido Nacional, expresa en Congreso Nacional que era un día triste para la hondureñidad y que la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República y las Fuerzas Armadas, han procedido de acuerdo al ordenamiento jurídico; y que a falta del presidente, por la vía de renuncia, no se puede dejar al país en la deriva y que es obligación del Congreso Nacional actuar y que en función de la Constitución dado a que el vicepresidente de la república también había renunciado, sigue el presidente del Congreso Nacional, como jefe de bancada del Partido Nacional y como secretario general del Comité del Partido Nacional, dan su apoyo al paso que se estaba dando y que deseaba :“Corregir algo aquí (en el Congreso Nacional) y que para el mundo también conozca que aquí no ha habido un golpe de Estado, aquí lo que ha habido es un funcionamiento del Estado de derecho”. ** Martha Lorena Downing, diputada del Partido Liberal, expresó en el Congreso Nacional que “la mayoría de las personas que trabajaban para la cuarta urna eran empleados de Gobierno y se les obligaba hacerlo” y que Honduras se está consolidando en su democracia. ** Roberto Micheletti Baín, presidente del Congreso Nacional, manifiesta que si gobierna que su consigna será “la conciliación de la gran familia hondureña y el gran dialogo nacional”. ** Se aprueba por unanimidad de votos el punto No. 3, contendiente de nombrar a Roberto Micheletti Baín presidente constitucional de la república hasta finalizar el actual período de Gobierno y se levanta sesión a las 02:25 p.m. convocando para ese mismo día a las 02:45 p.m. ** Se abre sesión en Congreso Nacional a las 02:55 p.m. ** El diputado del Partido Democracia Cristiana, Juan Ramón Velásquez Nazar, nombra a los diputados Jerry Dave Hynds Julio, Samuel Enrique Bográn Prieto, Mario Alexander Barahona Martínez, María Concepción Figueroa Torres, Flavio Javier Nájera Zelaya y Wenceslao Lara Orellana, para que pasen al despacho de la presidencia del presidente del Congreso Nacional, para invitar a Roberto Micheletti para que preste su promesa de ley como presidente de la república, seguidamente Roberto Micheletti presenta su promesa de ley, expresando que habrán elecciones el 29 de noviembre y que asume: “En estricto respeto y cumplimiento a la Constitución de la república y que no llega a esa posición bajo la ignominia de un golpe de Estado, sino como producto de transición legal, tal y como está contemplado en las leyes”. ** Manuel Iván Fiallos Rodas, diputado del Congreso Nacional, presenta moción referente a nombrar a José Alfredo Saavedra como presidente y a Carlos Lara Watson como secretario del Congreso Nacional, por el tiempo que falte para terminar el período de gobierno constitucional, la cual fue discutida y se aprobó. Nombrando comisión (Manuel Iván Fiallos, Martha Lorena Alvarado, José Celín Discua Elvir, Miguel ángel Gámez y José Toribio Aguilera), el diputado Juan Ramón Velásquez Názar para elaborar el proyecto de decreto para el nombramiento de José Alfredo Saavedra como presidente y a Carlos Lara Watson como secretario del Congreso Nacional. Luego de darle lectura, son nombrados José Alfredo Saavedra como presidente y a Carlos Lara Watson como secretario del Congreso Nacional. ** Se suspende la sesión del Congreso Nacional a las 05:15 pm, convocando para el mismo día 28 de junio, a las 05:30 p.m. ** 06:20 p.m. Se reinicia sesión del Congreso Nacional dándole lectura al acta anterior (referente a la separación de Manuel Zelaya, el nombramiento de Roberto Micheletti como presidente de la república, el nombramiento de José Alfredo Saavedra como presidente del Congreso Nacional y Carlos Lara Watson como secretario del Congreso Nacional), la cual fue aprobada sin presentarse ninguna reconsideración. Se levanta sesión del Congreso Nacional a las 06:40 p.m. ** El Ministerio Público inicia de oficio investigación sobre la veracidad de la carta de renuncia de Zelaya ante el Congreso Nacional. ** Marcia Villeda, diputada por el Partido Liberal y vicepresidenta del Congreso Nacional, declara que la carta de renuncia fue recibida de manera formal y que ellos como diputados tienen la obligación de darle trámite, también aseguró que lo sucedido no es un golpe de Estado, sino un cambio de poder ante la supuesta violación del presidente a la Constitución del país: “El presidente Zelaya violó la Constitución y se les ordenó a los militares actuar. Esto no es un golpe de Estado, es un cambio de poder”. ** La OEA aprueba una resolución de siete puntos que condena el golpe de Estado en Honduras la detención arbitraria y la expulsión del presidente constitucional. La resolución exige el retorno inmediato, seguro e incondicional de José Manuel Zelaya a su cargo y declara que no se reconocerá ningún gobierno que surja de esa ruptura inconstitucional. ** Emite comunicado especial la Corte Suprema de Justicia al pueblo hondureño y a la comunidad internacional, con motivo de los acontecimientos acecidos sobre la situación prevaleciente en el país y respaldando la acción de las Fuerzas Armadas de detener y deportar al presidente Manuel Zelaya, ya que tal acción se enmarca en ley y que el Poder Judicial: “Deja constancia que si el origen de las acciones del día de este domingo estaba basado en una orden judicial emitida por juez competente, su ejecución está enmarcada dentro de los preceptos legales… Y debe desarrollarse contra todo lo que ilegalmente se interponga para devolver al Estado de Honduras el imperio de la ley”, señala el comunicado. ** El Gobierno presidido por Roberto Micheletti aprueba un toque de queda a nivel nacional de dos días de duración, por 48 horas a partir de las 09:00 p.m. a 06:00 a.m. Manifestando que dicha medida es para resguardar el orden y mantener la tranquilidad en el país y que definirá después su gabinete de Gobierno y pidió a la prensa que espere a que resuelva varios asuntos pendientes, asimismo rechazó las acusaciones de que en Honduras hubo un golpe de Estado: “En Honduras no ha habido un golpe de Estado, sino una sucesión presidencial”.

Renuncia llegó por correspondencia 1 de julio de 2009 Marcia Villeda, diputada del PL y vicepresidenta del Congreso Nacional, declara que la renuncia del ex presidente José Manuel Zelaya Rosales llegó al Congreso Nacional por correspondencia y que tenía información de algunos medios que Zelaya sí había firmado la carta.

Cardenal pide meditar regreso a Zelaya 3 de julio de 2009 El cardenal Óscar Andrés Rodríguez, pide al presidente José Manuel Zelaya Rosales meditar sobre su regreso a Honduras: “Que recuerde que cuando tomó posesión hizo alusión a tres preceptos religiosos no matar, no mentir y no robar, y hasta el momento no ha habido un hondureño muerto por lo que debe evitar con su regreso un baño de sangre en el país”. Su Eminencia hizo el llamado tras la lectura de un comunicado de la Conferencia Episcopal de Honduras, en el que llama a la Organización de Estados Americanos (OEA) que preste atención a todo lo que venía ocurriendo fuera de la legalidad en Honduras, y no solamente a lo sucedido a partir del 28 de junio de 2009.