Publicado el 15 Noviembre, 2019
En las evidencias que remite el Fiscal al Juez, se ilustra un “plan criminal más amplio del acusado (Tony), CC-3 (Pepe) y CC-4 (JOH) para usar el narcotráfico para ayudar a afirmar el poder y el control de Honduras”.
La conspiración tendría como objetivo conseguir apoyo del narcotráfico para alcanzar el poder a cambio de brindarles el paso seguro y protección a los líderes de cárteles de la droga. En el documento se detalla que CC4 (JOH), CC3 (Pepe Lobo) y Tony, confiaron en el producto de la droga para financiar la campaña electoral del Partido Nacional.
El documento de la Fiscalía sostiene que alrededor del año 2013, Juan Orlando Hernández (identificado como CC-4 en el documento), confirma la relación entre el Partido Nacional de Honduras y grupos de narcotráfico en el país.
Vínculos de Juan Orlando Hernández con narcotraficantes
Uno de los testimonios que toma en cuenta el Fiscal, es el de Alexander Ardón (CW-3) ex alcalde del Partido Nacional. Según evidencias, es presentado en todo el documento como aliado de Tony Hernández, hermano del presidente considerado por Estados Unidos como “narcotraficante a gran escala”.
Alexander no volvió a participa en el proceso electoral, luego de diez años de reelección continua, a petición de Juan Orlando Hernández, información que describe el Fiscal y es confirmada por el propio Juan Orlando Hernández, en sus recientes declaraciones a la prensa.
La petición de Hernández al ex alcalde, de frenar sus aspiraciones políticas, se debió a que se ventiló en los medios de comunicación su vinculación con el narcotráfico y este estaba sometido al escrutinio público, sin embargo, esto no provocó que se iniciara ningún tipo de investigación en su contra o que el presidente lo pusiera a la orden de la justicia, sino que logró conseguir protección bajo un acuerdo de negociación entre Ardón y Hernández.
La Fiscalía norteamericana señala que, “para asegurar esa protección, CW-3 gastó otros $1.5 millones en ganancias de drogas”, con el fin de obtener apoyo para la campaña presidencial de CC-4 en el occidente del país.
Tras el apoyo financiero proveniente del narcotráfico, “CC4, como CC-3 antes que él, fue elegido presidente basada, al menos en parte, en los ingresos del narcotráfico”, indica el documento presentado en los tribunales del Distrito Sur de Nueva York.
Posteriormente, en 2014, CC-4 le devolvió el favor a CW-3, al destituir a un oficial de la Policía Nacional de alto rango, debido a las criticas y acusaciones que el oficial realizaba en contra de CC-4 y CW-3.
Ante diversos indicios de los vínculos entre el Partido Nacional y los grupos de narcotráfico en Honduras, la Fiscalía de EE.UU confirma que, “la evidencia de corrupción política de alto nivel que involucra al acusado (Juan Antonio Hernández), CC-3 ( identificado como Porfirio Lobo Sosa en el documento), CC-4 y otros traficantes es admisible como prueba directa porque esta inextricablemente entrelazada con los crímenes acusados.”
El documento presentado en la Fiscalía de Nueva York es preparatoria al juicio que enfrentará Tony Hernández, hermano del presidente de Honduras, por supuestos negocios para producir y transportar drogas que ingresaron a Estados Unidos.
Padre Moreno: Necesitamos recuperar el Estado de derecho en Honduras
- 09/11/2019
P. Ismael Moreno
La democracia en Honduras viene sufriendo desde hace algunos años un
marcado retroceso. El Padre Ismael Moreno, director de Radio Progreso y
del Centro de Investigación ERIC, comparte con Vatican News su visión de
la actualidad hondureña.
Ciudad del Vaticano
Honduras es un pequeño país de América Central. Posee fronteras con Guatemala, El Salvador y Nicaragua, así como con el mar Caribe y el océano Pacífico. Es un país con una situación geográfica privilegiada y los grupos dedicados al tráfico de drogas lo saben. Además, afirma el P. Moreno, de los nueve millones de habitantes, casi dos han migrado hacia los países vecinos o a los Estados Unidos.
Ya la Conferencia Episcopal había llamado la atención sobre este aspecto en un mensaje publicado el pasado 11 de octubre: “Nada de lo que el narcotráfico ha logrado en nuestro país, podría haberse alcanzado sin la colusión de los órganos que, por razón de su ser, estaban llamados a defender la vida y proporcionar seguridad a todos. (…) Debemos admitir que en mucho de esto son culpables los políticos que han pactado con el crimen organizado, olvidando que la ética les obligaba ante todo a velar por el bien común y no por el beneficio personal o los de su grupo”.
Los obispos en el mensaje de octubre también afirmaban: “Con dolor y pena contemplamos el viacrucis de tantos hermanos migrantes. Duele reconocer que lo que más exporta Honduras son seres humanos”.
Ciudad del Vaticano
Honduras es un pequeño país de América Central. Posee fronteras con Guatemala, El Salvador y Nicaragua, así como con el mar Caribe y el océano Pacífico. Es un país con una situación geográfica privilegiada y los grupos dedicados al tráfico de drogas lo saben. Además, afirma el P. Moreno, de los nueve millones de habitantes, casi dos han migrado hacia los países vecinos o a los Estados Unidos.
Débil institucionalidad
El Padre Moreno afirmó que Honduras no posee una institucionalidad sólida, transparente, aunque se ha hecho camino en esta dirección. Sin embargo, hay hechos que ponen en riesgo lo avanzado: “Hace unas semanas el propio hermano del Presidente de la República fue declarado culpable por un jurado de la corte del Distrito Sur de Nueva York. En ese juicio, cerca de 200 veces apareció el nombre del actual Presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, vinculado al negocio de los narcotraficantes”.Ya la Conferencia Episcopal había llamado la atención sobre este aspecto en un mensaje publicado el pasado 11 de octubre: “Nada de lo que el narcotráfico ha logrado en nuestro país, podría haberse alcanzado sin la colusión de los órganos que, por razón de su ser, estaban llamados a defender la vida y proporcionar seguridad a todos. (…) Debemos admitir que en mucho de esto son culpables los políticos que han pactado con el crimen organizado, olvidando que la ética les obligaba ante todo a velar por el bien común y no por el beneficio personal o los de su grupo”.
Impacto en la población hondureña
El padre Moreno considera que en Honduras se da la conjunción de varias situaciones: “primero, el gobierno ha abandonado las políticas públicas y las políticas sociales”. Además, insistió, en el aumento de los costos de la vida cotidiana y de la violencia, de manera que el efecto inmediato es que “la población hondureña abandona el país en este esquema que se ha conocido internacionalmente como las caravanas de migrantes, en el que miles de personas abandonan el país por razones económicas, de inseguridad, de violencia, de extorsiones. De manera que la población hondureña vive esta situación como una carga con consecuencias negativas para sus propias vidas y, por lo tanto, la inseguridad, la violencia, el desempleo, la situación de extorsión ha aumentado en la población hondureña y esto tiene que ver en directo con una política que está conducida desde el Estado hondureño”.Los obispos en el mensaje de octubre también afirmaban: “Con dolor y pena contemplamos el viacrucis de tantos hermanos migrantes. Duele reconocer que lo que más exporta Honduras son seres humanos”.
Rol de la Iglesia
El director de Radio Progreso subrayó que “la Iglesia hondureña en los últimos meses ha tenido una palabra clara para identificar quiénes son los responsables de la situación de inseguridad y de inestabilidad que vive la sociedad hondureña, al tiempo que ha hecho convocatorias para avanzar hacia un escenario donde se recupere el Estado de derecho, que ha sido de algún modo abandonado por quienes tienen la responsabilidad de conducir hacia la democracia, pero lo que están haciendo es negar la democracia. En este sentido, la palabra de la Conferencia Episcopal Hondureña es una palabra creíble, es una palabra esperada y es una palabra que se necesita en tiempos de angustia y en tiempo de abandono como los que vivimos”.Buscar salida a la crisis
El p. Moreno constata que en este momento la sociedad de su país está polarizada y que el actual gobierno sufre desprestigio y “no tiene nada que ofrecer en positivo al país”. Por tanto, se trataría de convocar a elecciones para “recuperar el Estado de derecho, el orden constitucional y así avanzar hacia un pacto social en donde se continúe la lucha contra la corrupción”, así como se atienda a problemas urgentes como la salud, la educación y la necesidad de vivienda y de empleo.
Diputado denuncia que CN eliminó los delitos de lesa humanidad a militares
noviembre 7, 2019
Redacción
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. – El diputado del PINU por el departamento de Cortés Luis Rolando Redondo Guifarro, denunció que dentro de la cámara legislativa se está generando impunidad en favor de las altas cúpulas militares.
Vea el video aquí ⇒ https://m.facebook.com/
A continuación, los hechos denunciados por el diputado Redondo en una carta para los medios de comunicación:
PRIMERO: Que en fecha 5 de septiembre de 2019, el Poder Ejecutivo mediante el PCM-052-2019 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 18 de octubre del mismo año; decretó crear el Programa de Desarrollo Agrícola de Hondura (PDAH), que tiene como supuesto objetivo incrementar la productividad y rentabilidad, adhiriéndolo a la Secretaría de Estado en los Despachos de Defensa Nacional en la Jefatura del Estado Mayor Conjunto, otorgándole casi CUATRO MIL MILLONES DE LEMPIRAS para los siguientes cuatro años.
SEGUNDO: Que el PCM-052-2019 es inconstitucional, ya que la norma suprema (Constitución de la República) es bastante clara sobre las facultades y funciones que las Fuerzas Armadas tienen en el país y es la defensa del territorio y el compromiso irrestricto de respetar, cumplir y hacer que se cumpla la Constitución; POR LO QUE en ningún momento tienen el compromiso de administrar fondos públicos para temas agrícolas, que le corresponden a otras Secretarías de Estado; asimismo, se ha violentado la ley, al comprometer y otorgar fondos más allá de los periodos de tiempo permitidos, puesto que el Congreso Nacional es el único facultado para autorizar la extensión de los compromisos económicos después de un periodo constitucional de gobierno.
TERCERO: Es evidente que los fondos identificados para las cúpulas militares únicamente constituyen un plan preconcebido para el derroche de dinero y compra de voluntades a los militares previo al siguiente proceso electoral, en donde únicamente se pretende la continuidad del señor JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ ALVARADO.
CUARTO: Que en fecha 5 de noviembre se realizó una sesión legislativa, en donde tenía como uno de los objetivos, derogar algunos artículos del Decreto 130-2017 (Nuevo Código Penal) específicamente los delitos que contemplan la responsabilidad penal de las personas jurídicas; acción que, de acuerdo con el Diputado Oswaldo Ramos Soto, no es procedente, puesto que únicamente puede ser objeto de reforma o derogación la ley vigente y en el caso que nos ocupa, aún no ha entrado en vigencia.
QUINTO: Que, como parte del engaño, en el dictamen para derogar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, SE AGREGÓ DE MANERA MAL INTENCIONADA LA DEROGACIÓN DEL ARTÍCULO 153 DEL NUEVO CÓDIGO PENAL, en DONDE SE DEDUCE RESPONSABILIDAD PENAL HACIA LA AUTORIDAD O JEFES MILITARES QUE COMETAN CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD, GENOCIDIO Y DE GUERRA.
SEXTO: Quiero DENUNCIAR PÚBLICAMENTE ante el pueblo de Honduras y ante la Comunidad Internacional dentro y fuera del país, que todas las acciones realizadas, tienen como único objetivo BLINDAR A LOS MILITARES y FUNCIONARIOS SOBRE LOS CRÍMENES que continuarán cometiendo en contra de los hondureños.
Finalmente invitó a todos los hondureños a pronunciarse en contra del régimen de este gobierno, que dentro de sus aspiraciones está el continuismo para evitar que la justicia internacional llegue a ellos, ante las vinculaciones de narcotráfico que han sido reveladas en las últimas semanas.
Tegucigalpa. – El diputado del PINU por el departamento de Cortés Luis Rolando Redondo Guifarro, denunció que dentro de la cámara legislativa se está generando impunidad en favor de las altas cúpulas militares.
Vea el video aquí ⇒ https://m.facebook.com/
A continuación, los hechos denunciados por el diputado Redondo en una carta para los medios de comunicación:
PRIMERO: Que en fecha 5 de septiembre de 2019, el Poder Ejecutivo mediante el PCM-052-2019 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 18 de octubre del mismo año; decretó crear el Programa de Desarrollo Agrícola de Hondura (PDAH), que tiene como supuesto objetivo incrementar la productividad y rentabilidad, adhiriéndolo a la Secretaría de Estado en los Despachos de Defensa Nacional en la Jefatura del Estado Mayor Conjunto, otorgándole casi CUATRO MIL MILLONES DE LEMPIRAS para los siguientes cuatro años.
SEGUNDO: Que el PCM-052-2019 es inconstitucional, ya que la norma suprema (Constitución de la República) es bastante clara sobre las facultades y funciones que las Fuerzas Armadas tienen en el país y es la defensa del territorio y el compromiso irrestricto de respetar, cumplir y hacer que se cumpla la Constitución; POR LO QUE en ningún momento tienen el compromiso de administrar fondos públicos para temas agrícolas, que le corresponden a otras Secretarías de Estado; asimismo, se ha violentado la ley, al comprometer y otorgar fondos más allá de los periodos de tiempo permitidos, puesto que el Congreso Nacional es el único facultado para autorizar la extensión de los compromisos económicos después de un periodo constitucional de gobierno.
TERCERO: Es evidente que los fondos identificados para las cúpulas militares únicamente constituyen un plan preconcebido para el derroche de dinero y compra de voluntades a los militares previo al siguiente proceso electoral, en donde únicamente se pretende la continuidad del señor JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ ALVARADO.
CUARTO: Que en fecha 5 de noviembre se realizó una sesión legislativa, en donde tenía como uno de los objetivos, derogar algunos artículos del Decreto 130-2017 (Nuevo Código Penal) específicamente los delitos que contemplan la responsabilidad penal de las personas jurídicas; acción que, de acuerdo con el Diputado Oswaldo Ramos Soto, no es procedente, puesto que únicamente puede ser objeto de reforma o derogación la ley vigente y en el caso que nos ocupa, aún no ha entrado en vigencia.
QUINTO: Que, como parte del engaño, en el dictamen para derogar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, SE AGREGÓ DE MANERA MAL INTENCIONADA LA DEROGACIÓN DEL ARTÍCULO 153 DEL NUEVO CÓDIGO PENAL, en DONDE SE DEDUCE RESPONSABILIDAD PENAL HACIA LA AUTORIDAD O JEFES MILITARES QUE COMETAN CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD, GENOCIDIO Y DE GUERRA.
SEXTO: Quiero DENUNCIAR PÚBLICAMENTE ante el pueblo de Honduras y ante la Comunidad Internacional dentro y fuera del país, que todas las acciones realizadas, tienen como único objetivo BLINDAR A LOS MILITARES y FUNCIONARIOS SOBRE LOS CRÍMENES que continuarán cometiendo en contra de los hondureños.
Finalmente invitó a todos los hondureños a pronunciarse en contra del régimen de este gobierno, que dentro de sus aspiraciones está el continuismo para evitar que la justicia internacional llegue a ellos, ante las vinculaciones de narcotráfico que han sido reveladas en las últimas semanas.
Alerta: Policía dispara contra pobladores que exigen reparación de calle en Danlí
Por defensores -
14 noviembre, 2019
Fotos e información: Red El Paraíso
Tegucigalpa, Honduras.-
La Policía Nacional hirió esta mañana a cinco habitantes de la
comunidad de Linaca, municipio de Danlí, El Paraíso, quienes exigen se
les repare la carretera.
Como respuesta a un grupo de pobladores
que desde ayer salieron a exigir su derecho a tener buenas vías de
comunicación, el régimen de Juan Hernández, a través de la Policía
Nacional, los desalojó violentamente de la toma de carretera en el cruce
que conecta a la ciudad de Danlí.
Pero hoy fueron heridos con bombas
lacrimógenas y otros artefactos causándoles heridas en la cabeza,
abdomen y piernas, según reportó la Red de Defensores y Defensoras de
Derechos Humanos y Comunicadores Sociales de El Paraíso (Red El
Paraíso), que forma y acompaña el Comité de Familiares de Detenidos
Desaparecidos en Honduras (COFADEH).
La protesta pacífica se realizaba este
jueves 14 de noviembre, a unos 50 metros del Hospital Regional “Gabriela
Alvarado”, donde se atendió a las víctimas de represión policial,
informó la Red de El Paraíso.
Los
heridos son:José Miguel Zúniga, Kevin Javier Casco, Jonh Milton García,
regidor municipal del opositor partido Libertad y Refundación (LIBRE),
Jorge Miguel Martínez y Cristina Rodríguez, quién recibió tres impactos
de bombas lacrimógenas.
La carretera que comunica a Danlí con
Linaca es de 35 kilómetros, y su mal estado imposiblita a productores y
campesinos de 40 comunidades comercializar la producción de hortalizas,
con lo que el Estado de Honduras violenta sus derechos económicos y
sociales.
Las protestas se dan en el marco de una
“visita sorpresa” que realizó ayer Hernández a la ciudad de Danlí (80
kilómetros al oriente de Tegucigalpa), al parecer fue a supervisar las
obras de inversión estatal de unos 2,800 millones de lempiras para la
reparación de 6 mil kilómetros de la red vial a nivel nacional en el
2019.
Sin embargo, los pobladores de las 40
comunidades que utilizan estos 35 kilómetros de calle de tierra entre
Danlí y Linaca, se sienten excluidos del “plan de nación y la vida
mejor”, por que su exigencia es para movilizar el comercio agrícola.
Así mismo, lamentan la militarización de
agro, en cuanto a los fondos que serán transferidos a las Fuerzas
Armadas, según el decreto Presidencial en Consejo de Ministros PCM
052-2019, que asigna 4,000 millones de lempiras a los militares para
estructurar, ejecutar y administrar el desarrollo agrícola en Honduras.
Diputados de oposición:Nuevo Código Penal no debe entrar en vigencia ni un segundo
Tuesday, 05 November 2019 00:38 Written by Heidy Dávila PASOS DE ANIMAL GRANDE
Los Diputados Fabricio Sandoval y Yaveh Sabillon, del Partido
Libertad y Refundación, LIBRE, señalaron que apoyaron la ampliación que
había pedido la Articulación 611, la Corte Suprema de Justicia y otras
organizaciones, en la votación de este 04 de noviembre de 2019.
Según afirma Sandoval, se debía aceptar una de dos opciones, como el
Partido Nacional no apoyaba la abrogación y son mayoría en el Congreso
Nacional, decidieron respaldaar la vacatio legis por el tiempo más
extenso que pudieron acordar en la sesión convocada por el presidente
del parlamento, Mauricio Oliva.
También agregó que hay que reconocer que cuando el tiempo transcurra la ley entrará en vigencia sin prórroga, pero dadas las circunstancias de manejo de poder solo contaban con las dos opciones, sin embargo este nuevo código no puede entrar en vigencia ni un segundo porque es profundamente lesivo a los derechos fundamentales de la poblaión.
La opinión de la Corte Suprema de Justicia destacó que la importancia de contar con el tiempo que la vacatio legis estriba en estos casos la necesidad que tienen los habitantes del Estado de contar con el tiempo suficiente para conocer el cambio normativo y así ajustar su comportamiento a las nuevas exigencias legales. Asimismo, acepta que por ello no conviene que normas auto aplicadas entren en vigor el mismo día.
Ambos diputados, en su orden hablaron para pasosdeanimalgrande.com sobre el peligro de que este código pueda aplicarse:
También agregó que hay que reconocer que cuando el tiempo transcurra la ley entrará en vigencia sin prórroga, pero dadas las circunstancias de manejo de poder solo contaban con las dos opciones, sin embargo este nuevo código no puede entrar en vigencia ni un segundo porque es profundamente lesivo a los derechos fundamentales de la poblaión.
La opinión de la Corte Suprema de Justicia destacó que la importancia de contar con el tiempo que la vacatio legis estriba en estos casos la necesidad que tienen los habitantes del Estado de contar con el tiempo suficiente para conocer el cambio normativo y así ajustar su comportamiento a las nuevas exigencias legales. Asimismo, acepta que por ello no conviene que normas auto aplicadas entren en vigor el mismo día.
Ambos diputados, en su orden hablaron para pasosdeanimalgrande.com sobre el peligro de que este código pueda aplicarse:
¿Por qué se retrasa la entrada en vigor del Código Penal de Honduras? Las claves para entender la polémica
Publicado: 6 nov 2019 02:11 GMT | Última actualización: 6 nov 2019 02:18 GMT - RT
Organismos internacionales advierten que la
norma podría dar paso a violaciones de los derechos fundamentales,
mientras que organizaciones ciudadanas lo califican como un instrumento
para beneficiar "a los corruptos".
El
presidente Juan Orlando Hernández habla después de que su hermano fue
declarado culpable de narcotráfico. 18 de octubre de 2019.
Jorge Cabrera / Reuters
Honduras,
un país con 8.400.000 habitantes y una de las tasas de homicidios más
alta del mundo, atraviesa una difícil coyuntura política desde mayo
pasado, cuando el Congreso Nacional aprobó reformas al Código Penal que entrarían en vigor el próximo 10 de noviembre.
La modificación introduce 50 nuevos delitos, pero voces de la sociedad civil han asegurado que suaviza las penas para la mayoría de ellos.
El primer Código Penal de Honduras se publicó en 1983 y tuvo su primera, y hasta ahora única reforma, en 1997, incluyendo 210 artículos de los 426 que contiene. El proyecto de modificación argumenta que ese instrumento jurídico "ha dejado de cumplir su papel como disuasivo social para la prevención del delito, sus normas no están en concordancia con la nueva realidad y no coadyuva a reducir el fenómeno del delito", por lo que un nuevo cuerpo normativo "es muy necesario".
Ante los cuestionamientos de al menos 35 organizaciones y sectores sociales,
que consideran que los cambios al Código son un retroceso en materia de
justicia y que se trata de ajustes hechos para beneficiar a los
corruptos, el Legislativo aceptó este martes prorrogar la 'vacatio legis' (período que transcurre desde la publicación de una norma hasta su entrada en vigor) para recibir comentarios.
El presidente del Congreso, Mauricio Oliva, ha manifestado que están dispuestos a escuchar opiniones con fundamento.
Sin embargo, el Congreso Nacional, en un documento titulado 'Percepción contra Realidad', argumenta a favor de las reformas y responde a algunos de los señalamientos.
Actualmente, la pena de malversación es de 2 a 5 años de reclusión si no excede 1.000 lempiras (40 dólares) o de 6 a 12 años, si sobrepasa dicha cantidad. Con la modificación, se condenaría de "4 a 6 años, si lo malversado no pasa de 100.000 lempiras (4.048 dólares) y de 6 a 9 si las sobrepasa, además de extenderse de 8 a 12 años de prisión cuando afecte bienes o servicios públicos o de 10 a 15 años si se trata de una red de corrupción de tres o más personas", según el documento.
"No queremos la entrada en vigencia del Código Penal porque está blindando a corruptos, a personas que tienen acciones contundentes en temas de narcotráfico. Es importante la participación ciudadana para decirle a los 128 diputados del Congreso Nacional que escuchen la voz del pueblo", ha señalado Castellanos de manera reiterada.
Entre
lo objetado por los opositores es que la reforma contempla la reducción
de la pena por delitos de malversación de caudales públicos "siempre y
cuando el sujeto imputado devuelva el bien o repare el daño causado".
Al respecto, Moisés Ulloa, activista de Movimientos Sociales, denuncia:
"Este código penal lo que pretende es bajar las penas, es un blindaje
que no podemos permitir".
Sin embargo, el artículo 479 del nuevo código establece que la persona investigada por malversación "no podrá evitar una acusación penal ni obtener una disminución de la pena, si devuelve el bien o repara el daño causado".
Otro de las polémicas está relacionada con la creación y difusión de información que puedan ser considerados como injuria y la calumnia. Incluso, según reporta la prensa local, la Corte Suprema de Justicia pidió al Congreso Nacional mantener en el código la penalización con prisión para algunos delitos, lo que enciende aún más las alertas de las organizaciones de derechos humanas.
De hecho, en julio pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) advirtieron que el texto final del nuevo Código Penal contenía restricciones desproporcionadas a la libertad de expresión y de prensa.
También manifestaron su inquietud por la tipificación como delito de las "reuniones y manifestaciones ilícitas", así como el establecimiento de faltas por "asociación para delinquir", "perturbación del orden" y "asociación terrorista", pues recalcan que su formulación indebida podría acarrear a la criminalización de conductas de ejercicio del derecho a la libre reunión, de la libertad de expresión y de la manifestación pacífica.
La CIDH y OACNUDH también alertaron que el Código mantiene la penalización del aborto en todas las circunstancias, contrario a las obligaciones internacionales que tiene el Estado de respetar, proteger y garantizar los derechos de las mujeres a la vida, a la salud y a la integridad.
Este 5 de noviembre, el Congreso Nacional aprobó la ampliación de la 'vacatio legis' por seis meses. En este lapso, los sectores que tengan observaciones y recomendaciones podrán presentarlas para someterlas a consideración.
De esta forma, está previsto que el nuevo Código Penal no entrará en vigencia hasta el 10 de mayo del 2020.
Tras la noticia, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en Honduras expresó su disposición de apoyar el proceso de revisión de la norma, con el propósito de armonizar el nuevo Código Penal con los estándares internacionales.
El mandatario hondureño carga además con el fardo judicial legado por su hermano Juan Antonio 'Tony' Hernández, quien fue declarado culpable el 18 de octubre por narcotráfico en una corte federal en Nueva York (EE.UU.).
Por voto unánime del jurado, el excongresista hondureño
por el Partido Nacional (conservador) fue declarado culpable de los
cuatro delitos que se le imputaban: tráfico de drogas con destino a
EE.UU., soborno, posesión ilegal de armas y dispositivos destructivos, y de hacer declaraciones falsas a agentes federales.
Las acusaciones han salpicado al presidente. La justicia estadounidense argumenta que 'Tony' inyectó millones de dólares a campañas políticas en los años 2009, 2013 y 2017 con dinero del narcotráfico. El Cártel de Sinaloa habría donado fondos sucios a los candidatos del Partido Nacional, entre los que estaría Juan Orlando Hernández.
El Gobierno de Honduras ha negado las imputaciones, pero eso no ha frenado las protestas y el malestar social que se han acrecentado tras la declaración de culpabilidad sobre 'Tony'.
Este martes, el opositor Partido Libertad y Refundación convocó a empresarios, profesionales, campesinos, estudiantes y otros sectores a un paro nacional, aún sin fecha, para forzar a Juan Orlando Hernández a dimitir.
La petición de renuncia del presidente hondureño resuena desde junio pasado en la calles del país centroamericano.
Paola Morales
El diputado Jorge Lobo, este lunes presentó un proyecto para
que se nombre comisión especial integrada por un representante de cada
partido, con presencia en el Congreso Nacional para investigar a
políticos mencionados en juicio de Juan Antonio «Tony» Hernández, en la
Corte del Distrito Sur de Nueva York.
Ante la mención del ex-presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa en la Corte Federal de Nueva York, Estados Unidos durante el juicio contra «Tony» Hernández por delitos de narcotráfico entre otros cargos, el congresista manifestó, «él que nada debe, nada teme, y yo sé que Pepe Lobo no tienen nada que ver ese sentido».
En la exposición de motivos para la presentación del proyecto legislativo, el parlamentario pidió el nombramiento de un representante designado de cada partido político representado en el Congreso Nacional, pero que sea un compatriota, hombre o mujer de alta credibilidad demostrada, con plenos poderes se inicie una investigación amplia, profunda y exhaustiva a las personas mencionadas en el juicio contra Juan Antonio Hernández».
Asimismo, determinar la veracidad sobre las declaraciones del mismo, porque que se han vertido declaraciones, «que no significan que son verdades y por tanto se tienen que investigar.», dijo Lobo.
«No podemos permitir que siga flotando la duda de la participación o no del presidente de la República, Juan Orlando Hernández, porque esto nos genera un daño a la imagen de nuestro país a nivel nacional e internacional», indicó el diputado del departamento de Olancho.
La comisión especial según reza el decreto presentado, pues, podrá
contar con el apoyo de los entes investigativos del Estado de Honduras,
ha solicitud de la misma.
Del mismo modo, que el reglamento para la regulación y funcionamiento de la comisión especial nombrada en el artículo 2, deberá ser emitido en un plazo no mayor de 15 días as hábiles a partir de la vigencia del presente decreto.
El exdiputado Juan Antonio Hernández fue declarado culpable por cuatro cargos entre ellos de conspiración para narcotráfico hacia Estados Unidos y por lo tanto, para el 17 enero del próximo año se conocerá su sentencia condenatoria.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. El expresidente de Honduras, Porfirio
Lobo Sosa, aseguró que “tarde o temprano Juan Orlando Hernández» pagará
por el daño que le ha hecho al país.
«Pepe» reaccionó molesto luego que el Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción condenara a 58 años de prisión a su esposa, Rosa Elena Bonilla de Lobo.
Asimismo, catalogó como “linchamiento público”, el trato que ha recibido la ex primera dama.
“No es sorpresa, ustedes pueden ver que desde el principio, todo esto es un acto de linchamiento público contra mi Rosita”, afirmó Lobo.
De la misma manera, aseveró que el proceso que ha recibido su cónyuge es totalmente ilegal, ya que no cabe ninguna de las acusaciones hechas por la fiscalía.
“Ese proceso de Rosa es totalmente ilegal, no cabe ninguno de los delitos por los que se le sentenció, dado que la fiscalía no la acuso por esos delitos” puntualizó Lobo.
Seguidamente, detalló que “es falso que sean fondos públicos, que ella es funcionaria, y del fraude que se le acusa”.
Lea también: Condenan a 58 años de cárcel a ex primera dama Rosa Elena Bonilla.
Arremete contra JOH
Por otra parte, enfatizó en que el titular del Poder Ejecutivo, Juan Orlando Hernández, pagará por todo el daño que le ha hecho al país.
“Me preocupa todo esto, estamos en una profunda recesión, que cada día se profundiza más, y que mientras JOH este en el poder, no va a mejorar”, pronosticó.
Entre tanto, dio a conocer que el actual mandatario está desesperado y no encuentra como arreglar para que no le acusen por supuestos delitos.
“El anda viendo cómo se arregla, a ver como se salva, algo debe porque anda desesperado buscando ayuda por todas partes”, manifestó.
Además, cuestionó el viaje de Hernández hacia Israel, ya que, según Lobo, hay cosas más importantes como la sequía que atraviesa el país.
“Y encima tenemos que Dios nos ha castigado con este verano tan difícil, mientras el hombre anda besando el muro de Israel, una gran devoción”, reiteró Lobo.
La modificación introduce 50 nuevos delitos, pero voces de la sociedad civil han asegurado que suaviza las penas para la mayoría de ellos.
El primer Código Penal de Honduras se publicó en 1983 y tuvo su primera, y hasta ahora única reforma, en 1997, incluyendo 210 artículos de los 426 que contiene. El proyecto de modificación argumenta que ese instrumento jurídico "ha dejado de cumplir su papel como disuasivo social para la prevención del delito, sus normas no están en concordancia con la nueva realidad y no coadyuva a reducir el fenómeno del delito", por lo que un nuevo cuerpo normativo "es muy necesario".
Una
hombre camina cerca de un graffiti contra el presidente de Honduras,
Juan Orlando Hernández, en Tegucigalpa. 9 de agosto de 2019.
/ Jorge Cabrera
/ Reuters
El presidente del Congreso, Mauricio Oliva, ha manifestado que están dispuestos a escuchar opiniones con fundamento.
Argumentos y señalamientos
A decir de la directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, con el nuevo Código Penal "es más fuerte la pena si un hondureño se roba un celular, que un funcionario público se robe el presupuesto" de la institución a su cargo. El ejemplo de Castellanos se fundamenta en que con las modificaciones "el robo se sanciona con una pena de cuatro a ocho años de cárcel, mientras que la malversación se castiga" con sanciones de cuatro a seis años.Sin embargo, el Congreso Nacional, en un documento titulado 'Percepción contra Realidad', argumenta a favor de las reformas y responde a algunos de los señalamientos.
Actualmente, la pena de malversación es de 2 a 5 años de reclusión si no excede 1.000 lempiras (40 dólares) o de 6 a 12 años, si sobrepasa dicha cantidad. Con la modificación, se condenaría de "4 a 6 años, si lo malversado no pasa de 100.000 lempiras (4.048 dólares) y de 6 a 9 si las sobrepasa, además de extenderse de 8 a 12 años de prisión cuando afecte bienes o servicios públicos o de 10 a 15 años si se trata de una red de corrupción de tres o más personas", según el documento.
"No queremos la entrada en vigencia del Código Penal porque está blindando a corruptos, a personas que tienen acciones contundentes en temas de narcotráfico. Es importante la participación ciudadana para decirle a los 128 diputados del Congreso Nacional que escuchen la voz del pueblo", ha señalado Castellanos de manera reiterada.
Sin embargo, el artículo 479 del nuevo código establece que la persona investigada por malversación "no podrá evitar una acusación penal ni obtener una disminución de la pena, si devuelve el bien o repara el daño causado".
Otro de las polémicas está relacionada con la creación y difusión de información que puedan ser considerados como injuria y la calumnia. Incluso, según reporta la prensa local, la Corte Suprema de Justicia pidió al Congreso Nacional mantener en el código la penalización con prisión para algunos delitos, lo que enciende aún más las alertas de las organizaciones de derechos humanas.
De hecho, en julio pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) advirtieron que el texto final del nuevo Código Penal contenía restricciones desproporcionadas a la libertad de expresión y de prensa.
También manifestaron su inquietud por la tipificación como delito de las "reuniones y manifestaciones ilícitas", así como el establecimiento de faltas por "asociación para delinquir", "perturbación del orden" y "asociación terrorista", pues recalcan que su formulación indebida podría acarrear a la criminalización de conductas de ejercicio del derecho a la libre reunión, de la libertad de expresión y de la manifestación pacífica.
La CIDH y OACNUDH también alertaron que el Código mantiene la penalización del aborto en todas las circunstancias, contrario a las obligaciones internacionales que tiene el Estado de respetar, proteger y garantizar los derechos de las mujeres a la vida, a la salud y a la integridad.
A contrarreloj, un pequeño triunfo
El nuevo Código Penal de Honduras, que entraría en vigencia el 10 de noviembre, continúa siendo objeto de críticas, por lo que el Poder Legislativo tuvo que dar un giro de timón.Este 5 de noviembre, el Congreso Nacional aprobó la ampliación de la 'vacatio legis' por seis meses. En este lapso, los sectores que tengan observaciones y recomendaciones podrán presentarlas para someterlas a consideración.
Tras la noticia, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en Honduras expresó su disposición de apoyar el proceso de revisión de la norma, con el propósito de armonizar el nuevo Código Penal con los estándares internacionales.
Bajo la sombra de la corrupción
Con la ampliación para recibir observaciones al Nuevo Código Penal, las organizaciones ciudadanas insistirán en "que solo beneficia a los corruptos", en un país donde la actual Administración, bajo la presidencia de Juan Orlando Hernández, es considerada corrupta e incapaz.
Las acusaciones han salpicado al presidente. La justicia estadounidense argumenta que 'Tony' inyectó millones de dólares a campañas políticas en los años 2009, 2013 y 2017 con dinero del narcotráfico. El Cártel de Sinaloa habría donado fondos sucios a los candidatos del Partido Nacional, entre los que estaría Juan Orlando Hernández.
El Gobierno de Honduras ha negado las imputaciones, pero eso no ha frenado las protestas y el malestar social que se han acrecentado tras la declaración de culpabilidad sobre 'Tony'.
Este martes, el opositor Partido Libertad y Refundación convocó a empresarios, profesionales, campesinos, estudiantes y otros sectores a un paro nacional, aún sin fecha, para forzar a Juan Orlando Hernández a dimitir.
Paola Morales
¡EMERGENCIA EN HONDURAS! CON MASACRE ANOCHE, VAN 170 EN 2019
- Publicado: 02 Noviembre 2019
El
Observatorio del Crimen de EL LIBERTADOR (OCEL), registra a la fecha
170 masacres en Honduras en lo que va de 2019, según este órgano que
mide el grado de violencia con la que opera el crimen, los 18
departamentos de Honduras han presentado casos dejando más de 400
personas asesinadas.
Según
fuentes oficiales, como el Observatorio de la Violencia, el crimen se
ha incrementado con relación a 2018, en las últimas semanas los índices
de violencia han alarmado a la sociedad, y es que ya se ha empezado a
cobrar la vida de líderes estudiantiles y políticos de oposición.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. En la madrugada de este sábado, en la colonia Betania del Distrito Central, Capital de Honduras, tres hombres fueron acribillados a inmediaciones de un campo de fútbol. A esta hora las víctimas de la nueva masacre aún no han sido identificadas.
Según
la información preliminar, los tres hombres llegaron a esa zona de la
colonia capitalina a bordo de un taxi, tras su arribo fueron ejecutados
de varios disparos. En la escena, los cuerpos quedaron separados a pocos
metros uno del otro.
Por otro lado, el vehículo en el que se transportaban, quedó en ese sector. Honduras
mantiene el repunte de los homicidios, según la criminóloga Arabeska
Sánchez, a partir del segundo trimestre de 2019 la violencia se ha
incrementado desproporcionalmente.
Además, el Observatorio de la Violencia
de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), reconoció
que en 2019 el crimen va en alza. En ese contexto, durante la semana más
de 40 personas murieron de forma violenta.
En
tanto, entre los crímenes que más indignación han levantado, figuran
los crímenes contra líderes estudiantiles y políticos de oposición, el
primero en trascender fue el caso de Óscar Mencía, dirigente estudiantil
del Instituto Técnico Luis Bográn, reportado como desaparecido desde el
pasado martes y asesinado ese mismo día, según la pericia que
identificó su cadáver ayer.
Y
en el norte de Honduras, fue asesinado el estudiante de psicología y
dirigente del Movimiento Estudiantil Universitario (MEU) de la UNAH,
Leonardo Castillo. Además, en Olancho otra joven colegial fue
acribillada, se trata de Sulmy López de 17 años.
También, los políticos de oposición han comenzado a sentirse en riesgo, pues el lunes se reportó que el líder magisterial, Jaime Rodríguez
había desparecido, este activista apareció el martes siguiente a eso de
las 8:00 de la noche con una herida profunda en la garganta y signos de
tortura.
Mientras que ayer, miembros del partido Libertad y Refundación (Libre)
exigieron justicia por el asesinato del comunicador social y miembro de
ese instituto político, Buenaventura Calderón y su esposa Maribel
Calderón.
Según
un comunicado de Libre, “estos crímenes se enmarcan en la política
represora del régimen que hace callar a aquellos que valientemente
señalan su deriva criminal”.
Asesinato de «Madgaleno Meza» activa las alarmas ante un “narco-gobierno”: Edy Tábora
octubre 28, 2019
Redaccion
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. –El director de C-Libre, Edy Tábora dijo que el crimen de Nery Orlando López Sanabria, dentro de la cárcel de máxima seguridad, más conocida como «El Pozo», es sumamente grave y activa las alarmas ante un “narco-gobierno”.
En el caso de López Sanabria—quien en su momento fingió su muerte y se identificaba como Magdaleno Meza Fúnez— las autoridades penitenciarias arguyeron que no hacían el traslado porque no contaban con una orden judicial, pero paradójicamente en el caso de los ambientalistas de Guapinol-que existen dos resoluciones judiciales—no lo han hecho, cuestionó Tábora.
Todo apunta, según Tábora, que las autoridades están jugando a la conveniencia política que tienen sobre cada privado de libertad.
Las autoridades del INP actúan arbitrariamente porque el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad les ha otorgado facultades normativas, modificando la ley del sistema penitenciario, dijo el defensor de derechos humanos.
El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, es una estructura que otorga poderes absolutos al presidente de la República, que es quien lo preside. Fue constituido en el año 2011 mediante una ley especial aprobada en el Congreso Nacional cuando este poder del Estado era presidido por el actual jefe de Estado, Juan Hernández.
La instancia está integrada, además, por el Fiscal General de la República, los presidentes de los poderes Legislativo, Judicial y los secretarios de Estado en los despachos de Defensa y Seguridad.
“Por eso nosotros hemos venido denunciado al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad como el órgano que concentra institucionalmente la dictadura, porque rompe con el principio de separación de poderes”, expresó el director de C-Libre.
Para el defensor de los derechos humanos, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que configuró una dictadura alrededor de Juan Hernández, debe desaparecer porque rompe con los principios constitucionales de separación de poderes e independencia judicial.
El asesinato de López Sanabria se registró el mediodía del sábado. Esa misma tarde las autoridades del gobierno hicieron circular un vídeo en el que se muestra la brutalidad y la saña con la que fue fulminado el supuesto socio de “Tony” Hernández, que tenía en su poder varias “narco libretas” que sirvieron de evidencia en el recién finalizado juicio en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
Las “narco libretas” fueron parte de las pruebas con las que la fiscalía estadounidense logró declarar culpable al exdiputado del Partido Nacional. Dentro de los apuntes aparecen las iniciales de JOH, con las que se identifica el gobernante hondureño y hermano de “Tony” Hernández. De acuerdo con los apuntes, el gobernante hondureño es parte también de la estructura criminal que estaba alrededor de “Tony” Hernández.
Tegucigalpa. –El director de C-Libre, Edy Tábora dijo que el crimen de Nery Orlando López Sanabria, dentro de la cárcel de máxima seguridad, más conocida como «El Pozo», es sumamente grave y activa las alarmas ante un “narco-gobierno”.
Noticia Relacionada: En cárcel de Honduras asesinan a socio del narcotraficante “Tony” Hernández
El defensor de los derechos humanos cuestionó que el Instituto Nacional Penitenciario (INP) no haya traslado a la víctima a otro centro penitenciario pese a que su defensa expuso que su vida corría peligro.En el caso de López Sanabria—quien en su momento fingió su muerte y se identificaba como Magdaleno Meza Fúnez— las autoridades penitenciarias arguyeron que no hacían el traslado porque no contaban con una orden judicial, pero paradójicamente en el caso de los ambientalistas de Guapinol-que existen dos resoluciones judiciales—no lo han hecho, cuestionó Tábora.
Todo apunta, según Tábora, que las autoridades están jugando a la conveniencia política que tienen sobre cada privado de libertad.
Las autoridades del INP actúan arbitrariamente porque el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad les ha otorgado facultades normativas, modificando la ley del sistema penitenciario, dijo el defensor de derechos humanos.
El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, es una estructura que otorga poderes absolutos al presidente de la República, que es quien lo preside. Fue constituido en el año 2011 mediante una ley especial aprobada en el Congreso Nacional cuando este poder del Estado era presidido por el actual jefe de Estado, Juan Hernández.
La instancia está integrada, además, por el Fiscal General de la República, los presidentes de los poderes Legislativo, Judicial y los secretarios de Estado en los despachos de Defensa y Seguridad.
“Por eso nosotros hemos venido denunciado al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad como el órgano que concentra institucionalmente la dictadura, porque rompe con el principio de separación de poderes”, expresó el director de C-Libre.
Para el defensor de los derechos humanos, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que configuró una dictadura alrededor de Juan Hernández, debe desaparecer porque rompe con los principios constitucionales de separación de poderes e independencia judicial.
El asesinato de López Sanabria se registró el mediodía del sábado. Esa misma tarde las autoridades del gobierno hicieron circular un vídeo en el que se muestra la brutalidad y la saña con la que fue fulminado el supuesto socio de “Tony” Hernández, que tenía en su poder varias “narco libretas” que sirvieron de evidencia en el recién finalizado juicio en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
Las “narco libretas” fueron parte de las pruebas con las que la fiscalía estadounidense logró declarar culpable al exdiputado del Partido Nacional. Dentro de los apuntes aparecen las iniciales de JOH, con las que se identifica el gobernante hondureño y hermano de “Tony” Hernández. De acuerdo con los apuntes, el gobernante hondureño es parte también de la estructura criminal que estaba alrededor de “Tony” Hernández.
Diputado Lobo: “Poder Ejecutivo envió diputados a decirme que escuadrones de la muerte ejecutarían a mi padre o a mí sino nos callábamos"
- 06/11/2019
Diputado Lobo, hijo del ex presidente Porfirio LoboEl
diputado Jorge Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo, relató cual es el
verdadero ambiente que se vive a lo interno de su partido y cómo actúa el Poder
Ejecutivo para mantener centralizados a sus diputados.
Lobo explicó que hay varios métodos, entre ellos: la amenaza y el chantaje, que se da por medio de diputados emisarios que son muy cercanos a este poder del Estado y que hacen llegar mensajes directos a quienes actúan o se salen de la línea del Poder Ejecutivo.
Jorge Lobo cuenta varias experiencias que le han sucedido, por ejemplo, desde hace unos meses, él ante medios de comunicación y su padre han denunciado la forma de gobernar del presidente Juan Orlando Hernández, y del pacto que tiene con instituciones como la MACCIH y hasta el mismo Consejo Nacional Anticorrupción, en ese sentido, cuenta que, desde el Poder Ejecutivo han enviado a varios diputados con un mensaje claro: si no se calla, él junto a su padre podrían ser asesinados.
Los mensajes que le han hecho llegar diputados nacionalistas dicen que, el Ejecutivo había dado la orden a escuadrones de la muerte para que ejecutaran a su padre y de no poder hacerlo contra el expresidente Lobo lo harían contra su persona.
También comenta que ha recibido otro tipo de mensajes, por ejemplo, desde el Poder Ejecutivo envían a otros diputados para decirles que, si no se callan les asignarán varios fiscales para que les abran expedientes judiciales en su contra. En la presente entrevista el diputado Lobo se refiere a estos chantajes y al descontento que existe a lo interno de su bancada, mismo que no se expresa por temor a enfrentar a JOH.
También habla de la presentación de una propuesta para crear una comisión multipartidaria que investigue a los personajes mencionados en el juicio contra Tony Hernández en Estados Unidos.
RP. ¿Cómo están las cosas a lo interno de su bancada, hay inconformidad con JOH?
Sé que muchos están con miedo, los han estado amenazando, usted sabe de dónde vienen las amenazas, en mi pueblo me enseñaron a decir la verdad.
RP. ¿Qué tipo de amenazas?
De todo tipo, uno sabe que controlan todo: la Corte, Ministerio Público y sé que diputados tienen temor por muchas cosas que pasan a lo interno.
RP. ¿Qué ambiente hay en su bancada para renovar convenio de la MACCIH?
Yo estoy de acuerdo a que siga la MACCIH, pero no una MACCIH que tenga pacto con JOH, una institución que no sea acomodada y que realmente proceda contra muchos casos que vincula directamente a Juan Orlando Hernández. Entonces debemos revisar el actuar de la MACCIH y buscar cambiar eso.
RP. ¿Hay diputados que se sienten traicionados por JOH en los casos presentados por la MACCIH?
Hay malestar, pero cuando ese malestar se expresa envían emisarios, por ejemplo: nos dicen esto puede molestar al presidente, hasta le dicen que si no nos callamos se nombrarán fiscales para que nos investiguen y levanten cualquier requerimiento, entonces luego vienen las amenazas a muerte, que desde el Ejecutivo se da la orden para que un escuadrón de la muerte ejecutara a mi padre y de no poder le dieran volantín a uno.
RP. ¿Quiénes son los emisarios?
Son diputados amigos de ambos, tanto de JOH como nuestros quienes son usados para enviar ese tipo de mensajes, uno sabe y no debe vender su dignidad.
RP. ¿Esa extorsión y chantaje se impone por parte de JOH a los diputados de su bancada?
Yo le digo, cada quien sabe si vende o no vende su dignidad, eso fue ya días y no nos han callado. La vez pasada me dijeron que cuando mi papá estaba denunciando al CNA, que nos iban a levantar requerimiento, y nosotros sabemos que no hay Estado de derecho, sabemos que la justicia no es independiente y los emisarios nos han pedido guardar silencio, callarnos es lo que quieren.
Sabemos que al presidente no le gusta que le digan la verdad, y nosotros le diremos de frente lo que está haciendo mal y no nos vamos a callar.
RP. ¿Hay inconformidad en los demás diputados por el autoritarismo de JOH?
Claro que hay, pero no tienen de esos que ponen las gallinas para expresarlo públicamente.
RP. Sobre esta propuesta para crear una comisión multipartidaria que investigue a los mencionados en el juicio de Tony ¿Qué espera?
Esperamos que lo turnen rápido a una comisión de dictamen, el Congreso está facultado para crear comisiones especiales cuando se tratan de interés nacional, y esto es de interés nacional.
RP. ¿Cómo creer en un Congreso dominado por JOH?
El proyecto dice que los partidos van a nombrar a gente de credibilidad, y nosotros lo juramentaríamos, no necesariamente serán diputados los que la integrarán, cada partido nombrará a su integrante, puede escoger a cualquier persona, queremos independencia.
La mayoría de votos los tiene la oposición si se une, somos 61 nacionalistas, menos mi persona que voto independiente y al otro lado hay 68, entonces yo lo que le digo es que acá es donde nos vamos a dar cuenta, porque es una oportunidad de demostrarle al pueblo que queremos hacer las cosas bien y que se conozca la verdad sobre estos casos.
Lobo explicó que hay varios métodos, entre ellos: la amenaza y el chantaje, que se da por medio de diputados emisarios que son muy cercanos a este poder del Estado y que hacen llegar mensajes directos a quienes actúan o se salen de la línea del Poder Ejecutivo.
Jorge Lobo cuenta varias experiencias que le han sucedido, por ejemplo, desde hace unos meses, él ante medios de comunicación y su padre han denunciado la forma de gobernar del presidente Juan Orlando Hernández, y del pacto que tiene con instituciones como la MACCIH y hasta el mismo Consejo Nacional Anticorrupción, en ese sentido, cuenta que, desde el Poder Ejecutivo han enviado a varios diputados con un mensaje claro: si no se calla, él junto a su padre podrían ser asesinados.
Los mensajes que le han hecho llegar diputados nacionalistas dicen que, el Ejecutivo había dado la orden a escuadrones de la muerte para que ejecutaran a su padre y de no poder hacerlo contra el expresidente Lobo lo harían contra su persona.
También comenta que ha recibido otro tipo de mensajes, por ejemplo, desde el Poder Ejecutivo envían a otros diputados para decirles que, si no se callan les asignarán varios fiscales para que les abran expedientes judiciales en su contra. En la presente entrevista el diputado Lobo se refiere a estos chantajes y al descontento que existe a lo interno de su bancada, mismo que no se expresa por temor a enfrentar a JOH.
También habla de la presentación de una propuesta para crear una comisión multipartidaria que investigue a los personajes mencionados en el juicio contra Tony Hernández en Estados Unidos.
RP. ¿Cómo están las cosas a lo interno de su bancada, hay inconformidad con JOH?
Sé que muchos están con miedo, los han estado amenazando, usted sabe de dónde vienen las amenazas, en mi pueblo me enseñaron a decir la verdad.
RP. ¿Qué tipo de amenazas?
De todo tipo, uno sabe que controlan todo: la Corte, Ministerio Público y sé que diputados tienen temor por muchas cosas que pasan a lo interno.
RP. ¿Qué ambiente hay en su bancada para renovar convenio de la MACCIH?
Yo estoy de acuerdo a que siga la MACCIH, pero no una MACCIH que tenga pacto con JOH, una institución que no sea acomodada y que realmente proceda contra muchos casos que vincula directamente a Juan Orlando Hernández. Entonces debemos revisar el actuar de la MACCIH y buscar cambiar eso.
RP. ¿Hay diputados que se sienten traicionados por JOH en los casos presentados por la MACCIH?
Hay malestar, pero cuando ese malestar se expresa envían emisarios, por ejemplo: nos dicen esto puede molestar al presidente, hasta le dicen que si no nos callamos se nombrarán fiscales para que nos investiguen y levanten cualquier requerimiento, entonces luego vienen las amenazas a muerte, que desde el Ejecutivo se da la orden para que un escuadrón de la muerte ejecutara a mi padre y de no poder le dieran volantín a uno.
RP. ¿Quiénes son los emisarios?
Son diputados amigos de ambos, tanto de JOH como nuestros quienes son usados para enviar ese tipo de mensajes, uno sabe y no debe vender su dignidad.
RP. ¿Esa extorsión y chantaje se impone por parte de JOH a los diputados de su bancada?
Yo le digo, cada quien sabe si vende o no vende su dignidad, eso fue ya días y no nos han callado. La vez pasada me dijeron que cuando mi papá estaba denunciando al CNA, que nos iban a levantar requerimiento, y nosotros sabemos que no hay Estado de derecho, sabemos que la justicia no es independiente y los emisarios nos han pedido guardar silencio, callarnos es lo que quieren.
Sabemos que al presidente no le gusta que le digan la verdad, y nosotros le diremos de frente lo que está haciendo mal y no nos vamos a callar.
RP. ¿Hay inconformidad en los demás diputados por el autoritarismo de JOH?
Claro que hay, pero no tienen de esos que ponen las gallinas para expresarlo públicamente.
RP. Sobre esta propuesta para crear una comisión multipartidaria que investigue a los mencionados en el juicio de Tony ¿Qué espera?
Esperamos que lo turnen rápido a una comisión de dictamen, el Congreso está facultado para crear comisiones especiales cuando se tratan de interés nacional, y esto es de interés nacional.
RP. ¿Cómo creer en un Congreso dominado por JOH?
El proyecto dice que los partidos van a nombrar a gente de credibilidad, y nosotros lo juramentaríamos, no necesariamente serán diputados los que la integrarán, cada partido nombrará a su integrante, puede escoger a cualquier persona, queremos independencia.
La mayoría de votos los tiene la oposición si se une, somos 61 nacionalistas, menos mi persona que voto independiente y al otro lado hay 68, entonces yo lo que le digo es que acá es donde nos vamos a dar cuenta, porque es una oportunidad de demostrarle al pueblo que queremos hacer las cosas bien y que se conozca la verdad sobre estos casos.
Publicado el 4 Noviembre, 2019
Ante la mención del ex-presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa en la Corte Federal de Nueva York, Estados Unidos durante el juicio contra «Tony» Hernández por delitos de narcotráfico entre otros cargos, el congresista manifestó, «él que nada debe, nada teme, y yo sé que Pepe Lobo no tienen nada que ver ese sentido».
En la exposición de motivos para la presentación del proyecto legislativo, el parlamentario pidió el nombramiento de un representante designado de cada partido político representado en el Congreso Nacional, pero que sea un compatriota, hombre o mujer de alta credibilidad demostrada, con plenos poderes se inicie una investigación amplia, profunda y exhaustiva a las personas mencionadas en el juicio contra Juan Antonio Hernández».
Asimismo, determinar la veracidad sobre las declaraciones del mismo, porque que se han vertido declaraciones, «que no significan que son verdades y por tanto se tienen que investigar.», dijo Lobo.
«No podemos permitir que siga flotando la duda de la participación o no del presidente de la República, Juan Orlando Hernández, porque esto nos genera un daño a la imagen de nuestro país a nivel nacional e internacional», indicó el diputado del departamento de Olancho.
Del mismo modo, que el reglamento para la regulación y funcionamiento de la comisión especial nombrada en el artículo 2, deberá ser emitido en un plazo no mayor de 15 días as hábiles a partir de la vigencia del presente decreto.
El exdiputado Juan Antonio Hernández fue declarado culpable por cuatro cargos entre ellos de conspiración para narcotráfico hacia Estados Unidos y por lo tanto, para el 17 enero del próximo año se conocerá su sentencia condenatoria.
Publicado el 5 Septiembre, 2019
«Pepe» reaccionó molesto luego que el Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción condenara a 58 años de prisión a su esposa, Rosa Elena Bonilla de Lobo.
Asimismo, catalogó como “linchamiento público”, el trato que ha recibido la ex primera dama.
“No es sorpresa, ustedes pueden ver que desde el principio, todo esto es un acto de linchamiento público contra mi Rosita”, afirmó Lobo.
De la misma manera, aseveró que el proceso que ha recibido su cónyuge es totalmente ilegal, ya que no cabe ninguna de las acusaciones hechas por la fiscalía.
“Ese proceso de Rosa es totalmente ilegal, no cabe ninguno de los delitos por los que se le sentenció, dado que la fiscalía no la acuso por esos delitos” puntualizó Lobo.
Seguidamente, detalló que “es falso que sean fondos públicos, que ella es funcionaria, y del fraude que se le acusa”.
Lea también: Condenan a 58 años de cárcel a ex primera dama Rosa Elena Bonilla.
Arremete contra JOH
Por otra parte, enfatizó en que el titular del Poder Ejecutivo, Juan Orlando Hernández, pagará por todo el daño que le ha hecho al país.
“Me preocupa todo esto, estamos en una profunda recesión, que cada día se profundiza más, y que mientras JOH este en el poder, no va a mejorar”, pronosticó.
Entre tanto, dio a conocer que el actual mandatario está desesperado y no encuentra como arreglar para que no le acusen por supuestos delitos.
“El anda viendo cómo se arregla, a ver como se salva, algo debe porque anda desesperado buscando ayuda por todas partes”, manifestó.
Además, cuestionó el viaje de Hernández hacia Israel, ya que, según Lobo, hay cosas más importantes como la sequía que atraviesa el país.
“Y encima tenemos que Dios nos ha castigado con este verano tan difícil, mientras el hombre anda besando el muro de Israel, una gran devoción”, reiteró Lobo.
Opinion
Conspiración gringa
28 octubre, 2019
Redacción ConfidencialHN
por Edmundo Orellana
Es lo que alega el gobernante para defenderse del señalamiento de la Fiscalía gringa en la corte del distrito sur de Nueva York, en la que se declaró culpable a su hermano.
El gobernante acusa, por consiguiente, al pueblo de Estados Unidos de construir alevosamente un proceso que apunta hacia su gobierno, porque ese pueblo decidió, en su condición de Gran Jurado, la acusación formal, y, en calidad de Jurado de la corte, la declaratoria de culpabilidad.
Acusa también al gobierno de Estados Unidos, porque fue en el seno del Departamento de Justicia de ese país en donde se fraguaron las pruebas “pirujas”, puesto que la DEA y la Fiscalía son funciones suyas. En efecto, fueron los agentes de la DEA los que aportaron las pruebas, producto de la respectiva investigación, y fueron los fiscales los responsables de los alegatos jurídicos que convencieron al Gran Jurado para presentar la acusación y al Jurado de la corte para declarar la culpabilidad. La DEA y los fiscales fueron, desde la lógica de la defensa del gobernante, los peones de este fraudulento caso impulsado por el Procurador General de los Estados Unidos, en quien se apoyó el fiscal del caso para proferir esa mentira perversa de que en nuestro país el gobierno patrocina el narcotráfico.
También involucra en la conspiración al Poder Judicial gringo. Porque el juez, que se apresta a dictar el fallo, a criterio del gobernante, pérfidamente ignora lo evidente: que las pruebas son el producto de una maquinación siniestra del gobierno de Estados Unidos en colusión con los criminales que odian a su gobierno por la efectiva lucha antinarcóticos desarrollada desde que era diputado-presidente del Congreso Nacional.
Resiente el gobernante que la más grande potencia mundial no reconozca ese tremendo esfuerzo, poniéndose del lado de los capos de la droga y a su servicio para perpetrar su venganza. Ahora resulta, según lo dicho por el fiscal, que de aliado o, como se acostumbra a decir en el argot neoliberal, “socio” de los Estados Unidos pasó a ser el país cuyo gobierno amenaza su seguridad, patrocinando el narcotráfico hacia su territorio.
Por ser un caso inédito, en el que la justicia federal gringa oficialmente considera que un país amigo tiene un “narco-gobierno”, ha sido objeto de interés de la prensa internacional y provocado preocupación en la cooperación internacional y en la empresa privada extranjera, puesto que toda transacción financiera hacia o desde el sistema financiero hondureño se presumirá sospechosa y, por tanto, sometida a rigurosos controles.
Ese calificativo de “narco-gobierno”, que, en la lógica de la defensa del gobernante, es consecuencia de la perversa conspiración gringa, comprende a los poderes públicos, porque, según nuestra Constitución, son estos los que constituyen el gobierno.
Se cuidaron -meticulosos los gringos- de no calificar de “narco-estado” al hondureño, porque en tal imputación estaría comprendido el pueblo, parte indisoluble del Estado. Por eso lo de “narco-gobierno”, con lo que se alude únicamente a las instituciones estatales. Dicho de otro modo: la acusación es contra los altos funcionarios del Estado, no contra el pueblo de Honduras.
El pueblo, entonces, nada resiente porque no ha sido ofendido. Que se resientan los altos funcionarios, si es que están libres de pecado. De ahí, que debemos exigir del gobernante que en su defensa no se escude en la investidura que ilegalmente ostenta, no porque sea ilegal, sino porque involucra a quien no ha sido aludido: el pueblo hondureño.
Defiéndase, señor gobernante, porque tiene derecho legal, pero como persona particular, contratando abogados para que hablen por usted, porque defendiéndose personalmente, siendo que ostenta, aunque ilegal, la condición de Jefe de Estado, nos compromete a los hondureños en esa “guerrita” de supuesta dignidad en contra de los Estados Unidos, que no nos concierne, y que, inexorablemente, perderá. Igualmente, debe abstenerse de utilizar los medios y recursos a su disposición como gobernante, porque esos medios y recursos están destinados para el servicio público, no para uso personal. Está bien que financie campañas sobre lo que hace su gobierno, pero no para defenderse del sistema judicial gringo.
Si insiste en desafiar a los gringos, más duros serán cuando decidan pasarle factura. No será de inmediato, porque, mientras les convenga su permanencia en el poder, estará seguro, pese a la declaratoria de “narco-gobierno”. Las sufrirá cuando termine su período. Su futuro fuera del poder es incierto, ciertamente.
Lo que no es justo es que deshonre su patria, utilizándola como escudo para defenderse, arrastrando a los gobernados, a quienes debe respeto y consideración, a sufrir gravísimas consecuencias.
Su deber, como estadista, es preservar el honor de la República. No lo mancille más, renuncie.
Es lo que alega el gobernante para defenderse del señalamiento de la Fiscalía gringa en la corte del distrito sur de Nueva York, en la que se declaró culpable a su hermano.
El gobernante acusa, por consiguiente, al pueblo de Estados Unidos de construir alevosamente un proceso que apunta hacia su gobierno, porque ese pueblo decidió, en su condición de Gran Jurado, la acusación formal, y, en calidad de Jurado de la corte, la declaratoria de culpabilidad.
Acusa también al gobierno de Estados Unidos, porque fue en el seno del Departamento de Justicia de ese país en donde se fraguaron las pruebas “pirujas”, puesto que la DEA y la Fiscalía son funciones suyas. En efecto, fueron los agentes de la DEA los que aportaron las pruebas, producto de la respectiva investigación, y fueron los fiscales los responsables de los alegatos jurídicos que convencieron al Gran Jurado para presentar la acusación y al Jurado de la corte para declarar la culpabilidad. La DEA y los fiscales fueron, desde la lógica de la defensa del gobernante, los peones de este fraudulento caso impulsado por el Procurador General de los Estados Unidos, en quien se apoyó el fiscal del caso para proferir esa mentira perversa de que en nuestro país el gobierno patrocina el narcotráfico.
También involucra en la conspiración al Poder Judicial gringo. Porque el juez, que se apresta a dictar el fallo, a criterio del gobernante, pérfidamente ignora lo evidente: que las pruebas son el producto de una maquinación siniestra del gobierno de Estados Unidos en colusión con los criminales que odian a su gobierno por la efectiva lucha antinarcóticos desarrollada desde que era diputado-presidente del Congreso Nacional.
Resiente el gobernante que la más grande potencia mundial no reconozca ese tremendo esfuerzo, poniéndose del lado de los capos de la droga y a su servicio para perpetrar su venganza. Ahora resulta, según lo dicho por el fiscal, que de aliado o, como se acostumbra a decir en el argot neoliberal, “socio” de los Estados Unidos pasó a ser el país cuyo gobierno amenaza su seguridad, patrocinando el narcotráfico hacia su territorio.
Por ser un caso inédito, en el que la justicia federal gringa oficialmente considera que un país amigo tiene un “narco-gobierno”, ha sido objeto de interés de la prensa internacional y provocado preocupación en la cooperación internacional y en la empresa privada extranjera, puesto que toda transacción financiera hacia o desde el sistema financiero hondureño se presumirá sospechosa y, por tanto, sometida a rigurosos controles.
Ese calificativo de “narco-gobierno”, que, en la lógica de la defensa del gobernante, es consecuencia de la perversa conspiración gringa, comprende a los poderes públicos, porque, según nuestra Constitución, son estos los que constituyen el gobierno.
Se cuidaron -meticulosos los gringos- de no calificar de “narco-estado” al hondureño, porque en tal imputación estaría comprendido el pueblo, parte indisoluble del Estado. Por eso lo de “narco-gobierno”, con lo que se alude únicamente a las instituciones estatales. Dicho de otro modo: la acusación es contra los altos funcionarios del Estado, no contra el pueblo de Honduras.
El pueblo, entonces, nada resiente porque no ha sido ofendido. Que se resientan los altos funcionarios, si es que están libres de pecado. De ahí, que debemos exigir del gobernante que en su defensa no se escude en la investidura que ilegalmente ostenta, no porque sea ilegal, sino porque involucra a quien no ha sido aludido: el pueblo hondureño.
Defiéndase, señor gobernante, porque tiene derecho legal, pero como persona particular, contratando abogados para que hablen por usted, porque defendiéndose personalmente, siendo que ostenta, aunque ilegal, la condición de Jefe de Estado, nos compromete a los hondureños en esa “guerrita” de supuesta dignidad en contra de los Estados Unidos, que no nos concierne, y que, inexorablemente, perderá. Igualmente, debe abstenerse de utilizar los medios y recursos a su disposición como gobernante, porque esos medios y recursos están destinados para el servicio público, no para uso personal. Está bien que financie campañas sobre lo que hace su gobierno, pero no para defenderse del sistema judicial gringo.
Si insiste en desafiar a los gringos, más duros serán cuando decidan pasarle factura. No será de inmediato, porque, mientras les convenga su permanencia en el poder, estará seguro, pese a la declaratoria de “narco-gobierno”. Las sufrirá cuando termine su período. Su futuro fuera del poder es incierto, ciertamente.
Lo que no es justo es que deshonre su patria, utilizándola como escudo para defenderse, arrastrando a los gobernados, a quienes debe respeto y consideración, a sufrir gravísimas consecuencias.
Su deber, como estadista, es preservar el honor de la República. No lo mancille más, renuncie.
Atentan contra Santos Torres acusado de liderar un grupo armado en el Aguán
noviembre 14, 2019
Redacción
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
La Plataforma Agraria en
nota enviada a Criterio.hn aclaró que Santos Marcelo Torres Ruiz no es
campesino y que más bien ha sido denunciado en reiteradas ocasiones de
liderar un grupo armado en la Comunidad de Panamá ubicada en el Bajo
Aguán, en el departamento de Colón al norte de Honduras.
La Nota de la Plataforma
Agraria establece que ayer miércoles 13 de noviembre en horas de la
tarde, Santos Marcelo Torres Ruiz, quien ha sido denunciado en
reiteradas ocasiones ante la Unidad de Muertes Violentas del Bajo
(UMVIBA), de dirigir un grupo armado paramilitar en la comunidad de
Panamá, recibió un atentado junto a su familia, hasta el momento se
conoce que se encuentran recibiendo atención médica en el hospital San
Isidro en Tocoa, Colón.
Torres Ruiz ha sido
señalado de varios asesinatos, de liderar un grupo armado de 30
hombres, de portación ilegal de armas, robo y otra serie de delitos,
sin embargo las autoridades no han mostrado el interés de iniciar una
investigación seria y creíble que les permita requerirlo para que se
enfrente ante los tribunales de justicia por los delitos que se le
imputan.
También se ha denunciado
que este grupo armado opera con apoyo de la Corporación Dinant, el
ejército y políticos de la región del Aguán.
El 28 de mayo del
presente año Cristian Martínez Pérez miembro de este grupo armado hirió
de bala a Jhomer Fúnez miembro activo de la Empresa Campesina Gregorio
Chávez que lucha por las tierras de la reforma agraria en el municipio
de Trujillo. Jhomer acudió al Ministerio Público a interponer denuncia
por el atentado en contra de su vida sin embargo el juez del Juzgado de
Tocoa, manifestó “no hay causa por el cual habría que encerrar a
Cristian Martínez, eso que paso no es nada, ustedes son campesinos y
deben de darse la mano”, por este hecho Martínez fue capturado en Tocoa
el 31 de Octubre en el municipio de Tocoa portando una arma ilegal, una
motocicleta robada y por el atentado contra Jhomer Fúnez, caso fue
manejado por las autoridades en total secretividad, pese a las fuertes
acusaciones Martínez Pérez fue puesto en libertad el 5 de noviembre lo
que reflejar la clara complicidad de las autoridades con estos grupos
paramilitares que operan en la región del Aguán.
Torres Ruiz no es miembro
de la Empresa Campesina Gregorio Chávez fue expulsado por unanimidad de
votos de la Asamblea porque el perdió los principios éticos, morales y
organizativos que deben tener los miembros de una empresa u
organización.
El Movimiento Campesino
Gregorio Chávez y la Plataforma Agraria exigimos al comisionado
Departamental de la Policía Marvin Villeda, a la Unidad de Muertes
Violentas del Bajo Aguán (UMVIBA) a cargo de la directora Suyapa
Rivera, a la Dirección Policial de Investigación (DPI) y el Ministerio
Público se realice de manera inmediata una investigación transparente,
exhaustiva y creíble sobre los hechos ocurridos contra Torres Ruiz y su
familia y se proceda a la captura de los responsables.
El 7 de octubre de 2018 uno de los
miembros del movimiento campesino Gregorio Chávez denunció que uno de
los exediles de la organización ahora es líder de un grupo criminal
luego de que fuese expulsado por problemas con sus compañeros.
Hipólito Rivas denunció a Santos Torres. Según él, quien antes era su compañero de lucha ahora es el cabecilla de una supuesta banda criminal en la comunidad de Panamá que mantiene en zozobra a los pobladores.
Torres Rivas fue expulsado de la organización en mayo de 2017
Hipólito Rivas denunció a Santos Torres. Según él, quien antes era su compañero de lucha ahora es el cabecilla de una supuesta banda criminal en la comunidad de Panamá que mantiene en zozobra a los pobladores.
Torres Rivas fue expulsado de la organización en mayo de 2017
Cierre de la Cicig obliga a renovar y redoblar los esfuerzos en la lucha contra la corrupción e impunidad: Icefi:
septiembre 3, 2019
Redacción
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.- Ante el cierre de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) después de doce años de actividades destinadas a apoyar el esfuerzo guatemalteco para enfrentar y desmantelar los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) expresó la necesidad de valorar las lecciones aprendidas que este inédito mecanismo de cooperación internacional deja a la sociedad, la institucionalidad pública y el sistema de administración justicia, así como instó a la población guatemalteca a continuar exigiendo, al Ministerio Público (MP) y a los tres poderes del Estado, el logro de las condiciones materiales, presupuestarias y humanas que aseguren la sostenibilidad del esfuerzo contra la corrupción y la impunidad.
La labor de la Cicig, en conjunto con la Fiscalía contra la Impunidad (Feci) del MP, fue clave para que la población guatemalteca recobrara la esperanza de contar con un sistema de administración justicia capaz de investigar, procesar y sancionar a funcionarios y empleados públicos o personas individuales responsables de cometer delitos relacionados con financiamiento irregular de partidos políticos, cooptación judicial y corrupción de operadores de justicia, y las múltiples formas penales que adopta la corrupción político-administrativa. También la persecución penal en delitos relacionados con la trata de personas con fines de adopciones irregulares, la conflictividad social y el despojo de tierras, el narcotráfico y lavado de activos, así como estructuras homicidas de alto poder de fuego y de sicariato.
El trabajo de la Cicig y la Feci ―apoyado en herramientas y métodos modernos de investigación, así como un marco legal fortalecido para esta finalidad―, ha contribuido a incrementar la conciencia ciudadana sobre el derecho de exigir a las autoridades mayor transparencia y probidad en el uso de los recursos públicos, de manera que la corrupción y el crimen organizado no sigan robando oportunidades a la población guatemalteca, minando su desarrollo y deteriorando la prestación de bienes y servicios públicos. El reto fue y sigue siendo mayúsculo, ya que requiere reducir las cuotas de poder político y económico de actores hasta ahora «intocables» y exentos de rendir cuentas, frente a los jueces y la sociedad, sobre sus actos y prácticas ilegales, consideradas «normales» en el camino para asegurar beneficios personales o intereses sectoriales.
A criterio del Icefi, aunque la Cicig logró resultados tangibles a través de procesamientos y condenas para que esos hechos no quedaran en la impunidad, Guatemala no logró la transformación estructural necesaria para impedir que los delitos que se están persiguiendo penalmente vuelvan a ocurrir. Continúa pendiente el fortalecimiento institucional y el diseño e implementación de planes y medidas integrales para prevenir la corrupción y erradicar la impunidad. Entre las acciones pendientes destacan la construcción de un marco jurídico y el rediseño institucional que aproveche la experiencia de los casos judicializados y las recomendaciones de los informes temáticos elaborados por la Cicig para la reforma estructural del servicio civil y del sistema de adquisiciones públicas, un control más efectivo del financiamiento electoral, el fortalecimiento de las reglas del sistema político y electoral, mejorar la calidad y efectividad del gasto público, del acceso a información pública y fomentar la participación ciudadana, entre otras.
Para el Icefi los desafíos que persisten en el sistema de administración de justicia, luego del intento fallido de reforma constitucional de 2017, son muy importantes. Si bien en los años pasados se logró fortalecer la estructura orgánica y funcionamiento de la mayor parte de las entidades que lo integran, principalmente el MP y el Organismo Judicial, se necesita voluntad del Estado para asignar presupuestos adecuados para subsanar la falta de cobertura geográfica y las barreras, como la lingüística, en los lugares en los que hay presencia física; acciones firmes para revertir la mora judicial y proponer respuestas concretas a problemas históricos que enfrenta la justicia desde antes de la llegada de la Cicig, como la invisibilidad del derecho indígena, el abuso de la prisión preventiva, del amparo y otros obstáculos a la investigación y persecución penal, la debilidad de los sistemas de carrera profesional (judicial, fiscal, policial, forense y penitenciaria), la corrupción de operadores de justicia, la coordinación interinstitucional insuficiente y la revisión del modelo de comisiones de postulación como mecanismo para designar a las autoridades de los órganos de justicia; favorecer la cultura de legalidad y garantizar la celeridad, unidad, independencia e imparcialidad judicial.
Al reconocer el invaluable legado de la Cicig y la garantía que brindó la Organización de las Naciones Unidas para asegurar la independencia de sus autoridades, el Icefi instó a la población guatemalteca a continuar exigiendo, al MP y a los tres poderes del Estado, el logro de las condiciones materiales, presupuestarias y humanas que aseguren la sostenibilidad del esfuerzo contra la corrupción y la impunidad, con la comprensión de que estos fenómenos imposibilitan la construcción de Estados democráticos, al prostituir el sistema electoral y de partidos políticos, debilitar la capacidad y legitimidad gubernamental, minar el crecimiento económico y disminuir la cohesión social y la gobernabilidad democrática.
Tegucigalpa.- Ante el cierre de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) después de doce años de actividades destinadas a apoyar el esfuerzo guatemalteco para enfrentar y desmantelar los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) expresó la necesidad de valorar las lecciones aprendidas que este inédito mecanismo de cooperación internacional deja a la sociedad, la institucionalidad pública y el sistema de administración justicia, así como instó a la población guatemalteca a continuar exigiendo, al Ministerio Público (MP) y a los tres poderes del Estado, el logro de las condiciones materiales, presupuestarias y humanas que aseguren la sostenibilidad del esfuerzo contra la corrupción y la impunidad.
La labor de la Cicig, en conjunto con la Fiscalía contra la Impunidad (Feci) del MP, fue clave para que la población guatemalteca recobrara la esperanza de contar con un sistema de administración justicia capaz de investigar, procesar y sancionar a funcionarios y empleados públicos o personas individuales responsables de cometer delitos relacionados con financiamiento irregular de partidos políticos, cooptación judicial y corrupción de operadores de justicia, y las múltiples formas penales que adopta la corrupción político-administrativa. También la persecución penal en delitos relacionados con la trata de personas con fines de adopciones irregulares, la conflictividad social y el despojo de tierras, el narcotráfico y lavado de activos, así como estructuras homicidas de alto poder de fuego y de sicariato.
El trabajo de la Cicig y la Feci ―apoyado en herramientas y métodos modernos de investigación, así como un marco legal fortalecido para esta finalidad―, ha contribuido a incrementar la conciencia ciudadana sobre el derecho de exigir a las autoridades mayor transparencia y probidad en el uso de los recursos públicos, de manera que la corrupción y el crimen organizado no sigan robando oportunidades a la población guatemalteca, minando su desarrollo y deteriorando la prestación de bienes y servicios públicos. El reto fue y sigue siendo mayúsculo, ya que requiere reducir las cuotas de poder político y económico de actores hasta ahora «intocables» y exentos de rendir cuentas, frente a los jueces y la sociedad, sobre sus actos y prácticas ilegales, consideradas «normales» en el camino para asegurar beneficios personales o intereses sectoriales.
A criterio del Icefi, aunque la Cicig logró resultados tangibles a través de procesamientos y condenas para que esos hechos no quedaran en la impunidad, Guatemala no logró la transformación estructural necesaria para impedir que los delitos que se están persiguiendo penalmente vuelvan a ocurrir. Continúa pendiente el fortalecimiento institucional y el diseño e implementación de planes y medidas integrales para prevenir la corrupción y erradicar la impunidad. Entre las acciones pendientes destacan la construcción de un marco jurídico y el rediseño institucional que aproveche la experiencia de los casos judicializados y las recomendaciones de los informes temáticos elaborados por la Cicig para la reforma estructural del servicio civil y del sistema de adquisiciones públicas, un control más efectivo del financiamiento electoral, el fortalecimiento de las reglas del sistema político y electoral, mejorar la calidad y efectividad del gasto público, del acceso a información pública y fomentar la participación ciudadana, entre otras.
Para el Icefi los desafíos que persisten en el sistema de administración de justicia, luego del intento fallido de reforma constitucional de 2017, son muy importantes. Si bien en los años pasados se logró fortalecer la estructura orgánica y funcionamiento de la mayor parte de las entidades que lo integran, principalmente el MP y el Organismo Judicial, se necesita voluntad del Estado para asignar presupuestos adecuados para subsanar la falta de cobertura geográfica y las barreras, como la lingüística, en los lugares en los que hay presencia física; acciones firmes para revertir la mora judicial y proponer respuestas concretas a problemas históricos que enfrenta la justicia desde antes de la llegada de la Cicig, como la invisibilidad del derecho indígena, el abuso de la prisión preventiva, del amparo y otros obstáculos a la investigación y persecución penal, la debilidad de los sistemas de carrera profesional (judicial, fiscal, policial, forense y penitenciaria), la corrupción de operadores de justicia, la coordinación interinstitucional insuficiente y la revisión del modelo de comisiones de postulación como mecanismo para designar a las autoridades de los órganos de justicia; favorecer la cultura de legalidad y garantizar la celeridad, unidad, independencia e imparcialidad judicial.
Nota relacionada Comisionado de la CICIG dispuesto a renunciar si el gobierno permite a la misión cumplir su mandato
El final de la Cicig cierra un ciclo de aprendizaje que la sociedad guatemalteca debe aprovechar para avanzar en los temas pendientes en la lucha contra la corrupción y la impunidad. El peor escenario para el país sería el retroceso de lo avanzado en estos doce años, la desatención de las recomendaciones temáticas que surgieron de este período y la rearticulación de las estructuras criminales que se vieron afectadas con la persecución penal conjunta de la Cicig y el MP.Al reconocer el invaluable legado de la Cicig y la garantía que brindó la Organización de las Naciones Unidas para asegurar la independencia de sus autoridades, el Icefi instó a la población guatemalteca a continuar exigiendo, al MP y a los tres poderes del Estado, el logro de las condiciones materiales, presupuestarias y humanas que aseguren la sostenibilidad del esfuerzo contra la corrupción y la impunidad, con la comprensión de que estos fenómenos imposibilitan la construcción de Estados democráticos, al prostituir el sistema electoral y de partidos políticos, debilitar la capacidad y legitimidad gubernamental, minar el crecimiento económico y disminuir la cohesión social y la gobernabilidad democrática.
En libertad preso político Gustavo Cáceres
- 14/11/2019
Momento en que Gustavo y su familia escucharon la sentencia del Tribuna.
En los
juzgados de El Progreso, Yoro se dictó sentencia absolutoria a favor de Gustavo
Adolfo Cáceres Ayala. Un joven de 26 años, quién estaba en prisión desde
diciembre de 2017 en el centro penal progreseño.
Gustavo Adolfo fue detenido en el puente La Democracia mientras trabajaba en un camión repartidor de agua embotellada, luego que la policía desalojara a manifestantes que protestaban contra el fraude electoral, qué dejó en la presidencia a Juan Orlando Hernández. Gustavo se dirigía junto a sus compañeros a vender agua a la ciudad de San Pedro Sula.
“Los miembros de este Tribunal de Sentencia, apreciando la prueba evacuada en el desarrollo del juicio oral y público, haciendo uso de las reglas de la sana crítica, concluye que: no ha podido acreditarse que el material decomisado al señor Gustavo Adolfo Cáceres Ayala, era material explosivo, de guerra o material de combate. En vista que no existe prueba científica que sustente la acusación del Ministerio Público, el Tribunal de Sentencia lo absuelve del delito de portación ilegal de explosivos o material de guerra, de tráfico ilícito de droga en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras y la salud pública”, dijo la jueza al momento de dar la sentencia.
Nefasto papel del Ministerio
Público
Omar Menjívar abogado defensor dijo que, el caso de Gustavo Cáceres representa la arbitrariedad con la que actúa el Ministerio Público y el uso abusivo que hacen del Derecho Penal. Además, cómo la institución se presta para ser peón e impulsor de una política de represión definida por el poder Ejecutivo.
“El Ministerio Público debe ser una entidad independiente, esa es la única garantía que tiene la ciudadanía que esa institución va a cumplir su papel tal como lo manda la Constitución; defender los intereses de la sociedad. Pero, si el Ministerio Público decide ser un ejecutor de la política de persecución hacia la oposición implementada de parte del Ejecutivo, tenemos una institución que, en vez de hacerle bien a la sociedad, le está haciendo un terrible daño”, concluye Menjívar.
El abogado agregó que, Gustavo Cáceres pasó dos años privado de libertad injustamente, se debe sentar un precedente para que esos delitos no se repitan.
“En el país no tenemos la cultura de reclamar la restitución de nuestros derechos. El Ministerio Público constantemente incurre en esos abusos, realiza acusaciones por hechos que no constituyen delitos, investigaciones viciadas e inducidas. Las víctimas tienen todo el derecho de reclamar la restitución de sus derechos de manera eficaz, tienen el derecho de ser indemnizadas, pero en el país no existe esa cultura,” señaló.
Gustavo Adolfo fue detenido en el puente La Democracia mientras trabajaba en un camión repartidor de agua embotellada, luego que la policía desalojara a manifestantes que protestaban contra el fraude electoral, qué dejó en la presidencia a Juan Orlando Hernández. Gustavo se dirigía junto a sus compañeros a vender agua a la ciudad de San Pedro Sula.
“Los miembros de este Tribunal de Sentencia, apreciando la prueba evacuada en el desarrollo del juicio oral y público, haciendo uso de las reglas de la sana crítica, concluye que: no ha podido acreditarse que el material decomisado al señor Gustavo Adolfo Cáceres Ayala, era material explosivo, de guerra o material de combate. En vista que no existe prueba científica que sustente la acusación del Ministerio Público, el Tribunal de Sentencia lo absuelve del delito de portación ilegal de explosivos o material de guerra, de tráfico ilícito de droga en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras y la salud pública”, dijo la jueza al momento de dar la sentencia.
Omar Menjívar abogado defensor dijo que, el caso de Gustavo Cáceres representa la arbitrariedad con la que actúa el Ministerio Público y el uso abusivo que hacen del Derecho Penal. Además, cómo la institución se presta para ser peón e impulsor de una política de represión definida por el poder Ejecutivo.
“El Ministerio Público debe ser una entidad independiente, esa es la única garantía que tiene la ciudadanía que esa institución va a cumplir su papel tal como lo manda la Constitución; defender los intereses de la sociedad. Pero, si el Ministerio Público decide ser un ejecutor de la política de persecución hacia la oposición implementada de parte del Ejecutivo, tenemos una institución que, en vez de hacerle bien a la sociedad, le está haciendo un terrible daño”, concluye Menjívar.
El abogado agregó que, Gustavo Cáceres pasó dos años privado de libertad injustamente, se debe sentar un precedente para que esos delitos no se repitan.
“En el país no tenemos la cultura de reclamar la restitución de nuestros derechos. El Ministerio Público constantemente incurre en esos abusos, realiza acusaciones por hechos que no constituyen delitos, investigaciones viciadas e inducidas. Las víctimas tienen todo el derecho de reclamar la restitución de sus derechos de manera eficaz, tienen el derecho de ser indemnizadas, pero en el país no existe esa cultura,” señaló.
Organizaciones que acompañaron a Gustavo en los dos años que permaneció en prisión.
Ansiada libertad
Lourdes Ayala, hermana de Gustavo Adolfo Cáceres Ayala, dijo en declaraciones con Radio Progreso, que era un día de felicidad por su libertad, sin embargo, lamenta que tuvo que pasar dos años para que la justicia hondureña comprobara la inocencia de su hermano.
“Es una injusticia la que hicieron con mi hermano, él no es delincuente, es un joven, que ha sido desde siempre el sustento de nuestra casa. Estamos felices porque le tendremos nuevamente en nuestro hogar”, dice Lourdes.
Karina Flores del Comité por Liberación de los Presos Políticos en Honduras, dice que, el Estado hondureño debe responder por los abusos cometidos contra Gustavo.
Además, señala que es necesario continuar con la lucha por la libertad de las personas perseguidas por el Estado. Porque aún continúan varios presos políticos que, aunque no guardan prisión, sus procesos judiciales continúan.
Recuerda que a los presos políticos de la crisis post electoral se suman los defensores y defensoras del ambiente del río Guapinol, quienes guardan prisión por defender los recursos naturales y oponerse a la construcción de una minera en Tocoa, Colón.
En El Progreso, Yoro continúa el proceso judicial contra Jhony Salgado, acusado injustamente de los delitos de portación ilegal de arma comercial y por uso indebido de indumentaria policial durante la crisis de las elecciones generales de 2017. Su juicio fue reprogramado para el 2020. Su familia y las organizaciones reclaman su libertad definitiva.
Lourdes Ayala, hermana de Gustavo Adolfo Cáceres Ayala, dijo en declaraciones con Radio Progreso, que era un día de felicidad por su libertad, sin embargo, lamenta que tuvo que pasar dos años para que la justicia hondureña comprobara la inocencia de su hermano.
“Es una injusticia la que hicieron con mi hermano, él no es delincuente, es un joven, que ha sido desde siempre el sustento de nuestra casa. Estamos felices porque le tendremos nuevamente en nuestro hogar”, dice Lourdes.
Karina Flores del Comité por Liberación de los Presos Políticos en Honduras, dice que, el Estado hondureño debe responder por los abusos cometidos contra Gustavo.
Además, señala que es necesario continuar con la lucha por la libertad de las personas perseguidas por el Estado. Porque aún continúan varios presos políticos que, aunque no guardan prisión, sus procesos judiciales continúan.
Recuerda que a los presos políticos de la crisis post electoral se suman los defensores y defensoras del ambiente del río Guapinol, quienes guardan prisión por defender los recursos naturales y oponerse a la construcción de una minera en Tocoa, Colón.
En El Progreso, Yoro continúa el proceso judicial contra Jhony Salgado, acusado injustamente de los delitos de portación ilegal de arma comercial y por uso indebido de indumentaria policial durante la crisis de las elecciones generales de 2017. Su juicio fue reprogramado para el 2020. Su familia y las organizaciones reclaman su libertad definitiva.
